Las políticas emocionales de la infancia e internet: el caso español

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

En gran parte de las sociedades occidentales, la participación de los niños y adolescentes en los medios virtuales y su acceso a las nuevas tecnologías de la información y de las telecomunicaciones (TIC) han suscitado una gran preocupación política. Debido a que, en este contexto y en los últimos años, la conexión doméstica a la Red y, sobre todo, el acceso a Internet a través de los dispositivos móviles han supuesto un incremento considerable del porcentaje de niños y niñas usuarios del entorno virtual. Como resultado, la regulación pública del impacto de las TIC en la infancia se propone como uno de los objetivos prioritarios en las reformas políticas, sociales y educativas de las últimas décadas.

A nivel institucional, las representaciones legales sobre el niño usuario de Internet se sustentan en los derechos del niño, pero en la medida en la que existen distintos enfoques —el enfoque de la participación o del de la protección—, las políticas contemporáneas sobre infancia e Internet reflejan una imagen paradójica de los niños y niñas como usuarios de la Red. Por un lado, son presentados como la vanguardia o generación digital («e-nativos»), destacando sus capacidades especiales en el manejo de las TIC. Por otro, son invocados como criaturas susceptibles de una especial protección o como agentes generadores de desorden virtual (social).

La tesis sostenida en este artículo es que las políticas, en este ámbito, constituyen un escenario de regulación ambiguo, caracterizado por la preeminencia de emociones colectivas como base fundamental y legitimadora en dicha regulación.

Por tanto, partiendo del concepto de políticas emocionales ( ‍Warner, J. (2015). The emotional politics of social work and child protection. Bristol: Policy Press.Warner, 2015), este artículo ofrece un análisis crítico sobre cómo los derechos de los niños son integrados en las políticas sobre infancia e Internet. El análisis propuesto sigue el enfoque introducido por la «sociología “con” emociones» ( ‍Bericat, E. (2000). La sociología de la emoción y la emoción en la sociología. Papers. Revista de Sociología, 62, 145-‍176. Disponible en: https://doi.org/10.5565/rev/papers/v62n0.1070.Bericat, 2000: 149), campo que centra su interés en el contenido emocional de los fenómenos sociales. En este caso de estudio, se trata de acceder a la dimensión emocional de las políticas sobre infancia e Internet.

Si las emociones pueden ser definidas como respuestas motivacionales y de sentimiento subjetivo ante determinados estímulos, sucesos o procesos ( ‍Scherer, K. R. (2001). Appraisal considered as a process of multilevel sequential checking. En K. R. Scherer et al. (eds.). Appraisal Processes in Emotions: Theory, Methods, Research (pp. 92-‍120). Oxford: Oxford University Press.Scherer, 2001), las emociones colectivas serían «aquellas que los sujetos experimentan o expresan por el hecho de ser miembro de un grupo […] en una determinada situación social» ( ‍Bericat, E. (2016). The sociology of emotions: Four decades of progress. Current Sociology, 64 (62), 491-‍513. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0011392115588355.Bericat, 2016: 503). En el escenario de las políticas sobre infancia e Internet, las emociones colectivas sentidas por los adultos y legisladores se asocian, por un lado, al contexto social experimentado de globalización-digitalización y cambio social y, por otro, a las representaciones socialmente aceptadas sobre la infancia, en las que los niños son vistos como proyectos morales ( ‍Cook, D.T. (2017). Childhood as a moral project. Childhood, 24 (1), 3-‍6. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0010836716688752.Cook, 2017;  ‍Meyer, A. (2007). The moral rhetoric of childhood. Childhood, 14 (1), 85-‍104. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0907568207072532.Meyer, 2007;  ‍Parton, N. (2014). The politics of child protection. Contemporary Developments and Future Directions. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Disponible en: https://doi.org/10.1007/978-1-137-26930-0.Parton, 2014) y con un marcado valor emocional asociado ( ‍Zelizer, V. A. (1985). Pricing the Priceless Child. New York: Basic Books.Zelizer, 1985). Por tanto, estos elementos van a jugar un papel fundamental en la regulación pública sobre los usos que niños y adolescentes deben hacer de Internet y de las TIC, pero también sobre la aplicación y ensamblaje de sus derechos en este contexto.

