El autor de libro, reputado profesor de Derecho Constitucional y Europeo de la Universidad de Valencia, fue miembro y presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa durante 2009-2014. Al frente de tal responsabilidad institucional dispuso de un óptimo observatorio para calibrar el despliegue de derechos y políticas sociales en un contexto de crisis económica. Tal empeño coincidió con la irrupción y evolución posterior de la denominada Gran Recensión —o «crisis interminable»— de 2007-2008. El examen de la transversalidad del acquis communautaire en la vida social de los ciudadanos europeos durante el difícil período de la recensión que aún no nos ha abandonado es oportuno y valioso.
El libro ha sido publicado en inglés, circunstancia encomiable no solo en lo que respecta al valor añadido que supone el trabajo investigador y compilador del profesor Jimena Quesada, sino por el empeño de la editorial valenciana responsable de su producción. Es saludable comprobar que, cuando el tema y las características del texto a publicar así lo requieren, las propias editoriales españolas estén dispuestas a acometer la publicación de textos en otras lenguas además del castellano y demás lenguas vernáculas españolas.
La intención manifestada por el autor con la publicación de este volumen es la de ofrecer una guía útil a estudiantes e investigadores respecto al estudio de un conjunto de derechos fundamentales en la Unión Europea, con el propósito también de hacer entender las complejidades de las fuentes legales comunitarias, tanto primarias como secundarias, la difícil distribución de competencias entre las instituciones centrales de la UE y los Estados miembros en lo que afecta a la política social, así como del funcionamiento complejo de la panoplia legal europea.
Desde una perspectiva multiconstitucional, la monografía pondera en términos generales los retos actuales y la efectividad de los derechos sociales en el complejo escenario económico y financiero generado por la Gran Recesión. El volumen se ha redactado enmarcado en el proyecto de investigación, «Constitución financiera vs. Constitución social. Redefinición del Estado autonómico y social a la luz de la cláusula de estabilidad presupuestaria». Según lo expresado por el autor, los contenidos del libro han sido inspirados en no poca medida por los últimos desarrollos de los derechos sociales resultantes del conocido como «Proceso de Turín». El también llamado «Movimiento de Turín» ha perseguido concentrar esfuerzos armonizadores tanto del Consejo de Europa como de las instituciones centrales comunitarias a fin de consolidar la Carta Social Europea como un auténtico pacto conformado por los tres pilares de la democracia social, el Estado de bienestar y los derechos sociales. En este sentido, el profesor Jimena Quesada reproduce las declaraciones del secretario general del Consejo de Europa sobre la Carta, las cuales constituyen un sintético compendio de intenciones: «La Carta Social representa la constitución social de Europa y es un componente esencial de la arquitectura de los derechos humanos en el Continente europeo».
En realidad, y como es sabido, el proceso de europeización adolece de una acabada articulación normativa en lo que hace al amplio campo de los derechos, prestaciones y políticas del bienestar. No debe olvidarse que, al fin y al cabo, el Estado de bienestar es una «invención» europea, aunque sus Estados miembros han sido recelosos de europeizar comprehensivamente la implementación de políticas y derechos sociales, las cuales han quedado bajo las jurisdicciones y potestades nacionales. Recuérdese que ya a finales de los años ochenta, e impulsada por la Comisión presidida por Jacques Delors, comenzó a abrirse paso la idea de que el objetivo de partida del Tratado de Roma de mejorar las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores de la Unión Europea no debía ser confiado en exclusiva a los gobiernos nacionales, sino que podía ser promovido activamente por las propias instituciones comunitarias. Después de un amplio proceso de consultas y debate entre los principales agentes económicos y sociales de ámbito comunitario, el Parlamento Europeo aprobó en marzo de 1989 una resolución en la que se instaba a la formulación de una Carta en las que los Estados miembros afirmasen su compromiso de asegurar la aplicación de los derechos sociales fundamentales a todos los ciudadanos por igual (la cual contó con el antecedente de la propia «Carta Social Europea» firmada en Turín en octubre de 1961).
