En Portugal el Estado liberal fue el promotor de un proyecto nuevo de comunidad política, de organización del territorio y de la economía, a partir de las experiencias iniciales en 1820-1823. Estableció los principios de la ciudadanía y del sufragio, integró las periferias y estimuló la formación de un mercado nacional. Este artículo analiza cada uno de estos procesos, a partir de la tensión entre la imaginación utópica y su plasmación práctica, que frecuentemente suscitó críticas, la formulación de otras propuestas e la creación de procesos de negociación. El imaginario que subyacía a la gobernación liberal no era una tiranía de las fórmulas: en él interactuaban los principios doctrinarios, la agenda política y las prácticas de poder. La construcción del Estado liberal se fundó en un método: la moderación y el compromiso bajo el signo de un reformismo adaptativo. Fruto de estas tensiones las instituciones liberales realmente creadas generaran desencanto y, gradualmente, falta de legitimidad, bien por su cortedad respecto a lo imaginado, bien porque para los más conservadores las nuevas instituciones hubiesen elevado, de forma indefendible, la «rebelión del individuo contra la sociedad», o promovido la presencia de un Estado centralizador y demasiado conformador ante la sociedad y los costumbres de los pueblos.
In Portugal, since the first constitutional experience (1820-1823), the Liberal State was the promoter and builder of a new political project, based on representation, territorial reform and economic reorganization and standardisation. Its power apparatuses established the principles of citizenship and suffrage, integrated the peripheries and shaped a new national economic space. Stressing the tension between utopian political imagination and pragmatic processes, this article analyses each of these three main changes, which often faced strong debate, adjustments and the creation of forms of negotiation between the central administration and local political networks and agents. The imaginary that was behind liberal governance was not a tyranny of concepts; it combined doctrinal principles, political agendas and practices of power. The construction of the Portuguese Liberal State was hence based on moderation and compromise under an adaptive reformism guided by oligarchic networks. These tensions influenced the liberal institutions that were actually created and generated disenchantment, and gradually, affected the regime’s legitimacy. For Progressives, new institutions stayed short in relation to their political imagination; for Conservatives they had raised too high the «rebellion of the individual against society» and overdeveloped centralisation and the subordination of society and customs of the peoples to the State.
El liberalismo llegó como utopía de transformación y de gobierno de una sociedad que los liberales imaginaban infinitamente dúctil y, al mismo tiempo, renitente. Esta paradoja fue expresada de forma diáfana por el liberal Don Pedro, en 1832, al desembarcar en Oporto en plena Guerra Civil, cuando exhortó a la población a abandonar «al Usurpador [el absolutista don Miguel, su hermano]» y avisó solemnemente: «¡No me obliguéis a emplear la fuerza para liberaros!»
El Estado liberal fue el gran promotor de un proyecto nuevo de comunidad política, de organización del territorio y de la economía desde las experiencias iniciales en 1820-1823. Estableció los principios de la ciudadanía, integró las periferias y estimuló la formación de un mercado nacional. Este trabajo analiza y problematiza cada uno de estos procesos, a partir de la tensión entre la imaginación utópica y su plasmación práctica, que frecuentemente suscitó críticas y la formulación de otras propuestas.
La primera sección se centra en la cuestión de la ciudadanía y la representación. ¿En qué términos debía participar el nuevo soberano, el pueblo, en la política y en el gobierno de sí mismo? La respuesta fue el sufragio censitario y por capacidades. A la vez nacional, individualista y anti-corporativo, el sufragio liberal consiste en una construcción social del electorado como comunidad política imaginada. Las leyes electorales tenían un objetivo normativo y un efecto performativo: corporizaron y otorgaron sentido al individuo soberano en el cuadro del Estado-nación moderno. Esta construcción atrajo dos tipos principales de críticas: las que proponían como opción contrapuesta categorías orgánicas o neo-corporativas y las que buscaban llevar el principio de igualdad política a su corolario lógico, la república democrática.
