RESUMEN

Desde la tercera ola democratizadora ( ‍Huntington, S. (1994). The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman: University of Oklahoma Press.Huntington, 1994) se han realizado 265 reformas a dimensiones claves de los sistemas electorales en los países de América Latina. A pesar de ello, el activismo reformista no ha sido suficiente para subsanar problemas de larga duración como la subrepresentación de diversos grupos sociales, la escasa democracia interna de los partidos, la falta de transparencia en el financiamiento político, la inequidad en la competencia, las malas prácticas electorales y las falencias técnicas de la gobernanza electoral, entre otros. Esta investigación busca identificar las principales tendencias de reformas electorales recientes en dieciocho países latinoamericanos (2015-‍2018) con la intención de establecer si se mantuvieron las agendas reformistas del período analizado en investigaciones previas (1978-‍2015) ( ‍Freidenberg, F. y Došek, T. (2016a). Las reformas electorales en América Latina: hacia una conceptualización más amplia. En F. Tuesta Soldevilla (ed.). Representación política en América Latina. Lima: Jurado Nacional de Elecciones.Freidenberg y Došek, 2016a), tomando como evidencia la base de datos del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Este estudio sostiene que los veintitrés nuevos cambios realizados en los últimos tres años se han focalizado principalmente en corregir los efectos no esperados de las reformas electorales previas y, en algunos casos, en ampliar derechos de sectores subrepresentados. Además, se argumenta que la actual agenda reformista carece de propuestas innovadoras que permitan vislumbrar nuevos caminos para el fortalecimiento de la democracia en la región.

Palabras clave: Reformas electorales; cambio institucional; América Latina.

ABSTRACT

Since the third wave of democratization ( ‍Huntington, S. (1994). The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman: University of Oklahoma Press.Huntington, 1994), at least 265 reforms have been made to key dimensions of electoral systems in the countries of Latin America. Despite this, reformist activism has not been enough to solve long-standing problems, including the under-representation of different social groups, the weak internal democracy of the parties, the lack of transparency in political financing, inequity in competition, bad electoral practices, and the shortcomings of electoral governance. This research seeks to identify the main tendencies of recent electoral reforms in 18 Latin American countries (2015-‍2018) with the intention of establishing whether the reformist agendas identified in previous research were maintained (1978-‍2015) ( ‍Freidenberg, F. y Došek, T. (2016a). Las reformas electorales en América Latina: hacia una conceptualización más amplia. En F. Tuesta Soldevilla (ed.). Representación política en América Latina. Lima: Jurado Nacional de Elecciones.Freidenberg and Došek, 2016a). The study uses, the comparative database of the Observatory of Political Reforms in Latin America as its major source of evidence. The results show that, in the last three years, 23 new changes have focused mainly on correcting the unexpected effects of previous electoral reforms and, in some cases, expanding the rights of underrepresented segments of the population. In addition, it is argued that the current reformist agenda lacks innovative proposals that could allow us to glimpse new ways to strengthen democracy in the region.

Keywords: Electoral reforms; institutional change; Latin America.

Cómo citar este artículo / Citation: Freidenberg, F. y Uribe Mendoza, C. (2019). Las reformas político-electorales en América Latina (2015-‍2018). Revista de Estudios Políticos, 185, 191-‍223. doi: https://doi.org/10.18042/cepc/rep.185.07

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SUMARIO
  1. RESUMEN
  2. ABSTRACT
  3. I. INTRODUCCIÓN
  4. II. DISCUSIÓN TEÓRICA
  5. III. METODOLOGÍA
  6. IV. DATOS
    1. 1. La sustancia de las reformas electorales: ¿qué se reformó?
    2. 2. El origen de las reformas electorales: ¿quién las impulsó y de dónde provienen?
    3. 3. ¿Continuidad o cambio?: las tendencias reformistas en perspectiva diacrónica (1978-‍2015 vs. 2015-2018)
    4. 4. Los patrones de ritmo reformista
  7. V. CONCLUSIONES
  8. NOTAS
  9. Bibliografía
  10. Anexo 1. El ritmo y el contenido de las reformas electorales en América Latina (1978-‍2018)

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

América Latina es la región del mundo que más reformas electorales ha realizado en las últimas cuatro décadas. A diferencia de otras regiones en donde las élites han sido conservadoras y resistentes al cambio ( ‍Lijphart, A. (1995). Sistemas electorales y sistemas de partidos. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.Lijphart, 1995;  ‍Katz, R. (2005). Why are there so many (or so few) electoral reforms? En M. Gallagher y P. Mitchell (eds). The Politics of Electoral Systems (pp. 57-76). Oxford: Oxford University Press. Disponible en: https://doi.org/10.1093/0199257566.003.0003Katz, 2005;  ‍Norris, P. (2011). Cultural explanations of electoral reform: A policy cycle model. West European Politics, 34 (3), 531-550. Disponible en: https://doi.org/10.1080/01402382.2011.555982Norris, 2011), los países latinoamericanos han impulsado al menos 265 reformas en quince dimensiones claves de sus sistemas electorales entre 1978 y 2018. De la evaluación de ese activismo reformista se pueden intuir diversas creencias neoinstitucionalistas de las élites políticas: las reglas formales importan, estas reglas condicionan los comportamientos de los actores que participan en el juego político y dichas élites pueden cambiar constantemente los incentivos que provienen de esas reglas acomodando el escenario de juego estratégico a sus preferencias e intereses.

Este trabajo busca contribuir a la investigación comparada realizada sobre las reformas electorales en dieciocho países latinoamericanos ( ‍Zovatto, D. (2018). Reforma político-electoral e innovación institucional en América Latina (1978-2016). Ciudad de México: Tirant lo Blanch.Zovatto, 2018;  ‍Freidenberg, F. y Došek, T. (2016a). Las reformas electorales en América Latina: hacia una conceptualización más amplia. En F. Tuesta Soldevilla (ed.). Representación política en América Latina. Lima: Jurado Nacional de Elecciones.Freidenberg y Došek, 2016a;  ‍Scherlis, G. (2015). La política de la reforma electoral en América Latina: entre la apertura y el cierre de los sistemas políticos a través de la regulación electoral y de partidos. Desarrollo Económico, 55 (215), 83-104.Scherlis, 2015;  ‍Molenaar, F. (2012). Latin American regulation of political parties: continuing trends and breaks with the past. Working Paper Series on the Legal Regulation of Political Parties, 17.Molenaar, 2012;  ‍Negretto, G. (2010). La reforma política en América Latina. Reglas electorales y distribución de poder entre Presidente y Congreso. Desarrollo Económico, 50 (198), 197-221.Negretto, 2010) con la intención de establecer si en el período 2015-‍2018 se mantuvieron las agendas reformistas (y el mismo sentido de las reformas) del período previo (1978-‍2015) o si, por el contrario, se está ante nuevos temas, ritmos y orientación del cambio normativo. La principal conclusión de aquellas investigaciones fue que las reformas generaban incentivos contradictorios para los actores —élites y ciudadanía— entre la concentración del poder y la mayor inclusión y representatividad de los actores políticos ( ‍Freidenberg, F. y Došek, T. (2016a). Las reformas electorales en América Latina: hacia una conceptualización más amplia. En F. Tuesta Soldevilla (ed.). Representación política en América Latina. Lima: Jurado Nacional de Elecciones.Freidenberg y Došek, 2016a), así como también por la división entre países hiperactivos, moderados y pasivos según el ritmo y la intensidad de esos cambios institucionales.

Tres años después, se trata de identificar si esa contradicción continúa (o no) e identificar en qué medida las reformas se concentraron en corregir los efectos no esperados de los cambios previos o, en su caso, fueron propuestas diferentes a las anteriores centradas en ampliar derechos, transformar situaciones de exclusión política y/o profundizar la democratización de los sistemas políticos. En esta nueva investigación además se pretende entender si los contenidos de las reformas son resultado del contexto sobre las decisiones de las élites («efecto contagio») ( ‍Weyland, K. (2011). Cambio institucional en América Latina: modelos externos y consecuencias no previstas. América Latina Hoy, 57, 117-143.Weyland, 2011) y, por tanto, los países asumen reformas similares en momentos específicos del tiempo («olas de cambio») o, en su caso, si los contenidos de esas reformas responden a evaluaciones parroquialistas de los dirigentes que las impulsan y/o aprueban independientemente de las reformas promovidas por otros países o agencias de cooperación.

Este estudio sostiene que las reformas realizadas en los últimos tres años se han focalizado principalmente en corregir los efectos no esperados de los cambios institucionales previos; que dichos procesos han sido impulsados de espaldas a la ciudadanía por la dirigencia de los partidos en la mayoría de los casos; que los temas de las reformas son similares a los que se impulsaron en el período anterior (lo que podría considerarse como reformas de continuidad); que los ritmos de reforma mantienen a los países como fueron clasificados en investigaciones previas (México, Perú y Ecuador como los sistemas hiperactivos, agregándose únicamente República Dominicana en el nuevo período) y que la actual agenda reformista carece de propuestas innovadoras que permitan vislumbrar nuevos caminos para el fortalecimiento de la democracia en la región.

El texto se estructura en tres partes. En la primera, se revisa la literatura que da cuenta de una rica agenda de investigación sobre las reglas electorales y sus reformas. En la segunda, se presentan las decisiones metodológicas que contribuyeron a la construcción de una base de datos de reformas electorales a nivel ejecutivo y legislativo nacional en dieciocho países de América Latina, dando cuenta de los veintitrés cambios específicos que se han dado entre 2015 y 2018, y que se agregan a los 242 identificados en el período 1978-‍2015. Las bases de datos empleadas integran el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, que se desarrolla en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA). En la tercera, se revisan las principales tendencias reformistas, buscando identificar en qué medida las reformas recientes continúan el patrón de cambio previo o alteran el mismo, describiendo si los patrones de ritmo reformista se mantienen y analizando si el contenido de las reformas entre países coincide entre sí, con la intención de observar de manera preliminar el peso del contexto sobre las decisiones públicas. Se concluye con una reflexión final sobre la agenda de investigación futura del reformismo electoral latinoamericano.

II. DISCUSIÓN TEÓRICA[Subir]

Las reglas formales son definidas como las normas y procedimientos que restringen, condicionan y facilitan el comportamiento de los políticos y los electores ( ‍North, D. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. New York: Cambridge University Press. Disponible en: https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678North, 1990;  ‍O’Donnell, G. (1996). Illusions about consolidation. Journal of Democracy, 7 (2), 34-51. Disponible en: https://doi.org/10.1353/jod.1996.0034O’Donnell, 1996). A diferencia de las informales, aquellas se encuentran escritas en los documentos que tienen validez legal, otorgan legitimidad al sistema y suelen ser respetadas por los actores o empleadas estratégicamente cuando se trata de perjudicar al adversario político. Las reglas electorales se encuentran integradas en el sistema electoral, esto es, en el «conjunto de elementos normativos y sociopolíticos que configura el proceso de designación de titulares de poder, cuando este proceso se basa en preferencias expresadas por los ciudadanos de una determinada comunidad política» ( ‍Vallès, J. M. y Bosch, A. (1997). Sistemas electorales y gobierno representativo. Barcelona: Ariel.Vallés y Bosch, 1997: 33)‍

La literatura ha utilizado también los términos de leyes electorales, reglas electorales, regulaciones electorales o régimen electoral como categorías más amplias.

‍[2]. Desde una definición operativa se define así a aquellas reglas (fórmula de cómputo o mecanismo) que permiten convertir votos en escaños o puestos de poder ( ‍Norris, P. (1995). Introduction: The Politics of Electoral Reform. International Political Science Review (Special Issue), 16 (1), 3-8. Disponible en: https://doi.org/10.1177/ 019251219501600101Norris, 1995: 3) y que definen ganadores y perdedores ( ‍Bowler, S. y Donovan, T. (2012). The Limited Effects of Election Reforms on Efficacy and Engagement. Australian Journal of Political Science, 47 (1), 55-70. Disponible en: https://doi.org/10.1080/10361146.2011.643161Bowler y Donovan, 2012: 56).

Las reglas electorales dependen de las preferencias de quienes compiten (y controlan) el poder ( ‍Remmer, K. (2008). The Politics of Institutional Change Electoral Reform in Latin America, 1978-2002. Party Politics, 14 (1), 5-13. Disponible en: https://doi.org/10.1177/ 1354068807083821Remmer, 2008: 7), en contextos de racionalidad limitada. Los partidos y sus dirigentes suelen desarrollar estrategias explícitas (e implícitas) para hacer que esas reglas sean lo más similares a sus intereses y a su visión de la política democrática y, a través de ellas, definen quiénes tienen acceso a las instituciones ( ‍Bowler, S. y Donovan, T. (2012). The Limited Effects of Election Reforms on Efficacy and Engagement. Australian Journal of Political Science, 47 (1), 55-70. Disponible en: https://doi.org/10.1080/10361146.2011.643161Bowler y Donovan, 2012: 56) y sobre el modo en que se ejerce la representación. Las reglas electorales y, específicamente, sus reformas son resultado de procesos condicionados por: los propios intereses de los actores gubernamentales (que buscan retener el poder); la presión de los grupos que no están incluidos en el proceso representativo (ibid.); el modo en que los políticos que están en el poder perciben que la reforma puede llegar a ser aceptada por la opinión pública ( ‍Negretto, G. (2010). La reforma política en América Latina. Reglas electorales y distribución de poder entre Presidente y Congreso. Desarrollo Económico, 50 (198), 197-221.Negretto, 2010), y/o por el contexto internacional (oferta de ideas) que incide sobre las decisiones políticas ( ‍Weyland, K. (2011). Cambio institucional en América Latina: modelos externos y consecuencias no previstas. América Latina Hoy, 57, 117-143.Weyland, 2011).

