LUCHA ANTIRREPRESIVA E INFLUJO UNITARIO EN LA MOVILIZACIÓN ANTIFRANQUISTA: LAS COMISIONES DE SOLIDARIDAD (1969-‍1977)

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

Hacia finales de la década de los sesenta el franquismo endureció de manera significativa la represión en un giro que pretendía dar respuesta a las conquistas cosechadas por la oposición en los años precedentes. A partir de entonces, el frente antirrepresivo, que desde la misma instauración de la dictadura había formado parte intrínseca de la lucha contra ella, se convirtió en uno de los principales motores de la movilización. Dos eran sus dimensiones más evidentes: el apoyo a los represaliados y su entorno, y la deslegitimación del régimen ante la población española y la opinión pública internacional. Ambos aspectos podían beneficiarse de un tipo de acciones, como las colectas, las recogidas de firmas o los actos culturales, que se situaban en el difuso —y a menudo peligroso— terreno que separaba la actividad legal de la clandestina. La solidaridad se convirtió, de esa forma, en una de las vías para sortear las mayores dificultades para movilizarse derivadas del incremento de la represión.

Una tercera característica acabó por otorgar a la lucha antirrepresiva un papel destacado en la erosión del régimen: su función de eficaz aglutinador entre las diferentes sensibilidades presentes en el antifranquismo. Muestra palpable de ello fue la aparición de las Comisiones de Solidaridad, organismo unitario de apoyo a los represaliados y de denuncia de la represión en el que llegaron a convivir desde sectores eclesiásticos y democratacristianos hasta militantes de izquierda radical. Aunque actor de reparto en el cada vez más amplio magma de la oposición, su trayectoria entre 1969 y 1977 constituye un fiel reflejo de la tendencia de esta a ampliar su espectro, así como del influjo unitario que la caracterizó, en especial —pero no exclusivamente— en el contexto catalán.

II. CAMBIO DE CICLO[Subir]

Desde mediados de los años cincuenta y, sobre todo, durante la primera mitad de los sesenta, el antifranquismo experimentó cambios que serían decisivos para su futuro crecimiento y que transformarían decisivamente su relación con el régimen. En síntesis, se empezó a visualizar entonces el paso desde una oposición caracterizada por la actividad clandestina de organizaciones políticas normalmente aisladas entre sí y con notables dificultades para mantener una acción continuada en el tiempo, hacia un nuevo tipo de activismo caracterizado por el protagonismo de lo que, en el lenguaje de la época, se llamaba acción de masas. Un cambio hacia una nueva oposición cuyo centro neurálgico no serían ya las organizaciones, sino los movimientos sociales, cuyos activistas actuaban —en la medida de lo posible— públicamente, forzando los límites de la legalidad y esgrimiendo reivindicaciones concretas que podían conectar con una amplia parte de la población. Un cambio, en definitiva, de un antifranquismo político a un antifranquismo social^‍‍[2].

Más que las explosiones de conflictividad que empezaron a producirse de forma más o menos periódica por aquellos años (Madrid, 1956; Barcelona, 1957; Asturias, 1958 y 1962), aquello que convirtió la década que va aproximadamente de 1956 a 1966 en un período transcendental fue que, a través de la constitución de plataformas propias y permanentes de movilización, estudiantes y trabajadores lograron articularse como movimientos sociales. Con ello, consiguieron protegerse mejor ante la represión y hacer emerger una conflictividad sostenida en el tiempo. Elemento clave en ese proceso fue la utilización de la brecha que ofrecía la participación en los organismos de masas del régimen, tanto en el ámbito estudiantil como en el laboral. Una táctica que, aunque con acentos y alcances distintos en cada caso, llegaría a su culmen alrededor de 1966: en la universidad, con la constitución de los primeros sindicatos democráticos de estudiantes, y, en el mundo del trabajo, con la masiva elección de candidatos vinculados a las Comisiones Obreras (CC. OO) en las elecciones sindicales.

No resulta para nada casual que, inmediatamente después de estos sucesos, el régimen reaccionara drásticamente. El año 1967 supuso, en efecto, el inicio de un giro represivo que tuvo un arranque fulminante, prolongado hasta principios de 1969, momento de su primer clímax, que conoció un segundo apogeo en diciembre de 1970, coincidiendo con el proceso de Burgos y que, con modulaciones, se extendería hasta el final del franquismo. No se trataba, con todo, de un cambio de rumbo de ciento ochenta grados: ya desde algunos años antes, coincidiendo con el progresivo despliegue tanto de las CC. OO. como de las formas de coordinación de los representantes estudiantiles, se estaba produciendo un incremento sustancial de las detenciones. En el caso del movimiento obrero fue claramente perceptible, en ese contexto, el desplazamiento como objeto prioritario de la represión desde la que era la organización con un arraigo más amplio, el PCE/PSUC, hacia las CC. OO. Para fastidio de la dictadura, estas tenían —por su propia morfología e idiosincrasia— una mayor capacidad de resistencia, circunstancia que les permitía resurgir con más fuerza después de cada caída^‍‍[3].

A partir de 1967, ese desplazamiento se haría todavía más evidente^‍‍[4]. Ese año llegaría a consideración del Tribunal Supremo el recurso interpuesto contra la sentencia dictada por el TOP en octubre de 1964 contra los detenidos por la constitución de la Comisión Obrera Provincial de Vizcaya. Fue el primero de los juicios celebrados en el alto tribunal contra las CC. OO. En su fallo, dictado en febrero de 1967, el Supremo ratificaba las condenas impuestas por el TOP y declaraba la ilicitud de las Comisiones por su irregular constitución. Posteriores sentencias, además, insistieron en declararlas fuera de la ley por su analogía con el PCE y su finalidad «subversiva»^‍‍[5]. También en 1967, en el mes de mayo, se celebró en el TOP el juicio contra los miembros de la junta de delegados del SDEUB, el primero de los sindicatos democráticos de estudiantes constituidos a partir de 1966^‍‍[6]. No había lugar a dudas: el régimen estaba intentando frenar en seco la articulación política de los movimientos obrero y estudiantil.

Uno de los elementos que ejemplifica más claramente el cambio de ciclo en materia represiva fue la recuperación del estado de excepción, cuya última aplicación databa de 1962. La huelga iniciada en noviembre de 1966 en Laminación de Bandas en Frío (en Etxebarri, en el área del gran Bilbao) llevó al Gobierno a recurrir de nuevo a la utilización de la excepción, decretada en abril de 1967 y circunscrita a Vizcaya. Las aproximadamente trescientas detenciones efectuadas a lo largo de los tres meses de vigencia de la medida^‍‍[7] anticipaban una de las características que adquiriría en adelante la represión: su gran amplitud. Después de Vizcaya, fue el turno de Guipúzcoa. En respuesta a las dos primeras acciones mortales protagonizadas por ETA (junio y agosto de 1968), la dictadura impondría allí un nuevo estado de excepción, prolongado desde agosto de 1968 hasta inicios del año siguiente. Precisamente en enero de 1969, antes de la finalización de la suspensión de derechos establecida en Guipúzcoa, la escalada represiva subiría un peldaño más con una nueva proclamación del estado de excepción, esta vez en todo el territorio español. Si bien en el origen de la decisión estaban las protestas estudiantiles en Barcelona y Madrid —ciudad, esta última, en la que el estudiante Enrique Ruano murió mientras se encontraba bajo custodia policial—^‍‍[8], lo cierto es que la represión fue mucho más allá. Datos internos de la Comisaría General de Investigación Social cifraban en 1278 los detenidos a lo largo de los dos meses de excepción, de los que algo menos de la mitad (501) eran estudiantes^‍‍[9].

Tras el amplio despliegue represivo de principios de 1969, parecía que el régimen había conseguido desbaratar la capacidad de actuación del antifranquismo. No obstante, la realidad distaba mucho de ser así, especialmente en lo que atañe al movimiento obrero. Su pronta reconstitución, debida a la fortaleza organizativa que habían adquirido las CC. OO., propiciaría una rápida reactivación de la conflictividad^‍‍[10]. El renovado impulso de la movilización estallaría de forma harto ostensible hacia finales de 1970, a raíz del Proceso de Burgos, mediante el que el franquismo pretendía enjuiciar el salto de ETA hacia la lucha armada^‍‍[11]. Ante la amplia respuesta social suscitada por las peticiones de pena de muerte contra seis de los encausados, el Gobierno volvería a recurrir al estado de excepción, primero en Guipúzcoa y luego en toda España. Desde diciembre de 1970 y a lo largo de seis meses, 2066 personas fueron detenidas, de las que 228 permanecían en prisión en junio de 1971, cuando fue por fin levantada la medida^‍‍[12].

