CRÓNICA 2019 DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ARGENTINA

1.1. Privilegio concursal del crédito de un discapacitado[Subir]

En el caso Institutos Médicos Antártida s/ quiebra s/ inc. de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F) (Fallos: 342:459), la CSJA interviene por recurso extraordinario, interpuesto por una persona con discapacidad por un crédito por indemnización, reconocido judicialmente a su favor, originado por una mala praxis médica en el momento de su nacimiento que le provocó una parálisis cerebral con el 100% de incapacidad irreversible y complicaciones posteriores a lo largo de su vida.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de la Capital Federal había declarado la inconstitucionalidad del régimen de privilegios concursales previsto en la Ley de Concursos y Quiebras^‍‍[8] y procedió a verificar este crédito con privilegio especial prioritario de cualquier otro privilegio. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial revocó la sentencia de primera instancia y atribuyó a este carácter de crédito quirografario.

A través del recurso extraordinario el actor solicita a la CSJA dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia y, consiguientemente, se le reconozca un privilegio especial para el cobro de un crédito verificado en este procedimiento concursal.

La cuestión, entonces, consistió en determinar la prevalencia de convenciones internacionales, en razón de la situación de extrema vulnerabilidad en que se encuentra actor como titular de un crédito, dentro de un proceso concursal y, en su caso, si impacta sobre el orden de preferencia de cobro establecido por la Ley de Concursos, es decir, si su crédito debe ser verificado con rango de privilegiado y, en este último caso, el orden de preferencia respecto de otros acreedores privilegiados.

La CSJA señaló que, al igual que otras normas que forman parte del ordenamiento jurídico, la ley que regula los procedimientos concursales en Argentina debe ser integrada a las disposiciones previstas en los instrumentos internacionales de tutela de derechos humanos. De ellos se desprende tanto los derechos de toda persona a gozar de un nivel adecuado de vida y al disfrute del más alto nivel posible de salud como la correspondiente obligación de los Estados partes de adoptar las medidas que resulten pertinentes para hacer efectivos tales derechos y, por lo tanto, compromete al poder judicial en su tarea de interpretar y aplicar el derecho^‍‍[9].

Reconoce que los privilegios contemplados en la Ley de Concursos son una excepción al principio de paridad que rige entre los acreedores de un mismo deudor que solo puede resultar de una disposición legal, sin embargo, entiende que este caso presenta una situación excepcional de extrema vulnerabilidad —además la indemnización reviste un carácter asistencial—, lo que conduce a reconocerle al afectado una preferencia que lo coloca, incluso, en un plano superior a los demás créditos privilegiados, con el fin de garantizar «el goce de su derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad».

La CSJA resolvió declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones de la ley de concurso que confiere a esta indemnización carácter quirografario «habida cuenta de que no dan una respuesta adecuada, definitiva y acorde con la situación descripta al no prever privilegio o preferencia de pago alguno que ampare y garantice el goce de los derechos constitucionales mencionados» y, consecuentemente, procede a verificar a favor del actor su crédito con privilegio especial, incluso, prioritario respecto de cualquier otro privilegio.

1.2. Principio de igualdad en materia impositiva de pensionados y otros beneficiarios vulnerables de la Seguridad Social[Subir]

El caso García, María Isabel c/ AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad (Fallos 342:4119) trata de una señora de 79 años de edad que demanda al Estado nacional por inconstitucionalidad del cobro de un impuesto a las ganancias sobre la pensión que percibe mensualmente como jubilada. La vía procesal fue una «acción directa de inconstitucionalidad» prevista como acción declarativa de certeza^‍‍[10], presentada ante un tribunal federal de primera instancia por demandarse al Estado nacional por ser titular de la agencia federal de recaudación fiscal. El Juzgado Federal hizo lugar a la demanda y, en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad de la norma de la Ley de Impuesto a las Ganancias sobre pensionados y ordenó al Estado a reintegrar a la actora, desde el momento de la interposición de la demanda y hasta su efectivo pago, los montos que se le hubieren retenido por aplicación de la normativa descalificada. Esta sentencia fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná (provincia de Entre Ríos). El Estado nacional interpuso recurso extraordinario ante la CSJA que fue habilitado porque se había cuestionado la validez de normas federales (Ley nacional 20.628) como contrarias a la Constitución Nacional y el fallo del superior tribunal de la causa fue contrario a la constitucionalidad (conc. art. 14, inc. 1°, ley 48). La CSJA confirmó la decisión de los tribunales inferiores, declarando la inconstitucionalidad de la norma legal que gravaba a las pensiones con este impuesto a las ganancias.

