Los años finales del siglo xviii y primeras décadas del xix están cargados de novedades políticas. Aparecen y se desarrollan entonces una serie de innovaciones que, por su densidad, perfilan un nuevo tiempo político. En la esquina noroeste del reino, en esa Galicia mal comunicada por tierra, pero abierta con sus puertos a las transformaciones atlánticas, esos cambios tienen un escenario de primera línea. El desarrollo de las seminales cabeceras de prensa, la acción de intermediarios culturales, la publicidad y discusión de los actos gubernamentales, los procesos electorales que abren un inédito sistema representativo, las actuaciones de ayuntamientos cargados de una nueva legitimidad asentada en el sufragio y renovados en sus miembros y funciones, o la erección de un cuerpo de civiles armados, la Milicia Nacional, son todos sumandos de una naciente esfera pública alimentada por actores veteranos que intentan adaptarse a contextos que mutan, pero también por otros inéditos que aprovechan la nueva estructura de oportunidad para colarse en la función. Lo que asoman son los primeros pasos, vacilantes, de una política moderna que no se desarrolla en el vacío, sino confrontándose con las formas de una política antigua que llega de atrás. Una cultura política constitucional y liberal, secularizada, ideologizada y asentada en la opinión pública y la libertad de discusión, busca hueco en un espacio monopolizado por prácticas tradicionales asentadas en la costumbre, el providencialismo, el comunitarismo, la economía moral, el privilegio y la sanior pars, y aquí las confrontaciones son inevitables también con una cultura política realista que bebe del pasado, pero que se renueva y busca adaptarse a las exigencias de una historia acelerada. Todo insertado en un contexto de enfrentamientos que definen una pauta de acción-reacción, de revolución-contrarrevolución, decisivo en la apprentissage de la politique en la España que inaugura el siglo xix. No hay ningún un proceso lógico y lineal que de un estadio político lleve a otro, sino una senda tortuosa en que confrontan sujetos individuales y colectivos (agency) que si, por un lado, participan de escenarios que no controlan, por otro son fundamentales en su conformación.

El repaso de la prensa, de libros y folletos, de las pastorales eclesiásticas, de los procesos electorales y, sobre todo, de documentación municipal, permite intentar definir en qué medida y con qué adaptaciones las novedades llegan, se asientan en lo local y condicionan su dinámica sociopolítica, siempre con una mirada atenta a lo micro, a cómo se manejan los personajes reales en contextos de información imprecisa. La investigación se sitúa en un marco teórico deudor de debates veteranos sobre las relaciones centro-periferia, el peso de los factores endógenos y exógenos en la evolución de las comunidades políticas locales, la construcción de la sociedad civil y la discusión sobre la continuidad/cambio de sus elites, que parte de las indicaciones sobre la descente de la política del maestro Agulhon, pero que se complejiza con la toma en consideración de las respuestas y la asunción condicionada de unos espacios locales que distan de ser políticamente vírgenes, en un proceso de ida y vuelta definido por la reciprocidad, el cruce de culturas políticas, los nexos clientelares y de patronazgo y la autonomía relativa de los ámbitos locales.

En 1766 se crean los cargos de diputado del común y síndico personero en las localidades con ayuntamiento. El objetivo es intentar controlar a unos regidores que hacen y deshacen en unos consistorios oligarquizados y patrimonializados. Lo más novedoso de la medida es que introduce un principio de representación porque diputados y síndicos salen de una elección por los varones adultos. Sobre el papel, se produce una hendidura que permite inocular elementos extraños fruto de un mínimo aperturismo, lo que supone una variación en un mundo poco acostumbrado a los cambios que crea figuras de poder en disputa. Llegados a 1807, las irregularidades, violencias, apelaciones judiciales y escándalos electorales son ya tan evidentes que el mismísimo Consejo de Castilla entra en el asunto. Desde varios ayuntamientos gallegos (Santiago de Compostela, Tui, Lugo, Mondoñedo, Ribadeo…) los regidores informan de elecciones con desórdenes y ofensas, de turbulencias que retraen de participar a ciudadanos respetables y que a veces acaban apeladas a la Real Audiencia. Destacan que los votantes son elementos populares, gentes de la «ínfima clase», menestrales, el «populacho reunido», violento y borracho. Es claro que estamos ante un proceso político-electoral que los regidores no siempre controlan y que les provoca incomodidad. Este descontrol puede generar la aparición de «intrusos», de individuos ajenos a los grupos familiares dominantes que cuestionen sus actuaciones con la coletilla, peligrosa, de que su legitimidad procede de votos populares y no del privilegio.

Una de las estrategias defensivas ante elecciones que se tuercen, es apelarlas a instancias superiores y allí movilizar influencias. Ocurre en Viveiro, cuando la disputa entre dos bandos familiares por el cargo de procurador se judicializa. La denuncia recoge varias irregularidades, pero también un argumento que hará fortuna: el candidato contrario aspira al puesto no en provecho del común, sino guiado por miras particulares. En 1807, el glosario de quejas que llega al Consejo de Castilla sobre las elecciones para diputados se apoya en idénticos razonamientos de procesos fraudulentos y electos que persiguen intereses privados. Para los denunciantes, la solución pasaría por endurecer las condiciones electivas, de forma que los votantes solo pudiesen dar su confianza a individuos propuestos por los ayuntamientos, lo que prácticamente abortaría la tímida apertura representativa apenas esbozada.