La «Carta Comunitaria de los Derechos Fundamentales de los Trabajadores» fue finalmente aprobada en el Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno celebrado en Estrasburgo a finales de 1989. De los 12 países miembros, solo uno, el Reino Unido, se desvinculó inicialmente del acuerdo. Entonces los derechos sociales fundamentales hacían referencia principalmente al empleo, a las condiciones de vida y de trabajo, a la protección social, al diálogo social, y a la lucha contra la pobreza y la exclusión social. En los últimos lustros, la influencia de la legislación comunitaria se ha incrementado considerablemente. No cabe duda que las decisiones judiciales se han convertido en piezas capitales en la construcción de la Europa social. Así lo avalan algunas de las que se han producido en los últimos años. Como no podía ser menos, la Sentencia de los casos Kohll y Decker en 1998 fue ilustrativa del decisivo papel a desempeñar por el Alto Tribunal en la consolidación del espacio social europeo. En ausencia de armonización en el ámbito comunitario, cada Estado miembro ha podido determinar las condiciones relativas a los derechos y deberes de los sistemas nacionales de seguridad social. Pero en el ejercicio de sus funciones y competencias, los países de la UE deben atenerse al cumplimiento cabal de la legislación comunitaria.
Tras una introducción en el primer capítulo del libro que se ocupa del modelo social europeo en el marco de la crisis económica global, en el capítulo segundo el autor analiza la génesis y evolución de las políticas y derechos sociales en la Unión Europea, prestando especial atención al balance entre los parámetros comunitarios y los nacionales, así como de la decisiva importancia del principio de competitividad como vector transversal de la europeización. La significación del diálogo entre los agentes e interlocutores sociales es identificada como crucial en el siguiente capítulo, así como la progresiva extensión y alcance de la acción sindical en el área social. El capítulo quinto se detiene en examinar los efectos de las negociaciones y sus modalidades entre los agentes sociales a nivel macro de la UE. A continuación se pondera el mayor valor legal de los acuerdos entre empresarios y trabajadores en el contexto del marco jurídico comunitario, así como de sus efectos en un marco jurídico social europeo más amplio. En el capítulo séptimo se presta atención a la multiplicidad de enfoques y aproximaciones para la integración y puesta en común en el ámbito social de políticas, derechos y prestaciones. El profesor Jimena Quesada presta especial atención a los intentos armonizadores originarios y los contrapone a la aplicación del método abierto de coordinación, el cual ha pretendido superar reticencias de los Estados miembros frente a decisiones verticales y jerarquizadas y a favor de las «buenas prácticas» y el benchmarking de carácter horizontal.
El creciente interés societario por combatir las discriminaciones salariales por motivos de género ocupa el interés del octavo capítulo, donde se incide en que la igualdad de los estipendios debe atenderse no solo como un principio del derecho social de la UE, sino como un derecho fundamental ineludible. El penúltimo capítulo se concentra en el examen de las controversias generadas por las medidas de austeridad consecuencia de la «crisis interminable». El autor analiza específicamente la legislación «anti-crisis» relativa a la «flexiguridad», las políticas activas del mercado laboral y las relativas a los sistemas de pensiones. El último capítulo del libro incorpora comentarios y propuesta a fin de conseguir y consolidar estándares congruentes con los valores civilizatorios y los derechos humanos que delimitan el proceso europeizador en su dimensión constitutiva, cual es la relativa a su Carta Social.
Los lectores interesados en el devenir de la Europa social, y muy particularmente aquellos estudiantes e investigadores del entramado jurídico relativo a la Europa social, hallarán buen provecho en las páginas de este libro publicado en inglés. Se trata de un compendio de conocimientos especialmente útil en un período de crisis económica «interminable», y con repercusiones para el quehacer de la UE y el Consejo de Europa.