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Blog del CEPC 

Este blog es un espacio para el diálogo y debate de la comunidad intelectual del CEPC, la cual se extiende más allá del continente europeo y abarca varias generaciones de profesores, investigadores y profesionales de diferentes disciplinas concernidas por el estudio y análisis jurídico, político y social de la realidad actual y de su evolución histórica.

Las opiniones expresadas en las entradas del blog son de exclusiva responsabilidad de quien las firma, y no son compartidas necesariamente por el CEPC.

  • La enseñanza de los derechos humanos: prácticas y recursos

    | abril 09, 2021
    Imagen blog La enseñanza de los derechos humanos: prácticas y recursos

    Crónica del encuentro del Grupo de Innovación docente del XVIII Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España

    Maria Ballester Cardell (profesora contratada doctora de Derecho Constitucinal de la Universitat de les Illes Balears)

    Aunque la pertinaz crisis sanitaria ha hecho que cambie el formato del XVIII Congreso de la Asociación de constitucionalistas de España, celebrado en línea los días 11 y 12 de marzo de 2021, se ha mantenido sin embargo que su primera actividad, antes incluso de la inauguración formal, sea este encuentro del Grupo de Innovación docente, iniciativa impulsada hace ya más de una década para debatir sobre nuevas y renovadas metodologías en la enseñanza del Derecho constitucional.

    También como en años anteriores, la jornada sobre innovación docente se estructura a partir de tres ponencias generales que, en este caso, se centran en la enseñanza de los derechos humanos. Esta materia fue abordada por Eva Massa Arranz (coordinadora de proyectos del Consejo de Europa), Fernando Pérez Domínguez (profesor contratado doctor de Derecho Constitucional de la Universidad de Huelva) y Adoración Galera Victoria (profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada). De la coordinación y moderación se encargan Carmen Montesinos Padilla y Cristina Pérez Sánchez (ambas profesoras de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid).

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  • Educación y libertades educativas

    | abril 09, 2021
    Imagen blog Educación y libertades educativas

    Crónica de la mesa 2 del XVIII Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España

    Ángel Aday Jiménez Alemán (profesor contratado doctor interino de Derecho Constitucional de la Universidade de Vigo).

    El XVIII Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España, dedicado a “Educación y Libertades en la democracia constitucional”, tuvo lugar en formato virtual durante los días 11 y 12 de marzo de 2021, tras su aplazamiento debido a la crisis sanitaria por la COVID-19. Fue organizado por la Universidad de Oviedo junto con la colaboración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Su Mesa 2, bajo el título “Educación y libertades educativas” y la coordinación de la profesora Cristina Rodríguez Coarasa (profesora titular de universidad en la Universidad Rey Juan Carlos) tuvo por objeto el análisis de diversas cuestiones alrededor de la correlación entre el derecho a la educación y las libertades educativas, muy candentes tras la reciente modificación de la Ley Orgánica de Educación, como el encaje constitucional de la educación diferenciada, la supresión de la demanda social o la exención frente a contenidos educativos. La sesión contó con la ponencia de Pablo Nuevo López (Profesor de la Universitat Abat Oliba CEU Barcelona) y la contraponencia de Ana Valero Heredia (Profesora titular de la Universidad de Castilla La Mancha), además de diez comunicaciones presentadas por Guillermo Escobar Roca (Universidad de Alcalá de Henares) y Luis Villacorta Mancebo (Universidad de Cantabria), Luis Miguel González de la Garza (Universidad Nacional de Educación a Distancia), María Macías Jara (Universidad de Alcalá de Henares), Francisco Valiente Martínez (Universidad Pontificia Comillas); Vanessa Monterroza Baleta (Universidad Autónoma de Madrid), Julia Martínez-Candado (Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir), Mariano Vivancos (Universitat de València), Irene Correas Sosa (Universidad San Pablo CEU), Victor Rubio Sabater (Universitat de València) y Fernando de los Santos Menéndez (Universidad Autónoma de Madrid).

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  • Fines de la educación y democracia constitucional

    | marzo 26, 2021

    Crónica de la mesa 1 del XVIII Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España

    Imagen García de Miranda, Juan. 1735. La educación de Santa Teresa. Óleo sobre lienzo. Museo del Prado

    García de Miranda, Juan. 1735. La educación de Santa Teresa.
    Óleo sobre lienzo. Museo del Prado

    Juan José Ruiz Ruiz (profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén)

    La sesión se inició con una intervención del moderador, Antonio López Castillo, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, para plantear algunos puntos de reflexión, resaltando que el contenido de esta mesa toca el punto central del derecho a la educación, al que no vale aproximarse solo con libertad e igualdad, sino también desde la democracia en la Constitución y la democracia constitucional, lo cual tiene implicaciones sobre cómo abordar los fines. También hay que preguntarse en qué medida hay un elemento de dinamicidad en la concreción de esos fines. Existe además una connotación sustantiva y no solo de orden formal que tiene que ver con el art. 1.1 CE, con el art. 10.1 CE y con otras proyecciones a lo largo del texto constitucional. En cuanto a la relación entre medios y fines, no solo hay que tener en cuenta las notas materiales sino también otras perspectivas, como los lenguajes en la enseñanza, lo que afecta tanto a las materias que tienen su propio lenguaje (lengua, matemáticas, etc.) como a algunas complementarias (cuando se forma en capacidades relativas al juego o cuando se desarrollan actividades deportivas), sin olvidar que la formación en el lenguaje informático sigue estando pendiente.

