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Blog del CEPC 

Este blog es un espacio para el diálogo y debate de la comunidad intelectual del CEPC, la cual se extiende más allá del continente europeo y abarca varias generaciones de profesores, investigadores y profesionales de diferentes disciplinas concernidas por el estudio y análisis jurídico, político y social de la realidad actual y de su evolución histórica.

Las opiniones expresadas en las entradas del blog son de exclusiva responsabilidad de quien las firma, y no son compartidas necesariamente por el CEPC.

  • In memoriam Prof. John Ruggie

    | octubre 25, 2021

    Ana María Ovejero Puente

     

    El pasado 16 de septiembre de 2021 se conoció la triste noticia del fallecimiento del profesor John Ruggie, uno de los más reconocidos teóricos sobre los Derechos Humanos en la sociedad contemporánea y autor de los famosos e influyentes "Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos" que han marcado las nuevas propuestas políticas de la ética en los negocios y de la sostenibilidad del crecimiento empresarial.

    John Gerard Ruggie era un académico e investigador de reconocido prestigio. Fue profesor Berthold Beitz en derechos humanos y asuntos internacionales en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard y profesor de estudios jurídicos internacionales en la Facultad de Derecho de Harvard. De 1997 a 2001, Ruggie desempeñó un trabajo más aplicado como subsecretario general de Planificación Estratégica de las Naciones Unidas, puesto creado específicamente para él por el entonces secretario general Kofi Annan. Desde su posición contribuyó a la adopción del Pacto Mundial de Naciones Unidas y a la definición de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, precursores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre 2005 y 2011 fue representante especial del secretario general de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos y redactó primero el informe "Marco para Proteger, Respetar y Remediar" (conocido como Informe Ruggie) en 2008 y más tarde el informe sobre los "Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar", aprobado en marzo de 2011 y conocido como Principios Rectores o Principios Ruggie. Estos trabajos generaron un enorme impacto público a nivel mundial al coincidir su proceso de gestación con las denuncias de graves casos de violaciones de derechos humanos producidos por multinacionales en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, gracias a los cuales fue internacionalmente reconocido.

    El profesor Ruggie generó un nuevo marco regulatorio aplicable a las relaciones internacionales, porque consideraba que el Derecho Internacional, tal y como se venía entendiendo, así como los instrumentos jurídicos tradicionales (las obligaciones y la responsabilidad jurídica), eran insuficientes para ordenar la complejidad de relaciones interpersonales, comerciales, sociales y laborales que se producen como consecuencia del proceso de integración y comunicación social, generado por la globalización.

    Su propuesta consistió en "experimentar", aplicando al ámbito de los derechos humanos otras herramientas que, no siendo instrumentos propiamente jurídicos, pudieran incidir en las relaciones sociales, de forma complementaria a las herramientas jurídicas tradicionales, creando automandatos o comportamientos debidos autoasumidos, que en la práctica consiguieran el mismo efecto de respeto a los derechos humanos que las obligaciones jurídicas, sin necesidad de recurrir a un órgano controlador externo o a la amenaza de un órgano sancionador.

    De esta forma, crea una nueva teoría del Derecho de los Derechos Humanos a través del desarrollo de otras obligaciones internacionales adicionales a las de los tratados internacionales, como venía ocurriendo tradicionalmente desde el siglo XX, bien a través de la integración de estas nuevas obligaciones en la parte dogmática de las constituciones nacionales, bien a través de la extensión del uso de este otro tipo de obligaciones en forma de recomendaciones o buenas prácticas propias del lenguaje y de la cultura empresarial.

    Estas nuevas obligaciones se interesan por el negocio como objeto de aplicación y persiguen garantizar su perdurabilidad en el tiempo; se mueven en el ámbito de la reputación y de la ética empresarial, no en la esfera de la coacción o la imposición bajo la amenaza del uso de la fuerza; y, lo más interesante, son asumidas voluntariamente por parte de las empresas y de las personas relacionadas con ellas gracias a una cultura del cumplimiento de los deberes y de las obligaciones éticas que supera el estricto cumplimiento de la legalidad y que busca hacer las cosas no solo de acuerdo con la ley, de forma legal, sino hacer las cosas bien.

    Desde su creación los principios Ruggie forman parte del acervo normativo creado por Naciones Unidas en relación con la necesidad de autorregulación de las empresas y su deber de respetar los códigos de buen gobierno corporativo, la responsabilidad social empresarial y los derechos humanos para perdurar y para generar un impacto positivo, de crecimiento y de progreso en su entorno. Pero su proyección va mucho mas allá. Se pretende asegurar la vigencia y el respeto de los derechos humanos cotidianos de las personas que, de una u otra forma, entran en relación con esas empresas (trabajadores, clientes, consumidores, suministradores...). Los principios buscan garantías y protección en aquellas áreas en las que la legislación no alcanza por las limitaciones que impone el principio de territorialidad o por los problemas estructurales y las debilidades en las arquitecturas de los Estados de Derecho que hacen que los incumplimientos normativos queden impunes. John Ruggie trabajó para que todas las personas, en todas las partes del planeta, fueran respetadas en su dignidad y sus derechos esenciales, independientemente de la calidad de sus sistemas jurídicos, del funcionamiento del sistema político, de la efectividad real de los tratados internacionales que obligan a sus gobiernos o del grado de desarrollo y de efectividad de las legislaciones nacionales. Persiguió la defensa de los derechos humanos frente a los abusos de poder del mundo económico empresarial.

    Tanto el informe "Marco para Proteger, Respetar y Remediar" (2008) como los "Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos" (2011) han supuesto un hito decisivo en el proceso de análisis y estudio de la globalización, así como en el proceso de innovación para inventar el mejor gobierno posible para la globalización. Su impacto, diez años después, es patente en las decisiones adoptadas por distintos gobiernos para garantizar que las empresas multinacionales sitas en sus territorios respeten los derechos humanos también cuando actúan en el exterior, independientemente del desarrollo que dichos derechos encuentren en las legislaciones locales de los países receptores. La "Estrategia sobre la Responsabilidad Social de las Empresas" de la UE o los conocidos como Planes Nacionales de Derechos Humanos son también buenos ejemplos de la penetración de estas propuestas en los ordenamientos nacionales e internacionales.

    Los Principios se basan en tres pilares según los cuales: (1) los Estados tienen la obligación de proteger contra la vulneración de los derechos humanos causadas por parte de terceros, incluidas las empresas, mediante la acción política y legislativa, instrumentos propios del Estado de Derecho; (2) todas las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, lo que implica cumplir con la legalidad, pero también realizar acciones positivas para evitar la violación de los derechos de otros causada como consecuencia de su acción comercial, aun cuando esta pueda ser legal o no estar prohibida por la legislación positiva, asumiendo las consecuencias negativas de sus decisiones; y (3) se deben crear accesos asequibles a mecanismos eficaces de reparación para las víctimas de abusos a los derechos humanos causadas por empresas.

    La filosofía que subyace en este nuevo marco de referencia aparentemente afecta solo al comportamiento empresarial e implica una forma de hacer negocio determinada. Sin embargo, ofrece un marco general para definir una nueva gobernanza de la globalización que es novedoso y que se basa en estándares de buen comercio y paradigmas empresariales de comportamiento socialmente responsable y comprometido con la sociedad en general y la sostenibilidad del negocio en particular, aplicables a muchas otras áreas donde también surge el conflicto. Son recomendaciones, no impuestas, asumidas de forma voluntaria por las multinacionales, pero pueden ser también recomendaciones asumibles por los Estados cuando no se puede acudir a los sistemas de ordenación internacional más clásicos. Pueden ser ejemplo de la efectividad de las propuestas de autorregulación complementaria o más allá de las soluciones que ofrece la ley. Aunque sus críticos hayan preferido la vuelta al Derecho internacional más tradicional y la adopción de un nuevo tratado cuyo cumplimiento pueda ser garantizado por la imposición de sanciones económicas.

    Sin duda, quienes hemos estudiado su obra creemos que se ha perdido no solo un pensador y diplomático inspirador, sino también un profesor visionario y generoso. No sabemos si su propuesta conseguirá finalmente un mundo más justo y equitativo, pero sí sabemos que su trabajo ha provocado ya un impacto irreversible, una tesis sobre la gobernanza de la globalización que impulsará nuevas teorías políticas y jurídicas sobre cómo garantizar que se respetan los derechos humanos y la dignidad de las personas en todos los ámbitos, incluidos los mas cotidianos El espíritu del profesor Ruggie permanecerá vinculado al movimiento en favor de los derechos humanos y a quienes de una u otra forma den proyección a su legado.

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  • PRESENTACIÓN DEL TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, VOL. 1, INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS, MARCIAL PONS, 2021

    | octubre 18, 2021

    Intervención del Prof. Martin Burgi, catedrático de Derecho Público de la Universidad Ludwig-Maximilians de Múnich, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el 30 de septiembre de 2021, en el acto de presentación del vol. 1 del Tratado de Derecho administrativo coordinado por los Prof. José María Rodríguez de Santiago, Gabriel Doménech Pascual y Luis Arroyo Jiménez


     

    La tarea de quien es invitado -especialmente si viene del extranjero- a la presentación de un libro es llamar la atención sobre el mayor número posible de aspectos (positivos, naturalmente) en 10 minutos. Cuando el libro que se presenta tiene casi 950 páginas, esta tarea sólo puede llevarse a cabo haciendo una selección. Mi selección da lugar a dos observaciones, dos miradas al futuro, es decir, a los volúmenes posteriores previstos y, al final, habrá una gran reverencia.

    1. La primera observación se refiere a la categoría del "tratado". En una época en la que Estados enteros se rigen por medios sociales como Twitter e, incluso en el mundo académico, la comunicación se realiza cada vez más a través de blogs, la propia elección de la categoría del "tratado" es un logro notable. A diferencia de un libro de texto o de un comentario sobre una ley, es una forma adecuada para un proyecto de investigación en el que participan varios académicos y que pretende medir de nuevo todo un campo del Derecho, tanto en amplitud como en profundidad, y en algunos casos incluso descubrirlo.

    Para los responsables de este proyecto de investigación, en este caso, José María Rodríguez de Santiago, Gabriel Doménech Pascual y Luis Arroyo Jiménez, se plantean tres retos: necesitan un editor que esté dispuesto a embarcarse en una aventura de este tipo, varios colaboradores y, sobre todo, por supuesto, un soporte metodológico y de contenido que mantenga el conjunto. Los tres retos se han superado aquí con creces.

    Tengo la impresión de que las obras de la editorial Marcial Pons dominan la erudición jurídica española de una manera que impondría respeto incluso a C.H. Beck, una editorial comparativamente importante en Alemania; los estantes de mi biblioteca académica sobre el Derecho público español, que ahora están en constante crecimiento, están claramente marcados por los libros con los tres puntos característicos en la parte inferior del lomo.

    Los autores del Tratado forman un grupo diverso, es decir, están formados por miembros de diferentes universidades, escuelas de pensamiento y generaciones. Es fácil ver que trabajan con diferentes enfoques metodológicos y que los dogmáticos han unido fuerzas con los teóricos, los historiadores con los seguidores del análisis económico, etc. El encuentro se ve facilitado por el hecho de que las personas implicadas se conocen desde hace muchos años del "Seminario de Teoría y Método" y algunos son responsables de la "Revista de Derecho público: Teoría y Método". A pesar de todo, es un logro impresionante de los tres coordinadores haber reunido a un grupo así y, sobre todo, ¡haberlo conducido a un resultado común!

    2. Mi segunda observación se refiere al contenido y al soporte metodológico del Tratado.

    a) El contenido se caracteriza por el "intento de construcción y exposición sistemática". El objetivo es "describir e incrementar el grado de unidad, coherencia y plenitud de los elementos que integran el Derecho administrativo español". En todo momento el objetivo no es sólo identificar y describir. Más bien, el objetivo importante es formular propuestas para la reconfiguración de cara a incrementar y aproximarse más al citado tipo ideal. Al mismo tiempo, los coordinadores son lo suficientemente sabios como para no pretender en todo momento que se publique "una nueva ciencia de Derecho administrativo". Este título es una sobrevaloración, practicada en un proyecto comparable en Alemania (Neue Verwaltungsrechtswissenschaft), a la que se ha dirigido ese reproche, no del todo injustificadamente. El Tratado de Derecho administrativo evita este defecto y trata precisamente de una construcción y exposición integrada de "lo viejo y lo nuevo" del Derecho administrativo. Combina la historia y las directrices de la Constitución española ("constitucionalización") con la "europeización e internacionalización", así como la influencia de las nuevas tecnologías.

    b) La aproximación metodológica consiste, por un lado (a un nivel impresionante), en el clásico método de trabajo dogmático de deducción de criterios orientadores a partir de los fundamentos normativos superiores y en el análisis de ámbitos o sectores de referencia del Derecho administrativo español. Sin embargo, lo que es destacable (y también en contraste con el mencionado tratado alemán) es la inclusión del Derecho internacional y, sobre todo, del Derecho administrativo comparado, que es reconocible en casi todas las contribuciones. En este caso, los autores se benefician de años de intercambio con universidades de otros países y de un impresionante grado de competencia lingüística, sin el cual el Derecho comparado no sería posible. La importancia del Derecho comparado en el Derecho administrativo español también se pone de manifiesto en el libro reciente de Francisco Velasco Caballero, Administraciones públicas y Derechos administrativos, publicado sólo unos meses antes por Marcial Pons, que también hace un recorrido por el Derecho administrativo de países tan diferentes como Chile, Japón o Tanzania, además del Derecho de los Estados europeos.

