REFORMA DE LA COMPILACIÓN DE DERECHO CIVIL BALEAR Y CONSTITUCIÓN

1.1. Planteamiento[Subir]

La exposición de motivos de la Ley 7/2017, de 3 de agosto, titula el apartado dedicado a la modificación del régimen económico matrimonial como «Protección del vínculo matrimonial de acuerdo a la doctrina constitucional y medidas para suavizar el sesgo de género en la regulación del régimen matrimonial de separación de bienes». A partir de esta frase se pueden plantear diferentes cuestiones. ¿Hay que suavizar el sesgo de género en la regulación del régimen económico matrimonial o ya existen en la práctica otros mecanismos para hacerlo? ¿Qué ocurre en aquellas parejas en las que hay igualdad en relación con el patrimonio? ¿Y en aquellos casos en que es la mujer la que cuenta con más bienes? Con ello solo se pretende poner de relieve que hay que analizar este tema desde la amplia tradición del régimen de separación de bienes en la sociedad mallorquina (y balear). Régimen que, en muchas ocasiones, ya ha encontrado otras fórmulas para compensar determinados aspectos provocados por la separación de patrimonios^‍‍[8].

Atendiendo a la doctrina constitucional a la que se hacía referencia, la STC 198/2012, de 6 de noviembre, se refiere al matrimonio como una institución que, tras una evidente evolución, se entiende como una «comunidad de afecto que genera un vínculo o sociedad de ayuda mutua entre dos personas que poseen idéntica posición en el seno de esta institución», y ello en el marco de un proyecto de vida familiar común. Tanto la compensación por el trabajo para la familia como la necesidad de consentimiento para la disposición de la vivienda habitual del cónyuge no titular se enmarcan en aquella protección; protección más a uno de los cónyuges que propiamente al vínculo matrimonial. La última medida mencionada podría chocar de entrada con un régimen de separación de bienes como el balear. Por otra parte, se mantienen los derechos legitimarios del cónyuge separado de hecho, con las consecuencias prácticas que ello puede conllevar para aquellas parejas que no hubieran formalizado una situación consolidada.

Prevalece la idea de comunidad sobre la de separación, por lo que los regímenes históricos de absoluta separación no encajan en esta doctrina, creando relaciones de «insolidaridad económica». Y ello puede ocurrir cuando uno de los cónyuges ha dedicado su tiempo y esfuerzo a la familia sin recibir ningún tipo de contraprestación, mientras que el otro ha podido progresar profesionalmente o incluso aumentar su patrimonio. Situación que, afirma la ley, fue ignorada por el legislador balear de 1990.

A la luz de las sentencias de los tribunales en la resolución de cuestiones relacionadas con la compensación, estaba claro que era necesaria una reforma en este sentido; de aquí su calificación en el título de este epígrafe como una «reforma esperada». Se hacía necesario introducir en la Compilación la compensación por el «trabajo para la familia» —a diferencia del Código Civil, que se refiere al «trabajo para la casa»—. Con ello se conseguía paliar la desigualdad producida en uno de los cónyuges por el «tiempo y dedicación no remunerada a la unidad familiar, al hogar, a la maternidad».

1.2. Presupuestos para obtener la compensación[Subir]

El art. 4 de la Compilación de Derecho Civil balear anterior a la reforma se refería al levantamiento de las cargas del matrimonio y la necesaria contribución de ambos cónyuges en proporción a sus recursos económicos. Se entendía como contribución el trabajo para la familia. La nueva redacción del artículo añade que esta contribución podrá dar derecho a una compensación en determinadas circunstancias. Si no hubiera acuerdo, será el juez quien la establecerá.

A raíz de la reforma, el art. 4 se refiere expresamente al derecho a obtener una compensación que antes no existía. Se introduce así en la Compilación la doctrina de la STSJ de las Illes Balears de 24 de marzo de 2010, que establece la aplicación analógica del art. 9 LPEIB^‍‍[9]. En este sentido, afirma que lo que se pretende es evitar que el régimen de separación de bienes pueda amparar un enriquecimiento injusto producido por la desigualdad patrimonial. Ello supone el enriquecimiento de un cónyuge y el empobrecimiento del otro, a causa de una dedicación mayor al trabajo para la familia en el sentido de tiempo y dedicación no remunerada a la unidad familiar, al hogar o a la maternidad. ¿Se puede entender todo ello de la dicción literal del artículo («[…] se considera como contribución el trabajo para la familia y da derecho a obtener una compensación que el juez debe señalar, si no hay acuerdo cuando se extinga el régimen de separación»)?

Lo único que debe compensarse es la dedicación al trabajo para la familia, ya que el régimen de separación de bienes no es un régimen económico que pretenda la igualdad entre los cónyuges. Existen otros regímenes por los que podrían optar los cónyuges con independencia de su vecindad civil. Por otra parte, sí que hay que tener en cuenta que en las Illes Balears el régimen económico de separación de bienes se aplica, en primer lugar, en defecto de capitulaciones matrimoniales o espòlits en Ibiza. De la doctrina de la STSJ de las Illes Balears de 24 de marzo de 2010 ya citada se extrae:

La aplicación analógica que realiza el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears de la LPEIB, fija —según afirma la Ley 7/2017, de 3 de agosto— un «principio general del Derecho civil balear»: la prohibición de que el régimen de separación de bienes pueda amparar un enriquecimiento injusto producido por una dedicación mayor al trabajo para la familia.

El art. 9.2 de la LPEIB se refiere a la compensación económica, pero supedita la desigualdad patrimonial al enriquecimiento injusto. En cambio, el art. 4 de la Compilación tras la reforma solo se refiere a la posibilidad de obtener una compensación, sin establecer más presupuestos para ello^‍‍[11]. A continuación, el art. 9.2 requiere que se haya dado alguno de los supuestos que enumera, que son que el conviviente haya contribuido económicamente o con su trabajo a la adquisición, conservación o mejora de cualquiera de los bienes comunes y privativos del otro miembro de la pareja y que el conviviente se haya dedicado con exclusividad o de forma principal a la realización del trabajo para la familia. ¿Tienen los tribunales que seguir acudiendo a la analogía con la LPEIB a la hora de cuantificar la compensación o debe entenderse que puede darse con independencia de otras circunstancias? ¿Qué tipo de compensación? ¿Cuándo se puede obtener y cuáles son sus presupuestos? En todo caso, ¿es requisito imprescindible la existencia de desequilibrio patrimonial? ¿Es un derecho personalísimo que se extingue con la muerte del cónyuge acreedor?