    En cuanto a la ponencia de Fernando Rey, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, advierte que su reflexión sobre el derecho fundamental a la educación está en gran medida suscitada por su experiencia como consejero de Educación en Castilla y León durante cuatro años y por su perspectiva metodológica de un Derecho constitucional realista muy atento a los problemas concretos. Califica el artículo 27.2 sobre las finalidades de la educación como uno de los más hermosos y sugerentes de la Constitución, aunque con algunas redundancias (“personalidad humana”, "derechos y libertades"), sin olvidar que es una copia del art. 26.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que denota una falta de originalidad en el constituyente español.

    Cabría no obstante añadir un cuarto principio a los tres que actualmente enuncia el art. 27.2 si en un futuro tuviera lugar una reforma constitucional, el de responsabilidad, solidaridad y de respeto propio, hacia los demás y hacia la naturaleza, aunque se encuentra ya implícito sin duda en la convivencia democrática como finalidad de la educación. El concepto clásico de justicia distributiva remite a un balance entre lo que se recibe de la comunidad (aspecto muy destacado en el art. 27.2) y lo que se aporta a la comunidad (que solo de manera muy tácita se advierte en la actual redacción del precepto).

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  • Educación e igualdad. Dos visiones generales y una solución conciliadora desde la igualdad y la libertad

    | marzo 24, 2021

    Crónica de la mesa 3 del XVIII Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España

    Imagen de  LA DISPUTA CON LOS DOCTORES EN EL TEMPLO Paolo Veronés, Museo Nacional del Prado de Madrid

    LA DISPUTA CON LOS DOCTORES EN EL TEMPLO
    Paolo Veronés, Museo Nacional del Prado de Madrid

    Mónica Martínez López-Sáez (investigadora García Pelayo del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales)

    El XVIII Congreso de la ACE celebrado los pasados días 11 y 12 de marzo de manera virtual ha sido un encuentro académico enriquecedor y absolutamente necesario. En él no sólo se han reflejado los desafíos que presenta el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, entre otros vinculados al art. 27 de nuestra Carta Magna, sino que también ha ofrecido reflexiones adicionales y propuestas hermenéuticas y de regulación sobre ellos. En el caso de la Mesa 3, titulada Educación e Igualdad, a cargo de María del Mar Navas (Universidad de Málaga) como ponente, Carlos Vidal Prado (Universidad Nacional de Educación a Distancia) como contraponente, bajo la coordinación de Octavio Salazar (Universidad de Córdoba), la igualdad ha sido pieza clave y, como se ha podido observar al hilo del resto de intervenciones, tema trasversal del Congreso. Como bien apunta Salazar en la presentación de esta mesa, la educación y la igualdad son dos de las grandes cuestiones en clave iusfundamental y dos elementos rectores de las propias esencias de los Estados constitucionales.

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  • “Educación en/para la libertad y la igualdad: un diálogo necesario”

    | marzo 22, 2021

    imagen collage - “Educación en/para la libertad y la igualdad: un diálogo necesario”Miguel Ángel Presno Linera, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo.

    Los pasados 11 y 12 de febrero de 2021 se celebró, de forma telemática, el XVIII Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España organizado por las Áreas de Derecho Constitucional de las Universidades de Oviedo y de la UNED y que versó sobre “Educación y Libertades en la democracia constitucional”. La coordinación académica corrió a cargo de los profesores Francisco J. Bastida Freijedo y Benito Aláez Corral, ambos catedráticos de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, y la parte técnica la asumieron los profesores Fernando Reviriego Picón, profesor Titular de Derecho Constitucional de la UNED, y Pablo J. Guerrero Vázquez, profesor Contratado Doctor de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza.

    La ponencia general fue coordinada por la profesora Yolanda Gómez Sánchez, catedrática de Derecho constitucional de la UNED y Directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y en ella intervinieron el profesor Benito Aláez y Amaya Úbeda Torres, Letrada del Consejo de Europa y docente de Derecho Internacional y de derechos humanos en varias universidades,  excusando su asistencia por motivos sobrevenidos el profesor Alfonso Fernández Miranda. Dicha ponencia general adoptó la fórmula de un debate ágil y dinámico respondiendo así, en la práctica, al propio título asignado: “Educación en/para la libertad y la igualdad: un diálogo necesario”.

    La coordinadora empezó presentando la sesión aludiendo al marco constitucional y europeo del derecho a la educación, incidiendo en su relevancia para la construcción de una democracia avanzada pero también llamó la atención sobre los frecuentes cambios legales experimentados por las normas de desarrollo del artículo 27 de la Constitución española (CE).

