Este artículo presenta los resultados de una pormenorizada investigación, basada principalmente en fuentes primarias, sobre las características de la movilización política que se produjo en los días posteriores al cambio de Gobierno, tras las decisivas elecciones generales de 1936 en la España de la Segunda República. Su objetivo principal es contribuir a una más y mejor fundamentada comprensión del papel que desempeñó la violencia política, analizando su presencia e impacto. Se ha optado por centrar el estudio en el contexto trascendental en el que se produjo el traspaso de poderes después de las elecciones para poder así, dentro de un período corto, reconstruir de forma detallada esa violencia. Además, de forma más específica, este artículo proporciona una respuesta a un interrogante importante: en qué medida el cambio repentino de Gobierno contribuyó a la desmovilización de los grupos radicalizados.
This paper provides the results of a detailed investigation, mainly based on primary sources, regarding the characteristics of the political mobilization that followed the decisive Spanish general elections of 1936. This mobilization occurred five months before the Civil War, during the last period of the Second Republic. The main objective of the paper is to contribute to a richer and better-informed understanding of the role played by political violence, by analyzing its presence and impact. It studies the specific circumstances in which the transfer of powers took place after the elections. The paper focuses on a short period of time, allowing a detailed analysis of events. In addition, this paper provides an answer to an important question: did the sudden change of government contribute to the demobilization of the extremist groups during this period?
Muchos regímenes democráticos no lograron sobrevivir a la ola de poder dictatorial que se expandió por Europa desde comienzos de la década de 1920. Uno de los que corrió peor suerte fue la Segunda República española. Al poco de cumplir cinco años, en el verano de 1936, un golpe de Estado interrumpió su consolidación. Este artículo se propone contribuir a un conocimiento más preciso de la historia política de la etapa comprendida entre febrero y julio de 1936. Se ha escogido un período fundamental para seguir profundizando en la investigación de la compleja relación entre la movilización social y la violencia política durante la Segunda República: el análisis del contexto en el que se produjo el traspaso de poderes y el cambio de Gobierno poco después de las elecciones generales de 1936. El ámbito cronológico es muy breve —básicamente los días 18 a 21 de febrero—, pero eso está justificado porque hasta ahora no se ha procesado y analizado con suficiente detenimiento la información primaria disponible, que es mucho más pormenorizada y rica de lo que se ha dado por supuesto. Es, además, una información que arroja mucha luz sobre las condiciones políticas y sociales en las que se realizó el inesperado relevo en el Gobierno el mediodía del 19 de febrero, y que nos permite analizar cuáles fueron las implicaciones en términos de violencia política y respuesta de las autoridades
El estudio de la violencia política
La noche posterior al cierre de los colegios electorales, la del domingo 16 al lunes 17 de febrero, no fue muy descansada para el presidente del Consejo de Ministros, el centrista Manuel Portela Valladares. El presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, tuvo con él una «breve» entrevista y le encontró con el ánimo decaído. Todavía faltaban tres días hasta la reunión de las Juntas electorales provinciales y era muy pronto para que ni siquiera el Ministerio de la Gobernación pudiera tener datos significativos de la marcha del escrutinio, salvo en algunas zonas urbanas. Sin embargo, Portela sí sabía ya que los porcentajes de sus candidatos no estaban siendo los esperados y que el resultado global iba a ser apretado, descartándose una victoria electoral clara de las candidaturas antirrevolucionarias
El Consejo de Ministros se reunió durante la mañana del día 17, en medio de importantes presiones derivadas de la movilización que habían iniciado en las calles grupos afines al Frente Popular. No en vano, en la madrileña Puerta del Sol se produjeron concentraciones esa misma mañana y manifestaciones por distintos puntos de la ciudad en las que apareció la violencia y se realizaron cargas policiales, con el resultado de un muerto. En ese Consejo se debatió sobre una posible declaración del estado de guerra, que era una medida que podía tomarse conforme a la legalidad vigente. No obstante, Alcalá-Zamora se negó; este había sido informado sobre los preparativos iniciados en algunas provincias para declarar el estado de guerra, pero desoyó las razones que lo justificaban y lo atribuyó, simplemente, a la «campaña demagógica de Gil-Robles» y a un «lamentable exceso de celo» de algunas autoridades militares. Sin embargo, tanto él como el Gobierno sabían que había problemas de orden público en varias localidades y que, contra las propias disposiciones aprobadas por el ejecutivo en los días anteriores, se estaban celebrando concentraciones, sobre todo en los alrededores de las cárceles y frente a las sedes de los ayuntamientos y los gobiernos civiles. Alcalá-Zamora juzgó que «una declaración precipitada» del estado de guerra podría «atraer otro peligro, el de un golpe de Estado reaccionario», aunque reconoció que estaban «ante un grave conflicto de orden público». Por eso, finalmente solo firmó el decreto que establecía el estado de alarma, aunque proporcionó una autorización a Portela para que pudiera declarar el estado de guerra más adelante si lo juzgaba necesario
