Desde la tercera ola democratizadora (
Since the third wave of democratization (
América Latina es la región del mundo que más reformas electorales ha realizado en las últimas cuatro décadas. A diferencia de otras regiones en donde las élites han sido conservadoras y resistentes al cambio (
Este trabajo busca contribuir a la investigación comparada realizada sobre las reformas electorales en dieciocho países latinoamericanos (
Tres años después, se trata de identificar si esa contradicción continúa (o no) e identificar en qué medida las reformas se concentraron en corregir los efectos no esperados de los cambios previos o, en su caso, fueron propuestas diferentes a las anteriores centradas en ampliar derechos, transformar situaciones de exclusión política y/o profundizar la democratización de los sistemas políticos. En esta nueva investigación además se pretende entender si los contenidos de las reformas son resultado del contexto sobre las decisiones de las élites («efecto contagio») (
Este estudio sostiene que las reformas realizadas en los últimos tres años se han focalizado principalmente en corregir los efectos no esperados de los cambios institucionales previos; que dichos procesos han sido impulsados de espaldas a la ciudadanía por la dirigencia de los partidos en la mayoría de los casos; que los temas de las reformas son similares a los que se impulsaron en el período anterior (lo que podría considerarse como reformas de continuidad); que los ritmos de reforma mantienen a los países como fueron clasificados en investigaciones previas (México, Perú y Ecuador como los sistemas hiperactivos, agregándose únicamente República Dominicana en el nuevo período) y que la actual agenda reformista carece de propuestas innovadoras que permitan vislumbrar nuevos caminos para el fortalecimiento de la democracia en la región.
El texto se estructura en tres partes. En la primera, se revisa la literatura que da cuenta de una rica agenda de investigación sobre las reglas electorales y sus reformas. En la segunda, se presentan las decisiones metodológicas que contribuyeron a la construcción de una base de datos de reformas electorales a nivel ejecutivo y legislativo nacional en dieciocho países de América Latina, dando cuenta de los veintitrés cambios específicos que se han dado entre 2015 y 2018, y que se agregan a los 242 identificados en el período 1978-2015. Las bases de datos empleadas integran el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, que se desarrolla en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA). En la tercera, se revisan las principales tendencias reformistas, buscando identificar en qué medida las reformas recientes continúan el patrón de cambio previo o alteran el mismo, describiendo si los patrones de ritmo reformista se mantienen y analizando si el contenido de las reformas entre países coincide entre sí, con la intención de observar de manera preliminar el peso del contexto sobre las decisiones públicas. Se concluye con una reflexión final sobre la agenda de investigación futura del reformismo electoral latinoamericano.
Las reglas formales son definidas como las normas y procedimientos que restringen, condicionan y facilitan el comportamiento de los políticos y los electores (
Las reglas electorales dependen de las preferencias de quienes compiten (y controlan) el poder (
Las reformas pueden originarse por diversos factores vinculados: a) a los propios intereses de los que ostentan el poder (
Los dirigentes políticos buscan influenciar la competencia partidista con sus preferencias a través de la modificación de las reglas formales (
El intenso activismo en las últimas cuatro décadas de América Latina, acorde al activismo constitucional existente desde la época de la independencia (
En algunos trabajos se vincula la inestabilidad institucional con la forma de gobierno (
Toda reforma requiere de cierto consenso respecto a la existencia de un problema concreto en el funcionamiento de las reglas vigentes, lo que Shugart (
La literatura comparada sobre reformas electorales se ha centrado en los elementos que considera más relevantes de un sistema electoral para determinar que una reforma es importante o para establecer que el sistema electoral está siendo reformado. Esos elementos son el principio de representación, la fórmula empleada para asignar escaños, la magnitud de los distritos, el umbral electoral y el tamaño de las cámaras legislativas (
La importancia de estos elementos radica en los efectos que producen sobre la proporcionalidad de la elección, sobre el número de actores que participan en la competencia política y sobre la dinámica de la competencia interpartidista. El cambio en alguno de ellos constituye una reforma electoral «mayor» y el cambio en el principio de representación o en más del 20 % de las dimensiones restantes supondría la emergencia de un nuevo sistema electoral (
En los últimos años se ha discutido la necesidad de incluir nuevas dimensiones al análisis de los sistemas electorales (
Esta investigación defiende esta visión amplia del sistema electoral y sus cambios, como ya se ha puesto de manifiesto en otros trabajos (
Los cambios de las reglas pueden suponer mejores condiciones para la representatividad de los actores no representados en el sistema político (
La experiencia comparada evidencia que las insuficiencias de los sistemas electorales pueden en algunas ocasiones volverse intolerables ante la opinión pública (
Una serie de decisiones metodológicas ha sido necesaria para la construcción de las diversas bases de datos sobre las reformas electorales y políticas que se han realizado en los países de la región. Esas bases de datos integran el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina (#ObservatorioREFPOL), que se desarrolla en la actualidad en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el apoyo de la Secretaría de Fortalecimiento Democrático de la OEA.