    La primera cuestión suscitada por la profesora Yolanda Gómez fue la relativa a la conceptualización del propio derecho fundamental a la educación; para el profesor Aláez, y una vez descartado el uso de la teoría de la ponderación a efectos dogmáticos, no cabe duda de que nos encontramos ante un derecho “complejo”, cuya interpretación unitaria ha sido avalada por la jurisprudencia constitucional y europea, y que debe ser objeto de delimitación para conocer el alcance de los fines del derecho, las prestaciones que implica y las facultades correspondientes a los poderes públicos con competencias en la materia. Insistió Benito Aláez en que se trata de un derecho que incluye facultades, mandatos y habilitaciones guiados por el objetivo común que marca el artículo 27.2: el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

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  • ¿Se puede restringir derechos a quienes no tengan pasaporte de vacunación? Tres escenarios

    | marzo 17, 2021

    Entrada blog - ¿Se puede restringir derechos a quienes no tengan pasaporte de vacunación? Tres escenariosLorenzo Cotino Hueso (Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia)(*)

    Un pasaporte de inmunidad sería un documento digital o físico que certifica que una persona ha sido infectada y supuestamente es inmune al SARS-CoV-2. Y, por lo que más interesa, un pasaporte de vacunación implicaría que la persona ha recibido la-s vacunaciones suficientes para ser inmune.

    Se trata de valorar los elementos básicos de la constitucionalidad de que la carencia de estos pasaportes implique tratos diferentes y, en especial, restricciones de movilidad, circulación, reunión, diferente acceso y régimen laboral, acceso al transporte, a lugares o establecimientos, etc.

    Como se ha dicho, “la inmunidad al COVID-19 es un misterio”. El único informe oficial sobre el tema, del Consejo Alemán de Ética de febrero de 2021 señala que no deben tomarse decisiones mientras no se demuestre que los vacunados son menos infectivos, pues reconocerles mayores libertades y movilidad haría de  los vacunados un foco de infección para el resto.

    Primer escenario. Es relativamente fácil exigir un pasaporte de vacunación o de inmunidad para la realización de viajes entre países. La OMS desde hace meses “no recomienda” este uso de los pasaportes de vacunación por el desconocimiento e incertidumbre. El Foro Económico Mundial trabaja un CommonPass que facilite los viajes internacionales o el IBM Digital Health para transporte, trabajo, deportes y establecimientos, con un sistema basado en Blockchain y con privacidad. Bajo las propuestas de España o Grecia, el 1 de marzo la Presidenta de la Comisión Europea confirmó que va a regularse en la UE  y el espacio Schengen un certificado “Green pass” con “fines médicos” y que facilite “carriles verdes” para la circulación transfronteriza, subrayando los elementos de la necesaria interoperabilidad electrónica y privacidad.

    Pues bien, esta exigencia de documentación para el tránsito transfronterizo jurídicamente presenta menos problemas. Son medidas respecto de las que la discrecionalidad de los Estados es muy grande y las compañías de transporte deben someterse a lo que indiquen las autoridades de los países a los que se quiere viajar. Además el artículo 31 del Reglamento Sanitario Internacional (2005) de la OMS permite exigir, “un examen médico, la vacunación u otras medidas profilácticas, o certificado de vacunación o prueba de la aplicación de otras medidas profilácticas”. En el caso de negarse a dichas medidas, puede denegarse la entrada.

    Ello no obsta para que surjan no pocas cuestiones jurídicas por su idoneidad, eficacia, por su correcta instrumentación y la afectación a derechos, especialmente la privacidad.

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  • Laicidad asediada: legalismo religioso italiano en tiempos de populismo

    | marzo 15, 2021
    Pie de foto: Propaganda política y uso instrumental de la religión (Fuente: Il Foglio, 18 giugno 2018)

    Propaganda política y uso instrumental de la religión (Fuente: Il Foglio, 18 giugno 2018)

    Paola Chiarella, Universidad de la Magna Graecia, Catanzaro (Italia)

    Senior Researcher en Filosofía del Derecho

    La laicidad es un principio característico de la cultura jurídica europea a partir de la modernidad y, en particular, desde el punto de inflexión que tiene lugar con el humanismo jurídico hasta su consolidación más madura de la Ilustración. A partir de esta época, la fuente de legitimidad de la ley y de la política se encuentra progresivamente en razones seculares, que ya no tienen la carga de las hipotecas teológicas. La neutralidad religiosa del Estado, lejos de ser blasfema, se convierte en un elemento ineludible de la convivencia civil.

     La laicidad es alcanzada por una especie de “agotamiento” causado por las guerras religiosas. A partir de la Reforma Protestante, la religión se había convertido en un factor mortal y la necesidad de poner fin a esta emergencia llevó a Grocio a teorizar la primera fórmula de la laicidad en una hipótesis experimental: tratemos de pensar “etsi Deus non daretur aut non curari ab eo negotia umana” en la creencia de que la distinción entre el bien y el mal es conocible independientemente de la sensibilidad religiosa o de la revelación de las Sagradas Escrituras. Los resultados correctos en términos de justicia se obtienen con la misma certeza de un cálculo matemático, de modo que Dios no puede alterar la suma de dos más dos, ni el sentido de la justicia, reconocible por cada ser racional.

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  • El Madrid de Azaña

    | marzo 08, 2021
    azaña y madrid

    Javier Tajadura Tejada es profesor de Derecho Constitucional de la UPV-EHU

    El último volumen de la colección “Clásicos del pensamiento político”: “Azaña y Madrid” de Antonio Pau (Tecnos, Madrid, 2021), constituye una excepción en la línea editorial de la misma que -como recuerda su director, Eloy García- “aspira a propiciar la relectura de libros escritos y no secretamente soñados”. Azaña no escribió ningún libro sobre Madrid. Tan sólo dejó unas pocas páginas de amena lectura incluidas al final de esta obra. Ahora bien, en el noble y ambicioso proyecto político de modernización de España defendido por Manuel Azaña, Madrid ocupaba un lugar destacado. Como subraya Eloy García, Azaña “quiso hacer de Madrid y su entorno la capital de la República, es decir, una ciudad moderna que impulsara la vida cívica”. Aunque Azaña no llegó a escribir un libro sobre Madrid, pensó y amó la ciudad en la que se desarrollaron los principales episodios de su biografía y en la que vivió horas muy felices y otras muy amargas.