No es muy preciso lo que sabíamos hasta ahora sobre la sucesión de acontecimientos políticos que se produjeron en las cuarenta y ocho horas siguientes al cierre de los colegios electorales. Pero hay algunas pruebas irrefutables que apuntan a que el Ejecutivo se encontró con una situación de orden público complicada. De hecho, durante la jornada del 17 hubo varias víctimas mortales en diferentes lugares, como Zaragoza, Valencia, Cartagena, Santander, Vizcaya, Las Palmas o Cáceres. En la capital aragonesa la situación fue muy grave, con tiroteos y un muerto, llegando el gobernador a resignar el control del orden público en las autoridades militares
Si bien Portela se comprometió con Alcalá-Zamora a no renunciar antes de que se proclamaran los resultados de las elecciones, es decir, como muy pronto el día 21, el Gobierno no acertó a frenar la movilización y los acontecimientos se precipitaron durante la mañana del 19. Para entonces los resultados completos continuaban siendo objeto de especulaciones y se seguían publicando previsiones de número de diputados bastante dispares. Los medios del centro-izquierda republicano alertaban sobre la reacción «desleal» de los «enemigos del régimen» y el peligro de ciertos «manejos» provinciales para desvirtuar los resultados. Algo más a su izquierda se pedía abiertamente que «el plazo de la transmisión del Poder» se acortara para cumplir cuanto antes con «la voluntad nacional», y el principal periódico socialista reclamaba a grandes letras el «poder para el Frente Popular». Por su parte, en el otro extremo, las derechas monárquicas se mostraban aterradas por una pronta ocupación del Gobierno por las fuerzas frentepopulistas, que serviría, a su juicio, para «legitimar la revolución de Octubre y recompensar a los revolucionarios»
En las primeras horas del día 19 Alcalá-Zamora volvió a hablar con Portela y creyó convencerle de que no dimitiera. Este había confesado a Gil- Robles, esa misma mañana, que si no se iba pronto el poder sería asaltado por el sector revolucionario de las izquierdas. Las presiones socialistas para que hubiera un cambio rápido en el poder le abrumaban. Su ministro de la Guerra, el general Molero, relató informaciones «tranquilizadoras» sobre el peligro de un golpe militar, pero eso no compensó la opinión de un presidente sobrepasado por la presión. El líder de Izquierda Republicana, Manuel Azaña, esperaba que el presidente «demor[ara] la dimisión» porque «falta[ba] repetir la elección en algunas provincias» y «ni siquiera sab[ían] exactamente cuál e[ra] el resultado electoral, ni por tanto, qué mayoría ten[ían]». Pero Portela se manifestó tajante en una conversación telefónica con Diego Martínez Barrio: «Si se hubiera tratado de una revuelta vulgar», le dijo, «la habría reprimido sin vacilar, pero este no era el caso». Y aseguró, además, que no «estaba dispuesto» a «autorizar a que se disparase» porque eso «equivaldría a manchar la limpieza de la actuación de este Gobierno»
Lo que terminó de influir en el ánimo decaído del presidente del Consejo fueron las noticias que le llegaron a mediodía del día 19 sobre la continuación de los problemas de orden público, especialmente algunos asaltos en los ayuntamientos de los alrededores de Madrid capital y el resurgimiento de graves altercados en algunas cárceles, asunto este que había preocupado profundamente al Gobierno en las cuarenta y ocho horas previas. Tras un último intento de Alcalá-Zamora para evitar la marcha de Portela, poco antes de las tres de la tarde el secretario del Gobierno anunció «la dimisión irrevocable» del ejecutivo y admitió que el presidente de la República se había manifestado en contra. Había sido decisivo, aunque el portavoz del Gobierno no lo reconociera públicamente, que desde las once de la mañana Portela consideraba que la situación del orden público era «gravemente inquietante» —como les dijo poco antes a sus ministros—, entre otras cosas por sendos motines en los penales de Santoña y Bilbao, aunque también por lo que interpretaba como la debilidad de algunos de sus gobernadores civiles, caso del de La Coruña. Y él, como admitió ante Martínez Barrio, no quería cargar con la responsabilidad de una represión policial que podía ser sangrienta. En público lo dijo de forma más ambigua: a media mañana aseguró que el suyo era un Gobierno «sin autoridad moral»
Tras la dimisión, el presidente llevó a cabo unas rapidísimas consultas por teléfono con los líderes de los diferentes partidos. Acto seguido encargó la formación de Gobierno a Manuel Azaña. Era un procedimiento atípico, el de un Gobierno que se marchaba en pleno proceso electoral y otro nuevo que se formaba sin que ni siquiera se conociera la composición del nuevo Parlamento ni se hubiera celebrado la segunda vuelta en aquellas circunscripciones donde fuera necesario. Pero Portela no aguantó la presión y la Constitución facultaba al jefe del Estado para tomar esa decisión