La preocupación desatada en el seno de los círculos de poder franquista a raíz de la amplitud de las movilizaciones contra el proceso de Burgos motivó un vivo debate interno^‍‍[13]. Entre otras cuestiones, el régimen se replanteó entonces la conveniencia de mantener el amplio alcance que el Decreto Ley sobre Represión del Bandidaje y Terrorismo, de agosto de 1968, había otorgado a la jurisdicción militar, lo que había supuesto un sustancial aumento tanto del número de civiles procesados en consejos de guerra como de la cuantía de las penas. Las reformas legislativas de 1971 limitaron parcialmente ese papel preponderante, pero la justicia castrense continuó canalizando una parte significativa de la persecución judicial de la oposición^‍‍[14]. Además, vería nuevamente incrementados sus poderes en 1975, año en que se impondría, también, el último estado de excepción de la dictadura^‍‍[15].

Más allá del ámbito normativo y judicial, también las prácticas policiales reflejaron claramente el nuevo sello de la política de orden público. En este terreno, nuevamente 1967 significó un punto de inflexión, como ilustran dos casos concretos. En enero, Rafael Guijarro Moreno, joven maoísta de 17 años, perdía la vida al precipitarse al vacío durante el registro policial efectuado en su domicilio, en Madrid^‍‍[16]. Y, en septiembre, un vecino de 17 años de Zugarramurdi (Navarra), Mikel Iturbe Elizalde, moría víctima de los disparos de guardias civiles, que, según parece, lo confundieron con un militante de ETA^‍‍[17]. Ni las muertes bajo custodia policial ni las provocadas por la disolución de manifestaciones o la persecución de militantes de la oposición con fuego real fueron infrecuentes a partir de entonces. A ello cabría añadir, todavía, la ejecución de penas de muerte, recurso que el régimen no empleaba contra militantes políticos desde 1963, y que en los años 1974 y 1975 dejó seis nuevas víctimas. En conjunto, alrededor de un centenar de personas murieron a causa de las diferentes facetas de la represión entre 1967 y junio de 1977, fecha de las primeras elecciones pluripartidistas celebradas en España desde el febrero de 1936^‍‍[18]. Las víctimas mortales fueron sin duda la cara más visible y trágica del recrudecimiento de la actuación policial, pero constituían solamente la punta del iceberg. Los múltiples testimonios legados por quienes pasaron por comisarías franquistas en la última década de la dictadura nos dan una idea sobre las durísimas condiciones a las que eran sometidos los detenidos^‍‍[19].

Finalmente, la situación en las cárceles experimentó también un endurecimiento a lo largo de la década de los sesenta. De entrada, la llegada a un centro penitenciario suponía, en la mayoría de los casos, un alivio respecto a la dureza del paso por comisaría. España había dejado de ser —en expresión de Marcos Ana— aquella «inmensa prisión» con alrededor de 270 000 presos que era en 1940, con cárceles absolutamente abarrotadas e insalubres, en las que reinaban las epidemias, el hambre crónico y un gran índice de mortalidad^‍‍[20]. En 1960 había poco más de 15 000 reclusos, cifra que en 1966 llegaría a un mínimo de 10 600, pero que a partir de 1968 volvería a aumentar de forma acusada hasta situarse otra vez casi en los 15 000 en el momento de la muerte de Franco^‍‍[21]. La camaradería reinante entre los presos políticos, su «moralidad de la resistencia», el grado de organización alcanzado en algunas prisiones y el apoyo recibido desde el exterior hacían que la adaptación a la situación de reclusión pudiera ser vivida incluso como algo relativamente fácil o positivo, una imagen que la escritura memorialística ha contribuido a amplificar^‍‍[22].

Sin embargo, las condiciones de vida podían variar enormemente de una cárcel a otra, y no hay que perder de vista que, por norma general, los presos de derecho común disponían de muchas menos facilidades y respaldo que los políticos. Varias medidas gravosas para los derechos del preso, como las sanciones, la exclusión de la redención de penas por el trabajo, los traslados arbitrarios o las dificultades para mantener una fluida comunicación oral y escrita con familiares y abogados formaban parte del día a día. Desde 1963, además, los presos políticos, hasta entonces concentrados en unos pocos centros penitenciarios (Burgos, Cáceres, Soria o, para el caso de las mujeres, Alcalá) empezaron a verse sometidos a una política de dispersión —que tenía como consecuencia su aislamiento en pequeños grupos— y a ser normalmente destinados a centros de primer grado, en los que reinaba una «gran severidad disciplinaria»^‍‍[23]. Asimismo, a partir de 1966 la dictadura empezó a hacer un uso mucho más restrictivo del régimen de libertad condicional (de 2601 beneficiarios aquel año, se pasó a 742 en 1970). La vía para acceder a él se obturó en especial a partir de la aprobación del Decreto 162/1968, de 25 de enero —que modificaba en algunos de sus preceptos el Reglamento de los Servicios de Prisiones—, y se cerró casi definitivamente para los presos políticos tras el atentado contra Carrero Blanco^‍‍[24].

III. LA SOLIDARIDAD COMO MATERIALIZACIÓN DEL INFLUJO UNITARIO[Subir]

A la altura de finales de los años sesenta, el franquismo era sin duda un régimen capaz de mantenerse en pie, como tantas otras dictaduras, a través de la fuerza, pero cuyo poder se asentaba en unas bases cada vez menos sólidas. Pese a su éxito aparente, el estado de excepción de 1969 propició el afloramiento de las contradicciones internas derivadas de ese poder tambaleante. Unas contradicciones que terminarían por forzar la remodelación ministerial del otoño de 1969, y que darían pie al inicio de una etapa que ha sido caracterizada como de crisis^‍‍[25].

En el origen de esta crisis, un factor destacaba por encima de los demás: las disensiones en torno a la mejor forma de combatir al antifranquismo. La desorientación gubernamental se explica en muy buena medida por la resistencia que habían adquirido los movimientos sociales —en especial el obrero— ante los zarpazos de la represión. A lo largo de 1969, algunos documentos de la oposición dejarían constancia de esa permeabilidad, sin duda relativa, pero cada vez mayor. De forma en exceso triunfalista, aunque no carente de razonabilidad, las CC. OO. de Sevilla apuntaban que el estado de excepción se había «vuelto en contra [de] quienes lo decretaron» y que había suscitado «una gran dimensión solidaria y moral»^‍‍[26]. Semejantemente, para el secretario general del PSUC, Gregorio López Raimundo, el intento de «vuelta atrás» en materia represiva «está condenado de antemano a sufrir el más estrepitoso fracaso», ya que «la reacción contra la represión se está convirtiendo en la más amplia forma de acción de masas contra la dictadura y en un campo de convergencia de cuantos desean establecer en España un clima de convivencia y de respeto en los marcos de un Estado de derecho»^‍‍[27].

Para respaldar su opinión, López Raimundo citaba, entre otras iniciativas, un documento de diciembre de 1968 dirigido al ministro de la Gobernación, Camilo Alonso Vega, en el que, con el respaldo de más de un millar de firmas de personalidades de diversos ámbitos, se denunciaban las torturas practicadas por los cuerpos policiales. Ese tipo de denuncias públicas habían empezado a ser frecuentes desde algunos años atrás. Entre 1962 y 1969, el Ministerio de Información y Turismo registró tres decenas de escritos de parecidas características, suscritos normalmente por intelectuales, profesionales liberales y artistas^‍‍[28]. Con motivo del proceso de Burgos, la protesta de estos sectores daría un paso más allá, como acreditaban el encierro de cerca de trescientos intelectuales en Montserrat o la ocupación del Palacio de Justicia de Madrid por un centenar de abogados.