    El hermoso libro que ha escrito Antonio Pau reconstruye magistralmente las dos dimensiones del Madrid de Azaña: el vivido y el soñado. Por un lado, Pau nos muestra no solo los múltiples domicilios del estadista republicano, sino todos aquellos lugares en los que se forjó como intelectual y político: el Ateneo, la Academia, los diferentes cafés en cuyas tertulias participó, los palacios de Buenavista y de Oriente, etc. Por otro, el libro expone los proyectos de modernización de Madrid que Azaña concibió e impulsó. Algunos de los cuales -como la estación de Chamartín y el corredor ferroviario con Atocha- no culminarían hasta pasados más de un cuarto de siglo de su muerte. Finalmente, y esta es otra de las principales virtudes del libro, tanto a la hora de mostrarnos el Madrid vivido como el soñado por Azaña, Antonio Pau capta y transmite la singular, aparentemente contradictoria, pero asombrosamente moderna y actual, sensibilidad de Azaña respecto a la gran ciudad. Sensibilidad que se traduce en una determinada concepción del desarrollo urbano, de extensión ordenada y racional de la ciudad, compatible con la defensa incondicionada del patrimonio histórico y natural de aquella. Su constante preocupación por los montes de El Pardo constituye el mejor testimonio de ello. A Azaña le gustaba recordar la anécdota del Rey Carlos III que frente a un árbol en el camino de El Pardo se preguntaba: “Cuando yo muera (…), ¿quién cuidará de ti, pobre arbolito?”.

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  • El fin del ‘voto rogado’: una salida tardía y necesaria para millones de residentes en el extranjero con nacionalidad española

    | febrero 25, 2021
    No es siempre bueno el rigor. Cuaderno E, 13, c. 1816-1820

    No es siempre bueno el rigor. Cuaderno E, 13, c. 1816-1820

    Francisco J. de Goya y Lucientes. Museo del Prado.

    José Luis Mateos Crespo

    La importancia del voto exterior en nuestro sistema electoral está relacionada con la tradición de España como país de emigrantes a lo largo de nuestra historia, sobre todo, en periodos convulsos como consecuencia de crisis políticas o económicas. Uno de los periodos de mayor emigración en tiempos recientes tuvo lugar durante los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, en plena dictadura franquista, lo que resultó determinante para el reconocimiento del derecho al sufragio de españoles residentes en el extranjero en la Constitución española de 1978. Atendiendo a la realidad migratoria, y al igual que en textos constitucionales de otros países, el constituyente español incorporó en el artículo 68.5 CE el mandato dirigido al legislador y al Estado para, respectivamente, reconocer y facilitar el derecho de sufragio a los residentes en el exterior. Este artículo de la Carta Magna debe ser relacionado, entre otros, con el artículo 23 CE que reconoce el derecho fundamental a la participación política. La fuerte vinculación entre nacionalidad y los derechos de ciudadanía impregnaron la redacción del texto constitucional, aun cuando surgen con frecuencia debates sobre si no sería más pragmático limitar la participación política a través del voto únicamente sobre la base de la vinculación por vecindad y no por nacionalidad, algo que afortunadamente en el caso español quedó bien resuelto en 1978. 

    La problemática a la hora de concretar el mandato constitucional respecto al voto de residentes españoles en el extranjero reside en las numerosas dificultades técnicas para articular un sistema de votación efectivamente garantista a cientos o miles de kilómetros de distancia, lo que se convierte a menudo en una tarea hercúlea. El legislador español incorporó en la LOREG originaria una regulación del voto de los españoles en el extranjero para su ejercicio con flexibilidad que, sin embargo, no satisfacía completamente las debidas garantías en la emisión del voto. La mayoría de los problemas estaban relacionados con la formación y actualización del censo electoral de españoles en el extranjero y con las garantías para el ejercicio del derecho del voto por las personas que efectivamente integran este censo. En este sentido, los residentes en el extranjero con nacionalidad española integran el censo de españoles residentes ausentes (CERA), cuya inscripción debe ser realizada a instancia de parte ante el consulado español correspondiente, una dificultad que aún permanece porque la actualización del CERA depende, en gran medida, de la voluntad de los residentes en el extranjero para proceder a su inscripción en el mismo. No obstante, a pesar de las dificultades para asegurar un registro cierto y actualizado, la cifra de personas inscritas es significativa, de modo que, según los últimos datos del INE a fecha 1 de enero de 2021, había 2.182.862 españoles inscritos en el CERA, una cifra que se ha incrementado en los últimos años por el aumento de españoles en el extranjero como consecuencia de la crisis económica iniciada en el año 2008.

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  • La integración de los retornados en Kosovo y Bosnia Herzegovina.

    | febrero 22, 2021
    Imagen Angela_Hennig_Kosovo_Ferizaj_2008 free of rightsAna M. Jara Gómez. Profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad de Granada.

