El 12 de julio de 1873, una república autónoma —llamada cantón en homenaje al federalismo suizo— fue proclamada en Cartagena, un puerto militar del sureste de España. El movimiento se extendió rápidamente por Castilla, Levante y Andalucía, donde decenas de ciudades proclamaron su autonomía con el proyecto de federarse para refundar «desde abajo» la República española, proclamada por defecto en febrero del 1873, después de la abdicación del rey Amadeo I. Mientras casi todos los cantones se derrumbaron en poco más de un mes, Cartagena aguantó la represión militar por parte de la República oficial, resistiendo un asedio de seis meses.

El proyecto cantonal fue a menudo descrito como localista, una descripción nacida al calor de los conflictos de 1873. Como demostró en su día el historiador José María Jover, el uso hegemónico de la palabra cantonalismo en España fue impuesto por su más declarado adversario: Emilio Castelar, presidente de una República entrada en su fase autoritaria. El 2 de enero de 1874, en un famoso discurso en las Cortes —reproducido en cientos de miles de ejemplares—, el distinguido orador describió los cantones como «pequeñas tiranías feudales», que favorecían el «desmembramiento» del país. A pesar del lenguaje fraternal de los cantonalistas, su proyecto solo consistía según Castelar en «reunir el mundo para luego dividirlo en cantones». Este discurso, construido por los adversarios de la revolución cantonal, es el que se ha acabado imponiendo. Hoy en día, el Cantón de Cartagena sigue siendo asociado con una política localista, una asociación que impide entender la naturaleza del proyecto político defendido por los insurrectos.

Aprovechando la propuesta de este dosier, este artículo adopta un enfoque microespacial sobre el Cantón de Cartagena. Por análisis microespacial entendemos una manera de buscar primero —como los fundadores de la microhistoria italiana— lo excepcional normal, mirando de cerca un estudio de caso micro para poner en evidencia las lagunas o las simplificaciones de los grandes relatos. Desde estas disonancias o estos indicios, se trata luego de remontar los hilos de Ariadna hacia las explicaciones o antecedentes del caso, priorizando la dimensión espacial de los fenómenos. El Cantón de Cartagena sirve como estudio de caso, donde lo excepcional de la situación revolucionaria da visibilidad a dinámicas normales muy poco visibles de la década de 1870: la resistencia popular a la construcción del Estado imperial y a la globalización de los mercados, y el intento de dar forma política —por parte de unos trabajadores poco integrados en la historia del movimiento obrero— a la solidaridad, tanto a escala nacional como imperial e, incluso, global.

Basándose en el material de una investigación más amplia sobre el Cantón de Cartagena, el artículo se construye como un retrato colectivo de los insurrectos. Auténtico «movimiento sin partido ni líder», el Cantón ha sido, sin embargo, reducido por la historiografía a unos cuantos jefes tomados como símbolos del fracaso cantonal. Partiendo de estos insurrectos destacados y encontrando en el camino a otros líderes olvidados, el artículo identifica varios indicios ofrecidos por sus vidas, prácticas y discursos, e intenta recomponer el contexto material o simbólico más amplio en el que se insertan. En esta búsqueda, trata de conectar la historia del Cantón con cambios históricos más amplios y otros espacios insospechados. Indaga, finalmente, en las capas más ocultas del pueblo cantonal y en las insurrectas e insurrectos anónimos, exhumando el espacio real e imaginado de su proyecto político.

Para analizar el Cantón de Cartagena, la historiografía destacó una figura principal: la del periodista y rentista Roque Barcia. Personificación del republicanismo llamado intransigente, Barcia también encarnó el cantonalismo puramente político, contrapuesto a dos cantones tradicionalmente presentados como sociales (los de Alcoy y Sanlúcar de Barrameda). Según este relato, los cantones políticos fueron organizados por agitadores burgueses que cogieron el poder local para satisfacer mezquinas ambiciones personales. En las últimas décadas, los historiadores han criticado estas clasificaciones y han presentado las revoluciones cantonales como movimientos populares organizados desde abajo. Sin embargo, el cantón murciano (proclamado en Cartagena) sigue resistiendo a esta interpretación a causa de la destacada participación de la extrema izquierda parlamentaria y de su Comité de Salud Pública, constituido en Madrid. Presidente del Comité, Barcia llegó a finales de julio a una ciudad ya sublevada supuestamente por un aliado suyo, el estudiante Manuel Cárceles. Otros notables, una decena entre oficiales del Ejército, rentistas, periodistas y/o diputados de la minoría intransigente en las Cortes, llegaron al puerto después de la proclamación del Cantón y se atribuyeron carteras ministeriales en el Directorio (y luego Gobierno) de la Federación española en Cartagena. Según el relato admitido, estos revolucionarios profesionales fueron el verdadero motor de la revolución en Cartagena. También fueron el símbolo de su inconsistencia. Roque Barcia, profeta autodeclarado en el Cantón, no solo destacaba por un mesianismo algo desfasado en la época, sino también porque acabó renegando del cantonalismo poco después de la derrota.