Dado que los escenarios de diseño e implementación de las reformas electorales son muy diferentes en relación con lo que ocurre en los países que han sido estudiados de manera central por la política comparada (como los europeos), muchas de las decisiones predominantes de la literatura no pueden ser empleadas para estudiar los procesos de reformas en sistemas políticos de reciente democratización (
La literatura comparada sobre sistemas electorales en América Latina aún no presenta consenso respecto a cuáles son las dimensiones que deben tenerse en cuenta al momento de considerar un cambio «de» sistema electoral, así como tampoco respecto a cuándo un cambio es relevante y cuándo no debe considerarse en el análisis. Los trabajos incluyen diferentes definiciones de lo que es un sistema electoral, consideran elementos distintos para operacionalizar la reforma electoral (o directamente omiten cómo se mide esta variable) o exponen criterios alternativos respecto a cómo determinar la relevancia de un cambio. En esta investigación, el número de reformas se calcula con base en el dato de cambio en cada una de las dimensiones analizadas para cada año. Esta decisión procede de la manera en que se han construido previamente las bases de datos del #ObservatorioREFPOL. La unidad de observación se calcula al tomar un cambio en una dimensión en un año dado. Los números entre paréntesis evidencian la cantidad de cambios que se dieron en un determinado año en las diferentes dimensiones.
Las dimensiones incluidas en esta investigación son las que se corresponden al «corazón del sistema electoral» (fórmula electoral —legislativo/ejecutivo—: principio de representación, estructura de voto, umbral o barrera electoral y tamaño de las Cámaras) junto con otras que se incorporan por la necesidad de considerar al sistema electoral en sentido amplio, debido al impacto que estos elementos tienen sobre la competencia política, como son: la introducción de la cuota y/o el principio de la paridad de género en el registro de las candidaturas, la reelección presidencial, la duración del mandato de los diferentes cargos, la revocatoria del mandato, el voto de los connacionales desde el extranjero y, finalmente, los mecanismos de selección de candidaturas al interior de las organizaciones partidistas. Como ya se ha señalado en otros trabajos, (
En el periodo 2015-2018, diez países latinoamericanos realizaron veintitrés cambios de reglas en algunas de las dimensiones claves del sistema electoral (
Los países que hicieron reformas en algunas de las dimensiones consideradas en esta investigación en el período analizado fueron Argentina (1), República Dominicana (2), Chile (6), Ecuador (2), Honduras (1), Guatemala (1)
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Cuota y/o paridad de género para las candidaturas a cargos de representación popular | 33 | 7 | República Dominicana (2018); Argentina (2017); México (2017); Costa Rica (2016); Honduras (2016) |
Distritos en elecciones legislativas | 33 | 1 | Chile (2015) |
Reelección presidencial | 24 | 4 | Colombia (2015); Ecuador (2015, 2018); Honduras (2015) |
Tamaño de la cámara legislativa (Cámara Alta) | 21 | 3 | Colombia (2015, 2016); Chile (2015) |
Tamaño de la cámara legislativa (Cámara baja) | 4 | Colombia (2015, 2016); Chile (2015); Guatemala (2016) | |
Voto de los connacionales desde el extranjero | 20 | 1 | Guatemala (2016) |
Fórmula para la elección de legisladores | 18 | 1 | Chile (2015) |
Fórmula electoral en elección presidencial | 16 | 0 | |
Estructura de voto en elecciones legislativas | 16 | 1 | Chile (2015) |
Duración del mandato presidencial | 13 | 0 | |
Concurrencia de las elecciones presidenciales y legislativas | 9 | 0 | |
Barrera/umbral legal en elecciones legislativas | 7 | 0 | |
Duración del mandato legislativo | 7 | 0 | |
Reelección legislativa | 5 | 0 | |
Revocatoria del mandato presidencial | 3 | 0 | |
Selección de candidaturas y medidas de democracia interna | 17 | 1 | República Dominicana (2018) |
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La reforma en Honduras fue en 2012 aunque se estableció que entrara en vigor en 2016.
