LA PRIMERA POLICÍA POLÍTICA FRANQUISTA PARA LAS ÚLTIMAS CIUDADES REPUBLICANAS:
LOS DESTACAMENTOS ESPECIALES DEL SIPM (ENERO-SEPTIEMBRE DE 1939)^‍[1]

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

Estas palabras fueron publicadas en el diario La Voz a primeros de noviembre de 1936. Tardaron en materializarse, sin embargo, dos años y medio, el tiempo que transcurrió entre el inicio del asedio y el asalto definitivo a Madrid por las tropas sublevadas. Ese editorial ya deducía que la Quinta Columna sería una pieza fundamental en el proceso represivo mediante dinámicas de delación, venganza y terror. No se equivocó. Bajo esa idea hacían referencia a todas las organizaciones clandestinas combativas surgidas en el interior de la retaguardia republicana y que actuaban a favor de los rebeldes utilizando todas las artes de la guerra irregular como el espionaje, el sabotaje o la guerra psicológica. Se trataba de grupos encubiertos nacidos a consecuencia del fracaso del golpe de Estado de julio de 1936 en distintos núcleos urbanos que se mantuvieron leales al régimen democrático republicano. La frustración de los planes meticulosamente gestados por la coalición cívico-militar comprometida en el complot en ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia o Cartagena llevaron a que sus elementos se (re)organizaran en un nuevo escenario de Guerra Civil, de frentes y retaguardias. Aprovechando las circunstancias que proporcionaba el anonimato en sus calles o las conexiones político-sociales previas al conflicto, esas tramas iniciaron el combate contra la República desde su interior en conexión con los nacientes servicios de información e inteligencia insurgentes.

Las primigenias redes quintacolumnistas se perfeccionaron desde entonces. Por buena parte de las ciudades que permanecieron en manos republicanas durante prácticamente todo lo que restaba de conflicto fueron perfilándose y sucediéndose células clandestinas que con el paso del tiempo entraban en contacto directo o indirecto con las agencias de inteligencia sublevadas. Generalmente en primer término lo hicieron con el Servicio de Información de la Frontera Nordeste de España (SIFNE) y con el Servicio de Información Militar (SIM). El primero se había gestado por iniciativa privada a lo largo del verano de 1936. El segundo fue una entidad creada en septiembre de ese mismo año por orden de la Junta de Defensa Nacional para dirigir «todo lo relacionado con los servicios de espionaje y contraespionaje». Más tarde lo hicieron con el Servicio de Información y Policía Militar (SIPM), el heredero del SIM. Fue creado en noviembre de 1937 por orden reservada del general Franco, era dependiente directamente de su Cuartel General y a lo largo del primer tercio del año siguiente aglutinó bajo un solo mando, el de su mentor y responsable, el coronel José Ungría Jiménez, y tras absorber al SIFNE, a todos los servicios de vigilancia, seguridad, orden público, espionaje y contraespionaje en zonas de interés militar de vanguardia, fronterizas o en «zona roja»^‍[3].

Los «grupos de información en campo enemigo», como se definió a la Quinta Columna en el argot interno manejado por el SIPM, jugaron un extraordinario papel durante toda la contienda. Sus agentes se infiltraron en todos y cada uno de los organismos públicos y militares republicanos. Espiaron, sabotearon, avivaron un clima de psicosis colectiva y participaron, incluso, en el proceso de conclusión de la guerra haciendo las veces de nexo de comunicación entre los mandos contendientes. Durante los últimos compases del conflicto colaboraron, además, en el proceso de ocupación de los principales núcleos urbanos republicanos. Para entonces, la maquinaria militar franquista ya tenía un detallado plan de conquista y gestión de los últimos territorios enemigos. Pero la práctica frustró, en parte, la teoría^‍[4].

A finales de enero de 1939, en el marco de la ocupación de Barcelona, el Ejército sublevado se topó con el experimento inédito y desbordante de una gran ciudad moderna. En consecuencia, el SIPM requirió la reutilización de las redes quintacolumnistas a fin de adherirlas al complejo sistema punitivo y coercitivo que los rebeldes venían puliendo desde el mismo inicio de la contienda y que incluía un amplio abanico de negociados de control político, público y social. Para ello, y dado el nuevo escenario, el SIPM creó un novedoso departamento dependiente de su jefatura, al que denominaron Destacamento Especial de Cataluña. A sus oficinas no tardaron en llegar cuantiosos testimonios de quintacolumnistas que facilitaban sobremanera la identificación, busca y captura de enemigos, con quienes habían convivido clandestinamente durante meses^‍[5].

Al caso de Barcelona le siguieron los de Madrid, Valencia y Cartagena, el resto de grandes ciudades en las que la inteligencia franquista había contado con redes clandestinas desde el inicio de la guerra. En todos ellos se crearon Destacamentos Especiales del SIPM, compuestos en su mayor parte por quintacolumnistas locales que cimentaron tras la inmediata ocupación la primera policía política franquista en sus calles, gestionaron el orden público y desarrollaron tareas de seguridad, investigación y vigilancia a fin de colaborar y nutrir los ingentes archivos de las distintas dependencias judiciales y depuradoras. Sus agentes, mezclados y coordinados por profesionales de la inteligencia militar, se encargaron de mantener el orden, de tramitar denuncias y delaciones, de incautar y clasificar todo tipo de documentación enemiga, de infiltrarse en las filas de las organizaciones políticas y sindicales vencidas para evitar la reconstrucción de sus redes, de fichar, detener e interrogar. Su labor pronto colisionó con las distintas agencias parapoliciales encargadas oficial u oficiosamente por instrucciones previas de las mismas tareas, como el Servicio Nacional de Seguridad (SNS) de la Subsecretaría de Orden Público o la Jefatura de los Servicios Especiales, de la que dependían las Columnas de Orden y Policía de Ocupación y el Servicio de Recuperación de Documentos, todas incrustadas en el Ministerio de la Gobernación. Fomentó, incluso, el roce interno entre diferentes facciones del propio SIPM al superponer con frecuencia sus funciones^‍[6].

La historiografía ha pasado por alto la existencia de estos Destacamentos Especiales. Salvo contadas y escasas excepciones en las que son aludidos de manera colateral como en los trabajos de Ricardo de la Cierva o los más recientes de Andreu Ginés i Sànchez o Alejandro Pérez-Olivares, nadie ha hecho referencia a su presencia y, menos aún, a sus objetivos, idiosincrasia o trayectorias. Buena parte de la explicación pasa por la clasificación e inaccesibilidad de la documentación del SIPM, custodiada hoy en el Archivo General Militar de Ávila (AGMAV). Su progresiva desclasificación desde el año 2003 y la paulatina catalogación y descripción del fondo hasta la fecha, ha permitido el libre acceso desde entonces^‍[7].