Precisamente el papel de los profesionales del derecho había empezado a atraer la atención de la dictadura, en especial desde que, a raíz de la promulgación del Decreto Ley sobre Represión del Bandidaje y Terrorismo, proliferaran las críticas contra la utilización abusiva de la justicia militar. De manera significativa, en enero de 1969, justo después de la declaración del estado de excepción, el Colegio de Abogados de Madrid aprobó en junta general extraordinaria dos mociones críticas con el Gobierno. En ellas se instaba, por un lado, a eliminar las jurisdicciones especiales y, por el otro, a establecer un estatuto especial para los presos políticos y a permitirles beneficiarse de la redención de penas por el trabajo y la libertad condicional^‍‍[29]. En otro gesto de relevancia, el 10 de diciembre de aquel mismo año el decano del Colegio de Abogados de Barcelona firmaba una instancia en la que se pedía a Franco la concesión de una amplia amnistía política. Un manifiesto de apoyo a la solicitud concitó alrededor de 4000 adhesiones^‍‍[30]. Tanto la reivindicación de una amnistía como la de supresión de las jurisdicciones especiales figurarían, asimismo, entre las conclusiones del IV Congreso Nacional de la Abogacía Española, celebrado en León en junio de 1970, y que, entre otras cuestiones, también se pronunció por la abolición de la pena de muerte^‍‍[31]. En otro terreno, algunos letrados fueron igualmente fundamentales para la exitosa aplicación de una estrategia de defensa política, en la que los juicios eran utilizados como plataforma para desgastar a la dictadura^‍‍[32]. Pero, sobre todo, la transcendencia de los abogados radicó en su papel como nexo entre diferentes sectores de la oposición, labor que se benefició enormemente de la cobertura legal que ofrecía su actividad profesional^‍‍[33]. Como constataba de forma algo esquemática, pero muy gráfica, la Comisaría General de Investigación Social en 1975, «debido a su profesión gozan de grandes facilidades para actuar ilegalmente dentro de la más absoluta legalidad aparente»^‍‍[34].

Otro espacio que sirvió para dar cobijo a las acciones de solidaridad con los represaliados políticos —así como al antifranquismo en general— fue el mundo eclesiástico. El Concordato de agosto de 1953 entre la Santa Sede y el régimen de Franco establecía la inviolabilidad de los edificios eclesiásticos, salvo casos de «urgente necesidad»^‍‍[35]. Gracias a esa especial protección, y dado el papel que la Iglesia española había jugado como sustento esencial de la dictadura —lo que confería cierto amparo a los clérigos—, parroquias y conventos se convirtieron en lugares de celebración relativamente habitual de asambleas y reuniones ilegales. En un intento de poner fin a esa dinámica, en verano de 1968 el Gobierno facultó a las autoridades gubernativas y policiales de cada provincia para determinar, siempre que fuera conveniente, la existencia de la «urgente necesidad» a la que se refería el Concordato. Y, de hecho, ya desde el año anterior se habían empezado a producir registros policiales en iglesias y conventos sin autorización episcopal^‍‍[36].

Como pone de relieve la cobertura proporcionada por curas y abogados, la actuación entre la legalidad y la ilegalidad se convirtió en una de las principales bazas de la lucha antirrepresiva. La vocación de operar públicamente, forzando los límites de lo permitido, contribuyó asimismo a reforzar el carácter unitario que, por su propia naturaleza, propiciaban las iniciativas de solidaridad con los represaliados y de denuncia de la represión. Así lo constataba con buen ojo Gregorio López Raimundo en el informe antes citado: lo más importante era que esa denuncia «puede desarrollarse a través de formas abiertas», circunstancia que reflejaba un notable grado de politización y de organización. Para ilustrar su argumentación, el dirigente comunista citaba la creación en distintos lugares de comisiones cívicas^‍‍[37], un tipo de plataforma que debía coordinar la acción de aquellas personas no encuadradas en las CC. OO.: estudiantes, enseñantes, sacerdotes, técnicos y profesionales, amas de casa, periodistas, abogados, médicos, intelectuales, artistas, etc^‍‍[38]. Ese tipo de estructura organizativa respondía a la política del PCE de ampliar su ámbito de intervención por medio del ensanchamiento de los límites de la legalidad, en consonancia con el prototipo de partido de masas del PCI. Una tarea en la que el mundo intelectual estaba llamado a jugar un papel de primer orden^‍‍[39]. La buena valoración de la experiencia de la Comisión Cívica de Madrid, en funcionamiento ya por lo menos desde 1967, haría que se intentara reproducir el modelo en otros sitios^‍‍[40].

En lo que se refiere estrictamente trabajo de solidaridad, otro espacio de relevancia impulsado por los comunistas fue el Movimiento Democrático de Mujeres (MDM), organismo que, en cierto modo, recogió el testigo del trabajo protagonizado desde la posguerra por muchas «mujeres de preso», tanto comunistas como anarquistas^‍‍[41]. Para profundizar en esa vía, el MDM impulsaría la creación de unas Comisiones de Solidaridad propias que llegarían a funcionar en varias ciudades y regiones entre 1968 y 1976^‍‍[42]. Probablemente una de las más importantes fue la de Madrid, cuyos orígenes hay que situar en la voluntad de organizar el apoyo a los numerosos detenidos de CC. OO. en 1968^‍‍[43]. Según quien fuera una de sus principales activistas, Vicenta Camacho, ese grupo de mujeres constituyó una especie de «parabrisas de Comisiones [Obreras]», coordinándose con ellas y con el PCE, pero orgánicamente dependientes solo del MDM^‍‍[44].

Otro frente en el que los comunistas fueron muy activos fue el de la ayuda procedente del exterior. Un actor esencial en este terreno fue la Delegación Exterior de Comisiones Obreras (DECO). Además de actuar como altavoz de denuncia de la represión franquista, la DECO se encargó de recaudar ayuda económica entre organizaciones políticas y sindicales de otros países, así como de enlazar con las Comisiones de Solidaridad con CC. OO. (o Comisiones Obreras de Solidaridad) constituidas en varias ciudades europeas desde los años sesenta. Un momento especialmente importante para el impulso del trabajo solidario de los españoles de la emigración fue el estado de excepción de 1969^‍‍[45].

En el interior, varias iniciativas antirrepresivas unitarias fueron apareciendo por aquellos mismos años, con acentos distintos en cada caso. En junio de 1967, al calor de las movilizaciones contra la represión desplegada durante el estado de excepción de aquel año, fue creada en Vizcaya una Comisión Central de Solidaridad de carácter unitario y en la que se involucraron abogados, profesionales liberales y sacerdotes^‍‍[46]. La existencia del organismo, que reunía a católicos, comunistas y nacionalistas vascos, fue muy positivamente valorada por el PCE, por cuanto había contribuido a que los militantes nacionalistas del interior instaran a los dirigentes peneuvistas exiliados y al Gobierno vasco a abandonar su rechazo a colaborar con los comunistas^‍‍[47]. Semejantemente, en 1972 se organizó —o reactivó— «una especie de frente antirrepresivo en Vizcaya» entre «todas las fuerzas políticas y sociales»^‍‍[48]: el Fondo Común Provincial. Este daba continuidad a una serie de experiencias análogas de fondos unitarios de «apoyo económico a los represaliados o huelguistas del movimiento obrero» que habían ido apareciendo y desapareciendo desde los años cincuenta. A pesar de esta discontinuidad, su incidencia no fue menor, a juzgar por los más de cuatro millones de pesetas recaudados en apoyo a los trabajadores sancionados durante los primeros meses de 1973^‍‍[49]. La pervivencia del fondo más allá del franquismo ilustra también su importancia^‍‍[50].

A su vez, en Asturias se intentó armar un espacio unitario de apoyo a detenidos, presos y despedidos desde finales de los sesenta. Fruto de las discrepancias, inicialmente funcionaron en paralelo dos organismos con idénticas funciones, constituidos el primero en octubre de 1969 y el segundo en mayo de 1970: el Fondo Común de Solidaridad Obrera (luego también llamado Comité de Solidaridad, en el que figuraban como siglas participantes PSOE, UGT, USO, CNT y CRAS) y la Comisión de Solidaridad de Asturias (impulsada por CC. OO. y el PCE). Ambas plataformas se unirían en enero 1972 bajo la denominación de Fondo Unitario de Solidaridad Obrera de Asturias (FUSOA), cuyo funcionamiento llegó hasta diciembre de 1976. Como en el caso vizcaíno, estas iniciativas se inspiraban en un precedente: la llamada Comisión de Despedidos, creada en 1964^‍‍[51].

