El objeto del presente estudio es justificar la necesidad de adaptación de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas tras las sentencias del Tribunal Constitucional (Pleno) 99/2019, de 18 de julio de 2019, y del Tribunal Supremo (Pleno) 685/2019, de 17 de diciembre de 2019, respecto a la legitimación que ha de otorgarse a los menores transexuales (
The aim of this analysis is to explain the need to adapt Law 3/2007, of 15 March, regulating the register rectification of the entry related to a person’s sex, to following the judgements of the Constitutional Court of Spain (full bench) judgement 99/2019, 18 July 2019, and of the Supreme Court of Spain (full bench) judgement 685/2019, 17 December 2019, regarding the legitimacy to be granted to transsexual minors (or, more correctly, «transgender»), among others. We will analyse certain issues pending resolution regarding the assessment of the maturity of minors and the stability of gender identity. In order to do so, we will mainly rely on the solutions provided by law on the legal recognition of gender identity, already adapted to the principle of self-determination and «depathologisation». In our observations, when modifying an official identification, apdoslicable through a special registration procedure, we will try to find the balance between apdoslying the best interest of a vulnerable minor, the value of the apdoslicant’s declaration of will regarding the registry change and the legal certainty prevailing in the Registry Office.
El objeto principal de este estudio es el análisis de la legitimación registral que debe otorgarse a las personas transgénero menores de edad, tras el pronunciamiento de la Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno) 99/2019, de 18 de julio de 2019 (en adelante STC 99/2019) y la sentencia del Tribunal Supremo (Pleno) 685/2019, de 17 de diciembre de 2019 (en adelante, STS 685/2019). Con carácter previo a acometer dicho intento, debemos partir del sentido exacto elegido de ciertos términos, empleados en ocasiones con distintas acepciones, a fin de conseguir un adecuado entendimiento de esta materia. El género (entendiendo por dicho concepto no solo el sexo biológico o cromosomático, sino también el cerebral o psicosocial
Actualmente existe un reconocimiento general (desde el punto de vista dogmático
Bajo este prisma, es comúnmente admitida la definición de
Lamentablemente, en España, las personas transexuales son las únicas con opción al cambio registral, con carácter general, al exigirse la acreditación del diagnóstico (de disforia de género) e informes médicos sobre el tratamiento hormonal cruzado, salvo que concurran razones de salud o edad, en virtud del art. 4 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas (en adelante, Ley 3/2007). Tras la STC 99/2019, la legitimación corresponde a las personas mayores de edad, con capacidad suficiente, y los menores maduros.
Bajo este nuevo paradigma despatologizador (la transexualidad no es una patología psiquiátrica necesitada de curación), la tendencia actual es que las leyes que regulan el reconocimiento legal de la identidad de género recojan expresamente que ya no va a ser requisito acreditar tratamientos psicológicos, hormonales o cualquier tipo de cirugía
La percepción es que ambos caminos —el sanitario y el legal— vayan a discurrir por separado, al menos, en cuanto a los requisitos para el cambio en la identificación de las personas con diversidad de género. Sin embargo, las más modernas legislaciones han optado por regulaciones integrales, dedicando parte de su articulado a la atención sanitaria, dado que no hay que confundir «despatologización» con la necesidad de cubrir ciertas prestaciones médicas a este colectivo, cuando necesiten «aliviar» los síntomas de su disforia de género y mejorar su calidad de vida
La tónica, en los derechos extranjeros, es la de permitir los cambios identificativos del nombre y sexo (que constaban
A efectos identificatorios, constatamos que, en la mayor parte de los ordenamientos jurídicos, se continúan manteniendo los marcadores de género (hombre o mujer), no admitiéndose el registro de las personas no binarias
En el ámbito español, el resto de múltiples formas de expresión de la identidad de género, que se aglutinan en torno al término personas «trans»
Al mismo tiempo, el campo de actuación de las leyes autonómicas llega más lejos, en la esfera de la
La identidad de género se considera expresión del más amplio
En términos del propio TC (S 99/2019, FJ 4), este nexo entre decidir sobre la identidad de uno mismo y el goce por la persona de autonomía para organizar su propia vida (y sus relaciones personales) es reconocido y afirmado por diversas instituciones de nuestro entorno jurídico, lo que muestra que sobre este vínculo existe un extendido consenso. El TEDH ha destacado en numerosas ocasiones que el concepto de «vida privada» incluye no solo la integridad física y mental de la persona, sino que también puede, en ocasiones, comprender elementos tales como la identidad de género o el nombre,
Este espacio de libre decisión, de autodeterminación, también se atribuye a los menores de edad, titulares de derechos fundamentales
En consecuencia, los menores que pretendan el reconocimiento legal de su identidad de género tendrán que ejercitar
En efecto, como desarrollaremos más adelante, los menores transgénero, durante su fase de la infancia, y posterior adolescencia (período de transición), han de gozar de una especial protección por su doble vulnerabilidad, que el legislador despliega en virtud del mandato derivado del art. 39 CE. En esta línea, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, sobre protección jurídica del menor (en adelante LOPJM), tras su reforma en 2015, declara que el libre desarrollo de su personalidad conforme a su orientación e identidad sexual constituye un principio rector de la actuación de los poderes públicos respecto a los menores y, entre los criterios para establecer el interés superior del mismo, la preservación de la identidad sexual del menor,
Hay que partir de la base de que, en función de los actuales estándares científicos, no existe un consenso en torno a si la discordancia entre el sexo biológico y el género sentido (identidad de género), en la etapa infanto-juvenil, puede derivar en una condición transitoria o persistente
A nuestro entender, la posibilidad de permitir el cambio
La STC 99/2019 estima la cuestión de inconstitucionalidad planteada a través del ATS de 2016, en relación con el art. 1.1 de la Ley 3/2007. En concreto, se refiere a la restricción (
Partiendo de los términos con los que resuelve la cuestión de inconstitucionalidad, se le atribuye un pronunciamiento «confuso» y con efecto «impreciso»
Entendemos que se trata de una sentencia de naturaleza interpretativa
El pronunciamiento de inconstitucionalidad, únicamente
En definitiva, a través de esta sentencia, el TC nos ha aportado unos criterios que deberían plasmarse en la próxima regulación del reconocimiento legal de la identidad de género y, por ello, ha utilizado una sentencia de carácter interpretativa. Cabe recordar que el futuro legislador (así como el resto de poderes públicos) queda vinculado por el contenido de esta resolución, desde su publicación en el BOE,
Como declara la STC 99/2019 (FJ 7), en la forma de Estado que articula la Constitución de 1978, el reconocimiento y la protección de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos actúa, precisamente, como el núcleo principal del orden público
No obstante, la institución del RC existe para dar garantía y seguridad de que los hechos y actos de estado civil (aunque el sexo y el nombre son propiamente elementos de identificación) son válidos y exactos, en aplicación del principio de presunción de exactitud registral, art. 16 LRC
