Este año se han venido dedicando múltiples actividades, institucionales y académicas, destinadas a conmemorar el 40 aniversario de nuestra Constitución. Entre ellas, por ejemplo, un congreso internacional organizado por el Congreso y el Senado y la publicación de una obra monumental dirigida por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, al que esta revista pertenece.
La ocasión, sin duda, lo merece, pues debemos celebrar la longevidad de una Constitución que, nacida con el espíritu de concordia que caracterizó la transición de la dictadura a la democracia, acertó a regular en su texto un Estado social y democrático de Derecho parangonable con el de los países más civilizados de nuestro tiempo. El 27 de diciembre de 1978 fue promulgada una Constitución que intentó poner fin a nuestra convulsa historia política de los últimos dos siglos y, más inmediatamente, a los trágicos enfrentamientos de nuestra Guerra Civil y sus consecuencias. Nació, así, una Constitución de todos y para todos, pues quienes participaron en un ejemplar proceso constituyente presidido por el consenso renunciaron a las ideas que los dividían para ponerse de acuerdo en los objetivos que sí les unían: la democracia, la autonomía territorial, la Monarquía parlamentaria. De ahí que el texto final lograse un amplísimo apoyo, próximo a la unanimidad, tanto en las Cortes Generales como en la voluntad popular expresada en referéndum.
No es, desde luego, una Constitución perfecta, ninguna lo es, pero sí fue la mejor Constitución posible para asegurar la convivencia de los españoles en paz, justicia y libertad. Y lo ha seguido siendo en los cuarenta años que ahora cumple. Es cierto que con el paso del tiempo se han detectado algunos defectos que convendría subsanar mediante su reforma cuando las circunstancias políticas lo permitan. Pero también lo es que algunos de los problemas que hoy nos aquejan, quizás el más grave sea en materia territorial, no se deben tanto a defectos de la Constitución cuanto, muchas veces, a su inaplicación o a su inadecuada aplicación política y jurídica. Nunca debiera olvidarse que el pluralismo político y territorial que la Constitución proclama exige una correlativa lealtad en el acatamiento de las reglas de juego también constitucionalmente establecidas, algo que, lamentablemente, no se ha practicado en los últimos años por algunos partidos o algunas instituciones autonómicas.
Confiamos en el futuro de nuestra Constitución, en su capacidad de resistencia frente a quienes quieren destruirla y, claro está, con la colaboración de la inmensa mayoría las fuerzas políticas y de los ciudadanos que sí quieren mantenerla, en su capacidad de adaptación, con reformas si fueran necesarias, pues creemos que el espíritu integrador con que esa Constitución nació continua vivo y seguirá siendo válido para resolver adecuadamente los problemas que en cada momento puedan afectar a la convivencia de todos los españoles. Que no son problemas solo de Derecho Constitucional, pues el Derecho no puede hacerlo todo, aunque sin el Derecho no pueda hacerse nada, sino también de cultura constitucional. Al fin y al cabo, la Constitución, toda Constitución, se mantiene si sus garantías jurídicas van acompañadas de sus garantías políticas y sociales.
La Revista Española de Derecho Constitucional tiene una vida ligada a la de nuestra Constitución. Nació casi inmediatamente después de ella y la ha venido acompañando desde entonces. Resulta, pues, natural, y debido, que en esta revista dejemos constancia del valor que tiene el hecho de que la Constitución haya alcanzado sus primeros cuarenta años de vigencia, sumándonos así a los múltiples homenajes que con tal motivo se le están prodigando. En tal sentido, nos ha parecido que, en lugar de dedicar un número monográfico conmemorativo de la efeméride, el mejor homenaje que desde esta revista podíamos rendirle a nuestro texto constitucional es, simplemente, continuar, como hasta ahora, contribuyendo, número a número, de la mejor manera posible, a la labor que siempre hemos realizado: ayudar al estudio y desarrollo del Derecho Constitucional español. Ese es nuestro compromiso con la Constitución como juristas, más modesto, pero no menos intenso que el necesario compromiso con ella de todos los ciudadanos.