Las páginas que siguen se nutren en gran medida de esos legajos, a los que se suman otros de diversa índole procedentes de distintos archivos nacionales, como el Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH) o el Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD), e internacionales, como el Centre des Archives Diplomatiques de Nantes (CADN). El presente artículo es, por tanto, el primer acercamiento al análisis de los Destacamentos Especiales que el SIPM configuró a finales de la Guerra Civil en Barcelona, Madrid, Valencia y Cartagena, las últimas ciudades de mayor importancia de la República. En ellas actuaron a lo largo de 1939 a modo de primera policía política hasta el asentamiento y consolidación del complejo aparato burocrático y coercitivo franquista. De fondo, este trabajo se hace eco del actual debate historiográfico que cuestiona los clásicos límites cronológicos de la propia contienda, pretendiendo, del mismo modo, reflexionar sobre la fina línea existente entre la conclusión de la guerra y el inicio de la posguerra^‍[8].

II. PRIMERA LECCIÓN: LA GRAN CIUDAD (Y REGIÓN) MODERNA[Subir]

La ocupación de distintas ciudades en el norte y el sur a lo largo de 1937 significó el punto de inflexión para los sucesivos planes de conquista de los militares rebeldes. Tras Málaga, Bilbao, Santander o Gijón, la experiencia adquirida los llevó a reestructurar gran parte de sus organismos represivos y policiales. En el otoño de ese mismo año, el general Franco aprobó la creación de la Jefatura de Seguridad Interior, Orden Público e Inspección de Fronteras al mando del veterano general Severiano Martínez Anido. Sus esfuerzos se centraron en los servicios de orden, policía, investigación y vigilancia en retaguardia al mismo tiempo que el recién nacido SIPM se encargaba de hacerlo en vanguardia. Con la creación del primer Gobierno franquista en enero del año siguiente, la Jefatura se difuminó en el engranaje de un nuevo Ministerio de Orden Público, a cuyo frente siguió el mismo Martínez Anido. Bajo su mando, y previendo los próximos avances militares, se crearon una serie de entidades especializadas. Entre ellas destacó una Jefatura de Servicios Especiales encargada de los asuntos reservados como la recuperación de documentos y de coordinar las Columnas de Orden y Policía de Ocupación, al frente de la que se designó al teniente coronel Fidel de la Cuerda Fernández. También sobresalió el SNS, que pasó a dirigir el teniente coronel José Medina Santamaría. A ellos se añadieron otros de largo recorrido como la Inspección de la Guardia Civil. Del mismo modo, se reforzó la militarización del personal con el nombramiento de cuarenta y un delegados provinciales de Orden Público a las directas órdenes del ministro^‍[9].

Tras la muerte del general Martínez Anido a finales de 1938, Franco suprimió el Ministerio de Orden Público para englobar sus dependencias en el Ministerio de la Gobernación de su cuñado Ramón Serrano Suñer. A sus órdenes se organizaron tres subsecretarías (Interior, Orden Público y Prensa y Propaganda) y se anexó la Jefatura de Servicios Especiales, que continuó bajo el mando de De la Cuerda. Al frente de la Subsecretaría de Orden Público se puso al exayudante de campo de Martínez Anido, Juan Oller Piñol, que pronto fue sustituido por el general Eliseo Álvarez-Arenas. Entre sus competencias se incluyó la dirección del SNS, el cual pasó a ser comandado el día 5 de enero de 1939, al compás del inicio de la ocupación de Cataluña, por el también jefe del SIPM, el coronel Ungría. Al mismo tiempo, las nuevas reformas conllevaron la conclusión de las Delegaciones Provinciales de Orden Público, que se convirtieron en Secretarías dentro de los distintos Gobiernos Civiles. A todos esos organismos policiales se sumaban, en la antesala del asalto definitivo a Barcelona, otros tantos de diverso signo como el Servicio de Información e Investigación de FET-JONS. Estaban igualmente militarizados, la mayor de las veces supeditados a los anteriores y llevaban tiempo demostrando su utilidad, tanto en capitales de provincia como en el mundo rural. Y junto a ellos, por supuesto, el SIPM^‍[10].

La tarde del día 26 de enero de 1939 las tropas franquistas entraron en Barcelona. Lo hicieron de manera «sencilla y pacífica», con la voluntad de tomar diversos objetivos primarios y con la misión de «batir y destruir al enemigo». Ese mismo día se hizo público desde el frente el decreto en el Boletín Oficial del Estado que anunciaba el nombramiento del general de brigada y subsecretario de Orden Público, Eliseo Álvarez-Arenas, como responsable «de las fuerzas y servicios de orden militar y civil» en la Ciudad Condal. En el prólogo se hizo igualmente patente la exposición de motivos del nombramiento: «La ocupación de la gran ciudad de Barcelona, punto culminante de la victoriosa ofensiva del Ejército Nacional sobre Cataluña, plantea problemas cuya complejidad aconseja la coordinación de los distintos servicios en el mando único de un Jefe de alto grado militar que se haga cargo de la dirección de todos». La capital catalana se presentaba, por tanto, como un proyecto insólito^‍[11].

El nuevo cargo de Álvarez-Arenas, que habría de durar «hasta que por el Gobierno se [determinase] la sustitución de este régimen transitorio», significaba el mando absoluto de los «Servicios de Ocupación». A sus órdenes pasaron a estar como «única autoridad competente para dictar bandos de policía, buen gobierno y sobre organización y restablecimiento de la vida civil», todos los jefes de las Columnas de Orden y Policía de Ocupación, los de los servicios nacionales de Seguridad, Prensa, Sanidad, Propaganda, Turismo, Abastecimientos y sus delegados, los del SIPM que operasen en la provincia, los jefes territoriales y locales de FET-JONS y las Delegaciones de Auxilio Social y Frentes y Hospitales, los jefes y delegados de los servicios de recuperación de Documentos, Artística, Agrícola o Industrial, los delegados y jefes de los servicios técnicos de toda clase o los representantes de la banca. Al día siguiente, Álvarez-Arenas declaró a través de un extenso bando el estado de guerra en todo «el territorio catalán liberado, incluso la ciudad de Barcelona». A ello le siguieron las órdenes y la nueva normativa castrense que regiría a toda la población^‍[12].

El Servicio de Ocupación se instaló entonces en el geoestratégico Palacio Robert, en el passeig de Gràcia n.º 107, y sus oficinas se subdividieron en dos secciones: Gobierno Militar y Secretaría Política, las «últimas responsables de la represión sobre la ciudad vencida». Junto a las primeras tropas, también entraron varias unidades del SIPM con «cometidos propios de un territorio considerado como tal a efectos de Orden Público». Debían cooperar con sus redes de confidentes «a la busca y captura de elementos del SIM rojo», así como «a las labores de vigilancia, rastrillero [sic] y recogida de armas». Se desplegaron por la ciudad divididos por sectores con diecinueve grupos operativos comandados por el alférez honorario de Ingenieros Laureano García Cabezón, un veterano exquintacolumnista de Madrid. Sus agentes gestionaron tras la inmediata ocupación, junto a las unidades policiales militarizadas de catorce batallones de Orden Público, ocho compañías de la Guardia Civil, siete de Asalto y otras cinco de Milicias, la estructura de control consecuente de la conquista de la ciudad^‍[13].