¿Cómo se originan y de dónde surgen las reformas electorales? Las explicaciones pueden ser endógenas o exógenas. Por un lado, la literatura comparada sostiene que las reformas electorales son respuestas parroquialistas, internas, resultado de la experiencia de cada país. El origen de estos cambios en las leyes y/o el orden constitucional es endógeno. Por otro lado, cada vez más la literatura se refiere a que las reformas son resultados de presiones de difusión internacional de ideas y políticas. El origen de estas reformas es exógeno, producto de la moda y la presión de agentes externos. Si el contenido de las reformas entre países en un mismo período de tiempo coincide entre sí o, por el contrario, son respuestas parrroquialistas a problemas concretos de cada sistema político supone diferencias en el origen de las reformas.
Las respuestas endógenas tienen a los partidos políticos y a sus dirigentes como actores impulsores de las reformas electorales, ya sea desde el poder ejecutivo (como decreto), desde el legislativo (como ley o reformas a artículos específicos de los textos existentes) o desde las dirigencias partidistas por fuera del ámbito ejecutivo y/o legislativo. Una gran cantidad de las reformas han sido más bien parches e intercambios entre partidos para satisfacer intereses partidistas, producto de negociaciones entre élites políticas, más que resultado de evaluaciones profundas sobre las debilidades (técnicas) del sistema electoral (
En el período 2015-2018, los partidos impulsaron la mayoría de procesos de reforma electoral en la región. En países como Argentina, Colombia y Chile, las reformas fueron promovidas directamente desde el poder ejecutivo a través de sus bancadas legislativas con el fin de sacar adelante proyectos de reforma en materia de igualdad de género, eliminación de la reelección presidencial o rediseño del sistema electoral. En otros casos, las reformas fueron producto de acuerdos entre partidos en el Congreso. Por ejemplo, en Guatemala los diputados lograron generar consenso para aprobar el voto desde el extranjero con el fin de que más de dos millones de connacionales que viven en el exterior puedan elegir presidente y vicepresidente; no obstante, rechazaron una enmienda que buscaba permitir el voto desde el extranjero para legisladores de la lista nacional y del Parlamento centroamericano.
Otros actores suelen ser claves como impulsores de las reformas electorales. En algunos países, el poder judicial (
En este sentido, la comunidad internacional y los organismos electorales (jueces o funcionarios) tuvieron un papel preponderante al generar recomendaciones o impulsar los procesos de reforma electoral en el período 2015-2018. La OEA o el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han sido parte activa de los comités encargados de diseñar las propuestas de reforma que han conllevado a cambios en materia de financiamiento de partidos políticos y campañas electorales (
Un elemento común que se mantiene del período analizado en comparación con los años anteriores es que los procesos de reforma electoral continúan haciéndose sin la participación directa de la ciudadanía en la elaboración de los diagnósticos, en la identificación de los problemas y en la manera en que se decide cuál es la reforma que implementar. De los diez países de la región analizados en el período 2015-2018, en la mayoría de ellos las élites partidistas tomaron la decisión del momento de la reforma y del contenido de la misma sin la participación ciudadana
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Intereses de los que ostentan el poder político | Argentina (2017) (1); Colombia (2015) (3) y (2016) (2); Ecuador (2015) (1); Guatemala (2016) (2) |
Crisis de legitimidad de las élites dominantes | Ecuador (2018) (1) |
Movilización social y/o partidista | Ecuador (2018) (1) |
Nuevo balance de poder | Chile (2015, 2017) (7) |
Decisiones de los organismos electorales (jueces y/o funcionarios administrativos) | Venezuela 2015 (1); Costa Rica (2016) (1); México (2017) |
Influencia internacional | República Dominicana (2018) (2); Honduras (2016) (1) |