Las reformas pueden originarse por diversos factores vinculados: a) a los propios intereses de los que ostentan el poder ( ‍Bowler, S. y Donovan, T. (2012). The Limited Effects of Election Reforms on Efficacy and Engagement. Australian Journal of Political Science, 47 (1), 55-70. Disponible en: https://doi.org/10.1080/10361146.2011.643161Bowler y Donovan, 2012); b) como respuesta a la crisis de legitimidad de las élites dominantes, que son percibidas por la opinión pública que cuestiona el modo en que funciona el sistema ( ‍Scherlis, G. (2015). La política de la reforma electoral en América Latina: entre la apertura y el cierre de los sistemas políticos a través de la regulación electoral y de partidos. Desarrollo Económico, 55 (215), 83-104.Scherlis, 2015); c) como resultado de la movilización social y/o partidista, que impulsa nuevas reglas para incluir a sectores que están subrepresentados (como ocurrió con las mujeres) ( ‍Krook, M. (2014). Más allá de las cuotas electorales: estrategias para promover más mujeres en la política. Conferencia Inaugural del Foro Internacional Mujeres, política, democracia. Rompiendo los techos de cristal en América Latina (Salamanca, 23-28 de marzo de 2014). Salamanca: Instituto de Iberoamérica.Krook, 2014); d) como parte de un nuevo balance de poder en sistemas que demandan regenerarse ( ‍Scherlis, G. (2015). La política de la reforma electoral en América Latina: entre la apertura y el cierre de los sistemas políticos a través de la regulación electoral y de partidos. Desarrollo Económico, 55 (215), 83-104.Scherlis, 2015); e) por decisiones de los jueces como parte del activismo judicial y/o la judicialización de la política ( ‍Alanis Figueroa, M. C. (2017). Contributions of Electoral Justice to the Strengthening of Women’s Political Rights: The Case of Mexico in Comparative Perspective. En T. Došek, F. Freidenberg, M. Caminotti y B. Muñoz-Pogossian (eds.). Women, Politics and Democracy in Latin America (pp. 153-163). Nueva York: Palgrave Macmillian.Alanis Figueroa, 2017;  ‍Sobrado González, L. A. (2012). El compromiso del juez electoral con la inclusión política de la mujer como factor clave: su concreción en Costa Rica (1999-2009). Revista Derecho Electoral, 13, 188-209.Sobrado, 2012), y f) por la influencia internacional, mediante la diseminación de ideas y la generación de redes e incluso por el «préstamo» de propuestas que son tomados de otros contextos y que no siempre tienen los mismos resultados al ser importados ( ‍Weyland, K. (2011). Cambio institucional en América Latina: modelos externos y consecuencias no previstas. América Latina Hoy, 57, 117-143.Weyland, 2011).

Los dirigentes políticos buscan influenciar la competencia partidista con sus preferencias a través de la modificación de las reglas formales ( ‍Nohlen, D. (1981). La reforma de la ley electoral. Pautas para una discusión. Revista de Investigaciones Sociales, 16, 134-143. Disponible en: https://doi.org/10.2307/40182970Nohlen, 1981: 141;  ‍Norris, P. (2011). Cultural explanations of electoral reform: A policy cycle model. West European Politics, 34 (3), 531-550. Disponible en: https://doi.org/10.1080/01402382.2011.555982Norris, 2011: 531) y, de ese modo, alterar la distribución del poder ( ‍Boix, C. (1999). Setting the Rules of the Game: «The Choice of Electoral Systems in Advanced Democracies». The American Political Science Review, 93 (3), 609-624. Disponible en: https://doi.org/10.2307/2585577Boix, 1999;  ‍Norris, P. (2011). Cultural explanations of electoral reform: A policy cycle model. West European Politics, 34 (3), 531-550. Disponible en: https://doi.org/10.1080/01402382.2011.555982Norris, 2011;  ‍Bowler, S. y Donovan, T. (2012). The Limited Effects of Election Reforms on Efficacy and Engagement. Australian Journal of Political Science, 47 (1), 55-70. Disponible en: https://doi.org/10.1080/10361146.2011.643161Bowler y Donovan, 2012). Las reformas ponen en evidencia el modo en que los que controlan el poder protegen sus intereses ( ‍Benoit, K. (2004). Models of electoral system change. Electoral Studies, 23 (3), 363-389. Disponible en: https://doi.org/10.1016/S0261-3794(03)00020-9Benoit, 2004;  ‍Rokkan, S. (1970). Citizens, Elections, Parties. Oslo: Universitetforlaget.Rokkan, 1970) o, por el contrario, dan cuenta de las demandas de representación de quienes no están (o no se sienten) incluidos. Si bien cambiar un sistema electoral no es algo sencillo, y más cuando se trata de modificar las reglas por las cuales un político/a fue elegido/a ( ‍Sakamoto, T. (2013). Explaining Electoral Reform: Japan versus Italy and New Zealand. Party Politics, 5 (4), 419-438. Disponible en: https://doi.org/10.1177/1354068899005004001Sakamoto, 2013: 419)‍

Tsebelis (

Tsebelis, G. (1990). Veto Players. Princeton N. J.: Princeton University Press.

1990: 111) describe precisamente dichas reglas electorales como instituciones redistributivas que pueden preservar «los intereses de la coalición dominante» o, en su caso, «crear una nueva mayoría compuesta de perdedores y ganadores anteriores».

‍[3], hay sistemas políticos donde reformar es una posibilidad valorada positivamente como una opción estratégica de las élites que buscan transformar ese sistema político (por ejemplo, cuando hay un contexto de crisis de representación)‍

Las explicaciones de los procesos de cambio pueden sistematizarse en dos posturas: por un lado, por los cálculos de las élites (elección racional) (

Boix, C. (1999). Setting the Rules of the Game: «The Choice of Electoral Systems in Advanced Democracies». The American Political Science Review, 93 (3), 609-624. Disponible en: https://doi.org/10.2307/2585577

Boix, 1999;

Benoit, K. (2004). Models of electoral system change. Electoral Studies, 23 (3), 363-389. Disponible en: https://doi.org/10.1016/S0261-3794(03)00020-9

Benoit, 2004 y

Benoit, K. (2007). Electoral Laws as Political Consequences: Explaining the Origins and Change of Electoral Institutions. Annual Review of Political Science, 10, 363-390. Disponible en: https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.10.072805.101608

2007;

Geddes, B. (1991). A Game Theoretic Model of Reform in Latin American Democracies. American Political Science Review, 85 (2), 371-392. Disponible en: https://doi.org/10.2307/1963165

Geddes, 1991) y, por otro, razones relacionadas con la cultura política, el descontento de la ciudadanía con la legitimidad del régimen (

Norris, P. (2011). Cultural explanations of electoral reform: A policy cycle model. West European Politics, 34 (3), 531-550. Disponible en: https://doi.org/10.1080/01402382.2011.555982

Norris, 2011;

Katz, R. (2005). Why are there so many (or so few) electoral reforms? En M. Gallagher y P. Mitchell (eds). The Politics of Electoral Systems (pp. 57-76). Oxford: Oxford University Press. Disponible en: https://doi.org/10.1093/0199257566.003.0003

Katz, 2005;

Weir, S. (1992). Waiting for Change: Public Opinion and Electoral Reform. Political Quarterly, 63 (2), 197-219. Disponible en: https://doi.org/10.1111/j.1467-923X.1992.tb00894.x

Weir, 1992).

‍[4].

El intenso activismo en las últimas cuatro décadas de América Latina, acorde al activismo constitucional existente desde la época de la independencia ( ‍Negretto, G. (2010). La reforma política en América Latina. Reglas electorales y distribución de poder entre Presidente y Congreso. Desarrollo Económico, 50 (198), 197-221.Negretto, 2010: 199), diferencia a esta región de otras democracias que han buscado la estabilidad de sus reglas electorales ( ‍Lijphart, A. (1995). Sistemas electorales y sistemas de partidos. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.Lijphart, 1995;  ‍Norris, P. (2011). Cultural explanations of electoral reform: A policy cycle model. West European Politics, 34 (3), 531-550. Disponible en: https://doi.org/10.1080/01402382.2011.555982Norris, 2011). La literatura comparada señala que esa tendencia conservadora es resultado de la actitud de los funcionarios electos que buscan proteger el statu quo ( ‍Bowler, S. y Donovan, T. (2012). The Limited Effects of Election Reforms on Efficacy and Engagement. Australian Journal of Political Science, 47 (1), 55-70. Disponible en: https://doi.org/10.1080/10361146.2011.643161Bowler y Donovan, 2012;  ‍Sakamoto, T. (2013). Explaining Electoral Reform: Japan versus Italy and New Zealand. Party Politics, 5 (4), 419-438. Disponible en: https://doi.org/10.1177/1354068899005004001Sakamoto, 2013;  ‍Przeworski, A. (1991). Democracy and the Market. New York: Cambridge University Press. Disponible en: https://doi.org/10.1017/CBO9781139172493Przeworski, 1991) y, por tanto, son más resistentes a impulsar su cambio. En ese sentido, la mayoría de las reformas electorales reflejan los intereses de los que tienen el poder formal o, al menos, las preferencias de una facción influyente dentro de la coalición dominante como parte de su interés en maximizar sus beneficios ( ‍Benoit, K. (2004). Models of electoral system change. Electoral Studies, 23 (3), 363-389. Disponible en: https://doi.org/10.1016/S0261-3794(03)00020-9Benoit, 2004), aunque también algunas reformas son producto del intercambio entre la élite gobernante y la oposición (como el Pacto por México en 2014). Algunas investigaciones recientes ( ‍Bowler, S. y Donovan, T. (2012). The Limited Effects of Election Reforms on Efficacy and Engagement. Australian Journal of Political Science, 47 (1), 55-70. Disponible en: https://doi.org/10.1080/10361146.2011.643161Bowler y Donovan, 2012) dan cuenta además de cambios en las reglas como resultado del interés de los que ostentan el poder de anticiparse a fenómenos que pueden afectarles de manera perjudicial a sus intereses‍

Como por ejemplo que se puedan prever posibles cambios en las tendencias demográficas, en los realineamientos del voto, en la presión de sectores políticamente excluidos, en transformaciones en la opinión de la población respecto a lo mal que funciona el sistema político. También puede deberse a la difusión internacional de las reglas, promovidas desde la cooperación internacional, las agencias intergubernamentales o, finalmente, por la emergencia de nuevos partidos que podrían ser una desventaja para sus intereses.

‍[5].

En algunos trabajos se vincula la inestabilidad institucional con la forma de gobierno ( ‍Linz, J. (1997) [1984]. Democracia presidencial o parlamentaria. ¿Qué diferencia implica? En J. Linz y A. Valenzuela (coords.). Las crisis del presidencialismo. Perspectivas Comparativas (pp. 25-146). Madrid: Alianza Universidad.Linz, 1997;  ‍Mainwaring, S. (1993). Presidentialism and multipartidism. The Difficult Combination. Comparative Political Studies, 26, 198-228. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0010414093026002003Mainwaring, 1993). Esta idea se fundamenta en las primeras críticas que se hicieron hacia los sistemas presidencialistas, que eran percibidos como los responsables del quiebre de las democracias ( ‍Linz, J. (1997) [1984]. Democracia presidencial o parlamentaria. ¿Qué diferencia implica? En J. Linz y A. Valenzuela (coords.). Las crisis del presidencialismo. Perspectivas Comparativas (pp. 25-146). Madrid: Alianza Universidad.Linz, 1997). Si bien este supuesto ha sido refutado en trabajos ulteriores ( ‍Mainwaring, S. (1993). Presidentialism and multipartidism. The Difficult Combination. Comparative Political Studies, 26, 198-228. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0010414093026002003Mainwaring 1993;  ‍Mainwaring, S. y Shugart, M. S. (1997). Presidentialism and Democracy in Latin America. Cambridge; New York: Cambridge University Press. Disponible en: https://doi.org/10.1017/CBO9781139174800Mainwaring y Shugart, 1997;  ‍Chasquetti, D. (2001). Democracia, multipartidismo y coaliciones en América Latina: evaluando la difícil combinación. En J. Lanzaro (comp.). Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.Chasquetti, 2001), siguiendo la misma lógica se podría suponer que el intenso activismo de las reformas electorales en América Latina se relaciona con las diferencias dentro de los propios sistemas presidencialistas. Sin embargo, no es posible asociar esas diferencias con el nivel de reformismo de cada país, si bien los países de la región cuentan con diversos tipos de sistemas presidenciales, los cuales se distinguen entre sí a partir de varios componentes de diversa índole como son: la distribución de poderes entre el ejecutivo y el legislativo, el tipo de partidos (disciplinados o no), el sistema de partidos (concentrado o fragmentado), el estilo político (decisionista, mayoritaria, consensual), entre otros ( ‍Nohlen, D. (2013). El presidencialismo comparado. Revista del Instituto de Altos Estudios Europeos, 1, 6-23.Nohlen, 2013).

