LA LUCHA POR EL CONTROL DE LA PRENSA EN EL PRIMER FRANQUISMO: LA DESTITUCIÓN DEL DIRECTOR DE ARRIBA EN ENERO DE 1942

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

Aunque el debate historiográfico en torno a la naturaleza totalitaria del franquismo excede el objetivo específico de este trabajo, se hace precisa una sucinta y preliminar referencia al mismo. Por «totalitario» se ha acostumbrado a caracterizar un sistema político en el que se produce la absorción del Estado a cargo de un partido único que extiende su acción a todos los aspectos de la vida comunitaria. La sociedad civil prácticamente desaparece como realidad y concepto^[1]. Como es natural, las libertades de prensa desaparecen por sistema.

Dejando a un lado el carácter controvertido del término «totalitario», nacido en 1922 —al calor de la Marcha sobre Roma fascista— (​Fuentes, J. F. (2006). Totalitarismo: origen y evolución de un concepto clave. Revista de Estudios Políticos, 134, 195-218.Fuentes, 2006), bien pronto Carr y Fusi (​Carr, R. y Fusi, J. P. (1979). España de la dictadura a la democracia. Barcelona: Planeta.1979: 226) pusieron de manifiesto que el entronque del Movimiento —que en su origen fue identificado como «partido único»— en el seno del Estado fue, junto a la institucionalización de la Monarquía, el problema esencial de la estructuración del régimen. La tarea historiográfica en este punto ha resultado polémica^[2]: historiadores que catalogaron el franquista como sistema «no totalitario» se vieron obligados a añadir, siempre a renglón seguido, el matiz condenatorio^[3].

Un trabajo firmado en 1964 por Juan J. Linz (​Linz, J. J. (1964). An authoritarian regime. Spain. En E. Allardt y Y. Littunen (comps.). Clevages, ideologies and party systems. Contributions to comparative political Sociology. Transactions of the Westmarck Society, vol. X, Helsinki: The Academic Bookstore.1964)^[4], sociólogo expatriado en los Estados Unidos, sentó las bases de la caracterización «autoritaria» del franquismo. A su juicio, habría sido un régimen marcado por un pluralismo limitado y singular (en ocasiones, enunciaría la tesis a la inversa, como «monismo limitado»), basado en la vigencia antes de una mentalidad que de una ideología precisa; en la despolitización, apatía y aceptación pasiva de las masas, frente a la movilización fascista; y la existencia de un presunto partido único con características y atribuciones distintas a las del totalitario.

Fernández Carvajal (​Fernández Carvajal, R. (1969). La Constitución española. Madrid: Editora Nacional.1969), que apuntaba una «dictadura constituyente o de desarrollo» tras la promulgación de la Ley Orgánica del Estado en 1967, aceptó tácitamente la caracterización anterior, y Amando de Miguel (​De Miguel, A. (1975). Sociología del franquismo. Análisis ideológico de los ministros del régimen. Barcelona: Euros.1975) consagraría el modelo introduciendo el decisivo concepto de «familias políticas»^[5]. Ya en democracia darían básicamente por buena la interpretación Fusi (​Fusi, J. P. (1985). Franco: autoritarismo y poder personal. Madrid: El País.1985), que aludiría al «golpe de Estado a la inversa» que observó Dionisio Ridruejo (el jefe del Estado se hizo con el «partido» durante la Guerra Civil, a diferencia de la Italia fascista o la Alemania nazi, donde los jefes de partido conquistaron el Estado), y el citado Tusell (​Tusell, J. (1996). La dictadura de Franco. Barcelona: Altaya.1996).

En paralelo a una corriente historiográfica que insiste en la tesis totalitaria^[6], aparecieron enfoques consistentes en historiar el régimen franquista arrancando cronológicamente en la experiencia previa falangista (y la subsunción de la formación en el mismo), que por ejemplo Payne (​Payne, S. G. (1997). Franco y José Antonio. El extraño caso del fascismo español. Madrid: Alianza.1997) tachó de «extraño caso del fascismo español»^[7]. También se trató de desentrañar la evolución de Falange y los falangistas, sin ocultar el paso de la fiebre «totalitaria» a las posiciones aperturistas del tardofranquismo^[8]. De cualquier modo, resulta muy razonable y operativa la observación de Bernecker (​Bernecker, W. L. (1998). El debate sobre el régimen franquista: ¿fascismo, autoritarismo, dictadura de modernización? En Mechthild, A. (comp.). Vencer no es convencer. Literatura e ideología del fascismo español. Frankfurt y Madrid: Vervnert.1998: 46-47):

Es el aludido —y limitado— pluralismo interno del franquismo, su carácter adaptativo y su longevidad, tríada inseparable, lo que explica que el más acreditado estudioso del cambio democrático refiera, para fundar este último, «el legado de un régimen autoritario» (​Powell, C. (2001). España en democracia, 1975-2000. Barcelona: Plaza y Janés.Powell, 2001)^[9]. También significativamente Casanova (​Casanova, J. (1994). Las enseñanzas de la transición democrática en España. Ayer, 15, 15-54.1994) achacó el paradigmático éxito del modelo español de transición democratizadora al «escalonamiento» procesal de las reformas, sin duda poco factible de haberse tratado de un modelo totalitario. A fin de cuentas, el que la llave jurídica del cambio, la Ley para la Reforma Política, fuese considerada «la octava ley fundamental del Régimen» resulta sumamente revelador de la naturaleza del último franquismo^[10].

Por todo ello, y de acuerdo con el enfoque «dinámico» antes enunciado, se antoja pertinente la caracterización de Saz (​Saz, I. (1993). El franquismo. ¿Régimen autoritario o dictadura fascista? En J. Tusell et al. (comp.). El régimen de Franco (1936-1975). Política y relaciones exteriores (pp. 189-201), tomo I. Madrid: UNED.1993) para el primer franquismo como sistema «fascistizado», una nomenclatura similar a la de «semifascista» antes aplicada por Payne (​Payne, S. G. (1982). El fascismo. Madrid: Alianza.1982: 156):