    En lo que se refiere a personas que retornan a sus lugares de origen tras un conflicto armado, los casos de Kosovo y Bosnia Herzegovina son marcadamente diferentes y a la vez parecidos y son relevantes por el elevado número de personas que fueron desplazadas por los conflictos, por el carácter identitario de los desplazamientos y porque sus cambios políticos, tras esos conflictos, son enormes y reconfiguran el mapa de Europa.

    En ambos caso era imposible retornar a una sociedad yugoslava que no volvería a existir, a los seres que una vez la habitaron o a los lugares y edificaciones que conformaban el paisaje antes de la guerra. Este hecho causa en los desplazados y retornados un sentimiento de nostalgia y tensión asimilable a vivir en el limbo, sin saber dónde estarán en el futuro, si encontrarán su hogar tal y como lo entendían y sin control ni poder sobre ninguno de estos elementos, que resultan para ellos impredecibles.

    Se había de volver, en casi todos los casos, a las penurias propias del tiempo de posguerra, y, en otros muchos casos, a un territorio ahora conquistado y ocupado por el enemigo tras innumerables masacres, campos de violaciones brutales y crímenes de toda clase.

    Las penurias propias de este tiempo de posguerra en los Balcanes eran, y siguen siendo, sobre todo, económicas.

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  • SIEGFRIED KRACAUER Y LA PROPAGANDA NAZI

    | febrero 15, 2021

    SIEGFRIED KRACAUER Y LA PROPAGANDA NAZIJesús Casquete

    Profesor titular de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos

    Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

    En 1936 el Instituto de investigación social dirigido por Max Horkheimer encargó a Sigfried Kracauer un estudio sobre la propaganda en los movimientos y regímenes totalitarios para ser publicado en las páginas de su revista. Kracauer gozaba a esas alturas de un merecido prestigio como uno de los más respetados, prolíficos y polifacéticos críticos culturales de la República de Weimar, labrado en su condición de responsable del suplemento cultural del influyente diario Frankfurter Zeitung. Redactado entre 1937 y 1938 durante su exilio en París (puesto que su condición de judío e izquierdista le obligó a huir del nacionalsocialismo) y de una extensión considerablemente superior a la acordada en primera instancia, el trabajo de Kracauer sobre la propaganda, que finalmente se centraría sobre todo en las propagandas nazi y, en menor medida, la fascista italiana, nunca llegó a ver la luz en vida del autor.

                Una laboriosa reconstrucción del manuscrito original a cargo del profesor Bernd Stiegler y de su equipo de colaboradores hizo posible en 2013 la publicación en Alemania de la obra que sirve de base a la edición del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de 2020, que incluye los siguientes materiales:

                1) Una introducción a cargo de Jesús Casquete que esboza la intrahistoria del encargo, así como las principales aportaciones contextualizadas del trabajo y la influencia que tuvo en sus estudios fílmicos en libros como De Caligari a Hitler (original de 1947), que ocupa un lugar privilegiado en la historia de la subdisciplina.

                2) El trabajo original de Kracauer, acompañado de un rico aparato de notas que permiten a quien lo lea seguir y contextualizar el hilo argumental del texto.

                3) El informe sobre el original y un “resumen” del trabajo, ambos de Theodor W. Adorno, que desempeñó un papel decisivo a lo largo de todo el proceso, desde el encargo a su no publicación.

                4) Por último, un epílogo de Bernd Stiegler que aborda los pormenores de la génesis del encargo, de su redacción y de su suerte final.

                Kracauer insiste en el trabajo en que el proyecto fascista sabe que para ganarse el favor de las masas necesita trascender el mero ejercicio del terror y ejercer una “influencia anímica” sobre los destinatarios de la propaganda. Para el totalitarismo y sus mecanismos e instrumentos de propaganda, se trata de acometer una revolución antropológica que altere la percepción que el individuo tiene de la realidad hasta conseguir que éste renuncie a su autonomía en aras de su sometimiento de grado a la condición de eslabón de la “comunidad nacional” (Volksgemeinschaft).

                El trabajo de Kracauer sobre la propaganda totalitaria resulta imprescindible para comprender sus estudios clásicos sobre cine a partir de 1941 en EE.UU., país en el que residirá hasta su muerte en 1966. Más allá, el libro es un sagaz y valioso documento que sirve para abordar el fenómeno totalitario en el periodo de entreguerras, así como para identificar los hilos conductores de la práctica comunicativa de los nacionalpopulismos de nuestros días.

                Esta edición, publicada en la colección Cívitas. Nueva época del Centro de Estudios, es la primera en aparecer en un idioma distinto del original.

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  • Trump como pretexto para reflexionar sobre la manipulación informativa

    | enero 13, 2021

    imagen del boscoRosario Serra Cristóbal

    Catedrática de Derecho Constitucional.

    Universitat de València

    El asalto al Capitolio en Washington por simpatizantes del Partido Republicano, presuntamente arengados por Trump, condujo entre otras cosas al bloqueo temporal de las cuentas del Presidente estadounidense en Facebook e Instagram y al cierre indefinido de su cuenta en Twitter por considerar que incitaba a la violencia; una cuenta que el 8 de enero de 2021, antes de ser clausurada, tenía 88 millones de seguidores. En todo caso, no se trata de la primera ocasión en la que sus publicaciones en redes sociales sufren algún tipo de censura. Twitter a finales de mayo de 2020 subrayó que un tuit del Presidente no era verdadero, simplemente advertía de ello, aunque no lo eliminó, al igual que lo hizo sobre otros mensajes de su cuenta, también relacionados con la Covid-19, que fueron etiquetados como “información potencialmente engañosa”. Un mes después Facebook retiraba igualmente un anuncio de campaña de Trump por contener simbología nazi.

