Las memorias de la Fiscalía del País Vasco ofrecen, en general, pocos datos sobre los procedimientos iniciados por delitos de trata de seres humanos en los tribunales de la comunidad autónoma. La tónica habitual es mencionar, únicamente, el número de diligencias de investigación abiertas o en trámite en cada provincia, pero apenas hay información sobre los casos concretos. Esta información ausente podría ser verdaderamente relevante para entender el fenómeno de la trata de personas y poder así abordarlo de una manera más eficaz, dando a conocer, por ejemplo, las rutas utilizadas por los tratantes, la nacionalidad de víctimas y delincuentes, los modos de captación y traslado, etc.

No obstante, y pese a la escasez de datos, se aprecia cierta evolución a lo largo de los años, que ha culminado con la inclusión en la última Memoria, la publicada en 2019, de un capítulo dedicado en exclusiva al delito de la trata de seres humanos, lo que debe considerarse muy positivo. Aun así, la información que en él se ofrece es muy genérica, como se comentará más adelante, pues siguen sin aparecer datos concretos relativos, por ejemplo, al número de diligencias abiertas, número de sentencias, número de condenas, etc., y son escasos los datos cualitativos que se ofrecen sobre los casos.

En los primeros años que siguieron a la incorporación del delito de trata en el art. 177 bis del Código Penal, la información que muestran las memorias sobre este tipo delictivo es prácticamente inexistente. Basta con observar las relativas a los años 2010 y 2011. La ausencia de datos en ellas es, no obstante, comprensible en tanto que hasta el año 2010 no aparece, como tal, el delito de trata de seres humanos en el Código Penal, por lo que es poco probable que ya en ese año se abrieran diligencias con base en este tipo penal. Antes de la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, como se ha mencionado, se mezclaba el delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual con el delito de tráfico ilegal de migrantes en el art. 318 bis, dentro del título dedicado a los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. El Código Penal ni siquiera empleaba el nomen iuris «trata de seres humanos» en ningún lugar, por lo que es lógica la carencia de datos al respecto. La propia Memoria de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma del País Vasco relativa al año 2010 reconoce la dificultad para ofrecer datos precisos en tanto que, como señala, las conductas se registraban bajo diversas denominaciones, por ejemplo: «inmigración clandestina», «prostitución forzada» o «delitos contra los derechos de los trabajadores» (Fiscalía CAPV, 2011: 193). La tabla relativa a delitos investigados en el País Vasco que recoge la Memoria sí emplea, por el contrario, la denominación «trata de seres humanos» aunque, según la propia tabla, no consta ningún delito registrado (ibid.: 411). No obstante, en otro lugar de la Memoria de ese año se señala que en la provincia de Araba se incoaron dos procedimientos por «trata de seres humanos para la explotación sexual», aunque no se proporciona ninguna información más al respecto (ibid.: 201). En definitiva, lo que se observa es una confusión entre modalidades delictivas que no deja claro si hubo o no apertura de procedimientos por este delito.

En el año 2011, según la Memoria correspondiente, se iniciaron tres procedimientos por el delito de trata: dos en la provincia de Araba y uno en la provincia de Gipuzkoa (Fiscalía CAPV, 2012: 76), aunque no se ofrece ningún dato al respecto, como por ejemplo, modo de captación, finalidad de la explotación, nacionalidad de autor y víctima, etc.

La Memoria relativa al ejercicio 2012 ofrece algún detalle más en relación con las causas existentes por delito de trata de seres humanos. En concreto, en Gipuzkoa hubo dos diligencias previas. Una de ellas, en trámite. La otra se corresponde, sin embargo, con un procedimiento incoado en 2009, al amparo de la regulación anterior, por lo que no podría ser ubicado en el art. 177 bis en razón del principio de irretroactividad de las normas penales desfavorables, que prohíbe el castigo por hechos que no estaban tipificados como delitos en el Código Penal en el momento de su comisión. Es la primera Memoria en la que se da algún dato más sobre el delito objeto de análisis. Por ejemplo, se ofrece información de la nacionalidad de las víctimas y de los tratantes, que en un caso eran de nacionalidad china, y en otro de nacionalidad rusa. No se especifica, sin embargo, la finalidad del delito de trata, si bien es cierto que en ambos casos el delito de trata se relaciona con el delito de determinación al ejercicio coactivo de la prostitución (Fiscalía CAPV, 2013: 93), por lo que podría entenderse que la finalidad de la trata fue la explotación sexual. Tampoco se ofrecen datos sobre los medios empleados en la captación. En Araba y en Bizkaia no se incoaron procedimientos por delitos de trata de seres humanos en 2012.

La Memoria relativa al año 2013 continúa con la tendencia de aportar escasa información sobre los procedimientos incoados por el delito de trata de seres humanos en los tribunales de la CAPV. Se referencia que se abrieron dos diligencias de investigación en la provincia de Araba, de las cuales una fue inhibida a Soria y la otra, en el momento de la redacción de la Memoria (año 2014), se encontraba en tramitación. Asimismo, se señala que durante el año 2013 se archivaron las diligencias previas de un Juzgado de Instrucción de la capital alavesa incoado el año anterior por este delito (Fiscalía CAPV, 2014: 77). Sobre la inhibición de los tribunales por este delito, debe señalarse que no es infrecuente, pues es una modalidad delictiva que suele tener vínculos con diversos territorios. En este caso, o bien puede suceder que el tribunal competente sea la Audiencia Nacional porque el delito se cometió en el extranjero, o bien puede suceder que el tribunal competente pertenezca a otra provincia donde se cometió el delito. En este último caso, puede que la apertura ante tribunales de la CAPV se deba simplemente a que en un determinado momento se detuvo allí a los presuntos responsables.