Su preocupación viene dada porque, aunque sea esporádicamente, algunos nombrados intentan cumplir con sus obligaciones hacia el común. El procurador de Viveiro en 1796, Pedro Trelles, argumenta contra Antonio Moscoso porque sospecha que solo persigue una «mira particular», de ahí su «ansia» por los «oficios de la república», por lo que debería descartarse. Hasta dónde conocemos, también la actuación del procurador general de Mondoñedo, Juan Vermúdez Villapol, resultó incómoda para el regimiento, que reiteradamente intenta boicotearlo. Ya en 1794 el ayuntamiento impide su nombramiento pretextando que no puede repetir por haber ejercido el año anterior. En 1796, de nuevo los mindonienses depositan su confianza en Vermúdez, el más votado entre ocho aspirantes, pero el regimiento entorpece su trabajo al prohibirle manejar caudales y exigirle cuenta de los consumidos. El combativo procurador recurre en amparo a la Real Audiencia y contraataca acusando al regimiento de amparar incompatibilidades de cargos. Encuentra, además, un aliado en el diputado Blas Sánchez, que arremete contra la corporación por su gestión en un tema especialmente sensible: la fijación del precio del pescado. Es suma, dos cargos electivos, dos frutos de la representación, enfrentados a unos regidores asentados en el privilegio.

Comienza 1797 y Vermúdez, como procurador saliente, propone cuatro candidatos. El ayuntamiento acepta tres, pero el cuarto lo substituye por uno de su cosecha, José de la Vega y Río, que es el que más votos populares recibe en lo que huele a vendetta contra Vermúdez en la persona de sus propuestos. Llega 1799 y nuestro síndico continúa combativo: logra incluirse entre los aspirantes y, en lucha con el favorecido por los regidores, vence por 82 votos contra 56. El año 1800 se abría, como siempre, con la elección del procurador anual, y Vermúdez, como saliente, presenta sus cuatro candidatos, replicados con seis por el ayuntamiento. La situación de 1797 se repite, pero el resultado varía porque ahora es el abogado Vicente Villares, patrocinado por Vermúdez, quien alcanza la victoria frente al aspirante de los regidores (54 sufragios por 45). La pugna, desigual en sus medios, continúa en 1801. Vermúdez vuelve aspirar al puesto, pero el consistorio no se deja sorprender y recurre a un legalismo para excluirlo señalándolo como pariente del munícipe José Antonio Serantes, una razón nunca esgrimida y ahora utilizada ad hoc. Hasta 1808 un hastiado Vermúdez Villapol desaparece de las pugnas electorales, que en esos años no registran incidencias con procuradores cómodos para el regimiento salidos de elecciones que pierden votantes, lo que refuerza la idea de que solo Vermúdez, al movilizar su capital social, inquietaba a los regidores. Únicamente él, definitivamente, era capaz de aprovechar el voto popular para imponerse a maneras políticas asentadas en la cooptación.

Un caso semejante acontece en Lugo. En 1800 Clemente Casal y Santiago Fernández son elegidos procurador y diputado del común. Ninguno figura con el honorífico «Don», y los dos tienen orígenes plebeyos. La impresión es que el voto popular escapó del manejo de los regidores e introdujo dos extraños en su cortijo, que además entran enérgicos al denunciar irregularidades en los abastecimientos y amenazar con investigarlas, mientras los munícipes los boicotean. Al año siguiente, el nuevo procurador general, este sí agradable al concejo, logra inhabilitar a Casal y le impide presentarse, pero de nuevo lo hace en 1803 y obtiene el apoyo popular, un resultado que el consistorio recurre judicialmente. Como en Mondoñedo, los electores aprovechan el sufragio para situar representantes incómodos a los regidores, y por eso a Clemente Casal sus apoyos lo definen como perseguidor de fraudes y protector de labriegos y caseros. Por supuesto, no hay que exagerar los efectos de la hendidura abierta con la nueva estructura de oportunidad inaugurada en 1766 porque las atribuciones de personeros, síndicos y diputados para defender los intereses del común son escasas, y porque muchos son paniaguados de los regidores, miembros de sus clientelas que incumplen el cometido controlador; pero no es menos cierto que ya antes de 1810, borrachos y «acalorados» o no, varones de las clases populares experimentan la fuerza de la elección y la representación, lo que constituye un índice de política moderna y un avance de lo por venir.

La invasión de los inicialmente aliados napoleónicos trastoca los equilibrios políticos. En Galicia, como en todo el reino, las autoridades aceptan el poder francés y solo la reacción de las clases populares las obliga a variar de postura y declarar la guerra a Napoleón. La situación política es inédita y genera incertidumbre en los regidores municipales, que contemplan horrorizados a un «populacho» inquieto ante rumores de matanzas, reclutamientos forzosos, reyes secuestrados y afrancesados vendepatrias. La reacción se desarrolla en los parámetros de una cultura política tradicional con abundancia de simbología religiosa, retratos reales, exigencia de castigos ejemplares y sospechas de traición, pero amenaza degenerar en motines y anarquía. Los mecanismos tradicionales de control resultan insuficientes, y de ahí la creación de juntas de gobierno para concentrar todos los poderes y legitimidades: autoridades civiles, militares, religiosas, propietarios, nobles, algún comerciante…, conforman nuevos espacios de poder en persecución de una representatividad que sosiegue ánimos y recupere obediencias. Aquí apenas hay miembros de las clases populares, pero es su movilización la que obliga a erigir centros de autoridad alternativos a ayuntamientos y representantes reales, y esto les imprime un carácter revolucionario. En la creación de la Junta Suprema de Galicia, son los ayuntamientos capitalinos de las siete provincias tradicionales quienes nombran sus representantes en una maniobra de cooptación y privilegio sin intervención popular, pero el contexto agitado hace que no siempre se siga este cauce. Es lo que ocurre con el representante de Betanzos, fruto de una intervención popular con hombres y mujeres («todo el inmenso pueblo de esta ciudad») que se impone a los regidores y sitúa en la Suprema un diputado de su elección, una demostración inédita de democracia sin discriminación de género e indicativa del cuestionamiento de las formas políticas tradicionales, pero que no tendrá imitaciones.