Las emociones, de hecho, pueden ser consideradas marcos analíticos muy útiles para abordar cuestiones sociales y políticas tanto a nivel micro como macro, y en las esferas privada y pública ( ‍Williams, S. J. y Bendelow, G. (1998). Introduction: Emotions in social life. En G. Bendelow y S. J. Williams (eds.). Emotions in social life: Critical themes and contemporary issues (pp. 15-‍30). London: Routledge.Williams y Bendelow, 1998), pues se encuentran presentes en las relaciones sociales —en este caso entre adultos y niños—, constituyéndose como el punto de unión entre las estructuras y los actores sociales ( ‍Barbalet, J. (2002). Introduction: Why emotions are crucial. En J. Barbatet (ed.). Emotions and Sociology (pp. 1-‍9). Oxford: Blackwell.Barbalet, 2002: 4). Es decir, las emociones no son solo personal y subjetivamente sentidas, sino también generadas y experimentadas colectivamente ( ‍Berezin, M. (2002). Secure states: towards a political sociology of emotions. En J. Barbalet (ed.). Emotions and Sociology. Oxford: Blackwell.Berizin, 2002), relacionales, culturales y profundamente políticas ( ‍Barbalet, J. (1998). Emotions, Social theory and social structure. A macrosociological approach. Cambridge: Cambridge University Press. Disponible en: https://doi.org/10.1017/CBO9780511488740.Barbalet, 1998;  ‍Barbalet, J. (2002). Introduction: Why emotions are crucial. En J. Barbatet (ed.). Emotions and Sociology (pp. 1-‍9). Oxford: Blackwell.2002;  ‍Besserer Alatorre, F. (2014). Regímenes de sentimientos y la subversión del orden sentimental. Hacia una economía política de los afectos. Nueva Antropología, 27 (81), 55-‍76.Besserer, 2014;  ‍Hochschild, A. R. (1975). The sociology of feeling and emotion: Selected possibilities. En M. Millman y R. Kanter (eds.). Another Voice (pp. 280-‍307). New York: Anchor.Hochschild, 1975;  ‍Mayo, M. (1999). New Language, new labour: Exploring the politics of emotion. Soundings, 11, 144-‍151. Mayo, 1999).

Resulta particularmente interesante analizar las emociones colectivas en las políticas de infancia e Internet debido a que, en apenas treinta años, el espacio virtual ha cobrado un gran protagonismo en la vida cultural, económica y política, modificando las pautas y usos de la vida social, así como la forma en que las personas se relacionan con su entorno (entre ellas también los niños, niñas y adolescentes), alterando nuestros regímenes de la percepción ( ‍Arias Maldonado, M. (2016). La digitalización de la conversación pública: redes sociales, afectividad política y democracia. Revista de Estudios Políticos, 173, 27-‍54. Disponible en: https://doi.org/10.18042/cepc/rep.173.01. Arias, 2016: 29) en cuanto a la posición del sujeto social y su relación con las instituciones.

Así es cómo emerge un marco de regulación incierto y difuso, caracterizado por una tensión permanente entre lo público y lo privado y donde se hace manifiesta la centralidad de las emociones colectivas asociadas al cambio social y al lugar de la infancia en él. Es decir, existe una gran preocupación pública por las consecuencias que genera el acceso extensivo e intensivo a Internet por parte de los niños, pero sobre todo porque este acceso se produce, en gran medida, desde lo doméstico o privado, fuera del control de los Estados o que, al menos, representa cierta dificultad de regulación para los poderes públicos ( ‍Arriola Echaniz, N. (2017). Las consecuencias de la globalización en el derecho constitucional: aportaciones de la miríada de corrientes doctrinales. Revista de Estudios Políticos, 178, 171-‍188. Disponible en:  https://doi.org/10.18042/cepc/rep.178.06. Arriola, 2017;  ‍Mindus, P. (2016). La gestión privada del gobierno de internet: la capacidad de autodeterminación en juego. Revista de Estudios Políticos, 173, 113-‍140. Disponible en: http://dx.doi.org/10.18042/cepc/rep.173.03.Mindus, 2016: 136).

Por otra parte, el acceder al contenido emocional de las políticas sobre infancia e Internet permite explorar algunas de las dimensiones que trascienden a lo racional y legalmente instituido —como son los derechos de los niños—, pero que tienen la misma consideración en la producción de marcos reguladores y significación política. De hecho, como ha señalado Bericat ( ‍Bericat, E. (2016). The sociology of emotions: Four decades of progress. Current Sociology, 64 (62), 491-‍513. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0011392115588355.2016: 497), en todos los fenómenos sociales las emociones se encuentran presentes y juegan un papel fundamental.

