Esta obra aborda el sistema judicial de la Unión Europea (UE) y el de protección de los derechos humanos del Consejo de Europa. El título, Derecho procesal europeo, abarca este doble contenido. No obstante, gravita en favor del de la UE, con veinte capítulos frente a dos. Por otro lado, el estudio de ambos sistemas va más allá de lo puramente procesal y alcanza la aplicación del derecho de la Unión en los derechos internos (capítulo II) y el sistema de protección de los derechos humanos del Consejo de Europa (capítulo XXI). Con este tratamiento, sirve a su objetivo declarado (p. 34) de constituirse al tiempo en instrumento de consulta para juristas nacionales en ejercicio y manual para juristas en formación.

El estudio del sistema de la UE es realizado por especialistas con experiencia directa y destacada, presente o pasada, en o ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). La mera mención de sus cargos avala tal experiencia. El sistema del Consejo de Europa es analizado por abogados en ejercicio, de los que quizá se habría podido facilitar información profesional adicional para completar su perfil.

El Prólogo es de Koen Lenaerts, presidente del Tribunal de Justicia (TJ) y, por tanto, un verdadero lujo. La Presentación corre a cargo de Juan Ignacio Signes de Mesa, director de la obra, que la introduce de manera sugerente.

El manual se organiza en capítulos. Los dos primeros se consagran a los jueces y tribunales de la UE. El capítulo I es obra de Juan Ignacio Signes de Mesa, letrado del Tribunal General (TG) y director de la Academia de Práctica Jurídica Europea. Analiza el TJ y el TG por separado (composición, etc.), y finalmente los tribunales especializados, aludiendo al único que ha existido (Tribunal de la Función Pública). La presentación del capítulo es clara, sin concesiones a la casuística o a consideraciones críticas. El capítulo II ha sido elaborado por Manuel López Escudero, letrado del TJ y catedrático de Derecho Internacional Público y Derecho de la UE. Se ocupa del juez nacional como juez, de la UE y de los principios que regulan su actuación como tal (primacía, etc.). Lo aborda con un equilibrado apoyo en la jurisprudencia clásica del TJUE y, cuando procede, en sus sentencias más recientes. También trata la evolución del Tribunal Constitucional en relación con el principio de primacía. El capítulo II podría haberse seguido con los relativos a la cuestión prejudicial, y más teniendo en cuenta que en los mismos se abordan elementos procesales nacionales. Sin embargo, antes de ello, se incluye un capítulo III sobre la representación y defensa en los procedimientos ante los tribunales de la UE, obra de Andrea Gavela, antigua miembro de la Abogacía del Estado ante el TJUE. Su contenido, en el que además se hace una especial referencia a la representación y defensa del Reino de España, es muy completo y de un gran interés práctico. A continuación, dos capítulos sobre cuestiones prejudiciales. El capítulo IV es firmado por Sara Iglesias y Cristian Oro, ambos letrados del TJ. Sin renunciar a la claridad, es una elaborada presentación, a partir de la jurisprudencia del TJ, sobre el juez nacional en este contexto y sobre las cuestiones prejudiciales. El capítulo V es obra de Miguel Sampol, entonces abogado del Estado-jefe de la Abogacía del Estado ante el TJUE y actualmente juez del TG. Ofrece un detallado y oportuno análisis de las cuestiones prejudiciales desde la perspectiva procesal española y aborda, entre otros, el tema de la eventual concurrencia entre las cuestiones prejudicial y de inconstitucionalidad.