Las juntas quedan sometidas al escrutinio público y sus decisiones son comentadas y criticadas. Lo hace una prensa que surge poderosa, pero también unas poblaciones que ven afrancesados y traidores por doquier. En la villa de Viveiro las divergencias no quedan en amenazas voceadas, sino que aparecen por escrito y ante notario. Hasta quince individuos, desde la junta local descalificados como «intrigantes plumistas», «vinosos» y de «familias de muy baja esfera», exigen un reclutamiento general («sin excepción de Persona humana») porque constatan que los poderosos libran u ocupan puestos de escasa fatiga. La acusación es pública y directa, y además en un momento (junio de 1808) de rumores sobre traición y afrancesamiento tanto del corregidor como del comandante de armas viveirenses. Entre los firmantes hay comerciantes y escribanos, todos ajenos al privilegio y al oligarquizado concejo, y a la mayoría los encontraremos tanto en las elecciones abiertas en 1810 como en los consistorios constitucionales de 1812-1814 y 1820-1823. Son actores políticos nuevos, fruto del contexto de guerra y revolución, que participan de una modesta esfera pública que da sus primeros pasos.

Entre las propias juntas, o entre ellas y los ayuntamientos, no faltan las confrontaciones, y en ocasiones los argumentos traducen divisiones políticas dentro del bando autodenominado patriota. Se dan entre las de Santiago y Lugo y sus respectivos consistorios, pero entre todos destaca por su virulencia el desencuentro entre la Superior gallega y la Provincial compostelana. Esta, encabezada por el absolutista arzobispo Múzquiz, aprovecha las derrotas militares de noviembre de 1808 para insinuar el escaso patriotismo de los de la Superior y tildarlos de déspotas. La de Galicia no queda callada: acusa al arzobispo de aspirar a ser capitán general del reino y de ocultar desertores, en tanto que llama sediciosos a los miembros de una junta santiaguesa que ven dominada por un «espíritu de partido», en alusión al absolutismo de su representante más connotado que contrasta con el leve reformismo de la junta gallega, visible en sus actas y en el periódico que patrocina, el Diario de La Coruña. Las divergencias aparecen también en el interior de las juntas. Acontece en la de Mondoñedo con un protagonista ya conocido, Juan Vermúdez Villapol. Como miembro de su junta provincial exige reducir el número de representantes eclesiásticos y, además, acusa a uno, el canónigo Félix Santomé, de introducir en ella un fatal «espíritu de partido». El contraataque de Santomé es demoledor: de varios junteros afirma que realizan fraudes en la recluta y que leen la afrancesada Gazeta madrileña; de Vermúdez, al que llama «intrigador», añade que es instrumento de individuos de «patriotismo equívoco». En el contexto de 1808 la hipótesis es que semejante cruce de acusaciones denota divergencias políticas, que confirma la posterior trayectoria constitucional de Vermúdez.

En una Galicia libre de tropas napoleónicas desde el verano de 1809, la prensa se desarrolla rápidamente con más de una treintena de cabeceras. La movilización bélica es inédita y muy exigente, por lo que necesita de voceros que convenzan a los mozos de la obligación de ofrecer sus vidas en holocausto por rey, religión y patria. De ahí que los primeros periódicos (Diario de La Coruña y Diario de Santiago) tengan su origen en las respectivas juntas de gobierno, y una línea editorial centrada en justificar la lucha, ofrecer noticias sobre su evolución y publicitar la actividad de las nuevas autoridades. Una suerte de union sacrée preside los primeros pasos y un manto de patriotismo esconde cualquier disidencia. Únicamente aparecen periódicos en A Coruña y en Santiago, pero el eco de sus contenidos resuena y se reproduce con las lecturas colectivas. Un único ejemplar propicia decenas de escuchas entre una población ávida de noticias y de novedades, y que espera con expectación la llegada del correo. En cafés, en tabernas, en plazas, en ferias, en los atrios de las iglesias, intermediarios culturales leen, traducen al gallego y comentan noticias en un ejercicio de socialización que conoceremos mejor con las nuevas investigaciones en curso, sin que el analfabetismo resulte una barrera porque para participar en política se necesita oír, pero no saber leer.

En un ejercicio intransferible de mediación, cada oyente procesa esos contenidos y los integra en su cultura política en una acción que nada tiene de automática, pero que vista en perspectiva supone la puesta condicionada en circulación de nuevos conceptos e ideas que aportan complejidad al universo político. Sabemos, por ejemplo, que ejemplares de El Ciudadano por la Constitución se leen a los soldados, en un contexto en que la convivencia con mozos de diferentes procedencias, el pisar por vez primera tierras por las que se mata y se muere, el castellano de los mandos, las arengas escuchadas… resulta un caldo de cultivo propicio para el aprendizaje político y el desarrollo de sentimientos de identificación nacional. A la prensa hay que añadir los folletos editados y reeditados, llenos de contenidos ideológicos que, a partir de estrategias diversas (envíos gratuitos, ventas a bajo precio, explicaciones orales), se intenta que lleguen al conjunto de la población, también a la que habita fuera de villas y ciudades. Lo mismo se hace con ejemplares de la Constitución que reciben los recién elegidos ayuntamientos.