Por tanto, se exploran las emociones colectivas engarzadas en las narrativas públicas y las políticas sobre infancia e Internet, teniendo en cuenta los discursos globales sobre los derechos de los niños y su implementación en el caso español. Para entender cómo las emociones operan en dichas narrativas, se analizan discursivamente los principales textos legales (leyes, debates políticos, informes oficiales, programas y guías), tanto a nivel internacional como nacional, producidos entre la década de 2000 y el año 2018.

Cabe mencionar que el término políticas utilizado en este trabajo hace referencia al conjunto de normativas y textos legales y discursos que regulan, por una parte, los derechos y el uso que los niños, niñas y adolescentes hacen de las TIC y, por otro, la imagen de infancia asociada a Internet. En este sentido, las políticas son tratadas como narrativas públicas ( ‍Somers, M. (1994). The narrative constitution of identity: a relational and network approach. Theory and Society, 23 (6), 605-‍649. Disponible en: https://doi.org/10.1007/BF00992905.Somers, 1994). Es decir, como discursos que expresan con un conjunto de representaciones sociales ( ‍Foucault, M. (1992). The archeology of knowledge. London: Routledge.Foucault, 1992).

Como ya se ha señalado, el análisis propuesto se enmarca necesariamente en un proceso de cambio social más amplio de globalización y revolución tecnológica, pues este incide directamente en la imagen colectiva y en las representaciones sociales sobre la infancia, y por tanto, marca el sentido de las políticas contemporáneas para la infancia en Internet. El objeto de este primer apartado no es tanto el de realizar un análisis exhaustivo del marco jurídico y político internacional y europeo sobre infancia e Internet, como el de situar contextualmente la discusión en torno a las políticas nacionales en esta materia. Por ello, se han seleccionado y analizado algunos de los principales documentos, estrategias y campañas sobre infancia e Internet elaborados por la Comisión Europea, estudios de investigación de organismos especializados y por organizaciones internacionales pro derechos de los niños que juegan un papel relevante en la regulación internacional.

A continuación, se analizan las políticas nacionales y discursos políticos sobre infancia e Internet, explorando las principales emociones colectivas presentes en ellos y cómo estos inciden en la reelaboración de los derechos de los niños para, posteriormente, describir el «proceso de emocionalización» ( ‍Richards, B. (2007). Emotional governance: Politics, media and terror. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Disponible en: https://doi.org/10.1057/9780230592346.Richards, 2007) desde el que se articulan y (re)producen.

Por último, se presenta un conjunto de reflexiones críticas a la luz de la discusión sostenida, considerando el impacto de estas políticas emocionales en la vida de los niños, niñas y adolescentes.

II. De los espacios líquidos de socialización a la dogmática jurídica dúctil[Subir]

En los últimos treinta años los espacios tradicionales de socialización se han visto profundamente alterados a causa de la revolución tecnológico-informática y del fenómeno de la globalización. Siguiendo la tesis planteada por Bauman, desde finales del pasado siglo xx nos encontramos inmersos en una sociedad o «modernidad líquida» que designa un tiempo social marcado por la incertidumbre (en la autopercepción de la continuidad y futura estabilidad), la inseguridad (de nuestra posición, de nuestros derechos y medios de subsistencia) y, sobre todo, la desprotección del propio cuerpo, del ser y de sus extensiones (posesiones, vecindario, comunidad) ( ‍Bauman, Z. (2002). Modernidad Líquida. Buenos Aires: FCE de Argentina.2002: 170-‍171). Estas emociones colectivas de incertidumbre, inseguridad y desprotección marcan, en gran medida, el carácter de la política social contemporánea y, particularmente, la que se dirige a la infancia y la adolescencia, proporcionando una «dogmática jurídica dúctil» ( ‍Zagrebelsky, G. (1999). El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. Madrid: Trotta. Zagrebelsky, 1999) o la ausencia de derecho vinculante tanto a nivel internacional como nacional.

Al tiempo que la globalización se instaura y/o avanza se produce la extensión del soft law o «derecho blando» que, como sostiene Sánchez González, consiste en «declaraciones, convenios, llamamientos y recomendaciones, códigos éticos […] cuyo denominador común, es la carencia de obligatoriedad o de carácter vinculante y, por lo tanto de efectividad» ( ‍Sánchez González, S. (2014). Balance de treinta y cinco años de Constitución. Ponencia presentada en V Jornadas de Derecho Constitucional (14-‍15 de marzo de 2014), Barbastro.2014: 5).

