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Blog del CEPC 

Este blog es un espacio para el diálogo y debate de la comunidad intelectual del CEPC, la cual se extiende más allá del continente europeo y abarca varias generaciones de profesores, investigadores y profesionales de diferentes disciplinas concernidas por el estudio y análisis jurídico, político y social de la realidad actual y de su evolución histórica.

Las opiniones expresadas en las entradas del blog son de exclusiva responsabilidad de quien las firma, y no son compartidas necesariamente por el CEPC.

  • Hacer o no hacer; la pertinencia del razonado Informe emitido por la RAE (“Informe de la Real Academia Española sobre el uso del lenguaje inclusivo en la Constitución española”)

    | marzo 09, 2020

    clasicas y modernasHacer o no hacer;  la pertinencia del razonado Informe emitido por la RAE
    Lleva su tiempo pensar en la pertinencia del razonado Informe emitido por la RAE (“Informe de la Real Academia Española sobre el uso del lenguaje inclusivo en la Constitución española”) en relación a la petición emitida a dicha alta institución por parte de la vicepresidenta primera del Gobierno de España, Carmen Calvo. La pregunta formulada por esta última era si la Constitución se ajustaba a las demandas actuales en relación al empleo del lenguaje inclusivo. No era una pregunta baladí. Tampoco lo fue la respuesta. Los medios de comunicación se hicieron eco de inmediato de las conclusiones del informe, expuestas muy someramente, al comienzo del mismo y también en las declaraciones que hizo su director, Santiago Muñoz Machado, en la rueda de prensa convocada el día 21 de enero de 2020. En ambos casos, se observaba la necesidad de introducir algunos cambios obvios, puramente mecánicos, como la incorporación que debía hacerse de Princesa de Asturias, por ejemplo, pero, en conjunto, “el informe estima que el texto constitucional utiliza un español correcto en términos normativos”.

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  • DATOS PERSONALES CEDIDOS A ESTADOS TERCEROS Y PRINCIPIO DE CONTINUIDAD: REFLEXIONES SOBRE EL ALCANCE DE LA CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UE

    | marzo 02, 2020

    Sabrina Ragone

    Profesora titular de Derecho Público Comparado

    Universidad de Bolonia

    DATOS PERSONALES CEDIDOS A ESTADOS TERCEROS Y PRINCIPIO DE CONTINUIDAD: REFLEXIONES SOBRE EL ALCANCE DE LA CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UE
    I.

    El momento histórico en el que se otorgó a la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE el mismo valor jurídico que los Tratados ha determinado una serie de consecuencias sobre su interpretación, implementación e inserción en el contexto normativo europeo. Por un lado, las fuerzas desintegradoras, las crisis de la integración, el Brexit y las amenazas al Estado de derecho por parte de algunos países han planteado cuestiones políticas serias, además de las jurídicas. Por otro lado, en estos primeros años de aplicación de la Carta se ha tenido que afrontar la necesidad de responder a los desafíos de las fronteras del derecho en el siglo XXI, relacionadas en particular con las nuevas tecnologías (por todas, véase la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, TJUE, Gran Sala, Google Spain, de 13 de mayo de 2014).

    Este proceso de adaptación está todavía desarrollándose, pero permite ver in nuce una suerte de jurisprudencia especialmente dedicada al tema de la protección de datos personales, que cuenta constantemente con nuevas decisiones. En particular, se puede recordar la saga Schrems, que ya tiene dos capítulos: “Schrems I”, de 2015 (v. infra) y “Schrems II”, de 2019-2020, ya que el Abogado General rindió sus conclusiones en diciembre del año pasado en el asunto C-311/18 (Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited, Maximilian Schrems), sobre la validez de las cláusulas contractuales tipo para la cesión de datos personales a Estados terceros. A la espera de la decisión del TJUE, hay que ser conscientes de que un caso “Schrems III” va a ser posible, con referencia al “Privacy Shield” aprobado en 2016 por parte de la Comisión Europea (véase F. Terpan, “EU-US Data Transfer from Safe Harbour to Privacy Shield: Back to Square One?”, en European papers: a journal on law and integration, vol. 3, n. 3, 2018, pp. 1045-1059: ).

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  • La tríada “bien vida/derecho a la vida/inexistencia del derecho a la muerte” ante un contexto eutanásico

    | febrero 21, 2020

    Gregorio Cámara Villar
    Catedrático de Derecho Constitucional
    Universidad de Granada



    Picasso. «Ciencia y caridad», 1897. Museo Picasso de Barcelona

    Picasso. «Ciencia y caridad», 1897. Museo Picasso de Barcelona

    La “Proposición de Ley orgánica de regulación de la eutanasia” recientemente reiterada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene por objeto la legalización y ordenación de la eutanasia activa y directa, no las actuaciones de eutanasia pasiva o eutanasia activa indirecta (cuidados paliativos, limitación del esfuerzo terapéutico, sedación terminal), objeto de otras normas ya existentes y de otras iniciativas legislativas ya ensayadas y recuperables. No hay razón para negar la necesidad de regulación de la eutanasia porque existan los cuidados y las actuaciones propias de la llamada “muerte digna” en tanto que no cubren todos los supuestos que la realidad presenta ni pueden convertirse en la única posibilidad de afrontar la propia muerte. Si así fuera, se impondría irrazonablemente a toda costa y con un altísimo precio una concepción ontológica absolutizada del “bien vida” para aquellos pacientes que ejerciendo su libertad de autodeterminación no consideran aceptables ni dignas las posibilidades que les ofrecen tales cuidados o la sedación cuando están en una situación de gran sufrimiento debido a una enfermedad grave e incurable, o de una enfermedad grave, crónica e invalidante, que experimentan como padecimiento inaceptable.

                Como sostiene con toda lógica la Corte Constitucional italiana (Sentencia 242 de 2019, fundamento 2.3) , si la importancia fundamental que se atribuye al valor de la vida no excluye la obligación de respetar la decisión del paciente de poner fin a su existencia mediante la interrupción de los tratamientos de salud (incluso cuando requieren una conducta activa de terceros), no hay razón alguna por la que el mismo valor deba erigirse como obstáculo absoluto ante la aceptación de su solicitud de ayuda para morir que contribuiría a un mismo y menos lento resultado.

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