Toda reforma requiere de cierto consenso respecto a la existencia de un problema concreto en el funcionamiento de las reglas vigentes, lo que Shugart ( ‍Shugart, M. S. (2001). Electoral efficiency and the move to Mixed-Member Systems. Electoral Studies, 20 (2), 173-193. Disponible en: https://doi.org/10.1016/S0261-3794(00)00007-X2001) denomina como «condiciones inherentes a las reformas». En ese sentido, las élites políticas iniciarán y apoyarán reformas siempre que «los costos de no reformar sean mayores a los de reformar» ( ‍Scherlis, G. (2015). La política de la reforma electoral en América Latina: entre la apertura y el cierre de los sistemas políticos a través de la regulación electoral y de partidos. Desarrollo Económico, 55 (215), 83-104.Scherlis, 2015), que el cambio se pueda justificar para mejorar la eficiencia del sistema político y que los dirigentes no perciban que la opinión pública puede pensar que esas reformas son sólo para acumular más poder. Los que controlan las instituciones no suelen impulsar reformas, aún cuando tengan las mayorías legislativas, si perciben que esto será mal visto ante la opinión pública ( ‍Negretto, G. (2010). La reforma política en América Latina. Reglas electorales y distribución de poder entre Presidente y Congreso. Desarrollo Económico, 50 (198), 197-221.Negretto, 2010).

La literatura comparada sobre reformas electorales se ha centrado en los elementos que considera más relevantes de un sistema electoral para determinar que una reforma es importante o para establecer que el sistema electoral está siendo reformado. Esos elementos son el principio de representación, la fórmula empleada para asignar escaños, la magnitud de los distritos, el umbral electoral y el tamaño de las cámaras legislativas ( ‍Nohlen, D. (2007). Sistemas electorales presidenciales y parlamentarios. En D. Nohlen, D. Zovatto, J. Orozco y J. Thompson (eds.). Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina. México: Fondo de Cultura Económica.Nohlen, 2007;  ‍Lijphart, A. (1995). Sistemas electorales y sistemas de partidos. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.Lijphart, 1995;  ‍Katz, R. (2005). Why are there so many (or so few) electoral reforms? En M. Gallagher y P. Mitchell (eds). The Politics of Electoral Systems (pp. 57-76). Oxford: Oxford University Press. Disponible en: https://doi.org/10.1093/0199257566.003.0003Katz, 2005). Lo que suele considerarse como el «corazón del sistema electoral»‍

Lijphart (

Lijphart, A. (1995). Sistemas electorales y sistemas de partidos. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.

1995) apunta que las dimensiones más importantes de los sistemas electorales son: la fórmula electoral y la magnitud de los distritos. La fórmula electoral permite clasificar cada caso como mayoritario, proporcional o mixto, mientras que la magnitud de los distritos alude al número de candidatos que se eligen en una misma circuscripción. Las circunscripciones se pueden clasificar en uninominales, en donde se elige un solo candidato, y plurinominales, en donde se eligen dos o más candidatos. Además, el autor señala otros dos componentes igualmente importantes para la definición de los sistemas electorales: por un lado, el umbral electoral o, lo que es lo mismo, el mínimo de apoyo que un partido necesita para obtener personería jurídica y aspirar a algún cargo de elección popular; y, por otro lado, el tamaño de las cámaras legislativas.

‍[6].

La importancia de estos elementos radica en los efectos que producen sobre la proporcionalidad de la elección, sobre el número de actores que participan en la competencia política y sobre la dinámica de la competencia interpartidista. El cambio en alguno de ellos constituye una reforma electoral «mayor» y el cambio en el principio de representación o en más del 20 % de las dimensiones restantes supondría la emergencia de un nuevo sistema electoral ( ‍Lijphart, A. (1995). Sistemas electorales y sistemas de partidos. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.Lijphart, 1995;  ‍Nohlen, D. (1981). La reforma de la ley electoral. Pautas para una discusión. Revista de Investigaciones Sociales, 16, 134-143. Disponible en: https://doi.org/10.2307/40182970Nohlen, 1981). Paradójicamente, Lijphart ( ‍Lijphart, A. (1995). Sistemas electorales y sistemas de partidos. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.1995) no utilizaba el término reforma electoral, ya que su principal preocupación era el análisis de los diferentes sistemas electorales o la existencia de un nuevo sistema electoral ( ‍Freidenberg, F. y Došek, T. (2016a). Las reformas electorales en América Latina: hacia una conceptualización más amplia. En F. Tuesta Soldevilla (ed.). Representación política en América Latina. Lima: Jurado Nacional de Elecciones.Freidenberg y Došek, 2016a).

En los últimos años se ha discutido la necesidad de incluir nuevas dimensiones al análisis de los sistemas electorales ( ‍Freidenberg, F. y Došek, T. (2016b). Las reformas electorales en América Latina (1978-2015). En K. Casas-Zamora et al. (eds). Reformas políticas en América Latina. Tendencias y casos (pp. 25-92). Washington: Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.Freidenberg y Došek, 2016b;  ‍Leyenaar, M. y Hazan, R. (2011). Reconceptualising Electoral Reform. West European Politics, 34 (3), 437-455. Disponible en: https://doi.org/10.1080/01402382.2011.555974Leyenaar y Hazan, 2011;  ‍Jacobs, K. y Leyenaar, M. (2011). A Conceptual Framework for Major, Minor, and Technical Electoral Reform. West European Politics, 34 (3), 495-513. Disponible en: https://doi.org/10.1080/01402382.2011.555977Jacobs y Leyenaar, 2011;  ‍Bowler, S., Carter, E. y Farrell, D. M. (2003). Changing Party Access to Elections. En B. E. Cain, R. J. Dalton y S. E. Scarrow (eds.). Democracy Transfomed? Expanding Political Opportunities in Advanced Industrial Democracies (pp. 81-101). Oxford: Oxford University Press. Disponible en: https://doi.org/10.1093/0199264996.003.0005Bowler et al. 2003). Las nuevas dimensiones a incorporar están relacionadas con el mecanismo de selección de candidaturas, la gobernanza electoral, el financiamiento, la introducción de medidas de acción afirmativa y/o la paridad de género, las candidaturas independientes o la ampliación de derechos de participación a connacionales residentes fuera del país (voto desde el extranjero). Los cambios en alguna de estas dimensiones, que algunos autores consideran «menores» o «técnicos» ( ‍Jacobs, K. y Leyenaar, M. (2011). A Conceptual Framework for Major, Minor, and Technical Electoral Reform. West European Politics, 34 (3), 495-513. Disponible en: https://doi.org/10.1080/01402382.2011.555977Jacobs y Leyenaar 2011), pueden llegar a ser centrales en un momento determinado para la dirigencia de un partido, la distribución de incentivos entre los actores políticos, las condiciones de la competencia y el modo en que se da la competencia y el acceso a los cargos de representación. En términos metodológicos, la incorporación de estas nuevas dimensiones en el análisis de las reformas permite aumentar el número de observaciones y desentrañar nuevos factores explicativos e implicaciones de los procesos reformistas para el funcionamiento de la democracia y para la dinámica de la competencia partidista ( ‍Freidenberg, F. y Došek, T. (2016a). Las reformas electorales en América Latina: hacia una conceptualización más amplia. En F. Tuesta Soldevilla (ed.). Representación política en América Latina. Lima: Jurado Nacional de Elecciones.Freidenberg y Došek, 2016a;  ‍Freidenberg, F. y Došek, T. (2016b). Las reformas electorales en América Latina (1978-2015). En K. Casas-Zamora et al. (eds). Reformas políticas en América Latina. Tendencias y casos (pp. 25-92). Washington: Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.2016b).

Esta investigación defiende esta visión amplia del sistema electoral y sus cambios, como ya se ha puesto de manifiesto en otros trabajos (ibid.). La evaluación de las reformas electorales da cuenta de diferencias existentes entre los países en relación al origen, el ritmo y el contenido de los cambios ( ‍Zovatto, D. (2018). Reforma político-electoral e innovación institucional en América Latina (1978-2016). Ciudad de México: Tirant lo Blanch.Zovatto, 2018;  ‍Freidenberg, F. y Došek, T. (2016a). Las reformas electorales en América Latina: hacia una conceptualización más amplia. En F. Tuesta Soldevilla (ed.). Representación política en América Latina. Lima: Jurado Nacional de Elecciones.Freidenberg y Došek, 2016a,  ‍Freidenberg, F. y Došek, T. (2016b). Las reformas electorales en América Latina (1978-2015). En K. Casas-Zamora et al. (eds). Reformas políticas en América Latina. Tendencias y casos (pp. 25-92). Washington: Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.2016b;  ‍Scherlis, G. (2015). La política de la reforma electoral en América Latina: entre la apertura y el cierre de los sistemas políticos a través de la regulación electoral y de partidos. Desarrollo Económico, 55 (215), 83-104.Scherlis, 2015;  ‍Negretto, G. (2010). La reforma política en América Latina. Reglas electorales y distribución de poder entre Presidente y Congreso. Desarrollo Económico, 50 (198), 197-221.Negretto, 2010;  ‍Marenco, A. (2009). Reformas electorales en América Latina: condiciones y resultados de los cambios en las reglas de la competencia. En A. Fontaine, C. Larroulet, J. Navarrete y I. Walker (eds.). Reforma del sistema electoral chileno. Santiago: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo; CEP; Libertad y Desarrollo; Proyectamérica y CIEPLAN.Marenco, 2009) y merece atención especial debido al contexto de cambio social, crisis de representación política y transformaciones en los niveles de institucionalización de los sistemas de partidos que experimentan los países de la región ( ‍Mainwaring, S. (2018). Party System Institutionalization in Contemporary Latin America. En S. Mainwaring (ed.). Party System in Latin America. Institutionalization, Decay, and Collapse (pp. 34-70). New York: Cambridge University Press. Disponible en: https://doi.org/10.1017/9781316798553Mainwaring, 2018;  ‍Freidenberg, F. (ed.) (2016). Los sistemas de partidos de América Latina (1978-2015) (vols. 1 y 2). Ciudad de México: Instituto Nacional Electoral; Instituto de Investigaciones Jurídicas; Universidad Nacional Autónoma de México.Freidenberg, 2016).

Los cambios de las reglas pueden suponer mejores condiciones para la representatividad de los actores no representados en el sistema político ( ‍Došek, T., Freidenberg, F., Caminotti, M. y Muñoz-Pogossian, B. (eds.) (2017). Women, Politics and Democracy in Latin America. Nueva York: Palgrave Macmillan. Disponible en: https://doi.org/10.1057/978-1-349-95009-6Došek et al., 2017;  ‍Celis, K., Krook, M. y Meier, P. (2011). The Rise of Gender Quota Laws: Expanding the Spectrum of Determinants for Electoral Reform. West European Politics, 34 (3), 495-513. Disponible en: https://doi.org/10.1080/01402382.2011.555981Celis et al., 2011) y pueden mejorar los niveles de legitimidad del sistema democrático ante la opinión pública ( ‍Scherlis, G. (2015). La política de la reforma electoral en América Latina: entre la apertura y el cierre de los sistemas políticos a través de la regulación electoral y de partidos. Desarrollo Económico, 55 (215), 83-104.Scherlis, 2015) y, específicamente, ante grupos que se autopercibían fuera del juego político, como ha ocurrido recientemente con el movimiento indígena en Ecuador o Bolivia y con las reformas de cuotas y/o paridad de género impulsadas para obligar a incluir mujeres (y/o indígenas) en el registro de las candidaturas a los cargos de elección popular ( ‍Jones, M. P., Alles, S. y Tchintian, C. (2012). Cuotas de género, leyes electorales y elección de legisladoras en América Latina. Revista de Ciencia Política, 32 (2), 331-357. Disponible en: https://doi.org/10.4067/S0718-090X2012000200001Jones et al., 2012;  ‍Caminotti, M. (2016). Cuotas de género y paridad en América Latina: mujeres, partidos políticos y Estado. En F. Freidenberg y B. Muñoz Pogossian (eds.). Reformas a las Organizaciones de Partidos Políticos en América Latina (1978-2015) (pp. 183-203). Lima: Pontificia Universidad Católica de Perú; Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Sociedad Argentina de Análisis Político; Organización de los Estados Americanos.Caminotti, 2016;  ‍Ríos Tobar, Marcela (2008). Mujer y política. El impacto de las cuotas de género en América Latina. Santiago de Chile: Catalonia; International IDEA; Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Chile.Ríos Tobar, 2008). Si bien el cambio frecuente de las reglas indica la inestabilidad del escenario en el que se comportan los políticos, dado que las reformas pueden implicar la rotación o modificación de los incentivos que inciden sobre el comportamiento político, también lo es que esas reformas pueden implicar inclusión de actores en sistemas excluyentes y de reglas que mejoran el funcionamiento del sistema.

La experiencia comparada evidencia que las insuficiencias de los sistemas electorales pueden en algunas ocasiones volverse intolerables ante la opinión pública ( ‍Thompson, J. (2015). La reforma electoral en el marco del desarrollo reciente de la democracia en América Latina. Portal de Reformas Políticas de América Latina. Washington D. C.: Secretaría de Asuntos Políticos de la Organización de los Estados Americanos. Disponible en: https://bit.ly/2SJUgviThompson, 2015;  ‍Negretto, G. (2010). La reforma política en América Latina. Reglas electorales y distribución de poder entre Presidente y Congreso. Desarrollo Económico, 50 (198), 197-221.Negretto, 2010), lo que hace que esta presione para que haya cambios, influida muchas veces por líderes de opinión, sectores de la oposición, grupos internos del propio partido en el Gobierno en búsqueda de sus intereses estratégicos o los medios de comunicación de masas (y, en la actualidad, las redes sociales). De este modo, incluso cuando a las élites gobernantes no les convenga impulsar procesos de reforma, muchas veces se ven presionadas por los líderes y/o partidos de oposición que utilizan las reformas políticas como moneda de cambio de otras reformas (como ocurrió en México en 2014).

