LA EFECTIVIDAD DEL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA COMO MOTIVO DE PROTECCIÓN DE LA COSA JUZGADA NACIONAL: NOTA SOBRE LA SENTENCIA DE 24 DE OCTUBRE DE 2018, XC Y OTROS

1. La importancia de la cosa juzgada nacional en el derecho de la UE[Subir]

La firmeza de las afirmaciones del Tribunal de Justicia reiterando su respeto hacia la cosa juzgada nacional puede sorprender a lectores familiarizados con una parte de su jurisprudencia relativa a la cosa juzgada. En efecto, algunas sentencias, sobre todo a partir de Köbler^‍‍[20] y Lucchini^‍‍[21], han dado lugar a reacciones que denotan inquietud. La «saga» de la jurisprudencia en torno a la cosa juzgada italiana es el ejemplo más destacado de lo que algunos habían considerado incursiones indebidas en el derecho procesal de los Estados miembros ( ‍Bříza, P. (2008). Lucchini SpA-is There Anything Left of Res Judicata Principle? Civil Justice Quarterly, 27, 40-50.Bříza, 2008;  ‍Wattel, P. J. (2004). Köbler, CILFIT and Welthgrove: We Can’t Go on Meeting Like This. Common Market Law Review, 41, 177-190.Wattel, 2004). Sin embargo, la sentencia XC y otros demuestra que el temor a que la injerencia del Tribunal de Justicia conduzca a restricciones excesivas de la cosa juzgada no estaba justificado.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la cosa juzgada nacional, como en lo que se refiere a otros aspectos del derecho procesal de los Estados miembros, sigue estando guiada por dos consideraciones generales. Por una parte, desde el punto de vista de la Unión, el sistema judicial de cada Estado miembro es un instrumento que debe ponerse al servicio de la aplicación efectiva del derecho de la Unión y de la protección de los derechos que este sistema reconoce a los justiciables. Por otra parte, los Estados miembros conservan, en principio, la libertad de elegir el sistema judicial y el derecho procesal que les convenga, y la buena voluntad de los tribunales nacionales es esencial para asegurar su cooperación con el Tribunal de Justicia y, por tanto, la aplicación del derecho de la Unión. Estas consideraciones aparecen en la jurisprudencia bajo distintas formas, principalmente como una oposición entre el principio de efectividad del derecho de la Unión y el de autonomía procesal de los Estados miembros ( ‍Bobek, M. (2012).Why there is no Principle of “Procedural Autonomy” of the Member States. En H. W. Micklitz y B. De Witte (eds.). The European Court of Justice and the Autonomy of the Member States (pp. 305-323). Cambridge: Intersentia.Bobek, 2012: 315-‍320). El resultado es, por lo general, la ausencia de intervención en el derecho procesal nacional. Sin embargo, cuando el Tribunal considera que la aplicación efectiva del derecho de la Unión no es posible debido a una norma de derecho procesal, no duda en exigir una modificación o la inaplicación de aquella norma ( ‍Adinolfi, A. (2012). The “Procedural Autonomy” of Member States and the Constraints Stemming from the ECJ’s Case Law: Is Judicial Activism Still Necessary? En H. W. Micklitz y B. De Witte (eds.). The European Court of Justice and the Autonomy of the Member States (pp. 281-303). Cambridge: Intersentia.Adinolfi, 2012: 287). Los principios de equivalencia y de efectividad, cuyo contenido es determinado por el mismo Tribunal de Justicia, le permiten exigir tales medidas en aquellos casos.

La jurisprudencia sobre la cosa juzgada nacional ofrece una buena ilustración de este tipo de razonamiento. Como recuerda el Tribunal, por lo general nunca exige que el juez nacional deje inaplicada una regla que protege la cosa juzgada, aunque esto limite la efectividad del derecho de la Unión —salvo en los casos en los que el Tribunal decide que esta restricción a la efectividad es excesiva—. Así pues, desde el punto de vista del Tribunal de Justicia, sus sentencias sobre la cosa juzgada italiana solo exigen una adaptación del derecho procesal nacional en un sentido que permite un nivel de efectividad razonable para el derecho de la Unión.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia también indica que hay que aprovechar todas las opciones que existen en derecho interno: cuando el derecho procesal del Estado permite limitar el impacto de la cosa juzgada sobre la efectividad del derecho de la Unión, esta opción se torna en obligación^‍‍[22]. Esta posición se justifica por una lógica similar: dado que la aplicación efectiva del derecho de la Unión siempre es la prioridad desde el punto de vista del Tribunal de Justicia, hay que aprovechar todas las opciones que existen dentro del marco del derecho procesal nacional para lograrla. Sin embargo, dado que la cosa juzgada es un componente esencial de todo sistema jurisdiccional, debe ser respetada y, por lo general, el derecho de la Unión no debe imponer excepciones a la aplicación de las normas nacionales que aseguran su respeto.