La inconstitucionalidad se fundamentó en el principio de igualdad real establecido en los arts. 16 y 75 inc. 23 CA. La Corte reitera su doctrina tradicional, que «la garantía de igualdad ante la ley radica en consagrar un trato legal igualitario a quienes se hallan en una razonable igualdad de circunstancias… lo que no impide que el legislador contemple de manera distinta situaciones que considere diferentes, en la medida en que dichas distinciones no se formulen con criterios arbitrarios, de indebido favor o disfavor, privilegio o inferioridad personal o clase, ni importen ilegítima persecución de personas o grupos de ellas»^‍‍[11].

Con cita de disposiciones constitucionales referidas a la igualdad sustancial introducida por la reforma constitucional de 1994 y de dos convenciones interamericanas^‍‍[12] que, conforme al sistema de fuentes, gozan de jerarquía supralegal (art. 75 inc. 22 CA), señaló que «el envejecimiento y la discapacidad —los motivos más comunes por las que se accede al estatus de jubilado— son causas predisponentes o determinantes de vulnerabilidad, circunstancia que normalmente obliga a los concernidos a contar con mayores recursos para no ver comprometida seriamente su existencia y/o calidad de vida y el consecuente ejercicio de sus derechos fundamentales», y así llega a concluir que, respecto de una persona mayor, debe garantizarse un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos, en especial el derecho a la Seguridad Social que la proteja contra las consecuencias de la vejez. Sobre esta premisa surge el deber del legislador de estipular respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables, en especial a las categorías de ancianos y discapacitados.

Sentadas estas bases, introduce una novedosa definición en materia fiscal: debe ponderarse la vulnerabilidad vital de jubilados, pensionados, retirados o subsidiados, porque si solo se toma la capacidad contributiva como parámetro para el establecimiento de tributos, se coloca a este colectivo en una situación de notoria e injusta desventaja con quienes no lo son. Considera que el error surge en la estructura tipificada por el legislador (hecho imponible, deducciones, base imponible y alícuota) que termina por subcategorizar mediante un criterio estrictamente patrimonial (mínimo no imponible) a un universo de contribuyentes que se presenta heterogéneo, que la Constitución obliga a considerar.

Finalmente, la CSJA advierte que su declaración de inconstitucionalidad de la norma solo puede aplicarse en el caso concreto y no puede sustituir al legislador, pero, en función de la relación de colaboración que debe existir entre los departamentos de Estado, formula una exhortación al legislador sobre la necesidad de adoptar un tratamiento diferenciado para la tutela de jubilados en condiciones de vulnerabilidad por ancianidad o enfermedad, que conjugue este factor relevante con el de la capacidad contributiva potencial.

1.3. Plazo razonable en materia penal en etapa de revisión[Subir]

En el caso Espíndola: «Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa Espíndola, Juan Gabriel s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley» (Fallos 342:584), la Corte abre su intervención por «arbitrariedad de sentencia»^‍‍[13].

Este caso se ocupa de un problema recurrente: el «plazo razonable» en un proceso penal por un hecho ocurrido en 2005 que tardó quince años hasta llegar obtener sentencia de la Corte. Este fallo interesa porque aborda dos asuntos relevantes. Por un lado, vincular la idea de tortura al retraso incurrido en la etapa de revisión del proceso penal por el tribunal de apelaciones y, por otro, una suerte de reconciliación con la Corte Interamericana luego del caso Fontevecchia (Fallos 340:47/2017).

