DEMOCRACIA PARITARIA Y DEBATES SOBRE LA PARIDAD EN EL
PROCESO CONSTITUCIONAL CHILENO: DESAFÍOS PARA EL FUTURO

1. A propósito de la paridad como elemento integrante del principio democrático[Subir]

La democracia representativa se sustenta en dos elementos indispensables: la libertad individual y la búsqueda de la igualdad, de forma que es legítimo afirmar que si falta uno de los dos no habría tal democracia. Podría argumentarse en su contra que la democracia, entendida como una obligación de resultados, no exige la aplicación de unos determinados medios; por ejemplo, la presencia equilibrada de ambos sexos en el Parlamento, pero lo cierto es que esa obligación de resultados es imposible sin la presencia de las miradas de mujeres y hombres en equilibrio, pues esta es precisamente la forma de neutralizar las diferencias basadas en el sexo. Como ha señalado Salazar Benítez (‍‍2019), «la paridad perfecciona las democracias representativas en cuanto que supone un contrato social en el que finalmente las mujeres disfruten de una plena ciudadanía. Es decir, la paridad no es solo una cuestión de presencia de las mujeres, sino más bien de superación del contrato sexual que durante siglos ha condicionado su disfrute de los derechos».

Carol Pateman ya denunció que las mujeres siempre hemos estado fuera de los pactos sociales y del contrato social, por otra parte, base de nuestras democracias liberales. Argumentó que tras ese contrato existe otro: el contrato sexual, y que «los teóricos del contrato construyeron la diferencia sexual natural de los hombres y la sujeción natural de las mujeres» (‍‍Pateman, 1995). No es ocioso recordar que las mujeres quedamos relegadas a lo privado y lo doméstico, mientras que lo público y lo político quedaron bajo el dominio masculino, marcando esta división la historia de las democracias progresistas y sustentando las bases de un modelo político patriarcal. Por ello, desde el pensamiento feminista las demandas por la paridad han desarrollado un firme sustento teórico, más allá del carácter instrumental para la consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en la radicalización de la propia idea de democracia puesto que si mujeres y hombres constituyen a partes iguales la humanidad, las asambleas electas deberían reflejar esa composición (‍‍Zúñiga Añazco, 2005: 11). Se pone así en entredicho la legitimidad de una democracia en la que la mayoría de sus instituciones representativas excluyen a las mujeres, si bien no formalmente sí de hecho. La democracia paritaria expresa por tanto «la paradoja de sistemas políticos basados originalmente en presupuestos fuertemente universalistas, pero decididamente excluyentes en su concreción práctica», por lo que resulta legítimo y necesario articular todo un conjunto de reglas de paridad en conceptos acuñados en la modernidad, como representación política y ciudadanía, y que acaban excluyendo a las mujeres del espacio público (‍‍Zúñiga Añazco, 2005: 3).

Esta idea de que la democracia no es posible con la exclusión de las mujeres de la vida pública y del proceso de adopción de decisiones ya está presente en las instituciones internacionales como la ONU o el Consejo de Europa, que han asociado paridad a democracia, marcando como objetivo alcanzar la democracia paritaria^‍[7]. En el ámbito europeo también se han logrado avances importantes en el mismo sentido, a pesar de que no existe un criterio jurídico preciso y homogéneo sobre lo que ha de entenderse por «representación equilibrada» (‍‍Zúñiga Añazco, 2005). Más concretamente, en Chile se ha sostenido que para combatir la fuerte desigualdad que existe es preciso que la democracia facilite «el rol de la igualdad de la mujer en todos los ámbitos» (‍‍Ottone y Walker, 2021: 254-‍255). Por lo tanto, no debería considerarse la democracia paritaria como una ideología extraña o radical en el pensamiento constitucional, ajena a nuestra tradición jurídica, ya que sencillamente busca «materializar los ideales de libertad, igualdad y dignidad para todas las personas» (‍‍Ponce de León Solís, 2021a: 26).