Esta Memoria destaca por ofrecer información sobre el delito de trata de seres humanos que va más allá del número de diligencias abiertas. En primer lugar, se explica que esta modalidad delictiva no suele aparecer sola sino vinculada a otros delitos como la «prostitución coactiva» o los «delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros» (ibid.: 78), algo que ha sido puesto de manifiesto también por los expertos en la materia (Velasco Portero, 2012; Villacampa Estiarte, 2011b, 2012). En segundo lugar, se describen las circunstancias que, en los casos que han llegado a los tribunales, suelen rodear a las víctimas de la trata, respecto de las cuales indica la Memoria que se trata de víctimas «desvalidas, que se encuentran en un país que no conocen, incluso a veces con graves dificultades para entender el idioma, al que han acudido por necesidad y que están sometidas a una estrecha vigilancia que les impide moverse con libertad» (Fiscalía CAPV, 2014: 78). En tercer lugar, en relación con los autores del delito, la Fiscalía señala que suelen ser generalmente de la misma nacionalidad que las víctimas, pero que también se percibe la participación de ciudadanos españoles. Más aún, se resalta que algunos autores se encuentran en el país de origen, circunstancia que obviamente dificulta la prueba y su imputación. De ahí que se concluya que los mayores problemas a la hora de enjuiciar este delito sean de prueba. A este último respecto, se señala que la prueba fundamental es la declaración de las víctimas, y esto puede suponer un importante problema porque, precisamente, una de las particularidades de este delito es que las víctimas se encuentran, por lo general, en condiciones muy precarias y vulnerables, lo que hace necesario que la declaración en el juzgado la realicen como prueba anticipada. Precisamente, se señala que esta prueba anticipada evitaría la ausencia de prueba en el momento de la celebración del juicio. La prueba anticipada es una figura admitida por el derecho procesal español para aquellas situaciones en las que se prevé imposible practicar la prueba durante el acto de juicio oral; algo que puede suceder, especialmente, con la prueba testifical (la que aportaría una víctima de trata). Al celebrarse ante el órgano instructor, y no durante la vista oral, debe cumplir unos requisitos específicos para su validez (Álvarez Buján, 2015).

En relación con la vulnerabilidad de la víctima y su actuación durante el proceso penal, la Memoria de la Fiscalía resalta como aspecto fundamental la aplicación del art. 59 bis de la llamada ley de extranjería (Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social), el cual reconoce a las víctimas de trata de seres humanos un período de restablecimiento y reflexión para que puedan decidir si quiere «cooperar con las autoridades en la investigación del delito y, eventualmente, en el procedimiento penal».

La Memoria del año siguiente es más detallada en lo que se refiere a los procedimientos iniciados por el delito de trata de seres humanos, si bien la información procede en exclusiva de las fiscalías de las provincias de Araba y de Bizkaia. Se desconoce si la ausencia de datos por Gipuzkoa está motivada en la inexistencia de procedimientos incoados por este delito o si se debe a otra razón. La Memoria señala que a lo largo del año 2014 se tramitaron tres diligencias de investigación por este delito en la provincia de Araba y que en dicho momento existía un procedimiento incoado judicialmente. A este respecto, se puntualiza que las primeras diligencias se abrieron en el año 2013 por un posible delito de trata de menores de edad, que como se ha explicado presenta algunas diferencias respecto del delito de trata de mayor de edad, en tanto que cuando las víctimas son menores, entiende el art. 177 bis del Código Penal, y en consonancia con la normativa supranacional, no es necesario utilizar un medio específico de comisión (violencia, intimidación, engaño, etc.) porque el menor ya está en una posición vulnerable (López Rodríguez, 2016; Pérez González, 2014). El caso en cuestión que se refleja en la Memoria se abre como consecuencia de la significativa llegada de menores extranjeros no acompañados de nacionalidad pakistaní en autobús desde Barcelona a Vitoria. Los menores, a su llegada a esta ciudad, se «encontraban casualmente» con otras personas de su nacionalidad que les acompañaba a los servicios sociales de menores o, incluso, al propio centro de menores extranjeros no acompañados. El Consejo del Menor de Araba alertó a la Fiscalía de la posible existencia de una red de trata de menores, la cual abrió diligencias de investigación que fueron archivadas a los pocos meses, remitiéndose testimonio de las mismas a la Fiscalía Provincial de Barcelona (Fiscalía CAPV, 2015: 96). De las otras dos diligencias que se incoaron a lo largo del año 2014, unas lo fueron por un delito de trata de seres humanos derivado de una información remitida por el Consejo del Menor de Araba, y las otras fueron remitidas al juzgado para su incorporación a otras diligencias previas, si bien, fueron sobreseídas provisionalmente.

