Gabriel Echeverría Profesor de Sociología Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid
21 de septiembre de 2026
¿Cómo pueden algunos actores políticos prometer un control cada vez más estricto de la inmigración, llegar al gobierno, no alcanzar los resultados anunciados y seguir obteniendo rédito político? La pregunta resulta todavía más llamativa cuando las medidas restrictivas sobre asilo, fronteras o residencia conviven con la continuidad (e incluso la ampliación) de las entradas por motivos laborales. Pero ¿y si no fuera una anomalía, sino parte de una lógica política reconocible? En un artículo publicado recientemente en el Journal of Ethnic and Migration Studies propongo esta segunda lectura. Para describirla utilizo el concepto de populismo migratorio.
Una forma específica de interpretar la migración. El término propuesto no solo busca ofrecer pistas sobre la contradicción señalada, sino también, en un plano más teórico, precisar la relación entre el concepto de populismo y los fenómenos migratorios. El populismo migratorio no convierte en populista cualquier posición crítica con la inmigración ni toda política restrictiva. Tampoco sustituye conceptos como nacionalismo, nativismo, racismo o securitización. Mientras estos ayudan a explicar la oposición entre nacionales y extranjeros, el populismo añade otro eje: el conflicto vertical entre un pueblo presentado como homogéneo y virtuoso con unas élites acusadas de ignorar o traicionar su voluntad. El populismo migratorio aparece cuando la inmigración se interpreta de manera sistemática a través de ese antagonismo.
El concepto, derivado de las aproximaciones ideacionales al populismo desarrolladas por autores como Cas Mudde o Cristóbal Rovira Kaltwasser, reúne tres elementos.
El primero es una visión relativamente delgada (thin) y flexible de la migración. El populismo migratorio no ofrece por sí solo un programa migratorio completo: incorpora argumentos nacionalistas, nativistas, económicos o securitarios según el actor y el momento. Por eso puede variar el grado de cierre defendido y distinguir entre categorías de migrantes sin abandonar su lógica básica. Lo decisivo no siempre es reducir las entradas a cero, sino reivindicar para el poder político la capacidad de decidir discrecionalmente quién entra, quién permanece y en qué condiciones. El populismo migratorio no implica necesariamente menos migrantes; implica, en cambio, migrantes con menos derechos y garantías.
El segundo elemento es una narración moralizada de la inmigración. Las élites políticas, económicas, judiciales o culturales son acusadas de favorecer a los migrantes frente a los intereses del «pueblo». La pérdida de control deja así de ser un problema administrativo complejo y se convierte en la prueba de una traición.
El tercer elemento entra en juego cuando las promesas restrictivas chocan con límites jurídicos, institucionales o materiales. Los tribunales, las constituciones, el derecho europeo e internacional, las administraciones o las organizaciones humanitarias pasan entonces a presentarse como obstáculos ilegítimos que impiden ejecutar la voluntad popular. A partir de esa interpretación, se reclama su capacidad para limitar la acción del Ejecutivo.
El laboratorio italiano. El artículo reconstruye esta lógica en Italia, desde la Lega Nord hasta la Lega de Matteo Salvini y Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni. Durante décadas, estos partidos convirtieron la inmigración en un símbolo de fronteras fuera de control y de élites alejadas de la ciudadanía. Su paso por el gobierno permite observar qué ocurre cuando quienes prometían recuperar el control deben gestionar una economía que necesita trabajadores extranjeros y un Estado sujeto a garantías constitucionales y compromisos europeos e internacionales.
El resultado no ha sido una simple moderación. Los gobiernos liderados o integrados por la derecha radical han dado gran visibilidad a medidas sobre desembarcos, asilo, ONG, expulsiones e inmigración irregular. Bajo Meloni, esta línea incluyó el decreto Cutro, nuevas restricciones a las ONG, una cooperación reforzada con Túnez y Libia y el controvertido acuerdo con Albania para tramitar solicitudes de asilo fuera del territorio italiano. Al mismo tiempo, el gobierno aprobó cupos de más de 450.000 entradas laborales para 2023-2025 y cerca de 500.000 para 2026-2028.
Esta combinación puede resumirse con una fórmula: restricción en los derechos y flexibilidad en las cifras. Lo que se restringe no es siempre el número de entradas, sino los derechos asociados a ellas. La apertura a la llegada de trabajadores no implica necesariamente una política inclusiva. Puede ir acompañada de permisos condicionados, mayor dependencia respecto del empleador, canales legales insuficientes y producción de irregularidad. Se autorizan entradas cuando son funcionales para la economía, mientras la precariedad jurídica mantiene abierta la posibilidad de selección y expulsión. Las medidas más visibles satisfacen, entretanto, la demanda simbólica de control.