III. METODOLOGÍA[Subir]

Una serie de decisiones metodológicas ha sido necesaria para la construcción de las diversas bases de datos sobre las reformas electorales y políticas que se han realizado en los países de la región. Esas bases de datos integran el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina (#ObservatorioREFPOL), que se desarrolla en la actualidad en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el apoyo de la Secretaría de Fortalecimiento Democrático de la OEA.

Dado que los escenarios de diseño e implementación de las reformas electorales son muy diferentes en relación con lo que ocurre en los países que han sido estudiados de manera central por la política comparada (como los europeos), muchas de las decisiones predominantes de la literatura no pueden ser empleadas para estudiar los procesos de reformas en sistemas políticos de reciente democratización ( ‍Freidenberg, F. y Došek, T. (2016b). Las reformas electorales en América Latina (1978-2015). En K. Casas-Zamora et al. (eds). Reformas políticas en América Latina. Tendencias y casos (pp. 25-92). Washington: Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.Freidenberg y Došek, 2016b). Una de las cuestiones tiene que ver con el concepto de sistema electoral y las dimensiones que deben ser incluidas en una investigación comparada del cambio institucional. Una visión minimalista y estricta de sistema electoral sirve para hacer viajar los conceptos, pero no ayuda a delimitar los cambios importantes que tienen impacto sobre la dinámica de la competencia. Los cambios «menores» o «técnicos» ( ‍Jacobs, K. y Leyenaar, M. (2011). A Conceptual Framework for Major, Minor, and Technical Electoral Reform. West European Politics, 34 (3), 495-513. Disponible en: https://doi.org/10.1080/01402382.2011.555977Jacobs y Leyenaar, 2011;  ‍Bowler, S., Carter, E. y Farrell, D. M. (2003). Changing Party Access to Elections. En B. E. Cain, R. J. Dalton y S. E. Scarrow (eds.). Democracy Transfomed? Expanding Political Opportunities in Advanced Industrial Democracies (pp. 81-101). Oxford: Oxford University Press. Disponible en: https://doi.org/10.1093/0199264996.003.0005Bowler et al., 2003) pueden transformar de manera sustantiva los incentivos con los que cuentan los actores políticos, las condiciones de la competencia y el modo en cómo se da la representación política.

La literatura comparada sobre sistemas electorales en América Latina aún no presenta consenso respecto a cuáles son las dimensiones que deben tenerse en cuenta al momento de considerar un cambio «de» sistema electoral, así como tampoco respecto a cuándo un cambio es relevante y cuándo no debe considerarse en el análisis. Los trabajos incluyen diferentes definiciones de lo que es un sistema electoral, consideran elementos distintos para operacionalizar la reforma electoral (o directamente omiten cómo se mide esta variable) o exponen criterios alternativos respecto a cómo determinar la relevancia de un cambio. En esta investigación, el número de reformas se calcula con base en el dato de cambio en cada una de las dimensiones analizadas para cada año. Esta decisión procede de la manera en que se han construido previamente las bases de datos del #ObservatorioREFPOL. La unidad de observación se calcula al tomar un cambio en una dimensión en un año dado. Los números entre paréntesis evidencian la cantidad de cambios que se dieron en un determinado año en las diferentes dimensiones.

Las dimensiones incluidas en esta investigación son las que se corresponden al «corazón del sistema electoral» (fórmula electoral —legislativo/ejecutivo—: principio de representación, estructura de voto, umbral o barrera electoral y tamaño de las Cámaras) junto con otras que se incorporan por la necesidad de considerar al sistema electoral en sentido amplio, debido al impacto que estos elementos tienen sobre la competencia política, como son: la introducción de la cuota y/o el principio de la paridad de género en el registro de las candidaturas, la reelección presidencial, la duración del mandato de los diferentes cargos, la revocatoria del mandato, el voto de los connacionales desde el extranjero y, finalmente, los mecanismos de selección de candidaturas al interior de las organizaciones partidistas. Como ya se ha señalado en otros trabajos, ( ‍Freidenberg, F. y Došek, T. (2016b). Las reformas electorales en América Latina (1978-2015). En K. Casas-Zamora et al. (eds). Reformas políticas en América Latina. Tendencias y casos (pp. 25-92). Washington: Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.Freidenberg y Došek, 2016b;  ‍Jacobs, K. y Leyenaar, M. (2011). A Conceptual Framework for Major, Minor, and Technical Electoral Reform. West European Politics, 34 (3), 495-513. Disponible en: https://doi.org/10.1080/01402382.2011.555977Jacobs y Leyenaar, 2011;  ‍Leyenaar, M. y Hazan, R. (2011). Reconceptualising Electoral Reform. West European Politics, 34 (3), 437-455. Disponible en: https://doi.org/10.1080/01402382.2011.555974Leyenaar y Hazan, 2011) resulta imposible entender el sistema electoral y sus cambios solo observando las dimensiones del «corazón del sistema electoral».

IV. DATOS[Subir]

1. La sustancia de las reformas electorales: ¿qué se reformó?[Subir]

En el periodo 2015-‍2018, diez países latinoamericanos realizaron veintitrés cambios de reglas en algunas de las dimensiones claves del sistema electoral (tabla 1), que suponen un total de 265 reformas entre 1978-‍2018. De las reformas realizadas, las dimensiones que más cambios han tenido son: las medidas para mejorar las condiciones de igualdad en el acceso a la competencia (la introducción de la cuota y/o el principio de la paridad de género en el registro de las candidaturas) —siete cambios en siete países—; la reelección presidencial (cuatro cambios en tres países) y el tamaño de la Cámara Baja (cuatro cambios en tres países). Luego se han realizado cambios menores en relación con el voto de los connacionales en el extranjero (una en un país); con la fórmula de la elección legislativa (una en un país); con la estructura del voto en el nivel legislativo (una en un país) y, finalmente, en relación con los mecanismos de selección de candidaturas en el interior de las organizaciones partidistas (una en un país).

Los países que hicieron reformas en algunas de las dimensiones consideradas en esta investigación en el período analizado fueron Argentina (1), República Dominicana (2), Chile (6), Ecuador (2), Honduras (1), Guatemala (1)‍

En Guatemala, además del voto en el extranjero, se prohibió el voto en tránsito o voto golondrina (art. 13, para garantizar la Libertad de voto); se reguló el modo en que se seleccionan las candidaturas para dirigir los órganos internos de los partidos (art. 13) y diferentes elementos organizativos de los partidos y de los comités (diversos artículos); se dio la introducción de mecanismos de democracia participativa para incidir en las políticas públicas (art, 15 bis); se reguló la fiscalización de los gastos de los partidos (art. 19); también el financiamiento de actividades ordinarias de los partidos (art. 21 y 21 bis) y algunas dinámicas organizativas del Tribunal Supremo Electoral (diversos artículos) Ver: Decreto 262016 que modifica el Decreto 1-‍85 de la Asamblea Nacional Constituyente, la Ley Electoral y la Ley de Partidos de Guatemala http://www.tse.org.gt/images/descargas/decreto262016.pdf. Esas reformas no se tienen en cuenta dado que no forman parte del núcleo de dimensiones sustantivas que se consideran en esta investigación como parte de las reformas a analizar.

‍[7], Colombia (5), Costa Rica (1), México (1) y Venezuela (1). A diferencia de lo que ocurrió entre 1978-‍2015, cuando la mayor parte de las reformas se plasmaron en sendos cambios constitucionales‍

15 países de la región aprobaron nuevas Constituciones en el periodo analizado. Salvo México, Panamá, Uruguay y Costa Rica, el resto aprobó al menos una nueva Constitución desde la reinstauración democrática (ya sea en el momento inicial o durante el momento democrático actual). Algunos países, como Ecuador, incluso tuvieron tres diferentes en este periodo; esto ha supuesto una gran reforma constitucional cada diez años (1978, 1998 y 2008), además de múltiples reformas electorales legislativas con validez constitucional (como la de 1995 o la del 2010), que fueron poniendo «parches» a los textos constitucionales. Se realizaron nuevas Constituciones en Colombia, en 1991; Paraguay, en 1992; Perú, en 1993 y en el 2005; Venezuela, en 1999; Ecuador, en 1978, 1998 y en el 2008, más la reforma de 1995; en Chile, en el 2005; en Bolivia, en el 2009; en República Dominicana, en el 2010. También se han realizado cambios significativos a esas Constituciones sin generar un nuevo texto en Uruguay (1996) y México (2014), o por medio de una Asamblea Constituyente especialmente convocada para esa tarea, como en Argentina (1994), Venezuela (1999), Ecuador (1998 y 2008 ) y Bolivia (2009) (

Freidenberg, F. y Došek, T. (2016a). Las reformas electorales en América Latina: hacia una conceptualización más amplia. En F. Tuesta Soldevilla (ed.). Representación política en América Latina. Lima: Jurado Nacional de Elecciones.

Freidenberg y Došek, 2016a).

‍[8], la mayoría de las reformas realizadas entre 2015-‍2018 se tradujeron en leyes electorales o de partidos (República Dominicana, Argentina) o supusieron cambios constitucionales sin generar un proceso constituyente que redactara un nuevo texto constitucional (Chile, Colombia, Honduras, México, Ecuador, Chile y Guatemala).

Tabla 1.

Frecuencia de reformas a las reglas electorales en América Latina (2015-‍2018)

#Cambios
1978-2015 		#Cambios
2015-2018 		País/Año
Cuota y/o paridad de género para las candidaturas a cargos de representación popular 33 7 República Dominicana (2018); Argentina (2017); México (2017); Costa Rica (2016); Honduras (2016)‍

La reforma en Honduras fue en 2012 aunque se estableció que entrara en vigor en 2016.

‍[*]; Venezuela (2015); Chile (2015)
Distritos en elecciones legislativas 33 1 Chile (2015)
Reelección presidencial 24 4 Colombia (2015); Ecuador (2015, 2018); Honduras (2015)
Tamaño de la cámara legislativa (Cámara Alta) 21 3 Colombia (2015, 2016); Chile (2015)
Tamaño de la cámara legislativa (Cámara baja) 4 Colombia (2015, 2016); Chile (2015); Guatemala (2016)
Voto de los connacionales desde el extranjero 20 1 Guatemala (2016)
Fórmula para la elección de legisladores 18 1 Chile (2015)
Fórmula electoral en elección presidencial 16 0
Estructura de voto en elecciones legislativas 16 1 Chile (2015)
Duración del mandato presidencial 13 0
Concurrencia de las elecciones presidenciales y legislativas 9 0
Barrera/umbral legal en elecciones legislativas 7 0
Duración del mandato legislativo 7 0
Reelección legislativa 5 0
Revocatoria del mandato presidencial 3 0
Selección de candidaturas y medidas de democracia interna 17 1 República Dominicana (2018)
Total 242 23
[*]

La reforma en Honduras fue en 2012 aunque se estableció que entrara en vigor en 2016.

Fuente: elaboración propia con base en Freidenberg y Došek ( ‍Freidenberg, F. y Došek, T. (2016a). Las reformas electorales en América Latina: hacia una conceptualización más amplia. En F. Tuesta Soldevilla (ed.). Representación política en América Latina. Lima: Jurado Nacional de Elecciones.2016a) y el #ObservatorioREFPOL ( ‍Observatorio de Reformas políticas en América Latina (#ObservatorioREFPOL) (1978-2018). Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Organización de los Estados Americanos (OEA). Disponible en: reformaspoliticas.org1978-2018).

2. El origen de las reformas electorales: ¿quién las impulsó y de dónde provienen?[Subir]

¿Cómo se originan y de dónde surgen las reformas electorales? Las explicaciones pueden ser endógenas o exógenas. Por un lado, la literatura comparada sostiene que las reformas electorales son respuestas parroquialistas, internas, resultado de la experiencia de cada país. El origen de estos cambios en las leyes y/o el orden constitucional es endógeno. Por otro lado, cada vez más la literatura se refiere a que las reformas son resultados de presiones de difusión internacional de ideas y políticas. El origen de estas reformas es exógeno, producto de la moda y la presión de agentes externos. Si el contenido de las reformas entre países en un mismo período de tiempo coincide entre sí o, por el contrario, son respuestas parrroquialistas a problemas concretos de cada sistema político supone diferencias en el origen de las reformas.

Las respuestas endógenas tienen a los partidos políticos y a sus dirigentes como actores impulsores de las reformas electorales, ya sea desde el poder ejecutivo (como decreto), desde el legislativo (como ley o reformas a artículos específicos de los textos existentes) o desde las dirigencias partidistas por fuera del ámbito ejecutivo y/o legislativo. Una gran cantidad de las reformas han sido más bien parches e intercambios entre partidos para satisfacer intereses partidistas, producto de negociaciones entre élites políticas, más que resultado de evaluaciones profundas sobre las debilidades (técnicas) del sistema electoral ( ‍Freidenberg, F. y Došek, T. (2016a). Las reformas electorales en América Latina: hacia una conceptualización más amplia. En F. Tuesta Soldevilla (ed.). Representación política en América Latina. Lima: Jurado Nacional de Elecciones.Freidenberg y Došek, 2016a). Muchas de las reformas buscaron obtener beneficios concretos a favor del partido en el poder, sujetas a los cambios de la coyuntura sin pensar en el largo plazo, o fueron resultado de las presiones de la opinión pública.