Si bien el artículo no establece más presupuestos, de la exposición de motivos se extrae cuál es la finalidad de esta regla, remarcando además la introducción de la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears: evitar en el régimen de separación de bienes la desigualdad patrimonial que supone el enriquecimiento de uno y el empobrecimiento de otro^‍‍[12], atendiendo al tiempo y dedicación no remunerada a la familia, como ha quedado expuesto anteriormente.

1.3. La compensación en las resoluciones de los tribunales[Subir]

Se pueden analizar algunos casos como el de la SAP de las Illes Balears de 14 de junio de 2018. Se había presentado demanda de divorcio y, con ella, toda la regulación por la que se regiría la pareja después de la ruptura. La sentencia del Juzgado de Primera Instancia establece, entre otros aspectos, una compensación económica a favor de la esposa de 100 000 euros. Contra esta sentencia se interpone recurso de apelación. Uno de los motivos objeto de impugnación es precisamente la compensación económica atribuida a la esposa. Esta reconoce que quien ha contribuido principalmente al levantamiento de las cargas del matrimonio ha sido el esposo y que ella se ha ocupado del cuidado del hogar, la familia y los hijos, incluyendo el asesoramiento profesional a su marido. Es necesario un claro desequilibrio entre los cónyuges o los miembros de la pareja. En este caso concreto, la Audiencia no entiende que el trabajo para la familia realizado por la esposa suponga una «sobre aportación» que haya producido una pérdida de posibilidades de promoción profesional ni de incremento de su propio patrimonio. Además, en este caso, la vivienda familiar le pertenece proindiviso aunque el esposo canceló la hipoteca —aquí un ejemplo de las otras formas de compensación a las que se hacía referencia anteriormente—, también han quedado acreditadas las detracciones que ella hizo de la cuenta común. Concluye el Tribunal que, en este caso, no hay enriquecimiento injusto por parte del esposo. La sentencia ya se refiere a la nueva ley de modificación de la Compilación, aunque no estaba en vigor en el momento en que se presentó la demanda. Sin embargo, deja apuntado que a día de hoy no haría falta recurrir a la analogía en relación con el art. 9.2 LPEIB, ya que se ha introducido la compensación en el art. 4. La SAP de las Illes Balears de 28 de septiembre de 2018, refiriéndose al nuevo art. 4, establece que esta compensación no surge de manera automática; hay que contribuir a las cargas del matrimonio como una obligación propia de cada cónyuge. En este caso, la esposa carecía de patrimonio cuando se casó y tras la separación dispone de un patrimonio mayor que el de su marido, a pesar de haberse obtenido solo con los ingresos derivados de su trabajo.

Por su parte, la SAP de las Illes Balears de 14 de marzo de 2017 establece que la Compilación balear en su art. 4 —refiriéndose a su redacción antes de la reforma— no prevé ningún derecho de compensación. Entiende que no es aplicable el art. 1438 CC, ya que la Compilación optó por no prever este derecho en su momento. Sin embargo, recurre a la LPEIB —que, afirma, también es Derecho civil de las Illes Balears—y opta por su aplicación analógica en este caso, con los presupuestos que aquella ley establece^‍‍[13]. Se extrae de la sentencia citada que el simple trabajo para la familia no es suficiente para obtener la compensación, ya que cada cónyuge tiene que contribuir a las cargas del matrimonio.

Por su parte, la SAP de las Illes Balears de 7 de marzo de 2016 entiende que no hay enriquecimiento injusto y que el trabajo para la casa de la mujer ha sido compensado constante matrimonio: los inmuebles adquiridos constante matrimonio están inscritos a nombre de ambos esposos, a pesar del régimen de separación de bienes que rige el matrimonio y la falta de ingresos de la esposa. La SAP de las Illes Balears de 29 de enero de 2015 tampoco otorga compensación por el trabajo para la casa a la esposa, ya que, atendidas todas las circunstancias, no puede apreciarse un enriquecimiento injusto a favor del esposo y en perjuicio de la esposa.

Se puede plantear si haría falta una regulación del régimen económico matrimonial, dentro de la competencia que tiene atribuida la CAIB, en el marco del «desarrollo» de instituciones ya reguladas, que detallara, entre otras, la compensación por el trabajo para la familia (qué incluye, en qué casos y con qué presupuestos se puede dar, etc.) o bien dejar que sean los tribunales los que interpreten el precepto atendiendo a cada caso. A diferencia de las Illes Balears, en Cataluña se ha optado por una regulación pormenorizada de la cuestión. La compensación económica por razón de trabajo está regulada con detalle en el art. 232-‍5 del Codi Civil de Cataluña, estableciendo sus propias reglas de cálculo en el art. 232-‍6. En primer lugar, requiere que un cónyuge haya trabajado para la casa «sustancialmente» más que el otro y que al finalizar la convivencia el otro cónyuge haya obtenido un incremento patrimonial superior. Por otra parte, también tiene derecho a esta retribución cuando el cónyuge hubiera trabajado para el otro sin retribución o con una retribución insuficiente. Para su cálculo deben tenerse en cuenta la duración e intensidad de la dedicación, el que haya incluido crianza de hijos o cuidado de otros miembros de la familia que convivan con los cónyuges. También establece un límite: la cuarta parte de la diferencia entre los incrementos de los patrimonios, calculada de acuerdo con lo establecido en el art. 232-‍6, aunque si se prueba que ha sido superior, el juez podrá aumentar la cantidad de la compensación. En Cataluña, también se regula el caso de extinción del régimen económico-matrimonial por muerte —cuestión más problemática—. En este caso el cónyuge superviviente puede reclamar la compensación como derecho personalísimo condicionado a los bienes que le haya dejado en la sucesión voluntaria o los que le correspondan en la intestada y no cubran su importe^‍‍[14].