La rápida evolución de los acontecimientos luego de la convocatoria a Cortes agrieta la unanimidad patriótica y la prensa refleja las cada vez mayores diferencias entre partidarios y opuestos a las «reformas». Frente a las cabeceras liberales (El Ciudadano por la Constitución, Gazeta Marcial y Política de Santiago, El Patriota Compostelano, Diario Cívico Patriótico…) se sitúan las contrarias a las innovaciones (El Sensato, Estafeta de Santiago, Exacto Correo, Correo de la Comisión Provincial de Santiago, Los Guerrilleros por la Religión, la Patria y el Rey…), en un crescendo generador de un espacio de discusión pública inédito. Los mismos que en Cádiz votan contra la libertad de expresión luego usan y abusan de ella, de forma que una cultura política realista que llega de atrás, pero que intenta adaptarse a las exigencias de un contexto renovado, tiene aquí un cauce de desarrollo y expresión. La socialización de la política avanza por esta vertiente derecha, y lo hace a lomos de los mejores y más duchos intermediarios culturales en esta Galicia de 1808-1814: los eclesiásticos, la mayoría posicionados contra las reformas. Algunos escriben y editan periódicos, pero todos concentran sus esfuerzos en el terreno conocido y cómodo del sermón y la plática reservada y discreta del confesonario, como denuncia la prensa liberal. Se explota igualmente el recurso a la literatura folletinesca, en especial con los muchos trabajos de Manuel Freyre Castrillón, diputado en las primeras Cortes gaditanas y prolífico escritor.

El espacio público también se politiza. En un remedo de las fiestas por las proclamaciones reales, la Constitución de 1812 se jura en ciudades y villas, con un ceremonial repetitivo que incluye la lectura de partes del articulado. Los objetivos son claros: representar que toda la comunidad la apoya unánime y públicamente, como si de un nuevo soberano se tratase. La unidad, el todos a una, tan cara a la cultura política popular, busca hacerse carne en el nuevo contexto constitucional. Es una ocupación puntual y simbólica del espacio, complementada con el recordatorio perenne de las placas constitucionales en las plazas mayores. Los voceros absolutistas despreciarán luego lecturas y juramentos impostados, brindis al sol de los que supuestamente no quedaba ni rastro en los asistentes, pero, como ha señalado Roberto López, los dardos no iban dirigidos a la razón sino a la imaginación y a los sentimientos, a ganar la batalla de los afectos y que luego la aplicación de los preceptos constitucionales y de la legislación de Cortes hiciese el resto.

Pero antes era obligado presentar la nueva legalidad de una forma lucida, porque la cultura popular asentada en lo visual y lo oral así lo exige. Lo simbólico y lo ceremonial, desarrollado ante la comunidad, adquiere una nueva connotación porque señala dónde está el poder, quién lo ocupa y cuál es la institución que acatar. Por eso los diputados a Cortes muestran su preocupación por las jurisdicciones gallegas que todavía no han jurado la Pepa, y las apremian a hacerlo ya. Y por eso los serviles no pierden ocasión de manifestar su oposición a los nuevos símbolos de poder y a las nuevas autoridades, y de hacerlo ante las miradas escrutadoras del común. Lo hace el cabildo y obispo lucenses en el verano de 1812 al dificultar la jura constitucional en la catedral, relegarla a una capilla y dejar que sean los párrocos quienes realicen unos oficios que pierden la solemnidad buscada, y lo hacen también sus homónimos del arzobispado compostelano con las humillaciones a los integrantes de la Junta Superior en junio de 1812, que incluyen menosprecios espaciales (no les permiten la entrada en la capilla mayor, no les ofrecen asientos apropiados) y de protocolo (nadie sale a recibirlos, solo dan la paz a su presidente), rematados con la exhibición de «cartelones» amenazando de excomunión a cualquiera que entre en la capilla mayor, cerrada a cal y canto. Es la batalla por la ocupación de los espacios y el liderazgo ceremonial, dada a la vista de una comunidad que fácilmente interpreta estas actuaciones a partir de una clave política de apoyo/oposición a las reformas.

La apertura de un espacio electoral a la población masculina, a partir de una formulación indirecta que limita la representatividad, completa el nuevo escenario político. Sin presencia francesa, las elecciones seminales de 1810 transcurren con normalidad en Galicia. Los elegidos responden, en general, a un perfil de individuos reconocidos y arraigados en los espacios locales que han manifestado su compromiso antifrancés. Por su actuación en Cádiz, de algunos podría suponerse una elección en la que pesaron argumentos políticos, pero ni la documentación consultada ni las investigaciones disponibles corroboran esta posibilidad que, sin embargo, no debe descartarse. El proceso tiene todas las características de un acto iniciático y de aprendizaje, y de ahí los amagos de renuncia por unos elegidos a los que nadie ha consultado su disponibilidad y mal dispuestos a arrostrar los peligros de la estancia gaditana, y sobre todo el retorno de varios a Galicia por supuestos problemas de salud, señal de una asunción superficial de las obligaciones representativas y de una comprensión parcial de lo que está en juego.