La segunda sección analiza las transformaciones del Estado y del territorio. La victoria de los liberales en la Guerra Civil condujo a la separación de los poderes, racionalizó los instrumentos de administración y reforzó la tutela sobre las instituciones locales. En la administración territorial, Portugal adoptó una versión del modelo napoleónico y la reformó en sucesivas ocasiones a lo largo del siglo
Finalmente, estudiaremos la reforma de los pesos y medidas, con la introducción del sistema métrico-decimal. En pocos aspectos del reformismo liberal se pone tan en evidencia la extinción de los particularismos propios del Antiguo Régimen. Por un lado, el nuevo sistema venía a sustituir una multitud de «mundos» locales, que traducían otros tantos sistemas de pesos y medidas, por una única medida que reflejara una única nación. Por otro, resultaba la condición de posibilidad del mercado nacional y de una economía moderna. Por último, se entendía que venía a desequilibrar a favor del centro gubernamental la distribución de poder en la comunidad política, ocupando en la imaginación liberal el lugar de una discreta «madre de todas as revoluciones»
La revolución de 1820 inauguró el siglo en el que el pueblo fue incorporado al espacio de la soberanía y en el que la
El contrato social liberal colocaba al pueblo, o a la nación, «en el lugar divino y como propietario de una soberanía autosuficiente», modificando así las reglas de la representación política: la unidad representada pasaba a ser el individuo, a través de asambleas nacionales electivas, y no la familia, la propiedad o la corporación, a través de cuerpos funcionales separados (
En cualquier caso, las formas liberales de representación consagraron las desigualdades entre los individuos en el plano político, fracturando la ciudadanía. La representación fue confiada a los más acomodados y a los más instruidos, los únicos capaces de tomar decisiones racionales sobre los negocios públicos. Por eso, sus instituciones vivieron en tensión permanente con el núcleo igualitario del paradigma post-revolucionario, dando lugar a críticas y alimentando la construcción de modelos alternativos. Este juego de tensiones se expresó en dos ámbitos principales: el modelo constitucional y la regulación del sufragio.
La monarquía constitucional portuguesa dio estabilidad a una fórmula moderada, fundada en la Carta otorgada en 1826. A esa estabilidad se llegó tras una dura contestación y tras diferentes enmiendas. La primera resistencia partió de los partidarios de la restauración absolutista, defensores de la «constitución tradicional del reino»
La Constitución de 1822, inspirada en la de Cádiz
Independientemente de que se viese en la Constitución un texto puramente radical, «una república disfrazada de monarquía»
En 1826, Pedro IV otorgó una Carta Constitucional moderada. En su articulado el poder constituyente nacía del principio monárquico, si bien tamizado por el representativo, puesto que consideraba
La Carta de 1826 no pretendía ser la antítesis do texto
La Constitución de 1838, inspirada en la ley fundamental española de 1837 y en la belga de 1831, trazó una línea intermedia entre la Constitución
No obstante, tal cosa no ocurrió, en buena medida por la reacción conservadora y por el apoyo que esta obtuvo por parte de la reina María II y de sectores mayoritarios del Ejército. La querella constitucional entre las corrientes políticas del régimen únicamente se terminó tras el golpe militar de la
El sufragio censitario restringido consignado en la Carta expresaba la visión del
La tradición liberal portuguesa fue, sin embargo, relativamente benévola en el acceso al sufragio, al menos hasta 1895. La efímera legislación
Si la Carta de 1826 restringió el sufragio, estrechándolo socialmente, y consagró el voto indirecto –tratando así de prevenir los riesgos de tumultos, incompetencia cívica y perversiones bonapartistas
Hasta 1878, el régimen censitario de la Carta, con un electorado que alcanzaba casi el 40% de la población masculina adulta, era comparativamente moderado. La reforma electoral de 1878 extendió el derecho al voto a todos los varones «jefes de familia» o que supiesen leer y escribir. De este modo, amplió el cuerpo electoral (que llegó a alrededor del 70% de la población masculina adulta), incluyendo por primera vez en la ciudadanía política a grandes sectores de la población
A pesar de la realización de elecciones directas a partir de 1852, de la introducción de distritos uninominales en 1859 y del amplio régimen de sufragio de 1878 no fue posible garantizar la celebración de elecciones libres y honestas, aunque se reconociese que de ellas dependía la verdad del sistema representativo. En vez de ser vehículos para la expresión de la voluntad popular, las elecciones servían para legitimar a los gobernantes previamente nombrados por el monarca: «los gobiernos eligen y hacen los diputados, estos por su parte apoyan a los gobiernos, como garantía de su propia conservación y origen de las mejores conveniencias»
La universalización del sufragio vino a constituir una contrapropuesta al liberalismo oligárquico y censitario. Defendida en escritos doctrinales y en panfletos
El liberalismo buscó la transformación de las sociedades del Antiguo Régimen compuestas por comunidades urbanas y rurales distribuidas de forma segmentada por el territorio, poseedoras de identidades antiguas y arraigadas; sociedades fundadas en las diferencias de