A diferencia de la opinión de sus socios electorales, Azaña pensó que no podían ser «peores» las «condiciones» para volver al Gobierno. De hecho, se encontró una situación incluso más complicada de lo que había previsto. La primera señal que le inquietó fue que Portela no le habló de casi nada durante los minutos que duró el traspaso de poderes: «Como si me entregase las llaves de un piso desalquilado», afirmó. Con esos mimbres, no es extraño que un rato más tarde, a primera hora de la noche de ese día 19, el nuevo presidente declarara a los periodistas que había tranquilidad en toda España
Ese día Azaña cenó en casa y poco más tarde se marchó a la sede de Gobernación. Al llegar se encontró una «muchedumbre congregada en la Puerta del Sol» que celebraba el cambio pero que también exigía en tono amenazante un cumplimiento inmediato del programa del Frente Popular y coreaba duras consignas contra los gobernantes del segundo bienio. A eso de las once de la noche llegaron a su despacho varios representantes de los partidos obreros. El objetivo de su visita, como confirmó el socialista Largo Caballero ante los periodistas, fue «rogar al presidente del Consejo que vea el medio de que se ponga en libertad cuanto antes a los presos políticos, por tratarse de un problema que constituye nuestra mayor preocupación»
Para ganar tiempo, Azaña prometió al dirigente socialista que la cuestión de los presos sería debatida en la primera reunión del nuevo Consejo de Ministros que se celebrara. Acto seguido, salió al balcón para gestionar, a su modo, el asunto de la concentración. Pidió a todos que se condujeran como «buenos republicanos» y que no alterasen el orden, pero anunció ya dos propósitos que iban a tener consecuencias para su gestión a corto plazo: de un lado, aseguró que el Gobierno haría «honor a los compromisos contraídos con la opinión» y que el mismo día 20 serían «repuestos todos los ayuntamientos republicanos de España»; de otro, prometió que la «primera preocupación del gobierno será obtener la amnistía»
Cuando regresó del balcón, ya de madrugada, Azaña reconoció ante Martínez Barrio el problema de fondo: le parecía «imposible que la gente se aguant[ara] más de un mes» con el tema de la amnistía, hasta que las Cortes pudieran votarla. Pero, por otro lado, pensaba que, si optaban por respetar los plazos y procedimientos parlamentarios, saldrían «a motín por día», por lo que el decreto debía ser votado de inmediato por la Diputación Permanente de las extintas Cortes. En ese momento, Azaña ya sabía que la CEDA le apoyaría, aunque parcialmente, en la aprobación de una rápida amnistía; y necesitaba ese apoyo porque las derechas tenían mayoría en una Diputación que todavía reflejaba la composición del Parlamento anterior. El nuevo presidente pensó que la «presión de las circunstancias» (un eufemismo para reconocer abiertamente la tensión social de esas horas y el modo en que empezaba a manifestarse en forma de violencia contra las sedes y los dirigentes del segundo bienio) facilitaría la transacción de los cedistas en un tema tan delicado
Con todo, el Gobierno decidió ganar tiempo tomando una medida rápida que se anticipaba incluso a la decisión de la Diputación. Bien consciente ya de esa «presión» y de los problemas planteados en algunas cárceles, dio la orden al teniente fiscal del Tribunal Supremo, fiscal de la República en funciones, para que mandase a los fiscales de las Audiencias que solicitaran de inmediato «la libertad provisional de todos los que sufren prisión preventiva por delitos políticos o sociales»
Pero había además otro asunto delicado, el más complicado en ese momento de la tarde-noche del 19. Cuando Azaña y su nuevo ministro de Gobernación, Amós Salvador, se pusieron a trabajar, se encontraron con que «casi todos los gobernadores de Portela» habían «huido, abandonando las provincias» y que no habiendo autoridad en «casi ninguna parte», la gente andaba «suelta por las calles» y el problema de cómo se comportaran y lo que consiguieran hacer los grupos radicalizados sería difícil de gestionar. No en vano, a las pocas horas de creer que había resuelto el problema del orden en la Puerta del Sol sin usar la policía, Azaña empezó a recibir las noticias que Portela no le había querido contar: «disturbios» en algunas localidades esa misma tarde, según anotación del propio presidente, intentos de ocupar ayuntamientos por la fuerza, empezando por la provincia de Madrid, y nuevos motines en los penales. Bajo esas circunstancias, Azaña se reafirmó en la idea de que era «urgente conceder la amnistía», aun cuando sabía que eso no se correspondía con la letra del pacto electoral del Frente Popular, que hablaba expresamente de «someter» esa decisión «a las nuevas Cortes»
Las siguientes treinta y seis horas fueron decisivas para comprobar si el cambio de Gobierno y una primera aplicación rápida y parcial de la amnistía servían para calmar las aguas o, por el contrario, el cambio de Gobierno incentivaba las concentraciones y, con ellas, los desórdenes. Para empezar, el ministro Amós Salvador se enfrentó a una primera tarea urgente. Tuvo que ponerse a nombrar apresuradamente nuevos gobernadores y a exigir a los que todavía estaban en sus puestos que no se marcharan. Una circular enviada desde Madrid el día 19 muestra la complejidad de la situación heredada tras el naufragio de la nave portelista: «espero del patriotismo de V.E.», decía el ministro a los gobernadores, que «permanezca en su puesto hasta que sea sustituido, con la misma Autoridad de siempre y manteniendo con más cuidado que nunca el orden público»