En 1813 estos rasgos de inocencia han desaparecido porque un tiempo histórico acelerado realiza su trabajo. Los debates de Cortes, la revolucionaria e invasiva legislación producida, la proclamación constitucional, el desarrollo de una prensa y de una literatura dividida en partidarios y opuestos a las reformas, la elección y actuación de los primeros consistorios constitucionales, unos púlpitos desbocados contra las «novedades» y la «falsa filosofía»…, todo conspira para definir un contexto político muy distinto al de 1810. Los gallegos empiezan a saber que decisiones tomadas a mil kilómetros condicionan sus vidas (la recluta masiva, por ejemplo: es la «apropiación ordinaria» de la política), que el sufragio no solo produce una nueva legitimidad, sino que implica una elección de personas cuyas actuaciones generan leyes, y los que se consideran perjudicados reaccionan. Según llegan a Cádiz noticias de los resultados electorales de 1813, los diputados liberales empiezan a temblar porque los elegidos representan posiciones contrarias a las suyas. El caso de Galicia es representativo: un solo diputado liberal (eclesiástico para más inri) en un conjunto copado por realistas. El lobo había enseñado sus dientes y los pastores, lejos de paralizarse, se aprestan a la lucha por su rebaño. La metáfora viene a cuento porque, unánimemente, las opiniones señalan a los eclesiásticos como responsables de estos resultados. Todo su capital social, toda su influencia, todas sus redes informales de contactos se habían puesto a trabajar para sacar diputados de su gusto y frenar las reformas. Prensa y diputados liberales denuncian las infracciones electorales, e incluso en las Cortes se intentan invalidar, sin conseguirlo, las elecciones gallegas, pero lo trascendente no es esto sino la capacidad de reacción demostrada por los que ya podemos apellidar de contrarrevolucionarios, bien dotados para un envite electoral que, por supuesto, incluye transgresiones a la norma, y van cargados de argumentos para interpelar a los votantes. Por esta vía también se desarrollaba una cultura política de signo realista y antiliberal.

Las elecciones a Cortes non son las únicas de estos años. Para nuestra argumentación, resultan más interesantes las municipales realizadas con la nueva normativa porque permiten una aproximación a los cambios habidos en los espacios institucionales de poder local. Por ley, desaparecen las regidurías y oficios patrimonializados, así como las prerrogativas señoriales sobre los ayuntamientos, y la limpieza incluye barrer su componente oligárquico. Se abre entonces un espacio inédito de poder a ocupar y ante el que los actores no permanecen indiferentes. En Galicia, la creación de nuevos ayuntamientos es compleja por lo disperso de su población y por la dificultad de aplicar una legislación pensada para espacios más concentrados. La mejor muestra de lo problemática que resulta es la destitución del jefe político marqués de Camposagrado, al que las Cortes acusan, entre otras cosas, de entorpecer la fijación de nuevos concejos. Y esto, dato importante, porque las poblaciones, lejos de mantenerse pasivas, demuestran interés por dotarse de ayuntamiento, incluso sin cumplir, según Camposagrado, con los preceptos legales, y de ahí su interferencia. Poder elegir a los individuos que los gobernarán no es un tema menor, y por eso una de las polémicas pasa por determinar quién tiene derecho de voto. Las argumentaciones demuestran que, más allá de las dificultades comunicativas, la legislación gaditana llega hasta Galicia por sus puertos, que se recibe en sus pueblos vía intermediarios culturales y que se hace de ella la interpretación más conveniente: ahora son ciudadanos y quieren elegir quién los ha de gobernar, porque la tiranía y el despotismo han finalizado y porque así lo garantiza la Constitución. Razones políticas para un tema político.

Incluso en las poblaciones con ayuntamientos de viejo, la cuestión de los votantes genera polémica entre los que defienden una fórmula restrictiva (que voten solo las parroquias urbanas) y los que apuestan por otra más inclusiva (que participen todas las de la jurisdicción). Más allá de los derechos políticos, lo que se ventila es una cuestión de control del poder local a partir de una realidad geográfica y demográfica, con los urbanos pugnando por mantener su monopolio en la elección, cuestionado de participar también los residentes del ager. En ocasiones, como en A Coruña, la polémica se traslada al interior urbano («ciudad alta» vs. «ciudad baja»), con parroquias diferentes en número de habitantes y caracterización socioeconómica, divergencias que toman significado político en clave de liberales/serviles. Lo afirma el síndico personero coruñés en 1812, y lo recuerdan en 1820 liberales lucenses al rememorar unos consistorios de 1813 y 1814 escasamente constitucionales, producto, para ellos, de haber votado gentes del rural.