En el ámbito del ejercicio de la política y su relación con las mujeres Agacinski (‍‍1998) desarrolló a propósito de la paridad la teoría de la mixitud, que exige un reconocimiento de la existencia humana de manera dual, un ser humano sexuado, hombre o mujer, desmontando la tendencia del pensamiento occidental hacia un falso universalismo que reduce e invisibiliza cualquier diferencia, afectando directamente a las mujeres por su asimilación al modelo masculino hegemónico. A partir de ahí, la paridad sería un principio que permitiría a estas entrar en las instituciones políticas en tanto que mujeres y no emulando a los hombres. Esta teoría fue desarrollada muy acertadamente por Martínez Sampere (‍‍1999), que destacó la originalidad de la idea, tanto desde el punto de vista de los principios como de la vida democrática, puesto que ni la igualdad ni la democracia habían hecho referencia a un ideal de mixitud efectiva en los puestos de elección, ni mucho menos a un reparto igual o equilibrado del poder. La paridad sería así la herramienta necesaria para hacer realidad la democracia paritaria, la única posible, un reparto del poder entre los sexos, si bien ha de entenderse no como una mera aritmética, no como un principio cuantitativo puro de exactitud de las cuentas, algo que, explica la autora, se adapta mal a las relaciones humanas. Se trataría de la exigencia de un equilibrio entre mujeres y hombres en el seno de las instancias dirigentes que «debe encontrar su expresión en la definición del pueblo, incluirse en el concepto de democracia y en los principios de la vida política» (íd.). Por ello, no se trata de defender una más exacta representatividad de la nación, sino de inventar una figura que exprese esa mixitud efectiva de las asambleas que simbolizan la mixitud universal humana, un pueblo compuesto por hombres y por mujeres. La paridad no es, por tanto, «un derecho fundamental de ciudadanía de las mujeres, ni las mujeres somos un cuerpo electoral con intereses definidos. Las mujeres somos la mitad femenina del cuerpo electoral, lo cual es muy diferente. El planteamiento de una ciudadanía separada para las mujeres no es defendible».

De ahí que mujeres y hombres deban estar en la constitución como sujetos políticos jurídicos para una configuración de las relaciones humanas en igualdad (‍‍Esquembre Valdés, 2006: 36), y no de subordinación. De otra forma, sin el reconocimiento de esa mixitud no resulta posible justificar la paridad, puesto que su formulación «es una consecuencia directa del reconocimiento de dos sujetos políticos que deben participar en los asuntos públicos de manera equilibrada (democracia paritaria), lo que en definitiva representa una garantía contra la prevalencia y dominación de cualquiera de los dos sexos» (‍‍García Campá y Ventura Franch, 2021: 151).

Podemos afirmar que lo expuesto en este apartado responde a un concepto clásico pero aún vigente de paridad, que como veremos a continuación parecía inspirar el proceso constitucional chileno, cuyos esfuerzos iniciales estaban encaminados a su consecución de manera efectiva.

2. El establecimiento de una paridad de entrada y de salida en la composición de la Convención Constitucional[Subir]

Las demandas de paridad están ligadas en el inicio al movimiento feminista francés, que exigió su configuración como un nuevo principio de organización del poder político en función del sexo, más allá de una mera participación equilibrada de mujeres y hombres en los procesos de decisión. Las reformas constitucionales realizadas en 1999 en Francia y posteriormente en Italia en 2001 y 2003 posibilitaron la ampliación de la participación política de las mujeres involucrando en ello a los partidos políticos mediante un desarrollo legislativo posterior. En España, por el contrario, no fue necesario llevar a cabo una reforma constitucional para acoger la paridad, ya que la presencia del art. 9.2 CE incorpora un criterio interpretativo del ordenamiento jurídico basado en la obtención de resultados, por lo que deberá transformarse en una obligación exigible como derecho subjetivo desde el contenido del art. 14, una vez concretado por la ley. Esto fue lo que ocurrió a través de la inclusión del concepto de «presencia equilibrada» en la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (disposición adicional 1.ª) a través de la introducción de un art. 44 bis en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, y que más allá de la acción positiva, supone una profundización en la idea de democracia a través de la igualdad efectiva en el acceso a cargos públicos representativos (‍‍Macías Jara, 2020: 143-‍144). La Sentencia del Tribunal Constitucional 12/2008, de 29 de febrero^‍[8], afirmó su constitucionalidad con apoyo en la potencialidad del art. 9.2 CE argumentando que la representación equilibrada de hombres y mujeres en la toma de decisiones es una manifestación clave de la igualdad real y efectiva, puesto que si la propia sociedad es sexuada, ambos han de participar por igual en las decisiones que les atañen. No debe por tanto confundirse paridad con acción positiva: la primera pretende un equilibrio justo entre ambos sexos de forma que una representación ponderada no produce exclusión y neutraliza la diferencia basada en el sexo. Asimismo, no hay que olvidar que no es