En el período 2015-‍2018, los partidos impulsaron la mayoría de procesos de reforma electoral en la región. En países como Argentina, Colombia y Chile, las reformas fueron promovidas directamente desde el poder ejecutivo a través de sus bancadas legislativas con el fin de sacar adelante proyectos de reforma en materia de igualdad de género, eliminación de la reelección presidencial o rediseño del sistema electoral. En otros casos, las reformas fueron producto de acuerdos entre partidos en el Congreso. Por ejemplo, en Guatemala los diputados lograron generar consenso para aprobar el voto desde el extranjero con el fin de que más de dos millones de connacionales que viven en el exterior puedan elegir presidente y vicepresidente; no obstante, rechazaron una enmienda que buscaba permitir el voto desde el extranjero para legisladores de la lista nacional y del Parlamento centroamericano.

Otros actores suelen ser claves como impulsores de las reformas electorales. En algunos países, el poder judicial ( ‍Alanis Figueroa, M. C. (2017). Contributions of Electoral Justice to the Strengthening of Women’s Political Rights: The Case of Mexico in Comparative Perspective. En T. Došek, F. Freidenberg, M. Caminotti y B. Muñoz-Pogossian (eds.). Women, Politics and Democracy in Latin America (pp. 153-163). Nueva York: Palgrave Macmillian.Alanis Figueroa, 2017;  ‍Sobrado González, L. A. (2016). El Tribunal Supremo de Costa Rica: concretando la cuota femenina y transitando a la paridad por género. En F. Freidenberg y B. Muñoz-Pogossian (eds.). Reformas a las Organizaciones de Partidos en América Latina (pp. 269-282). México: Instituto de Investigaciones Jurídicas; Universidad Nacional Autónoma de México: Organización de los Estados Americanos; Sociedad Argentina de Análisis Político.Sobrado, 2016;  ‍Katz, R. (2011). Democracy as a cause of electoral reform: jurisprudence and electoral change in Canada. West European Politics, 34 (3), 587-606. Disponible en: https://doi.org/10.1080/01402382.2011.555985Katz, 2011), los medios de comunicación de masas, la ciudadanía por medio de la presión de opinión pública ( ‍Norris, P. (2011). Cultural explanations of electoral reform: A policy cycle model. West European Politics, 34 (3), 531-550. Disponible en: https://doi.org/10.1080/01402382.2011.555982Norris, 2011), las autoridades electorales (administrativas y/o jurisdiccionales) ( ‍Picado León, H. (2018). Reformas electorales: actores, procedimiento y discurso. San José: Tribunal Supremo de Elecciones; Konrad Adenauer Stiftung.Picado, 2018;  ‍Alanis Figueroa, M. C. (2017). Contributions of Electoral Justice to the Strengthening of Women’s Political Rights: The Case of Mexico in Comparative Perspective. En T. Došek, F. Freidenberg, M. Caminotti y B. Muñoz-Pogossian (eds.). Women, Politics and Democracy in Latin America (pp. 153-163). Nueva York: Palgrave Macmillian.Alanis Figueroa, 2017), las organizaciones regionales e internacionales que promueven determinadas innovaciones en materia electoral y los actores transnacionales ( ‍Puyana, J. R. (2017). Women and Politics in Colombia: Reforms, Advocacy and Other Actions Led by International Development Agencies (2007-2014). En T. Došek, F. Freidenberg, M. Caminotti y B. Muñoz-Pogossian (eds.). Women, Politics and Democracy in Latin America (pp. 187-212). Nueva York: Palgrave Macmillian. Disponible en: https://doi.org/10.1057/978-1-349-95009-6_11Puyana, 2017;  ‍Celis, K., Krook, M. y Meier, P. (2011). The Rise of Gender Quota Laws: Expanding the Spectrum of Determinants for Electoral Reform. West European Politics, 34 (3), 495-513. Disponible en: https://doi.org/10.1080/01402382.2011.555981Celis et al., 2011) han sido impulsores de las reformas. Gallagher ( ‍Gallagher, M. (2005). Conclusion. En M. Gallagher y P. Mitchell (comps.). The Politics of Electoral Systems (pp. 535-578). Oxford: Oxford University Press. Disponible en: https://doi.org/10.1093/0199257566.003.00262005) incluso se refirió al descontento generalizado de la ciudadanía como uno de los motores del cambio, dado que puede ser descrito como una «polilla» que socava los cimientos del sistema electoral hasta que consigue reformarlo.

En este sentido, la comunidad internacional y los organismos electorales (jueces o funcionarios) tuvieron un papel preponderante al generar recomendaciones o impulsar los procesos de reforma electoral en el período 2015-‍2018. La OEA o el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han sido parte activa de los comités encargados de diseñar las propuestas de reforma que han conllevado a cambios en materia de financiamiento de partidos políticos y campañas electorales (v. gr. Honduras) y, más recientemente, en materia de igualdad de género (v. gr. República Dominicana). Por otra parte, los organismos electorales han sido los encargados de garantizar el cumplimiento de tales reformas ante la renuencia de los actores políticos (como ha sido evidente en Costa Rica por impulso del Tribunal Supremo de Elecciones en 2016‍

Según la interpretación del Tribunal Supremo de Elecciones: «Se modifica parcialmente la jurisprudencia de este Tribunal en torno a la paridad y la alternancia y se interpretan oficiosamente los artículos 2, 52 incisos ñ) y o) y 148 del Código Electoral, en el sentido de que la paridad de las nóminas a candidatos a diputados no solo obliga a los partidos a integrar cada lista provincial con un 50 % de cada sexo (colocados en forma alterna), sino también a que esa proporción se respete en los encabezamientos de las listas provinciales que cada agrupación postule. Los partidos políticos deberán definir, en su normativa interna, los mecanismos que den cumplimiento a este régimen paritario. No obstante, en caso de que se presenten nóminas de candidatos que incumplan este requerimiento, por la razón que sea, el Registro Electoral, previo sorteo de rigor, realizará los reordenamientos que resulten necesarios en esas nóminas». Disponible en: http://bit.ly/2Twc7WR.

‍[9] o de México respecto a las medidas de cumplimiento de las reformas de la paridad y la creación de medidas de acción afirmativa desde el Instituto Nacional Electoral en 2017). En Venezuela, el Consejo Nacional Electoral ha intervenido en varias ocasiones mediante resoluciones y normas operativas a fin de garantizar que los partidos políticos apliquen los porcentajes de cuotas de género en las listas de candidaturas, aunque sigue pendiente la reglamentación de dicha norma.

Un elemento común que se mantiene del período analizado en comparación con los años anteriores es que los procesos de reforma electoral continúan haciéndose sin la participación directa de la ciudadanía en la elaboración de los diagnósticos, en la identificación de los problemas y en la manera en que se decide cuál es la reforma que implementar. De los diez países de la región analizados en el período 2015-‍2018, en la mayoría de ellos las élites partidistas tomaron la decisión del momento de la reforma y del contenido de la misma sin la participación ciudadana‍

Panamá es el único país que contempla legalmente la evaluación del sistema electoral cada vez que pasa una elección y en ese proceso la ciudadanía participa en cabildos organizados por el Tribunal Electoral (

Brown Araúz, H. (2009). La política de la reforma electoral en Panamá. En H. Brown Araúz (ed.). Reformas Electorales en Panamá. Claves de desarrollo humano para la toma de decisiones (pp. 13-70). Ciudad de Panamá: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo; Tribunal Electoral de Panamá.

Brown Araúz, 2009). Asimismo, en Ecuador y en Uruguay la ciudadanía suele ser consultada para que acepte o no las propuestas de reformas.

‍[10]. La excepción en ese sentido en estos tres años ha sido el caso de Ecuador, que fue el único que consultó a la ciudadanía sobre su posición frente a la reelección indefinida que había aprobado Correa‍

Otra excepción es Colombia, que realizó una consulta a la ciudadanía sobre diversos temas para la lucha anticorrupción, pero la misma no fue exitosa al no conseguir la participación del 33 % del padrón que era requerido para que tuviera validez.

‍[11]. Pese a ello, la movilización ciudadana ha estado presente en el fondo de la discusión reformista de algunos países, particularmente en cuanto a la reivindicación de los derechos políticos de los grupos subrepresentados. Por ejemplo, la discusión del proyecto sobre igualdad de género en Argentina se dio en el contexto de amplias movilizaciones de mujeres que reclamaban el cese de los feminicidios y criticaban la escasa participación femenina en el gabinete del presidente Mauricio Macri (tabla 2).

Tabla 2.

Origen de las reformas electorales en América Latina (2015-‍2018)

Origen Países
Intereses de los que ostentan el poder político Argentina (2017) (1); Colombia (2015) (3) y (2016) (2); Ecuador (2015) (1); Guatemala (2016) (2)
Crisis de legitimidad de las élites dominantes Ecuador (2018) (1)
Movilización social y/o partidista Ecuador (2018) (1)
Nuevo balance de poder Chile (2015, 2017) (7)
Decisiones de los organismos electorales (jueces y/o funcionarios administrativos) Venezuela 2015 (1); Costa Rica (2016) (1); México (2017)
Influencia internacional República Dominicana (2018) (2); Honduras (2016) (1)

Fuente: elaboración propia.

Una de las evidencias más claras de que las élites latinoamericanas y la ciudadanía hacen poco caso a lo que ocurre en otros países de la región es el hecho de copiar reformas sin atender las consecuencias negativas que estas generan. Un ejemplo claro en ese sentido tiene que ver con las reformas hacia el voto preferencial con el objetivo de quitar el poder de oferta a los partidos. Las experiencias negativas relacionadas con el voto preferencial en países como Ecuador, donde se hiperfragmentó la oferta partidista ocasionando el colapso del sistema de partidos ( ‍Freidenberg, F. y Pachano, S. (2016). El sistema político ecuatoriano. Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.Freidenberg y Pachano, 2016) o Perú, donde además se penalizó la representación política de las mujeres ( ‍Tuesta Soldevilla, F. (2012). Un voto letal: el voto preferencial y los partidos políticos en el Perú. Politai, 4 (7), 107-118.Tuesta Soldevilla, 2012), no han servido de lección para otros países como El Salvador (2013 ) u Honduras (2005), que realizaron reformas en ese mismo sentido sin evaluar las experiencias comparadas. Esto da cuenta de la ausencia de aprendizaje regional de las experiencias que no resultan ser exitosas. Si bien existe difusión, esta no necesariamente da buenos resultados y se copian reformas sin necesariamente evaluar sus consecuencias.

3. ¿Continuidad o cambio?: las tendencias reformistas en perspectiva diacrónica (1978-‍2015 vs. 2015-2018)[Subir]

La evaluación de las principales tendencias reformistas permite identificar en qué medida las reformas recientes continúan el patrón de cambio previo en las últimas cuatro décadas o alteran el mismo. En investigaciones previas ( ‍Freidenberg, F. y Došek, T. (2016a). Las reformas electorales en América Latina: hacia una conceptualización más amplia. En F. Tuesta Soldevilla (ed.). Representación política en América Latina. Lima: Jurado Nacional de Elecciones.Freidenberg y Došek, 2016a), el análisis comparado de los contenidos de las reformas permitió identificar diversas tendencias de cambio institucional en los sistemas políticos latinoamericanos en el periodo 1978-‍2015. La contradicción del contenido de las reformas y el intenso activismo reformista ha sido una constante ( ‍Freidenberg, F. y Došek, T. (2016a). Las reformas electorales en América Latina: hacia una conceptualización más amplia. En F. Tuesta Soldevilla (ed.). Representación política en América Latina. Lima: Jurado Nacional de Elecciones.Freidenberg y Došek, 2016a) y los cambios han estado orientados a profundizar el presidencialismo, la concentración del poder, la permanencia en los cargos y la personalización de los vínculos entre electores y partidos ( ‍Negretto, G. (2010). La reforma política en América Latina. Reglas electorales y distribución de poder entre Presidente y Congreso. Desarrollo Económico, 50 (198), 197-221.Negretto, 2010). Mientras se buscaba una mayor inclusividad en el ejecutivo, también se concentraba el poder y se fortalecía a los presidentes ( ‍Negretto, G. (2010). La reforma política en América Latina. Reglas electorales y distribución de poder entre Presidente y Congreso. Desarrollo Económico, 50 (198), 197-221.Negretto, 2010). Al mismo tiempo se pretendía una mayor representatividad en el legislativo, se abrían los candados de la competencia y se personalizaba el poder ( ‍Freidenberg, F. y Došek, T. (2016a). Las reformas electorales en América Latina: hacia una conceptualización más amplia. En F. Tuesta Soldevilla (ed.). Representación política en América Latina. Lima: Jurado Nacional de Elecciones.Freidenberg y Došek, 2016a).

El análisis de las reformas implementadas en los sistemas electorales de América Latina entre 2015 y 2018 (gráfico 1) permite constatar que en el nivel ejecutivo una de las grandes preocupaciones de los reformadores fue contener la concentración de poder que había propiciado la reelección presidencial. Si bien durante los años anteriores la tendencia regional se orientó hacia una mayor permisividad de la reelección, recientemente algunos países introdujeron reformas con el fin de limitarla (Ecuador 2018) o prohibirla en su totalidad (Colombia 2015). Solo en Honduras (2015) la reelección fue permitida gracias a un controvertido fallo de la Corte Suprema de Justicia‍

BBC (24-‍4-2015), «Aprueban la reelección presidencial en Honduras». Disponible en: https://bbc.in/2KwZ6cG.