Sin embargo, las tropas invasoras no fueron lo eficaces que se esperaba para el control de una ciudad como Barcelona. En consecuencia, y ante la necesidad de ejercer las tareas con eficacia y prontitud, el responsable del SIPM y del SNS, el coronel Ungría, tomó las medidas oportunas. Haciendo uso del artículo XII de la Orden Reservada de creación del SIPM, por el que se proponía la instauración de «Equipos» destinados «a la vigilancia y represión del espionaje enemigo» en aquellos territorios «que por su situación especial lo [requiriesen]», el día 31 de enero creó el «Destacamento Especial de Cataluña (DEC)». Tan solo cinco días después del asalto a la capital catalana, la jefatura del SIPM se percató de que «la ocupación de Barcelona y gran parte de la región catalana» había contraído

El DEC se extendió por las cuatro provincias. Al amparo directo de la Jefatura del SIPM de Burgos, eventualmente se puso bajo el mando del responsable de su Sección del Ejército del Norte, el teniente coronel de Estado Mayor Antonio Cores Fernández de Cañete. Tenía tres cometidos perfectamente definidos:

El DEC se estructuró internamente con una «secretaría técnica» compuesta por tres secciones. La primera de ellas estuvo dedicada a la reconstrucción de la Quinta Columna, la recepción y tramitación de denuncias relacionadas con el SIPM y las informaciones derivadas. La segunda, a la clasificación, análisis e interpretación de asuntos relacionados con el SIM(r) y la recogida de documentos. La tercera, por su parte, a la información de carácter político y militar. A ellas se sumaron otros dos negociados: uno de «policía militar» compuesto, a su vez, por una secretaría general, un registro, un archivo y una oficina de habilitación; y otro destinado al cumplimiento de los «servicios». A todos y cada uno de esos departamentos les auxiliaba por obligación y «dentro de su aspecto netamente militar para cuantas funciones o servicios [tuvieran] este carácter», los componentes de la Sección SIPM del Ejército del Norte, tanto tropa como sectores de vanguardia y mandos^‍[15].

El mismo día de la creación del DEC, el teniente coronel Cores dispuso a su personal. Entre la veintena de hombres escogidos se hallaban aristócratas como el capitán Ramón de Dalmases, marqués de Mura; reconocidos empresarios como el alférez José María Bultó y, por supuesto, destacados exquintacolumnistas como Millán Jara Cobos, creador del grupo Dado de Póker. Cuatro días más tarde, el 4 de febrero, les ordenó confeccionar «un parte diario» que le debían entregar cada jornada a las 20:00 horas a través del responsable de «Servicios», el teniente Celestino París, a quien le indicaba igualmente las instrucciones que realizar en la jornada siguiente. El parte debía contener, por un lado, los datos relativos al «negociado de orden público», incluyendo, a su vez, un «estadillo» de fuerzas del SIPM en servicio y disponible, el servicio necesario con carácter extraordinario y los registros planeados para la recogida de documentos por los equipos correspondientes del siguiente día. Por el otro, tendría que incluir una reseña de la sección de «policía militar» con el volumen de detenciones, registros y servicios practicados durante el día y resultados, el número de agentes disponibles, las peticiones de los negociados y el número de coches utilizables^‍[16].

El DEC pronto intensificó el reciclaje de las redes quintacolumnistas barcelonesas para desarticular y exterminar a sus enemigos directos, el contraespionaje republicano, así como para colaborar en el control político-social y engrosar el sistema coercitivo franquista. No tardaron, por tanto, en nutrirse con esos agentes que habían sobrevivido encubiertos y organizados en la ciudad en numerosos grupos clandestinos. Su colaboración era indispensable, pues el propio SIPM en el ecuador de la guerra ya les había ordenado constituir sus propios ficheros represivos que, se deduce, sirvieron en el proceso posterior a la ocupación. Se conservan las instrucciones que en este sentido enviaron a la organización Círculo Azul, una red compuesta principalmente por falangistas catalanes. Según esa documentación, al SIPM le interesaba:

El DEC modeló gracias a la Quinta Columna la principal y primigenia fuerza policial y represiva en la capital catalana y el resto de la región, aunque muchos a los que perseguían ya habían marchado al exilio. Con todo, el 14 de febrero dieron por «terminada la ocupación […] de todo el territorio de Cataluña». Ese mismo día, Cores publicó la «orden preparatoria de reorganización de la Sección [SIPM del Ejército del Norte]» por la que creó tres grupos destacados con cabeceras en La Seu d’Urgell, Ripoll y Figueres, compuestos no solo por agentes del SIPM, sino también por algunas compañías militares y unidades de la Guardia Civil. Y recompuso el Sector N-7, cuyos mandos fueron destinados a la Ciudad Condal, aunque dejó desplegadas algunas unidades en Amposta dedicadas principalmente al control de los pasos fronterizos. Para entonces ya se había constituido el organismo SIPM encargado de todos esos cometidos, la Subcentral de Cataluña, al frente de la que se puso al teniente coronel Ángel Sanz Vinajeras, y a la que se incorporaron buena parte de aquellos exquintacolumnistas que venían colaborando estrechamente con el DEC^‍[18].

III. LECCIÓN APRENDIDA: LECCIÓN CAPITAL[Subir]

La significación de Madrid durante toda la guerra y, especialmente, en sus últimos momentos, cuando se convirtió en escenario principal de cara al cese de hostilidades, hizo que su caso fuese sustancialmente diferente al de Barcelona. La Quinta Columna local puso empeño igualmente en contribuir llegado el momento a facilitar las tareas depuradoras de la «nueva España» ayudando a aclarar, entre otras, las responsabilidades sociopolíticas. Sus agentes podían, mejor que nadie, poner nombre y apellidos y recomponer el puzle del quién era quién en la retaguardia republicana. Uno de esos casos fue el de la Organización Antonio, la más completa y hegemónica red quintacolumnista de la capital durante el grueso de la contienda, surgida a inicios de 1937 y dependiente de la Segunda Sección (Información) de la 14.ª División, dirigida por el comandante Francisco Bonel Huici desde el frente de Toledo. Su personal se estructuró jerárquicamente en siete subredes semiautónomas. Se encargó de confeccionar un fichero de personalidades enemigas políticas y militares que, sin embargo, fue descubierto en enero de 1938 tras el registro policial de la Embajada de Turquía, en el que la mayoría de sus dirigentes fueron apresados por el contraespionaje republicano^‍[19].