En efecto, frente a la efectividad del derecho de la UE, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la cosa juzgada añade el principio de seguridad jurídica al clásico de la autonomía procesal. Este tipo de razonamiento permite al Tribunal de Justicia insistir en que el derecho de la Unión respeta los sistemas judiciales nacionales y a los tribunales nacionales, mediante el acercamiento del derecho procesal de la UE a los de los Estados miembros en lo que se refiere a la importancia de los principios de la cosa juzgada y de su fundamento, la seguridad jurídica^‍‍[23]. Así pues, el Tribunal afirma con frecuencia que «procede recordar la importancia que tiene, tanto en el ordenamiento jurídico de la Unión como en los ordenamientos jurídicos nacionales, el principio de la cosa juzgada»^‍‍[24], afirmación a veces asociada con referencias directas o indirectas a la seguridad jurídica o a la recta administración de la justicia^‍‍[25]. Puesto que las mismas bases justifican la existencia y la importancia de la cosa juzgada en todo sistema jurisdiccional, el Tribunal de Justicia asimila el principio que ha introducido él mismo en el derecho procesal de la Unión al que existe en los ordenamientos jurídicos nacionales como prueba de su buena voluntad hacia los derechos procesales de los Estados miembros^‍‍[26]. Cabe notar que las primeras incidencias de esta aproximación de los derechos procesales nacionales y europeo en lo que se refiere a la cosa juzgada aparecieron justamente en sentencias que imponían límites a la aplicación normal de la cosa juzgada nacional con motivo de la aplicación correcta del Derecho de la Unión^‍‍[27]. Es posible dudar de la sinceridad de la aproximación puesto que el derecho procesal de los Estados miembros siempre queda sometido a las exigencias de efectividad y equivalencia y, por ello, a las exigencias impuestas por el derecho de la Unión. Sin embargo, esta frase se encuentra ahora también en sentencias relativas a la cosa juzgada en el contexto del derecho procesal de la Unión^‍‍[28] y se puede considerar la expresión de una voluntad real de respetar lo que es un principio fundamental de todo derecho procesal europeo.

La misma técnica de aproximación de los sistemas judiciales y procesales europeo y nacional aparece en la sentencia XC y otros, en la evaluación de la compatibilidad del derecho austriaco con el principio de efectividad. En este caso, se puede considerar la expresión de un respeto hacia las normas nacionales que aseguran la firmeza de las resoluciones judiciales puesto que aparece en una línea argumentativa que rechaza toda obligación de extender al ámbito del derecho de la Unión un procedimiento que es una excepción a la cosa juzgada. Tras haber reiterado la regla según la cual el derecho de la Unión no exige la creación de vías de recurso específicas ante los tribunales nacionales^‍‍[29], el Tribunal recuerda su jurisprudencia Kapferer y la frase relativa a la importancia de la cosa juzgada en los ordenamientos jurídicos de la UE y de los Estados miembros, e incluye una referencia indirecta a la seguridad jurídica como fundamento común de este principio en todo sistema judicial^‍‍[30]. Las otras sentencias citadas son todas relativas a la cosa juzgada, como principio de derecho nacional^‍‍[31] o de derecho de la Unión^‍‍[32].

En la jurisprudencia Kapferer, como en otras sentencias, la asimilación de la justificación y de la protección de la cosa juzgada en los ordenamientos jurídicos nacionales y en el de la Unión sirve para tranquilizar a los jueces nacionales, convenciéndoles de que la limitación de la autonomía procesal no puede llegar hasta poner en tela de juicio la cosa juzgada. El Tribunal se apoya en su jurisprudencia anterior para establecer la base de su razonamiento acerca de la efectividad: la importancia de la cosa juzgada significa que el derecho de la Unión no puede obligar al juez nacional a descartar la aplicación de normas que la garantizan. De ahí que, como ya había indicado el Tribunal en sentencias anteriores, el derecho de la Unión no exija que se subsane sistemáticamente toda situación nacional incompatible con él, mediante la revisión de una resolución judicial firme^‍‍[33].