El sufragio liberal no contemplaba reflejar las fracturas internas de esta realidad social sino ocultarlas bajo un manto de igualdad e individualismo. Por ser en sí mismo un «utopismo radical», prescriptivo y normativo, trataba de imponer un modelo nuevo de relaciones sociales: el de la nación hecha de ciudadanos singulares, iguales en derechos y deberes, en relación directa con la soberanía
Las alternativas conservadoras orgánicas no pretendían restaurar el Antiguo Régimen estamental
En lo tocante al sufragio, Oliveira Martins ofrece en
La reforma electoral de 1895 vino a hacer aflorar institucionalmente esta concepción. Se consideraba que en el parlamento sobraban funcionarios públicos y faltaba representación de las «fuerzas vivas» de la nación, propietarios, productores y contribuyentes. Por esta razón la ley impuso cuotas máximas para ciertas categorías: 40 para funcionarios públicos y 20 para médicos y abogados (sobre un total de 120 diputados). También en el campo socialista tales ideas fueron conquistando posiciones. Por ejemplo, en la carta que escribió a la comisión central del Partido Socialista en 1880, Antero de Quental propuso «la representación nacional por clases y funciones sociales, única manera de hacer legítima y sincera la representación y efectivos los derechos de los trabajadores»
El pensamiento político católico, al dejar atrás la reacción ultramontana con León XIII, recuperó la capacidad de presentarse como una opción crítica frente a los excesos del individualismo y del capitalismo, al mismo tiempo que utilizaba las garantías cívicas y políticas liberales para agrandes su influencia, por medio de mutualidades, centros académicos, círculos obreros, sindicatos católicos y hasta partidos confesionales. Se pone de manifiesto en la política de
Desde que el liberalismo dio forma estable a una vía moderada, a mediados de siglo, el republicanismo surgió como una «tercera vía» entre la «situación», el individualismo extremo y las otras vías revolucionarias, orgánicas o socialistas. El republicanismo imaginaba una sociedad compuesta por «semejantes, libres e iguales». En la fabricación de esta comunidad cívica, la educación era estratégica pues inculcaba las normas y los sentimientos de la solidaridad y pertenencia. La representación real dependería de crear en todos «un espíritu republicano, solidario y garante de iguales oportunidades para todos»
Un precursor del socialismo y del republicanismo en Portugal, Henriques Nogueira, fue bastante claro. En
El programa del Centro Federal de Lisboa, de 1873, llevaba el principio de la soberanía popular a sus últimas consecuencias. Conectando las cuestiones de la forma del Estado, del régimen y del sufragio, reivindicaba la instauración de la «República Democrática Federal Portuguesa», por medio del sufragio universal para hombre y mujeres mayores de 18 años y por medio de la descentralización municipalista
En Portugal, durante el siglo
El estudio de los modelos constitucionales y de los regímenes de sufragio revela que las herencias recibidas, la agenda política y una realidad social difícil de transformar condicionaron la discusión sobre la apertura del sistema político y la universalización del derecho de voto. En esta sección intentaremos comprender cómo reorganizó el Estado liberal el territorio y afirmó su primacía sobre los poderes y las sociedades locales. El proyecto político del liberalismo buscaba centralizar la autoridad, reforzar la tutela y expropiar diversas competencias a los poderes periféricos. Como indica Catroga, este proceso de modernización, de matriz jacobino-napoleónica, consagraba «la práctica integradora de un poder político dedicado a borrar las amplias supervivencias estructurales del Antiguo Régimen, con el objetivo de
Esta acción pretendía constituir un sistema territorial apto a realizar nuevas funciones, acelerar el desarrollo, garantizar la división de poderes y los derechos de los ciudadanos y construir en todo el espacio nacional una comunidad política basada en la representación. La llamada centralización integraba dimensiones programáticas y utópicas presentes en la política liberal y que venían siendo realizadas por medio de adaptaciones sucesivas a una realidad en la que tenían difícil acomodo. La construcción del Estado no se tradujo, por tanto, en un haz de procesos inexorables de centralización burocrática, expropiación de los poderes locales y creación de un poder administrativo central activo e independiente de los agentes políticos
Si hacemos una genealogía de las propuestas, vemos que todas ellas tenían una misma matriz centralizadora que en modo alguno suponía un mero calco de la legislación francesa, puesto que resultaron de largos e intensos debates en las Cortes de 1821
Para los liberales portugueses el mundo imaginado que había que construir obligaba, así, a un refuerzo de la tutela central sobre las comunidades y las instituciones locales: por medio de la reducción del número de concejos y parroquias; de la creación de unidades administrativas mayores, dotadas de ingresos y ciudadanos aptos para el ejercicio de los cargos locales; de la formación de redes burocráticas capaces de garantizar la ejecución de las leyes y las iniciativas del Estado; por un modelo de participación cívica fundada en la idea del ciudadano activo, moderadamente acomodado, relativamente independiente de las pasiones locales y con competencias escolares suficientes para gestionar cargos administrativos que recayeran en él por elección.