De ahí la oportunidad y valía de algunos de los más recientes trabajos, centrados en los años del franquismo inicial y la influencia de un Eje asociado a la suerte de la Segunda Guerra Mundial^[12]. La mayor parte examina aspectos particulares de la hipótesis totalitaria. De este modo, González Prieto (​González Prieto, L. A. (2008). La concreción teórica del partido único español franquista. Revista de Estudios Políticos, 141, 41-68.2008) ha abordado la «concreción teórica del partido único» español, concluyendo que la doctrina política franquista se situó en una «posición intermedia entre la concepción italiana de subordinación del partido al Estado y la alemana de preeminencia del partido sobre el aparato del Estado» (si bien acabó por inclinarse hacia la primera), así como el más amplio «debate sobre la Constitución en el primer franquismo», que enfrentó a los falangistas partidarios de un Estado totalitario (basado en el decisionismo de Schmitt) con los tradicionalistas, fervientes defensores de un concepto «histórico» de la misma (​González Prieto, L. A. (2012). El debate sobre la constitución en el primer franquismo (1939-1945). Revista de Estudios Políticos, 155, 207-235.González Prieto, 2012). En línea parecida, ha de considerarse el análisis sobre el choque entre los dos proyectos nacionalistas del primer franquismo, nacionalcatólico —mendezpelayista o reaccionario— y fascista —con suelo cultural en el regeneracionismo del 98—, acometido por Saz (​Saz, I. (2003). España contra España. Los nacionalismos franquistas. Madrid: Marcial Pons.2003); la indagación en torno al caudillaje del mismo autor (​Saz, I. (2012). Franco, ¿caudillo fascista? Sobre las sucesivas y contradictorias concepciones falangistas del caudillaje franquista. Historia y Política, 27, 27-50.Saz, 2012)^[13], que subraya cómo «no hubo una concepción franquista del caudillaje de Franco, ni tampoco una concepción falangista del mismo, sino varias, cambiantes y contradictorias»; o el agudo trabajo de Núñez Seixas (​Núñez Seixas, X. M. (2015). Falangismo, nacionalsocialismo y el mito de Hitler en España (1931-1945). Revista de Estudios Políticos, 169, 13-43. Disponible en: http://dx.doi.org/10.18042/cepc/rep.169.01.2015) sobre la recepción —«superficial»— de los principios ideológicos del nazismo en la España «nacional»^[14].

II. LA PRENSA, INSTRUMENTO «REDENTOR» DEL ESTADO[Subir]

Sin embargo, y como señala Sinova (​Sinova, J. (2006). La censura de prensa durante el franquismo. Barcelona: Random House Mondadori.2006: 19) en su referencial monografía, «aun no respondiendo al esquema de la doctrina falangista», el régimen de Franco llevará las directrices en prensa de esta a la práctica, como consecuencia de un «concepto cultural propio del totalitarismo»: «el periodismo será concebido como una actividad de servicio al Estado; el periódico, como un instrumento de acción política; y el periodista, como un trabajador más de la Administración aunque su salario fuese pagado por una empresa privada»^[15].

La represión de la prensa ya había sido objeto de atención preferente por los sublevados desde el propio 18 de julio de 1936. Las autoridades militares —la Junta de Defensa Nacional— sentaron ya la pauta de la restrictiva reglamentación posterior sobre la base de dos principios: el ejercicio de la censura y el empleo por el poder político de los medios de comunicación privados. La elevación de Franco a la máxima magistratura del Estado, el 1 de octubre de 1936, y la unificación de todas las fuerzas políticas conservadoras en «una sola entidad política de carácter nacional» (el conocido Decreto de Unificación), en abril de 1937, desembocaron finalmente en el primer Gobierno franquista (enero de 1938). A este competió —para ser más precisos, a su ministro de Gobernación, Serrano Suñer, quien delegó la redacción en José Antonio Giménez Arnau— la confección de la Ley de Prensa de 22 de abril de 1938, que fue en realidad, como remarca Sinova (​Sinova, J. (2006). La censura de prensa durante el franquismo. Barcelona: Random House Mondadori.2006: 20-32), «una ley ‘contra’ la Prensa», que liquidaba su libertad subordinándola a las directrices del Estado, del que en lo sucesivo se convertiría en instrumento. Chuliá (​Chuliá, E. (2001). El poder y la palabra. Prensa y poder político en las dictaduras. El régimen de Franco ante la prensa y el periodismo. Madrid: UNED.2001: 42), que admite en el seno del gabinete franquista cierta resistencia fructífera a las «disposiciones de corte totalitario», destaca la unánime aceptación de la norma por parte de todos los ministros; complacencia en algunos motivada «por auténtica convicción en la bondad de la fórmula» y en todos por «su funcionalidad como elemento de fractura con una tradición liberal repudiada». En este sentido, otro autor asevera que las consideraciones de los falangistas de preguerra fundamentaron la Ley de Prensa del 38 en cuanto a

Sin embargo, no deja de reconocer el mismo autor que estos aspectos «no fueron una creación original de los teóricos falangistas, sino que eran lugar común de buena parte de los pensadores conservadores españoles en los años anteriores a la consolidación del régimen de Franco» (​Martín de la Guardia, R. M. (1993). Sobre los orígenes ideológicos de la ley de prensa de 1938. El pensamiento conservador en los teóricos falangistas. En J. Tusell et al. (comp.). Estudios sobre la derecha española contemporánea (pp. 563-578). Madrid: UNED.Martín de la Guardia, 1993: 578). De cualquier modo, la citada disposición estuvo vigente nada menos que hasta 1966, motivo por el cual ha sido tachada de «ley de guerra para la paz» (​Barrera, C. (1995). Periodismo y franquismo. De la censura a la apertura. Barcelona: Ediciones Internacionales Universitarias.Barrera, 1995: 42)^[16].

Según el preámbulo del texto, el Nuevo Estado estaba obligado a revisar por intolerable el «viejo concepto» de un «cuarto poder».

El abrogado «estilo democrático», garante otrora del «libertinaje de los periódicos», daba paso ahora a un nuevo periodista, redimido como «apóstol del pensamiento y de la fe de la Nación recobrada a sus destinos». Como ha destacado una autora, la «sumisión» fue el alto precio que pagarían los periodistas a cambio de cierta «dignificación profesional» (​Chuliá, E. (2001). El poder y la palabra. Prensa y poder político en las dictaduras. El régimen de Franco ante la prensa y el periodismo. Madrid: UNED.Chuliá, 2001: 53-54).