Otro ejemplo fue el del Servicio de Información Nacional Sindicalista Español (SINSE), un grupo quintacolumnista algo más tardío, surgido en la primavera de 1938 y fomentado por el responsable del Sector SIPM C-2 de Sepúlveda (Segovia), Justo Jiménez Ortoneda. En este caso, sus agentes se preocuparon por salvaguardar parte de la documentación enemiga de cara a exigir cuentas una vez fuese tomada la ciudad. Por ello, por ejemplo, planearon custodiar los archivos de la Audiencia a sabiendas de que se estaban haciendo desaparecer procesos, así como el de la «Caja de Reparaciones» o el de incautación de fincas, el cual, llegaron a afirmar, contenía «los datos que en su día darán a conocer a los diversos denunciantes de inmuebles y de personas». Por la misma razón, el 5 de marzo de 1939 uno de sus dirigentes aseguró controlar los archivos de «la Técnica (oficina que guarda interesantes datos y fichas que serán de extraordinario valor para la acción policíaca y judicial)»^‍[20].

Al mismo tiempo que la Quinta Columna madrileña, entre otros muchos cometidos, se encargaba de reunir y conservar toda la información posible sobre sus enemigos, en la otra retaguardia el SIPM siguió su hoja de ruta. Tras las operaciones en la gran urbe catalana, aprendieron la lección. Así lo aseguraron poco después, al afirmar que «de la experiencia adquirida por la práctica y puesta de manifiesto con la actuación del SIPM del Norte (hoy Subcentral de Cataluña) en Barcelona, se desprenden enseñanzas que nos han de evitar cometer errores en el punto de partida, apartándonos de confusionismos y mostrando las directrices doctrinales de la misión específica del SIPM»^‍[21]. Como resultado, y si bien el DEC había surgido de manera atropellada las jornadas posteriores a la ocupación de la Ciudad Condal, la jefatura de Burgos del SIPM se apresuró en crear su homólogo para la capital antes de la entrada oficial de las fuerzas de ocupación. A primeros de marzo de 1939 se constituyó el Destacamento Especial de Madrid (DEM), bajo el mando del teniente coronel africanista Ricardo Delicado Vidal. El caso catalán había demostrado al SIPM que, a pesar de solapar sus funciones con otras agencias parapoliciales, crear una unidad como el DEC había significado una ayuda inestimable, rápida y eficaz en el proceso de control de la ciudad. Sus mandos eran quienes conocían qué grupos habían actuado en su interior durante el conflicto, quiénes eran sus responsables y, con ellos, quiénes sus agentes y colaboradores, haciendo uso del primer personal urbano depurado. El DEM, por ende, podía mejor que nadie reconstruir la Quinta Columna de Madrid, tan necesaria tras el asalto a la ciudad como lo había sido durante toda la contienda. Pero su aparición conllevó, de manera casi inmediata, un considerable problema: la pugna por la dirección y gestión del orden público y los servicios policiales en la capital^‍[22].

La comunicación entre retaguardias en Madrid, favorecida por la cercanía y la consolidación de los frentes, hizo de la capital un caso particular. La Quinta Columna estuvo en frecuente contacto con los mandos militares que asediaban la ciudad. Esto explica que en la víspera de la entrada de las tropas de vanguardia franquistas, a partir del lunes 27 de marzo de 1939 y, sobre todo, la madrugada y amanecer del día siguiente, esas organizaciones clandestinas se encargasen de desplegar su plan de (pre)ocupación, es decir, de tomar los principales servicios urbanos que aseguraban la distribución de recursos básicos como el gas, el agua o la electricidad y de custodiar los centros esenciales financieros, de telecomunicación o de transportes. Dada la extraordinaria situación con la caída de los frentes, los quintacolumnistas se arrogaron la jurisdicción en muy diversas materias, entre ellas el orden público, la investigación y la vigilancia. Fueron los casos de los falangistas José María Estrada Cabellud, agente de segunda del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, o de Fernando García, subjefe de una de las principales facciones de choque con las que contaba la Quinta Columna para hacerse con la ciudad desde su interior. Los dos, como tantos otros, se encargaron de tomar a lo largo de esas horas transitorias distintos centros políticos enemigos en los que incautaron ficheros y documentación de sus archivos con cuya información comenzaron a apresar «a decenas de personas»^‍[23].

A pesar de que poco después alguno de esos falangistas hubo de responder ante la justicia franquista por su autónomo comportamiento, los quintacolumnistas de la capital se sintieron legitimados. Buena parte de ellos tenía constancia de que la misma mañana del día 28 de marzo, poco después de las 10:00 horas, les había sido traspasado pacíficamente de manos republicanas el orden público de la capital. Detenido y custodiado en los sótanos del Ministerio de Hacienda, fue el veterano socialista Julián Besteiro quien cedió los poderes como última autoridad presente en la capital en virtud del estado de guerra republicano y de la constitución del Consejo Nacional de Defensa, del que era responsable de Estado. La cesión se produjo al quintacolumnista y falangista Antonio Bouthelier Espasa, jefe del «Servicio Exterior» de la Sección Destacada SIPM del I Cuerpo de Ejército y encargado por los mandos militares franquistas desde el 19 de febrero anterior de las gestiones de la entrega de Madrid. Tres horas más tarde en las trincheras de la Ciudad Universitaria y con la ciudad en manos de la Quinta Columna se produjo la rendición simbólica de la ciudad, escenificada por el encuentro entre el coronel republicano Adolfo Prada y su séquito, y el coronel franquista Eduardo Losas y su 16.ª División^‍[24].

Las tropas invasoras avanzaron y acamparon en pleno centro, tras la Puerta del Sol. Ubicaron su Comandancia Militar en el edificio Capitol, donde el propio Losas fue nombrado «comandante general de Madrid». Al mismo tiempo, entre las 14:00 y las 16:00 horas entraron las primeras fuerzas de vanguardia, que lo hacían tras varios intentos y dos años y medio de asedio^‍[25]. Con ellas irrumpieron también los mandos del SIPM. A la cabeza, su máximo responsable y jefe del SNS, el coronel José Ungría. Junto a él, la primera plana del DEM comandada por Delicado, al que acompañaban dos capitanes (Antonio Aguilar y Santiago Rodríguez Piñeiro), cuatro tenientes (Moseo G. Pereda, José María Taboada, Manuel Goitia y Carmen Anguita) y un alférez (Juan Manuel Benavides). Minutos más tarde penetró el segundo grupo de agentes, entre los que se encontraban tres civiles, dos mecanógrafos de la jefatura y diez de los doce jefes de Distrito en los que el SIPM había dividido previamente la ciudad y que accedían al mando de diversos destacamentos de Policía Militar. Desde ese preciso instante, y al igual que en Barcelona, el ambiente se caracterizó por cierta descoordinación, improvisación y, sobre todo, por la disputa entre las diversas agencias militarizadas y parapoliciales encargadas de restablecer el orden presentes ya en la ciudad; a saber, las desplegadas horas antes por la Quinta Columna, las dependientes de la nueva Comandancia Militar y las recientemente incorporadas del SIPM-DEM, por un lado, y de la Subsecretaría de Orden Público del Ministerio de la Gobernación, por otro^‍[26].