Una de las evidencias más claras de que las élites latinoamericanas y la ciudadanía hacen poco caso a lo que ocurre en otros países de la región es el hecho de copiar reformas sin atender las consecuencias negativas que estas generan. Un ejemplo claro en ese sentido tiene que ver con las reformas hacia el voto preferencial con el objetivo de quitar el poder de oferta a los partidos. Las experiencias negativas relacionadas con el voto preferencial en países como Ecuador, donde se hiperfragmentó la oferta partidista ocasionando el colapso del sistema de partidos (
La evaluación de las principales tendencias reformistas permite identificar en qué medida las reformas recientes continúan el patrón de cambio previo en las últimas cuatro décadas o alteran el mismo. En investigaciones previas (
El análisis de las reformas implementadas en los sistemas electorales de América Latina entre 2015 y 2018 (
En cuanto a las reformas que atañen el corazón del sistema electoral en el nivel legislativo (
Teniendo en cuenta la definición amplia adoptada en esta investigación (
El análisis comparado de manera diacrónica del período 1978-2015 con el de 2015-2018 permite dar cuenta de la continuidad en la reforma de la mayoría de los temas del período anterior y evidencia la ausencia de nuevos temas o mecanismos de innovación política. Los temas sobre los que se han reformado y coinciden con el período anterior son:
reformas relacionadas con la estructura del voto que buscan incrementar la capacidad de los electores para decidir las candidaturas de los partidos, con la pretensión de hacer el sistema de elección más directo, personalizar la representación y atacar el monopolio de los partidos en cuanto a la oferta electoral, como ha ocurrido en Chile (2015);
mayor intervención del Estado para la democratización de los procedimientos de selección de candidaturas en búsqueda de regular las elecciones internas en los partidos
mayor inclusión de los grupos subrepresentados (como las mujeres) a través del fortalecimiento del diseño electoral de género, como ha ocurrido en República Dominicana (2018), Argentina y México (2017), Costa Rica y Honduras (2012/2016) o Chile y Venezuela (2015)
cambios en el tamaño de la Cámara legislativa, como ha ocurrido en Colombia (2015 y 2016), Chile (2015 ) y Guatemala (2016);
mayor proporcionalidad e inclusión de la fórmula de elección de diputados, como ocurrió en Chile (2015)
la ampliación de derechos políticos para los connacionales en el extranjero en las elecciones presidenciales o legislativas para facilitar el ejercicio pleno de los derechos políticos y la extensión de la ciudadanía para las personas que han migrado, como hizo Guatemala (2016)
La resistencia al cambio o la tendencia a la modificación recurrente de las reglas de juego son dos polos de un continuo que tensiona al sistema político. Ningún extremo es saludable para un sistema político: ni la pasividad extrema (que evidencia el conservadurismo y la rigidez) ni el recurrente cambio de reglas. Los/as políticos/as han recurrido a las reglas electorales para generar certidumbre en los procesos políticos en algunas ocasiones, haciendo que esta rigidez no permita incluir temas, visiones y actores que no están representados en el sistema político (como las mujeres, la agenda de género, los indígenas, los afros o las diásporas). Al mismo tiempo, el constante cambio de las reglas puede generar una fuerte incertidumbre sobre los procesos políticos, rotando así de manera intensiva los incentivos que promueven o restringen los comportamientos de los actores políticos.
La investigación realizada permite identificar el activismo reformista de la región entre sistemas políticos metafóricamente denominados como hiperactivos, moderados y pasivos (
Si bien el número de reformas electorales realizadas en América Latina parece disminuir en los últimos años (
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Argentina | 2 | 1983 (1), 1991 (2), 1994 (6), 2002 (1), 2005 (1), 2009 (1), 2017 (1) | 13 |
Bolivia | 2 | 1994 (5), 1996 (1), 1997 (1), 1999 (1), 2009 (6), 2010 (1) | 15 |
Brasil | 2 | 1985(1), 1988 (2), 1994 (2), 1995 (1), 1997 (2), 2003 (1), 2009 (1) | 10 |
Chile | 2 | 1989 (1), 1994 (2), 2005 (5), 2011 (1), 2015 (6) | 15 |
Colombia | 2 | 1991 (2), 1994 (3), 2003 (2), 2005 (1), 2011 (1), 2015 (1), 2016 (1) | 11 |
Costa Rica | 1 | 1990 (1), 1996 (1), 1998 (3), 2003 (1), 2009 (2), 2013 (1), 2016 (1) | 10 |