‍[12], lo cual no ha dejado de desatar descontento ciudadano e inestabilidad política en el país centroamericano.

Gráfico 1.

Reformas electorales en el nivel ejecutivo en América Latina, 1978-‍2018

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Fuente: elaboración propia con base en datos del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina (#ObservatorioREFPOL) ( ‍Observatorio de Reformas políticas en América Latina (#ObservatorioREFPOL) (1978-2018). Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Organización de los Estados Americanos (OEA). Disponible en: reformaspoliticas.org1978-2018).

Gráfico 2.

Reformas al corazón del sistema electoral en el nivel legislativo en América Latina, 1978-‍2018

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Fuente: elaboración propia con base en datos del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina.

En cuanto a las reformas que atañen el corazón del sistema electoral en el nivel legislativo (gráfico 2), se observa que —aunque son escasos— los cambios más recurrentes tienen que ver con el tamaño del distrito, la fórmula electoral y la estructura del voto. En este sentido, cabe destacar el caso de Chile, que en el año 2015 sustituyó el sistema binomial por uno de carácter proporcional, en el cual los escaños se distribuyen según la proporción de votos obtenidos por cada lista.

Teniendo en cuenta la definición amplia adoptada en esta investigación (gráfico 3), resulta pertinente destacar que en los últimos años ha habido una fuerte preocupación por incluir a sectores sociales históricamente subrepresentados. Si bien durante la década de 1990 la mayoría de países latinoamericanos implementaron acciones afirmativas con el fin de disminuir la brecha entre hombres y mujeres en materia de participación política, las reformas recientes han buscado reforzar este objetivo al aumentar el porcentaje mínimo de participación de mujeres en listas partidistas, garantizar la paridad de género o implementar sistemas de alternancia en el mandato de posición.

El análisis comparado de manera diacrónica del período 1978-‍2015 con el de 2015-‍2018 permite dar cuenta de la continuidad en la reforma de la mayoría de los temas del período anterior y evidencia la ausencia de nuevos temas o mecanismos de innovación política. Los temas sobre los que se han reformado y coinciden con el período anterior son:

  1. reformas relacionadas con la estructura del voto que buscan incrementar la capacidad de los electores para decidir las candidaturas de los partidos, con la pretensión de hacer el sistema de elección más directo, personalizar la representación y atacar el monopolio de los partidos en cuanto a la oferta electoral, como ha ocurrido en Chile (2015);‍

    Entre 1978 y 2015 las reformas a favor del voto preferencial o la lista no bloqueada se dieron en ocho países como Panamá (1983), Perú (1979, 2000, 2009), Colombia (1994), Ecuador (1998), Brasil (1996, 2003), Honduras (2004), República Dominicana (2010) y El Salvador (2011) (

    Observatorio de Reformas políticas en América Latina (#ObservatorioREFPOL) (1978-2018). Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Organización de los Estados Americanos (OEA). Disponible en: reformaspoliticas.org

    #ObservatorioREFPOL, 1978-‍2018    ).

    ‍[13]

  2. mayor intervención del Estado para la democratización de los procedimientos de selección de candidaturas en búsqueda de regular las elecciones internas en los partidos‍

    Entre 1978 y 2015 en trece países se regularon los mecanismos de selección de candidaturas, haciendo que el Estado obligara a los partidos a seleccionar las candidaturas con la participación de los militantes o ciudadanos, con la pretensión de hacerlos internamente más democráticos (

    Observatorio de Reformas políticas en América Latina (#ObservatorioREFPOL) (1978-2018). Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Organización de los Estados Americanos (OEA). Disponible en: reformaspoliticas.org

    #ObservatorioREFPOL, 1978-‍2018    ).

    ‍[14]    , lo que se puso de manifiesto en la aprobación de la Ley de Partidos de República Dominicana (2018);

  3. mayor inclusión de los grupos subrepresentados (como las mujeres) a través del fortalecimiento del diseño electoral de género, como ha ocurrido en República Dominicana (2018), Argentina y México (2017), Costa Rica y Honduras (2012/2016) o Chile y Venezuela (2015)‍

    Entre 1978 y 2015 se llevaron cabo reformas en diecisiete países de la región para obligar a los partidos a ubicar mujeres en las candidaturas a cargos de elección popular (

    Observatorio de Reformas políticas en América Latina (#ObservatorioREFPOL) (1978-2018). Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Organización de los Estados Americanos (OEA). Disponible en: reformaspoliticas.org

    #ObservatorioREFPOL, 1978-‍2018    ).

    ‍[15]    ;

  4. cambios en el tamaño de la Cámara legislativa, como ha ocurrido en Colombia (2015 y 2016), Chile (2015 ) y Guatemala (2016);‍

    Entre 1978 y 2015 las reformas respecto al tamaño de la Cámara se realizaron en Argentina (1994), Bolivia (2009), Chile (2005), Costa Rica (1998), Ecuador (1983, 1994, 1996, 1998, 2000, 2009), El Salvador (1988), Guatemala (1990, 1994, 2002), Honduras (1985, 1988), México (1993, 1997), Nicaragua (1995, 2012), Perú (1980, 2004, 2009), República Dominicana (2010) y Venezuela (2007).

    ‍[16]

  5. mayor proporcionalidad e inclusión de la fórmula de elección de diputados, como ocurrió en Chile (2015)‍

    Entre 1978 y 2015 la mayoría de países buscó incorporar la fórmula D’Hondt (Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela), que es menos proporcional y favorece a los partidos más grandes. El caso de Ecuador destaca, ya que la fórmula electoral fue cambiada en seis oportunidades entre 1978 y 2009, lo que da cuenta de la dificultad de las élites partidistas para acordar una fórmula consensuada por todos los partidos políticos y, como consecuencia, la imposibilidad de aprendizaje de los actores políticos (

    Observatorio de Reformas políticas en América Latina (#ObservatorioREFPOL) (1978-2018). Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Organización de los Estados Americanos (OEA). Disponible en: reformaspoliticas.org

    #ObservatorioREFPOL, 1978-‍2018    ).

    ‍[17]    ;

  6. la ampliación de derechos políticos para los connacionales en el extranjero en las elecciones presidenciales o legislativas para facilitar el ejercicio pleno de los derechos políticos y la extensión de la ciudadanía para las personas que han migrado, como hizo Guatemala (2016)‍

    Entre 1978 y 2015 dicieséis países introdujeron la posibilidad de que los ciudadanos voten desde el exterior, en diferentes modalidades y características. Perú (1979), Honduras (1982, 2001), Brasil (1988), Argentina (1991), Venezuela (1993), República Dominicana (1997), Nicaragua (2000), Honduras (2001), Ecuador (2002), México (1996, 2005, 2014), Panamá (2006), Bolivia (2009), Paraguay (2011), Costa Rica (2013), El Salvador (2013) y Guatemala (2016) permiten el voto de sus ciudadanos en el extranjero (

    Observatorio de Reformas políticas en América Latina (#ObservatorioREFPOL) (1978-2018). Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Organización de los Estados Americanos (OEA). Disponible en: reformaspoliticas.org

    #ObservatorioREFPOL, 1978-‍2018    ).

    ‍[18]    .

4. Los patrones de ritmo reformista[Subir]

La resistencia al cambio o la tendencia a la modificación recurrente de las reglas de juego son dos polos de un continuo que tensiona al sistema político. Ningún extremo es saludable para un sistema político: ni la pasividad extrema (que evidencia el conservadurismo y la rigidez) ni el recurrente cambio de reglas. Los/as políticos/as han recurrido a las reglas electorales para generar certidumbre en los procesos políticos en algunas ocasiones, haciendo que esta rigidez no permita incluir temas, visiones y actores que no están representados en el sistema político (como las mujeres, la agenda de género, los indígenas, los afros o las diásporas). Al mismo tiempo, el constante cambio de las reglas puede generar una fuerte incertidumbre sobre los procesos políticos, rotando así de manera intensiva los incentivos que promueven o restringen los comportamientos de los actores políticos.

La investigación realizada permite identificar el activismo reformista de la región entre sistemas políticos metafóricamente denominados como hiperactivos, moderados y pasivos ( ‍Freidenberg, F. y Došek, T. (2016a). Las reformas electorales en América Latina: hacia una conceptualización más amplia. En F. Tuesta Soldevilla (ed.). Representación política en América Latina. Lima: Jurado Nacional de Elecciones.Freidenberg y Došek, 2016a). La evaluación del periodo 1978-‍2015 dio cuenta de 242 cambios en las diferentes dimensiones del sistema electoral y las reglas que regulan la competencia partidista y la selección de candidaturas de los partidos en dieciocho países (tabla 3). En este nuevo período puede evidenciarse una continuidad de los países en la clasificación propuesta en el período anterior. Los sistemas hiperactivos han realizado veinte o más reformas en el periodo analizado: Ecuador (38), Perú (24), México (24), agregándose en este período República Dominicana (20). Los sistemas moderados han promulgado entre seis y diecinueve reformas. En esta categoría se encuentra la mayoría de los países latinoamericanos. Los sistemas pasivos han aprobado solo cinco o menos reformas, aunque algunas de ellas puedan ser consideradas como cuasi refundacionales. Pese a que hayan sido pocas y realizadas todas de una vez, fueron al corazón del sistema (como en Uruguay y Paraguay, que continúan en este período siendo los países menos reformistas).

Si bien el número de reformas electorales realizadas en América Latina parece disminuir en los últimos años (gráfico 4), no deja de ser un dato relevante que entre 2015 y 2018 se hayan llevado a cabo veintitrés reformas en diez países, lo cual permite constatar el activismo reformista de la región y la latente preocupación por mejorar la calidad de las democracias mediante el rediseño de las reglas electorales.

Tabla 3.

Constituciones y reformas electorales en América Latina (1978-‍2018)

Sistema político N.º de Constituciones vigentes desde 1978 Reformas electorales realizadas en diferentes dimensiones desde 1978 N.º de reformas electorales desde 1978
Argentina 2 1983 (1), 1991 (2), 1994 (6), 2002 (1), 2005 (1), 2009 (1), 2017 (1) 13
Bolivia 2 1994 (5), 1996 (1), 1997 (1), 1999 (1), 2009 (6), 2010 (1) 15
Brasil 2 1985(1), 1988 (2), 1994 (2), 1995 (1), 1997 (2), 2003 (1), 2009 (1) 10
Chile 2 1989 (1), 1994 (2), 2005 (5), 2011 (1), 2015 (6) 15
Colombia 2 1991 (2), 1994 (3), 2003 (2), 2005 (1), 2011 (1), 2015 (1), 2016 (1) 11
Costa Rica 1 1990 (1), 1996 (1), 1998 (3), 2003 (1), 2009 (2), 2013 (1), 2016 (1) 10
Ecuador 3 1983 (3), 1984 (2), 1985 (1), 1986 (1), 1994 (2), 1996 (3), 1998 (7), 2000 (3), 2002 (3), 2003 (1), 2004 (1), 2006 (1), 2008 (2), 2009 (4), 2012 (2), 2015 (1), 2018 (1) 38
El Salvador 1 1983 (2),1988 (2), 2011 (1), 2013 (3), 2014 (2) 10
Guatemala 1 1990 (3), 1994 (3), 2002 (2), 2004 (1), 2016 (2) 11
Honduras 3 1985 (4), 1988 (3), 1989 (1), 2000 (1), 2001 (1), 2004 (3), 2012 (1), 2015 (1), 2016(1)‍

En Honduras, la reforma electoral de 2012 estableció que a partir de 2016 se aplicara la paridad de género en la integración de las candidaturas.

‍[*]		 16
México 1 1977 (5), 1986 (4), 1987 (1), 1993 (1), 1996 (5), 2005 (1), 2008 (1), 2014 (5), 2017 (1) 24
Nicaragua 4 1995 (7), 2000 (4), 2010 (1), 2012 (4), 2014 (2) 18
Panamá 2 1983 (1), 1997 (2), 1998 (1), 2002 (2), 2004 (3), 2006 (2) 11
Paraguay 2 1992 (2), 1996 (2), 2011 (1) 5
Perú 2 1979 (3), 1980 (3), 1984 (2), 1993 (3), 1997 (1), 2000 (4), 2003 (1), 2004 (3), 2009 (4) 24
República Dominicana 4 1994 (4), 1997 (2), 2000 (1), 2002 (2), 2004 (1), 2010 (8), 2015 (1), 2018 (1) 20
Uruguay 1 1996 (4), 2009 (1) 5
Venezuela 2 1993 (1), 1998(1), 1999 (5), 2007 (1), 2009 (1), 2015 (1) 10
Total 39 265
[*]

En Honduras, la reforma electoral de 2012 estableció que a partir de 2016 se aplicara la paridad de género en la integración de las candidaturas.

Fuente: Freidenberg y Došek ( ‍Freidenberg, F. y Došek, T. (2016a). Las reformas electorales en América Latina: hacia una conceptualización más amplia. En F. Tuesta Soldevilla (ed.). Representación política en América Latina. Lima: Jurado Nacional de Elecciones.2016a); #ObservatorioREFPOL ( ‍Observatorio de Reformas políticas en América Latina (#ObservatorioREFPOL) (1978-2018). Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Organización de los Estados Americanos (OEA). Disponible en: reformaspoliticas.org1978-2018).