A su vez, con la finalidad de amparar únicamente «peticiones serias» (ATS 2016, FJ 7) y una estabilidad en los cambios (de forma similar a como se exige para el cambio del nombre o los apellidos), se debería legislar en torno a las limitaciones y condicionantes de los futuros cambios
Ahora lo que corresponde al legislador ordinario es regular las garantías y contrapesos en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad del menor
A tal efecto, debemos partir de que cualquier medida que se adopte tendrá como principal baluarte atender el interés superior del niño, partiendo de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989 (en adelante, CDN, especialmente, arts. 3 y 12
Este principio básico se recoge expresamente en algunas de las legislaciones extranjeras más recientes
Conocido es que el interés superior del menor constituye un concepto jurídico indeterminado
En la LOPJM se define el interés superior del menor desde un contenido triple; como derecho, principio y norma de procedimiento (acogiéndose en su tenor tanto a la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo como a los criterios de la Observación general n. 14, de 29 de mayo de 2013, del Comité de los Derechos del Niño, en adelante, Observación n. 14 CRC
Bajo nuestro criterio, y al amparo de dicha normativa, entendemos que deberán fijarse legalmente los criterios a los fines de realizar una adecuada
Desde el punto de vista médico, y siguiendo al grupo GIDSEEN
Los diagnósticos definitivos incrementan su fiabilidad cuanto la identidad cruzada continúa tras el inicio de la pubertad
Tal y como se ha constatado, la discrepancia entre el sexo biológico y el sexo sentido puede eclosionar en la etapa adolescente, revertir (cuando se ha iniciado en la niñez) o incrementarse, apareciendo la aversión al cuerpo (características sexuales secundarias), intensificándose también el malestar psicológico
A la vista de dicha situación, nos encontramos ante una
Por medio de la STC 99/2019 se ha introducido en nuestro ordenamiento jurídico el criterio de la
La situación jurídica, tras la cita resolución del intérprete de la Carta Magna, coincide con el de la mayoría de las legislaciones adaptadas, favorables a conceder el derecho a cambiar el nombre y el sexo de las partidas de nacimiento, a los menores de edad, sobre la base del derecho de autodeterminación. En estos ordenamientos jurídicos, partiendo, en ocasiones, de la formulación génerica del derecho de toda persona
Descendiendo a nuestro ordenamiento jurídico, cabe señalar que el criterio de la
A la hora de determinar qué hemos de entender por
En síntesis, se espera que, siguiendo los términos de la Ley de Irlanda, el menor reconozca, sea consciente y exprese su género. Además, fundamentalmente, que conozca los efectos legales del cambio (art. 12 (4) b) (i) (II) (B)
Por último, cabe precisar que la capacidad de discernimiento o natural no es una cuestión a valorar específicamente para los menores de edad, sino exigible a toda persona, si bien prestando especial atención a las personas transgénero con algún tipo de discapacidad cognitiva
A pesar de que existen recomendaciones internacionales que abogan a favor de que los Estados estipulen procedimientos de reconocimiento legal de la identidad de género a disposición de todas las personas, con independencia de su edad, la mayoría de las legislaciones analizadas se decantan por establecer un límite determinado
De forma más excepcional, se desciende hasta los 14 años como límite de actuación individual, como sería el caso de la provincia canadiense de Quebec
En otros casos se ha optado por fórmulas en las que existen distintas franjas de edad, como en Noruega
Finalmente, cabe añadir las soluciones previstas en aquellos ordenamientos jurídicos, como Argentina o Islandia, donde los menores de edad sí pueden ejercer el derecho de autodeterminación, sin límite de edad, pero siempre a través de sus representantes legales. El problema se plantea en caso de que estos se nieguen a prestarlo. En el primer caso se resuelve por la vía judicial (art. 5 Ley argentina
Por último, en Noruega, para el caso de tratarse de niños entre 6 y 16 años, y si la solicitud se presenta únicamente por uno de los progenitores con responsabilidad parental, debe resolver el órgano superior administrativo,
A mayor abundamiento, interesa constatar que, en ciertas ocasiones, la seguridad jurídica —a los efectos de garantizar el consentimiento firme y consciente del menor— se ha cumplimentado mediante un procedimiento de índole judicial, normalmente, no contencioso, en lugar de la vía más común registral y de carácter administrativo
La intervención del Ministerio Fiscal también se emplea como salvaguarda del orden público. En el régimen legal belga, para el caso de los menores emancipados o adultos, se considera la necesidad de contar con el dictamen vinculante del
Así, Dinamarca —célebre entre los ordenamientos jurídicos que se mostraron pioneros en desmedicalizar el reconocimiento legal de la identidad de género— estableció, no obstante, el plazo de seis meses, entre la primera solicitud y la posterior ratificación. La intención pretendida es otorgar una mayor legitimidad y seriedad a las peticiones que, a mayor enjundia, mantiene el rígido límite de edad de los 18 años
Significativa es la estricta regulación de Irlanda,
Queda por referirnos, por último, en este apartado a la posibilidad de implantar únicamente el cambio de nombre (pero no de sexo) durante la fase previa a la adquisición de la madurez cognitiva y suficiente persistencia de la identidad de género, necesaria para entablar el cambio registral
En el seno de nuestro ordenamiento jurídico, habría entonces que valorar si dichas ventajas para el desarrollo de la personalidad del menor quedan ya cubiertas, aunque en menor grado, a través del mecanismo que permite expedir cierta documentación y carnets identificativos en vía administrativa, implantado en ciertas CC. AA., como ya hemos comentado. El problema es que no todas han legislado al respecto, por lo que la medida no se prevé de aplicación uniforme en toda España, además de los posibles problemas a la hora de acreditar la identidad mediante dicho mecanismo, en tanto que el nombre autoidentificado contradice al del sexo reflejado en la documentación oficial
Registralmente, esta posibilidad se venía utilizando para los menores de edad, bajo el apoyo de la «justa causa y la habitualidad» (arts. 54, 59 y 60 de la LRC de 1957, arts. 192, 209 y 210 RRC)
Si se tratara de aplicar la opción únicamente para los menores en el Registro Civil (y hasta que hayan adquirido el grado de madurez y estabilidad de su identidad de género), habría que contemplar la forma de articular (y desde qué edad) expresamente la legitimación registral a través de los representantes legales, pese a tratarse de un acto personalísimo
Debe tenerse presente que el art. 2 de la Ley 3/2007 canaliza el cambio registral en el caso de la transexualidad a través de un expediente gubernativo (arts. 97 LRC de 1957 y arts. 218 y 349 RRC). Este es un procedimiento registral, de naturaleza básicamente administrativa, máxime cuando entre en vigor la nueva LRC, cuyo espíritu es procurar una clara desjudicialización
A este respecto, resulta de gran utilidad el ejemplo aportado en otras regulaciones extranjeras. Así, puede servir el modelo instaurado en Bélgica, en cuyo marco legal destaca la existencia de un doble procedimiento (para cambio de nombre y de sexo), previsto a partir de 12 años. Si bien, en este derecho, se han objetado las dificultades de sincronización entre los procedimientos de cambio de nombre, por un lado, frente al de modificación del sexo, por otro
Por su parte, el TEDH condenó a Italia por no permitir el cambio de nombre en su regulación. En el supuesto enjuiciado, la parte demandante no había concluido su proceso médico de transición (caso
Recordemos que la inconstitucionalidad parcial del art. 1.1 Ley 3/2007 (