En el caso del marco regulador para la infancia esta tendencia es anterior a la expansión de la «era virtual». De hecho, las primeras regulaciones en materia de infancia surgen ante la cuestión social y se relacionan con la preocupación moral por el impacto de la pobreza infantil y fueron promovidas, principalmente, por movimientos filantrópicos (entre los más destacados a nivel internacional, Save the Children, y en España, la Gota de Leche).

En aquel momento, el interés público, emocional y moral por las cuestiones de la infancia se plantea con la cristalización de una nueva sociedad industrial a finales del siglo xix y principios del xx ( ‍Wintersberger, H. (2006). Childhood and Citizenship: The Generational Order of the Welfare State. Política y Sociedad, 1, 81-‍103. Wintersberger, 2006: 86) y se relaciona estrechamente con la necesidad de control de un nuevo orden social. Es decir, las primeras políticas de infancia se construyen ante la generación de emociones como el miedo, la incertidumbre o la inseguridad, tal y como ocurrirá un siglo después con la llegada de la sociedad digital o la modernidad líquida. Por este motivo, las primeras regulaciones sobre infancia se inician desde el prisma de la protección y desde el derecho penal ( ‍Therborn, G. (1996). Child Politics, Dimensions and Perspectives. Childhood, 3, 29-‍44. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0907568296003001003.Therborn, 1996: 32). En este contexto cada país industrializado fue desarrollando su propia legislación en materia de infancia^‍‍[1], al tiempo que se fueron celebrando congresos internacionales con el mismo objetivo^‍‍[2]. Finalmente, una de las primeras codificaciones sobre los derechos de los niños a nivel internacional fue la Declaración de Ginebra de 1924, seguida por la Declaración sobre los Derechos del Niño de la ONU de 1959. Ambas centran su interés en los asuntos relacionados con la protección a la infancia, siendo la segunda la manifestación del compromiso internacional con los derechos de protección de los niños y de su bienestar social.

A lo largo del siglo xx se va conformando un marco jurídico dúctil y blando para la infancia cuyo máximo referente, aún en la actualidad, lo constituye la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 de la ONU (CDN). Esta norma guía el sentido del marco regulador y de las políticas para infancia en España desde 1990, así como en el resto de países que la suscribieron. La CDN es señalada como uno de los grandes hitos en la historia de los derechos de los niños porque introdujo y codificó con carácter innovador, en aquel momento, un conjunto de derechos de participación, presencia y autonomía para los mismos (arts. 12-‍17), y sobre todo porque, por primera vez, se consideró a los niños como sujetos de derechos, más allá de la mera protección. Además del art. 12 sobre el derecho de participación de los niños en todos los asuntos que les conciernen, se establecieron otros derechos sobre la libertad de expresión (art. 13), de conciencia, de pensamiento y religión (art. 14), de asociación (art.15), de derecho a la privacidad y al respeto (art. 16) y el derecho a la información (art. 17).

Ahora bien, la aplicación de la CDN en contextos nacionales particulares no se encuentra exenta de problemas. La CDN plantea unas orientaciones y estándares para el cumplimiento de los derechos de los niños pero no tienen capacidad sancionadora real; pues el Comité de los Derechos del Niño, órgano vigilante, solo tiene capacidad para emitir recomendaciones sobre el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas en los Estados firmantes. En adición, los derechos de participación, presencia y autonomía señalados se encuentran supeditados al principio del «mejor interés del niño^‍‍[3]», que debe ser la primera consideración en todas las acciones concernientes a los mismos (arts. 19-‍22, 30, 32-‍38 de la CDN de 1989). Como concepto indeterminado, supone un claro ejemplo de «dogmática jurídica líquida» o de derecho dúctil ( ‍Zagrebelsky, G. (1999). El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. Madrid: Trotta. Zagrebelsky, 1999), generando y orientando un tipo de políticas nacionales para la infancia caracterizadas por la preeminencia de valores morales, pero sobre todo, de emociones colectivas asociadas al cambio social y a los efectos de la modernidad líquida (como se verá en el siguiente apartado).

En la legislación española, este principio, además, ha sido incorporado como «Interés Superior del Menor» (ISM), elevando discursivamente a un mayor rango la aplicación de dicho principio, lo que facilita que las emociones jueguen un papel central en la producción y subordinación del sujeto de regulación: los niños.