La extensión del espíritu unitario antirrepresivo que denotaba el surgimiento de estos espacios tuvo una plasmación todavía más amplia en Cataluña. El punto de arranque de la dinámica unitaria que caracterizó al antifranquismo catalán hay que situarlo en la Caputxinada (marzo de 1966) y, más concretamente, en las muestras de solidaridad suscitadas por las represalias contra quienes tomaron parte en ella. A partir del núcleo de intelectuales presentes en el encuentro surgió la Taula Rodona: un organismo que, por vez primera desde el fin de la Guerra Civil, reunía desde democristianos hasta comunistas^‍‍[52]. Sería la primera de las varias plataformas unitarias de la oposición que se sucederían en Cataluña hasta el fin de la dictadura: la Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya (1969), la Assemblea de Catalunya ( ‍Colomer, J. M. (1976). Assemblea de Catalunya. Barcelona: L’Avenç.1971) y, finalmente, el Consell de Forces Polítiques de Catalunya (1975). Todas ellas, con un programa común para el derrocamiento del franquismo, lo que suponía dar un paso más allá respecto al carácter meramente antirrepresivo de la Taula Rodona.

Una vez tejidos, aunque fuera incipientemente, lazos de colaboración entre las más diversas fuerzas del antifranquismo catalán, y resquebrajado el aislamiento que había pendido sobre los comunistas desde la posguerra, estaban puestas las bases para una profundización en el trabajo unitario antirrepresivo. Se explica, así que desde 1967 encontremos algunas comisiones de solidaridad, como la constituida en el Vallès «como un hecho esporádico el 27-‍10-67 con motivo de 30 detenciones aquel día». Formada «por grupos cristianos y de Comisiones Obreras», la comisión recogió «dinero para las fianzas y para los semanales de los detenidos», alrededor de 250 000 pesetas en un breve período^‍‍[53]. La experiencia fue reproducida, parece, en otras localidades catalanas, en una lógica derivación de la política de alianzas del PSUC y de la unidad que, de facto, ya se estaba dando en el seno de los movimientos sociales^‍‍[54].

No sería, sin embargo, hasta más de un año después, a inicios de 1969, cuando apareciera la estructura que orgánicamente acabaría conociéndose como Comisiones de Solidaridad. Un papel destacado correspondería al responsable de la Vicaría Obrera del Arzobispado de Barcelona, Joan Carrera. Se trataba de un antiguo consiliario de la JOC a quien el régimen ya tenía un ojo encima, al menos, desde su etapa en la parroquia de Sant Antoni de Pàdua, en Llefià (Badalona)^‍‍[55]. Ya como titular de la Vicaría Obrera —creada en 1968—, Carrera fue uno de los participantes en la reunión de enero de 1969 entre obispos auxiliares y vicarios episcopales de Barcelona en la que se resolvió crear una comisión diocesana para atender a los represaliados durante el estado de excepción^‍‍[56]. En la circular de la Vicaría Obrera que daba cuenta de la creación de esa comisión, se especificaba que su función sería «estudiar y dar respuesta a las situaciones que se presenten» como consecuencia de la aplicación del estado de excepción. Y, en una apreciación que daba el tono del clima de la época, se apelaba a hacer una «neta distinción entre la pura legalidad, más o menos transitoria, y la profunda honestidad de las personas»^‍‍[57].

A partir de entonces, el despacho de Carrera en el Palacio Episcopal acogió reuniones diarias de coordinación. Entre sus participantes se encontraban, por ejemplo, el abogado Agustí de Semir, el escritor Albert Manent, el abogado y político democristiano Anton Cañellas o Remei Ramírez, antigua militante de la JOC y entonces encuadrada en la ACO. Fue a esta última, secretaria de la Vicaría Obrera, a quien Carrera confió también la secretaría de aquella comisión. En esa etapa inicial, la red eclesiástica jugó un papel central. Se intentaba, por ejemplo, que las escuelas religiosas donde estudiaban los hijos de represaliados dejaran de cobrar temporalmente las mensualidades a sus familias. Y la colaboración del vicario episcopal de Ambientes Obreros de la diócesis de Madrid, Antonio Albarrán, resultó fundamental para obtener información sobre el estado de los detenidos y presos que se encontraban allí^‍‍[58]. Igualmente, se intentó influir en la jerarquía eclesiástica. Así lo atestigua, por ejemplo, el viaje realizado, entre otros, por Agustí de Semir, ya en los setenta, para pedir al arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Vicente Enrique y Tarancón, que intercediera en favor de los presos políticos y denunciara las torturas^‍‍[59].

Muy pronto esa primigenia comisión se abriría más allá de los círculos católicos y se convertiría en un espacio transversal. Una apertura que, no por casualidad, empezó con la incorporación de militantes del PSUC. Además de principal activo del antifranquismo catalán, los comunistas habían dedicado notables esfuerzos a propiciar el encuentro entre los diferentes actores de la oposición en aplicación de su política de subordinar el propio programa a medio y largo plazo al objetivo inmediato de terminar con la dictadura^‍‍[60]. Consecuentemente con ese propósito, el partido había creado una Comissió d’Unitat, a la que se incorporaría Quim Boix como responsable del partido en la Comissió de Solidaritat^‍‍[61], denominación que debió de adoptarse en algún momento durante sus primeros compases de existencia. Destacaron como miembros de ella, entre otros psuqueros, Adonio González, Maria Rosa Viñolas, Maite Mañé o Teresa Domènech. En el caso de Boix y González, se trataba de militantes que habían pasado por la cárcel y a quienes se consideraba marcados. El trabajo de solidaridad, a medio camino entre lo legal y lo clandestino, ofrecía una plataforma idónea para ellos, conocedores en carne propia, por otra parte, de la realidad penitenciaria^‍‍[62]. Como era lógico, también algunos abogados del partido, como Josep Solé Barberà, Montserrat Avilés, Albert Fina o Leopoldo Espuny, se integraron rápidamente a la comisión^‍‍[63]. No en vano, el contacto con el Colegio de Abogados de Barcelona sirvió para dar eco a las denuncias de torturas y malos tratos^‍‍[64].

Además de la Comissió de Solidaritat, otras plataformas con fines específicos acreditan la amplitud del influjo unitario que caracterizó a la oposición catalana. Fue el caso de la Comissió Onze de Setembre (creada en 1964 para impulsar las movilizaciones con motivo de la Diada), de la dedicada a la lucha contra la guerra en Vietnam o de la Comissió Catalana d’Amnistia. De todas ellas, la que tuvo mayor eco fue esta última, que vería la luz en 1969^‍‍[65]. Semejantemente a lo que ocurría con la solidaridad, también la reivindicación de la amnistía constituía un terreno especialmente fértil para el encuentro. Ambas constituían, probablemente, las luchas más transversales de la oposición, y qué duda cabe de que el renovado impulso represivo del régimen las convertía en acuciantes. El año 1970 supuso el momento de mayor visualización de las iniciativas unitarias por la amnistía. En mayo se celebró el Primer Festival Popular de Poesia Catalana per l’Amnistia, el llamado «Price dels Poetes», cuyos organizadores destinaron las más de 140 000 pesetas de beneficios netos obtenidos a la Comissió de Solidaritat^‍‍[66]. Y, hacia finales de año, coincidiendo con el Proceso de Burgos, la Comissió Catana d’Amnistia se implicaría en las protestas contra el juicio^‍‍[67], impulsadas en especial por las CC. OO. y durante las que la CCFPC se activaría como plataforma de movilización e, incluso, con voluntad de interlocución con el régimen. Fue a raíz de esa experiencia cuando el PSUC constataría de forma más clara la importancia de la existencia de una alternativa democrática unitaria y con un programa definido, lo que llevaría al partido a formular la necesidad de creación de una plataforma análoga a la CCFPC para el conjunto del antifranquismo español^‍‍[68]. El espíritu unitario empezaba a rebasar las fronteras de Cataluña.

IV. INFORMACIÓN, APOYO Y DENUNCIA PÚBLICA[Subir]

La Comissió de Solidaritat creada en Barcelona en 1969 no solamente consiguió por primera vez articular de manera permanente el trabajo unitario antirrepresivo, sino que su experiencia sirvió también para definir claramente las tareas que debían desempeñarse en ese frente de lucha. El modelo, que fue luego adoptado por las demás Comisiones de Solidaridad, partía de tres actividades básicas: la información, el apoyo y la denuncia pública.