    Pero el Tratado no se queda ahí, sino que también persigue una perspectiva interdisciplinar. Además de la historia del Derecho administrativo, esto se aplica en particular al análisis económico del derecho y al arsenal metodológico de los sujetos que trabajan empíricamente. Un socio natural de cooperación que yo estoy reclamando desde hace tiempo (y que también se ha practicado en varios proyectos), sería también la ciencia política [Cf. Martin Burgi (coord.), Zur Lage der Verwaltungsrechtwissenschaft, 2017, p. 33 y ss.]. No sé si los politólogos españoles están interesados en la administración publica en absoluto, pero en 2020 se ha publicado una buena orientación para la ciencia política de varios países europeos con el título European Perspectives for Public Administration, por Geert Bouckaert y Werner Jann.

    3. Tras estas dos observaciones, me gustaría hacer dos sugerencias para futuros volúmenes. El primero se refiere al tratamiento del Derecho administrativo sectorial. Los autores del volumen 1 consiguen identificar repetidamente ciertas evoluciones que se manifiestan en determinados sectores específicos y extraer de ellas conclusiones para el Derecho administrativo general. Por supuesto, no es ni será posible ofrecer una presentación completa de las subáreas del Derecho sectorial en los siguientes volúmenes, tanto en lo que respecta a las áreas clásicas como el Derecho urbanístico o el Derecho local como en lo que se refiere a las materias más modernas como el Derecho de la protección de datos. Ahora bien, hay una evolución en el círculo de áreas del Derecho sectorial que ya ha llevado a la formación de una "parte general de Derecho sectorial". Es probable que esto se aplique a los principios y normas del Derecho de los bienes públicos, al Derecho que regula las economías de red y, en un futuro próximo, al "Derecho de la administración del clima", en el que se combinan elementos del Derecho medioambiental y del Derecho administrativo económico para formar una nueva subárea del derecho (para más detalles, véase Burgi, en: Voßkuhle/Eifert/Möllers (eds.), Grundlagen des Verwaltungsrecht, vol. 1, 2021, § 80 párr. 113 y s.; sobre el Derecho administrativo climático, Burgi, NVwZ 2021, p. 1401 y ss.). Lo que preocupa a los redactores y autores del tratado, es decir, la "actuación administrativa" parcialmente reconfigurada, podría beneficiarse considerablemente de la inclusión de cinco o seis de estas "partes generales del Derecho sectorial".

    4. La segunda sugerencia describe un desarrollo que representa un desafío fundamental para todos nosotros, es decir, para quienes se han dedicado a la ciencia del Derecho administrativo. Consiste en que en los últimos tiempos el Estado y la Unión Europa ya no sólo confían en que el bien común se realice a través de su administración, sino que la racionalidad de acción de la autonomía privada y del mercado se haga utilizable para el bien común. No se trata de una extensión horizontal del ámbito de aplicación mediante la inclusión de sujetos privados que ejercen funciones públicas (como ha analizado acertadamente Maria Mercè Darnaculleta Gardella, entre otros, en el Tratado). Se trata más bien del desarrollo de un "Derecho público de las empresas privadas comerciales", por ejemplo, en el sistema de "financiación sostenible" en el marco de la UE – palabra clave: “taxonomía”. Eso es una regulación con poco o ninguna conexión administrativa y donde se convierten las empresas privadas comerciales en actores del bien común mediante leyes europeas o nacionales. A más tardar, entonces, además del enfoque interdisciplinario y de Derecho comparado, habrá que cultivar con más fuerza que antes el intercambio intradisciplinario (en este caso, con la ciencia del Derecho privado) (en este sentido, Burgi, en: Zur Lage der Verwaltungsrechtswissenschaften, p. 33 ss.).

    5. Al final de mi pequeña intervención, me gustaría hacer una reverencia. El Tratado de derecho administrativo combina teoría y dogmática en todo momento, sobre una amplia base de Derecho comparado y con la evaluación permanente de la literatura de numerosos otros países. Al mismo tiempo, nunca olvida la gran importancia de la jurisprudencia y se documentan y clasifican las decisiones judiciales importantes. Con todo esto, el libro es una excelente lectura, también es un gran placer en términos de lenguaje (hasta donde yo puedo juzgar).

    Por ello, me gustaría concluir con una pequeña referencia a otras obras maestras de la cultura española. Al principio de la lectura de este libro, uno piensa que tendrá que luchar contra los molinos de viento como Don Quijote para poder leer a través de 950 páginas densamente escritas. Pero entonces te das cuenta de que este libro es tan colorido como un cuadro de Picasso, tan apasionado como un baile flamenco y tan estimulante como una conversación con sus autores en un banco del Parque del Retiro. Si quieres ver las grandes obras de la historia del arte desde allí, entra en el Prado. Si también te interesa el arte contemporáneo, tienes que ir al Reina Sofía. Qué fácil es para los interesados en la ciencia del Derecho administrativo: pueden sentarse en el mencionado banco del parque y encontrar ambas cosas juntas en el Tratado de Derecho administrativo.

    Y una profunda reverencia a cambio.

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  • ELECCIONES EN MARRUECOS: LUCES Y SOMBRAS DE UNA TRANSICIÓN INACABADA

    | octubre 07, 2021

    ELECCIONES EN MARRUECOS: LUCES Y SOMBRAS DE UNA TRANSICIÓN INACABADA.

    Óscar Sánchez Muñoz

    Profesor titular de Derecho constitucional

    Universidad de Valladolid

     


    El pasado 8 de septiembre se celebraron elecciones legislativas en Marruecos. La votación en sí se desarrolló con normalidad, lo que es un hecho destacable dado el contexto de la pandemia de la Covid-19, pero el sistema electoral contiene numerosas “peculiaridades” que alejan a estos comicios de los estándares democráticos reconocidos internacionalmente. No obstante, hay que valorar en su justa medida los pasos que nuestro vecino del sur está dando en el camino de la democratización, sobre todo si tenemos en cuenta las dificultades por las que pasan otros países de la zona.

    Los comicios se han saldado con la derrota del Partido de la Justicia y del Desarrollo (PJD), islamista moderado, que había ocupado la jefatura del Gobierno desde 2011, aunque con una mayoría muy limitada en el Parlamento y con una capacidad de iniciativa política también mermada, debido a las singulares características del sistema político marroquí. La nueva coalición gubernamental, anunciada hace una semana, estará conformada en torno al partido que ha resultado vencedor en número de escaños, a saber, la Unión Nacional de los Independientes (RNI), partido de corte liberal, liderado por el multimillonario Aziz Akhannouch, a quien el Rey ha encargado la formación de un nuevo gobierno. La coalición sumará al Partido de la Autenticidad y de la Modernidad (PAM), también de corte liberal y con fuerte presencia en las zonas rurales, y al histórico Partido Istiqlal (Partido de la Independencia), de tendencia nacionalista.

    Una monarquía constitucional con un enorme peso del Palacio Real

    Para entender estas elecciones hay que situarlas en el contexto del sistema político marroquí y de su evolución en la última década. El Reino de Marruecos es una monarquía constitucional, no una monarquía parlamentaria. El rey Mohamed VI sigue ejerciendo una influencia y un poder político efectivos, aunque comparte este poder con un Parlamento representativo. Con la Constitución de 2011, adoptada tras el movimiento popular del 20 de febrero, se avanza hacia la parlamentarización, con un aumento de los poderes del Parlamento y de la autonomía del Gobierno respecto a la Corona. Sin embargo, la separación de poderes sigue estando muy desequilibrada a favor del Palacio Real.

    Según la Constitución, el poder ejecutivo es ejercido por un Gobierno cuyo Jefe es nombrado por el Rey “en el seno del partido político situado en cabeza de las elecciones a la Cámara de Representantes y en vista de sus resultados” (art. 47 de la Constitución), pero, de facto, el poder ejecutivo se reparte entre el Gobierno y el Palacio Real, hasta el punto que el Rey se reserva el nombramiento de los ministros de asuntos exteriores, interior y defensa. Asimismo, el monarca posee también el poder –efectivo, no sólo simbólico– de disolución del Parlamento y de suspensión de las garantías constitucionales.

    Una de las claves del enorme poder del Rey es su influencia en el ámbito religioso. Marruecos es un estado confesional y el Rey es la principal autoridad religiosa del país con el título de “Comendador de los creyentes”, lo que significa que, con la ayuda del Consejo de Ulemas, tiene capacidad para interpretar el Corán. Este es el motivo por el que la ideología islamista, incluso moderada, representada por el PJD, supone no sólo un desafío en el terreno político sino, sobre todo, un cuestionamiento de la autoridad religiosa del monarca.

    El poder legislativo recae en un Parlamento bicameral, que consta de una cámara baja, la Cámara de Representantes (Majlis al-Nuwab), elegida cada cinco años por sufragio universal, y de una cámara alta, la Cámara de Consejeros (Majlis al-Mustacharin), elegida indirectamente por las autoridades locales (3/5 de los miembros son elegidos por los Consejos Regionales y Comunales) y por colegios electorales de tipo corporativo (cámaras profesionales, organizaciones empresariales y sindicatos). Esta última cámara se renueva por tercios cada tres años.

    Desde la reforma constitucional, el panorama político marroquí se ha caracterizado por la erosión de los partidos históricos (como el Istiqlal y la Unión Socialista de Fuerzas Populares) y la aparición de nuevos actores políticos, lo que ha provocado una elevada fragmentación de la representación parlamentaria. La falta de mayorías claras ha obligado a la formación de gobiernos de coalición multipartidistas, facilitando así el control de los gobiernos por parte de Palacio. Esta falta de autonomía de los gobiernos es un factor que, sin duda, no favorece la credibilidad del proceso de democratización. Asimismo, la dura represión de la protesta social pone seriamente en entredicho la eficacia los derechos fundamentales proclamados en la Constitución.

    Un sistema electoral a medida

    En el contexto de la evolución reciente del sistema político marroquí, que acabamos de resumir, el sistema electoral se ha diseñado a medida para cumplir dos grandes objetivos: En primer lugar, ciertamente, para tratar de aportar credibilidad al proceso de transición democrática, sobre todo de cara al exterior. Para ello es preciso dotar de una cierta representatividad al Parlamento. Pero, en segundo lugar, el sistema electoral se ha diseñado también para evitar que surja un Parlamento muy poderoso que pueda desafiar el poder del Rey.

    Así pues, se quiere un Parlamento representativo, pero al mismo tiempo débil. Para ello, se construye una magnífica obra de ingeniería electoral. Al contrario de lo que ocurre en otros sistemas autoritarios, el sistema electoral marroquí no está diseñado para fabricar una mayoría artificial a favor de una determinada fuerza política, sino que su objetivo es obtener una representación fragmentada, incluso "atomizada", con un gran número de partidos políticos presentes en el Parlamento, pero sin otorgar a ninguno de ellos una ventaja clara, lo que en última instancia refuerza el papel del Palacio Real como árbitro de la situación.

    El sistema se basa en dos tipos de circunscripciones: de los 395 escaños de la Cámara de Representantes, 305 son elegidos en 92 circunscripciones locales, pero de muy pequeña magnitud (la mayoría solo 3 escaños). Los 90 escaños restantes son elegidos en 12 circunscripciones regionales. En ambos casos, la fórmula utilizada es una fórmula proporcional pura de cociente según el sistema del resto mayor.

    En marzo de 2021, tan solo 6 meses antes de las elecciones, se adoptó una reforma del sistema electoral que introdujo una serie de novedades de gran calado. En primer lugar, por la creación de las 12 circunscripciones regionales, que venían a sustituir a la antigua circunscripción nacional de 90 escaños en la que se reservaba una doble cuota, por un lado para las mujeres (60 escaños) y por otro lado para jóvenes menores de 40 años (30 escaños). Aunque desaparece la cuota nacional, la representación femenina sigue estando garantizada, e incluso reforzada, pues la ley obliga a que en las circunscripciones regionales los dos primeros puestos de las candidaturas sean ocupados por mujeres. Volveré sobre esta cuestión más adelante.

    El segundo cambio afectó al cálculo del cociente electoral, una reforma que ha tenido, a mi juicio, una influencia decisiva en el resultado. Hasta ahora, el cociente electoral de cada circunscripción se calculaba dividiendo el número de votos válidos emitidos a favor de los partidos que hubieran superado el umbral legal del 3 %. Tras la reforma, el cociente se calcula tomando como referencia el número total de votantes registrados en cada circunscripción. La consecuencia de este cambio, en apariencia inocuo, es que al ser los cocientes resultantes mucho más elevados en la práctica casi todos los escaños se adjudican en función de los restos y esto se traduce en que los escaños están mucho más repartidos.