V. CONCLUSIONES[Subir]

La evaluación de las reformas analizadas muestra que las contradicciones generadas en estos procesos reformistas, que habían caminado hacia polos opuestos en términos de representación y gobernabilidad ( ‍Freidenberg, F. y Došek, T. (2016a). Las reformas electorales en América Latina: hacia una conceptualización más amplia. En F. Tuesta Soldevilla (ed.). Representación política en América Latina. Lima: Jurado Nacional de Elecciones.Freidenberg y Došek, 2016a;  ‍Negretto, G. (2010). La reforma política en América Latina. Reglas electorales y distribución de poder entre Presidente y Congreso. Desarrollo Económico, 50 (198), 197-221.Negretto, 2010;  ‍Marenco, A. (2009). Reformas electorales en América Latina: condiciones y resultados de los cambios en las reglas de la competencia. En A. Fontaine, C. Larroulet, J. Navarrete y I. Walker (eds.). Reforma del sistema electoral chileno. Santiago: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo; CEP; Libertad y Desarrollo; Proyectamérica y CIEPLAN.Marenco, 2009) se mantienen. Del mismo modo que ocurrió con la elaboración de la base de datos original que dio sustento a este estudio en 2012, el ritmo reformista ha sido una constante. Las reformas se han sucedido de manera intensa en los países de la región entre 1978 y 2015, y esto se ha mantenido entre 2015 y 2018 con veintitrés nuevas reformas en diez países de América Latina. Esto da cuenta del modo en que las élites conciben la relevancia del cambio institucional como una vía de transformación del orden político.

La actualización de los datos para esta investigación ha permitido reconfirmar que algunas de las reformas realizadas en los últimos tres años se han focalizado en corregir los efectos no esperados de los cambios institucionales previos. Los casos de Costa Rica y México respecto a la introducción de medidas de acción afirmativa que refuerzan la reforma realizada hacia la paridad por la incorporación de la paridad horizontal y el encabezamiento de listas son ejemplo de ello. También la investigación permite sostener que los procesos han sido impulsados por las élites de los partidos políticos sin la participación activa de la ciudadanía. La mayoría de los países han generado procesos elitistas sin que incluyeran de manera directa las opiniones de la mayoría de la ciudadanía en el diagnóstico, la elaboración e implementación de las reformas.

El estudio también evidencia que los ritmos de reforma en los países de la región mantienen la misma dinámica que se ha identificado en investigaciones previas. Los datos muestran que México, Perú y Ecuador continúan siendo sistemas hiperactivos y, tras el análisis de las nuevas reformas, se suma República Dominicana en esta clase. También resulta evidente que la actual agenda reformista carece de propuestas innovadoras (de nuevas temas, enfoques y estrategias) que permitan vislumbrar nuevos caminos para el fortalecimiento de la democracia en la región.

El nivel de activismo reformista no está asociado al nivel de institucionalización de los partidos políticos ( ‍Freidenberg, F. y Došek, T. (2016a). Las reformas electorales en América Latina: hacia una conceptualización más amplia. En F. Tuesta Soldevilla (ed.). Representación política en América Latina. Lima: Jurado Nacional de Elecciones.Freidenberg y Došek, 2016a). Por un lado, países con baja institucionalización de las organizaciones partidistas, como Perú y Ecuador, muestran un alto nivel reformista mientras que un país como Guatemala, con los partidos menos institucionalizados de la región ( ‍Jones, M. P. (2010). Beyond the Electoral Connection: Political Parties’ Effect on the Policymaking Process. En C. Scartascini, E. Stein y M. Tommasi (eds.). How Democracy Works: Political Institutions, Actors and Arenas in Latin American Policymaking (pp. 19-46). Cambridge: Inter-American Development Bank; Harvard University Press.Jones 2010), evidencia un reformismo limitado. Por otro lado, Uruguay —con partidos políticos muy institucionalizados— tiene menores niveles de activismo reformista, mientras que México —con organizaciones partidistas bastante institucionalizadas (ibid.)— tiene niveles de reformismo tan altos como Perú, que es uno de los casos de hiperactivismo reformista. Tampoco parecen asociados a los niveles de calidad de la democracia. Los casos con pocas reformas (Uruguay, por un lado, y Paraguay, por el otro) tienen niveles de desarrollo institucional y calidad de la democracia muy disímiles, por lo que no puede asociarse unas variables con otras.

Este artículo deja abierto el camino hacia una amplia agenda. Si bien en esta investigación se hizo un esfuerzo por conocer de manera comparada y diacrónica el ritmo, el origen y las tendencias reformistas de las 265 modificaciones a las reglas electorales realizadas en dieciocho países de América Latina en dos periodos de estudio (1978-‍2015 y 2015-‍2018), aún hace falta mayor indagación acerca de las causas de los procesos de reforma político-electoral. En futuras investigaciones se buscará incorporar análisis multivariados que incluyan de manera sistemática diferentes explicaciones (temporales, organizativas e institucionales) con miras a entender el nivel de reformismo institucional en los países de la región.

Finalmente, este estudio da cuenta de cómo diferentes niveles de reformismo se encuentran más relacionados con los intereses (de corto plazo) de los actores políticos, las coyunturas políticas en los respectivos países y los patrones de difusión de las reformas en la región. Estos hallazgos abonan la hipótesis de que las dirigencias partidistas confían más en cambiar las reglas que en aceptarlas y cumplirlas como un modo de generación de consensos políticos. Estas creencias que fomentan comportamientos reformistas dan cuenta de los desafíos que aún tienen los sistemas políticos de la región.

NOTAS[Subir]

[1]

Los autores agradecen los valiosos comentarios de los evaluadores anónimos a la versión anterior de este trabajo.

[2]

La literatura ha utilizado también los términos de leyes electorales, reglas electorales, regulaciones electorales o régimen electoral como categorías más amplias.

[3]

Tsebelis ( ‍Tsebelis, G. (1990). Veto Players. Princeton N. J.: Princeton University Press.1990: 111) describe precisamente dichas reglas electorales como instituciones redistributivas que pueden preservar «los intereses de la coalición dominante» o, en su caso, «crear una nueva mayoría compuesta de perdedores y ganadores anteriores».

[4]

Las explicaciones de los procesos de cambio pueden sistematizarse en dos posturas: por un lado, por los cálculos de las élites (elección racional) ( ‍Boix, C. (1999). Setting the Rules of the Game: «The Choice of Electoral Systems in Advanced Democracies». The American Political Science Review, 93 (3), 609-624. Disponible en: https://doi.org/10.2307/2585577Boix, 1999;  ‍Benoit, K. (2004). Models of electoral system change. Electoral Studies, 23 (3), 363-389. Disponible en: https://doi.org/10.1016/S0261-3794(03)00020-9Benoit, 2004 y  ‍Benoit, K. (2007). Electoral Laws as Political Consequences: Explaining the Origins and Change of Electoral Institutions. Annual Review of Political Science, 10, 363-390. Disponible en: https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.10.072805.1016082007;  ‍Geddes, B. (1991). A Game Theoretic Model of Reform in Latin American Democracies. American Political Science Review, 85 (2), 371-392. Disponible en: https://doi.org/10.2307/1963165Geddes, 1991) y, por otro, razones relacionadas con la cultura política, el descontento de la ciudadanía con la legitimidad del régimen ( ‍Norris, P. (2011). Cultural explanations of electoral reform: A policy cycle model. West European Politics, 34 (3), 531-550. Disponible en: https://doi.org/10.1080/01402382.2011.555982Norris, 2011;  ‍Katz, R. (2005). Why are there so many (or so few) electoral reforms? En M. Gallagher y P. Mitchell (eds). The Politics of Electoral Systems (pp. 57-76). Oxford: Oxford University Press. Disponible en: https://doi.org/10.1093/0199257566.003.0003Katz, 2005;  ‍Weir, S. (1992). Waiting for Change: Public Opinion and Electoral Reform. Political Quarterly, 63 (2), 197-219. Disponible en: https://doi.org/10.1111/j.1467-923X.1992.tb00894.xWeir, 1992).

[5]

Como por ejemplo que se puedan prever posibles cambios en las tendencias demográficas, en los realineamientos del voto, en la presión de sectores políticamente excluidos, en transformaciones en la opinión de la población respecto a lo mal que funciona el sistema político. También puede deberse a la difusión internacional de las reglas, promovidas desde la cooperación internacional, las agencias intergubernamentales o, finalmente, por la emergencia de nuevos partidos que podrían ser una desventaja para sus intereses.

[6]

Lijphart ( ‍Lijphart, A. (1995). Sistemas electorales y sistemas de partidos. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.1995) apunta que las dimensiones más importantes de los sistemas electorales son: la fórmula electoral y la magnitud de los distritos. La fórmula electoral permite clasificar cada caso como mayoritario, proporcional o mixto, mientras que la magnitud de los distritos alude al número de candidatos que se eligen en una misma circuscripción. Las circunscripciones se pueden clasificar en uninominales, en donde se elige un solo candidato, y plurinominales, en donde se eligen dos o más candidatos. Además, el autor señala otros dos componentes igualmente importantes para la definición de los sistemas electorales: por un lado, el umbral electoral o, lo que es lo mismo, el mínimo de apoyo que un partido necesita para obtener personería jurídica y aspirar a algún cargo de elección popular; y, por otro lado, el tamaño de las cámaras legislativas.

[7]

En Guatemala, además del voto en el extranjero, se prohibió el voto en tránsito o voto golondrina (art. 13, para garantizar la Libertad de voto); se reguló el modo en que se seleccionan las candidaturas para dirigir los órganos internos de los partidos (art. 13) y diferentes elementos organizativos de los partidos y de los comités (diversos artículos); se dio la introducción de mecanismos de democracia participativa para incidir en las políticas públicas (art, 15 bis); se reguló la fiscalización de los gastos de los partidos (art. 19); también el financiamiento de actividades ordinarias de los partidos (art. 21 y 21 bis) y algunas dinámicas organizativas del Tribunal Supremo Electoral (diversos artículos) Ver: Decreto 262016 que modifica el Decreto 1-‍85 de la Asamblea Nacional Constituyente, la Ley Electoral y la Ley de Partidos de Guatemala http://www.tse.org.gt/images/descargas/decreto262016.pdf. Esas reformas no se tienen en cuenta dado que no forman parte del núcleo de dimensiones sustantivas que se consideran en esta investigación como parte de las reformas a analizar.

[8]

15 países de la región aprobaron nuevas Constituciones en el periodo analizado. Salvo México, Panamá, Uruguay y Costa Rica, el resto aprobó al menos una nueva Constitución desde la reinstauración democrática (ya sea en el momento inicial o durante el momento democrático actual). Algunos países, como Ecuador, incluso tuvieron tres diferentes en este periodo; esto ha supuesto una gran reforma constitucional cada diez años (1978, 1998 y 2008), además de múltiples reformas electorales legislativas con validez constitucional (como la de 1995 o la del 2010), que fueron poniendo «parches» a los textos constitucionales. Se realizaron nuevas Constituciones en Colombia, en 1991; Paraguay, en 1992; Perú, en 1993 y en el 2005; Venezuela, en 1999; Ecuador, en 1978, 1998 y en el 2008, más la reforma de 1995; en Chile, en el 2005; en Bolivia, en el 2009; en República Dominicana, en el 2010. También se han realizado cambios significativos a esas Constituciones sin generar un nuevo texto en Uruguay (1996) y México (2014), o por medio de una Asamblea Constituyente especialmente convocada para esa tarea, como en Argentina (1994), Venezuela (1999), Ecuador (1998 y 2008 ) y Bolivia (2009) ( ‍Freidenberg, F. y Došek, T. (2016a). Las reformas electorales en América Latina: hacia una conceptualización más amplia. En F. Tuesta Soldevilla (ed.). Representación política en América Latina. Lima: Jurado Nacional de Elecciones.Freidenberg y Došek, 2016a).

[9]

Según la interpretación del Tribunal Supremo de Elecciones: «Se modifica parcialmente la jurisprudencia de este Tribunal en torno a la paridad y la alternancia y se interpretan oficiosamente los artículos 2, 52 incisos ñ) y o) y 148 del Código Electoral, en el sentido de que la paridad de las nóminas a candidatos a diputados no solo obliga a los partidos a integrar cada lista provincial con un 50 % de cada sexo (colocados en forma alterna), sino también a que esa proporción se respete en los encabezamientos de las listas provinciales que cada agrupación postule. Los partidos políticos deberán definir, en su normativa interna, los mecanismos que den cumplimiento a este régimen paritario. No obstante, en caso de que se presenten nóminas de candidatos que incumplan este requerimiento, por la razón que sea, el Registro Electoral, previo sorteo de rigor, realizará los reordenamientos que resulten necesarios en esas nóminas». Disponible en: http://bit.ly/2Twc7WR.

[10]

Panamá es el único país que contempla legalmente la evaluación del sistema electoral cada vez que pasa una elección y en ese proceso la ciudadanía participa en cabildos organizados por el Tribunal Electoral ( ‍Brown Araúz, H. (2009). La política de la reforma electoral en Panamá. En H. Brown Araúz (ed.). Reformas Electorales en Panamá. Claves de desarrollo humano para la toma de decisiones (pp. 13-70). Ciudad de Panamá: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo; Tribunal Electoral de Panamá.Brown Araúz, 2009). Asimismo, en Ecuador y en Uruguay la ciudadanía suele ser consultada para que acepte o no las propuestas de reformas.

[11]

Otra excepción es Colombia, que realizó una consulta a la ciudadanía sobre diversos temas para la lucha anticorrupción, pero la misma no fue exitosa al no conseguir la participación del 33 % del padrón que era requerido para que tuviera validez.