Sin embargo, la presencia de estos hombres en Cartagena no se debió exclusivamente a sus ambiciones personales. El análisis de su proyecto político permite recordarlo, especialmente si lo miramos desde una perspectiva espacial. Mientras los jefes intransigentes estaban supuestamente absorbidos por el politiqueo de Madrid, se proyectaban en realidad a escala imperial. Los vínculos entre los notables del Cantón y las Antillas españolas abundan a pesar de ser poco visibles. Un primer indicio fue la presencia en Cartagena de Nemesio Torres Mendieta, entonces diputado de Aguadilla en Puerto Rico. Desde 1869, la pequeña Antilla estaba representada en las Cortes por un grupo de renombrados abolicionistas movilizados por la reforma imperial. En 1873, el grupo se presentó en Puerto Rico como Partido Federal Reformista: defendía un federalismo radical, en el que las colonias dispusiesen de una auténtica autonomía política. La doble militancia de Torres Mendieta, tanto en este grupo portorriqueño como en el Cantón de Cartagena (donde integró la segunda Junta Revolucionaria y copresidió la Comisión de Justicia) pone de manifiesto la circulación atlántica de las ideas de federación española.

El criollo Alfredo Sauvalle, diputado intransigente antes de ocupar en Cartagena la cartera de Hacienda de la federación española, también personificaba estos vínculos. Nacido en La Habana en 1840, se había instalado en Murcia (de donde era natural su madre) hacia 1860, tras la muerte de su padre. Era nieto de un matrimonio francés de plantadores de Saint-Domingue (futuro Haití), exiliados en Estados Unidos durante la revolución de la colonia antes de repatriar sus capitales azucareros en Cuba. El tío y el primo de Alfredo se habían quedado en Cuba, dirigiendo una casa comercial muy consolidada con sede en Liverpool. En 1869, el tío Francico Sauvalle, por entonces botanista reconocido en La Habana, traducía en español la reciente constitución del Canadá para defender a través de ella la autonomía de Cuba. En cuanto al primo Carlos, era arrestado el mismo año como «infidente» por haber participado en un periódico clandestino, independentista y abolicionista. Su deportación a Madrid en 1870 le permitió jugar el papel de mecenas del también deportado José Martí, poeta y futuro héroe de la independencia cubana, y de publicar con él algunos artículos en el diario del republicano intransigente Díaz Quintero. El futuro cantonalista Alfredo Sauvalle mantenía contacto con su primo Carlos, cuyo rastro se sigue en alguna revista de Murcia. En julio de 1872, Alfredo encabezó el Comité Republicano Federal intransigente de Águilas, cerca de Murcia: en el comunicado de prensa aparecía un tal José Martí como vicepresidente. Las estrategias políticas de los Sauvalle diferían entre sí, pero formaban todavía parte de la misma familia política en la que la autonomía radical de los Estados federados jugaba el papel clave. La defensa del federalismo intransigente por Alfredo Sauvalle, ministro del Cantón de Cartagena, tiene que entenderse en este contexto. Inspirado por el federalismo americano, este notable del Cantón fundamentaba su republicanismo en la reclamación criolla de autonomía política y de reforma imperial.

A partir de setiembre del 1873, los líderes intransigentes del Cantón fueron desplazados del mando. Una vez derrotados los otros cantones españoles, el Gobierno de la federación española en Cartagena fue suprimido, dejando a la Junta Revolucionaria como dueña de la ciudad. Tanto Nemesio Torres Mendieta como Alfredo Sauvalle desaparecieron (el último se refugió en Argelia por fundados motivos de salud). Roque Barcia se quedó hasta el final de la experiencia cantonal, pero considerándose «prisionero, más de los sitiados que de los sitiadores». Mientras tanto, un complot tramado por algunos oficiales rebeldes del Ejército para llegar a un acuerdo entre Cartagena y Madrid fue descubierto y sus responsables conducidos a la cárcel cantonal. Una dinámica de radicalización, raras veces apuntada por la historiografía, se apoderó de la plaza insurrecta durante el otoño de 1873: los notables intransigentes y los oficiales pronunciados perdieron el timón, cediéndolo a los líderes civiles y plebeyos de los ciudadanos en armas. ¿En qué medida significó este cambio de mando el final del «sueño criollo» del Cantón y el naufragio de su proyección atlántica?