El hecho de recordar la jurisprudencia bien establecida en lo que concierne a la importancia de la cosa juzgada y al respeto por el juez de la Unión de las normas de derecho nacional que permiten su aplicación no solo aparece como un automatismo por parte del Tribunal de Justicia. Las referencias a la jurisprudencia anterior permiten asentar otros aspectos del razonamiento, como lo demuestra la estructura de las conclusiones del abogado general^‍‍[34]. En efecto, el hecho de que el derecho de la UE respete no solamente la autonomía procesal de los Estados miembros sino específicamente la importancia de las normas relativas a la cosa juzgada es una primera etapa esencial en la prueba de la inexistencia de una violación del principio de efectividad del derecho de la Unión. Como lo expresan claramente las conclusiones, existe evidentemente una tensión entre respeto de la cosa juzgada nacional y efectividad del derecho de la Unión^‍‍[35]. Así pues, comenzar por la reafirmación de la importancia del primer principio permite evaluar la limitación de la efectividad de manera más clemente.

2. Las limitaciones suficientes a la cosa juzgada nacional en el derecho de la UE[Subir]

El Tribunal de Justicia, al igual que su abogado general, insiste en la importancia de la cosa juzgada como principio en los ordenamientos jurídicos de la UE y de los Estados miembros porque esta afirmación sirve luego de base para evaluar la aceptabilidad de la restricción a la efectividad del derecho de la Unión que causa la imposibilidad de revisar sentencias firmes. La tensión puesta de manifiesto por el abogado general Saugmandsgaard Øe es inevitable, puesto que la firmeza de las sentencias impide que algunas de ellas, en las cuales luego se identifica una mala interpretación o aplicación del derecho, sean rectificadas. Esto no es un problema específico del derecho de la Unión. Las normas procesales relativas a la cosa juzgada son la expresión de compromisos entre la búsqueda de la sentencia más justa posible, basada en la realidad de los hechos y del derecho aplicable, y la necesaria protección de la función judicial en el ordenamiento jurídico, de la estabilidad de las relaciones jurídicas establecidas en la sentencia y del derecho a una tutela judicial efectiva de los justiciables que puede incluir un derecho a revisar resoluciones cuando aparecen nuevos elementos. La firmeza que adquieren las resoluciones judiciales se justifica por estos últimos motivos a pesar de que impide que se persigan indefinidamente la búsqueda de la verdad y de la justicia perfecta en el juicio^‍‍[36]. Los mismos motivos justifican el respeto dado a la cosa juzgada, incluso en el escalón nacional, aunque impidan modificar una sentencia claramente incompatible con el derecho de la Unión.

La efectividad no es un principio absoluto y no se puede impedir cualquier vulneración de esta. Otros principios, basados en componentes tan fundamentales del ordenamiento jurídico como la seguridad jurídica o la tutela judicial efectiva, pueden justificar una efectividad menor. Así como lo recuerda el abogado general, una reducción de la efectividad del derecho de la Unión no implica por sí misma una violación de este principio^‍‍[37]. Por esta razón la jurisprudencia del Tribunal no exige que se reconsideren sistemáticamente las resoluciones nacionales anteriores incompatibles con sus propias sentencias^‍‍[38]. Por lo demás, el derecho de la Unión ya prevé mecanismos que permiten limitar la incidencia de la cosa juzgada nacional en su efectividad: por una parte, estableciendo excepciones a las normas nacionales en cuestión, por otra, con el principio de responsabilidad del Estado.