[12]

BBC (24-‍4-2015), «Aprueban la reelección presidencial en Honduras». Disponible en: https://bbc.in/2KwZ6cG.

[13]

Entre 1978 y 2015 las reformas a favor del voto preferencial o la lista no bloqueada se dieron en ocho países como Panamá (1983), Perú (1979, 2000, 2009), Colombia (1994), Ecuador (1998), Brasil (1996, 2003), Honduras (2004), República Dominicana (2010) y El Salvador (2011) ( ‍Observatorio de Reformas políticas en América Latina (#ObservatorioREFPOL) (1978-2018). Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Organización de los Estados Americanos (OEA). Disponible en: reformaspoliticas.org#ObservatorioREFPOL, 1978-‍2018).

[14]

Entre 1978 y 2015 en trece países se regularon los mecanismos de selección de candidaturas, haciendo que el Estado obligara a los partidos a seleccionar las candidaturas con la participación de los militantes o ciudadanos, con la pretensión de hacerlos internamente más democráticos ( ‍Observatorio de Reformas políticas en América Latina (#ObservatorioREFPOL) (1978-2018). Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Organización de los Estados Americanos (OEA). Disponible en: reformaspoliticas.org#ObservatorioREFPOL, 1978-‍2018).

[15]

Entre 1978 y 2015 se llevaron cabo reformas en diecisiete países de la región para obligar a los partidos a ubicar mujeres en las candidaturas a cargos de elección popular ( ‍Observatorio de Reformas políticas en América Latina (#ObservatorioREFPOL) (1978-2018). Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Organización de los Estados Americanos (OEA). Disponible en: reformaspoliticas.org#ObservatorioREFPOL, 1978-‍2018).

[16]

Entre 1978 y 2015 las reformas respecto al tamaño de la Cámara se realizaron en Argentina (1994), Bolivia (2009), Chile (2005), Costa Rica (1998), Ecuador (1983, 1994, 1996, 1998, 2000, 2009), El Salvador (1988), Guatemala (1990, 1994, 2002), Honduras (1985, 1988), México (1993, 1997), Nicaragua (1995, 2012), Perú (1980, 2004, 2009), República Dominicana (2010) y Venezuela (2007).

[17]

Entre 1978 y 2015 la mayoría de países buscó incorporar la fórmula D’Hondt (Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela), que es menos proporcional y favorece a los partidos más grandes. El caso de Ecuador destaca, ya que la fórmula electoral fue cambiada en seis oportunidades entre 1978 y 2009, lo que da cuenta de la dificultad de las élites partidistas para acordar una fórmula consensuada por todos los partidos políticos y, como consecuencia, la imposibilidad de aprendizaje de los actores políticos ( ‍Observatorio de Reformas políticas en América Latina (#ObservatorioREFPOL) (1978-2018). Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Organización de los Estados Americanos (OEA). Disponible en: reformaspoliticas.org#ObservatorioREFPOL, 1978-‍2018).

[18]

Entre 1978 y 2015 dicieséis países introdujeron la posibilidad de que los ciudadanos voten desde el exterior, en diferentes modalidades y características. Perú (1979), Honduras (1982, 2001), Brasil (1988), Argentina (1991), Venezuela (1993), República Dominicana (1997), Nicaragua (2000), Honduras (2001), Ecuador (2002), México (1996, 2005, 2014), Panamá (2006), Bolivia (2009), Paraguay (2011), Costa Rica (2013), El Salvador (2013) y Guatemala (2016) permiten el voto de sus ciudadanos en el extranjero ( ‍Observatorio de Reformas políticas en América Latina (#ObservatorioREFPOL) (1978-2018). Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Organización de los Estados Americanos (OEA). Disponible en: reformaspoliticas.org#ObservatorioREFPOL, 1978-‍2018).

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Anexo 1. El ritmo y el contenido de las reformas electorales en América Latina (1978-‍2018)[Subir]

País Constituciones vigentes desde 1978 Año y número de reformas electorales Número de reformas‍

Las reformas se cuentan en función del número de cambios realizados en las dimensiones en cada año.

‍[*] 		Reformas elección Ejecutivo Reformas elección Legislativo (diputados + senadores) Tipo elección Selección candidaturas Ley de cuotas‍

En el caso de la ley de cuotas, esta tabla sólo refleja los cambios en el porcentaje de cuotas de mujeres en listas de candidaturas.

El Salvador, 2013: se reformaron los mecanismos de selección de candidatos. El artículo 37 de la Ley de Partidos dejó abierto que los partidos deben regirse según las normas de democracia interna de los estatutos. Este artículo fue declarado inconstitucional y se ordenó que se regulara la democracia interna para las próximas elecciones del 2018.

Bolivia, 2009: se aprueba la revocatoria de mandato presidencial.

Chile, 1988: regula acceso a medios de comunicación y periodo de campaña electoral.

Costa Rica, 1997: financiamiento a los partidos políticos.

Ecuador, 2008: se aprueba la revocatoria de mandato presidencial.

Honduras, 1982, 2004: reformas al financiamiento; 2011: revocatoria de mandato legislativa.

Panamá, 2002: se aprueba la revocatoria de mandato presidencial; 2010 y 2013: cambian condiciones para la revocatoria de mandato legislativa.

Perú 1994, 2004, 2005 y 2009: revocatoria de mandato legislativo; 2000: revocatoria de mandato presidencial.

Uruguay, 1998: campañas electorales y acceso gratuito a partidos con representación parlamentaria a los medios de comunicación.

Venezuela, 1999: revocatoria de mandato presidencial; financiamiento y revocatoria de mandato legislativo (2007, cambio número de firmas).

‍[**] 		Voto extranjero
Fórmula electoral Mandato Reelección Fórmula electoral Distritos Mandato Estructura voto Reelección Barrera legal C/NC
Argentina 1853
(reforma 1994) 		1983 (1), 1991 (2), 1994 (6), 2002 (1), 2005 (1), 2009 (1), 2017 (1) 13 1994 1994 1994 1994 (d)
1994 (s) 		1994 1983 2002
2005
2009 		1991 (30 %)
2017 (50 %) 		1991
Bolivia 1967, 2009
(reformas 1994, 1995, 2002, 2004, 2005) 		1994 (4), 1996 (1), 1997 (1), 1999 (1), 2009 (6), 2010 (1) 14 2009 1994 2009 2009 (s+d) 1994 (d)
2009 (s)
2009 (d) 		1994 (d) 1994 (d)
2009 (s) 		1996 (d) 1997 (30 %)
1999 (30 %)
2010 (50 %) 		2009
Brasil 1969, 1988
(reformas 2005) 		1985 (1), 1988 (2), 1994 (2), 1995 (1), 1997 (2), 2003 (1), 2009 (1) 10 1985
1988 		1994 1997 2003 1994 1995 (20 %)
1997 (30 %)
2009 (30 %) 		1988
Chile 1925
1980 (2005) 		1989 (1), 1994 (2), 2005 (5), 2011 (1), 2015 (4) 13 1989
1994
2005 		2005 (s)
2015 (s) 		2005 (s)
2015 		2015 (d) 2005 (s) 1994
2005 		2012 2015 (40 %)
Colombia 1886
1991 (2005) 		1991 (2), 1994 (3), 2003 (2), 2005 (1), 2011 (1), 2015 (2), 2016 (1) 12 1991 1991 2005
2015 		1994 (d)
2003 (s) 		2015 (s+d)
2016 (s+d) 		1994 (d) 2003 (d) 1994 2011 (30 %) [1961]
Costa Rica 1949 1990 (1), 1996 (1), 1998 (2), 2003 (1), 2009 (2), 2013 (1) 8 2003 1998 1998 2009 1990 (30 %)
1996 (40 %)
2009 (50 %) 		2013
Ecuador 1978 (1996)
1998 2008 		1983 (2), 1984 (2), 1985 (1), 1986 (1), 1994 (1), 1996 (2), 1998 (6), 2000 (2), 2002 (3), 2003 (1), 2004 (1), 2006 (1), 2008 (2), 2009 (3), 2012 (1), 2015 (1), 2018 (1) 31 2002 1984 1998
2008
2015
2018 		1985
1986
1998
2003
2006
2009 		1983
1994
1996
1998
2000
2009
2012 		1983
1998 		1998 1996 1984 1998 2008 2000 (30 %)
2002 (35 %)
2004 (40 %)
2009 (50 %) 		2002
El Salvador 1983 1983 (2), 1988 (1), 2011 (1), 2013 (3), 2014 (2) 9 1983 1983
2014 		1988 2011
2014 		2013‍

Las reformas se cuentan en función del número de cambios realizados en las dimensiones en cada año.

‍[*]		 2013 (30 %) 2013
Guatemala 1985 (1993) 1990 (2), 1994 (2), 2002 (1), 2016 (1) 6 1990
1994
2002 		1990
1994 		2016
Honduras 1957, 1965, 1982 (1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 2002, 2003, 2004, 2005) 1985 (3), 1988 (2), 1989 (1), 2000 (1), 2001 (1), 2004 (3), 2012 (1), 2015 (1), 2016 (1) 14 1985
1989 		2015 1985
1988 		1988
2004 		1985
2004 		2000 (30 %)
2004 (30 %)
2012 (40 %)
2016 (50 %) 		2001
México 1917 (2014) 1977 (4), 1986 (3), 1987 (1), 1993 (1), 1996 (5), 2005 (1), 2008 (1), 2014 (5) 21 1977 (d)
1986 (s)
1996 (s) 		1977 (d)
1986 (s)
1987 (d)
1993 (s) 		1986 (s) 1977 (d) 2014 (d)
2014 (s) 		1977 (d)
1996 (d) 1996 (s) 		2014 1996 (30 %)
2008 (40 %)
2014 (50 %) 		1996
2005
2014
Nicaragua 1974, 1979, 1987, 2000
(1990, 1995, 2004,2005, 2008, 2014) 		1995 (6), 2000 (4), 2010 (1), 2012 (3), 2014 (2) 16 1995
2000
2014 		1995 1995
2010
2014 		1995
2000
2012 		1995
2012 		1995 2000 2012 (50 %) 2000
Panamá 1972, 1983
(1994, 2004, 1978, 1993) 		1983 (1), 1997 (2), 1998 (1), 2002 (2), 2004 (3), 2006 (2) 11 1983
1998
2002 		2004 2004 2004 1997
2002
2006 		1997 (30 %) 2006
Paraguay 1967, 1992 1992 (2), 1996 (2), 2011 (1) 5 1992 1992 1996 1996 (20 %) 2011
Perú 1979
1993
(2005) 		1979 (3), 1980 (2), 1984 (2), 1993 (3), 1997 (1), 2000 (4), 2003 (1), 2004 (2), 2009 (3) 21 1979 1979 1993
2000 		1980
1984
1993
2000
2004
2009 		1980
1984
1993
2000
2009 		2004 2003
2009 		1997 (25 %)
2000 (30 %) 		1979
República Dominicana 1966
1994
1999
2002
2010 		1994 (4), 1997 (2), 2000 (1), 2002 (2), 2004 (1), 2010 (7), 2018 (1) 18 1994
2002
2010 		1994
2002
2010 		2010 2010 2010 2010 1994
2010 		1994
2004 		1997 (25 %)
2000 (33 %)
2018 (40 %) 		1997
Uruguay 1967
(1997, 2004) 		1996 (4), 2009 (1) 5 1996 1996 1996 1996 2009 (33 %), desde 2014, por una vez)
Venezuela 1961
1999 		1993 (1), 1999 (5), 2007 (1), 2009 (1), 2015 (1) 9 1999 1999
2009 		1999
2007 		1999 1999 2015 (50 %) 1993

Notas:

[*]

Las reformas se cuentan en función del número de cambios realizados en las dimensiones en cada año.

[**]

En el caso de la ley de cuotas, esta tabla sólo refleja los cambios en el porcentaje de cuotas de mujeres en listas de candidaturas.

El Salvador, 2013: se reformaron los mecanismos de selección de candidatos. El artículo 37 de la Ley de Partidos dejó abierto que los partidos deben regirse según las normas de democracia interna de los estatutos. Este artículo fue declarado inconstitucional y se ordenó que se regulara la democracia interna para las próximas elecciones del 2018.

Bolivia, 2009: se aprueba la revocatoria de mandato presidencial.

Chile, 1988: regula acceso a medios de comunicación y periodo de campaña electoral.

Costa Rica, 1997: financiamiento a los partidos políticos.

Ecuador, 2008: se aprueba la revocatoria de mandato presidencial.

Honduras, 1982, 2004: reformas al financiamiento; 2011: revocatoria de mandato legislativa.

Panamá, 2002: se aprueba la revocatoria de mandato presidencial; 2010 y 2013: cambian condiciones para la revocatoria de mandato legislativa.

Perú 1994, 2004, 2005 y 2009: revocatoria de mandato legislativo; 2000: revocatoria de mandato presidencial.

Uruguay, 1998: campañas electorales y acceso gratuito a partidos con representación parlamentaria a los medios de comunicación.

Venezuela, 1999: revocatoria de mandato presidencial; financiamiento y revocatoria de mandato legislativo (2007, cambio número de firmas).

Fuente: #ObservatorioREFPOL ( ‍Observatorio de Reformas políticas en América Latina (#ObservatorioREFPOL) (1978-2018). Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Organización de los Estados Americanos (OEA). Disponible en: reformaspoliticas.org1978-2018). Fecha de actualización: 17 de agosto del 2018.