En verdad, esta exigencia que reclama el TC, pese a no aportar ninguna directriz sobre la forma de demostrarla en su sentencia interpretiva, no supone una innovación respecto a la legislación vigente. Téngase presente que tal presupuesto ya existe en la Ley 3/2007, como requisito sustancial, aunque en la STC 99/2019 se aborde en el marco de la legitimación
Por medio de esta exigencia, recordamos que se debería interpretar que, en nuestro ordenamiento, entre las distintas opciones de diversidad de género ya expuestas en el apartado introductorio, tienen acceso las personas
A tal fin, consideramos que habría que comprobar el alto grado de certeza de que el sentimiento de pertenencia al sexo opuesto ya que no sufrirá cambios, al llevar el solicitante un tiempo razonable viviendo en el género sentido. A este respecto, entendemos que no se debería concretar legalmente un periodo determinado de
Según creemos, el ejemplo de regulación seguido en Francia podría servir como guía al futuro legislador para concretar la forma de acreditar la estabilidad o persistencia de la identidad de género. Por medio de la
En concreto, el art. 61-5
Pensando en trasladar la regulación francesa a nuestro derecho, la cuestión a plantear es si cabría aplicar la posesión de estado, históricamente vinculada a la filiación, al cambio de sexo y de nombre, en cuanto elementos de identidad, aunque no se trate propiamente de estados civiles
Una de las cuestiones que se objeta en el voto particular de la STC 99/2019 es la falta de determinación sobre
Veamos, en primer término, cómo el legislador actual ha resuelto esta problemática,
En las distintas legislaciones, como la nuestra, que comenzaron a regular el mecanismo para que las personas (únicamente, transexuales) pudieran conseguir el reconocimiento legal de su identidad de género, es común exigir el
Asimismo, es obligatorio que estos profesionales certifiquen la «estabilidad y persistencia de disonancia» entre el sexo biológico y el sentido por el paciente, art. 4 1 a) Ley 3/2007
En la Sentencia del TEDH, caso
Considera el máximo intérprete del CEDH que dicho requisito es favorable a la estabilidad de los cambios de sexo en el Registro Civil. De este modo, se mantiene un justo equilibrio entre los intereses en conflicto. El TEDH declara que, junto al interés particular del transgénero apelante, existe un interés general de la fiabilidad y de la coherencia del estado civil, así como de la seguridad jurídica en el asunto, unido a la preservación del principio de la no disponibilidad del estado de las personas. Entendemos que, sin embargo, se trata de un informe que las personas transgénero (que se niegan a someterse a tratamientos con efectos irreversibles) no podrían aportar, como fue el caso de los demandantes segundo y tercero en el caso
En cualquier caso, el TEDH concluye que los Estados partes conservan un amplio margen de apreciación, en cuanto a la decisión de imponer tal condición. El diagnóstico psicológico previo no amenaza directamente la integridad física de las personas y, como observa, no parece que existan tomas de posturas sobre este punto, de organismos europeos e internacionales en la promoción y defensa de los derechos fundamentales, tan decididas como en el tema de la esterilidad (apdos. 139, 140, 141, 142, 144).
Asimismo, el TEDH se pronuncia sobre la obligación de someterse a un examen médico por parte de un
Concluye el citado tribunal que corresponde a las jurisdicciones internas evaluar el valor probatorio de los elementos que le son presentados. Con el fin de establecer la veracidad de la información aportada, reconoce que los Estados disponen de un amplio margen de maniobrar, siempre y cuando no se actúe de forma arbitraria y, por tanto, el examen pericial médico resulta conforme también con el respeto a la vida privada,
En consonancia con la argumentación expuesta del TEDH, observamos que en la mayoría de legislaciones examinadas es común que el órgano decisor de los procedimientos de reconocimiento legal de la identidad de género se auxilie con un informe complementario a la solicitud planteada. No se considera contrario al principio de autodeterminación, en cuanto que no se trata de sustituir la declaración de voluntad del transgénero en cuestión. Cabe reseñar el caso francés, donde a pesar del doble control que se confía al Tribunal de Gran Instancia
En Alemania tampoco constituye una novedad que se contemple la valoración por terceros expertos de los requisitos exigidos en la TSG [§§ 1 (1), 4 (3), 8 (1)], en el seno del proceso judicial, siempre que no se emplee para inducir a los solicitantes a recibir tratamiento terapéutico e iniciar el proceso de tránsito
De forma específica para los menores de edad (legitimados legalmente para solicitar el cambio de la mención de sexo), Portugal exige un informe de médico colegiado o psicólogo (art. 7 de su ley). Por su parte, Bélgica requiere la intervención de un psiquiatra pediátrico, cuyo contenido no puede hacer referencias al diagnóstico de identidad de género. Conforme al principio de despatologización, el informe del
A mayor abundamiento, en Irlanda el procedimiento legal resulta aún más exigente, comprendiendo la obligatoriedad de presentar dos certificados, que han de resultar coincidentes. Un médico
Finalmente, nos queda por abordar el posible mecanismo a instaurar de valoración de la capacidad de discernimiento en general y, especialmente, en el supuesto del menor «maduro», así como la previsión estable —a modo de pronóstico— de su identidad de género, en el seno del procedimiento registral
En otros ámbitos similares, donde se ha concedido una intervención al menor (debe ser oído y escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte), a fin de poder valorar adecuadamente la suficiente madurez para el ejercicio del derecho en cuestión, se prevé el «auxilio de especialistas» o «personal especializado» en virtud de los arts. 9.2 LOPJM y 18.2.4º LJV
Partiendo de dichas premisas y del criterio adoptado en los ordenamientos jurídicos analizados sobre la certificación de la capacidad y confirmación de la estabilidad de la identidad de género, nos inclinamos por realizar la propuesta
El equipo psicosocial estaría constituido, entre otros profesionales posibles, específicamente, por psicólogos, así como por trabajadores sociales
Quedaría, como última cuestión a decidir, si el informe del equipo interdisciplinar tendría o no carácter vinculante para el encargado del Registro Civil o bien, basándose en las reglas de la sana crítica, por aplicación analógica (art. 348 LEC), podría apartarse del resultado del mismo, en caso de resultar desfavorable para el interesado. En otro supuesto, habría que decidir si, pese a estimar el informe del IMLCF la madurez y situación de estabilidad de la identidad de género del solicitante, se permitiera al responsable del Registro Civil hacer caso omiso de dicho dictamen, denegando la solicitud. En cualquier caso, el perjudicado tendría a su favor la posibilidad de presentar recurso ante la DGSJFPR (antes DGRN), conforme a los arts. 85 a 87 LRC. Finalmente, entendemos que habría que comunicar al Ministerio Fiscal la solicitud y documentación aportada,
En el reconocimiento de la identidad de género a las personas transexuales debe primar el aspecto psicológico y psicosocial sobre el puramente cromosomático, gonadal e incluso morfológico, de forma jurisprudencialmente admitida, STS 685/2019, FJ 8; STEDH, caso
Al respecto, cabe puntualizar que, aunque el sexo no es ya un estado civil, sí es un elemento de la identificación de las personas y forma parte de su dignidad (STC 99/2019, FJ 4;
En virtud de que está previsto su entrada en vigor el 30 de junio de 2020, nos referiremos, básicamente, a dicha Ley a lo largo de este trabajo y, excepcionalmente, citaremos la Ley de 8 de junio de 1957.