    Trump no es más que un ejemplo y un pretexto para hablar de quienes usan las redes sociales para controlar el ciclo de la información, y una oportunidad más para plantearnos la difícil cuestión de si cabe, y cómo, controlar el fenómeno de la desinformación en redes.

    El poder que otorga el manejo de información para la conformación de la opinión de la ciudadanía es una realidad de la que se es consciente ya hace muchos años. Tal vez, lo que ha cambiado es la ingente cantidad de información de la que se dispone hoy y el efecto exponencial que el manejo o el control de ese volumen de información puede generar.

    En este campo de la superinformación es donde determinados mensajes pueden acabar calando en la opinión pública frente a otros, cosa que puede suceder de manera fortuita o, en la mayor parte de las ocasiones, de una forma pretendida. De hecho, se habla del empleo de las emociones en las democracias actuales. Consiste en propiciar la comunicación o trasmisión de emociones que acaban predominando sobre la razón; ello conduce a la formación de una voluntad colectiva, basada en las emociones mayoritariamente aceptadas de forma colectiva y exacerbadas por quien tiene la capacidad de hacerlo (los medios, los gobiernos, movimientos políticos, líderes…)

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  • La necesaria reforma de la administración local: despoblación, desarrollo y territorio desde los municipios

    | octubre 13, 2020

    La necesaria reforma de la administración local: despoblación, desarrollo y territorio desde los municipiosGabriel Moreno González

    Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura

    Una gran parte del territorio español se enfrenta en la actualidad, y se enfrentará más decisivamente en los siguientes años, a un problema endémico de despoblación causado, entre otros factores, por la hiperconcentración demográfica que se da en puntos muy concretos y delimitados de la geografía nacional. El sistema económico actualmente vigente propugna ese modelo en tanto responde a un paradigma utilitarista y economicista donde lo que priman son los criterios de supuesta eficiencia, reducción de costes y acumulación de los beneficios netos. El mapa territorial español, compuesto hoy por 17 Comunidades Autónomas, 50 provincias y más de 8000 municipios, no sólo no se corresponde con esa realidad demográfica sino que, creemos, es disfuncional para hacer frente a este reto, uno de los más acuciantes de nuestros días e interdependiente con el del calentamiento global.

    En el momento de redacción de la nuestra Constitución no existía la certeza de que, más allá de Cataluña, País Vasco, Galicia y quizá Andalucía, el resto de las regiones históricas, naturales o con cierta identidad, accediera a la autonomía. Nuestro sistema fue desde el inicio único en el ámbito comparado por dejar indefinida y hasta cierto punto desconstitucionalizada la mismísima estructura territorial del Estado, abierta mediante el principio dispositivo a que el conjunto de provincias que así lo desearan y cumplieran con determinados requisitos, pudieran constituirse en Comunidades Autónomas con capacidad legislativa e instituciones de autogobierno. Hoy, más de 40 años después de aquel experimento normativo, podemos comprobar que el mapa autonómico no sólo se ha extendido a todo el territorio nacional, sino que ha llegado a su cénit de desarrollo y necesita, urgentemente, de una reforma integral que lo acomode a la nueva realidad y a las nuevas exigencias.

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  • ALGUNAS CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES PRELIMINARES SOBRE EL ESTADO DE ALARMA (FRAGMENTO)

    | octubre 05, 2020

    ALGUNAS CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES PRELIMINARES SOBRE EL ESTADO DE ALARMA (FRAGMENTO)Juan José Solozabal Echavarria

    Catedrático de Derecho Constitucional UAM

    Las medidas a adoptar en el Estado de alarma (art.11  Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de alarma, excepción y sitio(LOAES)  que lleva  a cabo el desarrollo normativo contemplado en el art. 116 CE.) pueden consistir en limitaciones a la libre circulación o permanencia en horas y lugares determinados (sin llegar al toque de queda), las requisas temporales de bienes, la imposición momentánea de prestaciones personales, la ocupación transitoria de locales (con excepción de los domicilios privados), la limitación de servicios o  el racionamiento de consumo de artículos de primera necesidad o la facultad de impartir órdenes para asegurar el abastecimiento de mercados o la reanudación de los servicios esenciales. Se trata de medidas que no suponen la suspensión de derechos fundamentales, aunque se produce la afectación restrictiva de alguno como ocurre con la libertad de circulación o, indudablemente, sucede lo mismo con el derecho de propiedad entendido como disposición exclusiva sobre los bienes de la persona.

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  • La “Historia constitucional de España” de Joaquín Varela (Marcial Pons, 2020, edición de Ignacio Fernández Sarasola): el corolario de una trayectoria investigadora de más de cuatro décadas.

    | septiembre 07, 2020
    foto portada libro joaquin varela - Historia constitucional de España

    Javier Tajadura Tejada

    Profesor Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco.