La primera de esas tres patas era la obtención de información actualizada acerca de la situación de cada uno de los represaliados: «Sin datos concretos no hay respuesta concreta efectiva. Demasiadas veces se denuncian casos represivos cuando han pasado meses desde su ejecución; otros quedan desconocidos. Sucede, otras veces, que la rutina en la denuncia o los fallos de información deforman la veracidad de lo ocurrido, con lo cual le es más fácil a Instituciones Penitenciarias asumir la defensa de su posición»^‍‍[69]. Esa necesidad de información fue una de las razones del inicial protagonismo de algunos sectores eclesiásticos en la organización de la solidaridad. Era habitual que tras una detención los familiares permaneciesen días, incluso semanas, sin noticias sobre el paradero del arrestado. Muchos de esos familiares se acercaban a sus parroquias a pedir la intercesión del párroco para obtener alguna información. A raíz de la oleada de detenciones efectuadas durante el estado de excepción de 1969, la Vicaría Obrera del Arzobispado de Barcelona empezó a coordinar los esfuerzos de obtención y transmisión de datos sobre los represaliados^‍‍[70].

La segunda función primordial era la prestación de apoyo. En su vertiente material, esta ayuda requería, obviamente, la obtención de fondos, que resultaban también básicos para el mantenimiento de una mínima estructura organizativa. Según se desprende del detalle de las informaciones sobre las cuentas internas, hubo siempre un estricto control de hasta el último céntimo obtenido y gastado. Cabe subrayar que las sumas recabadas llegaron a ser de un volumen notable: por ejemplo, los movimientos de caja de enero-marzo de 1972 de la Comissió de Solidaritat de Barcelona —la mayor de las diferentes comisiones que se habían ido creando desde 1969 en distintas localidades catalanas— reflejaban entradas por un total de casi 435 000 pesetas (de las que 18 100 correspondían al saldo positivo heredado de las cuentas del año anterior). Entre los capítulos que más dinero aportaban, destacaban por encima de los demás la «venta de objetos» (268 185 pesetas) y, en segundo lugar, las colectas y contribuciones de parroquias (64 166 pesetas) y de «comunidades cristianas» (18 300). Los «colegios profesionales» habían donado 10 000 pesetas, y las aportaciones personales, tanto de dentro como de fuera del país, llegaban a 17 000 pesetas. Asimismo, una campaña específica de recogida de fondos para los huelguistas de El Ferrol consiguió reunir 25 200 pesetas^‍‍[71]. Entre los conceptos de entradas de dinero que más se repetían figuraban también las donaciones de organizaciones (algunas de ellas, extranjeras, como el Secours Populaire Français)^‍‍[72], las colectas efectuadas en empresas, la venta de bonos, los ingresos por actos culturales o las rifas. Si ampliamos el ámbito cronológico, lo recaudado en aquellos tres meses se sitúa por encima de la media, pero aun así el ritmo de ingresos no deja de ser significativo. Considerando que entre febrero de 1969 y diciembre de 1972 la Comissió de Solidaritat de Barcelona declaraba haber conseguido un total de 3 257 580 pesetas^‍‍[73], la media mensual de captación de fondos se situaría casi en 70 000 pesetas.

En lo que se refiere a las salidas, normalmente se repetían las ayudas a los presos y sus familiares, el pago de multas, fianzas y costas judiciales, las aportaciones a las cajas de resistencia de plantillas en huelga y el envío de dinero a los exiliados. Así pues, las contribuciones económicas resultaron fundamentales tanto para asegurar una vida digna a los presos y sus familias —que muchas veces dependían del sueldo de la persona encarcelada—, como para dar cobertura a conflictos laborales prolongados. En el caso de las cuentas de los tres primeros meses de 1972, las salidas sumaban 234 456 pesetas, y se repartían entre las contribuciones a trabajadores de empresas en conflicto (122 726), las ayudas a los familiares de presos (63 000), los pagos a abogados (26 000), los gastos derivados de las comidas enviadas a las cárceles (7500) y, por último, las facturas derivadas del funcionamiento de la propia comisión (15 230)^‍‍[74].

Aunque menor cuantitativamente, la partida destinada directamente a los presos resultaba de gran importancia, puesto que permitía complementar una dieta normalmente muy limitada y hacerles llegar aquellos productos que no podían comprarse en los economatos de las galerías. En ese terreno, además de recaudar dinero, se llamaba a aportar determinados productos: dentro de las prisiones no estaban permitidos todos los tipos de envases y, por ejemplo, el tabaco solamente era tolerado en las prisiones de hombres^‍‍[75]. Aparte de alimentos y cigarrillos, se insistía en que se enviaran «sobre todo ¡libros, libros, libros!»^‍‍[76]. En cuanto a la comida, el envío de alimentos frescos, leche, café o conservas se complementaba con la práctica de cocinar en casa o de comprar comida preparada en bares. En el caso de la Modelo de Barcelona, los encargos solían hacerse en el Bar Modelo, situado prácticamente en frente de la entrada del centro penitenciario, para que los presos pudieran comer caliente al menos de vez en cuando^‍‍[77].

A parte de la ayuda económica y material, no pueden omitirse otros aspectos del apoyo que ofrecían las Comisiones de Solidaridad. No fue extraño, por ejemplo, que se ofrecieran domicilios que «en una situación de represión o persecución pudieran servir para esconder y proteger gente, informando a los inquilinos de las medidas de seguridad que en estos casos deben establecerse»^‍‍[78], o que se facilitara la salida del país a algunos represaliados. Del mismo modo, manifestantes heridos por la policía fueron atendidos de urgencia por médicos particulares, como fue el caso, en Barcelona, de Toni Borràs, que prestó su ayuda en innumerables ocasiones^‍‍[79]. E hijos de presos que habían perdido el derecho a la seguridad social y necesitaban algún tipo de tratamiento médico fueron atendidos en clínicas privadas sin coste para las familias. En un terreno diferente, otros tantos niños pudieron asistir a colonias de verano en Francia, Italia, Rumanía o la República Democrática Alemana gracias a la colaboración de sindicatos de estos países o de entidades como —de nuevo— el Secours Populaire Français. También la Comisión de Solidaridad del MDM destacó en la organización de actividades para niños^‍‍[80].

No hay que olvidar, tampoco, la vertiente más propiamente humana de la ayuda. Frecuentemente se visitaba tanto a los propios presos como a sus familias, a las que, además de intentar transmitir afecto, se acompañaba hasta la cárcel en caso de que tuvieran dificultades para hacerlo por sus propios medios^‍‍[81]. Paralelamente, se transmitía un discurso de esperanza, muy común entre la propaganda antifranquista, pero que, en ese caso, cobraba una especial transcendencia: al constituir la represión el ámbito que más podía afectar la moral de los militantes y sus allegados, intentar contrarrestar sus efectos psicológicos resultaba fundamental. Ilustran ese esfuerzo las palabras publicadas a principios de 1973 en el boletín de la Comissió de Solidaritat de Barcelona: «Si es dura y sin entrañas la represión, mucho más tenaz, esperanzada es la fuerza de los que combaten la injusticia para liberar al hombre»^‍‍[82].

Finalmente, la tercera gran esfera de trabajo de las Comisiones de Solidaridad, aunque en ningún caso la menos importante, fue la denuncia pública. Disponer de información detallada de la realidad de la represión las convertía en un actor especialmente indicado para dar publicidad, tanto en el interior como en el extranjero, de la sistemática vulneración de derechos humanos imperante bajo el franquismo. Detenciones, torturas, imposición de multas, penas de cárcel, traslados a celdas de castigo y muertes en manifestaciones o bajo custodia policial pudieron salir a la luz, en muchos casos, gracias a las Comisiones de Solidaridad. Fue su red de contactos la que permitió que se difundiera, por ejemplo, la imagen del cuerpo brutalmente torturado del comunista y militante de CC. OO. Francisco Téllez^‍‍[83], que luego Amnistía Internacional citaría como uno de los casos de campañas contra la tortura de especial relieve en todo el mundo entre mediados de 1975 y mediados de 1976^‍‍[84].