Las sociedades del Antiguo Régimen se presentaban como plurales en términos políticos y en ellas coexistían varios polos de poderes, en ocasiones en competencia. Por más que estos poderes tuvieran que guiarse por la armonía del conjunto y por el bien común, en la práctica gestionaban intereses particulares y no se hallaban sometidos a un interés público hegemónico. Predominaba la dispersión presupuestaria, la de los circuitos de comunicación y la de las atribuciones
Este modelo de organización tenía sus propias lógicas y dinámicas de reforma y supuso la estandarización de los pesos y medidas, la regulación de los fueros y ordenanzas locales, la modernización fiscal y la creación de impuestos uniformes, el control de los pueblos y de los movimientos poblacionales, el refuerzo de la tutela sobre las autoridades locales y sobre las formas del derecho municipal
Tanto antes como después del triunfo del liberalismo, el Estado portugués no construyó sus diversos aparatos burocráticos, rígidos y especializados, desde el centro, para forzar luego a una periferia recalcitrante, integrada por campesinos y élites provinciales a aceptar los cambios. Por el contrario, el proceso fue dinámico, mantuvo siempre niveles variados de negociación y contó con la participación de los protagonistas de las provincias. De la misma manera cabe señalar que no se produjo una dicotomía clara entre un proceso de burocratización creciente, formalizado y racional, y un nivel local de poder, caracterizado por el atraso y la patrimonialización. La construcción de un modelo de Estado burocratizado y racional no se resolvió en una lucha entre los dos polos sino en un proceso de ajustes consecutivos. Tanto la administración central como los poderes locales tenían márgenes de autonomía relativa que podían emplear en los momentos decisivos, lo que permitía procesos
de negociación desigual que abrían la puerta al atraso de iniciativas locales, a maniobras dilatorias en la aplicación de los reglamentos o a la búsqueda de acuerdos. No había, en consecuencia, una oposición entre centro y periferias. El Estado tuvo que cultivar los intereses locales, aunque procurase siempre mantener y reforzar los márgenes de control gubernamental sobre las comunidades y sus redes de
El nuevo sistema político y administrativo liberal introdujo, por medio de sucesivas normas, un modelo centralizador, en el que toda la cadena estaba ligada y subordinada jerárquicamente y el gobierno intervenía con el nombramiento de las principales autoridades con capacidad ejecutiva y poder de intermediación en todos los niveles de poder
Los lamentos por la centralización excesiva del Estado liberal fueron uno de los temas más habituales en el debate político e intelectual decimonónico. Pero la centralización se asociaba a la fuerte tutela del Estado, a la preeminencia de sus funcionarios sobre los cargos electivos locales y a lo que se presentaba como limitación de las libertades municipales. No era una cuestión de reducción o concesión de competencias y ni siquiera de redistribución de la fiscalidad. Si analizamos la normativa aprobada desde 1832 en adelante, observamos que las atribuciones de las cámaras no se transformaron en exceso; las que más cambiaron fueron las competencias de los provisores y administradores municipales, así como sus funciones fiscalizadoras, al ampliarse los supuestos en que se exigía la autorización de la superioridad. Es verdad que la legislación de Mouzinho da Silveira, en 1832, retiró a los municipios atribuciones judiciales antiguas e importantes así como en la aprobación y cobranza de impuestos. Aun y así los municipios retuvieron muchísimas competencias, casi todas fiscalizadas y tuteladas por la superioridad, en ámbitos tales como la gestión de los recursos naturales, la reglamentación de las actividades económicas, la limpieza y la salud públicas y la construcción y conservación de caminos e infraestructuras locales, y siguieron teniendo la posibilidad en determinadas circunstancias de establecer impuestos locales y endeudarse.