No obstante, en nuestro país, pese al establecimiento del principio de presencia equilibrada, de manera que en el conjunto de la lista y en cada tramo de cinco puestos, no pueda estar representado ninguno de los sexos en más del 60 % ni en menos del 40 %, la incorporación de las mujeres a las listas no se ha traducido finalmente en una representación cualitativamente paritaria al no superarse el umbral del 36 %-39 %. Entre los factores que explican esta disonancia estarían el reparto tradicional de roles por el que las mujeres han quedado fuera de la vida política y de la toma de decisiones, la configuración de los distintos sistemas electorales o el papel de los partidos respecto de la disposición de las candidaturas y su orden en las listas, incluso los déficits de democracia interna en los mismos (‍‍Macías Jara, 2020: 143-‍144). En Latinoamérica, del mismo modo, pese a que se ha ido acogiendo la idea de la paridad en el acceso a la representación, la experiencia comparada ha revelado problemas similares derivados del diseño electoral, como las listas abiertas, los partidos minoritarios con un solo escaño, el incumplimiento de los mandatos de paridad por parte de los partidos políticos o la ausencia de un mandato expreso de posición en la lista (‍‍Ponce de León Solís, 2021b: 391-‍392).

Esta parecía ser una preocupación presente en los trabajos iniciales del proceso, de ahí que para cubrir ese eventual déficit de representación efectiva paritaria en cargos electos, más allá de la mera presencia en las listas electorales se establecieron una serie de innovaciones significativas que darían lugar a la denominada paridad a la chilena, que buscaba salvar dichos obstáculos para alcanzar una participación equilibrada efectiva.

Como ha señalado Henríquez Viñas (‍‍2021: 355-‍360), los principales argumentos expuestos ante el poder de reforma constitucional en favor de la paridad se sustentaron en: una nueva forma de entender la titularidad del poder constituyente; una concepción de la democracia caracterizada por el acceso igualitario de la ciudadanía a las estructuras de poder estatales y que promueve el ideal de igualdad real de las personas, no solo desde una perspectiva formal; la ampliación de las nociones de representación, ya que si las mujeres son la mayoría de ese pueblo concreto y plural, deberían ser parte de forma igualitaria en el órgano constituyente, y las experiencias comparadas sobre la paridad y las cuotas de género en otros procesos que demostraban que las candidaturas paritarias no arrojaban una paridad de mujeres electas, por lo que había que considerar la asignación paritaria de escaños.

Con la aprobación de la Ley 21 216, Diario Oficial, 24 de marzo de 2020, se «modifica la carta fundamental para permitir la conformación de pactos electorales de independientes y garantizar la paridad de género en las candidaturas y en la integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva Constitución política de la República». De este modo, la nueva disposición transitoria 30.ª de la Constitución establecerá las condiciones para «la declaración de candidaturas para la Convención en equilibrio de género» con un mandato de paridad no solo en las candidaturas, sino también en los resultados. La fórmula en las candidaturas exigía la paridad, un 50 % de cada sexo en las listas pares y no superior a uno en las listas impares, debiendo estar encabezadas por una mujer y luego ordenadas alternamente entre hombres y mujeres. En la asignación de escaños debía garantizarse la paridad en los distritos pares (4, 6 y 8 escaños) y el equilibrio de género en los impares (3, 5 y 7 escaños). Si en la asignación no se producía una paridad de resultado, se aplicaría un mecanismo de corrección comenzando por las listas menos votadas, en las que habría que reemplazar al candidato o candidata con más votos por quien corresponda por sexo para alcanzar la paridad, repitiéndose el mismo ejercicio con las listas sucesivas^‍[9]. Un avance significativo que, sin embargo, no fue bien acogido por ciertos sectores doctrinales que interpretaron que ello venía a ser algo similar a «meter la mano en la urna». Sobre esto se profundizará al analizar la paridad en el texto constitucional. Por ahora, aclarar, en primer lugar, que el intento de garantizar también la presencia final en los órganos (paridad de salida) responde a la necesidad de eludir así las prácticas de un poder político masculinizado y «con ciertas resistencias a democratizarse», buscando ir a la raíz de la misma idea de paridad, que apunta «no a una obligación de medios o a un compromiso por mejorar las condiciones de participación, sino a garantizar sus resultados» (‍‍Zúñiga Añazco, 2022b). Por otro lado, la aplicación de la regla de paridad, aunque logró el objetivo de incorporar a las mujeres en igualdad de condiciones —estas pudieron competir, obtener financiación y ser electas—, operó de manera estricta, incluso incorporó a más hombres que mujeres, ya que fueron más mujeres electas las que tuvieron que ceder sus puestos en casos en los que el factor de corrección operaba en favor de un hombre, aun cuando la candidata desplazada había obtenido la primera mayoría. De hecho, el resultado electoral arrojó como resultado final una composición de la Convención Constitucional de 77 mujeres frente a 78 varones, prueba de que la paridad no necesariamente ha de favorecer o privilegiar a un grupo subrepresentado, puesto que no es una medida de acción positiva, sino que se trata más bien de un requisito esencial de la democracia (‍‍Figueroa, 2022).