El Tribunal no menciona las excepciones que ha impuesto a la cosa juzgada nacional en esta sentencia. El abogado general lo había hecho, y había observado correctamente que aquellas excepciones al respeto de las normas nacionales que protegen la cosa juzgada correspondían a situaciones muy particulares, en las cuales características estructurales del procedimiento nacional hacían imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el derecho de la Unión^‍‍[39]. Por ejemplo, en el caso de las reglas italianas relativas a la cosa juzgada en materia fiscal, que dieron lugar a los casos Fallimento Olimpiclub^‍‍[40] y Lucchini^‍‍[41], las decisiones tomadas por el Tribunal se deben probablemente al área de competencia en cuestión (el I.V.A., o sea un área de competencia exclusiva para la Unión) y al alcance temporal inhabitual dado a la cosa juzgada en tales situaciones. El derecho italiano hubiera impedido toda rectificación de una aplicación incorrecta del derecho de la Unión en años fiscales posteriores y, por lo tanto, toda rectificación de la situación fiscal de los contribuyentes afectados y toda recuperación de las sumas pendientes ( ‍Tizzano, A. y Gencarelli, B. (2011). Union Law and Final Decisions of National Courts in the Recent Case Law of the Court of Justice. En A. Arnull, C. Barnard, M. Dougan y E. Spaventa (eds). A Constitutional Order of States? Essays in EU Law in Honour of Alan Dashwood (pp. 267-280). Oxford: Hart.Tizzano y Gencarelli, 2011: 277-‍278). Estas circunstancias justificaban, desde el punto de vista del Tribunal de Justicia, que una excepción no se debe asimilar a una voluntad de dificultar la plena aplicación de las reglas relativas a la cosa juzgada en los Estados miembros. Una explicación similar vale para la sentencia Asturcom acerca de laudos arbitrales en España^‍‍[42]. Estas excepciones no son aplicables en este caso^‍‍[43], pero son una primera prueba de la ausencia de necesidad de extensión del ámbito del art. 363a. El derecho de la Unión prevé excepciones a la cosa juzgada nacional cuando parecen indispensables al Tribunal de Justicia.

El principio de la responsabilidad del Estado miembro derivada de una resolución de un órgano jurisdiccional, o principio Köbler^‍‍[44], derivado del principio Francovich^‍‍[45], es otro instrumento que permite al Tribunal limitar el impacto de una resolución judicial sobre la efectividad del derecho de la Unión. Cabe señalar que, aunque el Tribunal de Justicia lo haya negado^‍‍[46], este principio vulnera indirectamente la cosa juzgada dado que pone en tela de juicio la resolución que ha causado la violación del derecho de la Unión^‍‍[47]. Sin embargo, es cierto que permite proteger los derechos conferidos a los particulares sin afectar directamente a la firmeza de la resolución judicial nacional. De ahí que el Tribunal de Justicia, como su abogado general, se refiera a este principio como a una prueba de la ausencia de necesidad de acceder a la vía de recurso establecida en el art. 363a^‍‍[48] para garantizar la efectividad del derecho de la Unión. Aunque exista una resolución judicial firme contraria al derecho de la Unión, este principio debe permitir que un justiciable obtenga reparación y contribuir a desalentar las violaciones del derecho de la Unión por parte de órganos judiciales.

El razonamiento desarrollado por el Tribunal de Justicia y su abogado general se apoya en el estatus de la cosa juzgada nacional en el derecho de la Unión para demostrar que la efectividad de este derecho no requiere mecanismos tales como el del art. 363a. Por una parte, por lo general el principio es el respeto del derecho procesal de los Estados miembros en lo que se refiere a la cosa juzgada, aunque ello suponga limitar la efectividad del derecho de la Unión. Por otra parte, el derecho de la Unión ya contiene mecanismos que permiten contener los efectos adversos de la cosa juzgada nacional, que se deben utilizar en casos en los que existe un riesgo de vulneración grave de la efectividad del derecho de la Unión.

1. La justificación del procedimiento de revisión por las características específicas del sistema jurisdiccional del CEDH[Subir]

La comparación entre un recurso tal como el que establece el art. 363a, basado en el CEDH, y los recursos que permiten la aplicación efectiva del derecho de la UE es necesaria para determinar la compatibilidad de esta norma de derecho procesal nacional con el principio de cooperación leal. Según una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, el principio de equivalencia exige que la regulación procesal de los recursos que permiten salvaguardar los derechos que el derecho de la Unión confiere a los justiciables no sea menos favorable que la de recursos similares que se apoyan en normas de derecho interno^‍‍[49]. El Tribunal de Justicia y el abogado general recuerdan este estándar^‍‍[50] y llegan a la misma conclusión, según la cual el recurso regulado en el art. 363a debe considerarse un recurso de derecho interno, pero no puede considerarse «similar» a los que permiten proteger el derecho de la Unión, o más precisamente los derechos fundamentales que este consagra^‍‍[51]. Los razonamientos son algo distintos, pero se corresponden en lo esencial: la diferencia se debe a que un recurso como el que establece el art. 363a forma parte del sistema del CEDH.