V. DE BARCELONA A CATALUÑA, DE CATALUÑA A MADRID[Subir]

El rápido crecimiento experimentado por la inicial Comissió de Solidaritat obligó a una mayor estructuración interna, tanto territorial como temática. Territorialmente, muy pronto aparecerían núcleos locales en distintas localidades catalanas, principalmente —pero no solo— en el área metropolitana de Barcelona^‍‍[85]. En total, hay constancia de la existencia de un núcleo propio en por lo menos veintisiete pueblos y ciudades de Cataluña^‍‍[86]. En algunos lugares, como Mataró, la comisión local actuaba como agrupación de personas solidarias de localidades más pequeñas^‍‍[87], por lo que puede considerarse que, en la práctica, la extensión de las Comissions de Solidaritat catalanas iba incluso más allá de lo que revela su implantación territorial. En el caso de Barcelona ciudad, en 1976 prácticamente todos los barrios tenían su comisión, además de las que existían en las tres universidades (central, Autónoma y Politécnica). Los núcleos de barrio se reunían regularmente en un organismo de coordinación que, a su vez, estaba representado en la Comissió Central de Solidaritat^‍‍[88]. Esta última funcionaba como coordinadora de los distintos grupos de trabajo en los que, fruto de su crecimiento, quedaron estructuradas las Comissions de Solidaritat (o Comissions Cíviques de Solidaritat, como también figuran en algunos textos a partir de 1973): Económico, Internacional, Prisiones, Boletín, Colonias, Derechos Humanos, Relaciones Ciudadanas, Artistas Plásticos, Festivales y, por último, Coordinadoras de Barrios, Comarcas y Universidades.

La diversidad de perfiles de las personas que integraron las Comissions de Solidaritat catalanas o colaboraron con ellas en algún momento u otro, así como la lógica inexistencia de censos en una actividad que carecía de cobertura legal, hace difícil la tarea de establecer un perfil del militante tipo. En una lista de más de 150 nombres elaborada por Adonio González años después, figuran cantantes, artistas, intelectuales, representantes de entidades culturales, actores, cineastas, gente del mundo eclesiástico, profesores, abogados, médicos y profesionales liberales de todo tipo^‍‍[89]. No constan allí, sin embargo, los miles de personas anónimas que permitieron sostener la solidaridad con los represaliados. De hecho, el perfil del militante de base sería más bien el de gente de procedencia obrera y, sobre todo, con una determinante presencia femenina. Tampoco puede olvidarse que una de las grandes aportaciones de las Comisiones de Solidaridad fue la reintegración a la militancia de los propios represaliados, lo que constituye una prueba irrefutable de su importancia como antídoto ante la represión y, por lo tanto, como elemento de fortalecimiento de la oposición. Según el citado Adonio González: «Si antes, de cada diez presos que salían, uno se reintegraba a la lucha, gracias al movimiento de solidaridad, de cada diez, nueve volvían»^‍‍[90].

El rápido crecimiento del movimiento lo dotó sin duda de mucha más fortaleza, pero la mayor heterogeneidad ideológica propiciada por ese proceso también suscitó conflictos que, en cierto modo, pueden ser leídos como crisis de crecimiento. La creación en 1970 de una comisión propia en Terrassa, por ejemplo, «empezó con obstáculos por parte de algunos partidos obreros, que la acusaban de “institución benéfica”, o de estar instrumentalizada, o de ambas cosas». Sin embargo, dos años después, «estos recelos han desaparecido, debido en parte a que se ha ayudado a cualquier represaliado, aunque perteneciera a uno de los grupos que atacaba a la Comisión»^‍‍[91]. Para hacer frente a las divergencias, no fueron infrecuentes las proclamas a favor de la unidad de acción, como esta de mediados de 1972, realizada tras una discusión interna suscitada por algunas nuevas incorporaciones, en la que la Comissió de Solidaritat se definía como «una plataforma abierta de acción unitaria», y se advertía: «[…] por su propia misión no puede ni debe comprometerse con una línea política determinada. En consecuencia, no subscribirá ningún compromiso con organismos políticos o de masas, pudiendo ser esto tarea de sus componentes a título individual»^‍‍[92]. Pese a que la convivencia entre gentes procedentes de tradiciones muy alejadas no fue sencilla, la realidad es que fue posible y, sobre todo, que dio frutos. Lo constatan las palabras escritas por Joan Carrera años después, al recordar la colaboración entre católicos y comunistas en el seno de la Comissió de Solidaritat como «siempre tensa, pero muy eficaz»^‍‍[93].

La eficacia del modelo fue, precisamente, una de las razones de su traslación más allá de la realidad catalana, proceso que hay que situar entre 1972 y 1973. Se percibe entonces la necesidad de hacer llegar el movimiento a tantos rincones como sea posible, para hacer frente de forma más efectiva a la política penitenciaria y represiva del régimen. Un documento de la Comissió de Solidaritat de Barcelona de junio de 1972, exponente de una lúcida visión de conjunto de la realidad penitenciaria española, lo formulaba en los siguientes términos:

En última instancia, se trataba de «dar y popularizar una respuesta concreta a las bases mismas de la actual política penitenciaria española, tanto en sus líneas generales, como en la concreta que aplica a los presos políticos». La «acción solidaria» podría así «coordinar una respuesta global y afirmarla ante la opinión pública», así como dar respuesta a situaciones que se consideraba de urgencia, «tales como el traslado de los recluidos en Córdoba, Cartagena y Puerto de Sta. María a cárceles menos rigurosas» o «el levantamiento de las sanciones que pesan sobre una gran cantidad de presos políticos». En un comentario final lleno de esperanza, pero no por ello exento de lucidez, el documento remachaba: «Lograrlo es posible porque, en definitiva, la actual represión, por brutal que sea, no es, precisamente, prueba de fortaleza»^‍‍[94].

Con el objetivo, pues, de articular una respuesta solidaria coordinada más allá de Cataluña, algunos miembros de las Comissions de Solidaritat entablaron contactos con militantes de otras grandes ciudades españolas. Según una de las encargadas de realizar esos viajes, Remei Ramírez, como mínimo hubo reuniones en Madrid, Zaragoza y Valencia^‍‍[95]. Ya con anterioridad parece que había habido contactos con la Comisión de Solidaridad del MDM de Madrid^‍‍[96], y es posible que los hubiera también con otros colectivos. Sin embargo, la extensión de un mismo patrón orgánico de lucha antirrepresiva y solidaria, o por lo menos su coordinación efectiva, se daría sólo a partir de 1972-‍1973. Además de las reflexiones hechas desde las Comissions de Solidaritat catalanas, un acontecimiento contribuyó seguramente a impulsar el proceso: la detención, en junio de 1972, de la plana mayor de la Coordinadora General de Comisiones Obreras en Pozuelo de Alarcón y la incoación del proceso 1001 contra los llamados Diez de Carabanchel. Según lo expresaba un militante comunista de Madrid en una reunión de los activistas del PCE en el movimiento obrero, hacía falta «poner toda la carne en el asador para realizar una campaña amplia, general de lucha», en la que, junto con las CC. OO., se implicaran amplios sectores sociales a través de «una especie de comisión coordinadora de toda esta campaña»^‍‍[97].

La capital española sería la ciudad donde la traslación del modelo catalán de solidaridad resultó probablemente más fecunda. Una fundamental reunión de coordinación Barcelona-Madrid se celebró en esta última ciudad en otoño de 1973. Tomaron parte en el encuentro, además de las Comissions de Solidaritat catalanas, las tres patas madrileñas que convergerían en el movimiento: la Comisión de Solidaridad del MDM, la Comisión de Expresos de Madrid y el Comité Antirrepresivo de Madrid. De allí salió un documento de conclusiones en el que se informaba de «la reunión celebrada para intercambiar información, coordinar sus actividades e impulsar la creación de nuevas Comisiones de Solidaridad y de lucha contra la represión, a la vez de establecer contactos con las ya existentes». Asimismo, se anunciaba la elaboración de un «proyecto de declaración de principios» común a partir de la propuesta de Barcelona. Finalmente, un comunicado dirigido a la «opinión internacional» declaraba que «por primera vez han tenido un contacto entre ellas a nivel de los pueblos de España» las comisiones y comités firmantes, y apelaba a difundir «la actividad represiva del régimen de Franco y Carrero Blanco» y a promover «el envío de ayuda económica y material a todos los represaliados»^‍‍[98].