Ahora bien, alcanzar una representación cuantitativa en la Convención Constitucional no equivaldría per se a una representación sustantiva de los intereses de las mujeres, por otra parte, diversos en su heterogeneidad, lo que en gran parte iba a depender «de las condiciones de las mujeres convencionales, sus convicciones políticas y religiosas, sus condiciones socioeconómicas, incluso su origen étnico». Máxime considerando que solo un 57,4 % de los programas de los y las convencionales tenía un perfil feminista que buscaba desarticular las estructuras patriarcales, y un 7,7 % un perfil «pro-mujer» que pretendía mejorar las condiciones de las mujeres en ciertos ámbitos de la vida política, social y económica (‍‍Ponce de León Solís, 2021b: 408). Pero insistimos, no existe una mirada de mujer, sino el derecho de las mujeres a formar parte de la construcción de un proyecto común. Si las propuestas mejoran las condiciones de las mujeres, a su vez mejoran las condiciones sociales, por lo que la obligación de combatir la desigualdad de género no es exclusiva de las mujeres, es responsabilidad de todas y todos.

La paridad, al mismo tiempo, debía estar presente en el texto constitucional transversalmente, tanto en el catálogo de derechos y deberes como en el lenguaje o en el diseño de las instituciones, de forma que «el Proceso Constituyente y la Nueva Constitución no son la meta, sino el punto de partida para alcanzar la igualdad de género» (‍‍Ponce de León Solís, 2021a).

Llegados a este punto es claro que el propósito que en materia de paridad inspiraba el proceso constitucional, al menos desde un plano teórico, era el de su implantación efectiva desde su mismo inicio. Ahora bien, como veremos a continuación, la forma en que se fue configurando en sus distintas fases, y consiguientes instrumentos normativos, resultó contradictoria e introdujo inesperados debates en torno a cuestiones que no parecían encontrarse en el punto de partida.

3. El establecimiento de una paridad como piso y no binaria en el Reglamento de la Convención Constitucional[Subir]

La caracterización de la paridad se volvió crecientemente compleja a medida que iban introduciendo determinados aspectos en ella, como su configuración a modo de «un piso» y de forma «no binaria». En efecto, ya desde el comienzo de las dinámicas de la Convención, el debate sobre cómo interpretarla fue objeto de numerosas discusiones. En un primer momento las Normas básicas para el funcionamiento provisional de la Convención Constitucional, aprobadas el 14 de julio de 2021, establecían en su art. 3 sobre el funcionamiento de las Comisiones, que para dirigir el desarrollo de las mismas debía elegirse por mayoría absoluta una coordinación paritaria, y que «para la elección de dicha coordinación, cada integrante deberá votar por dos personas, una de las cuales, a lo menos, debe ser mujer». Mientras que en las Comisiones de Ética y la de Presupuestos y Administración Interior se entendió que esta regla exigía que la coordinación se entendiese en términos binarios, es decir, un hombre y una mujer, en la Comisión de Reglamento se plantearon diferentes interpretaciones por parte de los convencionales.

Un primer grupo consideró, así, que la paridad debía ser «un techo» que garantizara una igualdad numérica que impidiese que un sexo estuviese representado en forma mayoritaria en relación al otro. Un segundo grupo se posicionó en favor de la paridad como «un piso», que debía asegurar un nivel mínimo de representación de mujeres, pero que podía ser rebasado para reforzar la corrección de las desigualdades estructurales. Finalmente, un tercer grupo interpretó que, además, la paridad debía entenderse «como un piso y no binaria», asegurando así la igualdad de representación también a las diversidades sexo-genéricas y no solo a hombres y mujeres. La constituyente Alondra Carrillo defendió que la redacción de la indicación presentaba una «alternativa a la forma en la que hasta ahora había quedado establecida la paridad». «A lo menos una mujer significa que puede haber más de una mujer en una coordinación paritaria, pero también que una coordinación paritaria no puede ser pensada desde el inicio negando una realidad que existe y que es que en nuestra sociedad no hay solamente hombres y mujeres», pidiendo «concebir esta paridad sin techo como un mínimo democrático» (‍‍Ferrer, 2021). Como ha destacado Ponce de León Solís (‍‍2021b: 407) esta argumentación perseguía evitar los riesgos de un afianzamiento del binarismo sexual y de los roles de género. Algo por otra parte discutible ya que, como se ha dicho anteriormente, mientras la paridad es una reivindicación directa de esa mixitud humana en todos los ámbitos de la vida en condiciones de igualdad real, la deconstrucción de los roles tradicionales se combate a través de políticas para la promoción de la igualdad efectiva de mujeres y hombres y, del mismo modo, la tutela antidiscriminatoria por una orientación sexual o identidad de género que se aparta del sistema sexo/género se persigue con actuaciones normativas específicas en este sentido.