El abogado general Saugmandsgaard Øe rechaza en principio toda equiparación de tales recursos con recursos de derecho interno en el sentido del principio de equivalencia. Según él, este tipo de mecanismo no tiene por objetivo permitir la aplicación de normas de derecho interno, puesto que está basado en el CEDH^‍‍[52]. Por tanto, no se trata de establecer un recurso más favorable para los justiciables si eligen basar su acción en normas de derecho interno y el principio de equivalencia no es pertinente. Este razonamiento es convincente si se tiene en cuenta, como lo hace el abogado general, la función de este principio. Es cierto que su razón de ser en la jurisprudencia es permitir al Tribunal evitar tratos discriminatorios del derecho de la Unión en relación con el derecho interno, impidiendo que las condiciones en las cuales se desarrollan los procedimientos sean menos favorables si los justiciables eligen apoyarse en el derecho de la Unión^‍‍[53]. Los mecanismos de revisión, como el art. 363a, no permiten recursos basados en el derecho interno y por lo tanto no pueden causar este tipo de «proteccionismo procesal»^‍‍[54].

Sin embargo, en un sentido más formal, este recurso destinado a obtener la repetición del procedimiento penal es un recurso de derecho interno y no, estrictamente hablando, de derecho internacional. Por esta razón, el tribunal remitente, el Gobierno austríaco y el Tribunal de Justicia no dudan de la aplicabilidad del principio de equivalencia^‍‍[55] y el mismo abogado general se concentra^‍‍[56] en la cuestión central, que es la del carácter «similar» de este recurso con un recurso destinado a proteger el derecho de la UE. En principio, un recurso que se apoya en un derecho fundamental enunciado en el Convenio parece similar a un recurso basado en el mismo derecho fundamental, enunciado en la Carta de los Derechos Fundamentales o en otro instrumento de derecho de la Unión. Es evidente en la solicitud de los interesados en el procedimiento nacional, que alegan que existe una violación de derechos que les han sido reconocidos por el CEDH y por el derecho de la Unión. El art. 52, apdo. 3, de la Carta fomenta este tipo de planteamiento ( ‍Peers, S. and Prechal, S. (2014). Article 52. En S. Peers, T. Hervey, J. Kenner y A. Ward (eds). The EU Charter of Fundamental Rights: A Commentary (pp. 1455-1522). Oxford: Hart.Peers y Prechal, 2014: 1490 y ss.). La presunción de equivalencia^‍‍[57] alienta la percepción de los sistemas europeos de protección de los derechos fundamentales como un conjunto lo más coherente posible, con niveles de protección similares y, por lo tanto, se alienta la utilización combinada (o bien alternativa) de diferentes instrumentos. ¿Por qué no considerar un recurso basado en el CEDH como similar a un recurso basado en la Carta?

No obstante la presunta equivalencia en el contenido de los derechos enunciados en los dos ordenamientos europeos, el principio de equivalencia supone examinar la naturaleza de los recursos y no solamente la de las normas que permiten proteger. Así pues, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, hay que examinar «el objeto, la causa y los elementos esenciales» del recurso de derecho interno para determinar si es similar a un recurso de derecho de la Unión. Tanto el Tribunal de Justicia como su abogado general se focalizan en la función de este tipo de recurso destinado a obtener la repetición del procedimiento penal, y en su relación con las características del sistema jurisdiccional en el que se apoya el CEDH. Tal como señala el Tribunal, la justificación de esta vía de recurso extraordinaria se encuentra en la propia naturaleza del Convenio, razón por la cual mantiene un estrecho vínculo funcional con el procedimiento ante el TEDH^‍‍[58]. Por la misma razón, la respuesta al tribunal remitente debe ser que no es un recurso similar a un recurso destinado a proteger el derecho de la Unión.