Autores influyentes, como Alexandre Herculano, escribieron asiduamente contra esta dinámica centrípeta que, en su opinión, adormecía el espíritu público, anulaba las libertades municipales y conducía al despotismo del Estado y de sus agentes. Henriques Nogueira le lanzó la acusación de que «a fuerza de querer administrar todo, no administra nada o administra todo imperfectamente; dificulta la acción de las ruedas secundarias; ejerce una tiranía en ocasiones ridícula e injustificable; produce considerables demoras en la tramitación de los negocios urgentes y multiplica de forma extraordinaria el servicio de expedientes»
Tras un periodo inicial, entre 1833 y 1834, en el que se intentó poner en marcha un sistema de prefectos adaptado, la organización administrativa adquirió su forma básica en el periodo 1835-1842. Se creó una pirámide de poder presidida por el todopoderoso ministro del Reino, al que seguían los gobernadores civiles de distrito, en un tercer nivel los administradores municipales y en la base los regidores de las parroquias, formando un conjunto que se pretendía que funcionase orgánicamente. El ministro nombraba el gobernador civil y los administradores municipales y estos designaban a los regidores
La creación de una estructura bicéfala a nivel local, a partir de 1835, con un ayuntamiento [
La nueva configuración administrativa fue indispensable para asegurar un mayor poder y capacidad de intervención en el espacio nacional y, desde el verano de 1833, funcionó como un instrumento de consolidación del régimen. El liberalismo gradualmente suprimió municipios pequeños o incompletos (en 1836, 1853 y 1855). Si en 1832 existían más de 800, en 1898 solo quedaban 286. Los liberales fueron capaces de establecer, de este modo, municipios con una media de población superior a los de España, Francia y otros países europeos
A lo largo del siglo
La reforma de las instituciones del Estado, llevada a cabo por los sucesivos gobiernos liberales desde 1832, se basó en la modernización de sus estructuras y redes y en la mayor tutela sobre los cuerpos locales y en el refuerzo del peso de las estructuras burocráticas centrales y de los empleados públicos de designación gubernamental. Sin embargo, incluso en los periodos en los que la tutela gubernamental se dejó sentir más, las autoridades y sus empleados continuaron siendo a menudo reclutados entre los grupos oligárquicos locales, abriendo vías para la negociación desigual y hasta informal con los diferentes ramos de la Administración. Este vínculo entre gobernadores civiles, administradores municipales y sus oficiales y auxiliares, por una parte, y los medios locales, por otra, siguió siendo fuerte hasta los comienzos del siglo
Aunque estuvieran subordinadas y encuadradas, las periferias no eran un sujeto pasivo de la política y de la administración estatal. El modelo centralizador no las olvidaba y precisaba de ellas para funcionar. De entrada en la organización de los procesos electorales y la reunión de los votos necesarios para la legitimación de los gobiernos, previamente designados por el rey. Al contrario de lo que ocurría en el Antiguo Régimen, las nuevas redes administrativas y los circuitos que la representación política creaba permitían un mayor acceso de las élites de las periferias a los lugares de poder en el centro. Las élites dirigentes pasaron a estar reclutas en un espectro político y social más vasto, incluida una parte de los protagonistas de las provincias, normalmente acreditados con títulos de la Universidad de Coímbra y de otros centros superiores. A cambio, este sistema ofrecía a los representantes de las periferias un papel de intermediación más fuerte y directa con el gobierno central y permitía que, dentro de ciertos márgenes formales, los espacios vacíos de poder pudiesen ser ocupados por las oligarquías locales y gestionados mediante modelos clientelares. El Ministerio de los Negocios del Reino presidía este sistema, de una forma generalmente benevolente, por más que asegurase a través de su cadena administrativa la clara hegemonía del centro.
