El régimen de contratación pública en los sectores especiales del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

Palabras clave
contratación pública
sectores especiales
agua
transportes
energía
servicios postales.
Resumen
La contratación pública ha alcanzado dimensiones espectaculares. Si las Administraciones públicas está sujetas a rigurosas normas internas en la celebración y realización de sus contratos, no es sólo porque los poderes legislativos consideren imprescindible el establecimiento de parámetros de actuación en defensa y protección de los intereses generales, particularmente
los criterios de la eficiencia y economía del gasto público, sino porque la
integración en la Unión Europea así lo exige. Motivaciones variadas, pero sustentadas en el objetivo de la cohesión y unidad del mercado europeo, imponen a los poderes públicos de los Estados miembros un comportamiento homogéneo en cuanto a la utilización de recursos públicos, a través de la figura contractual y, por tanto, de la colaboración del sector público y el privado, para la ejecución de obras, servicios, suministros o proyectos. Estos principios y reglas de armonización de los sistemas contractuales en los ordenamientos de los Estados miembros se han extendido incluso a sujetos o entidades de naturaleza jurídicoprivada que actúan en el mercado contractual de ciertos sectores o actividades «especiales» al lado de los poderes públicos. Para lograr una más eficaz y eficiente administración del gasto público en todos los Estados de la Unión Europea y, sobre todo, para llegar al mayor grado de competitividad, en condiciones de igualdad y no discriminación de los agentes económicos europeos, se han implantado unos cánones de actuación inesquivables. El nivel económico y ciertas características de los contratos son, sin embargo, determinantes por ahora de la aplicación de estas reglas.
Keywords
public procurement; special sectors; water; energy; transports; postal services.
Abstract
Public procurement has attained outstanding dimensions. All the public authorities of the EU Member States are subject to strict and homogeneous regulations on their contract awarding, not only to protect the general interest —especially, the economic efficiency of the public expenditure—, but also to foster the European integration process. The regulation of the public contracts and, therefore, the regulation of the collaboration between the public and the private sectors in the execution of works, services, supplies and projects aim at restraining the use of public financial resources and meeting the objectives of cohesion and unity of the European market. The principles and rules of harmonisation of the contractual
rules in the legal systems of the EU Member States have transcended the boundaries of the public authorities, and apply to private entities operating in the so called «special sectors» (water, energy, transports and postal services). The EU Law has set out some unavoidable contractual standards to achieve a more effective and efficient management of the public expenditure and, furthermore, to attain a maximum degree of competitiveness throughout the EU, without prejudice of the equality and non discrimination of the European economic operators. Nevertheless, some economic thresholds and certain characteristics of the contracts still catalyse the application of such EU standards.