La confusa situación perduró hasta la noche del día siguiente. «Poco después de las nueve [del miércoles 29 de marzo], y conforme a las prescripciones de la ordenanza», fue cuando las fuerzas de la guarnición procedieron a colocar en cada esquina de la capital la proclamación del estado de guerra en la ciudad, el cual había sido anunciado durante la tarde y se extendía a toda la provincia^‍[27]. El despliegue de la jurisdicción militar esclareció que la suprema autoridad en materia de orden público en Madrid era el general jefe del I Cuerpo de Ejército, Eugenio Espinosa de los Monteros y Bermejillo. En todo el territorio recientemente ocupado y bajo el mando del general Andrés Saliquet lo era, sin embargo, el jefe de la Sección de Policía Militar del Ejército del Centro, el teniente coronel Francisco Bonel Huici, quien además de la jefatura de los servicios de Orden Público sumaba los del Cuerpo de Investigación y Vigilancia (delegados en el comisario Eduardo Roldán de la Fuente), Seguridad y Asalto (delegados, a su vez, en el coronel e inspector Carlos Silva Rivera)^‍[28].

Asentado en la capital, el DEM inició su primera tarea: dar cuenta a los mandos militares de la actuación de las dos grandes agrupaciones quintacolumnistas controladas por el SIPM durante los últimos meses y que eran los «Servicios Exteriores» por un lado de la «Sección Destacada de la Sierra» y, por otro, de la «Sección Destacada del I Cuerpo de Ejército». Al primero, que dirigía en el interior de Madrid el agente José María Taboada en coordinación con el comandante Jiménez Ortoneda desde la localidad segoviana de Sepúlveda, le atribuyeron unos 2812 servicios. Entre ellos se incluía la localización de fuerzas y armamento enemigo, el espionaje en distintos escenarios, la consecución de planimetrías requeridas por el Cuartel General o diversas noticias sobre bombardeos, por cuyas actividades llegaron a ser felicitados en reiteradas ocasiones por Ungría o el general Franco. Al segundo grupo, que dirigía en la capital el falangista Antonio Bouthelier y que funcionaba bajo el mando del entonces comandante Bonel desde La Torre de Esteban Hambrán (Toledo), le reconocieron la comunicación directa y regular desde septiembre de 1938 con el campo enemigo gracias al montaje de una emisora de radio, la evacuación irregular de numerosos oficiales militares o la nada desdeñable gestión de la «rendición de la zona roja»^‍[29].

Tras el balance, las plantillas de ambos «Servicios Exteriores» de las dos Secciones Destacadas, es decir, de la Quinta Columna reconocida de la capital, fueron absorbidas por el DEM y, en su defecto, por la Policía Militar de Bonel. Así, por ejemplo, el 2 de abril se encuadraron en su jefatura todos los componentes del SINSE que hasta entonces venían actuando bajo las órdenes de Jiménez Ortoneda. Esta situación se tornó a la larga en un destacado conflicto interno entre diversas facciones del SIPM. Tanto es así que el quintacolumnista José María Taboada llegó a denunciar que durante los tres primeros años tras la «Victoria» tuvo que realizar «el penoso trabajo que [le] deparó la defensa, obligada, de los que habían sido [sus] colaboradores en el período de guerra, objeto de “depuraciones” múltiples, maltratos y molestados por doquiera». Muchos de ellos denunciados, según su criterio, «por aquellos que reñían batalla por la conservación de los cargos a que habían accedido en los escalafones, con el aditamento de poner incluso en tela de juicio su patriotismo y amor a España, por el simple hecho de haber estado situados en la zona geográfica adversa»^‍[30].

A pesar de las desavenencias y el clima consecuente de miedos, sospechas, rencores y acusaciones, el resto de quintacolumnistas, especialmente los que habían actuado desde meses o años atrás bajo mando de Bonel, continuaron las labores de investigación, información y control sin inconvenientes y con toda impunidad. Fue el caso del capitán Manuel Gutiérrez Mellado, encargado del Destacamento de Policía Militar del Distrito de Buenavista. El mismo había sido uno de los primeros dirigentes del «Servicio Exterior» de la «Sección Destacada del I Cuerpo de Ejército» hasta su salida clandestina de la ciudad perseguido por el contraespionaje republicano meses antes de la entrada de las tropas franquistas. Tras regresar nuevamente a Madrid junto a las fuerzas de ocupación, tanto él como sus subordinados se dedicaron «a limpiar la capital “de asesinos, cómplices y encubridores”, desde el 28 de marzo hasta el 18 de mayo, “en preparación del desfile de la Victoria y visita de S. E. el Generalísimo”»^‍[31]. En ese periodo la Policía Militar (SIPM del Ejército del Centro) y el DEM se impusieron la mayoría de las veces en tiempo y forma al resto de fuerzas con las que se suponía que debían coordinarse, como las dependientes de la Jefatura de los Servicios Especiales del Ministerio de la Gobernación, especialmente la Columna de Orden y Policía de Ocupación del coronel de Infantería Emilio Mayoral Fernández o el Servicio de Recuperación de Documentos. Efectuaron cerca de 11 900 detenciones e incautaron una ingente cantidad de documentación sociopolítica reconvertida en pruebas incriminatorias para la «nueva justicia»^‍[32].

Pero los conflictos de competencias y de parcelas de poder entre las distintas agencias (para)policiales y cuerpos de seguridad oficiales no desaparecieron tras la parada militar del 19 de mayo y el asentamiento de las instituciones administrativas del «nuevo Estado» en la ciudad. Tras varios cruces de acusaciones, mayoritariamente por corrupción, Ungría «decidió retirar a la Policía Militar del mantenimiento del orden público, archivar sus ficheros en la Puerta del Sol y encomendar a Bonel su reorganización». El SIPM se dividió entonces en dos secciones: un Destacamento dedicado a la persecución de los exmiembros del SIM(r) y perseguidos políticos, que intentaba eliminar cualquier atisbo de reconstrucción de redes enemigas; y otro denominado Sección Contraguerrillas, compuesto mayoritariamente por veteranos agentes que habían permanecido en Madrid durante la guerra, que debía liquidar asuntos pendientes de investigación y encargarse de la contrainsurgencia. Al frente de este último se puso al mismo Gutiérrez Mellado, quien desde su nueva sede de la calle Núñez de Balboa n.º 66 manejó los ficheros del personal de «Guerrilleros», los comandos republicanos, incautados en Alcalá de Henares. Para aquellas fechas Madrid ya lucía sofisticadamente ocupada y sus gentes debidamente controladas y en proceso de depuración en buena medida gracias al trabajo de los experimentados y meticulosos quintacolumnistas coordinados por el SIPM^‍[33].