Y es que al menos desde el mediodía del 19, esto es, desde el momento que se empezó a saber que el Gobierno de Portela estaba en crisis, algunos gobernadores habían empezado a abandonar a toda prisa sus destinos, en algunos casos por temor a las represalias de quienes se concentraban en las calles y en otros intimidados por representantes de los vencedores. Así, los de Huelva o Málaga dimitieron tras recibir una visita de los candidatos de izquierdas y pese a las órdenes contrarias de Madrid. En casi toda Andalucía pasó lo mismo. El de Almería se marchó precipitadamente nada más conocer la salida de Portela, dejando el Gobierno Civil vacío; esa misma noche un grupo liderado por el jefe local de Izquierda Republicana ocupó el edificio y tomó el poder. En algunas provincias influyó la tensión en torno al recuento de los votos. Este fue el caso de Tenerife, donde los candidatos del Frente Popular pidieron al gobernador que se fuera. Este empezó resistiéndose, pero acabó cediendo tras pasar un rato escuchando gritos a favor de su dimisión y advertencias de los dirigentes obreros sobre las consecuencias de que siguiera en su puesto. Horas más tarde se iniciaría una huelga general y el nuevo Gobierno respondería tomando medidas equiparables al estado de guerra. En Cáceres también se dejó notar la tensión relacionada con el recuento electoral: un concejal socialista de la capital, Juan Guillén, se hizo cargo del Gobierno Civil, cesando de inmediato al secretario que estaba al cargo, todo esto en medio de rumores que atribuían estos rápidos movimientos al control de las cajas que contenían las actas electorales
No todos los gobernadores se vieron en esas «circunstancias», si bien en Galicia, que había sido una zona especialmente conflictiva durante la campaña electoral, se vivieron hechos similares
En general, tras conocerse la renuncia de Portela y la llegada de Azaña al Gobierno, la presencia de simpatizantes del Frente Popular en las calles fue bastante generalizada por todo el país
Aunque descrito muy sumariamente, este es el contexto en el que hay que valorar los datos sobre violencia política desde mediodía del 19 hasta bien avanzado el 20. No puede decirse, ni mucho menos, que hubo una violencia distribuida de forma homogénea por toda la península, como se verá. No obstante, tampoco fueron hechos aislados. Se ha afirmado que con el traspaso de poderes a Azaña se «consiguió de hecho devolver la normalidad al país durante varias semanas»
En las dos grandes ciudades, Madrid y Barcelona, no se produjo una espiral imparable de violencia en los dos días posteriores a la salida de Portela. La principal razón es que se adoptaron amplias medidas policiales de forma preventiva. Con todo, en Barcelona hubo algunas concentraciones tras las que se produjeron altercados y enfrentamientos con los guardias de asalto, resultando un muerto. Desde última hora del 19, la Ciudad Condal estuvo literalmente blindada por la policía ante el temor de que se produjera un asalto a la cárcel para liberar a los presos. Y hubo una multitudinaria concentración proamnistía la tarde del 20, durante la cual el gobernador apaciguó los ánimos asegurando que la amnistía sería aprobada en breve por la Diputación Permanente. Entre tanto, algunos individuos aprovecharon la confusión para incendiar dos iglesias
Ciertamente, que las ciudades de Madrid y Barcelona no destacaran por la conflictividad no es indicativo de una calma general. De hecho, el análisis pormenorizado de las fuentes muestra que el uso de la violencia durante las movilizaciones aumentó en el paso del día 19 al 20. Hubo un incremento de la conflictividad en la región andaluza, pero los problemas se extendieron a regiones que habían permanecido relativamente tranquilas durante la campaña electoral. Las categorías más habituales de los sucesos de esos días fueron estas cuatro: ocupaciones violentas de ayuntamientos, intentos de asalto a las cárceles, ataques a edificios religiosos y agresiones a dirigentes de los partidos de centro-derecha y derecha.
Durante las primeras horas posteriores a la llegada de Azaña al poder se produjeron, sobre todo, concentraciones en las calles. En principio su finalidad básica era celebrar lo que se consideraba la consumación del triunfo electoral, esto es, el relevo en el poder. Por eso se repitieron en todas ellas parecidas muestras de júbilo. Sin embargo, en muchos casos se apreció de inmediato que muchos participantes tenían otros planes: primero, redirigir a los manifestantes hacia los centros de poder local y provincial para propiciar un cambio rápido de autoridades, usando para ello todo tipo de coacciones verbales y físicas; y segundo, presionar de diversos modos para propiciar una amnistía inmediata. De este modo, la tarde del 19 fue de grave agitación en muchos puntos del país, como pudieron comprobar Azaña y el ministro Salvador en cuanto tomaron posesión. En Zamora, por ejemplo, una manifestación presidida por representantes socialistas rodeó el ayuntamiento mientras se celebraba un pleno; al poco rato se consiguió que el presidente de la gestora cediera el poder al anterior alcalde de elección popular