Sobre la polémica que existe en torno a los sistemas de reconocimiento facial,
Véanse, entre otros, las obras de Fausto-Sterling (
El enunciado de las principales resoluciones, recomendaciones e informes de las instituciones internacionales o supranacionales, así como la jurisprudencial del TEDH y TJUE, se recoge en el Auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad de 10 de marzo de 2016 (RJ, 2016, 1392), en adelante, ATS 2016.
Esta evolución se inició socialmente en torno a 2008, a través del movimiento
Disponible en:
Se trata del sentido estricto de
La «no conformidad de género» o «diversidad de género» se refiere al grado en que la identidad, el papel o la expresión de género difiere de las normas culturales prescritas para personas de un sexo en particular (Institute of Medicine, 2011), WPATH: 5.
Transexual: adjetivo (aplicado a menudo por la profesión médica) para describir a las personas que buscan cambiar o que han cambiado sus caracteres sexuales primarios y/o las características sexuales secundarias a través de intervenciones médicas (hormonas y/o cirugía) para feminizarse o masculinizarse. Estas intervenciones, por lo general, son acompañadas de un cambio permanente en el rol de género. Solo ciertas personas con diversidad de género experimentan disforia de género en algún momento de sus vidas. Asimismo, y con independencia del derecho intrínseco a su reconocimiento legal registral, estas personas pueden sufrir también algún tipo de enfermedad o trastorno, como el autismo, de forma colateral, WPATH: apéndice, 2, 168, 173.
Con este término se hace referencia a la incomodidad o malestar causado por la discrepancia entre la identidad de género y el sexo asignado a la persona al nacer (y el papel de género asociado y/o las características sexuales primarias y secundarias), WPATH: 2.
Así, STS 685/2019, FJ 8. Sirva como ejemplo la evolución del derecho francés y, en particular, el art. 61-63, párrafo
Como advierte Vauthier (
Para el caso de las personas transexuales, es donde entra la necesidad de beneficiarse de los tratamientos y atención médica, con o sin modificación corporal. Algunas de estas personas experimentan disforia de género a un nivel tal que esa aflicción reúne los criterios para un diagnóstico formal, que puede ser clasificado como trastorno mental. Tal diagnóstico no debe ser una licencia para la estigmatización o la privación de los derechos civiles y humanos (WPATH: 5). Sobre los riesgos de que la despatologización implique una falta de atención de estas personas en el ámbito sanitario alertan los propios profesionales. Al respecto, Muñoz
Resolución 2048 (2015) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, contra la discriminación de las personas transgénero en Europa, en adelante, Resolución 2048 (2015).
Personas no binarias son aquellas «cuya identidad sexual, de género y/o expresión de género se ubica fuera de los conceptos de hombre/mujer y/o masculino/femenino, o fluctúa entre ellos. Las personas no binarias pueden o no emplear un género gramatical neutro, pueden o no someterse a procedimientos médicos, pueden o no tener o desear una apariencia andrógina, y pueden o no utilizar otros términos específicos para describir su identidad de género, como pueden ser, entre otros, género
Respecto a la opción de la eliminación del sexo como elemento identificativo, o la inclusión de una tercera opción, existe actualmente un intenso debate. Un resumen del panorama a nivel internacional lo podemos encontrar en Herpolsheimer (
En este país se reformó la
Disponible en
El término «trans» ampara múltiples formas de expresión de la identidad de género o subcategorías como transexuales, transgénero, intersexual, intergénero, queer, agénero, crossdresses, etcétera, como se recoge en el art. 4 n) Ley 18/2018, de 20 de diciembre, de igualdad y protección integral contra la discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Aragón (en adelante, Ley 18/2018 de Aragón).
Se trata de establecer un marco general de protección ante cualquier tipo de discriminación, en distintos ámbitos como el sanitario o educación. A título indicativo, y entre las leyes de las CC. AA. más recientes podemos citar: Ley 9/2019, de 27 de junio, de modificación de la Ley 14/2012, de 28 de junio, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales del País Vasco (en adelante, Ley 9/2019 del País Vasco), art. 3; Ley 18/2018 de Aragón; Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid (en adelante, Ley 2/2016 de Madrid). Desde el ámbito internacional, Comentario general 20 (2016) del Comité de los Derechos del Niño, ap. 14 (en adelante, Comentario CRC 2016: 20), disponible en
Véanse SSTC 7/2019, de 17 de enero, y 132/2019, de 13 de noviembre.
El concepto de
Cuestión sobre la que también llama la atención Benavente Moreda (
Respecto a su vinculación con los derechos fundamentales, Valpuesta Fernández y Sumo y Gete-Alonso (
En línea con su jurisprudencia anterior, STS 929/2007, de 17 de septiembre; 158/2008, de 28 de febrero; 182/2008, de 6 de marzo; 183/2008, de 6 de marzo; 731/2008, de 18 de julio; 465/2009, de 22 de junio.
Cabe recordar que la jurisprudencia del TEDH, además de tener «un valor hermenéutico especial» para el TC, como él mismo afirma (STC 99/2019, FJ 9 y, entre otras, SSTC 22/1981 y 155/2009), e informar de la práctica judicial (
Asimismo, la STC 99/2019, recoge en este sentido el criterio jurisprudencial consolidado del Tribunal Federal alemán, quien se ha pronunciado varias veces acerca de situaciones en las que pueden verse las personas transexuales, En todas ellas el marco básico de análisis ha sido el derecho general a la propia personalidad, en concreto, los arts. 1.1 y 2.1 GG (1 BvR 938/81, de 16 de marzo de 1982; 1 BvL 38/92, de 26 de enero de 1993; 1 BvL 3/03, de 6 de diciembre de 2005; 1 BvL 1/04, de 18 de julio de 2006; 1 BvL 10/05, de 27 de mayo de 2008; 1 BvR 3295/07, de 11 de enero de 2011 y 1 BvR 2019/16, de 10 de octubre de 2017). Entre la doctrina más reciente, que ha comentado las mismas, podemos citar a Dunne y Mulder (
Resulta significativo el recurso al derecho comparado al que, repetidamente, acude el TC. Como Häberle (
Caso
STC 99/2019, citando STC 183/2008, de 22 de diciembre de 2008.
