La STJUE de 14 de mayo de 2019, CCOO/Deutsche Bank (C-55/18), relativa a la obligación de llevar un registro de la jornada diaria de trabajo y la aplicación horizontal de obligaciones instrumentales

Palabras clave
Ordenación del tiempo de trabajo
Directiva
derecho fundamental de los trabajadores a una duración máxima de la jornada de trabajo
obligación empresarial de registro del tiempo de trabajo.
Resumen
La STJUE dictada en Gran Sala en el asunto C-55/18, sobre la obligación empresarial de llevar un registro de la jornada efectiva de cada uno de los trabajadores, resulta de extrema importancia, no solo por haber legitimado la reciente reforma normativa llevada a cabo por el Gobierno socialista, sino por contribuir a clarificar algunas categorías jurídicas específicamente laborales manejadas por el TJUE, como la relativa a los principios y normas de Derecho social de «especial importancia» y, sobre todo, por ratificar la aplicación horizontal de los derechos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea desarrollados en su contenido por una directiva específica. El presente comentario examina, así pues, el contexto normativo y judicial español antes y después de las conclusiones del abogado general, poniendo de relieve la posición que después asumirá el propio Tribunal, las reacciones a la reforma normativa española y las cuestiones más relevantes extraíbles de la sentencia que legitima la obligación empresarial, esencial, aunque instrumental, de llevar un registro de jornada para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores.
Keywords
Working Time Directive; Social fundamental right to a maximum duration of working time; employer’s obligation to record working time.
Abstract
The STJUE issued in Grand Chamber in case C-55/18, on the employer’s obligation to keep a record of the effective working hours of each of the workers, is extremely important, not only for having legitimized the recent reform carried out by the Socialist Government, but for helping to clarify certain specific labor legal categories handled by the ECJ, such as that relating to the principles and rules of social law of “special importance” and, above all, for ratifying the horizontal application of the rights of the Charter of Fundamental Rights of the European Union developed in their content by a specific directive. This commentary therefore examines the Spanish regulatory and judicial context before and after the conclusions of the Advocate General, highlighting the position that the Court will later assume, the reactions to the Spanish regulatory reform and the most relevant issues that can be extracted from the Judgment that legitimizes the essential, but instrumental, corporate obligation to keep a working day register in order to guarantee the health and safety of workers.