Los once capítulos siguientes analizan los diversos recursos y acciones siguiendo un orden que no siempre resulta evidente. Son capítulos en sí mismos muy bien estructurados y construidos tomando como base la abundante jurisprudencia del TJUE existente al respecto. En primer lugar, cinco capítulos (VI-X) consagrados a los recursos directos contra las instituciones de la UE (anulación, omisión, responsabilidad) y un incidente procesal que procura tutela judicial a quienes legalmente no han podido presentar recurso de anulación (excepción de ilegalidad). El capítulo VI, de Martin Martínez, letrado del TG, se ocupa de la admisibilidad del recurso de anulación a través de la determinación de los actos impugnables, la legitimación e interés de las partes —tan importante en relación con los recursos presentados por particulares— y el plazo. El capítulo VII, también relativo al recurso de anulación, ha sido elaborado por Fernando Castillo, director/consejero principal del Servicio Jurídico de la Comisión Europea y antiguo letrado del TJ. Aborda los motivos de anulación, la intensidad del control judicial y los efectos y contenido de la sentencia. El capítulo VIII es obra de Francisco Hazas, antiguo magistrado nacional adscrito al TJ. Estudia la naturaleza jurídica y regulación de la excepción de ilegalidad, y también los procedimientos en que puede ser invocada, con una especial referencia a la cuestión prejudicial. El capítulo IX, firmado por Carlos Urraca, miembro del Servicio Jurídico de la Comisión Europea y antiguo letrado del TG, se dedica al recurso por omisión. Analiza tanto la inacción cuya ilegalidad fundamenta el recurso como el procedimiento ante los tribunales de la Unión. El capítulo X, de Antonio La Pérgola, letrado del TG, se ocupa de la acción de responsabilidad extracontractual. Estudia la competencia judicial, la admisibilidad de la acción y las condiciones para su ejercicio, y la responsabilidad de los agentes respecto a la UE. En segundo lugar, dos capítulos (XI-XII) relativos a los litigios en que la competencia del TJUE es expresión de la voluntad de las partes (cláusula compromisoria) o atribuida en un reglamento (sanciones). El capítulo XI, de Nicolas Triart, letrado del TG, aborda las cláusulas compromisorias contenidas en contratos celebrados por la UE. Se detiene en la cuestión de la competencia del TJUE, distingue entre ley procesal y ley sustantiva aplicable, y no olvida aludir a los motivos, argumentos y pruebas invocados por las partes. El capítulo XII, de Cani Fernández, antigua letrada del TG y actualmente abogada, se ocupa de la competencia de plena jurisdicción del TJUE en materia de sanciones. Dado que no constituye una acción judicial autónoma, sino que se ejerce en el marco del recurso de anulación, este capítulo también podría haberse localizado junto con el tratamiento de dicho recurso, como se hizo con la excepción de ilegalidad. La autora distingue entre ámbito subjetivo y objetivo, alude a la vinculación con la ilegalidad de la decisión, y se detiene a precisar la naturaleza de esta acción. En tercer lugar, un capítulo (XIII) consagrado al recurso de casación y los recursos especiales. Firmado por Álvaro Ballesteros, letrado del TJ y abogado del Estado. La atención principal se centra en el recurso de casación, con un completo y detallado tratamiento. La revisión de los recursos especiales es sintética pero, además de la oposición de tercero, la interpretación y la revisión, también incluye el reexamen aunque actualmente haya caído en desuso. En cuarto lugar, un capítulo (XIV) relativo a las medidas provisionales, que guarda conexión con los capítulos precedentes, pero también con los dos que le siguen. Es el capítulo XIV, obra de José Palacio, administrador principal de la Secretaría del TG y antiguo letrado del TJ. Se ocupa tanto de las medidas (rasgos, tipología, etc.) como del procedimiento. En quinto y último lugar, dos capítulos (XV-XVI) sobre las acciones dirigidas a controlar el cumplimiento de los Estados y la legalidad de los acuerdos internacionales. El capítulo XV está firmado por Antonio Pérez Kappel, letrado del TJ y funcionario de la Comisión Europea. Aborda el recurso de incumplimiento con un detallado análisis que incluye el recurso por inejecución de sentencia de incumplimiento, y que también se detiene en los procedimientos especiales que permiten prescindir de la fase precontenciosa, o ampliar la legitimación activa. El capítulo XVI es obra de Juan Luis Requejo, letrado del TJ y del Tribunal Constitucional. Se ocupa del control previo sobre la compatibilidad, con los tratados de la Unión, de los acuerdos internacionales que obligarán internacionalmente a la UE. Se explica (legitimación, objeto, etc.) y se contextualiza (posibilidad de un control a posteriori). Además, también se presenta el control previo establecido en el marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA) relativo a los acuerdos internacionales celebrados por los Estados referidos a ese ámbito.

Siguiendo con una agrupación de capítulos formulada solo a efectos de la presente recensión, un nuevo bloque lo constituyen los relativos al procedimiento (XVII-XX). En primer lugar, el procedimiento ante el TJ se estructura en dos capítulos muy detallados y firmados ambos por Juan Jauregui, letrado del TJ, y Juan Miguel Azcárraga, jurista adscrito a la Biblioteca del TJUE. Empiezan abordando las disposiciones comunes a todos los procedimientos (capítulo XVII) y después entran en las características propias de cada uno de los recursos, esto es, cuestión prejudicial (todavía capítulo XVII) y recursos directos, de casación, reexamen, dictámenes y procedimientos especiales (capítulo XVIII). En segundo lugar, el procedimiento ante el TG, también en dos capítulos muy detallados. El capítulo XIX, obra de Blanca Pastor, secretaria adjunta del TG, aborda los aspectos generales (escritos, fases del procedimiento, etc.), mientras el capítulo XX, firmado por Laura Gavilán, letrada del TG, se ocupa de los incidentes procesales y otras cuestiones relativas a la terminación del proceso (rebeldía, acuerdo amistoso, etc.).

Por último, la obra se cierra con dos capítulos consagrados al sistema del Consejo de Europa (XXI-XXII), firmados ambos por Urquiola de Palacio y José María de Palacio, abogados en ejercicio. El capítulo XXI primeramente presenta el sistema de protección de los derechos humanos del Consejo de Europa y después se centra en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en sí mismo (organización, jurisprudencia, etc.) y en relación con el TJUE y con otros tribunales regionales que tutelan los derechos humanos. El capítulo XXII aborda el régimen procesal del TEDH (legitimación activa, procedimiento, etc.).

El manual Derecho procesal europeo es una obra colectiva de juristas de primera línea, en su mayoría letrados del TJUE. Constituye una destacada aportación a los estudios en lengua española sobre el sistema de protección jurisdiccional de la UE y del Consejo de Europa que, a nuestro juicio, está llamada ser una obra de referencia en este campo.