En lo que se refiere a la provincia de Bizkaia, se indica que a lo largo del año 2014 se tramitaron catorce diligencias previas, once de las cuales se incoaron en años precedentes, y las tres restantes se iniciaron en 2014. Se puntualiza que de estas tres últimas diligencias una fue sobreseída provisionalmente, otra se encontraba en trámite de investigación judicial en el momento de redactar la memoria y la tercera se encontraba ya calificada por el Ministerio Fiscal. Con respecto a las once diligencias restantes, se precisa que una de ellas contaba en ese momento con sentencia condenatoria, otras cinco habían sido calificadas y estaban pendientes de señalamiento, dos se encontraban en trámite y pendientes de diligencias, y las cuatro restantes fueron archivadas provisionalmente. No obstante, se debe entender que esa condena mencionada se produjo, finalmente, en un tribunal de otra comunidad autónoma, en tanto que de la búsqueda realizada para este trabajo se han localizado sentencias condenatorias por este delito en los tribunales de la CAPV.

Las memorias de los años posteriores continúan con la tendencia de aportar escasos datos sobre los procedimientos incoados por este delito. Así, la relativa al ejercicio 2015 hace constar la existencia de varias diligencias previas por el delito de trata de seres humanos en los juzgados de las tres provincias vascas: dos en Gipuzkoa (si bien, ambas fueron abiertas en años anteriores; una estaba en trámite y la otra sobreseída), cinco en Araba (de las cuales, cuatro están en trámite y la otra inhibida a un juzgado de Parla) y dos en Bizkaia (las dos en trámite). Aunque la Memoria no ofrece mucha información, se observa como el delito de trata aparece vinculado a otras modalidades delictivas, como «inmigración ilegal», «delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros» y «prostitución coactiva». Tampoco aparecen muchos datos en relación con la nacionalidad de las víctimas y los autores, aunque sí se señala en unas diligencias que ambos eran nigerianos (Fiscalía CAPV, 2016, 74-75).

La Memoria señala que en la provincia de Gipuzkoa se dictó una sentencia de conformidad (de 13 de abril de 2015), cuyos hechos podrían encajar en el actual delito de trata de seres humanos. Sin embargo, al haber ocurrido en el año 2009 no es de aplicación el art. 177 bis del Código Penal, el cual, recuérdese, se incorporó al texto punitivo en el año 2010. La condena se produjo finalmente por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros del entonces art. 318 bis y por un delito contra los derechos de los trabajadores del art. 312.2 (ibid.: 74-75).

La Memoria relativa al ejercicio 2016 informa de la apertura de diligencias previas por el delito de trata de seres humanos en las tres provincias vascas. En Bizkaia se incoaron cuatro diligencias previas; en Gipuzkoa y en Araba, cinco en cada provincia. Casi todas las diligencias previas fueron sobreseídas, y en alguna ocasión el juzgado se inhibió a juzgados de otros territorios. Pese a la apertura de diligencias, no se formuló ninguna acusación por el delito de trata ni se dictó ninguna sentencia. Lo que sí se aportan son datos en relación con delitos que suelen aparecen vinculados al delito de trata, a saber: delitos de inmigración clandestina, prostitución coactiva, pertenencia a organización criminal, contra la libertad sexual, tráfico de drogas, delitos contra los derechos de los trabajadores, tenencia ilícita de armas y estafa. Solo en algunas causas se ofrecen datos sobre la nacionalidad de las víctimas, siendo en dos casos de Nigeria, en uno de Nicaragua, y en otro de Pakistán. En este último caso las víctimas eran menores de edad (Fiscalía CAPV, 2017: 92-94).

En el año 2017 se abrieron diligencias previas por el delito de trata de personas en dos provincias. En Bizkaia, dos diligencias previas incoadas, ambas sobreseídas. En Gipuzkoa, dos diligencias previas incoadas. Respecto de una de ellas, el juzgado se inhibió a Algeciras. La otra está en investigación con testigos protegidos según lo dispuesto en Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales. Pese a la apertura de diligencia previas, tampoco en este año se formularon acusaciones ni se dictaron sentencias por el delito de trata. Como ya se señala en la Memoria del año anterior, se indica aquí que este delito suele aparecen en conexión con otras modalidades delictivas, como la «inmigración clandestina, prostitución coactiva, pertenencia a organización criminal, delitos contra los derechos de los trabajadores y violencia de género». Nótese que es la primera vez que se menciona en una memoria de la Fiscalía la relación entre el delito de trata y los delitos de violencia de género, algo que sí ha sido puesto de manifiesto abiertamente por los expertos (Andreu y Carmona, 2017; Casado Caballero, 2011; Espejo Megías, 2018; Guisasola Lerma, 2019; Serra Cristóbal, 2018; Walby et al., 2016). Los delitos de violencia de género en el Código Penal español se refieren, en exclusiva, a los delitos de lesiones cometidos por un hombre sobre quien es o ha sido su pareja. Por eso, el delito de trata, aun cuando tenga como víctimas a mujeres por su condición de tal, no encaja en la legislación española en los delitos de violencia de género, de acuerdo con la definición dada por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Finalmente, la Memoria menciona la nacionalidad de las víctimas en un caso, en concreto nigerianas (Fiscalía CAPV, 2018: 98-99).

La última Memoria publicada, la relativa al ejercicio 2018, ofrece una importante novedad respecto de las anteriores, ya que dedica un capítulo (el tercero) en exclusiva a abordar el fenómeno de la trata de seres humanos. Antes de llegar a él, dentro del capítulo segundo, dedicado al estudio de la actividad de las diferentes fiscalías territoriales, en el apartado relativo a cuestiones de extranjería (5.4) solo menciona la incoación de dos causas por el delito de trata en 2018, en concreto en Gipuzkoa, una de ellas sobreseída por carecer de indicios mínimos que pudieran sustentar una investigación (Fiscalía CAPV, 2019: 133).