Desde esta perspectiva, la distancia entre promesas y resultados no debilita al populismo migratorio. Si las llegadas continúan, si la percepción social empeora, la responsabilidad puede atribuirse a jueces, instituciones europeas, normas de derechos humanos o resistencias burocráticas. El límite encontrado al gobernar se transforma en una razón para reclamar más poder ejecutivo y renovar la movilización. Surge así una dinámica circular: la alarma justifica nuevas restricciones; sus resultados parciales se explican por la obstrucción de las élites; esa obstrucción legitima promesas todavía más contundentes. El incumplimiento de la promesa de control se convierte en el argumento para prometer todavía más control.
Una herramienta para comparar otros países. El concepto se plantea como una herramienta heurística, no como una explicación total de la política migratoria ni como una etiqueta aplicable automáticamente a cualquier derecha radical. Su utilidad comparativa depende de comprobar si los tres elementos aparecen juntos, cómo se traducen en políticas y qué papel desempeña cada contexto institucional. Un gobierno puede admitir a cientos de miles de trabajadores y seguir respondiendo a una lógica de populismo migratorio: el criterio no es el número absoluto de entradas, sino la lógica política que organiza su admisión, sus derechos y sus condiciones de permanencia.
Italia es el caso utilizado para desarrollar y probar inicialmente el concepto. Otros países deben servir para evaluar hasta dónde viaja y, también, para refinarlo. Los Estados Unidos de Donald Trump y varias democracias europeas ofrecen casos evidentes para esa agenda.
Las preguntas que plantea el caso español. España ocupa una posición distinta en esta agenda comparativa. A diferencia de Italia, la derecha radical populista no ha participado hasta ahora en un gobierno nacional ni ha tenido la capacidad de dirigir desde él la política migratoria. El caso español todavía no permite observar plenamente la combinación analizada en el artículo: retórica restrictiva, flexibilidad en las decisiones de gobierno y conflicto con los límites liberales al poder ejecutivo. Sí permite estudiar una fase previa igualmente relevante: cómo una interpretación populista de la migración se difunde desde la oposición y transforma los términos de la competencia política.
El crecimiento de Vox y el endurecimiento de su discurso antiinmigración plantean, en este sentido, una pregunta importante: ¿hasta qué punto sus categorías —la pérdida de control, la traición de las élites o la denuncia de las restricciones institucionales— están condicionando la agenda migratoria y empujando a otros actores, especialmente al Partido Popular, hacia posiciones más restrictivas? Esa influencia no debe darse por supuesta, sino examinarse mediante el análisis de discursos, programas y debates parlamentarios. Sin embargo, recuerda que el populismo migratorio puede producir efectos antes de acceder al poder, desplazando los límites de lo políticamente aceptable y modificando el lenguaje con el que otros partidos abordan la inmigración.
Si en el futuro próximo Vox llegara a participar en un gobierno nacional o a condicionarlo decisivamente, España ofrecería una prueba especialmente exigente para el concepto. Su sistema combina control fronterizo y categorías jurídicas restrictivas con mecanismos ordinarios de regularización, como el arraigo, un padrón municipal inclusivo y una economía con importantes necesidades laborales y demográficas. Sería entonces posible observar si la tensión entre las promesas de cierre y las exigencias del gobierno conduce a la moderación sustantiva o reproduce la lógica identificada en Italia: adaptación pragmática de los flujos, restricción de derechos y atribución de los resultados insatisfactorios a tribunales, instituciones europeas y otras limitaciones liberales.
España no constituye todavía un caso confirmado de populismo migratorio en el Gobierno nacional. Sí constituye ya un caso relevante para estudiar cómo esta lógica puede difundirse desde la oposición y cómo podría transformarse al acceder al poder.
Migración y límites del poder. El principal aporte del populismo migratorio consiste, en definitiva, en desplazar la atención desde la pregunta de si un gobierno es realmente abierto o cerrado hacia otras cuestiones: quién reclama el derecho a decidir, qué límites considera legítimos y qué derechos está dispuesto a reconocer a quienes migran. La política migratoria no solo regula fronteras y permisos. También pone a prueba la relación entre mayoría, derechos e instituciones. Por eso, entender cómo la inmigración se convierte en un recurso para cuestionar los controles liberales del poder resulta relevante mucho más allá del caso italiano. La pregunta de fondo que plantea el populismo migratorio no es solo dónde situamos la frontera, sino dónde situamos los límites del poder.
Referencia
Echeverría, G. (2026). What is migration populism? Concept development and the Italian case. Journal of Ethnic and Migration Studies, 1–21.