La acción del Estado sobre la prensa quedaría desplegada básicamente en cinco apartados: la autorización para editar («regulación del número y extensión de las publicaciones periódicas»); la designación de los directores; la reglamentación de la profesión (estableciendo un Registro Oficial dependiente del Ministerio del Interior, depurando a los reporteros poco afectos y fijando la regulación formativa a través de una Escuela de Periodismo); la fiscalización de la actividad de la prensa (a través de consignas y sanciones); y la aplicación de una férrea censura (​Sinova, J. (2006). La censura de prensa durante el franquismo. Barcelona: Random House Mondadori.Sinova, 2006: 44-90). En realidad, la «metódica operación de adoctrinamiento, domesticación y sometimiento de los periodistas» que refiere Sinova (​Sinova, J. (2006). La censura de prensa durante el franquismo. Barcelona: Random House Mondadori.2006: 174) se sintetizaba cronológicamente en tres momentos: la prescripción de consignas por los responsables políticos, la remisión de galeradas a los censores para su devolución revisada y la más que probable imposición de sanciones en caso de desvíos o incumplimientos.

Lo cierto es que durante el periodo de mayor influjo de Serrano Suñer, al que se le han asociado las mayores tentativas y posibilidades de construcción del Estado totalitario, ya se registraron movimientos subterráneos de primera magnitud contra esta tendencia. Lo prueba la rápida remoción de Fermín Yzurdiaga, el cura azul al que el cuñadísimo había elevado a la jefatura de Prensa y Propaganda de la Falange Unificada. Su rocambolesca ejecutoria, que no encontró contradicción entre el catolicismo y los ditirambos a Hitler y el paganismo, fue finalmente sajada por el obispo Olaechea en fecha tan temprana como diciembre de 1937 (​Martínez Sánchez, S. (2012). Las tensiones político-eclesiásticas en torno a Fermín Yzurdiaga, 1936-1939. Hispania Sacra, 64, 223-260. Disponible en: http://dx.doi.org/10.3989/hs.2012.031.Martínez, 2012). Por entonces ni siquiera se había promulgado aún la Ley de Prensa.

III. EL PERIODISMO, ¿SUPEDITADO AL «PARTIDO»?[Subir]

Un cambio decisivo sobrevino en mayo de 1941. Se produjo entonces una gran crisis de Gobierno, motivada por el descontento azul ante el escrúpulo de Franco a abordar la construcción del Estado de partido único (​De Diego, A. (2001). José Luis Arrese o la Falange de Franco. Madrid: Actas.De Diego, 2001: 125-130). Los dos hermanos vivos de José Antonio Primo de Rivera, Miguel y Pilar, firmaron sendas cartas de renuncia a sus cargos —como gobernador civil de Madrid y delegada nacional de la Sección Femenina, respectivamente— el día 1, fecha en la que Antonio Tovar, hombre de Serrano y director general de Prensa y Propaganda, rubricaba una Orden por la que eximía a la prensa del Movimiento de la obligación de pasar por la censura que afectaba al grueso de las publicaciones^[18]. La medida, que el texto justificaba en la remoción de una «rutina burocrática», reconocía poco veladamente que el partido único, como orientador exclusivo del Estado, señalaba los objetivos programáticos de este, por lo que no había de subordinarse a ellos.

El Ministerio de Gobernación se hallaba descabezado desde el mes de octubre anterior por el traslado de Serrano Suñer, cuñado del jefe del Estado, a Asuntos Exteriores. El poderoso abogado del Estado, sin embargo, seguía controlando el departamento a través del subsecretario de hecho, el citado Tovar. Consciente del envite, la desafección de los azules próximos al fulgurante Serrano, Franco se decidió a equilibrar las fuerzas y nombró ministro el día 5. El elegido fue el coronel Valentín Galarza, hasta entonces subsecretario de la Presidencia, caracterizado monárquico y notorio enemigo de Falange. La reacción de los falangistas no se hizo esperar. El diario Arriba publicó un editorial titulado «Los puntos sobre las íes. El hombre y el currinche»^[19], probablemente redactado por Ridruejo y en el que se ridiculizaba al militar. De inmediato, Galarza restableció la censura para las publicaciones del Movimiento^[20].

Franco desactivó la crisis elevando a ministros a los azules díscolos y devolviendo la discordia a las filas de estos. Debe subrayarse el nombramiento de Arrese como secretario general del Movimiento, que actuaría como adversario de Serrano.

En ese contexto de la crisis ministerial de mayo se reorganizaron las competencias sobre la prensa y la propaganda. En la reestructuración de la Secretaría General del Movimiento operada con Arrese aparecía el día 20 una Vicesecretaría de Educación Popular para asumir nada menos que «la dirección de los servicios de prensa y propaganda que se sustraían al Ministerio de la Gobernación» (​Peñalba Sotorrío, M. (2015). La Secretaría General del Movimiento. Construcción, coordinación y estabilización del régimen franquista. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.Peñalba, 2015: 280-288)^[21]. En el mes de septiembre se nombraría vicesecretario a Gabriel Arias-Salgado, un integrista procedente del Gobierno Civil de Salamanca que se haría en 1951 con la nueva cartera de Información y Turismo y que, por lo pronto, compartía con Arrese idéntica aversión hacia Serrano^[22]. Un mes después, en octubre, se decretarían la organización y las funciones de su influyente negociado, que integraba cuatro delegaciones nacionales: Prensa, Propaganda, Cinematógrafo y Teatro y Radiodifusión.

Un último personaje se revelaría crucial. Se trataba de Juan Aparicio, quien desempeñaría con probo celo el cargo de delegado nacional de Prensa. Procedente del jonsismo primigenio de Ledesma Ramos, había sido secretario de La Conquista del Estado y portaba uno de los primeros carnets como fundador de Falange. En tiempo de consignas, le favorecía inequívocamente su habilidad anterior para forjar eslóganes nacional-sindicalistas (lemas como «España, Una, Grande, Libre» o «Por la Patria, el Pan y la Justicia» eran suyos) y una proverbial memoria, así como su denodada entrega a la causa y un barroquismo estilístico muy a tono con las entonces ansiadas glorias imperiales. Sin duda un «fascista puro» (​Sinova, J. (2006). La censura de prensa durante el franquismo. Barcelona: Random House Mondadori.Sinova, 2006: 114)^[23], Ridruejo (​Ridruejo, D. (2007). Casi unas memorias. Barcelona: Península.2007: 468) le recordaba cultivando en aquella época «su parecido con el Napoleón grueso de la época imperial».

Lo expuesto anteriormente supondría para Terrón (​Terrón Montero, J. (1981). La prensa en España durante el régimen de Franco: un intento en análisis político. Madrid: CIS.1981: 52) algo tan simple como que «todo el aparato informativo pasaba a estar supeditado a la acción del Partido»^[24], una afirmación en la teoría sostenible pero que la práctica matizaría. Aquello que pretendemos examinar revelará que no solo existían disputas entre distintas «familias» del franquismo, sino en el seno de la falangista, de la que el singular episodio que nos va a ocupar supuso solo la punta de un iceberg cuya superficie exterior ni siquiera afloró al público en aquellos momentos.