    Si combinamos el cambio del modo de cálculo del cociente con la tercera reforma aprobada en marzo, a saber, la eliminación total del umbral electoral (que estaba situado en el 3 % desde 2016), el efecto de fragmentación de la representación es brutal, como se ha podido comprobar tras el 8 de septiembre. No es que haya aumentado mucho el número de partidos representados en el Parlamento, que ya era muy elevado. Lo que ha pasado, sobre todo, es que las diferencias entre los partidos situados en las primeras posiciones son menores.

    En definitiva, el sistema tiene un doble efecto: a) en las circunscripciones locales se concentra la representación, pero no a favor de un partido, sino a favor de los tres o cuatro partidos situados en cabeza, ya que es imposible, con el modo de cálculo del cociente actual, que ningún partido obtenga más de un escaño en cada circunscripción; b) en las circunscripciones regionales se dispersa la representación, dando entrada a muchos pequeños partidos.

    A todo lo anterior hay que sumar que la delimitación de las 92 circunscripciones locales es escasamente respetuosa con el criterio de equilibrio demográfico, existiendo enormes diferencias entre ellas en cuanto a la ratio de electores por escaño, siendo, además, una delimitación sesgada intencionadamente a favor de las zonas rurales, donde siguen imperando prácticas caciquiles.

    Los resultados del pasado 8 de septiembre reflejan bien este doble efecto. De una parte, nos encontramos con los tres partidos mayoritarios (que son los que van a conformar la coalición gubernamental) que se benefician de su capacidad para obtener escaños en las circunscripciones locales y, especialmente, en las zonas rurales; de otra parte, nos encontramos con un número muy elevado de partidos minoritarios que entran en el Parlamento, ofreciendo una imagen de pluralidad, pero sin ninguna influencia efectiva.

    Como se preveía, la principal víctima de la reforma electoral ha sido el islamista PJD, partido que tenía la mayoría en la Cámara y que, formalmente, dirigía el gobierno. No es de extrañar que la Ley de reforma se aprobase en su día en el Parlamento sin el apoyo del PJD y con el voto favorable de casi todos los demás partidos. Dicho esto, no hay que negar que ha existido una verdadera pérdida de apoyo popular de este partido (más de un millón de votos, según los resultados oficiales), aunque es evidente que la caída en representación del PJD se ha visto potenciada por el sistema electoral.

    Representación de las mujeres

    Como acabamos de ver, la reforma aprobada en marzo suprimió la circunscripción nacional que establecía la cuota de 60 escaños para las mujeres, pero ha establecido que en las 12 circunscripciones regionales los dos primeros puestos de las candidaturas sean mujeres. Dado el efecto de fragmentación del sistema electoral, ello implica, en la práctica, que todas las personas elegidas en estas circunscripciones son mujeres, como así ha sucedido.

    La Ley electoral no impide en absoluto que las mujeres se presenten también como candidatas en las circunscripciones locales, pero la realidad es que pocas lo hacen y, entre ellas, aún menos como cabezas de lista. Dado que es imposible que en una circunscripción local un partido obtenga más de un escaño, las posibilidades de que haya mujeres elegidas son muy reducidas.

    Tras el 8 de septiembre se han cumplido las expectativas: 90 mujeres han sido elegidas en las circunscripciones regionales, pero solo 6 en las circunscripciones locales. Globalmente, suponen un del 24,3% de la Cámara de Representantes, lo que es un porcentaje estimable, sobre todo dentro del mundo árabe. Otra cosa es la influencia política real de estas diputadas, pero esa es una asignatura pendiente no solo en Marruecos, sino también en muchas democracias de las consideradas avanzadas.

    Como dato sin duda muy positivo, hay que destacar que tras las elecciones locales celebradas el mismo día que las legislativas, por primera vez, dos mujeres acceden a la alcaldía de las ciudades de Casablanca y Rabat, sumándose a la abogada y feminista Fatma-Zahra al-Mansouri, que repite como alcaldesa de Marrakech.

    El registro de electores y el voto de los marroquíes residentes en el exterior, asignaturas pendientes

    En Marruecos el censo no se elabora automáticamente a partir de listados oficiales, sino que se basa en la inscripción voluntaria. El registro de los electores ha sido tradicionalmente un tema muy polémico en Marruecos y lo cierto es que, a pesar de los esfuerzos para incrementar el censo, con más de dos millones de nuevas inscripciones desde 2016, todavía existe una gran discrepancia entre las cifras de la población en edad de votar y las cifras de electores inscritos. Para una población total de 37 millones, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, hay sólo 17,9 millones de votantes registrados, lo que supone una cifra mayor que en 2016 (15,7 millones), pero sigue siendo muy baja.

    Varios partidos políticos han pedido un sistema de registro automático, pero el Gobierno se ha opuesto, alegando dificultades técnicas. Lo cierto es que un censo electoral más ajustado a la realidad expondría aún más la desafección política de una gran parte de la población, especialmente de los jóvenes.

    Para el voto de los electores residentes en el extranjero, la ley sólo prevé el sistema de voto por delegación. Este sistema es considerado insuficiente por las asociaciones de marroquíes residentes en el extranjero, que denuncian la exclusión de facto de millones de votantes. El Ministerio del Interior se excusa siempre en "dificultades logísticas" que impedirían la organización de colegios electorales en los países de residencia. Lo cierto es que estamos hablando de unos 5 millones de residentes en el extranjero, muchos de ellos jóvenes y, presumiblemente, no demasiado afectos al régimen.

    Unos datos de participación electoral cuestionables

    Los datos de participación del 8 de septiembre se han presentado ante el mundo como un gran éxito. Un 50 % de votantes es, sin duda, un mejor dato que el 43 % alcanzado en 2016, pero hay diversos elementos que deben ser tenidos en cuenta para matizar esta valoración:

    Para empezar, la participación se contabiliza sobre el número de electores registrados, no sobre el número de posibles electores. Si tenemos en cuenta que ese número podría elevarse a 25 millones, entonces estaríamos hablando de una participación real en torno a un 36 %.

    Por otra parte, en esta ocasión las elecciones se han celebrado conjuntamente con las elecciones regionales y locales, precisamente para animar a la participación. Si tenemos en cuenta que en las anteriores elecciones regionales y locales, celebradas en 2015, la participación fue del 53 %, el 50 % de 2021 ya no es un resultado tan espectacular.

    Hay que tener en cuenta, además, que las elecciones del pasado 8 de septiembre se han celebrado en un día laborable, rompiendo con la tradición de celebración en viernes, día de descanso semanal para los musulmanes. Este cambio tenía una doble intención. De una parte, favorecer la participación; de otra, minimizar la influencia de los sermones de los imanes.

    Otro elemento a considerar son las diferencias de participación entre las regiones, que es elevada, por ejemplo, en el Sahara Occidental, con tasas superiores al 60 %, llegando hasta el 80 % en algunos lugares, con fuertes contrastes entre zonas rurales y grandes urbes, siendo mucho menor en estas últimas, especialmente en Casablanca.

    Por último, se desconocen los datos reales de voto en blanco y de voto nulo, que suele ser muy elevado y que es frecuentemente utilizado como voto de protesta, sobre todo por jóvenes. En 2016 se calculó que votos nulos y en blanco sumados podían haber llegado al 20 % de todo el voto emitido. En 2021, restando del número total de votantes el número de votos dirigidos a las candidaturas, se obtiene una diferencia de 1,5 millones de votos que podrían corresponder al voto en blanco y nulo, es decir, casi un 17 %.

    Regulación deficiente de la financiación electoral

    La legislación marroquí contiene una serie de disposiciones que tratan de disciplinar la financiación de las campañas electorales. Existe un límite de gasto fijado por decreto y un sistema de financiación pública, pero el punto débil sigue siendo la transparencia y el control de los gastos reales de los partidos. La reforma aprobada en marzo de 2021 ha reforzado algo el control de las cuentas de la campaña, que deben presentarse en un plazo de 30 días ante el Tribunal de Cuentas. La cuenta debe incluir una declaración detallada de las fuentes de financiación y de los gastos electorales y debe ir acompañada de los documentos justificativos. La sanción por no presentarla es la inhabilitación.

    El problema es que el control ejercido por el Tribunal de Cuentas no va más allá del examen formal de la regularidad de la documentación presentada por los partidos, por lo que podría haber un importante gasto no declarado que escaparía a este control. En las pasadas elecciones ha habido denuncias señalando la circulación durante la campaña de fuertes cantidades de dinero no controlado e, incluso, la compra de votos durante la jornada electoral.

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  • LA CARTA ESPAÑOLA DE DERECHOS DIGITALES: ULTERIORES REFLEXIONES DE UN TEXTO DESCRIPTIVO, PROSPECTIVO Y ASERTIVO

    | julio 30, 2021

     

     

    Crónica de la mesa redonda Reflexiones sobre la Carta de Derechos Digitales 


    Mónica Martínez López-Sáez


    Investigadora García-Pelayo CEPC


    El pasado 29 de junio de 2021 se celebró en el CEPC la mesa redonda Reflexiones sobre la Carta de Derechos Digitales, inaugurada por la directora del CEPC Yolanda Gómez Sánchez y por la presidenta del Consejo de Estado Mª Teresa Fernández de la Vega Sanz.

    Se podría calificar este acto de ‘peculiar’ por dos razones principales. En primer lugar, porque versaba sobre un documento cuya versión final no se encontraba todavía disponible para los operadores jurídicos y la ciudadanía, pues únicamente estaba accesible entonces la versión elevada a consulta pública en noviembre de 2020. Es decir, en lugar de ser un acto de presentación tras la adopción de la supracitada Carta, el acto vino a ser un avance (un trailer) del documento final que estaba por venir (hacemos un spoiler: el 14 de julio se presentó su versión definitiva). En segundo lugar, era peculiar también porque la mesa la componían juristas de muy diversa índole, lo que enriqueció tanto el acto como el posterior debate: un letrado del Consejo de Estado especialista en Internet y transformación digital (Moisés Barrio Andrés), una administrativista con reconocida trayectoria investigadora y profesional en el ámbito de la inteligencia artificial y justicia administrativa (Susana de la Sierra Morón), un constitucionalista experto en los sistemas de protección y garantías de los derechos fundamentales (Joaquín Sarrión Esteve) y un abogado ejerciente especializado en la sociedad digital (Gonzalo Romero Jiménez-Shaw).

    Cabe recordar que la elaboración de una Carta de Derechos Digitales, puesta en marcha por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital), ha sido uno de los compromisos fundamentales del plan España Digital 2025 inspirado (e incluso cuasi previsto) en el Título X de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). Así lo recordaba Fernández de la Vega en tanto la Carta contribuye a los objetivos ya avanzados en el Título correspondiente a la garantía o tutela de los derechos en la era digital (arts. 79-97 LOPDGDD). En una primera lectura, se aprecia con facilidad la doble finalidad de la Carta: adaptar y concretar los derechos y las garantías para dotarles de efectividad ante los retos que plantea el entorno digital actual. Fernández de la Vega insistió en la naturaleza programática de la Carta (si bien no especificó qué tipo de documento de soft law sería), aunque según ella "sería importante que la Carta de Derechos Digitales se convirtiera en ley orgánica, porque se refiere a derechos fundamentales" en un momento en el que la inteligencia artificial y la neurotecnología forman parte de nuestro día a día y en la que el transhumanismo ha dejado de ser algo propio de la ciencia ficción para devenir una realidad y un reto del presente.

    Es de agradecer esta precisión de la presidenta del Consejo de Estado respecto a la naturaleza jurídica del documento: aunque el borrador inicial hacía una mención a la ausencia de carácter normativo, una lectura más detenida de la Carta daba pie a cierta confusión sobre si estábamos ante un instrumento normativo que constituye (o al menos identifica) nuevos derechos y garantías en esta nueva situación o si, por el contrario, estábamos ante una declaración política o código de buena conducta, que recoge una reproducción (a veces parcial y por ello confusa) de lo ya previsto en el ordenamiento, a fin de guiar mejor la futura acción (normativa y de creación de políticas públicas) de los poderes del Estado "de forma que se garantice la protección de los derechos individuales y colectivos en los nuevos escenarios digitales".

    L
    a elaboración de la Carta se ha hecho a partir de numerosas contribuciones de organismos públicos competentes (entre ellos la Agencia Española de Protección de Datos), de la sociedad civil y también de un grupo de especialistas de primer nivel, condición que tenía el primer ponente, Barrio Andrés (miembro del grupo de expertos en Derecho Digital). Él insistió en que los derechos "digitales" engloban todos los derechos de la ciudadanía en el entorno digital, sean fundamentales u ordinarios (o de configuración legal) y que los derechos valen tanto como sus garantías. En vez de centrarse en el contenido de la Carta compartió una reflexión vinculada a la idea de que la transformación digital debe servir para mejorar la calidad de la democracia, así como la pretensión de la Carta de pavimentar futuras reformas para asegurar la efectividad de los derechos en tres órdenes diferentes de garantías: (1) mecanismos de autorregulación regulable, (2) garantías extrajurisdiccionales desde la vertiente administrativa y (3) tutela jurisdiccional como vía esencial del Estado de Derecho y vía preferente de tutela a la luz del art. 24 CE y el art. 47 CDFUE. Con respecto a este último aspecto, Barrio Andrés planteó varias opciones interesantes (aunque no exentas de controversia): la creación de un órgano judicial especializado y centralizado (análogo a la Audiencia Nacional como instancia de apelación) o, alternativamente, una versión descentralizada, la creación de juzgados de lo digital en todos los partidos judiciales o, incluso, un cambio de paradigma organizativo con la incorporación de un nuevo orden jurisdiccional ("de lo digital").