     Joaquín Varela Suanzes-Carpegna fue, sin duda, uno de los más insignes estudiosos de la Historia del constitucionalismo. Además de un universitario ejemplar, un intelectual comprometido y una persona de una generosidad ilimitada de la que podemos dar fe quienes tuvimos el privilegio de disfrutar de su amistad. Dos años después de su fallecimiento (1-2-18) y gracias a la encomiable labor de su discípulo y amigo, Ignacio Fernández Sarasola -a quien Joaquín Varela dedica la obra y agradece expresamente el haber compartido con él su pasión por el estudio de la historia constitucional española y comparada - Marcial Pons ha editado una “Historia constitucional de España” que supone el corolario de una trayectoria investigadora que se extendió a lo largo de más de cuatro décadas: “Con este libro he querido poner punto y final a una larga dedicación al estudio, también a la enseñanza, de la historia constitucional española, desde sus orígenes, a finales del siglo XVIII, hasta la actualidad”. Conmovedoras palabras escritas en diciembre de 2017 con las que se inicia la obra y que ponen de manifiesto que Joaquín Varela era plenamente consciente de que el tiempo se le acababa, que lo aprovechó hasta el final, y que -como muestra de su inmensa generosidad intelectual- dedicó sus últimos esfuerzos y energías a intentar completar una obra que, a partir de ahora, está llamada a ser la principal referencia en la materia.

     

    Toda la fecunda obra de Joaquín Varela –y el libro que comentamos es un ejemplo significativo de ello- se caracteriza por el rigor en el acopio de datos y por la profundidad en el análisis de los mismos, así como por la capacidad de formular síntesis esclarecedoras. Su “Historia Constitucional de España” no es una mera yuxtaposición de exégesis de textos, sino una descripción magistral de un dilatado proceso histórico en el que -frente a lo que una aproximación superficial pudiera sugerir- la continuidad y la estabilidad (de fondo) son los rasgos distintivos. En la obra se da respuesta a tres grandes bloques de cuestiones en relación con los diversos textos constitucionales comenzando por el de Bayona: a) ¿quiénes los crearon y cómo?, ¿cuáles fueron las cuestiones más polémicas?, ¿cómo se aplicaron y, en su caso, cómo se reformaron?; b) ¿qué tipo de estado y qué forma de gobierno establecieron?; c) ¿qué derechos se reconocieron y con qué alcance y garantías?. La respuesta a todos esos interrogantes se lleva a cabo siempre comprobando el ajuste o desfase entre norma y realidad.

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  • REFORMAS Y RESERVAS CONSTITUCIONALES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA

    | julio 20, 2020

    Constitucion-Española-1440x808Dolors Canals Ametller
    Profesora Titular de Derecho Administrativo. Departamento de Derecho Público. Universitat de Girona.

    En los últimos años, los debates políticos, académicos y sociales, tanto en foros físicos como digitales, se han venido focalizando en la reforma constitucional de carácter territorial, a raíz de circunstancias bien conocidas una vez concluido el desarrollo del Estado autonómico. En estos días, por motivos evidentes, ha resurgido la polémica en torno a la forma política del Estado constitucional. Con todo, reformas de otra índole de nuestra Constitución han quedado desplazadas a una segunda o tercera posición en la lista de prioridades de la agenda política, cuando no directamente aparcadas. Y, ello, pese a que la sociedad contemporánea apenas es comparable con aquella de 1978, como incomparables son los retos del futuro que se avecina, menos ilusionante que el de aquel entonces, hoy extremadamente incierto para la sociedad y el Estado del siglo XXI.

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  • EL IMPACTO DE LA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE 2020 EN EL EMPLEO SANITARIO ESPAÑOL

    | junio 29, 2020

    Gráfico EL IMPACTO DE LA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE 2020 EN EL EMPLEO SANITARIO ESPAÑOLJosé María de Luxán Meléndez
    Administrador Civil del Estado.
    Vocal Asesor en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC)

    Durante los meses del Estado de Alarma de 2020 el empleo en la sanidad pública ha crecido de forma muy considerable, prácticamente ha reclutado a todos los profesionales de la salud disponibles, pero este incremento ha estado lastrado por el alto número de sanitarios afectados por el COVID-19.

    Frente a la idea del fracaso de las instituciones públicas (Casals & Ramió; El País 12/6/2020), puede señalarse que, dadas las restricciones de las políticas públicas, la sanidad pública ha demostrado una notable capacidad organizativa para movilizar los recursos disponibles y enfrentar una emergencia de salud de enormes proporciones. Por el contrario, en los meses de la pandemia, en materia laboral, la respuesta de la sanidad privada ha sido una disminución del empleo. Y, además, pese a sus carencias, el sistema de información sobre el empleo, específicamente la estadística de la Seguridad Social ofrece una serie relevante para valorar la variación mensual del empleo público.

    En febrero de 2020, antes de la crisis ocasionada por el COVID-19, la sanidad española contaba con 1.005.558 empleos, de ellos un 67% en el sector público. Dos meses después, en abril, durante las semanas más agudas de la pandemia, con respecto a febrero, la sanidad pública contó con 34.041 empleos netos adicionales, mientras que, la sanidad privada redujo sus efectivos en 7.292. Al mes siguiente en mayo, la sanidad pública redujo la plantilla en 4.590 empleos, al tiempo que la privada, con 3.827 empleos menos, siguió disminuyendo.