En las primeras décadas del liberalismo, el Estado no disponía todavía de los medios humanos y materiales para desempeñar de forma eficaz sus tareas y modernizar e integrar las periferias. Utilizar una dispendiosa maquinaria burocrática, dotada de cuerpos organizados, disciplinados y profesionalizados, estaba fuera del horizonte de posibilidades. Una de las opciones posibles era integrar las redes administrativas y de poder existentes, articularlas, superponer áreas y funciones y caminar hacia un elevado nivel de pactismo y de negociación. En ese proceso fue necesario reorganizar las unidades administrativas locales, aumentar su tamaño, tutelar de forma inequívoca los municipios, urdir redes para la determinación y recaudación de los impuestos y someter a la dirección del Estado al clero parroquial
En el centro, las reformas realizadas en 1859 permitieron poner en marcha procesos de concurso, selección y promoción de funcionarios. Por el contrario, en los municipios y distritos se mantuvieron formas de reclutamiento de empleados que estaban lejos de guiarse por criterios técnico-racionales
El Leviatán liberal no era tan poderoso como para poder controlar las periferias y asegurar un mando centralizado, profesionalizado y fundado en el predominio estricto de las reglas formales. Pero al mismo tiempo el nivel local tampoco podía reproducir su autonomía anterior y pasó a estar obligado a integrarse dentro de los nuevos aparatos y jugar con las nuevas reglas. Hay que recordar que el Estado portugués no tuvo que pasar por un proceso de pacificación de sus periferias, como sucedió en Italia y en España, si bien es verdad que la mayoría de las revueltas locales durante el siglo
En materia de pesos y medidas, Francia constituyó una fuente de inspiración para toda Europa, empezando por el voluntarismo puesto de manifiesto en la fase revolucionaria y siguiendo por la prudencia del Imperio y la Restauración. La decisión en 1795 de adoptar un sistema nuevo y uniforme en todo el territorio trató de evitar que la miríada de «mundos» locales se siguiese traduciendo en otros tantos sistemas de pesos y medidas. El nuevo sistema métrico-decimal únicamente se miraría en el espejo de la nación. Como sugiere el objetivo de «
En Portugal, al iniciarse el proceso en 1812 y cuando se adoptó el metro en 1852, la discusión y los objetivos de la reforma eran semejantes. Al final del Antiguo Régimen se trató de generalizar en todo el reino un sistema único de pesos y medidas. Una de las vías para hacerlo era adoptar los patrones de medida de la capital (como se hizo en España en 1801); otra recurrir al metro, aunque con nombres en portugués. El reformismo ilustrado, característico del absolutismo tardío, buscaba uniformizar y racionalizar el territorio a través de la remoción de obstáculos y la superación de los «particularismos»
Para el liberalismo se trataba de crear una institución para la nueva economía política. La gran variedad metrológica dificultaba el libre flujo de las actividades económicas y comerciales y, en consecuencia, la edificación de un mercado interno a escala nacional
Es necesario para conveniencia del comercio que se observe regularidad en los pesos y medidas […] Nada existe en Portugal más irregular que sus medidas, y nada clama más inmediatamente por un trabajo que las regularice y uniforme […] De esta incertidumbre se deriva un gran embarazo y trastorno al comercio interno, y todavía uno mucho mayor al externo
La unificación de los pesos y medidas es un aspecto –como los códigos civil y comercial– de la constitución política de la economía liberal, en la que al mercado, imaginado como lugar de encuentro armónico de las voluntades individuales, le corresponde una forma de gobierno que devuelve a la sociedad civil lo esencial de la regulación
En vísperas de la revolución de 1820 todo estaba dispuesto para la unificación de los pesos y medidas. La Comisión nombrada por la Academia de Ciencias en 1812 aconsejó la adopción del sistema métrico-decimal, aunque manteniendo los nombres tradicionales
Solo tras la Guerra Civil recomenzó el proceso, aunque por entonces en sede parlamentaria. En la Cámara de los Pares, Teixeira Girão presentó un proyecto en defensa del mantenimiento de las medidas, nombre y subdivisiones de la metrología nacional
Los trabajos parlamentarios se retomaron después de la revuelta de María da Fonte (1846) y el subsiguiente conflicto de la Patuleia (1847). A comienzos de 1849 la Cámara Baja volvió a formar una comisión especial que presentó su proyecto en abril, pero las sesiones concluyeron sin su discusión
Este largo debate parlamentario dejó legados importantes para la comprensión del reformismo liberal. En primer lugar, consolidó la noción de que la sociedad estaba compuesta por individuos que ya no se hallaban ligados por los lazos adscriptivos propios de una sociedad de órdenes. Su cohesión se fundaba en la división del trabajo que crea interdependencias y hace emerger un orden moral propio. El campesino se transforma en ciudadano por medio de la enseñanza primaria que lo habilita para participar en el contrato social y por el intercambio de trabajo por salario en el mercado. Su comportamiento y sus ideas eran el receptáculo del reformismo, emanado por su parte de gobiernos que creían en la infinita perfectibilidad de las instituciones sociales, económicas y políticas.
Los políticos aprendieron la necesidad de prudencia a la hora de ponderar las opciones disponibles de reforma. No concebían el paisaje social como una
La constatación de que los hábitos mudan pero más lentamente que los principios repercutió en la forma de concebir el reformismo: de la legisferación normativa se transitó a la necesidad de movilización de varios agentes (burócratas, intelectuales, párrocos, profesores de Primaria, comerciantes). Si la modificación de la ley no llega para mudar los usos sociales, entonces las autoridades, operando una combinación virtuosa entre persuasión y coacción, deben estar disponibles para ese compromiso y para apostar por la enseñanza primaria.