Si bien finalmente prosperó la primera de las interpretaciones, votándose en la sesión del 27 de julio que la coordinación de la Comisión de Reglamento estuviera formada por una mujer y un hombre, el debate continuó en la sociedad civil a través de las audiencias públicas. El Boletín del Observatorio de Género de la Universidad de Chile, n.º1, titulado «Paridad», da cuenta de algunas intervenciones en favor de esta como un mínimo, o piso, y no binaria:

Por tanto, lejos de quedar zanjado, el debate siguió presente en la propuesta de Reglamento General de la Convención, donde finalmente acabó consolidándose, como veremos, la tercera de las interpretaciones: la paridad como un piso y no binaria con su aprobación el 29 de septiembre de 2021^‍[11] (DO n.º 43 076, de 13 de octubre de 2021).

El objetivo del Reglamento consistía en «establecer los principios, la organización, el funcionamiento y las reglas de procedimiento de la Convención Constitucional” art. 2). De su contenido se desprende claramente la intención de los y las convencionales de mantener la aplicación de la regla de paridad instaurada en el proceso de su elección. Así, se afirma en primer lugar que la naturaleza de la Convención es la de una «asamblea representativa, paritaria y plurinacional, de carácter autónomo, convocada por el pueblo de Chile para ejercer el poder constituyente originario» (art. 1).

Entre los múltiples principios rectores enumerados (art. 3) desde la «a» hasta la «z», principios que «constituirán las bases democráticas y legítimas del proceso constituyente», en materia específica de género se reconocen, entre otros, la igualdad sustantiva y prohibición de discriminación, el enfoque de género y la perspectiva feminista, el lenguaje inclusivo o los cuidados. Ahora bien, como ha destacado García Escudero Márquez (‍‍2022) este tipo de reconocimientos «es totalmente ajeno a un Reglamento de una Cámara, porque en realidad está preestableciendo el resultado de su labor». Así, puede observarse que mientras unos principios se refieren a la actuación de los convencionales —por ejemplo la igualdad de participación en el proceso constitucional o la obligación de que los textos aprobados estén redactados en lenguaje claro e inclusivo—, otros principios exceden claramente el objetivo del Reglamento, como la igualdad sustantiva o el enfoque de cuidados o de la niñez y de la adolescencia, cuestiones que más bien estarían destinadas a ser debatidas en una propuesta para la elaboración del texto constitucional. Este conjunto de principios rectores no obstante se trasladará en gran medida al contenido futuro del texto constitucional. Llama la atención, sin embargo, que precisamente la paridad no se encuentre entre ellos, aunque, como se verá a continuación, está presente tanto en la composición de los órganos de la Convención como en la organización del trabajo. Ciertamente el análisis crítico del contenido del Reglamento merecería un estudio que ahora no puede realizarse en este trabajo, por lo que se abordarán únicamente algunas cuestiones relacionadas con esa nueva concepción de la paridad como piso y no binaria.

Entre los principios encontramos el enfoque de género y la perspectiva feminista, definidos como:

Sin ahondar en la confusa redacción del precepto, no se entiende la diferenciación entre enfoque de género y perspectiva feminista, conceptos sinónimos del acuñado internacionalmente como gender mainstreaming o perspectiva de género en la Conferencia de Beijing en 1995 «como una herramienta inclusiva de los intereses de las mujeres en la idea de desarrollo y para contrarrestar las políticas descritas como “neutrales”, que venían a consolidar las desigualdades de género existentes, convirtiéndose en una estrategia central para logra la igualdad de facto» (‍‍Salazar Benítez y Cárdenas Cordón, 2021), si no es para introducir a continuación la equiparación de las mujeres (perspectiva feminista) con las «diversidades, disidencias sexuales y de género» (enfoque de género) como sujetos ambos objeto del mismo tipo de discriminación y opresión.