Lo de Zamora y Córdoba, por poner dos provincias muy alejadas geográficamente, no fueron hechos excepcionales. Algo parecido pasó en otras localidades nada más saberse que Portela se había ido. En Palma de Mallorca, un grupo de «comunistas y sindicalistas» se manifestó delante del ayuntamiento exigiendo que el poder municipal pasara a manos de representantes del Frente Popular; «unos cuantos» llegaron a asaltar el edificio e intervino entonces la Guardia Civil, con el resultado de dos heridos de bala. En Granada, la tarde del 20 tomaron posesión del ayuntamiento concejales socialistas en un ambiente similar: el edificio consistorial había sido ocupado por «cientos de obreros». Una situación parecida se vivió en Cádiz, Almería o Calahorra. Y en Almadén, después de que los concejales de izquierdas se hicieran con el control del ayuntamiento durante la madrugada, una manifestación que reclamaba «la jornada de cuatro horas y media» terminó frente al ayuntamiento, desde cuyos balcones escucharon al presidente del Sindicato Minero; acto seguido se produjo el asalto al local de Acción Popular en la localidad
La movilización y tensión de la tarde del 19 no fue un relámpago fulminante y puntual sino el preludio de una actividad más generalizada a lo largo de la jornada del 20. El primer y más importante foco de conflicto que hubo de gestionar Amós Salvador fueron las prisiones. Cuando Portela presentó la dimisión ya conocía que la situación en los penales de las provincias de Murcia, Santander o Vizcaya era muy delicada. Pero, sobre todo, la llama había prendido hacia la una de la tarde del 19 en la cárcel de Larrinaga, en Bilbao, con un «violento incendio»
Siendo tensa la situación en algunos penales, más complejo, desde el punto de vista de la gestión del orden público, fue lo que pasó con algunas manifestaciones del día 20. En varias localidades se reprodujeron patrones similares: concentraciones que increpaban a los dirigentes de las derechas y del Partido Radical, llegando en varios casos a asaltar sus sedes, o bien a provocar destrozos o incendios en edificios religiosos, sedes patronales o círculos agrarios. En algunos casos los episodios de violencia se manifestaron de forma muy intensa. Uno de los más ilustrativos fue el de Elche, que duró varias horas. Los ánimos habían estado muy excitados en toda la provincia de Alicante desde que se cerraron los colegios electorales. Para mayor preocupación del nuevo ministro Salvador, el gobernador abandonó su puesto a toda prisa. Al mando quedó de forma interina un líder local de la izquierda republicana que vio cómo la presión popular provocaba una rápida reposición de ayuntamientos durante el día 20, incluido el de Elche. En este caso, al mediodía, mientras tomaba posesión del Gobierno local el antiguo alcalde socialista, y sin que se atrevieran a comparecer los concejales derechistas, una manifestación recorrió la localidad, produciéndose incidentes verbales y altercados. Fue en ese contexto cuando un teniente de la Guardia de Asalto hizo varios disparos y provocó algunos heridos. Los socialistas locales atribuyeron a este episodio la violencia posterior en la ciudad. Sin embargo, la documentación del sumario judicial añade algunos datos relevantes: antes de que el agente disparara se había iniciado ya el asalto al Círculo de los republicanos radicales; y cuando aquel usó su arma estaba rodeado por los asaltantes, que previamente se habían negado a deponer su actitud y atacado a otros agentes. En todo caso, antes y después de ese suceso y durante las horas siguientes, ocurrieron lo que un historiador local ha llamado «los disturbios más graves de todo el período republicano» en la localidad de Elche. Los grupos radicalizados que protagonizaron la violencia siguieron una pauta observada en otros lugares: primero el asalto de las sedes de los lerrouxistas, los agrarios y los conservadores; segundo, la destrucción del Juzgado Municipal, el centro de Acción Cívica de la Mujer, la Cámara de la Propiedad Urbana; y, finalmente, el ataque a algunas casas particulares y el ritual incendiario en las iglesias de Santa María, El Salvador y San Juan, además de los conventos de las clarisas y el centro de la Juventud Católica. Todas las fuentes indican que se vivió una situación de descontrol en la ciudad y que las fuerzas del orden permanecieron inactivas en los primeros y decisivos compases. Se contabilizaron dos muertos y varios heridos. Pero lo peor, para el nuevo Gobierno, es que la violencia se extendió por toda la comarca, reproduciéndose los problemas en otras localidades. Al final, el Gobierno de Azaña ordenó la movilización de una compañía del regimiento militar de Valencia para que vigilara las calles en los días siguientes
Sin ánimo de ser exhaustivos, sabemos que durante esas horas hubo episodios de violencia grave en localidades de las provincias de Granada, Huelva, Cádiz, Córdoba, Málaga, Sevilla, Murcia, Alicante, Ciudad Real, Madrid, Barcelona, Pontevedra, La Coruña y Burgos
En general, también fueron graves los sucesos ocurridos en las capitales de provincia andaluzas, sobre todo en Málaga, Huelva, Granada y Cádiz, donde los asaltos a las sedes y los periódicos conservadores fueron acompañados de varios heridos y muertos. En Málaga, los representantes del Frente Popular ya habían presionado al gobernador para que cediera el mando, nada más empezar las primeras manifestaciones; pero eso no impidió que algunos grupos se enfrentaran a tiros con la policía y acudieran también a las casas de derechistas para apedrearlas. En Granada se repitió una escena similar, con actos de pistolerismo entre izquierdistas y derechistas. Y en Huelva, donde las manifestaciones empezaron a primera hora del 20, la violencia fue todavía mayor. Aquí, a diferencia de la anterior, los guardias permanecieron acuartelados más tiempo, durante el cual se produjeron los asaltos al Círculo Radical, a varios negocios de derechistas de la localidad y finalmente al domicilio de AP