El sistema métrico decimal fue adoptado como sistema legal de pesos y medidas en 1852
Según el legislador, el cambio social no es compatible con localismos y particularismos. Había que sustituir las reliquias de la tradición por una concepción racional de la «buena sociedad» y del «buen gobierno». Los antepasados están exentos de culpa o error. En otros tiempos el comercio no había adquirido «proporciones colosales», las comunicaciones no «habían convertido en un único país» a las poblaciones más distantes. Antes los municipios ponían sus intereses y privilegios por encima de los del Estado. Guiados por prejuicios y por el espíritu de campanario levantaban «límites secundarios» dentro del territorio «de la misma nación». Hoy, el «impulso de la civilización» nivela a «todos los pueblos del mismo Reino», a los que «funde y amalgama en un cuerpo político y económicamente homogéneo»
Ese era el argumento decisivo: la (nueva) nación. Los pesos y medidas uniformes traducirían «en un hecho material la unidad política da nación»:
Cuando la unidad política se establece en Portugal por la Carta y por las leyes comunes; cuando la unidad moral se perfecciona sucesivamente por simpatías siempre crecientes, […] cuando la unidad literaria existe gracias a la afinidad de un idioma único, […] cuando la unidad industrial se funda y robustece por los esfuerzos convergentes de la población entera; cuando el espíritu de comunicabilidad se va desarrollando en una escala progresiva y las provincias extremas del reino ansían abrazarse para confundirse, para fortalecer las relaciones de trato y la convivencia social, sería desde luego una excepción deplorable mantener la incoherencia de los actuales pesos y medidas
Si el Fontismo fue el nombre portugués del capitalismo, en frase de Oliveira Martins, el sistema métrico constituyó un poderoso auxiliar de la más profunda de las transformaciones estructurales –el fomento y la modernización económica, comercial e industrial–. Este argumento se repetía una y otra vez en los dictámenes de la Repartición de Pesos y Medidas. Véase, a modo de ejemplo, uno de 1860:
[…] el mercado estará dentro de poco por todas partes. Los productos fluirán adonde haya demanda, pues la facilidad de los medios de comunicación ha aproximado las distancias. Las vías rápidas las aproximarán todavía más; de aquí el crecimiento del comercio interno, para cuya facilitación viene muy a propósito la adopción de una medida igual en todo el reino […] Y el gran y el pequeño cultivador […] no irá solo a los mercados al lado de su casa, sino que irá adonde le convenga, lo que sin duda ayudará a la regularidad de los precios que hasta la fecha no se daba
El asunto central era la fabricación de una homogenización nacional, con la quiebra de los localismos y particularismos, sobre todo del antiguo margen de autonomía de los municipios, para sustentar el ejercicio del poder soberano. La afirmación del centro frente a la periferia y frente a la sociedad, afirmación basada en el gobierno de los sujetos, de las cosas y de sus relaciones. Inseparable de esa transformación estaba otra, que desde diferentes puntos de vista la exigía: la consolidación de un espacio económico a escala nacional que facilitase las transacciones mercantiles, su legalidad, su previsibilidad, la formación de precios y la movilidad de factores productivos.
Si el decreto de 1852 sugiere dureza, su aplicación en la práctica puso de manifiesto la necesidad del compromiso. La Repartición de Pesos y Medidas siguió diversas líneas de acción. Desde muy temprano fue palmario el caos metrológico, gracias a los dictámenes de los inspectores enviados a los municipios para comparar las viejas y las nuevas medidas
No obstante, el tiempo pasaba y las resistencias se mantenían. Hubo motines y revueltas en Lisboa, en Oporto, en Setúbal, en el Algarve y en el Miño
El sistema métrico iba contra la tradición, contra los hábitos administrativos y contra las prerrogativas fiscales de los municipios, celosos de su autonomía. Su aplicación se llevó a cabo por medio de un aparato administrativo frágil y dependiente de intermediarios, de redes clientelares y de caciques. Además de la colaboración de estos actores, la implantación del sistema dependía de la capacidad de cooperar de los niveles central, periférico y municipal de gobierno, de sus posibilidades de armonizar las voluntades de los ministerios de Obras Públicas y del Reino, para movilizar a los maestros de escuela y a los párrocos, decisivos por su influencia local, y –como aconteció en el caso del censo general a partir de 1864
Con el liberalismo, sobre todo después de 1851, la expansión de la burocracia dotó al Estado de una estructura capilar que podía alcanzar de forma más sistemática la escala local y la vida cotidiana de los pueblos. Prueba de ello fueron las resistencias suscitadas por los poderes periféricos, los agentes económicos y los propios pueblos, con frecuencia instrumentalizados políticamente. Las protestas campesinas no se dirigían solo contra el metro. También contra la contribución territorial, los impuestos municipales, la desamortización de los bienes de las cofradías, el reclutamiento militar o los levantamientos cartográficos
Estado e individuo, centro y periferias, Estado y mercado deben ser concebidos como construcción histórica en términos de implicación mutua. Esta construcción se fundó en un método: la moderación y el compromiso bajo el signo del reformismo, que fueron alimentados por tensión permanente entre la imaginación utópica liberal –el sueño– y los ajustes impuestos por la realidad –la razón–. El imaginario que subyacía a la gobernación liberal no era una
En el siglo
El liberalismo consistió, por tanto, en una inquietud reformista. No se trataba de simples abstracciones, sino de modelos institucionales concretos, que se fueron sucediendo al ritmo de sucesivas reformas, que partiendo de la realidad buscaban su perfeccionamiento, intentando reducir la distancia entre el
Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto HAR2012-32713 del Plan Nacional de I+D+i. Traducción del portugués al castellano por Juan Pan-Montojo.