    De la Sierra, otra de las expertas nombradas para la elaboración de la Carta, insistió en el carácter "parajurídico" del documento y en el intenso proceso participativo para su reelaboración (contando dicho grupo de expertos con más de un centenar de aportaciones por parte de la ciudadanía y actores relevantes, entre las que se incluyen las observaciones de quien suscribe estas líneas). La intervención de De la Sierra se centró en los documentos que acompañan a la Carta y en su estructura interna. Explicó que la Carta está integrada por cinco documentos: (1) cuestiones y reflexiones generales sobre los derechos fundamentales en la era actual, (2) la Carta en sentido estricto, (3) cuestiones vinculadas a la ética y la transformación digital, (4) un informe relativo a las políticas públicas vinculadas a los derechos en juego, y (5) propuestas de garantías generales y específicas. Seguidamente, explicó la estructura de la Carta, ordenada por niveles de garantía, catalogada por rúbricas que encabezan los diferentes grupos de derechos (claramente inspirada en la propia CDFUE) bajo una justificación estrictamente pedagógica (insistiendo en ese objetivo descriptivo), con el principio de igualdad como vector o elemento transversal.

    En los derechos digitales en sí mismos se centró Sarrión Esteve. Comenzó su intervención recordando que su manifestación (normativa) y ámbito de aplicación se han concebido a la luz de los estándares internacionales, además de insistir en que la interpretación del concepto entorno digital debe hacerse en sentido amplio, a la vista de las realidades y posibilidades (digitales) actuales. Tras un repaso de los pilares del constitucionalismo y del Derecho Constitucional actual, cuyo propósito es, en gran parte, defender la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y una amalgama amplia de derechos fundamentales ante una nueva etapa de innovación tecnológica y transformación digital, se centró específicamente en dos derechos reflejados en la Carta, que considera de suma importancia ante los retos de la transformación digital: el derecho a la identidad digital y el derecho a la educación digital. Con respecto al primero, insistió en que el libre desarrollo de la identidad digital se inscribe como núcleo principal de esa cláusula general relativa al orden axiológico fundamental, asentado en la dignidad y libre desarrollo de la persona (art. 10.1 CE) y que, además, en el entorno digital, dada su naturaleza y características, requiere de mayores garantías. En efecto, el libre desarrollo y configuración de la personalidad (y de la identidad) no sólo trae consigo una garantía negativa de evitar injerencias, sino, y sobre todo, una positiva que asegure un control autónomo sobre su propia (y cambiante) configuración. Esto, en el contexto digital, cobra todavía más importancia, pues en tanto la experiencia humana y la memoria social están relegadas a un cúmulo sin fin de bancos de datos y enlaces de Internet, se asienta la llamada memoria digital y se crea la llamada identidad digital, que no son más que las diferentes manifestaciones y expresiones del libre desarrollo de la personalidad y la identidad individual (y aquella forjada en relación con otros), configurada (y reflejada) en el mundo en línea. Insistió también en la necesidad de respetar la libertad de no participar en el entorno digital (quizás por ello el ahora denominado derecho fundamental a la protección de datos antaño se bautizó bajo el nombre ‘libertad informática’ por nuestro Tribunal Constitucional). Con respecto al segundo, insistió en la necesidad de garantizar el desarrollo de las competencias digitales y de transmitir valores constitucionales por medio de las propias tecnologías.

    Precisamente sobre la educación (y formación) digital, y sobre la superación de las brechas digitales, incidió también Romero Jiménez-Shaw, en relación con el papel de la abogacía en la sociedad digital. Para él este colectivo profesional resulta imprescindible no sólo para acceder a la justicia sino también para acercarse a la Administración Pública. Según él, la garantía de los derechos (incluidos los digitales) también se consigue incidiendo especialmente en el asesoramiento y en la tutela de los derechos. Ejemplificó muy bien el cambio de paradigma jurídico-digital al que se enfrentan las personas que ejercen esta profesión con referencias a medidas cautelares en la ejecución de un smart contract, lesión al derecho al honor en un tuit, campañas de desprestigio con opiniones falsas en internet, herencia en la que había un wallet con varios cientos de miles de euros en criptos... Por ello, insistió en la necesidad de mejorar los conocimientos y las competencias digitales por la ciudadanía, en general, y para sus futuros representantes en sede judicial. Romero Jiménez-Shaw señala la utilidad de la Carta como herramienta para acompañar y prestar mejores servicios jurídicos tanto a empresas tecno-digitales con el fin de garantizar los derechos en juego como a los potenciales afectados por los riesgos que estas generan.

    Sin duda, con esta Carta de Derechos Digitales, España quiere seguir en esa posición vanguardista en la que lleva, de una manera u otra, desde 1978: "constituyó un innegable aldabonazo para otorgar trascendencia constitucional a la necesaria protección del individuo frente a los riesgos que sobre él —y, particularmente, sobre el disfrute de algunos de sus derechos fundamentales— cernían los avances tecnológicos ligados a la incipiente y primaria comput[a]rización" (Rallo, 2017, 642). No obstante, y a modo de reflexión final, exponemos algunas de las principales debilidades y fortalezas que, a nuestro juicio, se pueden observar en el texto.

    Uno de los aspectos que más preocupa es la pretendida emulación a la clasificación/división de la CDFUE mediante rúbricas que encabezan los diferentes grupos de derechos. A mi juicio, no resulta del todo convincente dada la naturaleza mixta de algunos de ellos y a la luz del principio de indivisibilidad (crítica a la que ya se enfrentó en su día la CDFUE). Además, se aprecia inconsistencia en la propia categorización elegida (cuyo criterio, por cierto, se desconoce). Ello se debe, principalmente, al hecho de que se introducen derechos en el marco de lo que serían principios garantistas o interpretativos (como sucede con el artículo I, que se agrupa con los "DERECHOS DE LIBERTAD"). En similar línea, tampoco se entiende la ubicación de algunos derechos en un bloque y no en otro (lo cual puede predicarse, por ejemplo, de las libertades de expresión e información del art. XIV, que se ubican en el bloque de derechos bajo la rúbrica "DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y DE CONFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO", cuando tampoco habría sido descartable su ubicación bajo el bloque de "DERECHOS DE LIBERTAD", a menos que en el bloque elegido se esté suscitando la categoría de las "libertades públicas", lo cual añadiría, en realidad, un nuevo ingrediente para la discusión y la confusión). Por último, preocupa la inseguridad jurídica que genera un texto que parece reconocer nuevos derechos y reconfigurar otros ya recogidos en diversas normas nacionales (desde la más genérica LPAC a la más específica LOPDGDD) sin tener la fuerza jurídica constitucionalmente prevista (ley orgánica u ordinaria en función del derecho en cuestión). Ahí claramente se ve su naturaleza más bien pedagógica y de sensibilización social.

    El paso a la Administración (y Justicia) digital puede suponer una perdida y deterioro de los derechos y es necesario que los operadores jurídicos (en especial los públicos, al completo servicio de la ciudadanía) garanticen el respeto de los derechos cuando emplea medios digitales. Ateniéndose a ese objetivo descriptivo, la Carta persigue, entre otros motivos, dotar de mayor visibilidad a los derechos digitales y fomentar la cultura de la protección de los derechos fundamentales y, en especial, los derechos más vinculados a la protección de los datos personales (para reforzar su garantía). Ello es, sin duda, positivo. Como bien apunta el apartado de "Consideraciones previas" (una suerte de preámbulo de la Carta) se trata de perfilar los derechos ya existentes ante "un proceso naturalmente dinámico dado que el entorno digital se encuentra en constante evolución", lo cual hace "necesario asegurar la existencia de un proceso abierto de reflexión que permita mejorar la adecuación del marco jurídico a las nuevas realidades". Esto explica que la Carta tenga tres objetivos principales: descriptivo (para concienciar a la sociedad), prospectivo (al anticipar futuros escenarios y desafíos en clave digital) y asertivo (revalidar y legitimar los derechos, principios, técnicas y políticas existentes y garantistas).

    A pesar de ser un instrumento de soft law, al igual que ha pasado con otros equivalentes en la UE (la CDFUE antes del Tratado de Lisboa o, en la actualidad, el Código Europeo de Buena Conducta Administrativa), ello no implica que no sirva de guía para la acción de los poderes públicos ni tampoco que esta declaración de derechos y garantías no sea el trampolín normativo para seguir reformando la normativa correspondiente, para seguir contribuyendo a que el entorno digital y la sociedad que convive en ella sea un entorno más justo, más solidario y más digno (en tanto la dignidad de la persona es el fundamento del orden político y de la paz social), o en palabras de todos los ponentes de este coloquio, hacer que este entorno sea más ético y humano.

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  • HABLEMOS DE CUIDADOS: CONVERSACIÓN CON VICTORIA CAMPS

    | julio 30, 2021
     

    'Visita a los enfermos'. José Alea Rodríguez. 1895 Museo del Prado

     "Visita a los enfermos". José Alea Rodríguez. 1895 Museo del Prado
    Ana Marrades Puig

    Profesora de Derecho Constitucional. Universitat de València 

    A.M. Tu libro “Tiempo de cuidados” surge en tiempos de pandemia, que también son tiempos de cuidado por excelencia. El cuidado es imprescindible para la sostenibilidad de la vida, siempre lo ha sido, lo que ha hecho la pandemia covid-19 es poner de manifiesto, de manera extraordinaria, la necesidad que siempre ha existido y de la que no éramos plenamente conscientes. Pero tú llevas trabajando este concepto, tan recurrente en el feminismo, desde hace mucho tiempo. En El siglo de las mujeres (1998) identificabas cuatro ámbitos que deberían ser objeto del nuevo feminismo: la educación, el empleo/trabajo, la política (representación paritaria) y los cuidados (el discurso moral). Lo curioso es que después de más de dos décadas de su publicación este libro sigue completamente vigente y los cuatro grandes temas, con salvedades en la evolución de la representación de las mujeres en las instituciones políticas -que sí es un hecho evidentemente notorio- siguen siendo grandes temas pendientes del feminismo y para la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres, muy especialmente el cuidado como valor imprescindible del discurso ético.
    Entre la publicación de este libro -que creo debería ser obra de referencia obligatoria transversal en la enseñanza universitaria, al menos en humanidades y ciencias jurídicas y sociales- y la publicación de Tiempo de cuidados, ¿cuáles han sido tus aproximaciones -tanto en la academia como fuera de ella- al concepto del cuidado?

    V.C. Efectivamente, como dices, hace tiempo que la cuestión del cuidado me interesa como un concepto básico de la ética. El libro de Carol Gilligan, que podríamos decir que descubrió el valor del cuidado, me pareció un acierto desde el principio. Y el hecho es que no ha quedado en una idea original, sino que ha dado lugar a una rama de la ética, la ética del cuidado, que ya cuenta con muchos libros y estudios. Es cierto, además, que la pandemia ha contribuido a poner de manifiesto la importancia del cuidado ya que el cuidarnos unos a otros era lo único que teníamos al principio para hacer frente al desconcierto y desbarajuste que causó la pandemia. Sin el estímulo que el confinamiento significó, en el sentido de que me dio más tiempo para pensar, informarme y escribir, y que también me llevó a participar en un montón de debates y webinars sobre lo que nos estaba pasando, seguramente no me hubiera animado a escribir Tiempo de cuidados. A veces, hacer de la necesidad virtud da resultados satisfactorios.
    Me preguntas por mi evolución desde El siglo de las mujeres, que se publicó hace más de veinte años hasta hoy, respecto al concepto de cuidado. Hay que tener en cuenta ámbitos distintos. La ética del cuidado se ha desarrollado mucho, por supuesto, en la filosofía feminista, dando lugar a discusiones al principio un tanto enconadas, que hoy creo superadas. No a todas las feministas les gusta hablar del cuidado, pero aún así nadie rechaza de raíz que estamos ante una realidad que merece ser pensada y discutida. Por otro lado, la bioética ha hecho del cuidado uno de sus temas más importantes, especialmente en el campo de la enfermería, como es bastante lógico. Pero a mi juicio el salto más interesante que se ha producido en los últimos años es el que ha propiciado en especial Joan Tronto con la idea de una “democracia cuidadora” y el propósito de llevar el cuidado a la vida pública en general, como un derecho y un deber que adquiere distintas dimensiones y que nos concierne a todos. No es sólo una obligación individual o familiar, sino pública. 