El concepto «diversidades, disidencias sexuales y de género» que aparece por primera vez así en los documentos del proceso constitucional, en un análisis literal parece aglutinar a tres tipos de identidades personales que, por contraposición, se diferenciarían de las «mujeres»: diversidades, disidencias sexuales y disidencias de género entendidas como aquellas «cuya sexualidad, identidad o características corporales desafían las normas tradicionales del género construidas sobre principios como la heteronormatividad, la cisnormatividad, la jerarquía sexual, la comprensión binaria de sexo y género y la misoginia», en la definición que se hace en el Boletín del Observatorio de Género de la Universidad de Chile, n.º 4, dedicado a las «Disidencias sexo genéricas»^‍[12]. Para dicha conceptualización, el Observatorio se apoya a su vez en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) de 2015 sobre Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América, párrafos 11 y 48^‍[13]. De este modo, se equipara su significado con el término LGTBIQ+, que comprende dentro del mismo a lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, intersexuales o queer^‍[14].

Las demandas de las disidencias sexuales para el proceso constitucional se habían concretado, siguiendo a Cofré Suazo y Montecinos Urrea (‍‍2020: 124-‍125), en varios puntos: interseccionalidad en los acuerdos políticos, de manera que lesbianas y trans pudiesen formar parte de ellos; una vida sin abuso ni violencia; la extensión en el debate a las disidencias de las regiones y periferias; el derecho al trabajo; la erradicación de todos los tipos de discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género; la garantía del derecho a una vivienda digna, en donde prime el derecho a la misma y no la adjudicación según el sexo u orientación sexual de tu pareja; el derecho a la salud y, por tanto, a una amplia gama de alternativas para la salud trans, lésbica y disidente, así como una educación inclusiva.

Sin embargo, la asimilación de las mujeres como sujetos del pacto jurídico político, con las distintas orientaciones sexuales o identidades de género que libremente y sin sufrir discriminación han de poder ejercer todas las personas, presenta ciertos problemas en la práctica, ya que, como se verá más adelante, supone que los mecanismos pensados para alcanzar una democracia paritaria se perviertan con facilidad desde el momento en que un varón que se declara como de «orientación sexual diversa» pueda entrar a formar parte de dicho colectivo quebrando así la regla de paridad. No podemos perder de vista que la paridad no binaria se traduce en la inclusión de estas disidencias en el porcentaje, cualquiera que sea su articulación, de representatividad femenina, viéndose esta por tanto reducida y quedando sin embargo la masculina intacta. La pregunta en todo caso que cabría formularse es si las causas de discriminación histórica de las mujeres resultan equiparables a las causas de discriminación de las diversidades y disidencias sexo genéricas, y por tanto si han de ser sujetos protegidos o no por el mismo tipo de mecanismos antidiscriminatorios.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en el informe de 2018 Avances y desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en las Américas^‍[15] ha respondido afirmativamente señalando que las personas LGTBIQ+ deberían ser comprendidas en el marco de la discriminación estructural de género, siendo clave garantizar sus derechos políticos y asegurar que estas personas puedan elegir y ser elegidas en funciones públicas, y participar de la construcción de las políticas.

Pero esta decisión de la Comisión no es sino fruto de una determinada corriente ideológica dentro de la teoría feminista, concretamente la teoría queer (‍‍Butler, 2007). Conviene no perder de vista que la Comisión Interamericana considera que el sexo es una construcción social. En su informe Violencia contra personas LGTBI de 2015 se adscribe expresamente a «la posición, articulada por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de Argentina (INADI), de que los genitales y la asignación del sexo son dos conceptos distintos y que no existe una conexión necesariamente directa entre estos». En este sentido, el INADI ha indicado que la categorización de un hombre o una mujer es un acto «social, cultural e institucional» (pp. 31-‍32). Como se observa, el debate terminológico está planteado^‍[16].

Pero si la decisión de ser hombre o mujer es algo que puede escogerse libremente, resulta evidente que, a no ser que se establezcan toda una serie de garantías que otorguen la necesaria seguridad jurídica, esta decisión podrá instrumentalizarse como de hecho ya está ocurriendo, para el retroceso de los derechos que tanto tiempo ha costado conseguir a las mujeres en toda su heterogeneidad^‍[17]. Estamos por tanto ante un debate que está lejos de ser resuelto y que a día a día se torna más cruento.