Además de lo novedoso de la experiencia, los intereses en pugna explican que las elecciones resulten conflictivas. En Mondoñedo, los habitantes de la única parroquia urbana, quejosos por la participación rural, se niegan en agosto de 1812 a nombrar a sus electores parroquiales, un comportamiento «intolerable» para las autoridades superiores y que solo deponen en la ¡quinta! ocasión en que son convocados. Nada hay aquí de apatía o desinterés, y sí mucho de respuesta política vía abstención ante una decisión perjudicial para sus aspiraciones de control municipal. En Compostela o en A Coruña también se denuncian irregularidades, desórdenes e «intrigas» en las votaciones. Es interesante constatar cómo las autoridades recomiendan huir de intereses personales y de los «intrigantes», de los que solicitan ser elegidos, de partidos y facciones, de «pudientes y enredadores», del soborno, de los que usan «empréstitos, deudas y usuras» para captar votos, de las rutinas antiguas. El unanimismo tan caro al primer liberalismo denuncia el pluralismo político como perverso, al tiempo que expone una idea de la comunidad conocedora de sus líderes sin necesidad de proselitismo, pero también asoman dudas sobre la independencia de unos electores bajo presiones económicas. La limitada, pero real, experiencia electoral («antiguas rutinas») aconseja prevención porque particulares y facciones aprovechan esta ventana de oportunidad para situar (o situarse) a sus parciales dentro de unos consistorios decisivos en temas como el abastecimiento, los comunales, las quintas o las contribuciones, todos trascendentales en las estrategias reproductivas de individuos y familias.

La posibilidad de renovación del personal político existe porque la normativa lo permite, pero la realidad social y el habitus marca su territorio y limita los cambios. En Mondoñedo, Ribadeo, Viveiro, Lugo, A Coruña, Vigo o Santiago de Compostela, hombres nuevos otorgan un tono social distinto a consistorios que ya no son pasto del privilegio, y comerciantes, abogados, escribanos e incluso algún artesano o «labrador» comparten sitiales con la oligarquía tradicional. No se produce ningún desalojo ni una renovación absoluta porque la tradición y el peso de las relaciones sociales no desaparecen de repente, pero tampoco una continuidad gattopardesca de las familias que, como repetían, estaban allí «desde tiempos inmemoriales».

Algunos concejales tienen ahora su primera experiencia, pero otros parten de responsabilidades anteriores como procuradores, personeros o diputados del común, es decir, en la ocupación de los puestos que antes de 1812 eran electivos. Protagonizan procesos de ascenso social y con ellos los consistorios ganan representatividad: son los primeros resultados, tímidos, en la búsqueda del ideal liberal de convergencia entre élite socioeconómica y política que margina privilegios linajudos. Lo trascendente, en cualquier caso, no es tanto el quién ocupa los ayuntamientos como el hacer que desarrollan, y el comprobar si aparecen indicios de una nueva política. La documentación es parca en información, pero suficiente para constatar que en varias de las nuevas corporaciones el difícil, largo y complejo proceso de construcción de una cultura política constitucional ha comenzado. Lo demuestran las críticas a la continuidad de figuras jurisdiccionales no representativas (alcalde mayor, corregidor), que aparecen inmediatas a la ley de supresión de señoríos, las exposiciones elevadas a las Cortes para que prorroguen sus trabajos y afiancen la comenzada obra constitucional amenazada por la contrarrevolución, las alabanzas a sus esfuerzos contra el «despotismo» y a la legislación supresora del «feudalismo», el Voto de Santiago y el Santo Oficio, o los temores a represiones futuras contra unos «liberales» en los que se reconocen, pero también acciones locales más modestas como la oposición a la continuidad de instituciones valoradas de anticonstitucionales (las «alarmas» de civiles armados), la afirmación de la autoridad consistorial (representativa) frente a cargos que lo hacen en la gubernamental, la resistencia a aceptar designaciones de individuos constitucionalmente dudosos, la negativa a continuar con deferencias hacia figuras que han perdido jurisdiccionalidad (los obispos), o declaraciones de adhesión constitucional frente a los que conspiran contra el nuevo orden o lo celebran con tibieza.

Reprimir y convencer son los verbos que se conjugan luego de 1814 y que combinan reacción y proactividad. Para nuestra argumentación interesan ambos porque si uno reconoce los avances en la socialización constitucional que ahora se desea destruir, el otro informa de la necesidad de hacerlo apelando a la tradición y a la costumbre, sí, pero también a la confrontación con un discurso liberal que todavía resuena. La solución no transita simplemente por reconstruir un mundo pasado, sino por hacerlo luego de seis años de lucha y revolución que lo cuestionaron, y esto conlleva variaciones sutiles en una cultura política realista ya sin el monopolio de las ideas y que debe adaptarse a un nuevo escenario. De aquí saldrá el carlismo. La represión aparece desde la segunda semana de mayo de 1814 con agresiones verbales y físicas a liberales señalados, las prisiones y los vidrios destrozados de sus viviendas. Se ataca a nombres y apellidos concretos por su protagonismo constitucional, en busca de culpables inmediatos con los que descargar la ira acumulada y de cabezas de turco que paguen por introducir en la comunidad una división funesta. En paralelo, se produce un contraataque dirigido a lo simbólico y a recuperar el espacio público, que se ceba con las placas constitucionales que colonizaran plazas y con los ejemplares de la Constitución. Los liberales insistieran en sacralizar el texto gaditano, y ahora tocaba la operación contraria: por eso se queman, se fusilan, se ahogan, se entierran en estiércol, se arrastran por burros… De la apoteosis constitucional a su apocalipsis, con el fuego inquisitorial como protagonista en actos que la prensa presenta concurridos y con un público entregado. Es el «verdadero pueblo» celebrando la recuperación del orden perdido desde 1808.