El Anteproyecto de Ley de Régimen Patrimonial del Matrimonio elaborado por la Comisión Asesora de Derecho Civil Balear regulaba con más detalle esta cuestión. El art. 9 definía el trabajo para la familia como «el trabajo para la casa, el cuidado y la atención de los miembros que convivan en el domicilio familiar y la colaboración no retribuida en la actividad empresarial o profesional del otro cónyuge». Además, en los apartados 3 y 4 de aquel precepto establecía el régimen de la compensación basado en incremento patrimonial y pérdida de oportunidades, calificándolo como un «crédito indemnizatorio^‍‍[15]».

La Ley 10/2007, de Régimen Económico Matrimonial de la Comunidad Valenciana —declarada inconstitucional por falta de competencia sobre la materia— descarta el derecho a la compensación económica cuando el cónyuge acreedor haya obtenido ventajas patrimoniales equiparables a tal compensación y añade en su art. 14.2 que es compatible con otros derechos de carácter patrimonial y que tengan causa jurídica diferente. Y en su art. 12 incluye no solo el trabajo para la casa, sino también la colaboración no retributiva en la actividad empresarial o profesional del otro cónyuge.

En el ámbito del Código Civil, la STS de 14 de julio de 2011 establece que el trabajo para la casa constituye un «título para obtener una compensación en el momento de finalización del régimen». Cuando es de aplicación el art. 1438 CC, según el Tribunal Supremo, no es necesario para que uno de los cónyuges tenga derecho a la compensación que se haya producido un desequilibrio patrimonial por parte del otro cónyuge (entre otras, la STS de 26 de marzo de 2015 o la de 14 de abril de 2015). La otra cuestión que se plantea es si puede darse la compensación si se ha compatibilizado con un trabajo fuera del hogar o se ha tenido ayuda de otras personas en estas tareas. En relación con el trabajo fuera del hogar hay que citar la STS de 26 de abril de 2017. En ella se admite que la colaboración en actividades profesionales o negocios familiares en condiciones laborables precarias puede considerarse trabajo para la casa y da derecho a una compensación ( ‍Álvarez Olalla, P. (2017). El Tribunal Supremo concede el derecho a la compensación por trabajo doméstico en el régimen de separación de bienes, aunque la dedicación al hogar del cónyuge que la solicita no sea exclusiva, por haber colaborado en la empresa de su consorte. Comentario a la STS de 26 de abril de 2017 (RJ 2017\1720). Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, 8, 153-162.Álvarez Olalla, 2017). En relación con esta sentencia, Moreno Flórez se plantea si la colaboración en negocios familiares realmente debe ser entendida como «trabajo para la casa», más teniendo en cuenta que se trata del régimen de separación de bienes, por lo que se refiere a los ingresos de cada cónyuge. También se muestra crítica esta autora con la idea de que solo pueda haber compensación en caso de que el trabajo se haya realizado en el ámbito familiar ( ‍Moreno Flórez, R. M. (2018). El trabajo para la casa en el régimen de separación de bienes. ¿Exclusivo, o compatible con una actividad remunerada? Revista de Derecho Civil, 4 (5), 233-279. Disponible en: https://bit.ly/2H0lyIoMoreno Flórez, 2018: 271 y ss.).

En conclusión, el Tribunal Supremo, cuando aplica el art. 1438 CC, excluye la necesidad para obtener la compensación de que se haya producido un incremento patrimonial del otro cónyuge^‍‍[16]. Como ya ha quedado establecido, en el caso de las Illes Balears, de una interpretación conjunta de la ley, parece desprenderse que la intención del legislador no fue esta.

1.4. En especial, la compensación en los contratos agrarios[Subir]

Hay que situar la cuestión tratada en este epígrafe en el Libro de Menorca, concretamente en la figura de la sociedad rural menorquina. La Compilación se refiere en el art. 64, apartado tercero, primero al caso en el que el cultivador adopte la forma de titularidad compartida, y, segundo, al supuesto en el que no lo hiciera y el cónyuge hubiera trabajado en la explotación agraria sin ninguna remuneración, lo que le daría derecho a una compensación.

El art. 64 contiene una remisión expresa al derecho estatal. En este caso no al Código Civil, sino a la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de explotaciones agrarias (concretamente a los arts. 2.2, 4, 5, 8 y 13). Se aplica cuando se adopta la forma de titularidad compartida de las explotaciones agrarias^‍‍[17] y cuando concurran las circunstancias del art. 13 de aquella Ley. En este último caso, en relación con el reconocimiento del derecho a la compensación económica en el supuesto de colaboración efectiva en la explotación agraria sin remuneración.

Esta compensación parte de la misma finalidad que la compensación por el trabajo para la familia: la realización de un trabajo que reporta algún beneficio para el otro cónyuge o miembro de la pareja sin ningún tipo de remuneración, lo que supone un empobrecimiento de uno de los cónyuges frente al enriquecimiento del otro. El fundamento en este caso es diferente. En el supuesto que ahora se plantea se cambian el fundamento y el ámbito competencial. No estamos en sede de régimen económico-matrimonial sino en contratos agrarios. Según la exposición de motivos de la Ley 7/2017: «[…] una novedad fruto del cambio de consciencia social en relación con el mundo rural y la necesidad de reconocer y visibilizar el papel invisible que el trabajo de las personas (tradicionalmente, la mujer) que, muchos años o toda una vida, conviven con el cultivador […]», optando por una compensación económica cuando no se ha establecido la titularidad compartida ni se ha obtenido ningún tipo de remuneración a cambio del trabajo realizado^‍‍[18]. Se trata de contratos agrarios, no de régimen económico matrimonial, aunque ambos se van a entrelazar necesariamente, por lo que hay que estar a la competencia de la CAIB que sustenta esta reforma.

Por ello, el ámbito de aplicación, según establece la propia ley de modificación, es más amplia: no es necesario que se trate de una pareja estable en el sentido de la ley que las regula en las Illes Balears, ya que no se trata de efectos de la convivencia, «sino de justicia social y laboral, ya que equivale a pagar por el trabajo realizado por parte de quien ha trabajado invisiblemente y sin derechos». De aquí se extrae el diferente fundamento de la compensación en uno y otro caso.

El supuesto de hecho para la obtención de la compensación parte de personas casadas o unidas por análoga relación de afectividad, que participen en la actividad de la explotación sin recibir ninguna remuneración a cambio ni estén en régimen de titularidad compartida. Se trata de un trabajo aportado a una explotación del otro cónyuge, sin haber obtenido nada a cambio. Hay que tener en cuenta que en el caso de separación de bienes las ganancias obtenidas con la explotación son del cónyuge titular de la misma.