Artículo 162: «Los padres que ostenten la patria potestad tienen la representación legal de sus hijos menores no emancipados. Se exceptúan: 1.º Los actos relativos a los derechos de la personalidad que el hijo, de acuerdo con su madurez, pueda ejercitar por sí mismo. No obstante, los responsables parentales intervendrán en estos casos en virtud de sus deberes de cuidado y asistencia».
Por la razón expuesta en el texto, resulta objetable la solución adoptada en la Instrucción de 23 de octubre de 2018, de la DGRN (actualmente Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en adelante, DGSJFP), sobre el cambio de nombre en el Registro Civil de personas transexuales, en adelante, Instrucción de 2018. En parecidos términos a la Instrucción citada, véanse las proposiciones de ley para la reforma de la Ley 3/2007, art. 1.3, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista el 3 de marzo de 2017,
En la STC 99/2019, FJ 9 (citando la STC 154/2002, de 18 de julio, FJ 9a) se reconoce el ámbito de autodeterminación sobre decisiones vitales, que no solo se predica del mayor de edad, sino igualmente de quien es menor de edad. Al menor de edad, cuando se trata de opciones personalísimas, y se dispone de madurez suficiente que le habilite, se le otorga la responsabilidad del ejercicio del derecho fundamental.
Como afirma Bartolomé Tutor (
Al efecto, Seisdedos Muiño (
En la vía judicial, declara la STS 685/2019 (FJ 9 ap. 14) que, en este ámbito, la actuación de los representantes legales es meramente complementaria, como puede ser, por ejemplo, la destinada a completar la capacidad procesal de los menores de edad y permitirles comparecer en juicio (art. 7.2 de la LEC). Además, afirma que no son suficientes, para apreciar tal madurez, ni la persistencia de una situación estable de transexualidad, ni las manifestaciones que sobre este particular han realizado sus padres, representantes legales, en diversos escritos, el último de ellos al realizar alegaciones tras la sentencia del Tribunal Constitucional, al encuadrarse esta cuestión en el supuesto de hecho del art. 162 del CC.
Se prevé en los protocolos asistenciales y médicos, el asesoramiento a las familias a fin de que conozcan, adecuadamente, esta realidad de la diversidad de género. En ocasiones, resulta una dificultosa labor, máxime cuando las situaciones de identidad de género de los menores no están todavía definidas. Sobre esta cuestión, Boivin
Se declara, en el documento presentado por la WPATH (2012: 176), que algunos niños y niñas manifiestan el deseo de hacer una transición social hacia un rol de género diferente mucho antes de la pubertad. Para algunos y algunas, esto puede reflejar una expresión de su identidad de género. Para otros y otras, esto podría tener otro origen. Este es un tema polémico, y las opiniones expresadas por profesionales de la salud son divergentes. La base de la evidencia actual es insuficiente para predecir los resultados a largo plazo a los efectos de concretar una transición de roles de género en la infancia temprana. La investigación de resultados con niños y niñas que completaron las primeras transiciones sociales contribuirán enormemente para futuras recomendaciones clínicas.
Muñoz
En concreto, el art. 12 (4) (C) (D) de la Ley irlandesa, respecto al contenido del informe médico que se debe acreditar, obliga a certificar que se trata de una decisión libre e independiente del menor, sin influencia de otra persona, así como si el niño ha transicionado (o está en dicho proceso) hacia el género deseado.
En el caso enjuiciado, entiende el TC que el derecho a obtener la rectificación registral de la mención del sexo que habilita la Ley 3/2007 se orienta a la realización del libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE). La limitación de su disfrute exclusivamente a favor de quien sea mayor de edad, es una restricción que deja fuera del ámbito subjetivo de tal derecho a quienes no cumplan con ese requisito de edad, supone que a estos se les priva de la eficacia de dicho principio constitucional en lo que se refiere a decidir acerca de la propia identidad. Esta restricción es de un grado particularmente intenso porque condiciona una manifestación de primer orden de la persona y, consecuentemente, incide de un modo principal en su dignidad como tal individuo, cuya salvaguarda es la justificación última de un Estado constitucional como el establecido en la Constitución de 1978,
Como afirma el voto particular emitido a la misma por los magistrados Encarnación Roca Trías y Alfredo Montoya Melga, juicio al que nos sumamos.
Las cursivas son nuestras. Del intento de concreción de los términos «suficiente madurez» y «situación estable de transexualidad» nos ocupamos a continuación.
Esperemos que la exégesis de este pronunciamiento constitucional no genere la enorme confusión —y desatinada interpretación— que ha suscitado la STC 26/2017 (a la que se remite la STC 99/2019), y todas las que le han seguido (por ej., STC 59/2017), como lamenta la STS de 9 de julio de 2018, que interpreta esta última.
Las reglas tradicionales de la interpretación jurídica, enunciadas por Savigny, no son suficientes y se recurre a otros métodos específicos, como el tópico que se atribuye a Hesse, Martínez Benavides (
Partiendo de los trabajos parlamentarios que precedieron a la aprobación de la Ley 3/2007, se evidencia que no se trató de una «omisión» u olvido el hecho de no incluir a los menores de edad de la misma, sino que pretendidamente, se quiso «excluir» a los mismos. Aquí la
Al respecto, Díaz Revorio (
Recogiendo los mismos términos que emplea el voto particular.
Las sentencias aditivas constituyen la solución más idónea para el TC, sin invadir la esfera del legislador, Díaz Revorio (
Al respecto, STC 19/1987, 17 de febrero; Balaguer Callejón (
Consideramos que, en ejercicio del
Balaguer Callejón (
Sobre esta idea, ampliamente, Lemouland (
A pesar de que el sexo no es un estado civil, debe existir una constancia registral en interés de terceros, pero nunca la constatación registral derivará de exigencias de orden público, en el sentido de asociarlo al preestablecimiento de unas pautas de comportamiento sexual mayoritario, Belda Pérez-Pedrero (
No en vano la DGRN ha pasado a denominarse Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, como órgano directivo del Ministerio de Justicia. Al respecto, Martín Morato (
Alamillo Domingo (
En el mismo sentido, Corera Izu (
Conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, de forma que la solución que se adopte en el interés superior del menor de edad no restrinja o limite más derechos que los que ampara, Sánchez Freyre (
Como ha razonado Gil Membrado (
Teniendo presente que la necesidad de otorgar al niño una protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los arts. 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el art. 10), en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño, como se recoge en el preámbulo de dicha Convención.
Parece claro que su espíritu impregna la LRC, expresamente
En Suecia en este sentido, así en la Propuesta de modificación de la Ley, de 5 de marzo de 2017, disponible en
En Malta, la Oficina del Comisionado de la Infancia manifestó su preocupación en torno a la interpretación de que el interés del menor se tendría en cuenta
Para el caso de los transgéneros, la TSG no contiene una norma que regule de forma particular la forma de proceder en el caso de los menores. Los expertos abogan por la aplicación del § 1626 BGB, que indica que los padres deben tener en cuenta la capacidad de crecimiento del niño y la necesidad de actuación de manera independiente y responsable, Adamietz
En nuestra doctrina, por todos, véase Rivero Hernández (
Véanse también los arts. 2.2.d) y 11.2.1. No deja de resultar llamativo que la STC 99/2019 no se base en la LOPJM para fundamentar su decisión, cuando se trata del marco general más importante del interés del menor, aunque sí la traen a colación en sendos escritos tanto el abogado del Estado como la fiscal general del Estado.