El vínculo de este tipo de recurso con la naturaleza del funcionamiento del sistema jurisdiccional establecido en el CEDH es evidente. La exigencia según la cual no se puede recurrir al TEDH sino después de agotar las vías de recursos nacionales^‍‍[59] implica, en efecto, la existencia de una resolución firme en el nivel nacional, dado que supone la existencia de una resolución en última instancia, que adquiere automáticamente fuerza de cosa juzgada^‍‍[60]. Por esta razón, en principio, el TEDH no puede pronunciarse sobre una situación nacional antes de que exista una resolución judicial firme, y la efectividad de sus sentencias siempre depende de las acciones tomadas por el Estado después de que los interesados hayan agotado los recursos del derecho interno^‍‍[61]. Esta regla de admisibilidad se justifica, en primer lugar, por la necesidad de permitir al Estado que rectifique él mismo la violación, mediante sus jurisdicciones, y, en segundo lugar, por la de limitar el número de casos que lleguen a ser tratados por el TEDH. Sin embargo, este sistema desfavorece claramente a las víctimas de la violación que han interpuesto el recurso ante el TEDH, puesto que no se prevé en el Convenio ninguna obligación de modificar la resolución que cristaliza la violación, por lo que su situación jurídica se mantiene. Los límites de este sistema han sido claramente identificados desde hace tiempo y el Protocolo n.° 16 debe permitir un acceso al TEDH antes de que exista una resolución nacional firme^‍‍[62], pero las reglas establecidas en el mismo le darán una eficacia limitada en este respecto, como bien señala el abogado general^‍‍[63].

Esta falta de efectividad de las sentencias del TEDH para las víctimas individuales de las violaciones de derechos fundamentales ha conducido de manera consecuente a varios Estados miembros a establecer vías de recursos extraordinarias para permitir la revisión de resoluciones firmes, particularmente en materia penal. El art. 363a es un ejemplo de este tipo de mecanismo, que solo se puede utilizar cuando ya existe una resolución judicial firme y el TEDH ha apreciado una violación, o cuando se anticipa tal apreciación. Este recurso debe, pues, considerarse una solución aplicable en casos extraordinarios en los cuales parece indispensable dar eficacia a la sentencia (actual o esperada) del TEDH en el caso individual del interesado y no mantener esta violación del derecho fundamental en el ordenamiento jurídico. En otras palabras, es un mecanismo cuya existencia depende de la presuposición de que una sentencia del TEDH no puede producir efectos directos sobre la situación del individuo que ha sufrido la violación, y busca remediar esta falta de eficacia en algunos casos especialmente graves. Si fuera posible asegurar la plena aplicación del CEDH de otra forma, por ejemplo obteniendo una sentencia del TEDH antes de que existiese una resolución judicial firme a nivel nacional, tales excepciones a la cosa juzgada no serían necesarias.

Esta es justamente la diferencia entre el sistema establecido por el Convenio y el ordenamiento jurídico de la Unión que señala el Tribunal de Justicia, y en la que se basa para descartar la prueba de equivalencia. Puesto que la efectividad de la Unión no depende de tales mecanismos y como su integración en los sistemas judiciales nacionales se lleva a cabo de forma muy diferente, el recurso establecido en el art. 363a no puede considerarse «similar» a ningún recurso de los que permite aplicar el derecho de la Unión. Siguiendo una práctica frecuente desde hace algunos años, el Tribunal de Justicia fundamenta esta respuesta en una argumentación que no solo se basa en la relación que existe entre los mecanismos tales como el del art. 363a, sino que también enfatiza el marco constitucional de la UE^‍‍[64].

2. Las diferencias fundamentales entre el sistema jurisdiccional de la UE y el del CEDH[Subir]

La principal función del principio de equivalencia en el marco de la autonomía procesal de los Estados miembros es evitar que se establezcan condiciones menos favorables para acciones basadas en el derecho de la Unión en comparación con las que se apoyan en el derecho interno. De este modo, completa el principio de eficacia para garantizar que los justiciables siempre puedan útilmente reclamar los derechos que derivan del derecho de la Unión en el sistema jurisdiccional nacional. La cuestión prejudicial en este caso interroga al Tribunal de Justicia sobre la necesidad de extender un mecanismo introducido específicamente para asegurar la efectividad del CEDH al derecho de la Unión. Exponiendo los motivos por los cuales este tipo de mecanismo no se debe extender demasiado, debido a la importancia de la cosa juzgada, el Tribunal de Justicia demuestra también esforzarse en demostrar por qué no es necesario en el ámbito del derecho de la Unión. Si la necesidad del recurso establecido en el art. 363a reside en las deficiencias del sistema jurisdiccional del CEDH, el de la Unión permite, según el Tribunal de Justicia y su abogado general, un nivel de efectividad suficiente como para evitar tales vías de recursos extraordinarias.