El Cantón plebeyo siguió atado con el ultramar atlántico después de septiembre, como prueba el itinerario de Pedro Gutiérrez. Presidente de la Junta Revolucionaria durante los seis meses de revolución, fue repetidamente descrito como un personaje mediocre por sus pocas dotes de orador y por su manera de vestir fuera de moda. Natural de Cantabria, había emigrado a Cuba en los años 1830 para trabajar como obrero del tabaco en La Habana, antes de abrir una pequeña fábrica de tabaco y de volver a la metrópolis con una renta modesta. Como declaraba en un reducido autorretrato, sus años cubanos habían sido los de su educación política: los «criollos lo apreciaban mucho por sus ideas federales», tal vez porque, como ellos, «su mínimum de libertad la cifraba en las instituciones de los Estados unidos de América por las que t[enía] una gran pasión».

No era Pedro Gutiérrez la figura más conocida del Cantón plebeyo, sino el campesino de la huerta de Murcia Antonio Gálvez. El líder más carismático del Cantón de Cartagena parecía personificar el arraigo local de la revolución. En las primeras elecciones cantonalistas (el 8 de noviembre de 1873), fue el más votado entre decenas de candidatos con 3155 votos (entre un electorado de unos 7000 hombres y 4700 votantes). La proximidad social entre Gálvez y el pueblo cantonal explica, en parte, su popularidad en Cartagena.

Pequeño propietario de una microparcela familiar, Gálvez había sido «voluntario de la libertad» después de la Revolución de septiembre de 1868. Una vez asentado el Gobierno revolucionario y monárquico, había rehusado devolver las armas. Entre 1869 y el Cantón, había liderado todos los movimientos republicanos en Murcia. Según revela una base de datos elaborada con los archivos del exilio cantonal en Argelia, un tercio de los refugiados eran naturales de las provincias de Murcia, Alicante y Almería (entre los 1143 que declararon su naturaleza). Estas masas provenían, como Gálvez mismo, de las milicias ciudadanas locales, armadas por intermitencia desde la Revolución de 1868. Unas milicias que se reclutaban mayoritariamente entre los trabajadores manuales del campo y de la ciudad, frustrados por los fraudes electorales que pervertían la democracia prometida por la Gloriosa, y animados por el ideal del ciudadano en armas vigilante de la salvación pública. Los observadores de la prensa nacional e internacional hacían de Gálvez el signo del carácter grotesco de la revolución. El corresponsal del inglés The Times subrayaba repetidamente el analfabetismo del que «se hubiera proclamado dictador de no haber sido por la dificultad de firmar con su nombre, por no decir nada de escribir una carta».

A pesar de su ignorancia, el campesino Gálvez sabía aprovechar políticamente unas conexiones transnacionales insospechadas. Visto a través de esta lupa, el ámbito local de su carrera política se dilataba. La movilidad espacial de Antonete era intensa: primero la del guerrillero, capaz de aprovechar el conocimiento extendido del medio geográfico provincial por los hombres de su partida, retirándose a la sierra del Miravete cuando hacía falta, hostigando Murcia o Cartagena cuando era posible y triunfante en las calles de las dos ciudades en los momentos de victoria. Segundo, la del contrabandista, conectado con la Argelia colonial y sus productos para complementar los ingresos de su pequeña propiedad. En este aspecto, Gálvez no solo se asemejaba a los cultivadores y jornaleros del Cantón (un 20 % de los refugiados en Argelia), sino también a la gente de mar de las comarcas levantinas, acostumbrada al cabotaje de vela y presionada por la expansión del vapor, que se involucró en la insurrección. Varios marineros comerciales fueron ascendidos al mando de los buques militares amotinados en Cartagena, entre los cuales destacaban algunos contrabandistas. La última movilidad de Gálvez era la del exiliado, que utilizaba la frontera marítima con la Argelia francesa para huir de la represión estatal en los momentos de derrota, como lo hacían decenas de insurrectos republicanos y carlistas desde 1869. En sus idas y vueltas transmediterráneas, Gálvez se parecía finalmente a los prófugos del Ejército que desde 1868, con el inicio de la guerra de los Diez Años en Cuba, evitaban el viaje hacia la perla de las Antillas, huyendo desde Cartagena hacia Orán.