Adoptamos la abreviatura de las siglas en inglés, a fin de distinguirla de la CDN: Convención sobre los Derechos del Niño.
Exposición de Motivos de la LOPJM.
§ §32 y 46 Observación 14 del CRC.
De forma similar, en el campo de la pediatría, se persigue la finalidad de respeto de la voluntad del menor, como interés superior, y el principio de protección frente a la vulnerabilidad, Riaño Galán
De otro modo se entiende desde el movimiento asociacionista Trans*, defendiendo que, desde la infancia, se está dotado de la capacidad de autodeterminación. Se considera el derecho a la identidad de género
En esta línea, sobre el riesgo de remisión, se expresaron tanto el voto particular del ATS 2016 como el informe presentado por el abogado del Estado en la STC 99/2019. De forma similar, en Francia, en el curso de los trabajos parlamentarios de la Ley de 2016, Bernard-Xémard (
Hay que velar por el interés superior del menor, durante esta preparación del tránsito a la edad adulta e independiente, dotando de estabilidad a las soluciones que se adopten, recoge el art. 2.3.c) y d) LOPJM.
En cuanto a la exposición de este proceso desde el punto de vista médico, seguimos a Esteva de Antonio
Sobre el origen de la transexualidad, destacan, entre la doctrina científica, los estudios de López. Moratalla (
Al respecto, Olson-Kennedy
La forma de articular el consentimiento informado del menor, previo a someterse a tratamientos médicos en los casos de identidad de género (transexualidad), resulta compleja, en particular, al aplicar el principio de la
En el documento del Consejo nacional de ética portugués para las ciencias de la vida, elaborado con motivo de la elaboración de dicha regulación, se afirma que, aunque la manifestación de la identidad de género suele ser precoz, no es reducible a un momento. Es más bien un proceso evolutivo, 94/CNECV/2017: 3-4.
Muñoz
En la actualidad, en las Unidades de Identidad de Género (UIG), la tendencia es mantener de forma prolongada el uso de análogos de GnRH, si se trata de mayores de 12 años, y se presenta estadio puberal igual o superior al estadio II de Tanner. A partir de los 16 años, se incorpora progresivamente la terapia cruzada con esteroides sexuales. Es obligado informar al menor, y a los representantes legales, de los efectos de estos tratamientos sobre la fertilidad y la maduración psico-emocional, así como sobre la complejidad y limitaciones de las futuras cirugías genitales reconstructivas. El grupo GIDSEEN advierte, sin embargo, que en el transcurso de los últimos años han proliferado en España «pseudounidades no oficiales» de atención a la transexualidad, tanto dentro del sistema público de salud como en el entorno privado. En concreto, muchas de ellas, sin ninguna o escasa regulación, están tratando a niños y niñas, respondiendo a las demandas de sus familias, generalmente desorientadas y poco informadas sobre el modelo terapéutico más idóneo y recomendado para sus hijos e hijas, afirman Esteva de Antonio
A este respecto, puede consultarse el Informe sobre derechos humanos e identidad de género del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, 29 de julio de 2009; el escrito de fecha 7 de junio de 2016 presentado por el abogado del Estado y el informe de la Fiscalía de 14 de octubre de 2015 en la STC 99/2019, y lo dispuesto en la STS 685/2019 (FJ 9).
En Noruega, a fin de evitar dichas situaciones en el ámbito escolar, se fijó el límite inferior en seis años, según lo propuesto por
Además, «interesado» solo puede ser el propio menor que ejercita un acto personalísimo, art. 89 LRC. Dispone el art. 3 RRC que, «quienes tienen capacidad para realizar un acto de estado civil, la poseen para todas las actuaciones registrales relativas al mismo». Si bien en este caso el acto tiene eficacia constitutiva (art. 5.1 Ley 3/2007). Por otro lado, hasta la declaración de inconstitucionalidad del art. 1.1 Ley 3/2007, el legislador aplicó el criterio objetivo de la mayoría de edad, que identifica con el pleno ejercicio de la capacidad de obrar (art. 12 CE). Véase, al respecto, voto particular de la STC 99/2019; intervención en el Congreso, durante la tramitación parlamentaria de la Ley 3/2007,
Durante la tramitación parlamentaria de la Ley 3/2007 se intentó la inclusión de los menores emancipados y mayores de 16 años a través de distintas iniciativas, que no fueron aceptadas en la redacción definitiva; al respecto, véanse los escritos de la fiscal general del Estado y del abogado del Estado en la STC 99/2019, apdos. 6 y 7.
Recordemos que nuestra LOPJM establece como primer elemento general para valorar el interés superior del menor, la «edad y madurez» del mismo, art. 2.3.a).
Declara la STC 99/2019 (FJ 9) que es abundante el acervo doctrinal (por todas, STC 183/2008, de 22 de diciembre, FJ 5) que afirma, como «parte del contenido esencial del art. 24.1 CE», el derecho de cualquier menor, con capacidad y madurez suficiente, a ser oído en vía judicial en la adopción de medidas que afectan a su esfera personal. De forma similar, en el ámbito competencial autonómico, véase el art. 17 Ley 26/2018 de la CV.
El TC (STC 99/2019) no se ha referido al límite de edad de los 12 años del art. 9.2 LOPJM, aunque por la vía de hecho pueda resultar un criterio a tener en cuenta.
Así, el criterio del abogado del Estado manifestado en la STC 99/2019, antecedente 6º.
Parra Lucán y Arenas García (
Si bien se debate si una sola sentencia del Alto Tribunal, aunque sea del Pleno, constituye o no jurisprudencia, resulta evidente su especial valor. Al respecto, Bercovitz Rodríguez-Cano (
Si bien con motivo de la eutanasia, Sentencia 153/2015, ap. B.24.1 a B.24.8.2, disponible en
Como se afirmó en el seno de los trabajos parlamentarios de la Ley de 2017 que ha reformado el
Respecto a dicha Ley irlandesa, además, en el análisis del estadio de madurez que recoge dicho precepto se exige que el menor cuente con 16 años, que actúe de forma
Como afirma Santos Morón (
Esta valoración habrá de ser diferenciada de la específica de las personas transgénero, es decir, la otra exigencia que ha considerado el TC por medio del requisito de que la situación de «transexualidad» sea
Como ya hemos explicado, tras la STC n. 99/2019, la disposición sigue vigente. Lo que se ha declarado inconstitucional es uno de los sentidos posibles, la exclusión del menor maduro. En la tramitación parlamentaria se propuso la expresión «plenamente capaz», enmienda n. 54, BOCG, 10-10-2006, Serie A, n. 89-7, p. 46. Sobre esta cuestión, más ampliamente, Bustos Moreno (
Entre otras, Resolución 2048 (2015), ap. 6.2.1.