Debe precisarse que los acontecimientos que historiamos, acontecidos entre noviembre de 1941 y febrero de 1942, solo se entienden en el contexto de tres claves básicas: la rocambolesca represión impuesta a los propios medios del Movimiento, la fijación y consolidación de las prácticas censorias más específicas y el soterrado enfrentamiento del declinante ministro Serrano Suñer con el nuevo equipo directivo de la propaganda.

En cuanto a lo primero, el hecho de que fuera Arriba el diario objeto del sumario inquisitorial desatado explica la inaudita fiscalización sufrida entonces por la cadena de prensa del Movimiento: «El desorden administrativo facilitó que algunos periódicos trataran de hacer la vida por su cuenta. Las publicaciones de Falange y de la Iglesia, que intentaron siempre un distanciamiento de los servicios de control, crearon a los censores verdaderos quebraderos de cabeza» (​Sinova, J. (2006). La censura de prensa durante el franquismo. Barcelona: Random House Mondadori.Sinova, 2006: 166)^[25].

La citada cadena, que coexistió con las cabeceras privadas a lo largo de todo el régimen, tuvo su origen en las distintas incautaciones de las redacciones y talleres de periódicos y emisoras en el transcurso de la Guerra Civil —principiando por el pamplonés Arriba España el 1 de agosto de 1936— o a su inmediato término. El 13 de julio de 1940 se creó oficialmente el organismo Prensa y Radio del Movimiento, una red que aglutinaba entonces a 35 títulos de prensa y 45 de radio. Favorecida por la exención de obligaciones fiscales y el privilegio de acceso al papel, la red cumplía un explícito papel de portavoz ideológico (falangista, por supuesto) y dependía directa y exclusivamente de la citada Delegación Nacional de Prensa y Propaganda de FET y de las JONS. En la mejor monografia sobre la cadena se explica cómo «la prensa del Movimiento nació con unos fines netamente políticos y propagandísticos, en tan íntima colaboración con la autoridad que bien se podría decir que sus publicaciones fueron auténticos agentes del Estado». Lo prueba un inicial desapego por lo crematístico y su «fobia por la publicidad», debida a la percepción de que podría restar espacio a la propaganda (​Zabildea Bengoa, B. (1996). Prensa del Movimiento en España: 1936-1983. Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco.Zabildea, 1996: 147-148)^[26].

Arriba representó siempre el estandarte y buque insignia del conglomerado. Al igual que ocurrió con la Sección Femenina, precedió al franquismo y, aunque brevemente, le sobrevivió. Fundado como semanario de la Falange original por José Antonio Primo de Rivera en marzo de 1935, se publicó hasta marzo del año siguiente, fecha en la que fue suspendido por el gobierno del Frente Popular (​Zabildea Bengoa, B. (1996). Prensa del Movimiento en España: 1936-1983. Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco.Zabildea, 1996: 156-158; ​Barreiro, C. (2002). La Prensa falangista madrileña durante la II República. Aportes, 48, 29-41.Barreiro, 2002: 34-36). El mismo día de la entrada de las tropas franquistas en Madrid, el 28 de marzo de 1939, escuadras falangistas se incautaban del inmueble del diario El Sol y reanudaban la publicación de una cabecera reconvertida ahora en diario. La notable nómina de literatos que engrosaría su redacción, más adelante se reforzaría con un equipo de jóvenes y brillantes economistas (como Velarde o Fuentes Quintana). Beligerante por igual contra el comunismo, la democracia liberal y la monarquía, Arriba «no puede ser considerado como un diario gubernamental [...] sino como portavoz de la familia falangista del régimen» (​Barrera, C. (1995). Periodismo y franquismo. De la censura a la apertura. Barcelona: Ediciones Internacionales Universitarias.Barrera, 1995: 64-66).

Sin ninguna duda, no sería el incidente que vamos a reproducir el primero en el que la garra represiva se dejaría sentir sobre un título falangista^[27], pero muy probablemente constituiría el más grave que se registraría hasta ese momento.

En cuanto a lo segundo, esto es, el hecho de que por esas fechas se estuvieran fijando y consolidando las prácticas de censura más específicas del nuevo equipo, lo prueba que tanto Arias-Salgado como Aparicio no habían alcanzado ni los cien días en el ejercicio de sus nuevas responsabilidades. De hecho, al vicesecretario se le facultó a finales de noviembre de 1941 para imponer multas a directores y empresas editoras que podían alcanzar hasta 10.000 pesetas (​Sinova, J. (2006). La censura de prensa durante el franquismo. Barcelona: Random House Mondadori.Sinova, 2006: 116).

Ello se relacionaba, además, con la tercera clave antes enunciada. Serrano Suñer no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer, pues entendía con innegable lucidez que los cambios sobrevenidos señalaban el principio del fin de su meteórica carrera política.

El propio Serrano atribuye en sus memorias a los enfrentamientos por causa de la prensa su salida del Gobierno. No se recata en señalar que este negociado quedó «en manos de gentes resentidas y, sin duda por la protección que antes les dispensara, muy poco amigas mías» (​Serrano Suñer, R. (2011). Entre Hendaya y Gibraltar. Barcelona: Planeta.Serrano, 2011: 228). Aludiendo explícitamente a Arrese, Arias-Salgado y Aparicio, reconoce que «todos fueron muy celosos de su independencia con respecto a mí, y con artículos e informaciones inconvenientes para la política exterior que yo conducía en momentos muy difíciles me crearon conflictos frecuentes» (​Serrano Suñer, R. (2011). Entre Hendaya y Gibraltar. Barcelona: Planeta.Serrano, 2011: 438).