Por una parte, el Tribunal de Justicia demuestra que las limitaciones impuestas por su propia jurisprudencia a la cosa juzgada nacional ya permiten un nivel de efectividad suficiente del derecho de la Unión, teniendo en cuenta el respeto necesario para la firmeza de las resoluciones judiciales nacionales en el sistema jurisdiccional de la Unión. Por otra parte, dedica una parte importante de la sentencia a demostrar que las características generales de este sistema jurisdiccional aseguran la efectividad del derecho de la Unión y la protección de las víctimas de violaciones en los Estados miembros. Las características esenciales del sistema jurisdiccional de la Unión forman parte del marco constitucional de la UE, en el que ocupan una función imprescindible. Su importancia en la visión que desarrolla el Tribunal de Justicia de su propio ordenamiento jurídico es evidente en la jurisprudencia de los últimos años, en la que protege con denuedo la estructura de este sistema y la naturaleza de sus relaciones con los jueces nacionales.

La primacía y el efecto directo son citados por el abogado general como las primeras características del marco constitucional de la UE que aseguran la efectividad de este derecho sin obligar a los Estados a poner en entredicho la cosa juzgada^‍‍[65]. Es cierto que estos principios fundamentales del derecho de la Unión deben permitir la plena aplicación de este derecho en los tribunales nacio- nales, aunque sea descartando una disposición contraria del derecho nacional. Sin embargo, es posible considerar que, por su naturaleza misma o debido a la influencia del derecho de la Unión, estas características se están extendiendo al CEDH ( ‍Martinico, G. (2012). Is the European Convention Going to Be Supreme? A Comparative-Constitutional Overview of ECHR and EU Law before National Courts. European Journal of International Law, 23 (2), 401-424. Disponible en: https://doi.org/10.1093/ejil/chs027Martinico, 2012: 407 y ss.;  ‍Bourgeois, S. (2016). The Implementation of the European Convention on Human Rights at the Domestic Level. En S. Bourgeois et al. Comparative Study of the Implementation of the ECHR at the National Level (pp. 7-28). Belgrade: Council of Europe.Bourgeois, 2016: 21-‍23). Según el TEDH, no cabe duda de que el Convenio tiene primacía sobre toda norma de derecho interno^‍‍[66]. La primacía del CEDH sobre la legislación nacional depende sin duda del marco constitucional de cada Estado, pero los derechos fundamentales reconocidos en el Convenio existen también como normas constitucionales en la mayoría de estos sistemas, normas cuya interpretación puede ser influenciada por la del Convenio. En lo que se refiere al efecto directo, si bien es cierto que no aparece en la jurisprudencia del TEDH con tanta firmeza como en la del Tribunal de Justicia, los derechos protegidos por el CEDH son directamente aplicables en varios Estados miembros ( ‍Sudre, F. (2016). Convention européenne des droits de l’Homme. Caractères généraux. Jurisclasseur Europe Traité, 6500.Sudre, 2016: 24-‍25) e integrados en el derecho interno en otros con una posición diferente a la de otros instrumentos legislativos^‍‍[67]. Los estándares europeos establecidos por el TEDH deben prevalecer erga omnes y conducir a los Estados miembros a modificar sus ordenamientos jurídicos aunque no estén directamente afectados por una sentencia^‍‍[68].

La diferencia fundamental entre CEDH y Unión Europea no reside en la afirmación, hecha por el Tribunal de Justicia, de la primacía o del efecto directo de las normas que componen su ordenamiento jurídico en los Estados miembros, sino en la capacidad del sistema jurisdiccional construido alrededor de estas normas de imponer el acatamiento de estos principios. Como recuerda a menudo el Tribunal de Justicia, la eficacia del derecho de la Unión se debe a la integración de los órganos jurisdiccionales nacionales en el sistema jurisdiccional de la UE. Esta integración se debe en gran parte al mecanismo de la cuestión prejudicial, por lo que no sorprende que el Tribunal defienda este mecanismo en particular, considerándolo «la piedra angular del sistema jurisdiccional» de la Unión^‍‍[69]. Este mecanismo permite establecer un diálogo entre jueces nacionales y europeos acerca de la interpretación correcta y del contenido del derecho de la Unión incluso antes de que se haya tomado una sola resolución judicial en el asunto. De esta manera, en los casos en los cuales los jueces remiten una cuestión prejudicial al Tribunal se puede esperar que la plena efectividad del derecho de la Unión sea garantizada por el sistema judicial nacional mismo. Así pues, el Tribunal de Justicia y su abogado general recuerdan que el procedimiento de remisión prejudicial se puede utilizar en cualquier fase del procedimiento nacional^‍‍[70], y es obligatorio, según el apdo. 3 del art. 267 TFUE, cuando el asunto se presenta ante un órgano jurisdiccional cuya decisión no admite recurso^‍‍[71].