Ecuador | 3 | 1983 (3), 1984 (2), 1985 (1), 1986 (1), 1994 (2), 1996 (3), 1998 (7), 2000 (3), 2002 (3), 2003 (1), 2004 (1), 2006 (1), 2008 (2), 2009 (4), 2012 (2), 2015 (1), 2018 (1) | 38 |
El Salvador | 1 | 1983 (2),1988 (2), 2011 (1), 2013 (3), 2014 (2) | 10 |
Guatemala | 1 | 1990 (3), 1994 (3), 2002 (2), 2004 (1), 2016 (2) | 11 |
Honduras | 3 | 1985 (4), 1988 (3), 1989 (1), 2000 (1), 2001 (1), 2004 (3), 2012 (1), 2015 (1), 2016(1) |
16 |
México | 1 | 1977 (5), 1986 (4), 1987 (1), 1993 (1), 1996 (5), 2005 (1), 2008 (1), 2014 (5), 2017 (1) | 24 |
Nicaragua | 4 | 1995 (7), 2000 (4), 2010 (1), 2012 (4), 2014 (2) | 18 |
Panamá | 2 | 1983 (1), 1997 (2), 1998 (1), 2002 (2), 2004 (3), 2006 (2) | 11 |
Paraguay | 2 | 1992 (2), 1996 (2), 2011 (1) | 5 |
Perú | 2 | 1979 (3), 1980 (3), 1984 (2), 1993 (3), 1997 (1), 2000 (4), 2003 (1), 2004 (3), 2009 (4) | 24 |
República Dominicana | 4 | 1994 (4), 1997 (2), 2000 (1), 2002 (2), 2004 (1), 2010 (8), 2015 (1), 2018 (1) | 20 |
Uruguay | 1 | 1996 (4), 2009 (1) | 5 |
Venezuela | 2 | 1993 (1), 1998(1), 1999 (5), 2007 (1), 2009 (1), 2015 (1) | 10 |
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En Honduras, la reforma electoral de 2012 estableció que a partir de 2016 se aplicara la paridad de género en la integración de las candidaturas.
La evaluación de las reformas analizadas muestra que las contradicciones generadas en estos procesos reformistas, que habían caminado hacia polos opuestos en términos de representación y gobernabilidad (
La actualización de los datos para esta investigación ha permitido reconfirmar que algunas de las reformas realizadas en los últimos tres años se han focalizado en corregir los efectos no esperados de los cambios institucionales previos. Los casos de Costa Rica y México respecto a la introducción de medidas de acción afirmativa que refuerzan la reforma realizada hacia la paridad por la incorporación de la paridad horizontal y el encabezamiento de listas son ejemplo de ello. También la investigación permite sostener que los procesos han sido impulsados por las élites de los partidos políticos sin la participación activa de la ciudadanía. La mayoría de los países han generado procesos elitistas sin que incluyeran de manera directa las opiniones de la mayoría de la ciudadanía en el diagnóstico, la elaboración e implementación de las reformas.
El estudio también evidencia que los ritmos de reforma en los países de la región mantienen la misma dinámica que se ha identificado en investigaciones previas. Los datos muestran que México, Perú y Ecuador continúan siendo sistemas hiperactivos y, tras el análisis de las nuevas reformas, se suma República Dominicana en esta clase. También resulta evidente que la actual agenda reformista carece de propuestas innovadoras (de nuevas temas, enfoques y estrategias) que permitan vislumbrar nuevos caminos para el fortalecimiento de la democracia en la región.
El nivel de activismo reformista no está asociado al nivel de institucionalización de los partidos políticos (
Este artículo deja abierto el camino hacia una amplia agenda. Si bien en esta investigación se hizo un esfuerzo por conocer de manera comparada y diacrónica el ritmo, el origen y las tendencias reformistas de las 265 modificaciones a las reglas electorales realizadas en dieciocho países de América Latina en dos periodos de estudio (1978-2015 y 2015-2018), aún hace falta mayor indagación acerca de las causas de los procesos de reforma político-electoral. En futuras investigaciones se buscará incorporar análisis multivariados que incluyan de manera sistemática diferentes explicaciones (temporales, organizativas e institucionales) con miras a entender el nivel de reformismo institucional en los países de la región.
Finalmente, este estudio da cuenta de cómo diferentes niveles de reformismo se encuentran más relacionados con los intereses (de corto plazo) de los actores políticos, las coyunturas políticas en los respectivos países y los patrones de difusión de las reformas en la región. Estos hallazgos abonan la hipótesis de que las dirigencias partidistas confían más en cambiar las reglas que en aceptarlas y cumplirlas como un modo de generación de consensos políticos. Estas creencias que fomentan comportamientos reformistas dan cuenta de los desafíos que aún tienen los sistemas políticos de la región.