De cualquier modo, Serrano ya se había propuesto desde el principio de su ejecutoria en el Palacio de la Santa Cruz retener la orientación informativa de los temas relativos a su nuevo Ministerio. Una consigna, fechada el 7 de julio de 1941, revelaba la «soberbia de que es capaz quien se siente por encima de las voluntades de los demás» (​Sinova, J. (2006). La censura de prensa durante el franquismo. Barcelona: Random House Mondadori.Sinova, 2006: 174): «Se suprimirá toda clase de comentarios que no hayan sido inspirados directamente por el Gabinete Diplomático del Sr. ministro de Asuntos Exteriores». En los meses siguientes, encorajinado por el hecho de que el trío formado por Arrese, Arias-Salgado y Aparicio le ninguneara en la prensa, decidió contraatacar y encargó a su amigo Ramón Garriga, destinado como corresponsal en Berlín, un proyecto que le permitiera reasumir desde Exteriores los resortes de la censura. Causa cierto estupor que un partidario a carta cabal de los nazis tronara ahora contra unos excesos germanófilos de la Secretaría General del Movimiento que comprometían las importaciones de gasolina procedentes de Inglaterra (​Sinova, J. (2006). La censura de prensa durante el franquismo. Barcelona: Random House Mondadori.Sinova, 2006: 117-118)^[28]. El choque había tenido su punto álgido en los acontecimientos hasta ahora inéditos que a continuación referiremos.

IV. JUICIO SUMARÍSIMO A ARRIBA[Subir]

Bien asentado el sistema democrático, Miguel Delibes daría cuenta de las pequeñas miserias y arbitrariedades que, como redactor, primero, y director de un diario regional, más tarde, había sufrido por parte de la censura:

Aunque puede documentarse que Arriba también experimentó estas veleidades coercitivas^[29], el caso que nos ocupa no tuvo nada de trivial. De hecho, el control de la información internacional se iba a revelar como uno de los grandes caballos de batalla de la política doméstica. Incluso el coronel Galarza tuvo ocasión, una semana antes de que se le sustrajesen las competencias sobre la prensa, de multar con 5.000 pesetas al diario de la Secretaría General del Movimiento. El motivo no fue otro que la publicación de un editorial muy beligerante contra otros medios de prensa y que no había pasado el preceptivo trámite de la censura^[30]. La pieza en cuestión cargaba contra el diario Madrid, al que calificaba de «única cloaca periodística» que había resistido la victoria franquista. A este vespertino privado le acusaba abiertamente de «colaboración mentecata» con el servicio de espionaje británico. Arriba se erigía así, según postulaba muy significativamente, en «órgano oficial al servicio de la única política de España, del Movimiento único». Por si alguna duda quedaba, el texto aclaraba que ello había de entenderse en su «sentido más totalitario»^[31]. Se prefiguraba ya el gran enfrentamiento de los siguientes meses.

La tormenta se desató, no obstante, a mediados de noviembre y a raíz de una pieza firmada desde Brasov (Rumanía) por el periodista Ismael Herráiz. Nacido en 1913, Herráiz se había formado en la Escuela de Periodismo de El Debate, si bien lejos de simpatizar con el propagandismo católico de Herrera Oria, se había afiliado tempranamente a la Falange joseantoniana. De hecho, al dar Primo de Rivera con sus huesos en prisión tras la victoria del Frente Popular se convirtió en uno de los redactores de No Importa, la publicación clandestina del entonces ilegalizado partido político. Con el estallido de la Guerra Civil el fanatizado reportero se alistó voluntario a las filas de los sublevados. Tras ser herido en distintas ocasiones y condecorado en otras tantas, concluyó el conflicto como teniente de Regulares. Con ese uniforme acudió a Arriba en el verano de 1939 para solicitar empleo. Resulta ocioso decir que su doble condición de «camisa vieja» y combatiente le abrió de par en par las puertas del diario en el que desarrollaría el grueso de su carrera profesional, salvo algún brevísimo intervalo como aquel en el que dirigiría Radio Nacional de España. Alcanzaría la dirección de la cabecera en 1948^[32].

Visceralmente contrario a la monarquía —él fue el forjador de la expresión despreciativa «peste borbónica»—, ansió sin recato la victoria bélica del Eje, y no lo ocultaría nunca. De mayo a diciembre de 1940 ejerció como corresponsal en Berlín, situación que le hizo excepcional testigo de la retirada de Dunkerque, la firma del Pacto Tripartito o el armisticio francés en el vagón de Compiègne. Lo relataría más adelante en su amargo libro Europa a oscuras. Interesa resaltar que a finales de 1940 había tenido un enfrentamiento a cara de perro con Ramón Garriga, hombre de confianza de Serrano y, al igual que Herráiz, destacado entonces como corresponsal en la capital del Reich. En esta ocasión el cuñado de Franco impuso su autoridad y Herráiz hubo de recalar, aunque brevemente, en el diario falangista de Lérida (​De Diego, A. (2012). Ismael Herráiz, cronista azul del esplendor y la ruina del Eje. En A. C. Moreno Cantano (comp.). Propagandistas y diplomáticos al servicio de Franco (1936-1945) (pp. 243-271). Gijón: Trea.De Diego, 2012: 253).

En 1941, coincidiendo con los acontecimientos que aquí historiamos, acudió como enviado especial a los Balcanes y la Europa del Este. Retomando así el hilo del relato, en «Transilvania, permanente tema de rencor en los Balcanes», Herráiz se retrotraía al segundo arbitraje de Viena auspiciado por las potencias del Eje en agosto del año anterior. A raíz del acuerdo, el norte de Transilvania, con una superficie de unos 44.000 kilómetros cuadrados y una población de 2,5 millones de habitantes, había sido entregado a Hungría. La decisión, sin duda, no resolvió ni mucho menos el contencioso entre ambos Estados, pues aproximadamente la mitad de los ciudadanos del territorio cedido a Hungría era de origen rumano, mientras medio millón de húngaros prosiguieron con sus vidas en el sur de la región, de soberanía rumana. Aunque el enviado especial falangista reconocía las razones de unos y de otros, no se recataba a la hora de achacar el torpe apaño a la «cruel política democrática de Carol de Rumanía», que unas semanas después había abdicado en su hijo no sin antes «sajar en el cuerpo vivo de su pueblo»^[33].

La crónica le acarreó a Herráiz una multa de suspensión de empleo y sueldo por espacio de una semana —sanción que se extendía al director del periódico—, así como la prohibición de publicar artículos con su firma a lo largo de un mes. A los censores que habían revisado el texto se les imponía dos días^[34].

En otro oficio con la misma fecha, en este caso dirigido a su ministro, Juan Aparicio se refería a una consigna dictada el 22 de octubre anterior por el Negociado de Censura y alusiva al «tono de cautela que habían de tener los artículos que trataran la distribución de territorio entre Hungría y Rumanía». Según explicaba, Herráiz había incumplido la instrucción tanto en el titular como en el cuerpo y gráfico de apoyo —un mapa con la repartición de los territorios— de la pieza, lo que «podría herir la susceptibilidad de Rumanía y Bulgaria» y, en definitiva, provocar un incidente diplomático con estos dos países con los que España mantenía buenas relaciones^[35].