En cuanto a la mitad norte del país, hubo menos episodios de violencia, si bien ese no fue el caso de las localidades gallegas de Pontevedra, Ferrol y Santiago de Compostela. En Pontevedra se asaltaron las sedes de la CEDA, Renovación y el Círculo Radical. Los guardias solo salieron a las calles después de las primeras violencias. En cuanto a Santiago y Ferrol, además de las sedes derechistas, los grupos de extremistas digirieron sus acciones contra algunos conventos y sedes de asociaciones religiosas, todo esto mientras los representantes del Frente Popular se hacían con el control de los ayuntamientos. Al igual que en la región levantina, las derechas entraron en estado de pánico en varias localidades gallegas. En Vigo, por ejemplo, empezaron a preparar una rápida salida hacia Portugal, creyendo que la revolución era inminente; incluso el vicecónsul británico de la localidad pasó por horas complicadas cuando un grupo de manifestantes estacionados delante de su casa le exigieron que izara una bandera roja en el balcón y se negó
Finalmente, en este balance tan apretado hay que añadir que durante esas jornadas hubo también algunos atentados vinculados a confrontaciones previas tanto de orden estrictamente electoral como sindical. Algunos se asemejaron al más puro estilo del pistolerismo, como el que dejó muy gravemente herido al hijo de un empresario granadino o el que costó la vida a un empleado de una fábrica, tiroteado cuando se dirigía al trabajo. A veces, esos actos aparecieron en contextos de tensión y desórdenes, como ocurrió en Tenerife, donde jóvenes derechistas recibieron varios disparos. Otras se trataron de ajustes de cuentas vinculados al recuento electoral, como en el pueblo navarro de Santacara. Otros fueron durante o después de riñas políticas, por ejemplo en pueblos de Almería o de Zamora. Y hubo también agresiones a cargos políticos; uno de los más graves fue el del alcalde lerrouxista de la localidad sevillana de Fuentes de Andalucía, retenido y agredido por socialistas y comunistas, resultando con heridas de consideración
Por último, respecto de la actitud de los miembros de los partidos que se vieron afectados por los sucesos más graves, las fuentes indica que, en general, los cedistas y los republicanos radicales o conservadores se mostraron bastante pasivos, salvo algún caso puntual como el que ocurrió después de que manifestantes socialistas y comunistas increparan a unos jóvenes en Hoyo de Pinares
Por otro lado, lo que también confirman las fuentes primarias es que un nuevo actor estaba tomando cada vez más protagonismo: los que empezaron a despuntar como vanguardia violenta en un contexto de defensa de los derechistas y la propiedad fueron los jóvenes falangistas que ya habían aparecido durante la campaña electoral previa. Fueron miembros de Falange los que intervinieron, por ejemplo, durante los graves disturbios de Murcia o en los momentos de tensión por la liberación de presos en Santander. Y recogieron, también, sus primeras víctimas mortales, como el dependiente de comercio de Yecla, asesinado por socialistas el día 20
En los días 19 y 20 de febrero se produjeron 16 muertos y 39 heridos graves
Como hemos visto anteriormente, tanto las sedes lerrouxistas como las cedistas fueron objeto, por igual, de la acción de grupos, casi siempre jóvenes radicalizados de las izquierdas obreras
Una hipótesis apuntada en los últimos años por autores como Rafael Cruz o Eduardo González Calleja es que la existencia de víctimas en ese contexto postelectoral se debió a la acción policial, básicamente porque las cargas de los guardias de asalto o de los civiles no resolvían los problemas, sino que los exacerbaban, todo esto en momentos de máxima tensión que habrían requerido de negociación y prudencia en vez de contundencia. Los datos de que disponemos muestran, sin embargo, que la violencia de resultados trágicos tuvo poco que ver con todo eso y mucho más con la proclividad a la acción de individuos radicalizados que, casi siempre, iban armados y tenían objetivos establecidos de antemano. No quiere eso decir que los guardias de asalto o los guardias civiles no provocaran víctimas al reprimir arbitraria o torpemente una manifestación, o al intentar disolver una concentración donde había mucha tensión
Cuatro fallecieron en los enfrentamientos armados en las cárceles, que no habían iniciado los agentes y en los que algunos presos se comportaron de forma violenta para provocar confusión y facilitar los motines y una posible huida.
Otro se produjo por el disparo de guardias de asalto cuando el grupo en el que estaba el fallecido intentó invadir una sede cedista en Málaga e hizo caso omiso de los primeros avisos de los agentes para que retrocedieran (el informe del gobernador de izquierdas calificaba a la víctima como «sujeto de pésimos antecedentes»).
Algo parecido a lo anterior ocurrió con el comunista fallecido en Barcelona la tarde del 20, por disparos de los guardias, después de que un grupo de Estat Catalá se comportara de forma violenta en el transcurso de una manifestación e intentara una agresión.
Otras dos personas murieron por balas de la Guardia Civil en un pueblo de Huelva, pero consta, como muestra la documentación de la causa abierta por ese suceso en el Tribunal Supremo, que los agentes usaron sus armas para responder a disparos previos.