En ese capítulo tercero se destacan cuestiones muy relevantes en relación con la investigación y enjuiciamiento del delito de trata de seres humanos. En primer lugar, se señala que se ha superado los problemas relativos a la competencia territorial. Siendo la trata de seres humanos un delito con un componente transnacional en muchas ocasiones, las reglas de atribución de competencia recogidas en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial determinan que los casos deban ser enjuiciados por la Audiencia Nacional cuando el delito se ha cometido en el extranjero. Esto ha supuesto, en relación con los procedimientos iniciados en los tribunales de la CAPV, la inhibición de estos tribunales en favor de la Audiencia Nacional. La situación ha cambiado, según se expone en la Memoria. Señala la Fiscalía que ahora se entiende que será competente el tribunal del lugar donde se produce o se pretende la explotación de la víctima (ibid.: 223). Esto puede suponer un avance en la práctica en relación con la consecución de pruebas, en tanto que habrá más cercanía entre el tribunal y el lugar de comisión y las personas implicadas, lo que facilitará sin duda la investigación.

En segundo lugar, la Fiscalía aprecia una mayor sensibilización en relación con el tratamiento que los órganos judiciales otorgan a las víctimas de este delito. Como han puesto de manifiesto los expertos, un importante problema que se presenta en la práctica es el de la identificación de las víctimas de trata de seres humanos (Jiménez Romero y Tarancón Gómez, 2018; Villacampa y Torres, 2016). Señala la Fiscalía que, hasta el momento, habían sido problemáticos los casos en los que no había violencia ni coacción permanente sobre la víctima. Dice la Fiscalía que en estos supuestos se podía entender que la víctima había dado su consentimiento. Esta afirmación, sin embargo, entendemos que merece ser matizada pues los medios comisivos del delito de trata van más allá de la violencia o la coacción, que además no tienen por qué ser, en absoluto, permanentes. Desde la incorporación del delito al Código Penal se prevé, como medio comisivo, el abuso de una situación de necesidad o vulnerabilidad, en el que, por supuesto, no tiene por qué haber medios violentos o intimidatorios. El problema es que los tribunales —en general todos, no solo en la CAPV— no han venido apreciando esta modalidad de comisión por las dificultades probatorias, entendiendo únicamente que hay delito de trata cuando ha acontecido, por ejemplo, una violencia o intimidación evidentes. Señala ahora la Memoria que estos supuestos en los que no hay medios tan evidentes no deben rechazarse automáticamente, y de hecho no se hace, como sí había sucedido en el pasado. Estos supuestos pueden igualmente ser considerados casos de trata en tanto que la víctima «no tiene otro remedio» que someterse (Fiscalía CAPV, 2019: 224). Con esta frase, lo que está defendiendo la Fiscalía es la aplicación del medio comisivo ya mencionado, «abuso de situación de vulnerabilidad o necesidad», que el propio Código Penal define en el art. 177 bis, inspirado en la normativa supranacional, como esa situación en la que «la persona en cuestión no tiene otra alternativa, real o aceptable, que someterse al abuso», siguiendo lo recogido en la Directiva 2011/36/UE (art. 2.2.).

En tercer lugar, destaca la Fiscalía en este capítulo de la Memoria el aumento de los instrumentos legales, tanto sustantivos como procesales, para combatir el fenómeno de la trata de seres humanos, y en especial para proteger a las víctimas. En relación con la protección de las víctimas, la Fiscalía señala lo valioso del ya mencionado art. 59 bis de la ley de extranjería, que puede servir para impulsar a las víctimas a declarar contra sus tratantes al ofrecer un período de restablecimiento y reflexión. Sobre este período, se menciona expresamente que en el caso de Bizkaia no constan denegaciones o revocaciones del mismo, lo cual, sin duda, es un incentivo para las víctimas en su cooperación con las autoridades. La Fiscalía también menciona otra medida de protección que tener en cuenta en la investigación de este tipo de delito, y es el recurso a la protección de testigos, que quedaría justificada por la gravedad del delito y por la situación de especial vulnerabilidad en la que pueden estar muchas de las víctimas (ibid.: 225). En relación con los instrumentos procesales, se destaca, por ejemplo, el uso de la técnica de la intervención de las comunicaciones, no solo telefónicas, sino en general de las comunicaciones a través de nuevas tecnologías. La Fiscalía aplaude el uso de esta técnica por los buenos resultados que está dando, que sirve tanto para corroborar declaraciones de víctimas como para identificar a autores y partícipes que usan redes sociales como Facebook e Instagram para la comisión del delito (ibid., 2019: 224). En el ámbito procesal, destaca también la Fiscalía la importancia de recurrir a la prueba preconstituida, esencial para que no sea necesaria la presencia de la víctima en el momento del juicio oral (ibid.: 225). Esta es una situación no infrecuente en los delitos de trata de seres humanos, en los que la víctima puede haber regresado a su país de origen o puede incluso que haya vuelto al área de influencia de la red de trata, lo que sin duda complica, cuando no imposibilita, su presencia en el tribunal de enjuiciamiento. Para intentar mantener a la víctima en el territorio nacional y lograr su colaboración se le debe garantizar su seguridad y subsistencia, que comienza con la concesión del período de restablecimiento y reflexión al que hace referencia el art. 59 bis de la ley de extranjería. Igualmente, se debe estar también a lo dispuesto por la ley del estatuto de la víctima (Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito), que recoge toda una serie de derechos para las víctimas de delitos en general, y de este delito en particular. Además, cuando se prevea que la víctima no acudirá al acto de juicio oral, como señala la Fiscalía, se puede recurrir a la prueba preconstituida o a la prueba anticipada, dos instrumentos con los que cuenta nuestro derecho procesal para llevar al juicio oral diversas pruebas que, por causas varias, no va a ser posible practicarlas en ese momento (Muñoz Cuesta, 2003).