Fue el propio Serrano el que mantuvo un violentísimo enfrentamiento con Arias-Salgado, al que reclamó la vigilancia de la información internacional para su Ministerio. Surtió efecto porque el 18 de diciembre un oficio del jefe de Información y Censura al «camarada jefe» del Negociado de Censura especificaba lo siguiente:

Apenas un mes más tarde la tormenta se transformó en ciclón. Como subrayó Delibes, «la libertad de movimientos de un director de periódico en esta etapa fue muy precaria, por no decir nula» (​Delibes, M. (1985). La censura de prensa en los años 40 (y otros ensayos). Valladolid: Ámbito. Delibes, 1985: 16), y la historiografía ya ha documentado ampliamente las penalidades que hubieron de sufrir tanto la propiedad como las redacciones de los periódicos de capital privado a los que el Gobierno impuso directores beligerantes con sus tradicionales líneas editoriales^[37]. Ahora bien, resulta muy difícil de concebir que el represaliado fuese un director de orgánica obediencia y, a mayor abundamiento, responsable del portavoz oficial del entonces considerado «partido único». El caso es muy ilustrativo, como se verá, de los procedimientos establecidos internamente por la censura. El 22 de enero de 1942 Arriba publicó un editorial titulado «El camino de la India». El texto en cuestión presagiaba, en vísperas de la caída de Singapur en manos niponas, el «desplome de toda la fuerza imperial en el Extremo Oriente» que la pérdida de la India significaría^[38]. Y motivó el apartamiento fulminante —unas horas después de la publicación de la pieza— de Xavier de Echarri de la dirección de la cabecera falangista. Echarri, «camisa vieja» formado como Herráiz en la Escuela de El Debate, había sido «el más fraternal» de los amigos de juventud de Dionisio Ridruejo (​Ridruejo, D. (2007). Casi unas memorias. Barcelona: Península.2007: 111). Ahora se veía afectado no solo por la apertura de un expediente ordenada de inmediato al jefe del negociado de Censura del turno de noche, sino por la remoción del puesto. Ese mismo día le relevaba de forma interina Carlos Foyaca, procedente de la subdirección del vespertino Pueblo^[39].

Al día siguiente el letrado instructor del caso tomó declaración a Echarri interrogándole acerca del motivo por el cual el editorial no se había presentado previamente a la autorización de Asuntos Exteriores. El encausado explicó que, no habiendo ese día consigna ni tema de política interior candente, decidió tratar el desarrollo militar en el Extremo Oriente. Acudió así a un experto que resultó no ser otro que el editorialista Ismael Herráiz. La pieza, redactada por este último, superó la censura, pero a mediodía del día siguiente a Echarri le despertó una llamada telefónica a su domicilio (había tenido cierre la víspera). La realizó el jefe del Gabinete Diplomático de Asuntos Exteriores, Felipe Ximénez de Sandoval, quien le conminaba a personarse de inmediato en el Ministerio por orden de su titular. En el Palacio de la Santa Cruz fue recibido por el ministro, acompañado del citado Ximénez de Sandoval y del subsecretario, José Pan de Soraluce. Serrano Suñer se mostró expeditivo: le comunicó a Echarri que, por no haberse sometido a la censura de su departamento, quedaba destituido como director de Arriba^[40]. Causa poco menos que pasmo la remoción de quien apenas año y medio más tarde manifestaría:

Da cuenta de la gravedad del caso, de cualquier forma, el que el artículo 13 de la Ley de Prensa contemplaba la destitución de un director si su actuación se revelaba «nociva para la conveniencia del Estado». Ahora bien, la citada disposición atribuía la facultad discrecional al «Ministro encargado del Servicio Nacional de Prensa», que en 1938 era el de la Gobernación, pero que en ese preciso momento —enero de 1942— era el secretario general del Movimiento. En otras palabras, el órdago del arrogante Serrano solo podía sustentarse en su relación familiar con el jefe del Estado.

Un día más tarde, el 24, el que hubo de testificar fue Herráiz. Lo hizo en la Delegación Nacional de Prensa, Negociado de Justicia. En su declaración jurada y firmada explicaba en su descargo y en el de Echarri que, en primer lugar, los acontecimientos analizados en el editorial se desarrollaban muy lejos para salpicar a España. En segundo lugar, aducía que la semana anterior había recibido del ministro de Asuntos Exteriores datos y normas para redactar «un editorial violentísimo contra Inglaterra, titulado PUNTO FINAL A LA IMPUNIDAD». Esta pieza, a su juicio, había tenido un «efecto sensacional en la opinión pública española»^[42].

En realidad, la irrupción de Tokio en la guerra había motivado una nueva estrategia general de Serrano, quien era consciente desde la suscripción del Pacto Tripartito, en septiembre de 1940, de la complementariedad hispano-japonesa «para lograr neutralizar dos de los emplazamientos más decisivos del Imperio Británico, Gibraltar y Singapur» (​Rodao, F. (2002). Franco y el imperio japonés. Barcelona: Plaza y Janés.Rodao, 2002: 138-139). Si en diciembre de 1941 los militares habían dejado momentáneamente de pedir la cabeza de Serrano a Franco, en enero de 1942 se recrudecieron los ataques «pues Serrano intentó capitalizar los triunfos militares nipones para trasladar los beneficios de esas victoria a la batalla interna». La sutil operación del sagaz abogado del Estado perseguía tres objetivos: encontrar un elemento de contrapeso al «señorío agobiante de los nazis», en lo que coincidía con los fascistas italianos; mejorar las relaciones de los falangistas con la Iglesia católica, pues los nipones, a diferencia de los alemanes, habían propagado su intención de respetar las distintas religiones en los territorios ocupados; y reforzar su propia posición personal actuando de enlace mediador con el emergente imperio oriental (en especial hacia Hispanoamérica) (​Rodao, F. (2002). Franco y el imperio japonés. Barcelona: Plaza y Janés.Rodao, 2002: 253-258).

El 31 de enero el letrado instructor requirió de Echarri y Herráiz distintas ediciones de Arriba en las que se habían publicado una serie de editoriales sobre el asunto de la expansión japonesa (​Rodao, F. (2002). Franco y el imperio japonés. Barcelona: Plaza y Janés.Rodao, 2002: 138-139)^[43]. No es de extrañar, por tanto, el carácter absolutamente reservado con el que se llevó a cabo un proceso inquisidor en el que fueron personados, en calidad de peritos, los restantes directores de los diarios españoles de tirada nacional. A estos responsables, nombrados bajo el mandato de Serrano Suñer, se les suministraron varios editoriales para que los contrastaran con el titulado «El camino de la India».