El carácter dúctil de la regulación normativa sobre infancia e Internet resulta especialmente llamativo. En el ámbito europeo, la preocupación por la protección de la infancia en los medios audiovisuales se inicia en la década de 1980, referida a los contenidos televisivos y publicitarios. Muestra de ello la conforman el Libro Verde sobre el establecimiento del mercado común de radiodifusión (1984) y, ya en la década de 1990, el Libro Verde sobre la protección de los menores y de la dignidad humana en los nuevos servicios audiovisuales y de información^‍‍[4] (1996), que propone la protección de los «menores» como una cuestión de bien público ( ‍García-Gutiérrez, J. (2015). El modelo europeo de protección a la infancia en internet. Del cuidado a la responsabilidad. Teoría Educativa, 27 (1), 119-‍136.García-Gutiérrez, 2015: 122- 123). Desde ese momento, el marco jurídico internacional europeo relativo a la infancia e Internet se conforma a partir estrategias y recomendaciones que enfatizan la cuestión de la protección de los niños en los espacios y usos virtuales^‍‍[5].

En 2004, UNICEF desarrolló la campaña y documento Decálogo de los Derechos de los Niños en Internet («e-derechos» o «ciberderechos»)^‍‍[6], fórmula que se plantea para adaptar y actualizar los derechos de los niños y niñas al espacio virtual, pero también para que los Estados respeten y promuevan este tipo de derechos en sus políticas, incluyendo así las nuevas tecnologías de la información (TIC) y los usos que los niños y niñas puedan hacer de ellas en sus agendas políticas. En esta campaña, se establecen internacionalmente tres tipos de «ciberderechos» para los niños: 1) derechos de autonomía (participación, libertad e intimidad), 2) derechos de bienestar y provisión de servicios (educación, igualdad, ocio y juego), y 3) derechos de protección y seguridad (ante formas de explotación, comercio ilegal, abusos y violencia cibernética).

En el marco de la Estrategia Europa 2020, la Comisión Europea pone en marcha una Agenda Digital para Europa (ADE) (2014), la Estrategia europea en favor de una Internet más adecuada para los niños (2012)^‍‍[7] y la iniciativa Better Internet For Kids (BIK) (2012). En estas estrategias las funciones económica y social se presentan fundamentales para organizar una sociedad digital acorde a los requerimientos de los nuevos mercados globales y deslocalizados. En este sentido, los derechos de los niños como usuarios de Internet cobran especial relevancia desde el prisma de la protección y sobre la consideración de la infancia como una población particularmente vulnerable. Conscientes de estos nuevos requerimientos, Internet y las TIC son presentados como herramientas útiles para la socialización y el aprendizaje de habilidades sociales, teniendo en cuenta que el 75 % de los niños europeos entre 6 y 17 años usa Internet habitualmente («Estrategia europea en favor de…», op. cit., p. 2).

De esta manera, a instancias internacionales, se otorga un lugar sociojurídico a la infancia en el que los niños son llamados a participar como agentes del presente en un modelo de ciudadanía global y cibernética, aunque se plantea desde un contexto de riesgos potenciales y difícilmente controlables por los Estados-nación. Siguiendo con el ejemplo, recientemente el informe Worldwide gain benefits, face risks on the internet (UNICEF y LSE, 2015-‍2016), fruto del proyecto piloto The Global Kids Online Project, dirigido por Livingstone, de la London School Economics, pone de manifiesto que tan solo una minoría de los niños consultados lleva a cabo prácticas consideradas de riesgo en el entorno cibernético (contacto con desconocidos, acceso a contenidos pornográficos y/o violentos, etc.). Sin embargo, en el mismo se apela a una «sustancial minoría», o como establece la Comisión Europea en su estudio Study on the impact of the Internet and social media on youth participation and youth work (2018)^‍‍[8], aunque los niños y jóvenes resultan altamente competentes en los medios digitales, en ocasiones, parecen no conocer los riesgos de Internet o las ventajas que pueda suponer para ellos.

En esta línea, uno de los grandes objetivos de la Agenda Europea en pro de los Derechos del Niño^‍‍[9], pone de manifiesto la necesidad de «apoyar a los países de la UE y a otras partes interesadas en el fortalecimiento de la prevención, el empoderamiento y la participación de los niños para sacar el máximo provecho de las tecnologías en línea y contrarrestar el comportamiento de la ciber-intimidación, la exposición a contenidos nocivos y otros riesgos en línea, mediante iniciativas de autorregulación^‍‍[10]» (objetivo 9).