Un extenso e interesante documento sin fechar, elaborado probablemente poco después, anunciaba públicamente el nacimiento de las Comisiones de Solidaridad de Madrid y recogía sus principios, objetivos y estructura. Su existencia formal con ese nombre debió por lo tanto de establecerse a lo largo de 1973, si bien del redactado se desprende algún tipo de actividad —al menos de ayuda económica— desde junio de 1972. La constatación que se hace en el texto sobre el funcionamiento de varios núcleos en Madrid parece confirmar ese extremo. Según sus autores, «aunque en una fase de consolidación», las Comisiones de Solidaridad de Madrid «cuentan ya en su haber con varias comisiones de solidaridad de barrios, de universidad, de fábricas y movimiento obrero, y con algunas de sectores profesionales», además de tres «equipos de trabajo» («de información», «económico» y «de relaciones»), coordinados todos ellos por medio de una «comisión de solidaridad central». Tanto en la estructura de funcionamiento, como en los principios y objetivos básicos, es nítidamente perceptible la influencia del ejemplo catalán. Con todo, ese documento marco de las Comisiones de Solidaridad de Madrid aportaba un extraordinario nivel de detalle —diferenciando entre las funciones de las comisiones de cada sector— y hacía un especial hincapié en determinados aspectos. Se insistía, por ejemplo, en la necesidad de actuar «clandestinamente solo en aquello en que sea imprescindible» («reuniones de coordinación, distribución de hojas […]»), pero de hacerlo en cambio «públicamente en todo aquello en lo que sea posible» («entrevistas con todo tipo de sectores ciudadanos […], recogida de dinero, festivales, recogida de firmas …»). Igualmente, se apostaba por coordinarse «con todas las organizaciones de solidaridad ya existentes, tanto a nivel local, nacional e internacional», puesto que «aspiramos en el futuro a una fusión de todas aquellas que estén conformes con los principios y objetivos, independientemente de mantener la colaboración y coordinación con quienes no deseen la fusión»^‍‍[99]. En esa misma línea, un comunicado posterior, fechado en mayo de 1974, introducía la idea de la «creación de un fondo común y único de solidaridad» cuando la integración orgánica no fuera posible^‍‍[100].

El documento marco que venimos de referir acabaría plasmado prácticamente en su totalidad en un pequeño dosier de ocho páginas confeccionado a ciclostil. En él se incluía, casi como única modificación respecto al texto original, una pequeña exposición sobre las actividades realizadas hasta entonces, lo que confirma la existencia de una actividad previa al encuentro del otoño de 1973. Así, según se especificaba, se habían realizado acciones como «la elaboración de diferentes informes sobre la represión» y de «hojas informativas dirigidas a la opinión pública», la difusión de «documentos apoyados con miles de firmas», la «participación en distintos actos de solidaridad», el establecimiento de «contactos con otras comisiones de solidaridad de otras provincias y con organismos internacionales solidarios» y el apoyo a «la creación de nuevas comisiones en otros lugares del estado español». Por último, se exponía un «Balance de solidaridad económica desde junio de 1972», en el que constaban gastos por valor de 934 459 pesetas, la mayor parte destinadas a «trabajadores despedidos»^‍‍[101].

Otros dos estados de cuentas nos permiten calibrar el volumen de actividad de las Comisiones de Solidaridad de Madrid. Un balance económico del segundo semestre de 1974 refleja entradas por un monte total de 333 142 pesetas^‍‍[102]. Y, en el primer número de su boletín propio —del que solo hemos podido localizar ese único ejemplar— constan unos ingresos de 497 933 pesetas entre noviembre de 1974 y enero de 1975^‍‍[103]. Aunque de un volumen menor que en el caso catalán, esos números denotan una considerable capacidad de captación de fondos, sobre todo teniendo en cuenta el poco tiempo de actividad que las comisiones madrileñas llevaban a sus espaldas. Por otra parte, el nivel de concreción que revelan los documentos internos apunta a una notable complejidad organizativa, por lo que cabe suponer que llegaron a disponer de un cierto músculo interno^‍‍[104].

No era, sin embargo, el número de militantes aquello que confería mayor potencial a las Comisiones de Solidaridad. La importancia del movimiento radicaba en su mera existencia, plasmación de la progresiva creación de puentes —tal vez frágiles, pero crecientemente transitados— entre las diferentes sensibilidades del antifranquismo. El afán por la difusión del modelo y por la articulación de una respuesta cada vez más amplia y, sobre todo, más coordinada ante la represión demuestra que la unidad no fue coyuntural o una mera proclama retórica. Es igualmente importante tener en cuenta que las Comisiones de Solidaridad funcionaban como un movimiento: sus militantes lo eran a título individual, no en calidad de representantes de un partido u organización, por más que, como es obvio, cada organización tuviera un posicionamiento y una política propia respecto a ellas. En este aspecto, el movimiento de solidaridad en Cataluña y Madrid encerraba seguramente más potencial como instrumento unitario del que tuvo la experiencia de Asturias, donde FUSOA operaba más bien como una superestructura de las siglas que le daban apoyo. Significativamente, la captación de fondos la llevaba a cabo cada organización de forma autónoma, para entregar posteriormente lo recaudado al fondo común asturiano. Ello no quiere decir, no obstante, que la utilidad de FUSOA en cuanto instrumento de apoyo a los represaliados fuera más limitada, como atestiguan los doce millones de pesetas distribuidos entre 1972 y 1976^‍‍[105].

VI. AUGE, CRISIS Y DISOLUCIÓN[Subir]

Hacia la mitad de los años setenta, el movimiento de solidaridad iba viento en popa. Con todo, ese momento dulce no tardaría en dejar paso a una crisis que sería el preludio de su rápido final. Paradójicamente, el inicio del declive de las Comisiones de Solidaridad empezó a gestarse precisamente allí donde éstas habían nacido y donde eran más fuertes: en Barcelona. Los primeros síntomas de malestar interno se manifestaron a raíz de la huelga de octubre de 1974 en la SEAT. Según un documento elaborado más de un año después por activistas católicos, el dinero entregado al movimiento a raíz del conflicto fue a parar a una caja controlada en exclusiva por las CC. OO.^‍‍[106]. A estas acusaciones siguieron otras, formuladas en 1975 por la USO, que atribuyó al PSUC la eliminación de determinados nombres de las listas de presos a quienes mandar ayuda^‍‍[107].

Fueran ciertos o no, los reproches se daban en un contexto de crecientes tiranteces internas debidas a varios factores. Por un lado, en el aspecto organizativo, la relativa autonomía de que gozaban las comisiones de trabajo y las de cada sector se prestaba a que cada una de ellas se convirtiera en una especie de coto vedado. La variedad de siglas presentes en aquel momento en las Comissions de Solidaritat catalanas nos da una idea del desafío de hacerlas funcionar: sectores eclesiásticos, UDC, CDC, USO, CSC, Cristians pel Socialisme, PSUC, PTE, MCE, trotskistas… Otra fuente de recelos era el papel de control que, según el documento elaborado por militantes cristianos, ejercía el PSUC en la coordinación. Ello habría llevado a otros militantes a apartarse, al sentirse utilizados o excluidos, si bien, en sentido contrario, se reconocía el dinamismo que aportaban los comunistas desde la Comisión Central^‍‍[108].

Por otro lado, a partir de 1975-‍1976 el PSUC apostó decididamente por acentuar el carácter público y abierto de los actos organizados por las Comissions de Solidaritat^‍‍[109], pretensión que se intuía ya en el documento marco de las comisiones madrileñas, en el que se anunciaba la intención de «legalizar tantos aspectos como pueda[n] de su trabajo»^‍‍[110]. Lo que los comunistas interpretaban como necesario desafío a la represión, otros lo veían como menosprecio hacia las medidas de seguridad estrictamente implementadas hasta entonces. No en vano, algunos activistas del movimiento habían sufrido la represión en carne propia^‍‍[111]. Una parte del problema radicaba, según denunciaban los críticos con el documento del PSUC, en que el abandono de la clandestinidad se había empezado a poner en práctica antes de su definitiva aprobación en la asamblea convocada para debatir la cuestión. Y ello, además, con la consecuencia de haber suscitado alguna detención^‍‍[112].