    A.M. Vamos a la estructura del libro. Tiempo de cuidados tiene once capítulos o temas que bien podrían agruparse en dos grandes bloques: por un lado, una primera parte referida especialmente a la ética del cuidado y muy en particular a su relación con el feminismo (el trabajo invisible, los cuidados indispensables, los espacios de cuidado, la justicia y el cuidado y la profesionalización del cuidado que enlazaría con el penúltimo capítulo, "Cuidar la casa común", donde el ecofeminismo ocupa un lugar central); y una segunda parte dedicada al envejecimiento, al cuidado de las personas mayores y al final de la vida. Comencemos por la primera parte, la primera cuestión que me gustaría plantearte surge del eterno conflicto pendiente entre la ética del cuidado y el feminismo. El conflicto se planteaba sobre el temor de que la ética del cuidado sirviera para propugnar esencias, es decir, mantuviera la asignación de las mujeres al espacio doméstico o privado con la atribución exclusiva y excluyente de dedicarse al cuidado de las personas de la familia. ¿Crees que está todavía abierto el dilema? ¿Piensas que sigue habiendo reticencias entre el movimiento feminista o el feminismo académico?

    V.C. Como acabo de apuntar, creo que ese reproche de que el cuidado perjudica a las mujeres en lugar de ayudar a superar una división del trabajo injusta ya no tiene lugar en el seno del feminismo. La crítica derivaba de entender que el discurso del cuidado llevaba inevitablemente a una concepción esencialista de la mujer a la que por biología había que reconocerle esa diferencia que la ha obligado siempre a cuidar a los que lo necesitaban. Y no sólo eso, sino a aceptar que está especialmente dotada para hacerlo. Contra esa inclusión del tema del cuidado en el llamado en tiempos “feminismo de la diferencia” hay que objetar que el objetivo fue desde el principio el contrario: no se trataba de cargar sobre la mujer el deber de cuidar porque se reconociera su necesidad y su importancia; se trataba de universalizarlo, hacer ver que era una rémora para la emancipación de la mujer adjudicarle esa tarea y que era injusto no distribuir las cargas del cuidado entre hombres y mujeres equitativamente.

    Cuando en los años ochenta del siglo pasado las feministas difundieron el eslogan de que “lo privado es político” propusieron un giro imprescindible. Se trataba de poner de relieve que todos los impedimentos que siempre lastraron a las mujeres para actuar en igualdad de condiciones con los hombres debían dejar de ser vistos como estrictamente privados o domésticos. La división entre lo privado y lo público ha corrido paralela a la división entre el trabajo productivo y el trabajo reproductivo. Aquél era el importante, el que merecía ser llamado “trabajo” porque tenía un precio, un salario; en cambio el trabajo al que obligaba la reproducción, el cuidado de la infancia y la dependencia, ese nunca fue considerado trabajo ni se remuneró. Al no tener reconocimiento económico, nunca tuvo reconocimiento social. Era “natural” que las mujeres cuidaran a sus allegados, no había que discutir nada.

    Ha sido ahora, cuando las mujeres ya participan en el trabajo productivo, cuando se ha puesto de manifiesto que las necesidades de cuidado siguen estando ahí y alguien tiene que hacerse cargo de ellas. ¿Quién? Tronto lo dice muy claro: la función de una democracia cuidadora es “detectar necesidades y repartir responsabilidades”. Nadie debe escaquearse de cuidar. Habrá cuidados más espontáneos y otros más profesionalizados, organizar los cuidados es la obligación de un Estado social como el que suponemos que tenemos.

    A.M. La crisis sociosanitaria causada por la pandemia ha evidenciado de manera extraordinaria una serie de obviedades de las que tenemos que partir para desarrollar el concepto del cuidado. La extrema vulnerabilidad del ser humano es la primera de ellas, junto con el valor de la vida y todo lo que ayuda a sostenerla: el cuidado a las personas debe revalorizarse en el marco de un Estado social de derecho. Somos vulnerables e interdependientes y en circunstancias de fragilidad necesitamos de los demás. En segundo lugar y como consecuencia de lo anterior, el cuidado y por extensión, el colectivo de las personas cuidadoras, debe estar reconocido desde una perspectiva económica pero también social y política. Lo que ocurre -es la tercera obviedad- es que el colectivo de la personas cuidadoras está altamente generizado. Un 70% del sector sociosanitario está formado por mujeres. Y no solo desde el ámbito profesionalizado sino también en el ámbito privado: las cuidadoras de la familia, de las personas menores, mayores, enfermas y dependientes también son mujeres. Las mujeres son quienes tradicionalmente se han ocupado de los cuidados y esa realidad tan necesaria es justamente lo que las ha situado en una posición de subordiscriminación. Por eso es imprescindible que por un lado, el cuidado cuente para la economía, y por otro que se universalice para que no siga recayendo en ellas exclusivamente. ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo es posible que los cuidados cuenten para la economía? ¿Cómo se puede cuantificar el cuidado si prestarlo en buenas condiciones requiere de ingredientes no cuantificables?

    V.C. Hoy ya sabemos, lo han dicho los economistas, que los cuidados son trabajo que debería contabilizarse como tal, lo que haría subir bastante el PIB. ¿Qué ocurriría si todas las madres, hijas, cuidadoras en general se cruzaran de brazos y dejaran de cuidar de sus hijos, sus parejas, sus padres ancianos? No hace falta cuantificar las horas dedicadas al cuidado para saber que son muchas y que, aunque algo hemos cambiado, siguen siendo mujeres las que cuidan. Mujeres, muchas de ellas inmigrantes, porque ni se reconoce la formación para el cuidado ni se remunera adecuadamente.
    No obstante, y aunque cuidar sea una actividad, una ocupación o incluso un trabajo remunerado, conviene no olvidar que cuidar a quien lo necesita no es una actividad cualquiera ni sería bueno ni seguramente posible que todas las necesidades de cuidado se subrogaran en empleadas que cobran por su trabajo. El cuidado es una expresión de la compasión inherente a la condición humana, que lo lleva a sufrir con los que sufren, yo diría incluso que es un deber cívico que obliga a atender al prójimo que está en apuros. Si se manifestara la compasión siempre que hace falta, sería la mejor expresión de la fraternidad que debería unir a todos los humanos e incluso a éstos con los animales no humanos (un deber este último muchas veces mejor asumido por las personas que el primero). La pandemia creo que ha sido una muestra de que el imperativo del cuidado era ineludible porque del cuidado de los más vulnerables dependía la salud propia.

    A.M. Vayamos por partes, si hablamos de educación, de enseñar y transmitir nuevos valores, ¿qué responsabilidad tiene la escuela? ¿Qué responsabilidad tiene la Administración pública? ¿Qué responsabilidad tienen quienes nos gobiernan?

    V.C. Ya he dicho, citando a Joan Tronto, que la responsabilidad tiene que estar repartida, entre los individuos –hombres y mujeres- y entre las instituciones que han de asumir, en la medida cada una de sus funciones, su responsabilidad “cuidadora”. A la escuela, por ejemplo, se le reprochó durante el primer confinamiento que delegara demasiado fácilmente sus funciones en las familias y, en especial, que no atendiera las necesidades de las familias más desfavorecidas, con menos recursos culturales, o las de las familias monoparentales, con menos posibilidades de repartirse el trabajo doméstico. La función de la escuela es transmitir conocimientos, pero también tiene una responsabilidad asistencial, dadas las desigualdades sociales, y muy especialmente, la tiene en tiempos de pandemia.

    Por su parte, los gobiernos y las administraciones hoy deben asumir sin excusas que el derecho de las personas a ser cuidadas es uno más de los derechos sociales, los más difíciles de garantizar porque de ellos suelen derivar pocos “deberes positivos”, es decir, medidas o propuestas concretas que garanticen los derechos. Lo que ha ocurrido en los geriátricos por causa de la pandemia es una muestra de que los deberes asistenciales y sanitarios para con las personas dependientes dejaron mucho que desear. Estoy convencida de que una de las reformas más urgentes que tenemos que llevar a cabo a partir de ahora es la de profundizar en esos deberes positivos que derivan de los derechos sociales. No sólo el derecho a ser cuidados, hay otros derechos más antiguos, como el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, que piden a gritos esa reflexión.

    A.M. Educación, nuevos valores, cambios de paradigmas culturales y económicos, son propósitos que están siendo reiterados en esta época en crisis. Está claro que todo pasa por un cambio del sistema, pero... ¿no es ésta una posibilidad demasiado utópica? Hablas en tu libro ya casi al final de una sociedad cuidadora, de cuidar la casa común, de ecologismo, de "contrarrestar los vicios del liberalismo, o de una libertad puramente negativa, incapaz de concebir al individuo como un ser relacional que necesita de los demás para florecer y desarrollarse", en definitiva propones una superación del liberalismo. ¿Lo ves posible en una sociedad como la nuestra tan individualista y con una polarización tan marcada? ¿Cómo podemos contrarrestar los "vicios del liberalismo"?

    V.C. Desde que empezó la pandemia nos preguntamos si esta situación tan dramática y tan rara en la que nos hemos visto inmersos durante casi dos años va a servir para algún cambio importante en nuestra forma de vivir, de gobernar, de trabajar, de relacionarnos. Un hecho evidente es que nos hemos dado cuenta de nuestra vulnerabilidad y de nuestra interdependencia. Nos ha sorprendido que los expertos científicos supieran tan poco sobre lo que se nos venía encima (aunque haber tenido vacunas en un año ha sido un gran logro), que tuviéramos que recurrir a medidas tan ancestrales como el aislamiento y la mascarilla para no contagiarnos; hemos tenido que reconocer que no teníamos un sistema sanitario tan sólido como pensábamos. Ha sido una lección de humildad, que puede dejar huella o no, pero debería hacerlo. Debería servir para pasar de la lógica individualista por la que nos vemos como sujetos racionales y autónomos a una lógica de la interdependencia en que tuviéramos más presente que somos seres relacionales que nos necesitamos los unos a los otros. Es cierto que cabría pensar que el miedo al contagio ha acrecentado el individualismo (más distancia, menos contactos, pocas relaciones), pero al mismo tiempo estamos ante un problema de salud pública que pone de manifiesto que la salud de cada uno y la de todos son lo mismo: me vacuno para protegerte, te vacunas para protegerme.

    A.M. Pasemos a la segunda parte, la que dedicas al envejecimiento. Presentas de manera serena cuestiones muy dolorosas, realidades que nos pones delante como si de un espejo se tratase. De una manera o de otra la vida se termina y en el mejor de los casos está precedida de un periodo de envejecimiento. ¿Crees que la sociedad trata bien a sus mayores? Siempre he pensado que el hecho de prescindir de las personas cuando se jubilan es un derroche absurdo que no nos podemos permitir y que además no tiene ningún sentido. ¿Qué podemos hacer?

    V.C. Creo que hasta ahora nos hemos planteado muy poco si la sociedad trata bien o mal a sus mayores. La esperanza de vida ha crecido exponencialmente sin que nos hayamos preocupado de lo que significaba y de cuáles eran las consecuencias de tener una población cada vez más envejecida. Tenemos unas costumbres y un lenguaje trasnochado porque seguimos diciendo que a los sesenta y cinco años, con la jubilación, empieza la vejez, lo cual está lejos de ser cierto. Dentro de poco, si las personas centenarias dejan de ser anécdotas, a los sesenta habremos vivido casi la mitad de nuestra vida, nos quedará otra mitad que habrá que llenar de alguna forma. Hablar del envejecimiento es un tema desagradable, incómodo, a nadie le gusta. Lo dijo ya Simone de Beauvoir cuando escribió su monumental tratado sobre el tema donde empezaba señalando que lo que se proponía era “romper la conspiración del silencio”. Hay que hablar y discutir sobre la etapa final de la vida, ponerla en su lugar, tanto para extraer de esos años todo el potencial posible como para determinar los cuidados y el acompañamiento que merecen las personas que recorren ese tramo con dependencias de distinto signo. Ya hemos visto que los geriátricos no son el modelo adecuado, por lo menos si son vistos como negocios y no como centros médico-asistenciales. Las estadísticas muestran que la gran mayoría de la gente querría envejecer en su casa o en un lugar lo más parecido al propio hogar. Ese es el objetivo que habría que proponerse en el futuro como la mejor manera de tratar a los ancianos dependientes. Porque no todos necesitan la misma ayuda. Otro de los errores durante la pandemia ha sido incurrir en el llamado edadismo, clasificar a las personas por su edad y no por sus características singulares. El envejecimiento no es un fenómeno homogéneo, se envejece de muchas maneras.

    A.M. Pandemia y residencias, es un tema inevitable y una pregunta inexcusable: ¿qué ha fallado? Hablas de la aplicación de protocolos, del trato grupal en lugar de individualizado. ¿Cómo pueden revertirse estos errores del sistema en sociedades tan grandes?

    V.C. Es cierto, en las comunidades reducidas la asistencia a los dependientes era más fácil, pero también se reducía a los recursos que podía aportar la familia o los más cercanos, la protección social pública era desconocida.