En cuarto lugar, es la primera vez que la Fiscalía realiza en una memoria un perfil de víctima y tratante, aunque verdaderamente exiguo. Se señala que la víctima es joven, mayor de edad y en una situación de penuria económica en su país de origen. No señala que sea mujer, aunque así se sobreentiende de la lectura del resto de la Memoria sobre este delito. De hecho, son varios los estudios que han calificado el delito de trata de seres humanos, en especial cuando la finalidad es la explotación sexual, como un delito con un marcado carácter de género (Andreu y Carmona, 2017; Casado Caballero, 2011; Espejo Megías, 2018; Serra Cristóbal, 2018; Walby et al., 2016), algo que también reconoce el art. 1 de la Directiva 2011/36/EU: «La presente Directiva establece normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y de las sanciones en el ámbito de la trata de seres humanos. También introduce disposiciones comunes teniendo en cuenta la perspectiva de género para mejorar la prevención de este delito y la protección de las víctimas». Sobre el perfil del tratante, llama la atención que la Fiscalía solo aporte información sobre lo que sucede «en ocasiones»: mujer de la misma nacionalidad que la víctima, ayudada por su pareja, que en muchos supuestos ha sido previamente víctima de trata de seres humanos (Fiscalía CAPV, 2019: 226). A la Fiscalía le llama la atención el hecho de que las autoras sean mujeres, pero no entra a estudiar las razones que podrían explicar este hecho.

En quinto lugar, la Memoria destaca la conexión del delito de trata con otras modalidades delictivas. En este punto, dice la Fiscalía que dada la complejidad de los casos, la solución más adecuada sería la tramitación de los delitos por separado (ibid.). En relación con los delitos conexos, es la primera vez que una memoria de la Fiscalía vincula el delito de trata con el delito de blanqueo de dinero (ibid.). A este respecto, debe quedar claro, como se ha puesto de manifiesto en la introducción a este trabajo, que la trata de seres humanos es uno de los delitos más lucrativos del panorama actual. Como todo dinero procedente del delito, para poder ser utilizado por los criminales con relativa tranquilidad debe pasar por el correspondiente proceso de blanqueo. La Fiscalía reconoce en su memoria, sin embargo, que una investigación que vincule ambos delitos es complicada. Y en todo caso, aboga por luchar contra el blanqueo de capitales como forma de prevenir el delito de trata (ibid.), en tanto que si los potenciales criminales conocen que no van a poder disfrutar de las ganancias derivadas del delito, tendrás menos incentivos para cometerlo.

En los siguientes gráficos se representan el número de diligencias abiertas o en trámite por cada año analizado en las memorias de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El gráfico 1 ofrece datos globales y el gráfico 2 ofrece datos desagregados por provincias.

El gráfico 3 representa las diferentes nacionalidades de las víctimas mencionadas en las memorias analizadas. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que las memorias ofrecen escasos datos a este respecto, por lo que los datos no pueden considerarse representativos del total.

Entre las dificultades para ofrecer datos fiables en relación con el tratamiento del delito de trata de seres humanos en los tribunales de la CAPV, la Fiscalía de la Comunidad Autónoma reitera el hecho de que este aparece normalmente vinculado a otras modalidades delictivas. En las diversas memorias de la Fiscalía se establece la relación, fundamentalmente, con los siguientes delitos: tráfico ilícito de migrantes, delitos contra los derechos de los trabajadores, ejercicio coactivo de la prostitución y organización criminal, aunque no los únicos.

El legislador penal ha sido consciente de estos vínculos desde la incorporación del delito de trata de seres humanos al texto punitivo, motivo por el cual, el art. 177 bis del Código Penal establece una regla concursal sobre cómo debe penarse el delito de trata cuando concurre con otras modalidades delictivas. El concurso de delitos es una figura jurídico-penal que se emplea para hacer referencia a la existencia de varios delitos cometidos por una misma persona y que van a ser enjuiciados en un mismo procedimiento. El párrafo 9 del art. 177 bis establece al respecto lo siguiente: «En todo caso, las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que correspondan, en su caso, por el delito del artículo 318 bis de este Código y demás delitos efectivamente cometidos, incluidos los constitutivos de la correspondiente explotación».

Esta regla concursal obliga a que se castigue tanto el delito de trata como el resto de delitos que se puedan eventualmente cometer, porque se entiende que el delito de trata no integra en sí mismo el desvalor de los otros delitos; y a la inversa, ninguno de los otros delitos integra por sí solo el desvalor del delito de trata, por lo que no es proporcional castigar solo al responsable por alguno de los otros delitos pero no por el delito de trata (Martos Núñez, 2012; Mayordomo Rodrigo, 2011). De acuerdo con nuestro sistema de derecho penal, el concurso de delitos, en general, puede ser real, ideal o medial. En el caso de que la trata de seres humanos concurra con alguna otra modalidad delictiva, el concurso de delitos será, normalmente, medial. Este acontece cuando un delito es el instrumento necesario (delito-medio) para cometer el subsiguiente delito (delito-fin). Tal es el caso de la trata en tanto que este delito es el medio para cometer el delito-fin; por ejemplo, la explotación sexual (Daunis Rodríguez, 2013; Villacampa Estiarte, 2016).