WPATH: 22-23; sobre el consentimiento médico, en general, de los menores de edad, véase art. 9.4. Ley 41/2002 y el art. 152-4 de la Propuesta de Código Civil de la APDC.
Con ese ánimo tuitivo se elevó la edad de los menores emancipados para contraer matrimonio (de 14 a 16 años), por medio de la LJV y reformando el C.c. Igualmente, dicha razón fue la justificativa para elevar el consentimiento sexual.
Aunque todas las personas —ya sean mayores de edad y menores a partir de 16 años— deben presentar también una declaración de un experto, conforme al art. 28.a del mismo cuerpo legal, como explicaremos más adelante, disponible en
Respecto a Canadá, en las provincias canadienses de Nueva Escocia y Ontario se prevé el límite de 16 años. De otro modo, en la ciudad de Quebec se rebaja a la edad de 14 años, si bien la solicitud debe presentarse junto a la de sus padres. En caso de oposición de estos, entonces decidirá un tribunal. Si el menor tiene menos de 14 años, la solicitud la puede realizar uno de los padres. Al mismo tiempo, siempre que se trate de un menor, se exige un certificado médico o expedido por psicólogo, psiquiatra, sexólogo o trabajador social, tras una reforma operada en 2016, cuya información puede encontrarse en
Adamietz
Como observa Bernard-Xémard (
De forma crítica, Bribosia
En Suecia, la propuesta de reforma legislativa de 5 de marzo de 2017 contempla el límite de 15 años para la presentación autónoma y, en la franja de 12 a 15 años, se debe contar con el consentimiento de los padres. Por debajo de los 12 años, únicamente cabe la petición de cambio ante problemas de intersexualidad
El Ministerio de Salud considera que los jóvenes de 16 años son suficientemente maduros para decidir sobre su propia salud y sobre la decisión de cambiar el estatus legal. Se considera que se trata de una decisión que no tiene mayores consecuencias, dado que no requiere atención médica, Recomendación del Comité de Salud y Servicios Humanos sobre la Ley de modificación de la situación jurídica, p. 2
Art. 5 Ley argentina. Asimismo, la persona menor de edad deberá contar con la asistencia del abogado del niño prevista en el art. 27 de la Ley 26.061.
Islandia, en su Ley de 2019, establece que el menor puede presentar la solicitud con la ayuda de sus representantes legales. Si no recibiera el apoyo del mismo, podrá recurrir al comité de especialistas constituido, entre otros, por un pediatra y psicólogo pediátrico, arts. 9 y 12. En la Proposición de Ley elaborada en 2015 se incluyó la norma de que, a partir de 15 años, ya pudiera presentar la solicitud de cambio él solo. Sin embargo, en el texto definitivo se elevó el límite a 18 años. En esta línea se ubican las reivindicaciones en Alemania: en caso de desacuerdo entre el tutor legal y el niño, se recomienda que los asesores sean independientes y neutrales (
En Malta, a partir de 16 años ya no se considera «menor» a efectos de solicitud, equiparándose a un mayor de edad (art. 2). Por debajo de esa franja, debe presentar la solicitud el titular que ejerce la autoridad parental, no ante notario (art. 5, procedimiento ordinario), sino en la vía de la jurisdicción voluntaria, art. 7 (1). La Instrucción de 2018 establece la posibilidad de que el solicitante realice una declaración en documento público, sin especificar qué tipo ni cómo se articularía la continuación del procedimiento registral. Cabe pensar que se refiere a los autorizados por notario y, en concreto, que se trata de un acta de manifestación o de referencia, más que de un acta de notoriedad, donde comprobaría la identidad, capacidad y legitimación del requirente a los efectos de su control de legalidad para el acto que se pretende, por tratarse del ejercicio de un derecho. No obstante, no puede extender su acreditación a hechos cuya constancia requieran conocimientos periciales, por lo que no podría comprobar la estabilidad de la transexualidad, arts. 156.8º, 199, 208 RN. En cualquier caso, debería atribuírseles competencia expresamente en esta materia, a través de la vía prevista en el art. 27.1 LRC, pero desarrollando un procedimiento similar al previsto en la Ley de Malta.
A pesar de las voces alzadas en contra de que el procedimiento fuera de carácter judicial, durante la tramitación parlamentaria, la consideración de la modificación del cambio de sexo en el estado civil como una acción de estado, se consideró una razón de peso para imponerlo. Implícitamente, el Estado francés demuestra su fijación al principio de indisponibilidad del estado de las personas, defendiendo que la identidad sexual no puede quedar sujeto a la autodeterminación, ni recaer sobre una simple declaración del interesado, Bernard-Xémard (
Bribosia
De forma crítica, véase
Comité de Expertos del Ministerio noruego de Salud, Innst. 315 L (2015–2016) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen, p. 2, diponible en
Se trata de la solución adoptada en la Instrucción de 2018 que, como opción legislativa, nos parece adecuada. El origen de la misma fue el Informe anual de 2015 del Defensor del Pueblo (2016:305), que solicitaba a la Secretaría de Estado de Justicia facilitar la rectificación del nombre propio de los menores, quedando garantizado tanto el interés superior del menor como la seguridad jurídica y las exigencias del interés general (14023317). Sin embargo, el sistema que ha
Recordemos que Alemania ya implantó la pequeña y gran solución, en función de la exigencia o no de tratamientos médicos. No obstante, tras la inconstitucionalidad acordada de dichas medidas, la diferencia ha perdido toda virtualidad.
En apoyo de la solución prevista en algunas CC.AA., Ferrer Riba y Lamarca Marqués (
De este modo lo interpreta la doctrina con la nueva redacción de la LRC, entre otros, Álvarez González y García Rubio (
Como declara Rivero Hernández (
Es un órgano que tiene que estar presente en procesos que afecten al menor, aunque la realidad es que no siempre es posible fuera de las capitales de provincia. El Ministerio Fiscal debería ser oído, en tanto que defiende y ejerce atribuciones de vigilancia y control, sin función decisoria, Rivero Hernández (
Las normas de este texto legal actuarían de forma supletoria,
Véase la Proposición del PSOE, art. 1.4 propuesto de la Ley 3/2007 reformada. Por otro lado, la Proposición de Ley de Podemos 2018 hace referencia al defensor judicial, en los términos establecidos por la legislación civil. Se trata de la función atribuida por el art. 163 C.c. para representar en juicio y fuera de él, arts. 299 y 300 C.c. Sin embargo, en la vía registral, es extraña la intervención de esta figura, propia del procedimiento de jurisdicción voluntaria, art. 27 LJV.
Ampliamente sobre este procedimiento, Hérault (
El art. 60 permite que el niño mayor de 13 años pueda solicitarlo consintiendo él personalmente, junto a su representante legal. Aquí el procedimiento se desjudicializa, vía directa a través del RC, a diferencia del cambio de sexo. Debe intervenir el fiscal y si se opone al cambio por considerar que es contrario al interés del niño, el demandante o su representante legal pueden remitir el asunto al juez de familia.