Sin embargo, es inevitable poner en relación esta compensación con el régimen de separación de bienes. El art. 2.2 separa el régimen de titularidad compartida del régimen económico del matrimonio y del régimen sucesorio, y ello sin perjuicio de lo establecido en relación con la compensación. Aun así no dejan de ser interesantes los posibles puntos de fricción entre el régimen de separación de bienes y la titularidad compartida y la compensación. ¿Es un trabajo para la familia en el sentido ya estudiado? ¿Podría considerarse trabajo en un negocio familiar, en el sentido de algunas sentencias analizadas (colaboración no retribuida en la actividad empresarial o profesional del otro cónyuge)? En principio, no tiene la consideración de trabajo para la familia, sino que está trabajando en una explotación agraria del otro cónyuge o de su pareja, teniendo su régimen específico por lo que se refiere a la compensación.

El derecho a percibir esta compensación nacerá en casos de transmisión de la explotación agraria, de nulidad o disolución del matrimonio, por separación, nulidad o muerte o en supuestos de liquidación del régimen económico del matrimonio o de las relaciones patrimoniales de la pareja de hecho. ¿Cómo se conjuga el derecho a obtener compensación en caso de muerte en matrimonios regidos por el régimen económico matrimonial de separación de bienes? ¿Qué ocurre en el caso de compensación del trabajo para la familia? ¿Podrá el cónyuge superviviente exigir la compensación a los herederos? Este caso se ha previsto en Cataluña, pero no se ha dicho nada al respecto en la Compilación de las Illes Balears.

Por lo que se refiere al cálculo de la compensación, tendrá en cuenta el valor de la explotación, el tiempo efectivo y real de la colaboración y la valoración de dicha actividad en el mercado. El plazo para su reclamación prescribirá a los cinco años, tal como establece el art. 15 de la Ley sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias.

Con carácter general, es importante destacar que, con anterioridad a la reforma, tanto esta ley de 2011 de carácter estatal como la LPEIB, por lo que se refiere a las Illes Balears, ya preveían una compensación en situaciones que pudieran producir desigualdad económica entre los cónyuges o miembros de una pareja en determinadas circunstancias. Por otra parte, como se ha visto, fueron los tribunales los que ya en 2010 la aplicaron en los casos de ruptura matrimonial.

2.1. Evolución de la cuestión[Subir]

La necesidad de consentimiento del cónyuge no titular para disponer de la vivienda familiar supone un cambio importante en la Compilación y en el régimen económico de separación de bienes de las Illes Balears. Régimen que siempre se había calificado como de «absoluta» separación, en el que los cónyuges ya articulaban en muchos casos otras medidas para salvar los posibles desequilibrios que podía producir, lo que se confirma con la práctica notarial en las islas. Como afirmaba la STSJ de las Illes Balears de 3 de septiembre de 1998: «Si no existe mención a la exigencia del consentimiento del cónyuge es porque el legislador decidió que esta era la mejor opción, habida cuenta que el régimen económico es el de absoluta separación de bienes». Ferrer Vanrell defiende la independencia de patrimonios y la falta de comunicación entre ellos, así como la total autonomía de gestión, administración y disposición de cada titular, y afirma que el Parlamento autonómico en la reforma de la Compilación de 1990 se manifestó en contra de introducir una norma de esta naturaleza ( ‍Ferrer Vanrell, M. P. (2001). La problemática de la aplicabilidad del artículo 1.320 del Código civil a los ordenamientos civiles territoriales (a la luz de la sentencia de 3 de septiembre de 1998 de TSJB). Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 665 (77), 1079-1136.Ferrer Vanrell, 2001: 1107). Por el contrario, subyace en la presente modificación la idea reiterada de adecuar la protección del vínculo matrimonial a la doctrina constitucional que ya plantea la ley en su exposición de motivos.

Se planteó en su momento la posibilidad de aplicar el art. 1320 CC —que sí requiere este consentimiento— a supuestos en los que era de aplicación el Derecho civil balear. Ante esta situación se plantea la cuestión del carácter supletorio del derecho estatal y las lagunas realmente queridas por la Compilación. ¿Cuándo se aplica supletoriamente el Código Civil y cuándo se excluye esta posibilidad? ¿Tenía que aplicarse supletoriamente la previsión del art. 1320 CC o la propia Compilación había previsto no regular expresamente este punto, en un régimen de separación «absoluta» de bienes? Esta fue la cuestión planteada en la citada STSJ de las Illes Balears de 3 de septiembre de 1998. Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial consideraron aplicable el art. 1320 CC al supuesto planteado, basándose principalmente en que este artículo del Código Civil es de aplicación al caso porque tiene que prevalecer la defensa constitucional de la vivienda y el interés familiar. Es el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears el que casa la sentencia. Concluye que no existe laguna en la Compilación balear; en consecuencia, no puede aplicarse supletoriamente el Código Civil. De acuerdo con ello afirma que solo un cambio en la Compilación estableciendo una regla similar haría posible su aplicación. Por otra parte, se llegó a plantear la constitucionalidad de la ausencia de una regla como la del art. 1320 CC en la Compilación. En relación con esta cuestión, entiende la SAP de Baleares de 20 de septiembre de 2005 que la protección jurídica, económica y social de la familia puede darse de muchas maneras y no se impone una medida concreta. Concluye que ninguna sombra de inconstitucionalidad podía proyectarse sobre los arts. 3, 4 y 5 de la Compilación balear y de los artículos de la Constitución no se desprende la obligación de exigir el consentimiento de ambos cónyuges para disponer de la vivienda habitual^‍‍[19].

Se pueden analizar algunos antecedentes, la Comisión Asesora de Derecho Civil Balear, como ya se ha hecho referencia, presentó un Anteproyecto de Ley de Régimen Patrimonial del Matrimonio que pretendía regular de forma amplia sus relaciones económicas; texto normativo que nunca llegó a aprobarse. Se preveía en su art. 15 la necesidad de consentimiento del otro cónyuge para realizar actos de disposición, alienación o gravamen sobre la vivienda constituida como hogar familiar y su menaje, a pesar de que hubo otro texto de anteproyecto de ley que lo excluía^‍‍[20]. Si el cónyuge no titular no diera su consentimiento podría darlo el juez en «interés de la familia». Ambas reglas tenían carácter imperativo. Por otra parte, también establecía que los notarios y registradores se abstendrían de inscribir los títulos en los que se dispusiera de la vivienda familiar sin consentimiento del otro cónyuge o de autorización judicial. El art. 17 se refería a la ineficacia de estos actos realizados sin el consentimiento preceptivo, que serían anulables. La acción caducaba a los cuatro años desde la inscripción en el Registro de la Propiedad o desde que el cónyuge hubiera conocido los actos de disposición sobre la vivienda.