IV. DIDÁCTICAS CONSOLIDADAS: EL «LEVANTE FELIZ»[Subir]

Barcelona no solo anticipó la creación del DEM. También hizo que el SIPM previese la situación y promoviese la puesta en marcha, el 7 de marzo de 1939 y, por tanto, igualmente semanas antes de la ocupación de la ciudad, del «Destacamento Especial de Valencia (DEV)». La orden se hizo efectiva el día 20, y su impulso respondía a que:

Como sucediera en los casos del DEC y del DEM, el soporte del DEV era la «5.ª Columna», reconvertida en el pilar de toda la unidad. Vaticinaban que:

Todo fue cogiendo forma a medida que pasaron los días. Antes de la ocupación de Madrid y, sobre todo, tras su caída, el SIPM puso las miras en las principales ciudades republicanas del Mediterráneo. Las tropas de ocupación franquistas a partir de ese momento se desplazaron a marchas forzadas por el centro y el sur peninsular. Mientras que miles de personas intentaban huir vía marítima por los distintos puertos costeros, la ciudad de Valencia fue (pre)ocupada por la Quinta Columna mediante unas organizaciones de carácter paramilitar denominadas «grupos S. S.». Estas células de choque habían surgido al comienzo de la guerra por el impulso del quintacolumnista Ramón Bueno Laguarda. Tiempo después fueron absorbidas por la organización que controlaba el SIPM en la ciudad y que lideraba Vicente García Llácer. Tras su evasión en septiembre de 1938, el mando pasó al fraile capuchino Francisco Salt Gómez, quien recibió esos «numerosos grupos de perfecta organización militar» que le iban a ayudar, a su entender, a adueñarse «de los resortes de la vida del campo enemigo». Efectivamente, esas mismas células se distinguieron durante la (pre)ocupación al apoderarse de «la importantísima posición “Tokio” [sede de la dirección del Partido Comunista de España (PCE)] y la Capitanía General de Valencia, dando noticia de la rendición, por teléfono y enlaces motorizados (capitán Luis Aispurga y comandante Belda) a las vanguardias de las tropas Nacionales en Temblenque [sic] y al Cuerpo de Ejército de Galicia en Nules»^‍[35].

En la toma interna de la ciudad también colaboraron mimetizados con los «grupos S. S.» los quintacolumnistas de Falange de Luis Gutiérrez Santa Marina, exfundador del partido, alto mando en Cataluña y encarcelado desde el comienzo del conflicto. Tanto él como otros falangistas habían sido trasladados poco antes a las prisiones valencianas procedentes de Barcelona. Aun privado de libertad, se puso al frente de la organización clandestina local y delegó los trabajos en la calle en quien fuera jefe provincial del partido en Santander, Carlos Esteve, quien junto a otros quintacolumnistas valencianos se encargó de recopilar el armamento, captar nuevos elementos y preparar la toma interna de la ciudad conectados «al unísono» con la Falange de Murcia. Santa Marina salió de la cárcel el 25 de marzo y fue trasladado a la Sala de Detenidos del Hospital Provincial. Tras amotinarse consiguió fugarse al día siguiente en complicidad con los oficiales de prisiones. El día 28, al tiempo que Madrid era invadida, dio órdenes a todos los jefes de sus «veintitantas centurias» para concentrar a sus hombres en sus domicilios. Y al igual que en la capital, mientras tanto, «puestos al habla con los directivos rojos, conseguían de éstos la rendición de Valencia sin condiciones, en la madrugada del día 29, y empezaban a nombrar, con carácter provisional, cargos de gobernador civil y comandante militar, que en las personas de Ramón Gordillo y el comandante Belda radicaron para hacerse cargo de la plaza». Esa tarde sucedió lo mismo con el Ayuntamiento valenciano, al frente de cuya toma estuvo el tradicionalista y exconcejal en tiempos de la dictadura primorriverista, Francisco Londres Alfonso. Y le siguieron los casos de otros tantos centros públicos como la Universidad, ocupada por el quintacolumnista y catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Murcia y, accidentalmente, de la de Valencia, Manuel Batlle Vázquez^‍[36].

Controlada la ciudad por la Quinta Columna, como sucediera en las ocasiones anteriores junto a las primeras tropas de ocupación del Cuerpo de Ejército de Galicia entró, el día 30, el equipo del DEV. Se instalaron directamente en la calle de Sorní n.º 7, una ubicación nada casual ya que el edificio «reunía inmejorables condiciones por su distribución y mobiliario» por haber albergado hasta entonces la sede principal en la ciudad del SIM(r). Nada más entrar, «desde el primer momento», entre las prioridades del DEV estuvo «constituir el fichero de los que habían pertenecido a [sus] Organizaciones en Zona enemiga para que una vez seleccionados constituir con los elementos aprovechables [sus] Redes de Información». Aunque irrumpieron perfectamente organizados y estructurados con una jefatura, una secretaría general, un negociado de policía militar, otro de información, otro de recuperación de documentos, otro de enlaces con el SIPM de Levante y las diversas autoridades, y otro de personal y administración:

La praxis obligó al DEV a amoldarse al nuevo escenario. En consecuencia, nada más entrar en la ciudad su plantilla que «había sido cubierta inmediatamente con personal voluntario que había formado [parte de sus] Redes de Información en Zona enemiga», sufrió una significativa remodelación. Se puso de manifiesto, por ejemplo, la necesidad de que el negociado de Policía Militar pasase a depender de la jefatura y, del mismo modo, se acordó suprimir otros departamentos como el de enlaces. En todo caso, el mando continuó en manos del capitán de la Guardia Civil Rodrigo Arellano Requena, al que le auxiliaba una secretaría de la que dependían los tres negociados más destacados: el de Investigación y Policía Militar, el de Administración y Personal y el encargado del parque móvil. El primero de ellos se dividía y controlaba, a su vez, tanto las Brigadas Especiales como los servicios de información, recuperación y archivo, así como el de investigación, el cual poseía su propia asesoría y manejaba las denuncias, los registros, las detenciones, las brigadas policiales y los interrogatorios^‍[38].