Luego de destruir toca rehacer, en parte con materiales de viejo, pero también con otros generados en la lucha reciente. Lo primero es alegrarse, expresar el contento por la vuelta a la normalidad, una idea de retorno a lo conocido repetida machaconamente. Las celebraciones y procesiones a mayor gloria del absolutismo ocupan todo el escenario, en ceremonias muy visuales con simbologías conocidas acompañadas de otras representativas de los nuevos enemigos (la Constitución, la prensa, los afrancesados, los liberales). Los eclesiásticos son los más proactivos en estas performances, y también lo serán en la difusión del discurso contrarrevolucionario. Sermones y pastorales lanzan argumentos para reconquistar las ovejas descarriadas, y en las bóvedas de las iglesias gallegas resuenan palabras contra enemigos domésticos e hijos desnaturalizados, contra libros perversos (impíos, anárquicos, revolucionarios, irreligiosos) que circularon y todavía circulan, contra el afán crítico que cuestiona todo, contra la funesta manía de pensar y opinar, contra las máximas republicanas y de igualdad social llegadas hasta las más pequeñas aldeas. Con tonos apocalípticos, y quizás algo exagerados respecto de los progresos reales de la socialización liberal, la contrarrevolución reconoce, a posteriori, su presencia y la necesidad de borrar hasta su memoria. La insistencia es en la unión trono-altar («temed a Dios, obedeced al Rey»), en el origen divino de la soberanía real, en el respeto por las jerarquías tradicionales, en obedecer a las autoridades y pagar impuestos, en escuchar con mansedumbre los oficios, en seguir los consejos de sus guías espirituales y en ofrecer el entendimiento en holocausto al ser creador. Todo un repertorio de cultura política realista.

A partir de 1820 las elecciones, auténtica zona cero de la cultura política liberal, reocupan un escenario últimamente vedado. Unas Observaciones sobre la próxima elección de diputados a Cortes demuestran que lo hacen con la lección aprendida. La confianza virginal en las bondades electivas del cuerpo electoral deja paso a una postura asentada en la experiencia y el pragmatismo que lo contempla necesitado de guía, imprescindible mientras la educación no haga su trabajo y garantice electores que usen su derecho con independencia y responsabilidad. El espacio de discusión se constriñe al prohibirse la prensa anticonstitucional, mientras las autoridades intentan dirigir la opinión hacia candidatos asentados en una «libertad moderada» y constitucional. No hay que buscar, dicen las Observaciones, diputados de oratoria fácil, apetitosos del cargo y asentados en el «poder» o la «grandeza»; tampoco a aquellos que delata su pasado anticonstitucional, sino a individuos de las clases «productivas», de vida personal y familiar intachable y que sean religiosos sin superstición, humildes sin bajeza, generosos sin interés y constitucionales sin fanatismo. Para evitar interferencias locales, los electores de partido no se reúnen en sus respectivas capitales, sino que lo hacen todos en A Coruña bajo la autoridad del jefe político, que mantiene un control directo del proceso. El resultado, en 1820, responde a lo buscado por el Ejecutivo, pero no así a finales de 1821, cuando un Gobierno moderado se encuentra con unas Cortes de ajustada mayoría exaltada, también en el caso de los diputados gallegos. La que luego se conocerá como influencia moral del Gobierno no tiene aún bien engrasadas sus ruedas y todavía permite estas sorpresas.

Las elecciones municipales repiten situaciones ya repasadas. En Galicia el apetito por disponer de ayuntamiento se desboca, señal tanto del interés popular como de que las autoridades lo propician, convencidas de que para afianzar el orden constitucional bazas importantes se juegan en los espacios locales. Intervenciones en Cortes inciden en el enorme interés que despiertan estos comicios, llenos de irregularidades indicativas de la disputa por un espacio de poder en el que, a partir de consideraciones clientelares y espaciales, se asientan disputas políticas en una clave de partidarios/opositores de los cambios, un ejemplo de manual de lo que es un proceso de politización. Como en 1812, definir quién tiene derecho de sufragio genera tensión, con argumentos replicados que inciden en un factor político: permitir el voto de los habitantes rurales supondrá poner los ayuntamientos en manos de gentes de dudosa adhesión constitucional y «nostálgicos del gobierno absoluto». La proliferación de consistorios en 1821 responde, en parte, a estos temores porque al desgajar las parroquias rurales para conformar nuevas entidades se protege a las urbanas del virus realista.

El principio de la elección dota al poder político local de una representatividad acrecentada, que incluso se traduce visualmente al aumentar el número de regidores. Esta realidad de salones consistoriales más llenos, junto con la obligada rotación de alcaldes y concejales, no es un dato intrascendente porque implica un recambio de personas tras cada elección y hace que un número creciente asuman responsabilidades políticas. Socialmente la paleta de colores se enriquece, al tiempo que reaparecen apellidos ausentes de los consistorios entre 1814-1820. No se trata de ninguna toma del palacio de invierno porque las continuidades (sobre todo desde una perspectiva familiar) son visibles, pero lo cierto es que en los casos repasados el panorama individual de los últimos ayuntamientos liberales de 1823 ha mudado radicalmente respecto de los absolutistas de inicios de 1820. Si, como reza la sentencia bíblica, por sus obras los conoceréis, las actas municipales son rácanas en información y obligan a leer entre líneas. En medio de quejas reiteradas por temas de financiamiento y tributación, algunas actuaciones denotan avances hacia una política moderna con peso creciente de componentes ideológicos. Interesan las descubiertas en ayuntamientos de dimensiones modestas por la carga representativa que incorporan. En el de Viveiro, por ejemplo, se distribuyen cien ejemplares de la Constitución y se promulga un Reglamento de Policía que declara «herejes políticos» a los anticonstitucionales, que prohíbe toques de difuntos diferenciados según la categoría del finado, los azotes a escolares por inútiles para formar «ciudadanos» y los maltratos de alguaciles porque no son tiempos de «gobierno autoritario». Allí, donde la política permite que un linajudo Pardo de Cela comparta consistorio con un humilde González, representaciones teatrales sulfuran los ánimos del obispo de Mondoñedo por anticlericales y constitucionales, que entrarían en ebullición al conocer el escrito consistorial para que «de una vez» salgan los exclaustrados del convento de Santo Domingo.