Recientemente, véase sobre la trascendencia del cambio de nombre, en el ámbito de protección del art. 8 CEDH, STEDH 21 de noviembre de 2019 (JUR 2019/317755).
En la delimitación del objeto de controversia, pese a su solicitud por el recurrente, se excluye el cuestionamiento de los requisitos materiales detallados en el art. 4 Ley 3/2007, dado que viene a justificar la existencia de diagnóstico.
Distinto es que todas las referencias del art. 4 de la Ley 3/2007 con alusiones a la patologización, deban desaparecer tras la reforma de la misma, como el «diagnóstico» o «la ausencia de trastornos» o «tratamiento médico durante al menos dos años», debiendo integrarse los casos de personas transgénero y no sólo de los estrictamente transexuales, como ya hemos justificado.
En el mismo sentido, se pronuncia el voto particular: «decisión firme y asentada (art. 4 de la Ley 3/2007)» y el escrito de 7 de junio de 2016 del abogado del Estado de la STC 99/2019.
Recordamos que, aunque el derecho de identidad pertenece de modo intrínseco a la persona, la identidad de género se va construyendo durante la infancia y no se dota de estabilidad hasta que pasa la adolescencia, siguiendo al grupo GIDSEEN, como ya hemos explicado.
De forma similar, la Declaración de reconocimiento de identidad de la WPATH de 15 de noviembre de 2017 se «opone a los requisitos para que las personas se sometan a períodos que viven en su género afirmado, o para períodos de espera forzada o ‘enfriamiento’ después de solicitar un cambio en los documentos. Además, las audiencias judiciales y extrajudiciales pueden producir problemas psicológicos»,
Tampoco habría que incluir en la futura ley la expresión «experiencia de la vida real» (EVR), en cuanto término médico que se debe demostrar, como primera fase de la tríada terapéutica (junto al diagnóstico), dentro de las recomendaciónes de la WPATH y
La regulación del cambio de nombre, igualmente se simplificó tras dicha reforma (art. 60 del
El art. 61-5
que ella se presenta públicamente como perteneciente al sexo reclamado; que es conocida por el supuesto sexo de su familia, amigos o profesionales; que obtuvo el cambio de su nombre para que corresponda al sexo reclamado.
No se trata de una lista limitada de hechos en los que el demandante pueda basar su petición, sino sólo se establecen a título indicativo. Entre los elementos de prueba que se citan, como ejemplo, se encuentra el de producir documentos relacionados con el comportamiento social y/o experiencia de vida en el sexo reivindicado; al respecto, Circulaire du 10 mai 2017 de présentation des dispositions de l’article 56 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle concernant les procédures judiciaires de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l’état civil (2017: 6). NOR: JUSC1709389C. Disponible en
La emisión del consentimiento libre e informado,
No obstante, el requisito de la «apariencia» del sexo reivindicado por el efecto de haberse sometido a tratamiento médico no puede ser admitido,
Un resumen de las distintas posturas sostenidas por nuestra doctrina, puede consultarse en Gete-Alonso y Calera (
Toral Lara (
Respecto a la
Se afirma en la sentencia del TEDH, caso
Y con ello, el sometimiento a tratamientos de efectos irreversibles, mediante fármacos con importantes efectos secundarios y/o cirugías de reasignación sexual, así Fernández
Sobre el análisis de este requisito en la Ley 3/2007, puede consultarse Bustos Moreno, (
En el proceso que dio lugar al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad en la STC 99/2019, la parte demandante sí acreditó que le había sido diagnosticada disforia de género. El recurso de casación fue estimado mediante la STS 17-12-2019 (FJ 9, apdos. 12 y 13), que casó la SAP de Huesca de 13 de marzo de 2015, devolviendo las actuaciones al referido tribunal de apelación para que, tras realizar la audiencia del menor, junto con el examen de la documentación aportada con la demanda, entre la que se encuentraba el informe diagnóstico, comprobara la madurez y situación estable de transexualidad.
Compartiendo la opinión del Comisionado para los Derechos Humanos (apdos. 73 y 139 de la STEDH, caso
Que venían siendo exigidos por el Tribunal de Casación francés en las sentencias de 7 de junio de 2012 (n. 757 y 758) y 13 de febrero de 2013 (n. 106), disponibles en
De forma similar fue la argumentación aportada por el Gobierno francés (apdo. 137). En contra, véase el Dictamen de la Comisión Nacional Consultiva de los Derechos Humanos (CNCDH) de 27 de junio de 2013 (apdos. 63-65).
En dicho ordenamiento jurídico nacional, se trata de una medida no obligatoria por principio, pero a la cual deben recurrir las autoridades judiciales, cuando las pruebas presentadas fueran incompletas y en interés del propio demandante.
Añade el TEDH que, aunque el examen pericial médico ordenado implicaba un examen genital de la intimidad del primer demandante, el grado de injerencia que se habría producido en el ejercicio de su derecho al respeto de su vida privada merecía ser relativizado, ap. 152. En contra de la conclusión a la que llega el TEDH, Vauthier (
En concreto, verificar el consentimiento libre e informado, asi como constatar que, tras los diferentes elementos de prueba, el solicitante ha cumplido las condiciones exigidas.
Introducidos por medio del
En el Proyecto de Ley de 8 de mayo de 2019 se mantiene a través de los denominados «asesores cualificados»,
1 BverfG 747/17, 17 de octubre de 2017, FJ. II 1 c) y la Sentencia 1 BvL 38, 40, 43/92, de 26 de junio de 1993, FJ A. I, ap. 8. Respecto a las objeciones vertidas por la exigencia de estos dos expertos, como el elevado coste o la dilación del proceso ante dicha exigencia, frente a las recomendaciones de la Resolución 2048 (2015), Güldenring (
Como recoge Borghs (
Insertado en virtud de la Ley de 18 de junio de 2018, aunque con similar texto al derogado art. 62 bis
Recordemos que la STS 685/2019 ya trató la forma de materializarlo en la vía judicial. Sin embargo, este procedimiento parece que queda excluido en el art. 91.2 de la LRC, como justificamos.
De forma similar al supuesto del art. 58.5 LRC.
Objeto de cuestión de inconstitucionalidad en la STC 64/2019, de 9 de mayo de 2019. Véase también STC 183/2008, de 22 de diciembre (FJ 5), criterio asumido por la STC 99/2019.
Aunque, de momento, no se encuentran integrados en el IMLCF.
Recordamos que en la regulación en la provincia canadiense de Quebec también se contempla la colaboración con dichos profesionales, como ya recogimos
Respecto a la participación del trabajador social en el ámbito de los servicios sociales de protección que pudieran necesitar estos colectivos, en ocasiones, vulnerables, así como asesoramiento y atención en otros ámbitos, ya mencionamos la existencia de legislación autonómica al respecto, como la Ley 26/2018 de la CV.
En otros ámbitos, véanse el art. 44.7 LRC y, ante la negativa de comparecencia del menor, el art. 9. 3 LOPJM.