Y otras dos víctimas lo fueron por disparos de un guardia de asalto cuando intentaba detener a un grupo que había empezado el asalto y destrozo de la sede del Partido Radical en Elche, como se ha explicado anteriormente
Por consiguiente, la evidencia empírica no confirma que los muertos atribuidos a las armas de las fuerzas del orden en esas horas fueran resultado de una intervención arbitraria o de una torpe gestión de la movilización de ciudadanos pacíficos. Por otra parte, el otro cuarenta por ciento de las víctimas mortales de esos dos días ocurrieron en circunstancias bastante ajenas a la policía, en algunos casos por la ausencia de aquella en vez de por su presencia. Así ocurrió en los casos ya comentados del dependiente falangista asesinado por socialistas en Yecla (Murcia) o de la socialista muerta en Hoyo de Pinares (Ávila). Otra persona fue víctima de un acto de pistolerismo, posiblemente para saldar cuentas políticas y sindicales; tres más murieron durante los graves desórdenes ocurridos en Alicante y Murcia
La mañana del día 20, cuando se celebró el primer Consejo de Ministros tras la llegada de Azaña al poder, este tuvo ya información detallada de la situación de orden público y de los primeros actos de violencia anticlerical. «Esto me fastidia», anotó en su diario. «La irritación de las gentes va a desfogarse en iglesias y conventos, y resulta que el Gobierno republicano nace, como el 31, con chamusquinas. El resultado es deplorable. Parecen pagados por nuestros enemigos.» Esas «chamusquinas» alcanzaron proporciones notables, tanto que obligaron al Gobierno a tomar medidas para detenerlas. Así, el nuevo gobernador de Almería, Enciso Amar, de Izquierda Republicana, manifestó el día 21 que había ordenado la intensificación de la vigilancia, reconociendo implícitamente el alcance de los problemas que la prensa nacional, por mor de la censura, no estaba recogiendo
Los asaltos e incendios de casas rectorales, iglesias o conventos durante las primeras treinta y seis horas de vida del nuevo Gobierno fueron más abundantes allí donde se registró más violencia contra las sedes derechistas, es decir, las regiones de Andalucía, Levante y Galicia, como si hubiera una relación de dependencia entre una y otra cosa. Si en Almería la intervención de algunos vecinos y la presencia de policías malogró varios intentos de incendio en al menos cuatro edificios de la capital, no ocurrió lo mismo en otras localidades
El nuevo Gobierno había celebrado su primer Consejo a media mañana del día 20. El proceso electoral no había terminado todavía: en Málaga, por ejemplo, ese mismo día se estaban celebrando comicios en varias decenas de colegios y estaban en juego miles de votos; y ese día, además, tenían que reunirse las Juntas Provinciales del Censo para verificar, en sesión pública, la documentación y realizar el escrutinio. Cuando terminó el Consejo, a eso de las dos y media de la tarde, un portavoz del Ejecutivo anunció a la prensa la adopción de algunas medidas. La primera fue una confirmación jurídica de lo que estaba pasando ya en algunas localidades: se aprobó la reposición de todos los ayuntamientos suspendidos por decisión gubernativa. La segunda tenía importancia para la gestión de los problemas de orden en las cárceles, a la espera de aprobar la amnistía: el nombramiento de un nuevo fiscal general de la República, Alberto Paz Mateo. Junto a esto, se supo también que el presidente Azaña hablaría a la nación esa misma tarde y que el Gobierno había «estudiado un plan que permita realizar con la mayor rapidez posible los puntos del pacto base de las elecciones», lo que incluía proceder con la amnistía de inmediato. Se supo, entonces, que la fórmula escogida por el Ejecutivo sería la de someter un breve decreto a la Diputación Permanente, para no tener que esperar así a la constitución de la nueva cámara. Entretanto, se anunciaba, seguramente con la esperanza de satisfacer las expectativas de los socios electorales de la izquierda obrera, que el nuevo fiscal pediría a sus subordinados que calificaran rápidamente los delitos pendientes, lo que significaba que se podrían aprobar de inmediato numerosas libertades condicionales o prisiones atenuadas
En cuanto a la situación de orden, el ministro de la Gobernación anunció que la tarea más urgente, por el momento, era que los nuevos gobernadores tomaran posesión «a la mayor brevedad posible», por lo que alguna designación, como la del responsable de Valencia, se había hecho con «toda urgencia, incluso por teléfono». El mensaje era bastante claro: como el Gobierno atribuía los «desmanes» —según la expresión usada por Azaña en la entrevista con Tedeschini— a la huida de las autoridades provinciales, quería dejar claro que ese vacío de poder terminaría en breve y se tomarían las medidas policiales necesarias
Tal y como se había anunciado, Azaña habló por radio ese mismo día. Pidió a «todos los españoles» que cooperaran «a la obra que el Gobierno trata de emprender bajo su responsabilidad exclusiva», una obra que no tenía «ningún propósito de persecución ni de saña». Eran palabras moderadas que tranquilizaron a una parte de la opinión conservadora. Sin embargo, en privado el propio Azaña reconocía la existencia de un «desordenado empuje del Frente Popular»
A propósito de la movilización social ocurrida en España tras las elecciones de febrero de 1936, se ha planteado recientemente que tuvo una «dimensión de prolongación de la política pública» en la medida en que sirvió para «presionar y respaldar cambios en las instituciones derivados de la victoria electoral». Y que, a veces, se buscó «el enfrentamiento con el adversario con el fin de tomar posesión de la calle»
En ese sentido, la ocupación de las calles, para ellos, no se podía quedar en un simple acto de presión a favor de algún tipo de «política pública», a modo de una movilización pacífica en un entorno de democracia consolidada, sino que debía orientarse, mediante una combinación de movilización e intimidación, hacia una presión política efectiva para desbordar los cauces del formalismo democrático. Así, los datos que se recogen y analizan en este artículo muestran que la violencia política no solo no desapareció al formarse el nuevo Gobierno, sino que creció y se extendió a diversos puntos de la geografía nacional, especialmente como una forma de presionar a favor de una liberación inmediata de los presos de octubre de 1934, así como para obligar a las nuevas autoridades a tolerar una ocupación rápida —y muchas veces violenta— de los ayuntamientos. La evidencia empírica sobre todos esos episodios resulta, así, trascendental para comprender el alcance político de la presión de los violentos y no confundir, bajo determinadas generalizaciones y explicaciones teóricas, esa movilización coactiva con una simple celebración cívica de una victoria electoral ya descontada.