Exiliados y prófugos aprovechaban los contactos con el amplio grupo de campesinos levantinos que migraban cada año hacia Argelia. Aunque la mayoría de ellos iban y venían, más de 70 000 españoles ya estaban asentados en la colonia francesa en 1872 (frente a solo 125 000 franceses), principalmente en el Oranés. La conexión con esta colonia en la colonia se aprovechaba políticamente. Las ideas del republicanismo radical circulaban con fuerza en la Argelia francesa, como mínimo desde las deportaciones de los insurrectos parisinos presos en las barricadas de junio del 1848 y la resistencia al golpe de Estado de Napoleón III (diciembre de 1851). En 1870, aprovechando un ambivalente movimiento comunalista en Argel, los migrantes pobres del sur de España intentaron imponer su propia agenda en el movimiento. Jornaleros explotados por los colonos franceses en su mayor parte, impulsaron manifestaciones callejeras, pero fueron rápidamente marginados por los republicanos moderados que dominaban la comuna local. Esto no impidió la circulación de ideas sobre federalismo y república comunal entre Argelia y el Levante español.

Como demuestran estas redes, Gálvez no era el símbolo de un campesinado premoderno, inmóvil y apolítico, levantado en armas por la defensa de su pequeño horizonte local. Al contrario, representaba a unas clases populares levantinas afectadas tanto por la aceleración de los flujos de mercancías como por los cambios técnicos de la navegación, o por la afirmación de los imperialismos en el Mediterráneo. Y aunque estos cambios les dañaran, estos grupos también intentaban sacar provecho de la nueva situación, configurando sus propias vías heterodoxas de globalización (por ejemplo, con el contrabando), resistiendo colectivamente y elaborando un proyecto alternativo: el de una república federal y social basada en la asociación de pequeños productores entre España y el mundo.

En las capas campesinas del Levante español no solo circulaban las ideas republicanas radicales, sino también las internacionalistas. La Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT) había sido fundada en Londres en 1864. La revolución del 1868 hizo posible la circulación de noticias y de militantes en España. A partir de 1870, decenas de miles de miembros se afiliaron a la Federación Regional Española (FRE), una de las federaciones más importantes de la AIT. Sin embargo, y a diferencia de otros cantones, el Cantón de Cartagena parece haber tenido pocas relaciones con el impresionante desarrollo del internacionalismo en España. En una carta de 1873 al consejo general de la AIT (por entonces localizado en Nueva York), los líderes de la FRE consideraban el Cantón de Cartagena como un movimiento «puramente político y burgués».

El 8 de noviembre de 1873, en las elecciones cantonales que dieron la victoria a Gálvez, el segundo insurrecto más votado (con 2982 votos) fue un tal Antonio Roca, maestro (es decir, obrero muy calificado) en el arsenal de Cartagena. A pesar de su éxito electoral, Roca desapareció totalmente de la historia del Cantón. Tanto su trayectoria como la de sus dos hermanos, Pedro y Baldomero, confirman, sin embargo, el vínculo entre el Cantón de Cartagena y los trabajadores manuales de cultura socialista e incluso internacionalista. En 1870, Pedro Roca había fundado el Centro Federal de Cartagena, adherido al Partido Republicano Federal y a la FRE, junto con el carpintero del arsenal y futuro miembro de la Junta Revolucionaria del Cantón, Pablo Meléndez. La sección local de la AIT llegó a contar 700 miembros en julio del mismo año, siendo 2291 los obreros empleados en el arsenal local en 1869. Después de sonadas huelgas en 1870 y 1871, la adhesión de los obreros locales a la Internacional se volvió más tibia. Como lo recordaron Pedro M. Egea y J. B. Vilar, el rencor por una deuda que la federación de Palma de Mallorca no devolvió nunca a la de Cartagena causó estragos, así como las luchas ideológicas entre marxistas y bakuninistas que llevaron a la escisión de la organización durante el congreso de La Haya de 1872. La toma de distancia local con la FRE llevó a la historiografía a juzgar que ni el socialismo ni la Internacional habían estado presentes en el Cantón. Según abogó, por ejemplo, el historiador J. B. Vilar, algunos obreros del arsenal o algún internacionalista habían participado en la Junta Revolucionaria, pero habían sido marginados del mando. Junto con Pedro M. Egea, también subrayaban la no participación de los mineros locales en el Cantón (aunque destacan algunos mineros entre los exiliados cantonales en Argelia).