Los autores agradecen los valiosos comentarios de los evaluadores anónimos a la versión anterior de este trabajo.
La literatura ha utilizado también los términos de
Tsebelis (
Las explicaciones de los procesos de cambio pueden sistematizarse en dos posturas: por un lado, por los cálculos de las élites (elección racional) (
Como por ejemplo que se puedan prever posibles cambios en las tendencias demográficas, en los realineamientos del voto, en la presión de sectores políticamente excluidos, en transformaciones en la opinión de la población respecto a lo mal que funciona el sistema político. También puede deberse a la difusión internacional de las reglas, promovidas desde la cooperación internacional, las agencias intergubernamentales o, finalmente, por la emergencia de nuevos partidos que podrían ser una desventaja para sus intereses.
Lijphart (
En Guatemala, además del voto en el extranjero, se prohibió el voto en tránsito o voto golondrina (art. 13, para garantizar la Libertad de voto); se reguló el modo en que se seleccionan las candidaturas para dirigir los órganos internos de los partidos (art. 13) y diferentes elementos organizativos de los partidos y de los comités (diversos artículos); se dio la introducción de mecanismos de democracia participativa para incidir en las políticas públicas (art, 15 bis); se reguló la fiscalización de los gastos de los partidos (art. 19); también el financiamiento de actividades ordinarias de los partidos (art. 21 y 21 bis) y algunas dinámicas organizativas del Tribunal Supremo Electoral (diversos artículos) Ver: Decreto 262016 que modifica el Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, la Ley Electoral y la Ley de Partidos de Guatemala
15 países de la región aprobaron nuevas Constituciones en el periodo analizado. Salvo México, Panamá, Uruguay y Costa Rica, el resto aprobó al menos una nueva Constitución desde la reinstauración democrática (ya sea en el momento inicial o durante el momento democrático actual). Algunos países, como Ecuador, incluso tuvieron tres diferentes en este periodo; esto ha supuesto una gran reforma constitucional cada diez años (1978, 1998 y 2008), además de múltiples reformas electorales legislativas con validez constitucional (como la de 1995 o la del 2010), que fueron poniendo «parches» a los textos constitucionales. Se realizaron nuevas Constituciones en Colombia, en 1991; Paraguay, en 1992; Perú, en 1993 y en el 2005; Venezuela, en 1999; Ecuador, en 1978, 1998 y en el 2008, más la reforma de 1995; en Chile, en el 2005; en Bolivia, en el 2009; en República Dominicana, en el 2010. También se han realizado cambios significativos a esas Constituciones sin generar un nuevo texto en Uruguay (1996) y México (2014), o por medio de una Asamblea Constituyente especialmente convocada para esa tarea, como en Argentina (1994), Venezuela (1999), Ecuador (1998 y 2008 ) y Bolivia (2009) (
Según la interpretación del Tribunal Supremo de Elecciones: «Se modifica parcialmente la jurisprudencia de este Tribunal en torno a la paridad y la alternancia y se interpretan oficiosamente los artículos 2, 52 incisos ñ) y o) y 148 del Código Electoral, en el sentido de que la paridad de las nóminas a candidatos a diputados no solo obliga a los partidos a integrar cada lista provincial con un 50 % de cada sexo (colocados en forma alterna), sino también a que esa proporción se respete en los encabezamientos de las listas provinciales que cada agrupación postule. Los partidos políticos deberán definir, en su normativa interna, los mecanismos que den cumplimiento a este régimen paritario. No obstante, en caso de que se presenten nóminas de candidatos que incumplan este requerimiento, por la razón que sea, el Registro Electoral, previo sorteo de rigor, realizará los reordenamientos que resulten necesarios en esas nóminas». Disponible en:
Panamá es el único país que contempla legalmente la evaluación del sistema electoral cada vez que pasa una elección y en ese proceso la ciudadanía participa en cabildos organizados por el Tribunal Electoral (
Otra excepción es Colombia, que realizó una consulta a la ciudadanía sobre diversos temas para la lucha anticorrupción, pero la misma no fue exitosa al no conseguir la participación del 33 % del padrón que era requerido para que tuviera validez.