La modificación ha llegado con la Ley 7/2017, de 3 de agosto, concretamente con el art. 4.3 —aplicable a Mallorca y Menorca— y el art. 67 —aplicable a Ibiza y Formentera—, que introduce expresamente la necesidad de consentimiento de los dos cónyuges o, en su caso, autorización judicial así como las consecuencias en caso de incumplimiento. Se reproduce en el caso de Ibiza en el art. 67, que establece que, en defecto de espòlits, el matrimonio se regirá por el régimen de separación de bienes. Sin embargo, hay voces discrepantes en relación con esta medida. Así, para el Derecho civil de Ibiza, Cardona Guasch no comparte la exigencia de consentimiento del cónyuge no titular porque considera que es una medida extraña a la libertad que siempre ha presidido las instituciones de esta isla^‍‍[21].

La introducción de este artículo supone un cambio —se puede reflexionar si necesario o no— en el régimen de separación de bienes balear. En relación con este tema, son varias las cuestiones que merecen ser estudiadas. La más grave, una posible inconstitucionalidad del artículo por vulneración de la competencia en legislación mercantil que corresponde al Estado. Por otra parte, se puede plantear, dado el tenor del artículo, si el legislador balear tiene competencia para establecer las consecuencias en caso de incumplimiento de la obligación que contiene esta norma, concretamente si podía establecer la anulabilidad del acto de disposición en el caso de que faltara la autorización preceptiva. Y también resulta interesante realizar un breve estudio de derecho interregional comparado estudiando las normas de otras comunidades autónomas que han regulado esta materia. Ya se puede adelantar que lo han hecho en el mismo sentido que la reforma de la ley balear.

2.2. Cesión del derecho patrimonial ante intereses superiores de necesaria protección[Subir]

Las cuestiones se van sucediendo: ¿derecho patrimonial o régimen económico del matrimonio? Parece claro que es una norma de régimen económico matrimonial. ¿Afecta al derecho de propiedad? Claramente. ¿Acaso no se está limitando el poder de disposición sobre la cosa a quien legítimamente le corresponde? Así es. Algo parecido ha ocurrido con el derecho de uso de la vivienda familiar al cónyuge no titular en caso de separación y divorcio^‍‍[22], cuestión estudiada ampliamente por la doctrina. Se convierte en una carga difícil de articular con el derecho de propiedad. En ambos casos se alegan intereses superiores que requieren protección y justifican la limitación del derecho de propiedad, que en un sentido clásico no deberían darse. La calificación de un determinado inmueble como «vivienda familiar» es capaz de cambiar el propio contenido del derecho de propiedad en aras de salvaguardar un interés superior, el de la familia^‍‍[23]. Como afirma Domínguez Martínez ( ‍Domínguez Martínez, P. (2012). La protección de la vivienda familiar en situación de normal matrimonio en el ordenamiento jurídico civil. Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, 4 (2), 73-90.2012), se ha configurado un régimen especial para la vivienda familiar como domicilio conyugal, con independencia de que haya hijos o no, que supone una limitación del contenido del derecho de propiedad.

¿A quién pretende proteger esta medida? No se trata de una modificación del régimen económico matrimonial en sí mismo considerado, sino de una medida de protección del otro cónyuge y de la vivienda familiar. Según la exposición de motivos de la Ley 7/2017, de 3 de agosto, la introducción de esta regla se justifica en la protección del cónyuge no titular ante actos de disposición de la vivienda familiar: «Es una mejora necesaria para proteger la unidad familiar ante las deudas del cónyuge titular único de la vivienda familiar^‍‍[24]». Hay que plantearse en este punto las consecuencias que estas afirmaciones tienen en un sistema de separación de bienes. Berrocal Lanzarot, en sede de Código Civil, afirma que la libertad de gestión, administración y disposición de los cónyuges en el régimen de separación de bienes tiene limitaciones en aras del interés familiar ( ‍Berrocal Lanzarot, A. I. (2017). Efectos patrimoniales en el régimen de separación de bienes. Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 763 (93), 2606-2645.2017: 2607). Precisamente a ese interés, que requiere especial protección, se refiere la Resolución de la DGRN de 13 de junio de 2018. Afirma que, con la necesidad de consentimiento de ambos cónyuges, se salvaguarda el goce pacífico del inmueble en el que los cónyuges han fijado el alojamiento familiar. La función de tutela la sitúa claramente esta resolución en «la necesidad de asegurar al otro cónyuge y, a través de él, a la familia el espacio propio de convivencia frente a aquellos actos de disposición unilaterales que pudiera llevar a cabo el cónyuge propietario de la vivienda o titular de un derecho sobre ella, al que se impide cualquier actuación que pueda privar al consorte del uso compartido de este bien».

Los requisitos en los que se basa la aplicación de los arts. 4.3 y 67 de la Compilación son, por una parte, que se trate de actos de disposición, y que estos actos recaigan sobre la vivienda habitual y los muebles de uso ordinario de la familia ( ‍Munar Bernat, P. (2014). Disposición de la vivienda familiar y donaciones entre cónyuges. Algunas consideraciones críticas sobre el Anteproyecto de Ley de Régimen Patrimonial del Matrimonio de 2013. Boletín de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de las Illes Balears, 15, 189-277.Munar Bernat, 2014: 223). La Resolución DGRN de 13 de junio de 2018 establece que el consentimiento requerido para el acto de disposición es exclusivamente el de los cónyuges, no interviniendo los hijos. También recalca que la aplicación de la medida opera cualquiera que sea el régimen económico aplicable al matrimonio. Costas Rodal ( ‍Costas Rodal, L. (2009). Comentario al artículo 1320 Código civil. En R. Bercovitz Rodríguez-Cano (dir.). Comentarios al Código Civil. Pamplona: Aranzadi.2009), refiriéndose al art. 1320 CC, afirma que, por lo que se refiere a la legitimación, no estarían legitimados los herederos, solo el cónyuge, pues con la muerte cesa la vivienda familiar.