A pesar de ello, la trayectoria de los Roca prueba la importancia del núcleo obrero del arsenal en los orígenes y en los seis meses de existencia del Cantón. Mientras Pedro, teniente de una compañía de voluntarios, entraba en las sucesivas juntas revolucionarias (siendo elegido en quinta posición en la de noviembre), Baldomero escribía en el periódico revolucionario El Cantón Murciano y era nombrado secretario de la Junta Examinadora de las elecciones del 8 de noviembre de 1873. En cuanto a Antonio, fue promovido a «comandante de ingenieros del Arsenal» a los pocos días de proclamada la República cantonal, lo cual implicaba dirigir las obras de reparación de los buques militares en manos del Cantón. Aunque no haya dejado ningún escrito político, el retrato firmado por el antiguo communard Lucien J. Combatz lo describía como el partidario de que «el poder político» pasara «lo más rápidamente posible a mano de la clase obrera». Según añadía Combatz, «la federación minúscula, como aquí se la soñaba, le parecía un medio seguro de llegar a su bello desiderátum». Impregnados de socialismo federalista, los hermanos Rocas estaban inspirados tanto en la «República obrera» de Pi y Margall como en la Internacional obrera o en el precedente de la Comuna. La fratria internacionalista no era aislada en el Cantón. Otros obreros participaban en la Junta Cantonal, mientras algunos socialistas de profesiones liberales se movilizaban también en Cartagena.

A fin de cuentas, la presencia internacionalista en el mando del Cantón se puede comparar con la representación minoritaria de la AIT en la Comuna de París. Y fue precisamente el eco entre el Cantón de Cartagena y la Comuna el que determinó la actitud de las potencias europeas. El oficial de marina alemán Werner, al mando de un buque militar en las aguas de Málaga cuando fue proclamado el Cantón, estaba poco dispuesto a dejar a los «comunistas» y a los «rojos» (según sus propias palabras) organizarse para conquistar Madrid. Entre finales de julio y principios de agosto de 1873, apresó dos de los buques militares amotinados en Cartagena. La segunda intervención de Werner contó con la cooperación de Ward, el oficial de la Royal Navy. Aunque los Gobiernos británico y alemán no respaldaron oficialmente las operaciones, los británicos dieron finalmente su visto bueno para que Ward condujera los buques a Gibraltar y los entregara a los republicanos de Madrid. Determinante en la suerte del Cantón, esta intervención extranjera se fundó en el miedo de las conexiones entre el Cantón, la Comuna y la Internacional. Y acabó definitivamente de transformar un levantamiento obrero y campesino local en asunto internacional.

Sin sorpresa, el vocabulario para deslegitimar el Cantón se asemejó al que había sido utilizado contra la Comuna por la propaganda de Versalles. A la revolución cosmopolita y supuestamente antipatriótica de París respondía la sospecha, formulada tanto por los monárquicos como por los republicanos moderados en España, de que el Cantón alimentara un separatismo inspirado a la vez en la Internacional obrera y en el independentismo cubano. Frente a estas acusaciones, los rebeldes no dejaban de proclamar su patriotismo, acusando a su vez de antipatriotismo a sus adversarios, los republicanos de Madrid, que con su decreto de piratería del 20 de julio de 1873 habían autorizado la intervención extranjera en contra de la flota nacional amotinada en Cartagena. Frente a lo que consideraban un crimen de lesa patria, los insurrectos ponían toda su energía en la reparación y en la buena marcha de las fragatas amotinadas, a través de cuyos nombres celebraban la historia de España. Mientras el Fernando el Católico, demasiado evocador de la monarquía, era rebautizado Despertador del Cantón Cartagenero, los nombres de buques sacados de grandes batallas fueron, en cambio, conservados por los insurrectos. Asociados con la gloria de España desde la antigüedad hasta el imperialismo renovado de los años 1850 y 1860, eran celebrados en las canciones del Cantón: «¡Viva la Numancia, valiente como el Cid; la Vitoria y la Almansa, vengan todas aquí! ¡Viva Antonete y la insurrección, y la Méndez Núñez, con su tripulación!». En el mismo momento, los cantonalistas rebautizaban uno de los fuertes de la plaza como «de los Comuneros», un episodio histórico mentado desde la proclamación misma del Cantón. Otros fuertes tomaron los nombres de Sixto Cámara y de Froilán Carvajal, dos mártires del republicanismo español, mientras que los miles de fusilados de la Comuna parisina no recibían ningún homenaje: lo importante era integrar el Cantón en una historia nacional-republicana. A pesar de promover solidaridades atlánticas, mediterráneas e internacionalistas, los insurrectos se veían a sí mismos como patriotas españoles.