El procedimiento de la remisión prejudicial establece además una relación particular entre tribunales y permite concebir un sistema jurisdiccional único, que comprende a la vez los tribunales de la Unión y los órganos nacionales ( ‍Weatherill, S. (2016). Law and Values in the European Union. Oxford: Oxford University Press. Disponible en: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199557264.001.0001Weatherill, 2016: 154). El art. 19 TUE^‍‍[72], que obliga a los Estados miembros a contribuir a la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el derecho de la Unión, y la interpretación de esta disposición por el Tribunal de Justicia y el Tribunal General, según la cual este artículo es la manifestación de un sistema jurisdiccional común, no tendrían mucho sentido sin el procedimiento de remisión prejudicial. Conviene destacar la importancia que el Tribunal de Justicia ha dado a este artículo en sus sentencias recientes para justificar una transición desde la presunción de respeto a los derechos humanos en los Estados miembros hasta el establecimiento de una obligación de respeto, bajo la supervisión del mismo Tribunal de Justicia, para asegurar la sostenibilidad del sistema jurisdiccional de la UE^‍‍[73] y, en particular, de la cooperación judicial en materia penal^‍‍[74]. Este procedimiento permite considerar a los jueces nacionales como miembros de un sistema jurisdiccional europeo y como «Jueces comunitarios de Derecho común»^‍‍[75], y por ello las obligaciones de estos mismos jueces de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos que los justiciables derivan del derecho de la Unión adquieren un aspecto diferente^‍‍[76].

La amenaza que constituye la posibilidad de recursos por incumplimiento basados en el art. 258 TFUE por infracciones cometidas por resoluciones judiciales^‍‍[77] tal vez no sea muy diferente de la de recursos similares ante el TEDH. En los dos sistemas, por lo general, las normas derivadas de los tratados europeos deben ser aplicadas a nivel nacional sin necesidad de acceder a un tribunal europeo. Sin embargo, en el sistema jurisdiccional de la Unión el recurso por incumplimiento causado por un tribunal nacional debe considerarse una excepción no solo a la aplicación habitual del derecho europeo por los jueces nacionales sino también en el contexto de las diferentes vías de recurso que existen ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de la relación privilegiada entre los jueces nacionales y el Tribunal de Justicia: la remisión prejudicial. El mecanismo que establece el art. 267 TFUE debe ser el modo privilegiado de acceso del individuo a la interpretación del derecho de la Unión que ofrece el Tribunal de Justicia, sin necesidad de esperar a una resolución judicial nacional. Si bien es cierto que esta descripción del sistema jurisdiccional de la Unión Europea no se corresponde con la realidad y que a menudo los jueces de primera instancia no remiten cuestiones prejudiciales o los tribunales supremos muestran reticencias a emplear este mecanismo^‍‍[78], el sistema funciona lo suficientemente bien como para dar una connotación muy diferente a los principios de efecto directo y de primacía en el derecho de la Unión.

En comparación con el que ha establecido el CEDH, el sistema jurisdiccional de la UE tiene una ventaja significativa en lo que concierne a la efectividad de la protección del justiciable. En principio, este sistema contiene elementos que facilitan grandemente la obtención de la tutela efectiva de los derechos que una persona deriva del derecho de la Unión sin que se produzca una resolución nacional firme. Este es el motivo por el cual no parece necesario introducir excepciones a la cosa juzgada con vías de recurso extraordinarias que permitirían tener en cuenta una sentencia del Tribunal de Justicia dictada después de una resolución nacional. Así pues, los componentes jurisdiccionales del marco constitucional de la Unión significan que la cuestión de la equivalencia entre procedimientos tales como el que establece el art. 363a y los que permiten proteger el derecho de la Unión no es pertinente. No existen procedimientos similares en el ámbito del derecho de la UE porque no son necesarios. Tal vez podrían ser útiles, si el objetivo fuera alcanzar la efectividad máxima de las sentencias del Tribunal de Justicia, pero este no es el objetivo ya que otras consideraciones de igual importancia exigen el respeto de la cosa juzgada.