Por otro lado, esta investigación permite concluir que Portela también se equivocó al pensar que un Gobierno presidido por la izquierda republicana contaría con la ventaja de poder usar las fuerzas policiales sin que los ganadores de las elecciones lo interpretaran como una provocación, una limitación de la movilización democrática o un peligro de golpe de Estado. Azaña y su ministro de la Gobernación procuraron que las noticias del nuevo Gobierno incidieran en una recuperación de la calma, pero en privado conocieron con todo detalle que la combinación de la presión de los sectores radicalizados de la izquierda obrera, más el vacío de poder provocado por la huida de algunos gobernadores, facilitó la expansión de la violencia en algunas regiones, a la cabeza Andalucía, Levante o Galicia, pero no solo ellas. Y aunque se ha escrito que «la principal fuente de enfrentamiento fue la intervención policial» durante las manifestaciones de esos días
Este artículo, enviado a la
El estudio clásico de Tusell (
Por lo referido al concepto de violencia política, esta investigación se ciñe a la propuesta formulada por Botz (
Entre otros, algunos títulos fundamentales del debate científico sobre la violencia política son: Nieburg (
Tilly (
Rey Reguillo (
Linz (
Kalyvas (
Todos estos episodios se pueden seguir en Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), PS-Madrid, leg. 1536 y PS-Madrid, C152, leg. 1508; Archivo Giménez Fernández (AGF), B-X/2; Archivo Histórico Provincial de Cáceres (AHPC), Gobierno Civil, Orden Público, Elecciones y Referéndum, leg. 1602.
Significativamente, el día 17 el director general de Seguridad se reunió con diversos dirigentes, incluido un emisario de Falange, para pedirles que hicieran lo posible para controlar a sus seguidores y evitar manifestaciones y conflictos como los producidos en las últimas horas en Madrid.
Circular n. 12. Telegrama del ministro de Gobernación a los gobernadores y responsables de orden público, 17-2-1936. En Archivo General de la Administración (AGA), Gobernación, 44/2416.
Gil Robles (
Azaña (
Azaña (
Entrecomillados, en Azaña (
AGA, Gobernación, 44/2416.
Álvarez Tardío (
Manifestaciones, en
Ranzato (
Versión oficial, en CDMH, PS-Madrid, 1536 y PS-Madrid, C152, leg. 1508. Relato muy pormenorizado, en
CDMH, PS-Madrid, 1536; ASV, Nunz. Madrid, b945; AGF, B-X/2;
CDMH, PS-Madrid, leg. 1536, ASV, Nunz. Madrid, b 912B,
CDMH, PS-Madrid, leg. 1536 y PS-Madrid, C152, leg. 1508;
A continuación, solamente las referencias de algunos casos importantes que no se comentan más abajo: Castrojeriz, Alcalá de Henares, Ciudad Real, Ronda, Melilla y Monistrol de Monserrat, en CDMH, PS-Madrid, 1536, ASV, Nunz. Madrid, b945 y b912B, AGF, B-X/2,
Esas mismas zonas fueron también las más conflictivas en momentos anteriores de la República. Véanse los mapas de causas incoadas por delitos político-sociales que se exponen en Rey Reguillo (
Aguilar, en CDMH, PS-Madrid, 1536;
AGF, B-X/2; CDMH, PS-Madrid, 1536; Alcalá-Zamora (
CDMH, PS-Madrid, 1536; NA-FO 371/20520; ASV, Nunz. Madrid, b945; Macarro (
CDMH, PS-Madrid, Leg. 1536 y PS-Madrid, C152; ASV, Nunz. Madrid, b912b y b945; AGF, B-X/2;
Pistolerismo, en
Hubo un muerto provocado por un afiliado al Partido Progresista que salió en defensa de los increpados. En
El día 21 y siguientes se clausuraron las sedes de Falange en Santander, Murcia, Orense o Bilbao, a veces acompañadas de detenciones. Véanse ASV, Nunz. Madrid, b 912B;
Elaboración propia a partir de las fuentes que se citan en las notas de este trabajo. Estas cifras se asemejan a las que ha publicado recientemente González Calleja (
Sobre los jóvenes de izquierdas y su evolución previa, véase Souto Kustrín (
Cruz (
El suceso ocurrió en Llanes la tarde del día 18. Un capitán de la Guardia Civil «apeló a la cordura de los grupos» y consiguió disolverlos después incluso de que se hubiera producido un primer disparo.
Motines en los penales de Chinchilla y Santoña, en ASV, Nunz. Madrid, b 912B;
CDMH, PS-Madrid, 1536 y PS-Madrid, C152, leg. 1508; ASV, Nunz. Madrid, b 945; AGF, B-X/2;
Azaña (
CDMH, PS-Madrid, 1536 y PS-Madrid, C152, leg. 1508; ASV, Nunz. Madrid, b 912B;
La relación de localidades donde se ha constatado que hubo violencia anticlerical de consecuencias graves es la siguiente: Palma del Río y Aguilar de la Frontera, en Córdoba; Casares, Estepona, Montejaque y Benaoján, en Málaga; Peñaflor, Palomares y Herrera, en Sevilla; Almusafes, Alcira, Museros, Relleu, Onteniente, Nucia, Cañamelar y El Puig, en Valencia; Torres de Berellón, en Zaragoza; Torreagüera y Beniaján, en Murcia, más la capital; Castrojeriz, en Burgos; Ferrol, Betanzos, Carranza, Serantes, Murgados y Perlío, en La Coruña, más la capital; Barcelona capital; Béjar, en Salamanca; Elche y Alicante capital; Almería capital; Melilla. Además de numerosas referencias de prensa citadas en las notas previas, véanse CDMH, PS-Madrid, C152, leg. 1508 y PS-Madrid, 1536; ASV, Nunz. Madrid, b 912B; AGF, B-X/2;
Carta de Tedeschini a Azaña, 14-III-1936, en ASV, Nunz. Madrid, b 925.
Azaña (
Alcalá-Zamora (
Cruz (