La recuperación del espacio público pasa por recorridos ya transitados en la anterior etapa constitucional, caso de los juramentos y la colocación de placas en las plazas mayores. La prensa, ahora solo liberal, reaparece con cabeceras en A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo. Suscriptores individuales reciben periódicos madrileños, y libros y literatura folletinesca también juegan su papel, como recordarán, escandalizados, voceros absolutistas desde finales de 1823. Los alfabetos son pocos, las producciones caras, las tiradas pequeñas y las dificultades de comunicación importantes, pero como para participar en política no se precisa leer sino escuchar, las lecturas colectivas juegan a favor de su socialización. Desde el Gobierno se intenta propiciar el conocimiento del texto constitucional con la obligación de su explicación por los párrocos, una norma obstaculizada por una clerecía gallega mal dispuesta a la que el ejemplo de sus prelados ofrece argumentos: excepto el obispo de Tui, Juan García Benito, francamente constitucional, los demás y el propio arzobispo compostelano mantienen posturas interpretables como resistentes al nuevo orden. Por esta vía poco o nada avanza la cultura política liberal.

La gran novedad llega con la erección de compañías de la Milicia Nacional. Aparecen en las cabeceras de partidos judiciales (entre 42 y 47), pero también en poblaciones de menor entidad. Su ocupación del espacio público (juras, paradas, desfiles, vivas, comidas, músicas, símbolos), su implicación en la política local, su elección democrática de los mandos, las solidaridades identitarias forjadas en la lucha con bandidos y facciosos, todo contribuye a crear espíritu de cuerpo y a hacer de los voluntarios la quintaesencia del nuevo hombre liberal. Y por esto son, también, el oscuro objeto de deseo de la contrarrevolución, que tiene aquí sus víctimas preferidas porque combatirlos supone ir contra el núcleo de la nueva política: ocurre en Ourense a finales de 1821 y comienzos de 1822, o en los cada vez más violentos sorteos de quintas, con mozos atacando a los milicianos encargados de garantizar el orden. El nacional hace alarde público de liberalismo, y eso luego de seis años de represión implica una decisión consciente y arriesgada que, en poblaciones pequeñas como las gallegas, agita con fuerza las aguas políticas. A partir de mediados de 1823 pagarán las consecuencias.

Eppur si muove, se supone que dijo entre dientes Galileo ante sus acusadores. También en la Galicia que inaugura el siglo xix algo se mueve y algo nuevo crece bajo el sol. Contenidos y formas de una política moderna que apela a un nuevo tipo de ciudadano (solo masculino) con derechos y obligaciones inéditos, inicia un camino que con los años se colmatará de referencias simbólicas, de músicas, de colores, de héroes y mártires, de fechas y lugares de memoria. Una cultura política liberal y constitucional da sus primeros pasos, y lo hace con las indecisiones de un recién nacido obligado a luchar por un espacio en disputa con una cultura política antirrevolucionaria que llega de atrás, asentada en los valores de la costumbre, la tradición y la comunidad, pero también exigida de cambios y adaptaciones a tiempos nuevos. Ningún rey pierde aquí la cabeza, ningún desalojo masivo de las élites tradicionales acontece en los órganos de gobierno, y ninguna transmutación política milagrosa se produce en la población. Todos los procesos repasados (y otros que quedan en el tintero) tienen su cara B. La acción representativa de diputados del común y personeros antes de 1812 se reduce a los espacios con ayuntamiento, está constreñida por sus escasas competencias y condicionada a la capacidad de los regidores tradicionales para controlarlos. Las autoridades constitucionales no siempre responden en su acción a esta condición legal, y por más que unos activos intermediarios culturales se esfuerzan por difundir las nuevas ideas, las interferencias comunicativas son muchas y numerosos los espacios en blanco y sin mancillar en un territorio de población tan dispersa como el gallego. El ideal del nuevo ciudadano, constitucional y comprometido en la construcción de una sociedad asentada en la igualdad legal y el mérito individual, se compadece mal con concejales reticentes a cumplir con sus obligaciones o con milicianos nacionales que rehúyen el servicio o lo realizan con desgana. El muro más difícil de escalar pasa por una oposición temprana y rotunda al nuevo orden asentada en una mayoría de eclesiásticos contrarios a las nuevas ideas, que contraatacan desde unas posiciones y una influencia social muy fuertes en Galicia. Sin embargo, las propias fuentes que genera la contrarrevolución reconocen, a partir de 1824 y muy a su pesar, que algo se ha movido y que ya no todo está en el sitio y el lugar en que la divina providencia lo situara: por eso, por ejemplo, encontrar individuos para ejercer como regidores es muy difícil…, porque resulta que los más preparados están invalidados políticamente al haber figurado en su día en las filas de la Milicia Nacional. Cuando menos para ellos el tiempo de la libertad no había pasado en vano.