En cuanto a lo primero, dirige una fuerte reconvención al Tribunal Superior de la provincia de Buenos Aires como cabeza del poder judicial provincial, por no haber tomado medidas ante el ostensible retraso de cuatro años de un tribunal de apelaciones provincial en revisar la sentencia^‍‍[14]. Una vez constatada que la etapa recursiva (segunda instancia y tribunal superior) insumió casi doce años sin que los imputados puedan contar con un pronunciamiento definitivo pasado en autoridad de cosa juzgada, en franca contravención de la garantía de la defensa en juicio y del derecho a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas (art. 18 CA), la Corte concluye que se afecta el debido proceso cuando la parte no encuentra una satisfacción plena de su derecho a obtener de todas las instancias procedimentales una respuesta a sus demandas en un plazo razonable de duración del proceso, máxime si este es uno de índole penal. Finalmente, califica de «arbitraria» la sentencia del Superior Tribunal de provincia, porque no tuvo en cuenta que, además, por el tiempo trascurrido, no solo había excedido el monto de la pena de prisión impuesta (de 6 años aún no firme), sino, incluso, había operado la prescripción de la acción penal^‍‍[15].

Sin embargo, lo segundo y llamativo de esta sentencia es el tono conciliador de la CSJA con la Corte Interamericana^‍‍[16]. La observancia del «plazo razonable» en los procesos judiciales sirvió de excusa para enmendar el cortocircuito provocado por el caso Fontevecchia e intentar una reconciliación entre ambas cortes luego de estas desinteligencias.

Concluye, finalmente, la CSJA que el pronunciamiento apelado exhibe graves vicios de fundamentación que lo descalifican como un acto jurisdiccional válido, por lo tanto, revoca la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Buenos Aires, y devuelve el proceso a la justicia provincial para que resuelva conforme a las pautas indicadas^‍‍[17].

1.4. Juicio por jurados: derecho de defensa y debido proceso legal[Subir]

El caso Canales («Recurso de hecho deducido por la defensa de Alex Mauricio Obreque Varas y Alexis Gabriel Castillo en la causa Canales, Mariano Eduardo y otro s/ homicidio agravado – impugnación extraordinaria», Fallos 342:697) sirvió a la Corte para analizar el significado del veredicto de un jurado popular que decidió la culpabilidad de dos sujetos como responsables penales del delito de homicidio agravado, que determinó al juez interviniente aplicar una condena de prisión perpetua a ambos imputados, según el procedimiento penal establecido por una provincia (Neuquén)^‍‍[18]. Tanto el tribunal de apelaciones, que confirmó el veredicto, como el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia ratificaron la sentencia condenatoria.

Contra esta sentencia los condenados plantearon ante el Tribunal Superior provincial un Recurso Extraordinario federal^‍‍[19] que fue rechazado, lo que motivó el recurso directo (de queja o de hecho) ante la propia CSJA en Buenos Aires, quien abrió el proceso por entender que había cuestión federal suficiente.

El agravio constitucional giró alrededor de dos temas: primero, si la aplicación del nuevo código procesal penal provincial que incorporó el jurado popular que entró en vigencia durante el trámite de esta causa afectaba la garantía del juez natural y, segundo, si el establecimiento del juicio por jurados era de competencia provincial o federal.

Respecto de la garantía del juez natural, la Corte reiteró su doctrina que las leyes modificatorias de la jurisdicción y competencia se aplican de inmediato a las causas pendientes, por tanto, no existe derecho adquirido a ser juzgado por un determinado régimen procesal, pues las normas de procedimiento y jurisdicción son de orden público, especialmente cuando estatuyen acerca de la manera de descubrir y perseguir delitos. En consecuencia, el art. 18 CA no impide la inmediata aplicación de nuevas normas de competencia, inclusive a las causas pendientes, a menos que ello signifique, en el caso concreto, despojar de efecto a actos procesales válidamente cumplidos, por tanto, la aplicación del nuevo código procesal penal de Neuquén no afecta la garantía constitucional del juez natural.