Hay que puntualizar, sin embargo, que las conductas constitutivas de delitos de amenazas, coacciones o lesiones leves dirigidas a vencer la oposición de la víctima sí estarían ya desvaloradas por el delito de trata del art. 177 bis y no deben ser castigadas separadamente para no vulnerar el principio de non bis in idem, esto es, la prohibición de castigar dos veces la misma situación (Boldova Pasamar, 2016; Villacampa Estiarte, 2011b).

La regla concursal del art. 177 bis menciona expresamente el art. 318 bis del Código Penal, esto es, el delito de tráfico ilícito de migrantes, poniendo así de manifiesto la estrecha relación entre ambas figuras delictivas (Batsyukova, 2012; Mccreight, 2006; Guardiola Lago, 2016; Pérez Cepeda, 2004). La relación concursal entre este delito y el de trata no es la misma que la mencionada anteriormente, la del concurso medial, en tanto que el art. 318 bis no integra un delito de explotación. Aquí, cuando en una única acción concurran el delito de trata y el de tráfico ilícito de migrantes, se aplicará un concurso ideal (Daunis Rodríguez, 2013) que conllevará con seguridad la aplicación de una pena inferior a la del concurso medial.

Del análisis de las memorias estudiadas, se observa con cierta frecuencia la conexión entre estos dos delitos. En la Memoria relativa al año 2012, la Fiscalía de Bizkaia apunta expresamente hacia la conexión entre el delito de trata y el delito del art. 318 bis. Por su parte, la Fiscalía de Gipuzkoa refiere la existencia de un procedimiento abierto por el delito de trata de seres humanos en un posible concurso con el delito de inmigración clandestina. Asimismo, indica también la apertura de otro procedimiento en 2009 —cuando no existía el art. 177 bis— por un delito de inmigración clandestina con fines de explotación sexual, es decir, por el delito de trata tal y como estaba configurado hasta la reforma de 2010, en donde la trata iba siempre vinculada a la inmigración clandestina (Fiscalía CAPV, 2013: 93).

En la Memoria relativa al año 2013 apenas se reflejan datos en relación con el delito de trata y los delitos conexos, si bien la Fiscalía de Bizkaia señala literalmente que «en general, esta modalidad delictiva no suele aparecer sola sino unida a otros tipos como la prostitución coactiva [...] o delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros del art. 318 bis del CP» (Fiscalía CAPV, 2014: 78), una idea que se repetirá en las memorias de los años subsiguientes. En todo caso, respecto de ese año no se ofrecen datos concretos sobre procedimientos incoados. La Memoria relativa a 2014 reitera la conexión de delitos mencionada por la Fiscalía de Bizkaia (Fiscalía CAPV, 2015: 97), pero tampoco proporciona información detallada.

La Memoria relativa al año 2015 refiere la conexión entre el delito de trata y el delito de tráfico ilícito de migrantes en dos procedimientos en la Fiscalía de Gipuzkoa: diligencias previas 4120/13 del Juzgado de Instrucción núm. 2 de San Sebastián, y diligencias previas 2337/13 del Juzgado de Instrucción núm. 1 de San Sebastián. En los procedimientos abiertos por la Fiscalía de Araba y de Bizkaia en relación con delito de trata de personas no se da información acerca de si concurren con el delito del art. 318 bis (Fiscalía CAPV, 2016: 74-75).

La Memoria relativa al año 2016 ofrece datos algo más precisos sobre la conexión entre ambos delitos. En la Fiscalía de Bizkaia constan tres procedimientos en los que la trata de personas se vincula con el delito de inmigración clandestina (Diligencias Previas 574/16 del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Bilbao; Diligencias Previas 407/16 del Juzgado de Instrucción núm. 8 de Bilbao, y Diligencias Previas 1501/16 del Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao). En la Fiscalía de Gipuzkoa se refieren dos procedimientos sobre el concurso entre ambos delitos (Diligencias Previas 4120/13 del Juzgado de Instrucción núm. 2 de San Sebastián —«Operación Tranvía»— y Diligencias Previas 2337/11 del Juzgado de Instrucción núm. 1 de San Sebastián). La Fiscalía de Araba referencia la apertura de diversos procedimientos en materia de trata de personas en ese año, si bien, solo en dos se habla expresamente de su conexión con el delito de inmigración clandestina. Ambos procesos fueron, sin embargo, archivados por falta de indicios sobre la existencia del delito de trata (Fiscalía CAPV, 2017: 94).

En el año 2017 se inició por la Fiscalía de Bizkaia un procedimiento por trata e inmigración clandestina (Diligencias Previas 247/17 del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Bilbao). La Fiscalía de Gipuzkoa menciona la investigación abierta ya referida conocida con el nombre de «Operación Tranvía» (Fiscalía CAPV, 2017).