Entre los meses de abril y septiembre de 1939 los encontronazos derivados por conflictos de intereses y competencias entre los diversos actores encargados de la seguridad y el orden público en Valencia también fueron habituales. Aun así, el DEV consiguió elevar 5010 informes a diversas autoridades a consecuencia de sus pesquisas y del uso de sus ficheros incautados, que fueron dirigidos principalmente a la Jefatura del SIPM, a otros Destacamentos Especiales y Redes Provinciales, así como a diversos juzgados militares, cuerpos de seguridad y de funcionariado civil. Sus agentes informadores se infiltraron «en todas las actividades de la población» y fueron «la base para el montaje de las Redes del Servicio». Consiguieron incautar numerosos documentos, que clasificaron y manipularon para fines represivos. Confiscaron, entre otros, los ficheros del Hospital Base, el del Comisariado Político, los de la Escuela Popular de Guerra o los del SIM(r), que les ayudó a confeccionar 1610 fichas de identificación de sus componentes. Y a esos fondos añadieron otros archivos como el de la Comandancia General de Retaguardia, el de la Auditoría de Guerra de Levante, el del Servicio de Información Especial Periférico (SIEP) o el del Buró Político del PCE, así como la recuperación de numerosos objetos de valor artístico^‍[39].

Aunque «la mayoría» de los agentes del DEV no contaban con formación previa, la experiencia adquirida durante el conflicto hizo que asimilaran «inmediatamente las directrices para el desempeño de su misión, efectuando las investigaciones y diligencias para el esclarecimiento de las numerosas denuncias presentadas como expertos veteranos, realizando las arriesgadas detenciones». A las oficinas de Sorní n.º 7 llegaron en esos meses 759 denuncias que conllevaron, una vez comprobadas y diligenciadas, la detención de 1109 personas por las Brigadas de Policía, de las que 220 lo fueron «por haber pertenecido al SIM rojo», 47 al SIEP y 842 «por ser autores de asesinatos». Uno de esos ejemplos fue el de la joven Rosa Estruch, concejala de UGT y alcaldesa de la localidad valenciana de Villalonga durante la contienda. Tras la entrada de las tropas franquistas y de las investigaciones del SIPM «fue llevada [por la Columna de Orden y Policía de Ocupación] a la comisaría instalada en un edificio de la calle Sorní de la capital del Turia». Tras pasar también por la cárcel de mujeres del convento de Santa Clara y de los sótanos del Hospital Provincial, su periplo carcelario le produjo el diagnóstico de una poliartritis generalizada como consecuencia de los malos tratos sufridos principalmente en su primer destino punitivo^‍[40].

Tras Barcelona, Madrid y Valencia, el último gran centro urbano de importancia que ocupar, y que igualmente mereció la formación de un Destacamento Especial del SIPM, fue Cartagena. El origen de esta unidad estuvo ligado precisamente a la ocupación de la Ciudad Condal, que obligó a las autoridades franquistas a mediados de marzo de 1939 a suprimir las columnas de Orden y Policía de Voluntarios por la falta de medios. El jefe de una de ellas, que había sido configurada en Burgos, creada exprofeso para la toma de Barcelona y cuyos ciento ochenta componentes habían sido destinados en condiciones precarias al sector fronterizo de La Junquera, solicitó en consecuencia a Ungría la creación de un «Grupo Móvil de Policía» autosuficiente. Aceptada la propuesta, la nueva unidad, compuesta por ciento veintisiete individuos, colaboró el 28 de marzo en la ocupación de Madrid. Tres días más tarde, el 1 de abril, y ya reconvertidos en «Grupo Móvil de Vanguardia de Cartagena», llegaron a la ciudad portuaria para reforzar la «escasa» fuerza de ocupación enviada a esa plaza. Ante «los muchos servicios que había que atender», se hicieron cargo de «gran número de aquellos, muchos de los cuales no le atañían ni directa ni indirectamente». Por todo ello, finalmente se transformaron en el «Destacamento Especial de Cartagena» (DECg)^‍[41].

Una vez ocupada la ciudad, el DECg incorporó de manera inmediata a «un buen número de Jefes y Oficiales, procedentes del Cuerpo de Intendencia de la Armada, pertenecientes todos ellos, a la Red de Espionaje en Zona roja denominada “HATACA”», quienes se presentaron en su jefatura el mismo día de su llegada y cuya «eficacísima» colaboración aclaraba la identificación de «las personas culpables y responsables por la relación que durante el dominio rojo hubieron de sostener con ellas»^‍[42]. El DECg dividió sus fuerzas en dos grupos: por un lado, el «personal uniformado»; por otro, el «personal civil». El primero sumaba ciento cuatro componentes y tuvo «la misión de conducción de presos a las distintas Cárceles, patrullar por la Ciudad, deteniendo a los Jefes, Oficiales y Suboficiales del Ejército rojo y presentándoles en las Oficinas del SIPM». El segundo tan solo aglutinó a veinticinco agentes, pero con igual o mayor importancia que los anteriores, pues eran «vecinos de Cartagena, presos durante el dominio rojo y muy conocedores de la población [y que] tenían a su cargo la labor de zapa y la de información sobre el personal, así como las de detenciones consiguientes de denuncias presentadas acompañados siempre de un Agente uniformado». De la misma manera, el DECg se estructuró, a su vez, en un «servicio Interior», dedicado a todo lo relacionado con informes emanados de documentación requisada al enemigo o a los expedientes seguidos por los tribunales republicanos de Cartagena, la recogida de denuncias, atestados, interrogatorios, fichas, expedientes, archivo e información de sumarísimos de urgencia; y en un «servicio Exterior» encargado de las detenciones, registros, cacheos y de la práctica de información o busca de antecedentes político-sociales, al que se destinaban, precisamente, aquellos «que [habían] sufrido condena durante la dominación roja o entre militares muy conocedores de la Plaza, que fueron degradados o encarcelados por su desafección al Gobierno de la República».

Entre las prioridades del DECg estuvo la creación de «ficheros lo más amplios y concretos […] posible», por lo que abrieron expedientes a cada individuo que pasaba por sus dependencias y «a todos aquellos de quienes se iba teniendo confidencias o para los que se le extendiera alguna responsabilidad de documentos o declaraciones referentes a otros individuos». Los esfuerzos del grupo se destinaron también al control de la «extensa zona encomendada», unos 90 km de costa que incluían dos importantes bases aéreas «donde había quedado mucha gente con graves cargos de que responder». Por esa razón, el día 15 de abril decidieron crear en ambos aeródromos dos Subdestacamentos Especiales dependientes de la jefatura de Cartagena: uno en Los Alcázares, compuesto por un sargento, un cabo y doce agentes; y, cinco días más tarde, otro en Santiago de la Ribera con un equipo similar.