    Ahora hay algunas ciudades, grandes ciudades como Barcelona, que están ideando proyectos bajo el lema de “Ciudades que cuidan”. La Fundación Mémora, en Barcelona, ha empezado a liderar uno de estos proyectos con la intención de recabar iniciativas y recursos económicos y humanos para conseguir paliar la soledad y el sufrimiento de las personas al final de la vida. Entre los recursos debe estar también la educación, pues envejecer bien depende en parte del entorno social y de la ayuda que ese entorno aporta para que las personas que van disminuyendo su capacidad de actuar no se vean invisibilizadas ni marginadas. Pero envejecer bien depende asimismo de cada persona, de integrar el envejecimiento al conjunto de la experiencia vital sin voluntad de ignorarlo como si los viejos siempre fueran otros.

    A.M. Hablas también del autocuidado, me gustaría que nos detuviésemos en este concepto porque es fundamental: es obvio que el autocuidado es imprescindible para poder cuidar. Siempre escuchamos "cuídate, si tú no estás bien no podrás cuidar de los demás" y curiosamente siempre lo escuchamos a las mujeres, todo vuelve a lo mismo: las mujeres las eternas cuidadoras. Este es un tema pendiente porque normalmente cuando una persona se entrega (muchas veces porque no tiene más remedio a pesar de hacerlo con cariño) se olvida de sí misma y por eso es imprescindible que el Estado asuma su parte de responsabilidad a través de los sistemas públicos de cuidados, pero también a través de un marco político y normativo que disponga las herramientas para tener un cuidado de calidad, que pueda prestarse no solo en las residencias, como dices, sino en los hogares. Si bien sería lo ideal, es prácticamente imposible cuando se carecen de medios económicos, especialmente si se trata de cuidados de personas dependientes o enfermos crónicos. Así las cosas, parece que los políticos están entendiendo el problema pero no me resisto a preguntarte: ¿por qué crees que los juristas son tan reticentes todavía a hablar de un derecho al cuidado?

    V.C. El autocuidado ha de formar parte de esa perspectiva relacional a la que me refería más arriba. La sociedad actual concibe el cuidado de uno mismo de una forma muy superficial: dietas, gimnasio, 'mindfulness', estética. Eso es autocuidado, en efecto, pero tiene un móvil egoísta, no agota el sentido del cuidado de uno mismo imprescindible para no desatender a los que demandan cuidado. Para que ese autocuidado sea posible hace falta ayuda externa. Lo saben muy bien las personas que han tenido algún familiar con alzheimer: ninguna familia resiste en solitario las demencias prolongadas. Cuidar es una actividad que presupone afecto y amor, pero es duro sobrellevarla y pocas veces puede hacerlo una persona o una familia sola. Si nos tomamos en serio el derecho a ser cuidados, no basta la buena voluntad, hacen falta normas jurídicas para que del derecho a ser cuidado deriven unos deberes positivos cuya responsabilidad ha de ser compartida, ha de ser personal y política, como hace tiempo defienden las feministas.

    A.M. Para terminar, ¿qué nos espera? ¿Crees que la crisis y el modo de gestionarla nos ha cambiado?

    V.C. De momento aún estamos en medio de la crisis, sanitaria y económica, y no parece que el virus y sus varias mutaciones vaya a abandonarnos pronto. Hemos empezado a reconocer que nuestras prioridades tienen que ser otras. Siempre se ha dicho que las crisis son positivas porque producen reformas. ¿Por qué esta no habría de aportar algo bueno? Yo me conformaría con que en las reformas que emprendamos no nos equivoquemos demasiado y no dejemos de pensar que el fin tiene que ser el bien común y no sólo el de unos cuantos.


    A.M. Gracias Victoria por tus aportaciones, tan valiosas para todas las personas, especialmente para las y los juristas que estamos trabajando en los cuidados.

     

     

     

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  • RGB: “The Notorious” y la lucha por la igualdad de genero

    | junio 22, 2021
    Foto de  Ruth Barder Ginsburg

    Ruth Barder Ginsburg

    Esther González-Hernández

    Profesora Titular de Derecho Constitucional. URJC (esther.gonzalez@urjc)

    El 19 de septiembre de 2020 empezaron a resonar unas iniciales que en España, costaba identificar: RGB. Mientras en Estados Unidos recorría el país la  noticia de que Ruth Bader Ginsburg, un icono de la lucha por la igualdad de sexos, y segunda mujer que accedía al Tribunal Supremo, había muerto víctimas de un cáncer pancreático.

    Ruth Bader Ginsburg fue mucho más que una jueza por su activismo por los derechos de la mujer en los setenta en los tribunales de Justicia, hasta el punto de convertirse en la década de los 80 en algo parecido a un icono para millones de mujeres, inspirando libros, películas (A cuestión of sex) y documentales, como “RGB”, nominado en los premios Oscar de 2018. Ella fue la responsable de que, en 1971, el Tribunal Supremo dictaminase que tratar de forma diferente a un hombre y a una mujer era inconstitucional a partir de una de sus demandas, como la del famoso Caso ‘Frontiero versus Richardson’.

    Fue propuesta para el Tribunal Supremo en 1993 por Bill Clinton, donde hasta entonces solo había una mujer (su amiga Sandra Day O'Connor), a pesar de la desconfianza que suscitaba en algunos sectores sociales más conservadores. Obtuvo del Senado americano noventa y votos a favor y solo uno en contra. En el Alto Tribunal continuó en su labor de defensa de igualdad de sexos y los derechos de las mujeres, como la decisión de 1996 que obligaba a una academia militar de Virginia a admitir mujeres.

    Son famosas sus notas de disentimiento cuando la mayoría más conservadora se imponía, y esto fue lo que disparó su popularidad, incluso entre las generaciones más jóvenes, hasta el punto de ser conocida como “The Notorious RBG”. El caso es que ese 19 de septiembre de 2020 las manifestaciones en recuerdo de RGB inundaron no solo las escaleras del Tribunal Supremo sino los medios de comunicación y redes sociales, hasta convertirse en trending topic en Twitter. Incluso la estatua ‘Niña sin miedo’ de Wall Street amaneció con un cuello de encaje, en homenaje tras el fallecimiento de la jueza.

     

     Pero, ¿Por qué con un cuello de encaje?

     

    Sin duda, ha sido la mujer de más carisma de las seis mujeres que, hasta la fecha, han sido jueces de esta Corte Suprema. Defensora a ultranza de los derechos de la mujer y feminista reconocida, sin embargo, había algo especial en ella, porque nunca renunció a su feminidad, que trasladó también a toga; una prenda pensada y diseñada en su época solo para hombres, pues solo los hombres impartían Justicia y que dejaba un espacio para que se viesen la camisa y la corbata";o las chorreras, cuando las camisas masculinas se adornaban de este modo.

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  • Elogio de la burocracia: sobre el debate en materia de oposiciones de empleados públicos

    | junio 16, 2021

    Foto entrada blog Elogio de la burocracia: sobre el debate en materia de oposiciones de empleados públicos
    José María de Luxán Meléndez

    Administrador Civil del Estado

    Vocal Asesor del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC)

    Al comenzar el siglo, Paul du Gay en su libro In praise of bureaucracy. Weber, Organization, Ethics, la versión española es de 2012, concluía que la democracia requiere del ethos burocrático que incluye “la posesión de la suficiente pericia, estatus e independencia para ofrecer un asesoramiento franco y sin temor en relación a la formulación e implementación de objetivos públicos claros, e intentar alcanzarlos de una manera imparcial y con energía, aunque sin entusiasmo. Son palabras que recuerdan al Maquiavelo de los Discursos, y con las que se puede enmarcar las orientaciones para el cambio en materia de selección en la administración general del Estado , que acaba de presentar el ministro Miquel Iceta, un demanda de largo recorrido, que nos pregunta si ¿tenemos un buen sistema para seleccionar a los empleados públicos?

    Hace unos meses, para algunos, la respuesta parecía tajante, por ejemplo Luis Villameriel, un alto funcionario de gran experiencia y valía personal, subrayaba que las oposiciones están anticuadas, no cumplen con sus objetivos, hay que modernizarlas, “no existe en España, afirma en su propuesta, una política pública de selección de los funcionarios superiores dirigida a atraer el talento a la Administración Pública”, y reclamaba en un libro muy interesante, un debate público que, por su propia naturaleza, debe sustanciarse en las Cortes Generales, un debate que permita trasladar el problema desde los funcionarios a los ciudadanos, para que desde el ámbito de la política pueda volver a la administración pública. Y otros, también un grupo de Administradores Civiles del Estado, entre ellos Carmen Blanco o Clara Mapelli, con un diagnostico quizás más pausado, plantearon en 2017, un conjunto de propuestas dirigidas a mejorar la capacidad de atracción y el desarrollo del talento en la Administración.

    La cuestión que se plantea -las oposiciones- tiene que ver con un problema de mayor envergadura, con el diseño de una política de empleo público, y de organización de los servicios públicos, en la que la selección de funcionarios parece anclada a las mismas pautas que permitieron la construcción del Estado liberal y el fomento de la sociedad industrial, procesos en los que la profesionalización de los cuerpos de funcionarios y su selección por mérito y capacidad, tuvieron un papel determinante.

    La profesionalización y la neutralidad, subrayó, Olías de Lima, “son fenómenos paralelos que implican… empleados o funcionarios públicos de quienes se requieren unos conocimientos técnicos apropiados y que acceden en procesos de selección objetivos”, que cristalizaron en nuestro sistema de oposiciones. Un modelo no exento de deficiencias que  han sido repetidamente advertidas por la Ciencia de la Administración. Baena del Alcázar, en 1985, resaltó que “los cuerpos de burócratas dominan los mecanismos de regulación del personal…a través de la convocatoria de las pruebas de ingreso”, y subraya que previamente a las decisiones del gobierno o del parlamento, se desarrolla una lucha entre los grupos burocráticos “ignorada e incomprendida por el público”, que conforma “la esencia misma de la dinámica del poder administrativo”. Unos años antes, en su libro de 1972, la crisis de las oposiciones, en un contexto socio-económico y jurídico-político sustancialmente distinto, Junquera resumía en tres los aspectos negativos del sistema de oposiciones: “El carácter puramente memorístico de las pruebas; La falta de profesionalidad y especialización los tribunales; Y la inadecuación entre los exámenes y las funciones”. Y casi 25 años después, las notas que caracterizan las oposiciones españolas, seguían siendo, resumía Gómez Rivas: “régimen competitivo, valoración exclusiva de las pruebas o exámenes y la preferencia derivada de la calificación”. Y en el mismo sentido, la Comisión de Expertos sobre el Estatuto Básico del Empleado Público, en 2005, afirmaba que “la imagen que se tiene de la oposición es la de un conjunto de pruebas esencialmente memorísticas, que a veces tienen poco que ver con el desempeño posterior del empleado público, y que dan lugar un procedimiento excesivamente formalizado y abstracto de selección, que exige largos periodos de estudio y preparación de los aspirantes”.

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  • SOBRE LA AUTONOMÍA LOCAL: CRÓNICA PARTICULAR DE UNA JORNADA PARTICULAR

    | junio 07, 2021
    Tribunal Constitucional de España

    Antonio Cidoncha Martín, Profesor contratado doctor de Derecho Constitucional Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

    Sobre la garantía constitucional de la autonomía local versó la jornada celebrada el 19 de mayo de 2021 en el CEPC y organizada por la Fundación “Democracia y Gobierno Local”. Fue una jornada particular, porque no se abordó la autonomía local en general, sino “un tema recurrente y dos cuestiones controvertidas” en relación con el “control de constitucionalidad” de la “dimensión local”. Este era su título: La dimensión local del control de constitucionalidad: un tema recurrente y dos cuestiones controvertidas.

    1. El “tema recurrente” fue la operatividad del conflicto en defensa de la autonomía local. Este proceso ante el Tribunal Constitucional (TC en adelante) no estaba previsto, ni en la Constitución (CE en adelante), ni en el texto originario de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC en adelante). Fue introducido mediante Ley Orgánica 37/1999, de 21 de abril, que lo ubicó dentro del título IV de la LOTC, relativo a los conflictos constitucionales. Con su introducción se dio satisfacción a una aspiración de diversos círculos municipalistas y de algún sector doctrinal: habilitar a las entidades locales una vía de acceso directo al TC para defender la autonomía local frente a las leyes (estatales y autonómicas) que la menoscabasen.

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  • Transparencia y gobierno abierto: premisas de partida y ejes de reforma

    | junio 01, 2021
     Imagen 'Un bote blanco' Joaquín Sorolla. 1905. Colección particular.

    "Un bote blanco" Joaquín Sorolla. 1905.
    Colección particular.

    Crónica del 1er seminario de expertos sobre el estado de la legislación y marco regulatorio de la ley de trasparencia y gobierno abierto

    Mónica Martínez López- Sáez, Investigadora GarcÍa Pelayo del CEPC

    El IV Plan de Gobierno Abierto ha sido el producto de esfuerzos a todos los niveles y la semilla de un nuevo marco de gobernanza pública más transparente y participativa. En palabras del propio plan, este pretende ser “más comprometido con la integridad pública” y “más cercano a la ciudadanía”. Contiene 10 compromisos y más de 100 iniciativas, siendo el primero de los compromisos precisamente la reforma del marco regulatorio de la transparencia, que incluye la aprobación del reglamento de transparencia y la reforma de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG).