En este marco se llevaron a cabo, además de las estrategias anteriormente señaladas, los programas comunitarios III DAPHNE (2013), cuyos objetivos primordiales son el antibullying y el uso seguro de Internet y las redes sociales para los niños, y DAPHNE (2014), sobre los derechos, la igualdad y la ciudadanía de los niños. Así como en 2009 se celebraron la «Declaración de Praga para un nuevo enfoque europeo por una internet más segura para los niños» y el «Día mundial de las telecomunicaciones y la sociedad de la información para la protección de la infancia en el ciberespacio», que además descansan sobre la idea de ciberciudadanía o ciudadanía digital^‍‍[11].

Protección-seguridad y participación-ciudadanía se manifiestan como dos grandes constantes en las regulaciones sobre infancia e Internet en las postrimerías del siglo xx y en las primeras décadas del siglo xxi. De hecho, según se reporta en el informe Risk and safety on the internet. The perspective of European children^‍‍[12], los mecanismos de seguridad en Internet deben buscar la confianza, la resiliencia y las habilidades de ciudadanía digital entre los niños ( ‍Livingstone, S. et al. (2011). Risks and safety on the internet: The perspective of European children. Full findings. London: LSE, EU Kids. Disponible en: https://bit.ly/1okdn7W.Livistong et al., 2011: 9).

La Red, y las nuevas tecnologías como nuevo espacio e instrumentos de interacción social, cultural, económica y política y, por tanto, de socialización, genera ansiedades colectivas y públicas ( ‍Livingstone, S. (2003). Children’s use of the Internet: reflections on the emerging research agenda. London: LSE Research online. Disponible en http://eprints.Ise.ac.uk./archive/00000415.Livingston, 2003: 3). En primer lugar porque su puesta en escena ha sucedido en un espacio corto de tiempo, apenas treinta años. En segundo, porque la Red transgrede los espacios de regulación tradicionales de los Estados-nación^‍‍[13], y en tercero, porque se plantean a partir del acceso inmediato y cuasi libre por parte de niños, niñas y adolescentes gracias a los ordenadores de uso doméstico, tabletas y, sobre todo, de los dispositivos móviles. Todo ello dibuja un escenario líquido e incierto de ordenación-regulación y de control político y social en el que incluso los Estados se han dessocializado para transferir sus funciones a la esfera de lo privado ( ‍Fraser, N. (2003). ¿De la disciplina a la flexibilización? Releyendo a Foucault bajo la sombra de la flexibilización. Revista Mexicana de Ciencias Políticas, 46 (187), 15-‍33.Fraser, 2003). De hecho, a nivel europeo se enfatiza el concepto de autorregulación a la hora de garantizar los derechos de los niños en los medios virtuales: «Aunque la legislación no se descarta, se dará preferencia a la autorregulación, que sigue siendo el marco más flexible para alcanzar resultados tangibles en este ámbito» («Estrategia europea en favor de…», op. cit., p. 7).

Las últimas investigaciones^‍‍[14] sugieren que las experiencias de los niños en la Red y las oportunidades de las que se benefician o los riesgos a los que se exponen se encuentran, en gran medida, condicionados por el contexto social de acceso ( ‍Livingstone, S. et al. (2011). Risks and safety on the internet: The perspective of European children. Full findings. London: LSE, EU Kids. Disponible en: https://bit.ly/1okdn7W.Livingstone et al., 2011), por lo que los mecanismos de autorregulación o la regulación parental de los usos que los niños hacen de Internet y las TIC se constituyen como una parte importante de las agendas políticas.

De esta manera, ante el proceso de cambio social producido por Internet y las nuevas tecnologías, las instituciones políticas ponen en marcha mecanismos de control caracterizados, por un lado, por la transferencia de responsabilidades hacia la esfera privada (siendo el papel de los Estados cada vez más residual en la garantía de los derechos de los niños) y, por otro, proponiendo un marco jurídico dúctil. En ellos, las emociones colectivas juegan un papel central como fuente de legitimación y éxito social, donde «la infancia, como grupo social, y el niño, como ser, son invocados como los símbolos del cambio social pero, al mismo tiempo, son presentados como los síntomas del complejo y precario equilibrio entre dicho cambio y su control» ( ‍Ramiro, J. (2013). Virtualizando infancias. Del niño competente al menor en riesgo a través de internet. En S. Pérez Álvarez et al. (dirs.) Menores e internet (pp. 31-‍55). Cizur Menor: Aranzadi-Thomson Reuters.Ramiro, 2013: 40).