Más relevante es la segunda cuestión, porque pone fin a la cuestión de si es competencia exclusiva del Congreso Nacional regular el juicio por jurado. La duda constitucional surge porque la Constitución federal menciona en varias cláusulas el deber del Congreso de establecer el juicio por jurado para causas penales (art. 24, art. 75 inc. 12, art. 118 CA). La CSJA, a partir de una interpretación sistemática de estas disposiciones constitucionales, junto con el principio de competencias reservadas por las provincias (art. 121 CA), concluye que el mandato al Congreso federal de establecer el juicio por jurado se refiere al juzgamiento de delitos de jurisdicción federal, por lo tanto, está circunscripto a su conformación y funcionamiento en el ámbito nacional que compete al Poder Judicial de la Nación. Correlativamente, las provincias se reservaron esta facultad, no delegada al Congreso Nacional, de disponer lo relativo a su sistema de administración de justicia, por tanto es atribución de cada provincia darse sus propias instituciones^‍‍[20].

En conclusión, la provincia del Neuquén dictó legítimamente su ley procesal penal que prevé y regula el juzgamiento por jurados populares, en ejercicio de sus facultades reservadas —y no delegadas a la nación— de establecer lo concerniente a su sistema de administración de justicia y de dictar los códigos de procedimiento que reglan la tramitación de los procesos que se ventilan en jurisdicción provincial^‍‍[21].

Lo más interesante de este fallo es la valoración del significado intrínseco del veredicto de un jurado popular y si la falta de motivación, en contraste con una sentencia judicial, afecta una garantía constitucional.

Advierte, no obstante, que siempre queda abierta una adecuada revisión de lo decidido, toda vez que la verdadera fundamentación no radica en la expresión escrita de razonamientos, sino en la coherencia entre las afirmaciones de las partes, las pruebas y el sentido de la sentencia, siendo perfectamente posible cuestionar una resolución de un jurado en base a la incongruencia entre precedentes o premisas (afirmaciones y pruebas) y conclusión (culpabilidad o inocencia). Finalmente, luego de afirmar el valor epistémico del ejercicio deliberativo, la CSJA confirma la sentencia objeto del recurso extraordinario federal^‍‍[23].

1.5. La materia ambiental[Subir]

1.6. Derecho a la privacidad y responsabilidad de los buscadores en Internet[Subir]

La CSJA, en el caso Paquez (Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Paquez, José c/ Google Inc. s/ medidas precautorias, Fallos 342:2187), reiteró su posición en materia de responsabilidad de los buscadores de Internet, en esta causa: Google de Argentina. El asunto no trata de una sentencia definitiva, sino de una medida cautelar dispuesta por los tribunales inferiores a favor de un funcionario de una universidad nacional ante acusaciones difundidas por Internet por grupos estudiantiles.

La Corte reitera, sin mayor análisis, el principio general de que la libertad de expresión comprende el derecho de transmitir ideas, hechos y opiniones difundidos a través de Internet^‍‍[27], que fue así reconocido por la Ley nacional 26.032 que «la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión» (art. 10).

Frente al derecho invocado por el actor, la Corte ensalza el rol de los buscadores de Internet, como Google, al afirmar que «la actividad de los motores de búsqueda desempeña un papel decisivo en la difusión global de dichos datos en la medida en que facilita su acceso a todo internauta». Sin mayores argumentaciones vincula las medidas preventivas de filtro o bloqueo de vinculaciones para el futuro con la prohibición de toda censura previa a la que atribuye una fuerte presunción de inconstitucionalidad que solo puede ceder frente a casos absolutamente excepcionales^‍‍[28].

2.1. Estatus de «ciudad constitucional federada» de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires^‍‍[29][Subir]

El caso Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ Córdoba, Provincia de s/ ejecución fiscal (Fallos: 342:533) sirvió de ocasión a la CSJA para reafirmar el estatus constitucional de la CABA^‍‍[30], la Corte va a reiterar esta posición. En un asunto sobre cobro de un crédito de la CABA por la prestación de servicios médicos en nosocomios públicos de la Ciudad a pacientes derivados por la provincia de Córdoba. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA inicia juicio ejecutivo de cobro de pesos contra la provincia de Córdoba. Esta presenta excepción de incompetencia porque sostiene que, como estado autónomo, la provincia no puede ser sometida a los tribunales locales de la CABA; desconoce así la jurisdicción de los tribunales de la CABA, y sostiene la competencia originaria de la CSJA o bien a los jueces locales de la provincia de Córdoba. Ante este planteo, el juez de primera instancia de la CABA declara su incompetencia y ordena la remisión de la causa a la CSJA.