Se trataba, en definitiva, de debates y problemáticas muy comunes en los movimientos sociales antifranquistas, pero que en ese caso adquirían un carácter especialmente candente por las sensibles distancias ideológicas que separaban a sus protagonistas, así como por el hecho de tenerlos que dirimir en una misma estructura organizativa relativamente acotada. En ese sentido, una de las mayores aportaciones de las Comisiones de Solidaridad, su amplísima transversalidad, constituía a la vez su principal talón de Aquiles. Disputas que, en espacios más amplios como la Assemblea de Catalunya o las Mesas Democráticas, quedaban más o menos amortiguadas, resultaban en ese caso más difíciles de gestionar.

Finalmente, la discusión teórica fue sobrepasada por la fuerza de los acontecimientos. La gran ola de movilizaciones de los primeros meses de 1976^‍‍[113], con un carácter muchas veces amplio y abierto, terminó por arrastrar a las Comisiones de Solidaridad. A principios de abril, su nombre constaba como organizadoras de una rueda de prensa para informar del traslado a Barcelona del cuerpo sin vida de Oriol Solé Sugranyes, acribillado por la guardia civil durante la persecución de los participantes en la fuga del penal de Segovia^‍‍[114]. Y, en junio, la prensa informaba sobre la celebración de una asamblea de las Comissions de Solidaritat de Catalunya para debatir «nuevas formas para luchar contra la represión», con la defensa de su militante Adonio González —sobre el que pendía una petición de siete años de cárcel— en el horizonte^‍‍[115]. El irreversible proceso de visualización pública del movimiento de solidaridad se puso también de relieve con la legalización de dos asociaciones que hundían sus raíces en él: la Associació Catalana d’Expresos Polítics, constituida en el mes de febrero^‍‍[116], y la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos (AFAPP), surgida en noviembre^‍‍[117].

El abandono de la clandestinidad coincidió con el momento de máximo esplendor del movimiento, que se benefició de la centralidad adquirida por la lucha por la amnistía a lo largo de la primera mitad de 1976. Pero casi tan repentina como ese auge fue su —en cierta medida lógica— muerte de éxito. Tras la amplia excarcelación de presos políticos propiciada por la aprobación del Decreto Ley de 30 de julio de 1976, solo aquellos sobre los que pesaba la acusación de haber atentado contra personas permanecieron entre rejas, lo que hizo que la lucha por la amnistía se concentrara en muy buena medida en el País Vasco^‍‍[118]. Aun así, y a pesar de sus menguantes ingresos, las Comisiones de Solidaridad —como también la AFAPP— mantuvieron su explícito apoyo a una amnistía total. Daba fe de ello la continua actualización en los boletines de las comisiones catalanas del listado de militantes que permanecían en la cárcel, la campaña «Per Nadal tots a casa» (lanzada a finales de 1976)^‍‍[119] o el eco que se hicieron de la semana proamnistía convocada en el País Vasco en mayo de 1977, tras las —nuevamente incompletas— medidas de gracia aprobadas en el mes de marzo^‍‍[120]. Todavía en junio de 1977, justo antes de las elecciones generales, las Comissions de Solidaritat de Catalunya darían apoyo a la huelga de hambre de los padres del militante del MIL-GAC Josep Lluís Pons Llobet, que trataban así de llamar la atención sobre la permanencia de su hijo en prisión^‍‍[121].

Esta sería, sin embargo, una de las últimas apariciones públicas de las Comisiones de Solidaridad. Percibidas cada vez como menos necesarias, y con una actividad y unos ingresos en declive —de más de medio millón de pesetas recaudadas por las comisiones catalanas entre julio y agosto de 1976^‍‍[122], se pasó a algo menos de 150 000 entre noviembre y diciembre—^‍‍[123], se resolvió ponerles punto final. No fue, sin embargo, un adiós enteramente plácido. Si en el proceso de salida de la clandestinidad la disputa se había planteado principalmente entre psuqueros y católicos, ahora el eje de las discrepancias quedó delineado en un sentido diferente. Simplificando, puede decirse que la decisión partió no tanto de los activistas que habían llevado el peso de la movilización, como de los aparatos de las organizaciones involucradas. Se trató, eso sí, de una decisión mayoritaria, y que contaba por otra parte con el apoyo de la gente del mundo eclesiástico. La minoría reticente, entre la que se contaban personas como los comunistas Teresa Domènech o Quim Boix —contrarios a la opinión de la dirección de su propio partido—, acató la decisión, pero con la sensación de dejar el trabajo a medias^‍‍[124]. En un final parecido, en diciembre de 1976 también FUSOA dejó de funcionar, tras una crisis derivada principalmente de la focalización de esfuerzos de las organizaciones que le daban apoyo en su propia consolidación^‍‍[125].

A ojos de muchos, la aprobación en octubre de 1977 de la Ley de Amnistía ratificó el final de una época caracterizada por la existencia de presos políticos y el inicio de otra en la que debían regir los principios del Estado de derecho. Con todo, la realidad penitenciaria distaría de convertirse en una balsa de aceite. Otro frente, el protagonizado por los presos comunes —a los que las Comisiones de Solidaridad dedicaron alguna atención—^‍‍[126], había ya estallado en el verano de 1976, coincidiendo precisamente con la primera gran excarcelación de presos políticos. Acaba de dar inicio un movimiento que, a partir de un primer motín en Carabanchel, se extendería por varias de las principales cárceles españolas^‍‍[127]. Pero esa es ya otra historia…

VII. CONCLUSIONES[Subir]

Lejos de conseguir sus objetivos, el giro represivo impuesto por el franquismo hacia finales de los años sesenta suscitó una amplia respuesta social. Desde entonces, la lucha antirrepresiva, materializada en la solidaridad con los represaliados, las denuncias de vulneraciones de derechos y la reivindicación de amnistía, devino un elemento central del combate contra la dictadura. De entre las diferentes iniciativas antirrepresivas de carácter unitario surgidas en aquel contexto, la más relevante serían las Comisiones de Solidaridad. Pese a constituir un actor secundario en el amplio magma del antifranquismo, su experiencia resultó de notable importancia desde varios puntos de vista. Por un lado, contribuyó a extender y amplificar el papel de las movilizaciones de solidaridad como antídoto ante los efectos de la represión, lo que redundó en un fortalecimiento de la oposición. Por el otro —y esa fue su principal aportación—, se convirtió en un banco de pruebas para el trabajo unitario, del que el movimiento de solidaridad fue a la vez plasmación y catalizador.

Ese influjo unitario tuvo su máxima expresión en Cataluña, una de las zonas donde, además, las movilizaciones contra el régimen adquirieron mayor amplitud. No obstante, interpretar el fenómeno desde el paradigma de la especificidad catalana, como si se tratara de una característica excepcional, exclusiva de ese territorio, nos llevaría a una lectura seguramente sesgada o, cuando menos, incompleta. La misma extensión del modelo de las Comisiones de Solidaridad más allá del Ebro, con Madrid como principal pista de aterrizaje, da cuenta de la penetración del espíritu unitario en el conjunto del antifranquismo español. De igual manera, probablemente no se explicarían experiencias como las Mesas Democráticas sin la existencia previa y la influencia de los organismos unitarios catalanes. Como tampoco se entenderían, en fin, los planteamientos sobre la cuestión nacional de la oposición española en los años del cambio político sin atender a las formulaciones realizadas con anterioridad desde Cataluña^‍‍[128]. En resumidas cuentas: las características del antifranquismo catalán no pueden ser tomadas como el todo, pero menos aún ser leídas como algo aislado de la dinámica general, sin conexión con ella.

Las iniciativas antirrepresivas unitarias, y las Comisiones de Solidaridad entre ellas, no fueron en absoluto un camino de rosas, pero ello no significa, como ya ha quedado dicho, que no fueran fructíferas. Su desaparición coincidiendo con el final de la dictadura fue un reflejo, al mismo tiempo, de las tensiones que afloraron en el seno de la oposición cuando se empezó a entrever la posibilidad de superación de la dictadura, y de la crisis que sufrió el modelo de militancia antifranquista cuando tuvo que enfrentarse al terreno de juego de la naciente democracia parlamentaria. Nada de ello puede ocultar, sin embargo, el significado más profundo del reflejo proyectado por la otra cara de la experiencia del movimiento de solidaridad: la evidencia que la represión desplegada en la última década del franquismo no constituyó un síntoma de la fortaleza del régimen, sino más bien de su debilidad.

SIGLAS[Subir]