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  • La «Ciudad Educadora» como herramienta de empoderamiento rural

    | junio 09, 2020

    La «Ciudad Educadora» como herramienta de empoderamiento rural Cristina Benlloch Domènech. Departamento de Sociología y Antropología Social. Universitat de Valencia 

    Rafael Benítez Giralt.
    Consultor de proyectos en el ámbito del desarrollo social y humano.

     

    El concepto de ámbito rural abarca una diversidad de situaciones que hace imposible hablar de lo rural, por lo que es necesario hablar de “ruralidades”, de un entramado complejo de características. Desde el comienzo de la sociología rural Sokorin y Zimmerman (1929) afirmaban que no era posible la división de los espacios rural-urbano, por lo que se hablaba de un continuum. Por ello, en ocasiones lo más sencillo es atender a criterios de tamaño para establecer los límites. En este sentido, el INE (Instituto Nacional de Estadística) considera que un municipio rural es aquel que tiene menos de dos mil habitantes; intermedio aquel que tiene entre dos mil y diez mil habitantes, sin embargo, esto es sólo una cuestión de números. 

    Si tomamos como referencia de rural los municipios de menos de 2.000 habitantes, en España el 6% de la población y el 28% de los territorios locales serían rurales. Su pirámide de población es la más envejecida, y su media de edad, la mayor. Pierden población año tras año, y buscan soluciones para frenar esta progresiva desaparición. 

    Sus habitantes están preocupados por las consecuencias que trae consigo la despoblación y buscan propuestas y soluciones a este problema. Bajo nuestro punto de vista, todos los territorios tienen grandes posibilidades, y para ello es importante que las colectividades sean conscientes de ello, por esto se propone un empoderamiento desde la perspectiva local, y en este caso rural; que viene determinada por el reconocimiento de las posibilidades del contexto para una mejora de las decisiones. 

    Para que esto se produzca, se propone trabajar los contextos rurales desde la perspectiva de la «Ciudad Educadora», una forma de entender la dinámica de los asentamientos poblacionales y de las relaciones entre la ciudadanía. Es conveniente desarrollar políticas públicas en los contextos rurales desde esta perspectiva porque parten de un concepto de educación transversal y de ciudadanía activa que pueden ser una forma de empoderamiento de la ciudadanía y de la colectividad. 

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  • Respuestas frente a la pandemia de COVID-19: Ciencias del Comportamiento, Derecho Público y Gestión pública*.

    | mayo 25, 2020
    Juli Ponce Solé
    Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad de Barcelona

    *Una versión distinta y en catalán de este estudio será objeto de publicación en el blog de la Escola d´Administració Pública de Catalunya.

    ¿Pueden contribuir las llamadas ciencias del comportamiento a una mejora de la gestión pública y del Derecho público en sus respuestas a la pandemia de COVID-19?

    La respuesta parece ser afirmativa, pero para comprender las razones, debemos empezar por el principio, esto es, por una breve introducción sobre las ciencias de la conducta y su impacto en el Derecho público y la gestión pública.

    1. Decisores públicos y privados y racionalidad. Importancia para la gestión pública: buen gobierno y buena administración

    De acuerdo con las aportaciones provenientes de las denominadas behavioural sciences o ciencias de la conducta humana, sobre todo de la psicología, con los conocidos trabajos de Kahneman, Premio Nobel de Economía del 2002, actualmente se ha llegado a un punto en que estas dos ideas son ampliamente aceptadas:

    -           La racionalidad absoluta de la persona —del llamado Homo economicus, como modelo de decisor utilizado en la economía neoclásica— no existe, puesto que, ante todo, y por el que ahora nos interesa, la racionalidad humana es limitada, como ya hace muchos años señaló el premio Nobel de Economía del 1978 Herbert Simon, y porque, además, no tiene en cuenta comportamientos perfectamente racionales como la reciprocidad y el altruismo.

    -           Esta racionalidad está interferida por heurísticos (atajos mentales para ahorrarnos energía) y sesgos (errores sistemáticos causados por las heurísticos).

    A causa de estas interferencias, nuestro cerebro nos engaña, no infrecuentemente. Las ilusiones que genera nuestro cerebro son muy variadas. Una clásica tiene que ver con las llamadas tablas de Shepard.

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  • EL MANEJO DE LOS TIEMPOS LEGISLATIVOS EN LA CRISIS DEL COVID-19

    | mayo 18, 2020

    Harold Lloyd en El hombre mosca (1923)José Esteve Pardo.
    Catedrático de Derecho Administrativo.
    Universidad de Barcelona.

    La crisis del COVID-19, y las medidas excepcionales que se han adoptado para afrontarla, conforman un panorama que desborda por completo muchas de las previsiones de la legislación ordinaria. No es que la vulneren, es que esa legislación ni remotamente atalaya las situaciones que se van a generar como consecuencia de la gestión de la crisis y las medidas adoptadas, que encuentran su cobertura en el artículo 116 de la Constitución y la “Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio”. Una Ley que permite medidas de excepción, pero que da por hecho y mantiene inalterado el régimen jurídico ordinario en todos los frentes. Uno de ellos, muy relevante y que puede tomarse como ejemplo, es el de la responsabilidad patrimonial. Según el artículo 3.2 de esa Ley 4/1981 “quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes”.

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