Más allá de los itinerarios personales, otros colectivos de cantonalistas más anónimos también estuvieron vinculados con espacios mucho más amplios de lo que se podía sospechar. La gran masa de los insurrectos cantonalistas era migrante. Como revela la base de datos sobre los cantonalistas refugiados en Argelia, cerca de tres cuartas partes de ellos eran soldados del Ejército de Tierra, marineros militares o presidiarios utilizados como mano de obra en el arsenal militar (entre estos había desertores y soldados indisciplinados). Naturales de toda la península, la mayoría de ellos habían sido empujados por la conscripción hacia Cartagena, capital del mayor departamento marítimo de la marina española. El estallido de la guerra de los Diez Años en contra de los insurrectos cubanos (1868-78), seguido por el de una nueva guerra carlista (1872-76), reforzó la presión del Ejército para reclutar jóvenes españoles de clase popular. Fueron ante todo estos foráneos los que constituyeron las fuerzas activas de la rebelión. Los marineros eran en su mayoría naturales de Galicia y del litoral catalán, mientras que los soldados del Ejército procedían de Castilla, Galicia y Extremadura, además del litoral mediterráneo. El sistema de sorteo y la posibilidad para los ricos o para los municipios de las grandes urbes de comprar sustitutos, explican los orígenes populares y rurales de estos hombres. En cuanto a los presidiarios, eran bien criminales y delincuentes, bien prófugos, soldados o marineros castigados por su indisciplina, o bien, finalmente, opositores políticos, sobre todo carlistas. Eran originarios de toda la península, preferentemente de grandes urbes como Zaragoza, Madrid o Valencia, y también de origen popular.

A través de la concentración de miles de estos hombres en Cartagena, los sucesivos Gobiernos tenían una meta clara: defender el Estado imperial en peligro. Sin embargo, los conscriptos y presidiarios no se conformaron con este objetivo. Amotinándose en Cartagena, fomentaron una huelga militar de enormes dimensiones, en plena guerra tanto en las colonias como en la metrópolis. Pero ¿cómo hablar de huelga si los que participaban no eran trabajadores? ¿Y cómo afirmar que combatían a sabiendas una política determinada? Procedamos por orden, empezando con la primera pregunta. Reagrupados en el puerto de Cartagena, los conscriptos estaban destinados principalmente al frente de Cuba. Antes de cruzar el charco, trabajaban en las instituciones militares del puerto y del arsenal junto con los presidiarios, constituyendo una enorme fuerza de trabajo gratuita. Después de 1868, esta mano de obra semiforzada y sin cualificación permitió el despido de centenares de obreros asalariados de la maestranza, motivando el descontento de estas categorías. La historia clásica del movimiento obrero pasó por alto estas categorías y se centró en los trabajadores libres, hombres blancos y asalariados de la industria. Sin embargo, las recientes historias globales del trabajo y de la penalidad muestran la necesidad de integrar en el relato a los trabajadores forzados o semiforzados. En todos los imperios occidentales del siglo xix, tanto en Europa como en los mundos coloniales, la modernidad se acompañó de concentraciones inauditas de este tipo de mano de obra en instituciones militares y punitivas. Situado en esta dinámica global, el Cantón de Cartagena fue un movimiento de trabajadores no solo gracias a los obreros asalariados y a los trabajadores del campo que se movilizaron en la Junta Revolucionaria y en la milicia local, sino también porque se implicaron a su servicio miles de trabajadores forzados desde las instituciones del ejército en el puerto.