Las piezas en cuestión fueron «Un frente que no cede»^[44], «Sorpresas definitivas» y «Un golpe mortal», publicadas todas durante el mes de diciembre de 1941. El segundo de los citados constituía un largo texto discursivo que se congratulaba por el fin del sueño imperialista wilsoniano dictado en Versalles. La pionera en la respuesta había sido la Italia fascista, que impuso la «paz romana» sobre «la bestialidad de la tribu» (una xenófoba alusión, sin duda, a Abisinia). Luego habían hecho oír su voz la España nacional, la Alemania nazi (a la que se aludía subrepticiamente) y, finalmente, lo había hecho Japón en una suerte de reivindicación natural de su propio espacio y «derecho a la vida». No debían causar sorpresa, por tanto, las próximas conquistas territoriales de los nipones^[45].

«Un golpe mortal» aludía al lúcido análisis de Churchill con motivo de la caída de Hong Kong, el cerco de Singapur y el avance de columnas japonesas por el interior de Birmania. También se abordaba el retroceso en el Pacífico de los estadounidenses, que habían abandonado a su suerte Filipinas («Ni que decir tiene cuál es la esperanza española de que la ciudad de Manila, que conoció heroicas defensas de sus calles, se libre esta vez de las torturas y destrucciones del asalto»). Más interesante era la velada posición de equilibrio ante Alemania: «Si la base de Singapur cae también en poder japonés, dado el desplome norteamericano por otra parte, quisiéramos saber si alguien en Inglaterra podrá consolarse con la toma costosísima y temporal de Bengasi»^[46].

La arbitrariedad adquirió un tinte rocambolesco, casi de justicia poética, con el primer director requerido^[47]. Resultó ser Juan Pujol, director de Madrid, periódico que había recibido toda suerte de invectivas desde las páginas de Arriba a causa de su genealogía liberal. Sin embargo, Pujol se reveló extremadamente amable al concluir que todos los editoriales de la cabecera falangista manifestaban semejanza al exponer «la situación militar del día» sin que se apreciara «intención ofensiva para ninguna de las potencias hoy en guerra». A su juicio, solo se podía ver mortificada una potencia —Inglaterra, por supuesto— por lo que se derivaba de la «consideración objetiva» de los hechos mismos.

También emitieron sus informes el 3 de febrero de 1942 otros dos directores. Losada de la Torre, responsable del rotativo monárquico ABC, rechazaba la «doble intención» en los editoriales, mientras que su colega en Informaciones, Víctor de la Serna, no creía que «El camino de la India» pudiera estimarse «como una censura a la Gran Bretaña»; desechaba, por tanto, que se le pudiera considerar «como provocador de incidente alguno en orden a la política exterior».

Carlos Foyaca, director en funciones de Arriba, emitió su dictamen el día 4. En este aseguraba que el editorial objeto de la polémica constituía un «comentario militar y objetivo, [que se] encuadra perfectamente con la postura exterior española de no beligerancia».

Los restantes informes llevaban fecha de 5 de febrero. Jesús Evaristo Casariego, director de El Alcázar, no encontraba «ninguna apreciación ofensiva» para ningún contendiente en una pieza de «estilo certero, vivaz y de indiscutible valor literario». Reconocía, además, disponer de suficientes elementos de juicio como para juzgar la «oportunidad» del texto periodístico. Por su parte, el responsable del vespertino Pueblo, Jesús Ercilla, encontraba en todos los editoriales suministrados el mismo «comentario objetivo y desapasionado de los acontecimientos militares del día en que se publicaron». Finalmente, Juan José Pradera, el fervoroso falangista que se había impuesto al Ya, no advertía propósito alguno en el editorialista de «zaherir a ningún contendiente».

Resultaba poco menos que prodigioso encontrar entre aquellos acreditados «apóstoles del pensamiento» semejante profesión de fe en uno de los grandes principios del aborrecido periodismo liberal: la objetividad informativa. Téngase en cuenta que el autor del editorial, el citado Ismael Herráiz, se reconoció siempre entregado a la pasión del «periodismo reporteril y [políticamente] militante» (​De Diego, A. (2012). Ismael Herráiz, cronista azul del esplendor y la ruina del Eje. En A. C. Moreno Cantano (comp.). Propagandistas y diplomáticos al servicio de Franco (1936-1945) (pp. 243-271). Gijón: Trea.De Diego, 2012: 244).

V. LAS AGUAS VUELVEN A SU CAUCE [Subir]

Sea como fuere, el delegado nacional de Prensa remitió el 5 de febrero a Felipe Ximénez de Sandoval, jefe del Gabinete Diplomático y Censura del Ministerio de Asuntos Exteriores, tres editoriales por si este estimaba que hubieran tenido que superar la censura^[48]. Se trataba de los ya analizados «Sorpresas definitivas» y «Un golpe mortal», a los que unía ahora otro, «Defensa de Singapur»^[49]. Este último texto, fechado el 8 de enero anterior, examinaba en parecido tono cómo, desplomado el poderío naval británico, Australia había quedado a merced de la defensa que estuviera dispuesta a proporcionar la flota estadounidense.

Un día después, el letrado instructor del caso, Alfredo Nieto, recibía comunicación de que existía expediente en Censura de que se habían tramitado los restantes editoriales, no así del titulado «El camino de la India». Según se aclaraba, el jefe de Censura del turno de noche, Antonio Heredero, había aprobado esta última pieza en el despacho del director de Arriba. Por este motivo, su acción la había ejecutado «de modo particular y no con el carácter oficial de censor»^[50].

El 11 de febrero el instructor de la causa daba por concluidas las diligencias y exoneraba de toda culpa a Echarri^[51]. Y el 12 Juan Aparicio elevaba un extenso informe final al ministro Arrese en el que se declaraba libre de toda responsabilidad al director depuesto^[52]. En el escrito se abundaba en todo lo anteriormente visto, aclarando que la única actuación inadecuada en el caso, el «modo irregular» en que se había aprobado «El camino de la India», era únicamente achacable al censor, y no al director de Arriba. El 20 de febrero Xavier de Echarri era repuesto al frente de la dirección del diario falangista^[53].