Los problemas a los que aludimos se expresan firmemente y sin ambages en el voto parcialmente disidente de la jueza Elizabeth Odio Benito en el caso Vicky Hernández y otros vs. Honduras, sentencia de 26 de marzo de 2021. En dicho voto particular, la magistrada disiente de la conclusión adoptada por la mayoría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la aplicación al caso concreto^‍[18] de la Convención Interamericana de Belém do Pará para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, en vez de aplicarse en dicho caso el Pacto de San José (que protege a otros grupos como travestís, intersexuales y personas trans). La jueza apoya su voto disidente en la opinión de que «la llamada “identidad de género” es una expresión difusa que hoy busca erróneamente sustituir “sexo” por esa “identidad”. Y a partir de esa sustitución, borrar al sexo femenino con todas sus propiedades biológicas y mezclarlo todo en una sola categoría subjetiva y auto designada» (párrafo 5.º). «Sin fundamento científico alguno, se pretende que “identidad de género”, un sentimiento que incluso puede cambiar de un día al otro, sustituya y borre al sexo con el cual ya se nació» (párrafo 12). De manera que

A partir de ahí, la magistrada establece las diferencias entre las dinámicas de la violencia histórica contra las mujeres de las que sufren grupos sociales vulnerables, y que deriva de percepciones como la «identidad de género», concluyendo que la violencia que la propia sentencia destaca por probada no se debió, por tanto, al hecho de ser mujer, «sino a su “identidad de género”, por esta dinámica violenta que busca castigar las identidades, expresiones o cuerpos que difieren de las normas y roles patriarcales» (párrafo 33), debiéndose abordar por separado la violencia de género contra las mujeres de la violencia que deriva de la «identidad de género».

Consideramos, además, que no resulta pertinente esta equiparación del colectivo LGTBIQ+, aproximadamente un 4 % de la sociedad chilena^‍[19], con las mujeres; es decir, más de la mitad de la población, aproximadamente un 52 %, en cuanto sujetos destinatarios de la regla de paridad, y que unifica en torno a una sola categoría a mujeres biológicas con otros grupos cuyas discriminaciones y violencia obedecen a orígenes diferentes. Existiendo en la sociedad chilena igualmente otros colectivos históricamente preteridos como los pueblos indígenas, no se justifica por qué, más que tratarlo desde la perspectiva de la inclusión de un determinado número de escaños reservados, como así se hizo con los pueblos originarios y los afrodescendientes, se acuda a esa asimilación con las mujeres.

Ello nos lleva de nuevo a reflexionar sobre la idea de paridad, como exigencia de representación política, ya que más que una medida para erradicar la discriminación estructural en sus distintas formas, sería un elemento sustantivo imprescindible de la democracia en una sociedad conformada por individuos que, por encima de sus identidades sexuales, de género, de etnia, clase social, etc., pertenecen a la especie humana sexuada conformada por mujeres y hombres en toda su diversidad. La lucha por combatir y eliminar este binarismo humano no aporta argumentos convincentes ni introduce mecanismos que, con la debida seguridad jurídica, aseguren la inclusión de todos/as/es aquellos que, de un modo u otro, no encajan bien en el sistema, en vez de trabajar en su protección antidiscriminatoria.

Retomando el tema de la paridad en el Reglamento, su obligatoriedad se hace explícita, en primer lugar, en el art. 11 sobre el uso de la palabra en el Pleno. Así,

Esta última frase resulta claramente ejemplificativa de la facilidad y el carácter meramente subjetivo, abierto por tanto incluso a especulaciones de orden político, de la autodefinición con tan solo una comunicación a la Mesa.

En segundo lugar, el art. 32 establece la composición de los órganos de la Convención Constitucional. Así, en el párrafo primero se dice que «todos los órganos de esta Convención deberán ser paritarios, no pudiendo el género masculino superar un sesenta por ciento. Esta regla no será aplicable a las mujeres u otras identidades de género, reconociendo la existencia de patrones de dominación histórica de dichos géneros en este tipo de instancia». La introducción del concepto «otras identidades de género», que se sumaría así a las diversidades, disidencias sexuales y disidencias de género, colectivo LGTBIQ+, pretende nuevamente eliminar el binarismo en la aplicación de la paridad^‍[20]. Esta regla se discutió por primera vez a la hora de la integración de las comisiones temáticas, puesto que en la de Sistemas de Justicia el número de hombres superaba el límite máximo del 60 %. La Mesa resolvió afirmando que la regla de paridad no se vulneraba puesto que en dicha Comisión existía una persona «de orientación sexual diversa», por lo que este no debía contabilizarse en dicho 60 % de máximo, ya que ello respondía a la finalidad protectora de las mujeres y de las disidencias sexo genéricas. A pesar de que varios convencionales expresaron su desacuerdo acerca de la confusión entre orientación sexual e identidad de género, se mantuvo el criterio interpretativo que asimila ambos conceptos. De manera que lo que se había pensado para equilibrar la composición de mujeres y hombres en las comisiones, acabó desnaturalizando su objetivo precisamente en favor del sexo masculino. Como mencionábamos anteriormente, se trata de un ejemplo paradigmático de cómo la equiparación de las mujeres con las diversidades y disidencias, no solo perjudica los intereses de las mujeres, sino también los del propio colectivo LGTBIQ+, que se difumina en un conjunto de identidades que por supuesto, al igual que en el caso de las mujeres, cualquiera podrá usurpar para utilizar conforme a intereses no legítimos, con la mera autodeclaración de profesar, por ejemplo, una sexualidad no heteronormativa en un determinado momento.