En la Memoria sobre el ejercicio 2018 es mínima la información a este respecto. Simplemente se menciona la relación de la trata de seres humanos con el delito de favorecimiento de la inmigración clandestina del art. 318 bis, aunque no se ofrece mayor información (Fiscalía CAPV, 2018: 134).

Además de la relación concursal con el delito de tráfico ilícito de migrantes del art. 318 bis, el párrafo 9 del art. 177 bis señala que el delito de trata también se castigará junto con las modalidades delictivas propias de la explotación, y ello es así porque el delito de trata se configura como un delito de consumación anticipada (Maqueda Abreu, 2018), no siendo necesario que se produzca la explotación de la víctima para que se entienda consumado el delito, por lo que el desvalor de los otros delitos debe penarse por separado. En este sentido, es frecuente ver en las memorias de la Fiscalía la referencia a la conexión del delito de trata con delitos contra los derechos de los trabajadores. El delito de explotación laboral se recoge en el art. 311.1 del Código Penal, dentro del título XV del libro II del Código Penal, el que se castiga a «los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual». La modalidad agravada está en el párrafo cuarto de dicho artículo, que será de aplicación cuando se emplee violencia o intimidación en la imposición de las condiciones ilegales. Cuando el sujeto pasivo de la acción es un ciudadano extranjero sin permiso de trabajo es de aplicación el art. 312.2, que recoge una conducta similar pero no requiere, sin embargo, como medio comisivo el engaño o el abuso, pues se parte de que el ciudadano extranjero en situación irregular ya se halla en una situación de necesidad de la cual alguien se puede aprovechar (Galán y Núñez, 2018; Martínez-Buján Pérez, 2015).

En relación con estos delitos, las memorias de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma del País Vasco aportan los escasos datos que se ofrecen a continuación. En la Memoria relativa al año 2011, los datos son todavía confusos, si bien en la provincia de Gipuzkoa podría haberse dado un caso de concurso entre ambas modalidades delictivas, aunque la terminología que se emplea es «delito contra los derechos de los trabajadores y asociación ilícita con fines de explotación laboral». La Memoria relativa al año 2012 refleja que en la provincia de Gipuzkoa se incoaron diligencias por un delito de trata en conexión con un delito contra los derechos de los trabajadores del art. 312.2 CP. También se incoaron diligencias por hechos que acontecieron en 2009 en los que también se daba el delito contra los derechos de los trabajadores del art. 312.2, aunque no se habla de trata de personas en tanto que en esa fecha no existía el art. 177 bis (Fiscalía CAPV, 2013: 93).

En el año 2014, la Memoria pone de manifiesto que la Fiscalía de Araba incoó un procedimiento por delito de trata en concurso con un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros del art. 312.2, aunque las diligencias se archivaron. Lo mismo sucedió en la Fiscalía de Bizkaia en relación con el mismo concurso de delitos. En Gipuzkoa, la Memoria indica que de los seis procedimientos incoados por trata de seres humanos, cinco estaban en relación con delitos contra los derechos de los trabajadores (Fiscalía CAPV, 2015: 98). La Memoria relativa al año 2015 relaciona el delito de trata con el delito contra los derechos de los trabajadores en un procedimiento que sigue abierto desde 2013 en la Fiscalía de Gipuzkoa (las ya mencionadas Diligencias Previas sobre la «Operación tranvía») (Fiscalía CAPV, 2016: 74-75). La Memoria que aporta los datos del año 2016 vuelve a hacer referencia al procedimiento de la «Operación tranvía» en la Fiscalía de Gipuzkoa, mientras que de las diversas diligencias abiertas en las Fiscalías de Araba y Bizkaia no se especifica si concurre el delito contra los derechos de los trabajadores (Fiscalía CAPV, 2017: 92-95). En la Memoria sobre el año 2017, la única causa que se menciona en la que existe conexión entre el delito de trata y el delito contra los derechos de los trabajadores es la referente a la «Operación tranvía». Por último, la Memoria relativa al año 2018 menciona en el apartado referido a los delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros, y no en el referido a los delitos de trata de seres humanos, que se está investigando una causa de trata con fines de explotación laboral (Fiscalía CAPV, 2019: 136), si bien no hay ninguna concreción en cuanto al delito contra los derechos de los trabajadores, desconociéndose si se refiere al delito de explotación laboral del art. 311 del Código Penal o a otro.

Como se ha señalado, el delito de trata de seres humanos puede concurrir con los delitos propios de la explotación. En las líneas precedentes, los datos se centraron en la posible explotación en el ámbito laboral, mientras que a continuación se ofrecen datos sobre la explotación sexual. Los delitos relativos a esta modalidad de explotación se encuentran en el título VIII del libro II del Código Penal («Delitos contra la libertad en indemnidad sexuales»). Las memorias de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma del País Vasco reflejan, particularmente, la conexión con el delito de determinación coactiva al ejercicio de la prostitución en persona mayor de edad, ubicado actualmente en el art. 187 del Código Penal, si bien otros delitos relativos a la explotación sexual que podrían concurrir son el delito de prostitución de menores de edad (art. 188), el delito de pornografía con menores de edad (art. 189), así como los propios delitos de agresiones y abusos sexuales (arts. 178 a 183).