Por otra parte, ¿puede el Derecho civil balear establecer las consecuencias en caso de incumplimiento? ¿Es posible que pueda determinar la falta de eficacia de estos actos? ¿No chocaría con la regulación de las bases de las obligaciones contractuales que corresponde al Estado? No ha habido pronunciamiento en relación con este tema. Hay que decir que las otras comunidades autónomas con Derecho civil propio también lo han incluido y que su regulación es idéntica a la del Código Civil^‍‍[25].

Finalmente, hay que dejar apuntado que el art. 5 LPEIB, dedicado al régimen económico de la pareja, remite a la aplicación supletoria del art. 4 de la Compilación de Derecho Civil balear, por lo que hay que entender que también sería aplicable la necesidad de consentimiento del cónyuge no titular en el caso de disponer de la vivienda familiar^‍‍[26].

2.3. El artículo 4.3 y su posible inconstitucionalidad[Subir]

Además del comentario y análisis que merece este artículo en un sistema como el balear, se ha planteado su inconstitucionalidad por vulneración de normas mercantiles, por invasión de las competencias en Derecho mercantil, en relación con la Ley Concursal. Por nota remitida por la Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas, se plantean discrepancias de índole competencial en los dos primeros párrafos del nuevo art. 4 de la Compilación. Se plantea la posible contradicción de lo establecido en el art. 4.3 con el art. 6 del Código de Comercio y los arts. 77 y 78 de la Ley Concursal. Según este documento se estaría vulnerando la competencia exclusiva del Estado en materia mercantil del art. 149.1.6.ª CE.

Lo que no se puede olvidar es que la modificación se presenta en el marco del régimen económico matrimonial, cuestión que claramente es competencia civil y regulada históricamente en la Compilación. Ante tales afirmaciones, se produce la colisión —si es que puede considerarse como tal— entre las dos normas: el art. 149.1.6.ª y el 149.1.8.ª CE; materia mercantil frente a la civil. Como apunta Llodrá Grimalt ( ‍Llodrá Grimalt, F. (2017a). Observaciones en relación con la nota de 11.10.2017 de la Dirección General de relaciones con las Comunidades Autónomas, relativa a la Ley Balear 7/2017. Primera parte [trabajo inédito].2017a;  ‍Llodrá Grimalt, F. (2018). Anàlisi de la Llei 7/2017, de 3 d’agost, per la qual es modifica la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears i del seuprocés. Revista Jurídica de les Illes Balears, 16, 37-68.2018: 58-‍60), la nota remitida a la CAIB no tiene en cuenta la competencia autonómica sobre el Derecho civil propio del art. 149.1.8.ª CE. Hay que establecer dónde se enmarca el artículo sobre la vivienda familiar. Parece claro que no es materia concursal, ni se está refiriendo a un cónyuge empresario, sino al régimen económico matrimonial de separación de bienes. Afirma la autora citada que los arts. 77 y 78 de la Ley Concursal son normas que afectan al deudor civil, por lo que si tuviera que afectar a alguna competencia estatal sería a la que se refiere a las «bases de las obligaciones contractuales».

Si se opta por el análisis desde otra perspectiva, la disposición final trigésima segunda de la Ley Concursal establece: «La presente Ley se dicta al amparo de la competencia que corresponde al Estado conforme al artículo 149.1.6ª y 8ª de la Constitución», remarcando que ello es «sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo^‍‍[27]». Parte de la doctrina considera que los arts. 77 y 78 de la Ley Concursal invaden competencias autonómicas en aquellos territorios con derecho civil propio.

Afirma Álvarez Olalla que si un cónyuge tiene bienes para hacer frente a sus deudas, «el legislador estatal no interfiere en las transacciones, gratuitas u onerosas que hayan tenido lugar respecto al otro cónyuge». Si interviniera en estos casos —afirma esta autora— sí que estaríamos ante un claro ejemplo de invasión de competencias en las comunidades autónomas con Derecho civil propio. Concluye que la incidencia de la Ley Concursal en las normas del régimen económico matrimonial del concursado en los derechos forales es mínima ( ‍Álvarez Olalla, P. (2010). La incidencia de la Ley Concursal en los regímenes económicos matrimoniales de Derecho foral, a la luz del reparto competencial establecido en la Constitución. Derecho Privado y Constitución, 24, 67-107.Álvarez Olalla, 2010: 95-‍96 y 105). Se podría entender la aplicación de la Ley Concursal como una norma especial en caso de insolvencia de uno de los cónyuges que desplazaría tanto la norma general del art. 1320 CC como la del art. 4.3 de la Compilación de Derecho Civil balear^‍‍[28].

También se muestra en contra de la inconstitucionalidad de esta norma Masot Miquel, quien además califica esta situación como agravio comparativo con otras comunidades autónomas que han regulado la cuestión de la misma forma, sin ser cuestionada su constitucionalidad. Muestra de ello es el caso de Cataluña, que regula esta cuestión en el art. 231-‍9 de su Codi Civil, bajo la rúbrica «disposición de la vivienda familiar». Hay que decir, como ya se ha comentado, que es aplicable cualquiera que sea el régimen económico matrimonial. Mientras que en Cataluña se refiere a los actos de enajenación, gravamen o disposición en general de su derecho sobre la vivienda familiar o sobre los muebles de uso ordinario^‍‍[29], en la ley balear se refiere simplemente a la disposición de los derechos sobre la vivienda y los muebles de uso ordinario^‍‍[30].

En Aragón, el art. 109 del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Código del Derecho Foral de Aragón, en sede de efectos generales del matrimonio, se refiere a la necesidad de consentimiento del cónyuge no titular para actos de disposición «voluntaria» o sustracción del uso común de la vivienda habitual de la familia. En caso de enajenación se extingue el derecho expectante de viudedad. La consecuencia, como en los demás casos, es la anulabilidad, acción que pueden instar tanto el cónyuge como sus herederos, salvando también al tercero de buena fe. En el caso del País Vasco, es el art. 135 de La Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco, el que establece, en la comunicación foral, el consentimiento de ambos cónyuges para los actos de disposición de bienes; no se requiere este consentimiento para disponer del dinero, cuotas, aportaciones, cooperativas o partes representativas de la participación en sociedades, activos financieros o valores mobiliarios^‍‍[31]. Y la Ley 81 del Proyecto de Ley Foral de Modificación y Actualización de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo se refiere a la necesidad de autorización del cónyuge distinguiendo entre el consentimiento para disponer inter vivos o sustraer al uso común los derechos sobre la vivienda habitual o el mobiliario ordinario de la misma y el asentimiento en caso de que pertenezcan con carácter privativo a uno de los cónyuges.