Anónimo (
Una comparación entre los modelos constitucionales ibéricos en
La Carta fue revisada más veces: en 1885, 1895-1896 y 1907.
Carta a
Discursos de 10 y 29-8-1821 en
Según el periódico republicano
Otra particularidad portuguesa era el enorme desnivel entre los requisitos de electores y elegibles. Tras la generosa ley de 1878, únicamente reunían los requisitos de elegibilidad un 7% de la población masculina adulta.
Conde de Rio Maior,
Por ejemplo,
Como el del Centro Republicano Federal de Lisboa, en 1873.
Véase el
«As classes operárias conquistaram o direito de votar, que é a carta de cidadão»,
Dejemos de lado el pensamiento político contrarrevolucionario legitimista, derrotado como proyecto global en 1834, y que tuvo como principales exponentes a Acúrsio das Neves, A. J. Gouveia Pinto, António Ribeiro Saraiva o José da Gama e Castro.
Cit.
Siempre hubo contrapropuestas orgánicas a la concepción liberal individualista en los debates públicos, por más que se situaran en una posición periférica. Por ejemplo, el jurista
Cit.
La ley de 3-7-1913 limitó el sufragio a los ciudadanos varones alfabetizados, reduciendo drásticamente el universo de electores. En contrapartida, al armonizar la capacidad electoral activa y pasiva, amplió la base de reclutamiento de la élite política, que por esta razón perdió parte de su poder oligárquico y pasó a incluir segmentos de la pequeña burguesía urbana.
Una intención doble, presente tanto en los autores moderados, como en los autores del campo republicano y socialista de la generación de 1848, tales como
Sobre estos discursos,
Nota del traductor: «donatários» era el nombre con que se designaba a los nobles y a los linajes beneficiarios de una «donación» real, figura semejante a la concesión de un señorío jurisdiccional.
Las principales normas son de 1832, 1835, 1840-1841 y 1892. Los códigos administrativos se aprobaron en 1836, 1842, 1878, 1886, y 1895-1896.
Sobre la construcción de los aparatos periféricos de Hacienda y los impuestos:
La provisión de vacantes por concurso fue introducido en la administración de distrito en 1878. En la municipal se demoró hasta 1892. Véase
Recuérdese el ciclo de revueltas de inicios de la década de 1860 y la «Janeirinha» en 1868. Véase
Respecto a los
Aviso real de 5-12-1812;
Ver
Aviso real de 12-9-1814.
Véase el debate en el
Decreto de 13-12-1852.
Decreto de 30-8-1852.
Preámbulo del decreto de 13-12-1852.
Preámbulo del decreto de 13-12-1852.
Dictámenes publicados en el
«Viva a Maria Bernarda/Com o seu lenço ao pescoço/Novos direitos em baixo/Os kilogramas no poço» [Viva la María Bernarda/con su pañuelo al cuello/los nuevos derechos abajo/los kilogramos al pozo], versión del himno de María da Fonte cantado por los amotinados del Miño en 1862,
AA. VV. (
El ministro de Obras Públicas (Loulé) para el Jefe de la Repartición de Pesos y Medidas, 18-9-1863, =confidencial=, MOPCI RC –13-2/AHMOP.
Orden circular del MOPCI a los gobernadores civiles, 23-3-1877.
Decreto de 14-2-1879. Para España, véase
Ver argumentos en el mismo sentido en
En la expresiva fórmula de