    El compromiso institucional del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), en el marco del IV Plan de Gobierno Abierto, es propiciar el debate entre especialistas y la difusión y acciones divulgativas de la producción científica en torno a la transparencia y buen gobierno. Así, el CEPC se ha comprometido a patrocinar y dar cobertura, entre otras actividades, a cuatro seminarios sobre el estado de la legislación en materia de transparencia, sobre las resoluciones de órganos administrativos y judiciales y sobre nuevas tecnologías y Administración pública.

    Precisamente el primer seminario sobre el estado de la legislación y marco regulatorio de la LTAIPBG se celebró de manera semipresencial en el CEPC el pasado 17 de mayo, coincidiendo, además, con la apertura de la Semana de la Administración Abierta. En esta ocasión se contó con Concepción Barrero (Universidad de Sevilla), Agustí Cerrillo i Martínez (Universitat Oberta de Catalunya), Lorenzo Cotino Hueso (Universitat de València), Mónica Martínez López-Sáez (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que firma esta crónica), Juli Ponce Solé (Universitat de Barcelona), María Zambonino Pulito (Universidad de Cádiz) y Javier Bermúdez Sánchez (Universidad Autónoma de Madrid), que, además, ha sido el coordinador de la actividad.

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  • “Una mirada hacia abajo” en materia de política pública de Vivienda.

    | abril 18, 2021
    Vanderbuilt Lunette, Study for Glass John La Farge (American, 1835-1910).  Courtesy of Indianapolis Museum of Art at Newfields.

    Vanderbuilt Lunette, Study for Glass John La Farge (American, 1835-1910).
    Courtesy of Indianapolis Museum of Art at Newfields.

    Crónica del Seminario sobre el Derecho a la Vivienda organizado en el CEPC en abril 2021.


    Juan Antonio Chinchilla Peinado, Profesor Titular de Derecho Administrativo UAM (Universidad Autónoma de Madrid).

    El 15 de abril de 2021, el mismo día que se ha conocido la decisión del Tribunal Constitucional Alemán declarando inconstitucional la ley que limita el precio de los alquileres en Berlín, se ha celebrado el Seminario (en línea) “Problemas actuales del derecho a la vivienda”, coordinado por Miguel Beltrán de Felipe, con una notable asistencia de público y donde han intervenido algunos de los más reputados especialistas en este ámbito.

    La intervención inicial del Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla- La Mancha, Miguel Beltrán de Felipe, tuvo objetivo como destacar el relativo y limitado papel funcional de los juristas en este ámbito, destinado a traducir a reglas las distintas opciones políticas o económicas, aclarando que el seminario no giraba sobre la regulación de la futura Ley estatal del derecho a la vivienda. En esta ponencia introductoria se identificó como había sido concebido como un falso problema (o al menos, mal enfocado) la debilidad de la política pública de vivienda, ante la gran inversión privada en vivienda, con una gran oferta de vivienda construida, superior a la demanda real. Sólo a partir de la crisis, económica e inmobiliaria, y la realidad de los desahucios y de los problemas para hacer frente a las hipotecas contratadas, comienzan a adoptarse medidas públicas, fundamentalmente a través de las normas autonómicas que permiten la expropiación del uso de las viviendas. Hoy este problema se enfrenta a nuevos retos, como son la subida del precio de los alquileres y la figura de las viviendas turísticas. Todo ello oculta la debilidad de la política pública de vivienda: escaso parque de vivienda pública en alquiler y mínima inversión pública, erróneas o fracasadas políticas (agencia pública de alquiler, la Sareb y su ingeniería financiera… etc). Afirmó que la respuesta no puede estar en una «mirada hacia arriba», hacía la Constitución, los Estatutos de Autonomía o los Tribunales europeos. La clave, a su juicio, debe encontrarse en una «mirada hacia abajo», en las ayudas públicas, en las reglas urbanísticas que posibiliten un parque público de vivienda y su eficaz gestión. Constató, finalmente, como la realidad es que en España sobran viviendas, existiendo muchas viviendas desocupadas, a la vez que muchas personas no tienen acceso a una vivienda asequible para sus ingresos, que demandan una solución que la política pública de vivienda pueda y deba solucionar.

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  • La enseñanza de los derechos humanos: prácticas y recursos

    | abril 09, 2021
    Imagen blog La enseñanza de los derechos humanos: prácticas y recursos

    Crónica del encuentro del Grupo de Innovación docente del XVIII Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España

    Maria Ballester Cardell (profesora contratada doctora de Derecho Constitucinal de la Universitat de les Illes Balears)

    Aunque la pertinaz crisis sanitaria ha hecho que cambie el formato del XVIII Congreso de la Asociación de constitucionalistas de España, celebrado en línea los días 11 y 12 de marzo de 2021, se ha mantenido sin embargo que su primera actividad, antes incluso de la inauguración formal, sea este encuentro del Grupo de Innovación docente, iniciativa impulsada hace ya más de una década para debatir sobre nuevas y renovadas metodologías en la enseñanza del Derecho constitucional.

    También como en años anteriores, la jornada sobre innovación docente se estructura a partir de tres ponencias generales que, en este caso, se centran en la enseñanza de los derechos humanos. Esta materia fue abordada por Eva Massa Arranz (coordinadora de proyectos del Consejo de Europa), Fernando Pérez Domínguez (profesor contratado doctor de Derecho Constitucional de la Universidad de Huelva) y Adoración Galera Victoria (profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada). De la coordinación y moderación se encargan Carmen Montesinos Padilla y Cristina Pérez Sánchez (ambas profesoras de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid).

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  • Educación y libertades educativas

    | abril 09, 2021
    Imagen blog Educación y libertades educativas

    Crónica de la mesa 2 del XVIII Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España

    Ángel Aday Jiménez Alemán (profesor contratado doctor interino de Derecho Constitucional de la Universidade de Vigo).

    El XVIII Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España, dedicado a “Educación y Libertades en la democracia constitucional”, tuvo lugar en formato virtual durante los días 11 y 12 de marzo de 2021, tras su aplazamiento debido a la crisis sanitaria por la COVID-19. Fue organizado por la Universidad de Oviedo junto con la colaboración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Su Mesa 2, bajo el título “Educación y libertades educativas” y la coordinación de la profesora Cristina Rodríguez Coarasa (profesora titular de universidad en la Universidad Rey Juan Carlos) tuvo por objeto el análisis de diversas cuestiones alrededor de la correlación entre el derecho a la educación y las libertades educativas, muy candentes tras la reciente modificación de la Ley Orgánica de Educación, como el encaje constitucional de la educación diferenciada, la supresión de la demanda social o la exención frente a contenidos educativos. La sesión contó con la ponencia de Pablo Nuevo López (Profesor de la Universitat Abat Oliba CEU Barcelona) y la contraponencia de Ana Valero Heredia (Profesora titular de la Universidad de Castilla La Mancha), además de diez comunicaciones presentadas por Guillermo Escobar Roca (Universidad de Alcalá de Henares) y Luis Villacorta Mancebo (Universidad de Cantabria), Luis Miguel González de la Garza (Universidad Nacional de Educación a Distancia), María Macías Jara (Universidad de Alcalá de Henares), Francisco Valiente Martínez (Universidad Pontificia Comillas); Vanessa Monterroza Baleta (Universidad Autónoma de Madrid), Julia Martínez-Candado (Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir), Mariano Vivancos (Universitat de València), Irene Correas Sosa (Universidad San Pablo CEU), Victor Rubio Sabater (Universitat de València) y Fernando de los Santos Menéndez (Universidad Autónoma de Madrid).

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  • Fines de la educación y democracia constitucional

    | marzo 26, 2021

    Crónica de la mesa 1 del XVIII Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España

    Imagen García de Miranda, Juan. 1735. La educación de Santa Teresa. Óleo sobre lienzo. Museo del Prado

    García de Miranda, Juan. 1735. La educación de Santa Teresa.
    Óleo sobre lienzo. Museo del Prado

    Juan José Ruiz Ruiz (profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén)

    La sesión se inició con una intervención del moderador, Antonio López Castillo, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, para plantear algunos puntos de reflexión, resaltando que el contenido de esta mesa toca el punto central del derecho a la educación, al que no vale aproximarse solo con libertad e igualdad, sino también desde la democracia en la Constitución y la democracia constitucional, lo cual tiene implicaciones sobre cómo abordar los fines. También hay que preguntarse en qué medida hay un elemento de dinamicidad en la concreción de esos fines. Existe además una connotación sustantiva y no solo de orden formal que tiene que ver con el art. 1.1 CE, con el art. 10.1 CE y con otras proyecciones a lo largo del texto constitucional. En cuanto a la relación entre medios y fines, no solo hay que tener en cuenta las notas materiales sino también otras perspectivas, como los lenguajes en la enseñanza, lo que afecta tanto a las materias que tienen su propio lenguaje (lengua, matemáticas, etc.) como a algunas complementarias (cuando se forma en capacidades relativas al juego o cuando se desarrollan actividades deportivas), sin olvidar que la formación en el lenguaje informático sigue estando pendiente.

    En cuanto a la ponencia de Fernando Rey, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, advierte que su reflexión sobre el derecho fundamental a la educación está en gran medida suscitada por su experiencia como consejero de Educación en Castilla y León durante cuatro años y por su perspectiva metodológica de un Derecho constitucional realista muy atento a los problemas concretos. Califica el artículo 27.2 sobre las finalidades de la educación como uno de los más hermosos y sugerentes de la Constitución, aunque con algunas redundancias (“personalidad humana”, "derechos y libertades"), sin olvidar que es una copia del art. 26.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que denota una falta de originalidad en el constituyente español.

    Cabría no obstante añadir un cuarto principio a los tres que actualmente enuncia el art. 27.2 si en un futuro tuviera lugar una reforma constitucional, el de responsabilidad, solidaridad y de respeto propio, hacia los demás y hacia la naturaleza, aunque se encuentra ya implícito sin duda en la convivencia democrática como finalidad de la educación. El concepto clásico de justicia distributiva remite a un balance entre lo que se recibe de la comunidad (aspecto muy destacado en el art. 27.2) y lo que se aporta a la comunidad (que solo de manera muy tácita se advierte en la actual redacción del precepto).

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  • Educación e igualdad. Dos visiones generales y una solución conciliadora desde la igualdad y la libertad

    | marzo 24, 2021

    Crónica de la mesa 3 del XVIII Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España

    Imagen de  LA DISPUTA CON LOS DOCTORES EN EL TEMPLO Paolo Veronés, Museo Nacional del Prado de Madrid

    LA DISPUTA CON LOS DOCTORES EN EL TEMPLO
    Paolo Veronés, Museo Nacional del Prado de Madrid

    Mónica Martínez López-Sáez (investigadora García Pelayo del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales)

    El XVIII Congreso de la ACE celebrado los pasados días 11 y 12 de marzo de manera virtual ha sido un encuentro académico enriquecedor y absolutamente necesario. En él no sólo se han reflejado los desafíos que presenta el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, entre otros vinculados al art. 27 de nuestra Carta Magna, sino que también ha ofrecido reflexiones adicionales y propuestas hermenéuticas y de regulación sobre ellos. En el caso de la Mesa 3, titulada Educación e Igualdad, a cargo de María del Mar Navas (Universidad de Málaga) como ponente, Carlos Vidal Prado (Universidad Nacional de Educación a Distancia) como contraponente, bajo la coordinación de Octavio Salazar (Universidad de Córdoba), la igualdad ha sido pieza clave y, como se ha podido observar al hilo del resto de intervenciones, tema trasversal del Congreso. Como bien apunta Salazar en la presentación de esta mesa, la educación y la igualdad son dos de las grandes cuestiones en clave iusfundamental y dos elementos rectores de las propias esencias de los Estados constitucionales.

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  • “Educación en/para la libertad y la igualdad: un diálogo necesario”

    | marzo 22, 2021

    imagen collage - “Educación en/para la libertad y la igualdad: un diálogo necesario”Miguel Ángel Presno Linera, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo.

    Los pasados 11 y 12 de febrero de 2021 se celebró, de forma telemática, el XVIII Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España organizado por las Áreas de Derecho Constitucional de las Universidades de Oviedo y de la UNED y que versó sobre “Educación y Libertades en la democracia constitucional”. La coordinación académica corrió a cargo de los profesores Francisco J. Bastida Freijedo y Benito Aláez Corral, ambos catedráticos de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, y la parte técnica la asumieron los profesores Fernando Reviriego Picón, profesor Titular de Derecho Constitucional de la UNED, y Pablo J. Guerrero Vázquez, profesor Contratado Doctor de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza.