2.1. Sobre la constitucionalidad de los artículos 53 y 84 de la Compilación[Subir]

El art. 24 de la Ley 7/2017, de 3 de agosto, modifica el art. 53 aplicable a Mallorca y Menorca, y el art. 34 modifica, en el mismo sentido, el art. 84 para la sucesión intestada en Ibiza y Formentera. En el primero, según el primer apartado del art. 53, la sucesión ab intestato se remite al Código Civil, sin perjuicio de los derechos del cónyuge viudo que reconoce la propia Compilación. El cambio se produce en el apartado segundo, concretamente en la sucesión de los Consejos Insulares y ayuntamientos en lugar del Estado, a falta de los demás herederos llamados a la sucesión intestada. En el mismo sentido, el art. 84.3 de la Compilación de Derecho Civil balear en el libro III que contiene las disposiciones aplicables en las islas de Ibiza y Formentera^‍‍[36].

La disposición adicional tercera de la Ley 7/2017, de 3 de agosto, añade dos nuevos artículos, el 41 bis y el 41 ter a la Ley 6/2001, de 11 de abril, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en sede de sucesión intestada para adecuarlo a los cambios producidos en la Compilación. Según este artículo, corresponderá a la Administración autonómica efectuar la declaración de heredero intestado y el procedimiento administrativo aplicable tendrá que determinarse reglamentariamente.

En relación con esta modificación, se ha planteado una posible inconstitucionalidad de los arts. 53 y 84 de la Compilación por posible vulneración de la competencia estatal. Se recibió una nota de la Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas. En ella se hacía constar que la modificación en relación con la sucesión intestada en las Illes Balears podría invadir la competencia del Estado del art. 149.1.8.ª CE, ya que no se estaría desarrollando el Derecho civil propio, sino creando una norma nueva en materia de sucesión.

Antes de la reforma, la remisión al Código Civil hacía que, en defecto de los herederos previstos en la línea sucesoria, quien heredaba en último lugar era el Estado. Esta antigua remisión parece ser la causa que ahora vetaría un cambio en la sucesión intestada en el Derecho civil balear. En caso de ausencia de las personas indicadas en los arts. 930 a 955 CC, se completan los llamamientos con las Administraciones territoriales de la comunidad autónoma en lugar del Estado. Entiende en este caso el Estado que el hecho de que la Compilación previera una remisión al Código Civil hace que ahora no se pueda excluir ( ‍Llodrá Grimalt, F. (2018). Anàlisi de la Llei 7/2017, de 3 d’agost, per la qual es modifica la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears i del seuprocés. Revista Jurídica de les Illes Balears, 16, 37-68.Llodrá Grimalt, 2018: 47). Son varias las cuestiones que pueden plantearse: la remisión realizada anteriormente, ¿veta todo cambio en la redacción del artículo o, aun más, en la regulación de la materia? Aun cuando se cambiara, ¿no estaríamos ante una materia competencia de la comunidad autónoma de las Illes Balears como es la sucesión? Según afirma la nota citada: «[…] la nueva regulación […] no estaría desarrollando su derecho civil foral, sino que supondría el establecimiento de una norma nueva en materia de sucesión intestada para todo el territorio de la Comunidad Autónoma», lo que no tendría cabida en el art. 149.1.8.ª CE. ¿Puede cambiarse una remisión por una regulación propia o con ello se están invadiendo competencias estatales? ¿Se puede incluir tal cambio en la «conservación, modificación y desarrollo» del Derecho civil propio de las Illes Balears? ¿No estaríamos ante una «modificación» del Derecho civil balear?

La respuesta tendría que ser afirmativa. Así opina Llodrá Grimalt, quien entiende que este planteamiento de la constitucionalidad del precepto modificado vulneraría la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, ya que se trata solo de una modificación de la norma, ni siquiera se está ante un desarrollo de la materia^‍‍[37]. Muy claro se muestra Coca Payeras al referirse a esta cuestión: la sucesión intestada ya era objeto de regulación en la Compilación de Derecho Civil balear, «y el que lo fuera por remisión estática a las normas del Código civil, y más aún con ciertas reservas respecto del cónyuge viudo, evidencia que dicha “materia” forma parte del Derecho civil propio, por lo que creemos que en puridad las citadas normas no son ni deben ser declaradas inconstitucionales» ( ‍Coca Payeras, M. (2018). Notas sobre la regulación de la sucesión intestada en la Compilación de Derecho Civil de las Islas Baleares, instaurada por la Ley 7/2017. Boletín de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears, 19, 121-144.Coca Payeras, 2018). Galicia Aizpurua y Castellanos Cámara también son favorables a esta postura doctrinal. Entienden que, desde una perspectiva constitucional, no se le puede hacer ningún reproche a la modificación en materia de sucesión intestada, al tratarse de una «modificación» del Derecho civil propio, según lo establecido en el art. 149.1.8.ª CE. Afirman los autores citados que al tratarse de una materia ya regulada en el derecho balear vigente al promulgarse la Constitución, la comunidad autónoma puede regular sobre la materia en el sentido que estime oportuno en cada momento ( ‍Galicia Aizpurua, G. y Castellanos Cámara, S. (2018). Últimas reformas y propuestas de reforma en derecho de sucesiones. Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, 3, 27-70.Galicia y Castellanos, 2018).