Para la confección de los ficheros, el DECg se esforzó en recopilar la mayor cantidad de documentación enemiga posible. Consiguieron gran parte de la que componía el archivo del SIM(r), con la que confeccionaron unas dos mil tarjetas identificativas de su personal y otro millar «con informes personales sobre fugados a la Zona Nacionalista». También incautaron la documentación generada por el Tribunal Popular de Cartagena, compuesta por unos setecientos cincuenta procesamientos por delitos políticos, numerosos telegramas oficiales, los papeles del Socorro Rojo Internacional que conformaban seis carpetas, todo el archivo de la masonería local del período 1917-‍1938 o las listas de personal de la Base Naval y de la Marina. Gracias a toda esa información, según una memoria que elevaron meses más tarde al Alto Mando franquista para dar cuenta de sus actividades, detuvieron antes del 4 de julio a cuatrocientos cincuenta oficiales y suboficiales del Ejército republicano, así como a «unos 500 individuos indeseables, la mayoría de los cuales fueron asesinos, destructores de artes y haciendas, ladrones, incendiarios, iconoplastas [sic], etc. etc.», además de personalidades «que no pudieron huir y que se habían refugiado en los Campos de Concentración de Alicante y Albatera, donde hubo que buscarlos y desenmascararlos». Entre ellos se encontraron miembros de los Comités de Carabineros, del Arsenal y del Jaime I, el jefe del SIM(r) de Murcia, el secretario del SIM(r) de Cartagena o Paco el Negro, que llevaba un coche para los «paseos» con la inscripción: «Irás y no volverás». Se hicieron cargo, asimismo, de otras tareas ajenas a sus competencias como el traslado de presos, la conducción del tesoro artístico a Madrid, los controles de carreteras durante las primeras semanas o la extensión de salvoconductos hasta que las competencias fueron trasladadas a la Comandancia Militar.

El 15 de julio, coincidiendo con la época de cosecha y con «las convocatorias de exámenes organizadas para excombatientes, excautivos, etc.», el DECg licenció a su personal uniformado, mayoritariamente compuesto por «labradores» y «estudiantes» burgaleses. Fueron sustituidos por un pequeño contingente de soldados del Batallón de Bailén n.º 24, incorporados a fin de colaborar con los «agentes secretos». Desde entonces, el DECg elaboró 4200 nuevos informes para dependencias judiciales y depuradoras, 2300 «sobre personal procesado o depurado en su mayoría», otros 2300 derivados de la clasificación de los papeles del SIM(r) y 800 fichas de masonería. A esas alturas, su máxima preocupación era ya la reconstrucción de ciertas redes del movimiento obrero. Lo fue, por ejemplo, el intento promovido por la anarcosindicalista Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Y lo fue, también, la tentativa promovida por el Socorro Rojo Internacional (SRI), que entendían estaba aprovechando la situación de extrema necesidad y hambruna de la población, así como la cercanía a Orán donde recalaban varios buques con algunos «elementos indeseables», para «infiltrarse» en sus barrios. Los informadores del DECg tenían indicios de que había conseguido reorganizarse a mediados de agosto porque «habían sido recaudadas pequeñas cantidades entre los obreros del Arsenal y Constructora Naval». Eso les facilitó la detención de parte de los implicados.

El DECg inició una remodelación interna en torno al mes de septiembre siguiendo una ordenanza de la jefatura nacional del SIPM. Aunque para entonces la ciudad ya estaba casi plenamente asegurada, deseaban potenciar su «labor de Contraespionaje» al modo de las Redes Provinciales que Ungría había ido fomentando desde la primavera del año anterior a esa parte. Querían extender «poco a poco los tentáculos por todos aquellos organismos y dependencias en donde se considerara más necesario el control de todos sus elementos». Sin embargo, pocos meses de vida restaban ya tanto al SIPM en general como al DECg en particular, cuyos agentes fueron incorporándose paulatinamente al mando del delegado de Orden Público de la Comandancia Militar, el capitán Luis Garcerán, o a los distintos organismos policiales gubernativos que se estaban reorganizando para continuar como garantes del orden durante las décadas que habría de durar la dictadura.

V. CONCLUSIONES[Subir]

Los Destacamentos Especiales del SIPM no fueron más que un pequeño eslabón en todo el conglomerado policial de la dictadura. Fueron una pieza esencial creada para suplir distintas carencias tras la inmediata entrada de las tropas rebeldes en las últimas ciudades republicanas, las cuales se habían defendido con uñas y dientes durante dos años y medio. Fueron, a fin de cuentas, la primera policía política franquista de Barcelona, de Madrid, de Valencia y de Cartagena. Se encargaron de reorganizar a la Quinta Columna, cuyo personal era el único tácitamente depurado por su lucha clandestina contra la República en el interior de esas ciudades. El testimonio de sus integrantes sirvió para poner cara a los a los culpables, para saber dónde encontrarles, para saber, al menos, dónde investigar. Sirvió para la venganza, el terror y el control, para buscar y cazar a sus enemigos en los primeros momentos tras la ocupación. Mientras ellos actuaban coordinados por el mismo SIPM que les había guiado durante los meses anteriores, el resto de fuerzas invasoras entraban asombradas ante la inmensidad de lo que suponía la toma de una gran ciudad. Fueron los Destacamentos Especiales del SIPM quienes se adelantaron a sus movimientos o quienes, simplemente, les ayudaron ante su desatino y desconocimiento.

El período de actuación de los Destacamentos Especiales fue, no obstante, muy breve. Comprendió desde los últimos días de enero de 1939, en los que surgieron como apoyo en Barcelona, hasta la reforma interna del SIPM de septiembre de ese mismo año. Entonces sus agentes vislumbraron que su futuro a corto plazo pasaba por dos vías: abandonar el circuito de movilización bélica, lo que prefirió una minoría, o continuar en él asistiendo al mismo tiempo a la consolidación del nuevo régimen para pasar, según su condición, a los futuros y diversos negociados de la inteligencia militar o, en su defecto, a los de la información civil y (para)policial, por lo que optó la mayoría^‍[43].

Por delante queda estudiar precisamente algunas de esas trayectorias personales. Queda entender en profundidad desde el punto de vista de la inteligencia militar y policial el tránsito entre la total ocupación del territorio republicano y las reformas que en ese sentido se gestaron en el marco de la Segunda Guerra Mundial y después. De este modo, habrá de detenerse en el vacío institucional surgido en el verano de 1939, entre los meses de agosto y septiembre, en los que se modificó la Ley de Administración Central del Estado (8 de agosto), se creó el Alto Estado Mayor (30 de agosto), se reorganizó la Dirección General de Seguridad (23 de septiembre), y se cesó al también jefe del SIPM al frente de la misma (24 de septiembre). Solo así podrá comprenderse la existencia y actuación de ciertas unidades parapoliciales o paramilitares surgidas aquellos días impulsadas desde abajo con el beneplácito desde arriba. Del mismo modo, habrá que detenerse en analizar la desmovilización del SIPM iniciada en el mes de diciembre, preguntarse por qué el general Varela, ministro del Ejército, le puso final y por qué se relegó a un segundo plano antes de concluir el año al todopoderoso coronel Ungría. Habrá que cuestionarse, en última instancia, los clásicos límites cronológicos de una Guerra Civil que aparentemente lejos estuvo de concluir el 1 de abril de 1939^‍[44].