III. Emociones y emocionalización en las políticas españolas sobre infancia e internet[Subir]

La llegada de Internet y el uso intensivo de las TIC en la sociedad española se ha presentado como una realidad que modifica la vida de las personas en general y la de los niños en particular. En concreto, los datos aportados por la Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares^‍‍[15] (INE, 05/19/2017) ponen de manifiesto que el 83,4 % de los hogares españoles tiene conexión a Internet, lo que supone un rápido incremento del fenómeno en los últimos años. Asimismo, se destaca que el 95,1 % de los niños, niñas y adolescentes de entre 10 y 15 años utiliza Internet habitualmente y que la evolución de los resultados sugiere que el uso de la Red y, sobre todo, del ordenador, resulta una práctica mayoritaria en edades anteriores a los 10 años. Por su parte, la disposición del teléfono móvil se incrementa significativamente a partir de los 10 años, hasta alcanzar el 94,0 % en la población de 15 años. Aunque los datos relativos a los niños y niñas usuarios de Internet con edades inferiores a los 10 años no se encuentran actualizados, la información ofrecida por el estudio Acceso a internet de niños menores de 14 años en EGM^‍‍[16] (2017), elaborado por la Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación (AIMC), muestra que, ya para el año 2017, el 36,4 % de los niños de 4 años accedía a Internet habitualmente, aumentado hasta un 91,5 % en los niños de 13 años. En ambos casos, el acceso a la Red se producía mayoritariamente desde el hogar.

Estas cifras muestran que los niños, niñas y adolescentes son usuarios habituales de la red y de las TIC, justificando la preocupación social y el interés público por la regulación de las formas de acceso a Internet y sus usos a nivel privado. En consecuencia, desde la década de 2000 se inicia una labor de regulación trasversal en materia de infancia e Internet^‍‍[17], pudiéndose destacar en la Ley Orgánica 2/2006 de Educación^‍‍[18], la Ley Orgánica 8/2013 de Mejora de la Calidad Educativa^‍‍[19], la Ley Orgánica 8/2015 y la Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia^‍‍[20]. Junto con esta labor legislativa, se ponen en marcha políticas públicas como la Agenda Digital para España^‍‍[21] y el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-‍2016 (II PENIA)^‍‍[22], en el que se incluye expresamente un objetivo 3 para «impulsar los derechos y la protección de la infancia con relación a los medios de comunicación y a las tecnologías de la información en general».

El marco descrito supone el intento de regulación de la figura del niño como usuario de Internet, de acuerdo con la normativa europea descrita en el apartado anterior. En términos generales, se codifica una serie de derechos para los niños en los que se destaca su papel activo en los medios virtuales, así como la Red queda presentada como un nuevo escenario de socialización y ciudadanía para la infancia. No obstante, aunque las políticas nacionales destaquen las oportunidades que ofrece Internet para los niños, al mismo tiempo enfatizan los riesgos que supone para la infancia ( ‍Ramiro, J. (2013). Virtualizando infancias. Del niño competente al menor en riesgo a través de internet. En S. Pérez Álvarez et al. (dirs.) Menores e internet (pp. 31-‍55). Cizur Menor: Aranzadi-Thomson Reuters.Ramiro, 2013;  ‍Rodríguez-Pascual, I. (2005). Revisando críticamente el discurso sobre el impacto de la sociedad de la información en la población infantil: el problema del aislamiento infantil. Papers. Revista de Sociología, 77, 157-‍178. Disponible en: https://doi.org/10.5565/rev/papers/v77n0.935.Rodríguez-Pascual, 2005). Esto conlleva la configuración de un escenario de regulación ambiguo y dúctil, donde los derechos de protección y de participación de los niños y niñas son establecidos desde las emociones colectivas (y adultas). Y es que riesgo y emociones aparecen unidos, pues, como ya observó Lupton ( ‍Lupton, D. (2013). Risk and emotions: towards an alternative theoretical perspective. Health, Risk and Society, 15 (8), 634-‍647. Disponible en: https://doi.org/10.1080/13698575.2013.848847.2013: 641), «las emociones crean riesgos y los riesgos emociones».