Llegado el caso a la CSJA en razón de la competencia originaria derivada del art. 117 CA por ser parte un estado provincial, va a modificar un precedente de 2007^‍‍[31] para reconocer a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el privilegio federal de litigar en instancia originaria ante la Corte concedido por el art. 117 CA a las provincias. En resumen, luego de realizar un excurso histórico y en razón de la Reforma de 1994, reconoce a la CABA como «ciudad constitucional federada», y por gozar de un estatus análogo a una provincia, admite que el juicio es de competencia originaria de la CSJA en virtud del art. 117 CA.

2.2. Distribución de competencias federales y municipales[Subir]

En la causa Telefónica Móviles Argentina S.A. – Telefónica Argentina S.A. c/ Municipalidad de Gral. Güemes s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad (Fallos: 342:1061) la Corte resolvió un conflicto de competencias entre el Estado nacional y un municipio.

La controversia se originó por una ordenanza dictada por un municipio de la provincia de Salta que dispuso que las antenas de telecomunicaciones deben instalarse a una distancia superior a 500 metros de la zona urbana y alejadas de lugares donde se desarrollen actividades educativas, deportivas, sociales o de cualquier tipo que signifique la posibilidad de exposición continua de personas a las emisiones de dichas antenas, ordenando, en caso de incumplimiento, su desmantelamiento. Contra esta norma municipal, la empresa privada licenciataria del servicio de telefonía celular afectada inicia una acción declarativa de inconstitucionalidad. Por tratarse de una cuestión federal porque la telefonía es de jurisdicción nacional (Ley Nacional de Telecomunicaciones 19.798), la acción de certeza se inicia ante la justicia federal de Salta. Tanto el juez federal de primera instancia como la Cámara federal de Salta rechazaron la demanda de la compañía telefónica.

La cuestión a definir es si una ordenanza hizo ejercicio legítimo del poder de policía municipal (art. 123 CA) o si implica una intromisión en aspectos regulatorios que son de competencia federal por ser materia de telecomunicaciones (art. 75 inc. 13 CA sobre comercio interestatal).

De acuerdo al diseño federal argentino^‍‍[32], recuerda la Corte que las comunicaciones telefónicas interestatales están sujetas a la jurisdicción nacional, pues tienden a promover la prosperidad, adelanto y bienestar general del país (art. 75 inc. 18 y 19 CA). Por ello, se trata de una facultad delegada por las provincias que a estas le está vedado ejercer. En este orden de ideas, la Corte recordó que los municipios no tienen un poder más extenso que las provincias, pues son entidades políticas con atribuciones cuyo contenido y alcance depende de las constituciones provinciales, y estas últimas no pueden conceder derechos ni atribuciones que las provincias no tienen.

La Corte concluye que la ordenanza importa una intromisión de la municipalidad en una competencia exclusiva de las autoridades federales. Por otra parte, apoyándose en informes periciales que descartan cuestiones de salud, considera que la ordenanza, fundada en razones sanitarias, es infundada o arbitraria por no hallarse justificada por los hechos y las circunstancias que le han dado origen.

La CSJA resolvió por mayoría simple de sus miembros aceptar el planteo de la actora y declarar la inconstitucionalidad de la ordenanza por entrometerse en un aspecto regulatorio de competencia nacional exclusiva.

2.3. La limitación de la reelección del gobernador provincial y principio republicano^‍‍[33][Subir]

(a) Control de validez de una reforma de la Constitución de La Rioja: el caso Unión Cívica Radical de La Rioja y otro c/ La Rioja, Provincia de s/ amparo (Fallos: 342:343) se origina en un amparo presentado directamente ante la CSJA, por estar demandada la provincia de La Rioja^‍‍[34]. Fue un caso de control sobre la corrección del procedimiento de enmienda constitucional que tuvo lugar en la provincia de La Rioja.

Aquí se impugna un par de «enmiendas constitucionales» destinadas a posibilitar la candidatura de gobernador e intendentes, por medio de dos agregados a la Constitución provincial, siguiéndose un procedimiento de reforma que consiste en la sanción de una ley por mayoría especial de dos tercios de la Legislatura local y, posteriormente, convocatoria de una consulta popular que la apruebe. Esta votación tuvo lugar a fines de enero de 2019.