De acuerdo con ello, parece que se estaría vetando cualquier regulación que desarrollara la sucesión intestada en las Illes Balears. De ser cierta esta afirmación iría incluso en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el ámbito competencial de las comunidades autónomas con derecho civil propio. ¿No se podría desarrollar una materia sobre la que claramente las Illes Balears tienen competencia? ¿Quedaría petrificada la regulación de la materia sin posibilidad de cambio ni desarrollo? Es más, aun en el caso de que no se admitiera como modificación, todavía nos quedaría afrontar la cuestión de acuerdo con la regulación de materias conexas, con fundamento en la doctrina del Tribunal Constitucional ya comentada. Se refiere la STC 41/2018, de 26 de abril, a la vinculación de «desarrollo» con la garantía constitucional de «los “derechos civiles forales o especiales vigentes en ciertos territorios” y, más en concreto, con el reconocimiento constitucional de la vitalidad hacia el futuro de tales ordenamientos preconstitucionales^‍‍[38]».

También es interesante tener en cuenta que otras comunidades autónomas con Derecho civil propio han regulado la sucesión ab intestato, y, lejos de remitir la cuestión al Código Civil, establecen el llamamiento, en último lugar, a favor de la comunidad autónoma correspondiente. Es verdad, como ya apunta Egusquiza Balmaseda ( ‍Egusquiza Balmaseda, M. A. (2018). Conexión institucional necesaria: «desarrollo» de los derechos civiles propios en la última jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Derecho Privado y Constitución, 33, 47-78. Disponible en: https://doi.org/10.18042/cepc/dpc.33.022018: 75), que la constitucionalidad de una determinada norma no debe fundamentarse en lo acaecido en otras comunidades autónomas, sin llevar a cabo un análisis del derecho civil propio, y Arroyo Amayuelas también se pronuncia en este sentido, planteando que el Tribunal Constitucional puede haberse pronunciado en unos casos pero no en otros, resultando penalizadas unas comunidades autónomas y no otras ( ‍Arroyo Amayuelas, E. (2010). Competència autonómica, competencia entre ordenaments jurídics i codificació del Dret civil català: un balanç. Revista de Dret Històric Català, 10, 167-213.2010).

La exposición de motivos del Proyecto de Ley de Modificación de la Compilación de Derecho Civil de las Illes Balears (2016) ya se refería expresamente a otras comunidades autónomas con derecho civil propio que habían regulado la cuestión. Es verdad que en aquel texto quien heredaba era la comunidad autónoma, no los Consejos Insulares, pero a los efectos de modificación de la Compilación y su validez la cuestión es la misma. Como ejemplo, citaba este texto los arts. 442-‍12 y 442-‍13 de la Ley 10/2008, de 10 de julio, del libro cuarto del Codi Civil de Cataluña^‍‍[39]; el art. 117 de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil del País Vasco; los arts. 536 y 537 del Código de Derecho Foral de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo^‍‍[40]; los art. 267 a 269 de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia, y el número 7 de la Ley 304 de la Compilación de Derecho Civil Foral o Fuero Nuevo de Navarra^‍‍[41]. En este último caso, afirma la STC 40/2018 que, con posterioridad al Fuero Nuevo, Navarra tiene reconocida en la legislación foral civil preferencia en los llamamientos de herencias legales frente al Estado para apropiarse de los bienes mostrencos y en materia de sucesión intestada contempla los llamamientos a la Diputación Foral en defecto de parientes.

2.2. Contenido y aplicación: algunas cuestiones[Subir]

Salvada su constitucionalidad, merece un comentario la regulación contenida en los arts. 53 y 84. Como antecedentes de este cambio en la sucesión intestada, hay que mencionar la propuesta presentada por la Comisión Asesora de Derecho Civil Balear de modificación de los arts. 53 y 84 de la Compilación de Derecho Civil balear (octubre 2014), por la que heredaba en último lugar la comunidad autónoma, siempre a beneficio de inventario. Esta propuesta también hacía un llamamiento al Gobierno balear para que dictara las normas reglamentarias de desarrollo y de actuación de los órganos administrativos en un plazo de seis meses. En la memoria justificativa de la propuesta presentada ya quedaba planteada la necesidad de una regulación más amplia y detallada de la sucesión intestada en las Illes Balears —regulación que todavía no ha llegado— y también se justificaba la competencia para realizar la modificación presentada. En este sentido, establecía que es general la consideración de que las comunidades autónomas con Derecho civil propio puedan regular esta materia, sin que ello conlleve ninguna infracción constitucional de ningún tipo. A mayor abundamiento, se citaba también la disposición final segunda de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que deja a salvo lo dispuesto en «los derechos civiles forales o especiales allí donde existan».

Coca Payeras se muestra crítico con el planteamiento de la reforma, ya que técnicamente los Consejos Insulares y los ayuntamientos se acercan más a la condición de beneficiarios que a la de herederos. De acuerdo con el art. 41 bis de la Ley 6/2001, de 11 de abril, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears: la declaración de herederos se hará por la Administración autonómica, «en estrecha colaboración con los Consejos Insulares y Ayuntamientos». Después se les solicitará que hagan una propuesta de destinación de los bienes o derechos de la herencia y será el órgano competente en materia de patrimonio de la comunidad autónoma el que la valide y ejecute. El papel de los Consejos Insulares y ayuntamientos se limita considerablemente, desvirtuando, en palabras de Coca Payeras, la figura de los herederos ab intestato, quien se muestra favorable a que fuera la comunidad autónoma la heredera en el sentido del proyecto de ley citado anteriormente ( ‍Coca Payeras, M. (2018). Notas sobre la regulación de la sucesión intestada en la Compilación de Derecho Civil de las Islas Baleares, instaurada por la Ley 7/2017. Boletín de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears, 19, 121-144.2018: 133 y ss.).

Por lo que se refiere al contenido del artículo, la doctrina está de acuerdo en que se introduce la territorialidad en la aplicación de las normas y también destacan los problemas que pueden originarse en la práctica. En este sentido, Llodrá Grimalt se refiere a esta territorialidad que lo acerca a normas como el Reglamento (UE) n.º 650/2012, de 4 de julio de 2011 ( ‍Llodrá Grimalt, F. (2018). Anàlisi de la Llei 7/2017, de 3 d’agost, per la qual es modifica la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears i del seuprocés. Revista Jurídica de les Illes Balears, 16, 37-68.Llodrá Grimalt, 2018: 46-‍47). Desde un punto de vista crítico, Coca Payeras también se refiere a la expresión «isla del causante». Entiende este autor que lo que seguramente pretendió el legislador, pero que no ha quedado plasmado en la ley, era referirse «a la isla a la que pertenece el municipio en que tuvo su última residencia habitual el causante^‍‍[42]».