Tomando las armas por el Cantón, estos trabajadores se inutilizaban como brazo armado del imperio. ¿Pero cómo saber si lo hacían conscientemente? ¿No eran más bien motivados por el oportunismo y la posibilidad de escaparse gracias a la revolución? Karl Marx solía oponer el proletariado organizado y el lumpen, el subproletariado incapaz de pensamiento político, siempre al servicio del mejor postor. En sus escritos sobre la revolución cantonal publicados en noviembre de 1873, Friedrich Engels no utilizó, es cierto, el concepto forjado por su amigo. Sin embargo, acusó al Gobierno revolucionario de Cartagena de haber liberado a «1800 convictos, los peores ladrones y asesinos de España», una medida en la que veía la mano de los bakuninistas españoles. Según él, los seguidores del anarquista ruso habrían buscado a sabiendas la «liberación de los malos instintos» en Cartagena. El Cantón era el símbolo de la oposición, recién estrenada, entre dos socialismos: el que organizaba políticamente la clase obrera, por el que abogaba Engels, y el que armaba al lumpen para sembrar el caos, en el que pensaba reconocer la apuesta anarquista y la del Cantón de Cartagena.

Sin embargo, el lumpen de Cartagena no cuadraba bien con la denuncia de Engels. No solo porque estaba en contacto estrecho con los trabajadores organizados del arsenal y de las milicias, sino también porque se movilizó en el Cantón con una disciplina férrea, difícilmente explicable si no fuera por convicción política. Desde el campo contrario, los jefes de los sitiadores se sorprendían viendo el escaso número de desertores del campo cantonalista. A pesar de repetidas tentativas para atraer a la masa combatiente, mal nutrida y mal pagada por el Cantón, la mayoría de los quintos y presidiarios implicados en el movimiento se quedaron en Cartagena hasta la derrota. Por lo visto, se oponían al Estado y al Ejército español con determinación. Sabían que la insurrección retenía en el puerto los mejores buques de la flota nacional, en un momento en el que la guerra colonial los exigía para defender Cuba de los filibusteros americanos. Los rebeldes también sabían que el Cantón inutilizaba para el Ejército español a miles de soldados, marineros, obreros y presidiarios. No lo podían ignorar porque precisamente eran ellos los que hubieran tenido que librar la guerra colonial desde Cuba o desde las instituciones militares del Estado en Cartagena. Tomando las armas por el Cantón, no participaban en cualquier huelga militar: paraban una guerra colonial por la que no querían morir.

El Cantón de Cartagena suele ser presentado como una revolución exclusivamente masculina. Y aunque se concediera la participación de unas cuantas mujeres en el movimiento, todavía faltaría explicar por qué esta presencia importa en una historia global del Cantón. Llegar a este último punto es sumamente difícil, frente a una historia global del siglo xix mayoritariamente gender-blind. Un análisis microespacial de las mujeres y lo femenino en el Cantón de Cartagena puede proponer otra mirada.

Las mujeres estaban bien presentes en el proyecto cantonal, que se basaba en la idea de la asociación practicada desde la escala más local a la más global. El primer eslabón del Cantón, según lo profesaba el diputado Araus en el cartagenero club federal de los Amigos de la Libertad el 2 de agosto de 1873, era «la constitución de la familia por medio del pacto espontáneo entre el hombre y la mujer». A pesar de la dimensión «conyugalista» del proyecto cantonal, los primeros Gobiernos del Cantón asumieron la necesidad de una separación temporal de las parejas para permitir a los hombres luchar con las armas por la emancipación, mientras que las mujeres esperaban el resultado de la contienda fuera de la cuidad, cuidando de la familia. Este imaginario era palpable en los decretos emanados del Cantón. El 12 de agosto, en previsión de un ataque de Cartagena por el ejército, la Junta pidió el abandono de la plaza por las «débiles mujeres, inocentes niños e imposibilitados ancianos, cuya seguridad queremos asegurar». Esta concepción también se puede rastrear después de la derrota cantonal en las declaraciones de los insurrectos refugiados en Argelia: en las informaciones que daban a la Administración francesa, los casados mencionaban en detalle la situación de sus familias (localización de mujeres e hijos y edad de los últimos), reafirmando su calidad de jefes de familia en un momento crítico. Siguiendo estos testimonios, el Cantón se podría describir como un núcleo de actividad revolucionaria masculina, conectado con una retaguardia femenina y familiar dispersa en la provincia y hasta en toda la geografía española.