La Corte entiende que se trata de un conflicto de interpretación de «puro derecho constitucional» sobre dos recaudos establecidos en la Constitución riojana: a) el plazo para que tenga lugar la consulta popular, b) la mayoría de votos requeridos en la consulta popular para dar por ratificada la enmienda propuesta por ley. En cuanto a lo primero, la CSJA interpretó que la expresión «primera elección general que se realice», en que ha de tener lugar la consulta popular para concretar la enmienda, debe interpretarse que será la «próxima elección de gobernador-vicegobernador», a partir de la cual, en caso de resultar ratificada, recién luego podrá tener aplicación la enmienda institucional. Razona que no puede suponerse que la consulta popular para el cambio contenido en la enmienda coincida con la elección del cargo a que se refiere dicha enmienda. Apela para fundar esta interpretación a una exégesis normativo-contextual de la expresión («primera elección general que se realice») como a la práctica constitucional aplicada en dos oportunidades anteriores (1987 y 2007).

Respecto del segundo asunto, basándose en argumentos sobre la expresión de voluntad democrática, sostuvo que el condicionamiento del art. 83 de la Constitución provincial que «la propuesta se tendrá por rechazada cuando los votos negativos, constituyendo mayoría, superen el treinta y cinco por ciento de los electores» no puede interpretarse en sentido negativo porque conduce a conclusiones absurdas, sino que se requiere la manifestación positiva de voluntad de por lo menos el 35% de electorado, lo que guarda correspondencia con un genuino sentido democrático.

En conclusión, la CSJA hizo lugar a la demanda y declaró la invalidez del proceso de enmienda de los agregados a los arts. 120 y 171 de la Constitución de La Rioja^‍‍[35].

2.4. Reducción de impuestos por el gobierno nacional en detrimento de los recursos provinciales[Subir]

El caso Entre Ríos, Provincia de c/ Estado Nacional s/acción declarativa de inconstitucionalidad incidente de medida cautelar (Fallos: 342:1591) es un leading case porque sirvió de precedente para las medidas cautelares análogas de trece provincias.

Se originó en la inconsulta decisión del gobierno nacional de reducir las alícuotas de un par de impuestos importantes, de cuya recaudación depende la percepción de la cuota parte de recursos fiscales que corresponde recibir a la provincia. El Poder Ejecutivo nacional, mediante dos decretos, redujo los porcentajes del impuesto al valor agregado (IVA) sobre ciertos productos y de algunas categorías del impuesto a las ganancias, lo que motivó la presentación de la provincia de Entre Ríos ante la CSJA para que, en ejercicio de competencia originaria, dicte una medida cautelar de suspensión de los efectos de estas resoluciones. No se trató de una decisión de fondo, sino de una excepcional medida preventiva de suspensión de la ejecutoriedad de estas dos decisiones administrativas del gobierno federal que impactan en detrimento de la percepción de recursos fiscales provinciales, quienes, por acuerdos intergubernamentales y por ley de coparticipación fiscal federal, perciben una porción sobre lo recaudado, por tanto, esta disminución inconsulta dispuesta por el gobierno nacional afectaba la ejecución presupuestaria provincial en curso.

La Corte procede a examinar el marco constitucional y de derecho intrafederal en que se basa el régimen de coparticipación federal de impuestos, fundado sobre pactos fiscales que se conciertan a través de acuerdos previos que se formalizan luego por leyes convenio que, como expresión del federalismo de concertación, no pueden ser modificados unilateralmente por una de las partes. Ante la falta de fundamento de estas medidas que, según el régimen constitucional argentino, exigen el consenso de las provincias y, además, son contrarias a expresas disposiciones de la ley de coparticipación, frente a la «verosimilitud en el derecho invocado», la Corte hizo lugar a la medida cautelar solicitada, disponiendo que los fondos que habría de dejar de percibir la provincia por tales decisiones, para no afectar la coparticipación que corresponde a dicha provincia demandante, sean compensados con recursos nacionales.