    La ponencia general fue coordinada por la profesora Yolanda Gómez Sánchez, catedrática de Derecho constitucional de la UNED y Directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y en ella intervinieron el profesor Benito Aláez y Amaya Úbeda Torres, Letrada del Consejo de Europa y docente de Derecho Internacional y de derechos humanos en varias universidades,  excusando su asistencia por motivos sobrevenidos el profesor Alfonso Fernández Miranda. Dicha ponencia general adoptó la fórmula de un debate ágil y dinámico respondiendo así, en la práctica, al propio título asignado: “Educación en/para la libertad y la igualdad: un diálogo necesario”.

    La coordinadora empezó presentando la sesión aludiendo al marco constitucional y europeo del derecho a la educación, incidiendo en su relevancia para la construcción de una democracia avanzada pero también llamó la atención sobre los frecuentes cambios legales experimentados por las normas de desarrollo del artículo 27 de la Constitución española (CE).

    La primera cuestión suscitada por la profesora Yolanda Gómez fue la relativa a la conceptualización del propio derecho fundamental a la educación; para el profesor Aláez, y una vez descartado el uso de la teoría de la ponderación a efectos dogmáticos, no cabe duda de que nos encontramos ante un derecho “complejo”, cuya interpretación unitaria ha sido avalada por la jurisprudencia constitucional y europea, y que debe ser objeto de delimitación para conocer el alcance de los fines del derecho, las prestaciones que implica y las facultades correspondientes a los poderes públicos con competencias en la materia. Insistió Benito Aláez en que se trata de un derecho que incluye facultades, mandatos y habilitaciones guiados por el objetivo común que marca el artículo 27.2: el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

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  • ¿Se puede restringir derechos a quienes no tengan pasaporte de vacunación? Tres escenarios

    | marzo 17, 2021

    Entrada blog - ¿Se puede restringir derechos a quienes no tengan pasaporte de vacunación? Tres escenariosLorenzo Cotino Hueso (Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia)(*)

    Un pasaporte de inmunidad sería un documento digital o físico que certifica que una persona ha sido infectada y supuestamente es inmune al SARS-CoV-2. Y, por lo que más interesa, un pasaporte de vacunación implicaría que la persona ha recibido la-s vacunaciones suficientes para ser inmune.

    Se trata de valorar los elementos básicos de la constitucionalidad de que la carencia de estos pasaportes implique tratos diferentes y, en especial, restricciones de movilidad, circulación, reunión, diferente acceso y régimen laboral, acceso al transporte, a lugares o establecimientos, etc.

    Como se ha dicho, “la inmunidad al COVID-19 es un misterio”. El único informe oficial sobre el tema, del Consejo Alemán de Ética de febrero de 2021 señala que no deben tomarse decisiones mientras no se demuestre que los vacunados son menos infectivos, pues reconocerles mayores libertades y movilidad haría de  los vacunados un foco de infección para el resto.

    Primer escenario. Es relativamente fácil exigir un pasaporte de vacunación o de inmunidad para la realización de viajes entre países. La OMS desde hace meses “no recomienda” este uso de los pasaportes de vacunación por el desconocimiento e incertidumbre. El Foro Económico Mundial trabaja un CommonPass que facilite los viajes internacionales o el IBM Digital Health para transporte, trabajo, deportes y establecimientos, con un sistema basado en Blockchain y con privacidad. Bajo las propuestas de España o Grecia, el 1 de marzo la Presidenta de la Comisión Europea confirmó que va a regularse en la UE  y el espacio Schengen un certificado “Green pass” con “fines médicos” y que facilite “carriles verdes” para la circulación transfronteriza, subrayando los elementos de la necesaria interoperabilidad electrónica y privacidad.

    Pues bien, esta exigencia de documentación para el tránsito transfronterizo jurídicamente presenta menos problemas. Son medidas respecto de las que la discrecionalidad de los Estados es muy grande y las compañías de transporte deben someterse a lo que indiquen las autoridades de los países a los que se quiere viajar. Además el artículo 31 del Reglamento Sanitario Internacional (2005) de la OMS permite exigir, “un examen médico, la vacunación u otras medidas profilácticas, o certificado de vacunación o prueba de la aplicación de otras medidas profilácticas”. En el caso de negarse a dichas medidas, puede denegarse la entrada.

    Ello no obsta para que surjan no pocas cuestiones jurídicas por su idoneidad, eficacia, por su correcta instrumentación y la afectación a derechos, especialmente la privacidad.

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  • Laicidad asediada: legalismo religioso italiano en tiempos de populismo

    | marzo 15, 2021
    Pie de foto: Propaganda política y uso instrumental de la religión (Fuente: Il Foglio, 18 giugno 2018)

    Propaganda política y uso instrumental de la religión (Fuente: Il Foglio, 18 giugno 2018)

    Paola Chiarella, Universidad de la Magna Graecia, Catanzaro (Italia)

    Senior Researcher en Filosofía del Derecho

    La laicidad es un principio característico de la cultura jurídica europea a partir de la modernidad y, en particular, desde el punto de inflexión que tiene lugar con el humanismo jurídico hasta su consolidación más madura de la Ilustración. A partir de esta época, la fuente de legitimidad de la ley y de la política se encuentra progresivamente en razones seculares, que ya no tienen la carga de las hipotecas teológicas. La neutralidad religiosa del Estado, lejos de ser blasfema, se convierte en un elemento ineludible de la convivencia civil.

     La laicidad es alcanzada por una especie de “agotamiento” causado por las guerras religiosas. A partir de la Reforma Protestante, la religión se había convertido en un factor mortal y la necesidad de poner fin a esta emergencia llevó a Grocio a teorizar la primera fórmula de la laicidad en una hipótesis experimental: tratemos de pensar “etsi Deus non daretur aut non curari ab eo negotia umana” en la creencia de que la distinción entre el bien y el mal es conocible independientemente de la sensibilidad religiosa o de la revelación de las Sagradas Escrituras. Los resultados correctos en términos de justicia se obtienen con la misma certeza de un cálculo matemático, de modo que Dios no puede alterar la suma de dos más dos, ni el sentido de la justicia, reconocible por cada ser racional.

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  • El Madrid de Azaña

    | marzo 08, 2021
    azaña y madrid

    Javier Tajadura Tejada es profesor de Derecho Constitucional de la UPV-EHU

    El último volumen de la colección “Clásicos del pensamiento político”: “Azaña y Madrid” de Antonio Pau (Tecnos, Madrid, 2021), constituye una excepción en la línea editorial de la misma que -como recuerda su director, Eloy García- “aspira a propiciar la relectura de libros escritos y no secretamente soñados”. Azaña no escribió ningún libro sobre Madrid. Tan sólo dejó unas pocas páginas de amena lectura incluidas al final de esta obra. Ahora bien, en el noble y ambicioso proyecto político de modernización de España defendido por Manuel Azaña, Madrid ocupaba un lugar destacado. Como subraya Eloy García, Azaña “quiso hacer de Madrid y su entorno la capital de la República, es decir, una ciudad moderna que impulsara la vida cívica”. Aunque Azaña no llegó a escribir un libro sobre Madrid, pensó y amó la ciudad en la que se desarrollaron los principales episodios de su biografía y en la que vivió horas muy felices y otras muy amargas.

    El hermoso libro que ha escrito Antonio Pau reconstruye magistralmente las dos dimensiones del Madrid de Azaña: el vivido y el soñado. Por un lado, Pau nos muestra no solo los múltiples domicilios del estadista republicano, sino todos aquellos lugares en los que se forjó como intelectual y político: el Ateneo, la Academia, los diferentes cafés en cuyas tertulias participó, los palacios de Buenavista y de Oriente, etc. Por otro, el libro expone los proyectos de modernización de Madrid que Azaña concibió e impulsó. Algunos de los cuales -como la estación de Chamartín y el corredor ferroviario con Atocha- no culminarían hasta pasados más de un cuarto de siglo de su muerte. Finalmente, y esta es otra de las principales virtudes del libro, tanto a la hora de mostrarnos el Madrid vivido como el soñado por Azaña, Antonio Pau capta y transmite la singular, aparentemente contradictoria, pero asombrosamente moderna y actual, sensibilidad de Azaña respecto a la gran ciudad. Sensibilidad que se traduce en una determinada concepción del desarrollo urbano, de extensión ordenada y racional de la ciudad, compatible con la defensa incondicionada del patrimonio histórico y natural de aquella. Su constante preocupación por los montes de El Pardo constituye el mejor testimonio de ello. A Azaña le gustaba recordar la anécdota del Rey Carlos III que frente a un árbol en el camino de El Pardo se preguntaba: “Cuando yo muera (…), ¿quién cuidará de ti, pobre arbolito?”.

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  • El fin del ‘voto rogado’: una salida tardía y necesaria para millones de residentes en el extranjero con nacionalidad española

    | febrero 25, 2021
    No es siempre bueno el rigor. Cuaderno E, 13, c. 1816-1820

    No es siempre bueno el rigor. Cuaderno E, 13, c. 1816-1820

    Francisco J. de Goya y Lucientes. Museo del Prado.

    José Luis Mateos Crespo

    La importancia del voto exterior en nuestro sistema electoral está relacionada con la tradición de España como país de emigrantes a lo largo de nuestra historia, sobre todo, en periodos convulsos como consecuencia de crisis políticas o económicas. Uno de los periodos de mayor emigración en tiempos recientes tuvo lugar durante los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, en plena dictadura franquista, lo que resultó determinante para el reconocimiento del derecho al sufragio de españoles residentes en el extranjero en la Constitución española de 1978. Atendiendo a la realidad migratoria, y al igual que en textos constitucionales de otros países, el constituyente español incorporó en el artículo 68.5 CE el mandato dirigido al legislador y al Estado para, respectivamente, reconocer y facilitar el derecho de sufragio a los residentes en el exterior. Este artículo de la Carta Magna debe ser relacionado, entre otros, con el artículo 23 CE que reconoce el derecho fundamental a la participación política. La fuerte vinculación entre nacionalidad y los derechos de ciudadanía impregnaron la redacción del texto constitucional, aun cuando surgen con frecuencia debates sobre si no sería más pragmático limitar la participación política a través del voto únicamente sobre la base de la vinculación por vecindad y no por nacionalidad, algo que afortunadamente en el caso español quedó bien resuelto en 1978. 

    La problemática a la hora de concretar el mandato constitucional respecto al voto de residentes españoles en el extranjero reside en las numerosas dificultades técnicas para articular un sistema de votación efectivamente garantista a cientos o miles de kilómetros de distancia, lo que se convierte a menudo en una tarea hercúlea. El legislador español incorporó en la LOREG originaria una regulación del voto de los españoles en el extranjero para su ejercicio con flexibilidad que, sin embargo, no satisfacía completamente las debidas garantías en la emisión del voto. La mayoría de los problemas estaban relacionados con la formación y actualización del censo electoral de españoles en el extranjero y con las garantías para el ejercicio del derecho del voto por las personas que efectivamente integran este censo. En este sentido, los residentes en el extranjero con nacionalidad española integran el censo de españoles residentes ausentes (CERA), cuya inscripción debe ser realizada a instancia de parte ante el consulado español correspondiente, una dificultad que aún permanece porque la actualización del CERA depende, en gran medida, de la voluntad de los residentes en el extranjero para proceder a su inscripción en el mismo. No obstante, a pesar de las dificultades para asegurar un registro cierto y actualizado, la cifra de personas inscritas es significativa, de modo que, según los últimos datos del INE a fecha 1 de enero de 2021, había 2.182.862 españoles inscritos en el CERA, una cifra que se ha incrementado en los últimos años por el aumento de españoles en el extranjero como consecuencia de la crisis económica iniciada en el año 2008.

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  • La integración de los retornados en Kosovo y Bosnia Herzegovina.

    | febrero 22, 2021
    Imagen Angela_Hennig_Kosovo_Ferizaj_2008 free of rightsAna M. Jara Gómez. Profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad de Granada.

    En lo que se refiere a personas que retornan a sus lugares de origen tras un conflicto armado, los casos de Kosovo y Bosnia Herzegovina son marcadamente diferentes y a la vez parecidos y son relevantes por el elevado número de personas que fueron desplazadas por los conflictos, por el carácter identitario de los desplazamientos y porque sus cambios políticos, tras esos conflictos, son enormes y reconfiguran el mapa de Europa.

    En ambos caso era imposible retornar a una sociedad yugoslava que no volvería a existir, a los seres que una vez la habitaron o a los lugares y edificaciones que conformaban el paisaje antes de la guerra. Este hecho causa en los desplazados y retornados un sentimiento de nostalgia y tensión asimilable a vivir en el limbo, sin saber dónde estarán en el futuro, si encontrarán su hogar tal y como lo entendían y sin control ni poder sobre ninguno de estos elementos, que resultan para ellos impredecibles.

    Se había de volver, en casi todos los casos, a las penurias propias del tiempo de posguerra, y, en otros muchos casos, a un territorio ahora conquistado y ocupado por el enemigo tras innumerables masacres, campos de violaciones brutales y crímenes de toda clase.

    Las penurias propias de este tiempo de posguerra en los Balcanes eran, y siguen siendo, sobre todo, económicas.

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