BBC (24-4-2015), «Aprueban la reelección presidencial en Honduras». Disponible en:
Entre 1978 y 2015 las reformas a favor del voto preferencial o la lista no bloqueada se dieron en ocho países como Panamá (1983), Perú (1979, 2000, 2009), Colombia (1994), Ecuador (1998), Brasil (1996, 2003), Honduras (2004), República Dominicana (2010) y El Salvador (2011) (
Entre 1978 y 2015 en trece países se regularon los mecanismos de selección de candidaturas, haciendo que el Estado obligara a los partidos a seleccionar las candidaturas con la participación de los militantes o ciudadanos, con la pretensión de hacerlos internamente más democráticos (
Entre 1978 y 2015 se llevaron cabo reformas en diecisiete países de la región para obligar a los partidos a ubicar mujeres en las candidaturas a cargos de elección popular (
Entre 1978 y 2015 las reformas respecto al tamaño de la Cámara se realizaron en Argentina (1994), Bolivia (2009), Chile (2005), Costa Rica (1998), Ecuador (1983, 1994, 1996, 1998, 2000, 2009), El Salvador (1988), Guatemala (1990, 1994, 2002), Honduras (1985, 1988), México (1993, 1997), Nicaragua (1995, 2012), Perú (1980, 2004, 2009), República Dominicana (2010) y Venezuela (2007).
Entre 1978 y 2015 la mayoría de países buscó incorporar la fórmula D’Hondt (Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela), que es menos proporcional y favorece a los partidos más grandes. El caso de Ecuador destaca, ya que la fórmula electoral fue cambiada en seis oportunidades entre 1978 y 2009, lo que da cuenta de la dificultad de las élites partidistas para acordar una fórmula consensuada por todos los partidos políticos y, como consecuencia, la imposibilidad de aprendizaje de los actores políticos (
Entre 1978 y 2015 dicieséis países introdujeron la posibilidad de que los ciudadanos voten desde el exterior, en diferentes modalidades y características. Perú (1979), Honduras (1982, 2001), Brasil (1988), Argentina (1991), Venezuela (1993), República Dominicana (1997), Nicaragua (2000), Honduras (2001), Ecuador (2002), México (1996, 2005, 2014), Panamá (2006), Bolivia (2009), Paraguay (2011), Costa Rica (2013), El Salvador (2013) y Guatemala (2016) permiten el voto de sus ciudadanos en el extranjero (
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Argentina | 1853 |
1983 (1), 1991 (2), 1994 (6), 2002 (1), 2005 (1), 2009 (1), 2017 (1) | 13 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 (d) |
1994 | 1983 | 2002 |
1991 (30 %) |
1991 | ||||
Bolivia | 1967, 2009 |
1994 (4), 1996 (1), 1997 (1), 1999 (1), 2009 (6), 2010 (1) | 14 | 2009 | 1994 | 2009 | 2009 (s+d) | 1994 (d) |
1994 (d) | 1994 (d) |
1996 (d) | 1997 (30 %) |
2009 | |||
Brasil | 1969, 1988 |
1985 (1), 1988 (2), 1994 (2), 1995 (1), 1997 (2), 2003 (1), 2009 (1) | 10 | 1985 |
1994 | 1997 | 2003 | 1994 | 1995 (20 %) |
1988 | ||||||
Chile | 1925 |
1989 (1), 1994 (2), 2005 (5), 2011 (1), 2015 (4) | 13 | 1989 |
2005 (s) |
2005 (s) |
2015 (d) | 2005 (s) | 1994 |
2012 | 2015 (40 %) | |||||
Colombia | 1886 |
1991 (2), 1994 (3), 2003 (2), 2005 (1), 2011 (1), 2015 (2), 2016 (1) | 12 | 1991 | 1991 | 2005 |
1994 (d) |
2015 (s+d) |
1994 (d) | 2003 (d) | 1994 | 2011 (30 %) | [1961] | |||
Costa Rica | 1949 | 1990 (1), 1996 (1), 1998 (2), 2003 (1), 2009 (2), 2013 (1) | 8 | 2003 | 1998 | 1998 | 2009 | 1990 (30 %) |
2013 | |||||||
Ecuador | 1978 (1996) |
1983 (2), 1984 (2), 1985 (1), 1986 (1), 1994 (1), 1996 (2), 1998 (6), 2000 (2), 2002 (3), 2003 (1), 2004 (1), 2006 (1), 2008 (2), 2009 (3), 2012 (1), 2015 (1), 2018 (1) | 31 | 2002 | 1984 | 1998 |