A continuación se explora cómo las emociones colectivas influyen en el ensamblaje de los derechos de los niños en las políticas sobre infancia e Internet, analizando discursivamente los principales textos y narrativas políticas en este ámbito para, posteriormente, abordar el «proceso de emocionalización» ( ‍Richards, B. (2007). Emotional governance: Politics, media and terror. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Disponible en: https://doi.org/10.1057/9780230592346.Richards, 2007) por el que dichas emociones colectivas se institucionalizan.

IV. Conclusiones[Subir]

Tanto a nivel internacional como nacional, las políticas sobre infancia e Internet forman parte de un paradigma de los derechos de los niños caracterizado por conformar un marco jurídico dúctil, facilitando que sean establecidos a partir de emociones colectivas y que estas funcionen como instrumento legitimador de dicha regulación. Como consecuencia, se genera una tensión permanente entre los derechos de participación y de protección de los niños, también en este contexto cibernético.

Las emociones colectivas como la incertidumbre, la inseguridad y la desprotección, asociadas al miedo colectivo, generan, sin duda, un fuerte impacto en la formulación del marco jurídico y de las políticas nacionales sobre infancia e Internet, y lo hacen poniendo el énfasis en los usos y consecuencias negativos que Internet presenta para los niños, niñas y adolescentes. Así, en el conjunto de textos explorados, la incertidumbre remite a la idea del riesgo, la inseguridad a los conflictos producidos por los niños usuarios de la Red, y la desprotección se articula en la presentación de las personas menores de edad como sujetos especialmente vulnerables en estos medios.

Sobre la base de estas emociones colectivas se va otorgando un lugar político y social particular a los niños y niñas y se instituye una serie de derechos para ellos, supeditados a conceptos jurídicos indeterminados, como el ISM,

El presente trabajo muestra cómo las emociones colectivas forman parte constitutiva de las regulaciones/fenómeno infancia e Internet y operan de tal modo que aunque Internet se ha presentado como un espacio donde los niños pueden participar en un modelo de ciudadanía global, existe una fuerte tendencia a criminalizar dicha participación y a enfatizar los riesgos potenciales a los que los niños se ven expuestos como usuarios de la Red. Esto es el resultado de un marco regulador donde las emociones juegan un papel fundamental para representar la infancia, como grupo social caracterizado por su falta de competencia más que en la consideración de los niños como sujetos con derecho a participar.

Constituye un reto para la investigación en este campo el acceder al contenido emocional asignado por los propios niños como usuarios de la Red y las TIC, en la medida en que se trata de sujetos sentientes ( ‍Bericat, E. (2000). La sociología de la emoción y la emoción en la sociología. Papers. Revista de Sociología, 62, 145-‍176. Disponible en: https://doi.org/10.5565/rev/papers/v62n0.1070.Bericat, 2000) implicados en el proceso. Hasta la fecha y de manera tímida. Por otra parte, un acercamiento al fenómeno desde los sujetos implicados permitiría conocer la complejidad del mismo, de manera que se pueda contribuir al ámbito de la regulación sobre dicha materia.

Aunque las TIC y el uso de Internet se plantean como medios para ejercitar la participación social y cívica por parte de los niños, existe, por un lado, una fuerte tendencia a criminalizar dicha participación y, por otro, a enfatizar los riesgos potenciales a los que estos se ven expuestos como usuarios de Internet. Esta visión dominante se plantea como el resultado de un tipo de políticas (de o para la infancia) de carácter emocional, que se legitiman en el uso de conceptos emocionales para designar y regular la infancia como grupo social en desarrollo.

Resulta complejo sistematizar algunas recomendaciones para fortalecer los derechos de los niños en estos contextos, así como favorecer la garantía de los mismos dentro de las prácticas de protección, vigilancia y control que tanto Estados como familias deberían ejercer sobre Internet y las redes. No obstante, sería conveniente modificar la normativa existente o sustituirla por otra que omita las referencias emocionales como justificación de la regulación pública de esta cuestión, pues es en virtud del estatus sociojurídico y político del niño —y no de su papel emocional y moral— que se establece un conjunto de derechos sobre provisión, protección y participación en los entornos virtuales. Este reconocimiento sociojurídico y político marca la diferencia con otros procesos de regulación anteriores (como lo supuso la cuestión social) y es el que permite repensar la forma en la que se legisla y se producen marcos reguladores para la infancia, avanzando en el cumplimiento de los derechos de los niños y su participación directa en los asuntos o entornos que les afectan.