Como ya se ha mencionado, la Memoria de la Fiscalía relativa al año 2010 no ofrece datos suficientes sobre la modalidad delictiva analizada. En el año 2011 se inició en la provincia de Gipuzkoa un procedimiento por trata con fines de explotación sexual, aunque no se especifica después si concurre algún delito relativo a la propia explotación sexual (Fiscalía CAPV, 2012:77). En la memoria relativa a 2012, de nuevo en la provincia de Gipuzkoa, se señala la existencia de un procedimiento por trata de personas en concurso con delito de prostitución coactiva, entre otros, y la existencia de otro procedimiento en el que siendo los hechos anteriores a 2009 no se han calificado propiamente de trata de seres humanos, pero sí de delito de inmigración clandestina con fines de explotación sexual en concurso con delito de prostitución coactiva (Fiscalía CAPV, 2013: 93), en referencia a la legislación existente en ese momento. En la memoria relativa al año 2013, la Fiscalía de Bizkaia pone de manifiesto la relación entre el delito de trata y el delito de prostitución coactiva (Fiscalía CAPV, 2014: 78); sin embargo, no ofrece datos concretos sobre el número de procedimientos en los que esto haya sucedido. Ocurre lo mismo en la memoria referente a 2014, donde la Fiscalía de Bizkaia realiza idénticas manifestaciones, aunque sin aportar datos exactos (Fiscalía CAPV, 2015: 97).

La Memoria sobre 2015 deja ver en la provincia de Gipuzkoa un caso de concurso entre el delito de trata y el de prostitución coactiva (Diligencias Previas 2337/11 del Juzgado de Instrucción núm. 1 de San Sebastián), aunque las actuaciones se han sobreseído. En la provincia de Bizkaia también se da el concurso entre ambos delitos en dos procedimientos (Diligencias Previas 2413/15 del Juzgado de Instrucción núm. 5 de Bilbao —«Operación Legazpi»— y Diligencias Previas 3637/15 del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Bilbao, siendo en este último caso la víctima menor de edad). La Memoria relativa al año 2016 es más detallada el respecto. En la provincia de Bizkaia se iniciaron dos procedimientos en los que se da el concurso entre el delito de trata y el delito de prostitución coactiva (Diligencias Previas 574/16 del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Bilbao y Diligencias Previas 560/16 del Juzgado de Instrucción núm. 5 de Bilbao). En ambos casos, los tribunales se inhibieron a favor de la Audiencia Nacional. En un tercer procedimiento (Diligencias Previas 1501/16 del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Bilbao), el delito de trata tiene como fin la explotación en la prostitución, si bien no se concreta si el delito contra la libertad sexual llegó a cometerse o no. En la provincia de Gipuzkoa se refieren dos procedimientos en los que se vincula la trata y el ejercicio coactivo de la prostitución (Diligencias Previas 434/16 de Tolosa y Diligencias Previas 2337/11 del Juzgado de Instrucción núm. 1 de San Sebastián). En Araba también se apunta un procedimiento en el que se vincula el delito de trata con la prostitución coactiva y el proxenetismo (PAB 583/14 del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Vitoria). En el año 2017, en Bizkaia se instruyeron dos procedimientos en los que se vinculan ambos delitos (Diligencias Previas 247/17 del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Bilbao y 84/17 del Juzgado de Instrucción núm. 9 de Bilbao). En la provincia de Gipuzkoa se vuelve a hacer referencia a las Diligencias Previas 434/16 de Tolosa, pues se han acumulado a estas diligencias otras por los mismos delitos. La Memoria relativa al año 2018 es muy exigua en relación con este particular. Señala la relación entre ambos delitos, pero no ofrece ningún dato adicional (Fiscalía CAPV, 2019: 136).

El delito de trata de seres humanos también puede concurrir con los relativos a organizaciones criminales (Cuesta Arzamendi, 2018). De hecho, recuérdese que en el Protocolo de Palermo la trata de seres humanos aparece siempre vinculada al crimen organizado, pues el Protocolo complementa la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Y en los documentos posteriores, la relación entre las conductas de trata y la delincuencia organizada se reconoce hasta tal punto que se prevén tipos agravados para esos casos en los que el delito de trata se realice en el marco de una organización delictiva. En el CP español, los delitos referentes a organizaciones y grupos criminales se ubican en los arts. 570 bis y siguientes. En las memorias de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la vinculación entre el delito de trata y el delito de organización criminal no parece, sin embargo, ser habitual. Solo en la Memoria relativa al año 2016 se menciona que en la provincia de Bizkaia se abrió una investigación que incluía el delito de trata y el de organización criminal (Diligencias Previas 1501/16 del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Bilbao). En esa misma provincia, las Diligencias Previas 574/16 del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Bilbao también hacen referencia a la existencia de una organización criminal, aunque no se especifica en los delitos concretos por los que se abrieron estas diligencias.

La trata podría concurrir con otras modalidades propias de la explotación, como la extracción de órganos. En este caso, el delito de trata entraría en concurso con los delitos de lesiones de los arts. 149 y 150, así como con el delito de tráfico y trasplante ilegal de órganos (art. 156 bis). El concurso sería medial. Igualmente, si el propósito de la trata fuera la celebración de un matrimonio forzado, el delito del art. 177 bis podría concurrir con el recientemente incorporado delito de matrimonio forzado, ubicado dentro de los delitos de coacciones (art. 172 bis), en cuyo caso el concurso también sería medial (Esquinas Valverde, 2018). En las memorias de la Fiscalía del País Vasco no se menciona, sin embargo, ningún caso concreto en el que hubiera podido darse esta concurrencia de delitos.