1985 |
1983 |
1983 |
1998 | 1996 | 1984 1998 | 2008 | 2000 (30 %) |
2002 | |
El Salvador | 1983 | 1983 (2), 1988 (1), 2011 (1), 2013 (3), 2014 (2) | 9 | 1983 | 1983 |
1988 | 2011 |
2013 |
2013 (30 %) | 2013 | ||||||
Guatemala | 1985 (1993) | 1990 (2), 1994 (2), 2002 (1), 2016 (1) | 6 | 1990 |
1990 |
2016 | ||||||||||
Honduras | 1957, 1965, 1982 (1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 2002, 2003, 2004, 2005) | 1985 (3), 1988 (2), 1989 (1), 2000 (1), 2001 (1), 2004 (3), 2012 (1), 2015 (1), 2016 (1) | 14 | 1985 |
2015 | 1985 |
1988 |
1985 |
2000 (30 %) |
2001 | ||||||
México | 1917 (2014) | 1977 (4), 1986 (3), 1987 (1), 1993 (1), 1996 (5), 2005 (1), 2008 (1), 2014 (5) | 21 | 1977 (d) |
1977 (d) |
1986 (s) | 1977 (d) | 2014 (d) |
1977 (d) |
2014 | 1996 (30 %) |
1996 |
||||
Nicaragua | 1974, 1979, 1987, 2000 |
1995 (6), 2000 (4), 2010 (1), 2012 (3), 2014 (2) | 16 | 1995 |
1995 | 1995 |
1995 |
1995 |
1995 | 2000 | 2012 (50 %) | 2000 | ||||
Panamá | 1972, 1983 |
1983 (1), 1997 (2), 1998 (1), 2002 (2), 2004 (3), 2006 (2) | 11 | 1983 |
2004 | 2004 | 2004 | 1997 |
1997 (30 %) | 2006 | ||||||
Paraguay | 1967, 1992 | 1992 (2), 1996 (2), 2011 (1) | 5 | 1992 | 1992 | 1996 | 1996 (20 %) | 2011 | ||||||||
Perú | 1979 |
1979 (3), 1980 (2), 1984 (2), 1993 (3), 1997 (1), 2000 (4), 2003 (1), 2004 (2), 2009 (3) | 21 | 1979 | 1979 | 1993 |
1980 |
1980 |
2004 | 2003 |
1997 (25 %) |
1979 | ||||
República Dominicana | 1966 |
1994 (4), 1997 (2), 2000 (1), 2002 (2), 2004 (1), 2010 (7), 2018 (1) | 18 | 1994 |
1994 |
2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 1994 |
1994 |
1997 (25 %) |
1997 | |||
Uruguay | 1967 |
1996 (4), 2009 (1) | 5 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 2009 (33 %), desde 2014, por una vez) | ||||||||
Venezuela | 1961 |
1993 (1), 1999 (5), 2007 (1), 2009 (1), 2015 (1) | 9 | 1999 | 1999 |
1999 |
1999 | 1999 | 2015 (50 %) | 1993 |
Las reformas se cuentan en función del número de cambios realizados en las dimensiones en cada año.
En el caso de la ley de cuotas, esta tabla sólo refleja los cambios en el porcentaje de cuotas de mujeres en listas de candidaturas.
El Salvador, 2013: se reformaron los mecanismos de selección de candidatos. El artículo 37 de la Ley de Partidos dejó abierto que los partidos deben regirse según las normas de democracia interna de los estatutos. Este artículo fue declarado inconstitucional y se ordenó que se regulara la democracia interna para las próximas elecciones del 2018.
Bolivia, 2009: se aprueba la revocatoria de mandato presidencial.
Chile, 1988: regula acceso a medios de comunicación y periodo de campaña electoral.
Costa Rica, 1997: financiamiento a los partidos políticos.
Ecuador, 2008: se aprueba la revocatoria de mandato presidencial.
Honduras, 1982, 2004: reformas al financiamiento; 2011: revocatoria de mandato legislativa.
Panamá, 2002: se aprueba la revocatoria de mandato presidencial; 2010 y 2013: cambian condiciones para la revocatoria de mandato legislativa.
Perú 1994, 2004, 2005 y 2009: revocatoria de mandato legislativo; 2000: revocatoria de mandato presidencial.
Uruguay, 1998: campañas electorales y acceso gratuito a partidos con representación parlamentaria a los medios de comunicación.
Venezuela, 1999: revocatoria de mandato presidencial; financiamiento y revocatoria de mandato legislativo (2007, cambio número de firmas).