En tercer lugar, la paridad se encuentra regulada en la composición de las comisiones temáticas y subcomisiones. Sobre las primeras, «deberá aplicar, cuando corresponda, los mecanismos de corrección que resulten más idóneos para garantizar la paridad de género, la plurinacionalidad y la equidad territorial en la incorporación de sus integrantes [...]» (art. 70). Respecto de la creación de las subcomisiones se «deberá velar en su integración por los criterios de paridad de género, plurinacionalidad y equidad territorial [...]» (art. 75). Una excepción se establece respecto de la Comisión de Armonización, «que no podrá estar integrada en más del 60 % por un género, de forma que si fuera necesario se efectuará la correspondiente corrección de su composición hasta ajustarse a dicho porcentaje, para lo cual excepcionalmente se abrirá una nueva convocatoria para integrarla. En esta nueva convocatoria se podrá presentar tan solo el número de personas faltantes del género subrepresentado» (art. 76).

En el siguiente cuadro, para mejor comprensión, se recoge la articulación de la paridad en el Reglamento.

Como se observa, el Reglamento no solo se aparta de las reglas de paridad establecidas para la elección de los y las convencionales, sino que además maneja diferentes conceptos: por un lado una paridad de género como piso y no binaria para la composición de aquellos órganos colegiados como el Pleno, la Mesa Directiva o la Secretaría, comisiones temáticas y subcomisiones, mientras que en la composición de la Comisión de Armonización se aproximaría a la establecida en la elección de los convencionales. Tal como adelantábamos, lo que parecía responder a una determinación clara y unívoca en pos de la paridad, en el sentido en que hasta entonces se venía entendiendo históricamente, comenzó a disgregarse en una multiplicidad de interpretaciones dentro del mismo proceso constitucional.

En otro orden de cosas, resulta pertinente cuestionarse hasta qué punto la Convención Constitucional estaba legitimada para interpretar en un sentido diferente a la propia Constitución vigente en lo referido a la reforma introducida por Ley sobre Paridad 21 216, aprobada el 24 de marzo de 2020 por el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que establece en su disposición trigésimo primera que «el sistema electoral para la Convención Constitucional se orientará a conseguir una representación equitativa de hombres y mujeres». Si la reforma constitucional se incorporó para garantizar una paridad binaria en las candidaturas y en la integración del órgano constituyente, creemos que ese sentido debería haber permanecido en la elaboración de su Reglamento. Además, una interpretación distinta a la establecida en el texto constitucional incluso podría contravenir el principio de jerarquía normativa. Por no hablar de la naturaleza de la propia Convención, su alcance y límites, que se autoerige en un poder constituyente que rompe la tradición constitucional.

Finalmente, además de los problemas que hemos apuntado que resultan de esta concepción no binaria, es preciso detenerse brevemente en el establecimiento de la paridad como un piso y no como un techo, sentido que también se aparta de lo previsto en la Constitución y que se aproxima más a una medida de acción positiva que permitiría establecer una diferencia de trato justificada precisamente para compensar una infrarrepresentación, pero que para no contravenir el principio de igualdad debería tener un carácter temporal hasta que esta se alcance de manera efectiva. De otro modo podría darse el caso de que el establecimiento de ese piso, hipotéticamente, diese como resultado un órgano formado exclusivamente por mujeres y disidencias, lo que se aparta de la idea de paridad como mixitud en la representación democrática. A ello cabría añadir la cuestión sobre cómo solucionar el problema del reparto de candidaturas o escaños entre las propias mujeres y las diversidades y disidencias.