Apenas una semana después, el día 28, eran remitidas a los censores unas «Nuevas normas para la censura en materia de comentarios, crónicas, artículos, etc., de política internacional» que, según Sinova, «daban la última palabra de la decisión al Ministerio de Asuntos Exteriores». El día 3 de marzo se precisaba incluso que solo se autorizaría la pieza con sello de aquel departamento, «aunque el periódico diga que ha sido autorizada por teléfono desde Asuntos Exteriores» (​Sinova, J. (2006). La censura de prensa durante el franquismo. Barcelona: Random House Mondadori.Sinova, 2006: 119-120).

En los meses siguientes se produjo el anteriormente citado intento de Serrano de recuperar definitivamente las competencias completas sobre la censura. Pero estaba ya desahuciado. El día 16 de agosto se produjo el conocido incidente de la basílica vizcaína de Begoña. A la salida de una misa carlista unos falangistas arrojaron unas bombas sobre los asistentes. El bilaureado general Varela, que resultó ileso, lo comunicó al ministro de la Gobernación, que lo interpretó como un atentado dirigido contra el grueso del ejército. El 3 de septiembre Franco destituía a Varela y, movido por el subsecretario de la Presidencia, Luis Carrero Blanco, hacía lo propio con Serrano. La fulgurante carrera política de aquel terminaba de modo fulminante.

Como era de esperar, aquellas piezas sin firma analizadas no serían los únicos textos, ni mucho menos, que le causarían problemas a Ismael Herráiz. A partir de la primavera de 1942 cubrió con estupefacción desde Roma el curso de la guerra, adverso para un fascismo que se desplomaría como un castillo de naipes nada más posarse la bota aliada sobre el territorio metropolitano de Italia. Muchas de sus crónicas de entonces, agriamente aceradas para con la defección y el cambio de chaqueta de las autoridades transalpinas, serían censuradas en España. Pero pocos meses después semejante indignación vería la luz en forma de libro, Italia fuera de combate. Aquel auténtico best-seller incidía en poco velados paralelismos con la abyección que podía adueñarse de España en un trance parecido^[54].

Echarri, por su parte, seguiría al frente de Arriba hasta 1949, año en el que partiría como agregado de prensa a la embajada de Lisboa^[55]. Le relevaría Herráiz, quien vería frustrado el deseo de Arrese, nuevamente ministro en 1956, que deseaba nombrarlo delegado nacional de Prensa en sustitución de Aparicio^[56]. Gabriel Arias-Salgado, por su parte, se convertía en el primer ministro de Información y Turismo. Caería en 1962 a consecuencia de la ruinosa cobertura del que tituló «Contubernio de Múnich». Su sucesor sería Manuel Fraga Iribarne.

VI. CONCLUSIÓN[Subir]

Debe aceptarse la afirmación planteada por Sinova del sentido «totalitario» con que se quiso ordenar la prensa del primer franquismo. No obstante, existen matices que aplicar a propósito de un episodio como el descrito, que fue decisivo sin duda en la configuración posterior del régimen. La inercia de los acontecimientos y la alergia de Franco a las libertades informativas consagraron una Ley de Prensa concebida como un texto más o menos provisional, para tiempos de guerra. Ello demoró la aplicación «católica» posterior de una concepción de la «libertad responsable» y de la tan moderada como imparable —realista, en último término— apertura posterior de Fraga.

De cualquier modo, no se logró ni siquiera en aquellos años dramáticos identificar al Estado con el Partido. Tampoco se realizó la tentativa de hacer a los periodistas funcionarios de este último. El Movimiento no asumió el monopolio de la edición de la prensa escrita en ningún momento. Ni tan siquiera se hizo con el control absoluto de la misma. Lo certifica cómo fue de movediza la atribución de responsabilidades sobre la censura y sus consignas. La última palabra correspondió siempre a Franco, y no a Falange Española Tradicionalista y de las JONS.

Pese a la rigidez y asfixia a que fue sometida, la prensa respondió también a esa política adaptativa y camaleónica que caracterizó al franquismo. Puede aludirse al respecto la existencia de corrientes subterráneas en el falangismo o la atribución de competencias sobre la prensa al Ministerio de Asuntos Exteriores ya en la etapa de Serrano Suñer. Resulta muy difícil discriminar qué componente tuvo su batalla a cara de perro de promoción personal, construcción del Estado de Partido o, incluso, de realismo adaptativo. Si el muy germanófilo Serrano forzó de Franco cesiones en la fiscalización de las cabeceras, otro tanto conseguiría su sucesor. El moderadamente anglófilo ministro Jordana también recabaría del jefe del Estado competencias sobre la prensa, pues esta —y muy singularmente la del Movimiento— se mostraba aún peligrosamente cercana al Eje y trataba de disimular las derrotas de Italia o Alemania. Todavía hoy resulta sorprendente releer los editoriales de Arriba partidarios de la neutralidad española a comienzos del año 1944^[57].

La imposibilidad de alcanzar un Estado totalitario, aun en el ámbito restringido de responsabilidad falangista, queda de manifiesto en los hechos estudiados. En primer lugar, porque fue Arriba, portavoz oficial del «partido único», el que sufrió la represión gubernativa. En segundo lugar, porque los —brevemente— represaliados fueron dos periodistas falangistas convencidos de la labor misional del periodismo. En tercer lugar, porque el careo al que se vieron sometidos por parte de sus colegas de la prensa incluía a los responsables de diarios de empresas privadas (por más que debieran su nombramiento al poder político; a Serrano Suñer, en concreto). En cuarto lugar, porque la absolución que estos dictaminaron se enraizó en el rocambolesco argumento de que los encausados habían redactado textos objetivos, esto es, aplicando un principio del aborrecido periodismo liberal. En definitiva, se justificaba la adhesión a las consignas del poder en la liberal separación entre información y comentario, razonamiento aún más descabellado si consideramos que el editorial es un género de estricta opinión.

En suma, Franco estaba por encima del partido y se aclimataba a las circunstancias respetando siempre el límite de unas líneas rojas^[58]. Lo prueba que no tuviera empacho posteriormente en aceptar incluir en el Fuero de los Españoles dos artículos relativos a las libertades de asociación y prensa. Precisamente a un atónito Arrese le confiaría que la inclusión no significaría otra cosa que «dos afirmaciones hechas, como los pases de los malos toreros mirando al tendido» (​Arrese, J. L. (1982). Una etapa constituyente. Barcelona: Planeta.Arrese, 1982: 68-70). A fin de cuentas, lo que determinaría en último término este enfrentamiento subterráneo sería la resolución de otro de los equilibrios de fuerzas consustancial al franquismo: el ostracismo de Serrano y la domesticación final del falangismo a la autoridad de Franco.