Las cadenas de dependencia entre el Cantón y su entorno femenino y familiar fueron esenciales para la supervivencia de los rebeldes. Durante la insurrección, las mujeres escribieron frecuentemente a la Junta Cantonal para reclamar las pagas de sus familiares, haciendo alarde de su espíritu revolucionario. Después de la derrota cantonal, adoptaron el vocabulario opuesto (buen testimonio de su capacidad política) para reclamar la libertad de los maridos e hijos en nombre de la caridad cristiana y de la benignidad del nuevo rey restaurado. Las mujeres también prestaron su asistencia a los exiliados cantonalistas en Argelia: viajaron hacia Orán o bien activaron cadenas de solidaridad familiar para permitir a los hijos y maridos salir de los depósitos de refugiados y ser acogidos en los hogares de migrantes españoles en Argelia. Eran las esposas y las madres las que protegían a los hombres en edad viril.

Sin embargo, los roles de género habían sido perturbados antes del Cantón con el envío de 210 000 quintos a Cuba para luchar en la guerra colonial entre 1868 y 1878, y después de 1872, con la movilización de otros decenas de miles en la guerra carlista. La movilización femenina, muy señalada en los frecuentes motines antiquintas de la época, revelaba la resistencia femenina al proceso. La guerra impactaba las vidas femeninas y generaba para las mujeres más carga de trabajo, más precarización y más peligro de no sobrevivir ni ellas ni sus dependientes. También revelaba su capacidad política para movilizarse.

El Cantón de Cartagena, con su componente antimilitarista, se inscribía en esta larga lucha femenina antiquintas. Las mujeres no solo se movilizaron desde la periferia o desde la retaguardia, sino que también se involucraron dentro de la Cartagena revolucionaria, asumiendo roles de género poco ortodoxos que fueron invisibilizados por los insurrectos. Aparte de que muchas no aceptaron o no pudieron huir de la ciudad como se les instaba desde la junta revolucionaria, otras tantas volvieron a Cartagena a las pocas semanas. La radicalización del Gobierno revolucionario se acompañó de un cambio de tono hacia ellas: el 29 de octubre de 1873, el diario del Cantón publicaba un texto abogando por la «educación de la mujer y su emancipación legal», como una de las «principales reformas» defendidas por la junta. En el mismo periódico, se daba publicidad a una treintena de «ciudadanas» por producir hilas para los heridos del hospital. También se les agradecía la preparación de la sopa colectiva y la confección de sacos de pólvora. Para esta última tarea de carácter poco femenino, las mujeres trabajaban en el parque de artillería de la ciudad, donde durante el bombardeo arriesgaban tanto sus vidas como los hombres que defendían las fortificaciones. El 6 de diciembre de 1873, la explosión del parque de artillería ocasionó de trescientas a cuatrocientas muertes entre mujeres, niños y ancianos. Las mujeres no solo ocuparon la primera línea del combate desde estas tareas peligrosas, ingratas y poco reconocidas, sino que algunas de ellas también acabaron tomando las armas en las fortificaciones.

Los hombres insurrectos dieron poca publicidad a esta participación femenina no adecuada con el rol previsto de buenas esposas, protegidas y rescatadas por los hombres durante el bombardeo. La dificultad para mantener a las mujeres en el guion previsto se manifestó más que nunca en la lucha del Gobierno cantonal en contra de la prostitución. En agosto de 1873, el periódico del Cantón (El Cantón Murciano) publicó noticias sobre la presencia de «mujeres de mala vida» en la plaza y sobre la extensión de las enfermedades venéreas entre los enfermos del hospital cantonal. La Junta intentó expulsar no solo a las prostitutas, sino incluso a todas las mujeres solteras o sin relación de parentesco con los hombres del Cantón. Sin embargo, tuvo que abandonar la lucha, probablemente porque la masa de los combatientes solteros (caso de la gran mayoría de los hombres refugiados en Argelia) no tenía mucho interés en reprimir una práctica que les aseguraba el confort sexual y afectivo.

La proliferación de solteras en Cartagena tenía las mismas raíces que la de los soldados, marineros y presidiarios en la ciudad. Llamando a cientos de miles de hombres jóvenes a servir en el Ejército, o castigándoles por su indisciplina en el presidio, el Estado también abocaba a las mujeres de las mismas generaciones a un celibato masivo. En tiempos normales, las jóvenes solteras eran las mujeres más activas (entre las distintas clases de edad femenina) en el mercado de trabajo, tanto doméstico como de servicio o industrial. Cartagena se presentaba para ellas como un buen núcleo de empleo: una nutrida burguesía local, dedicada a la industria minera y al comercio, empleaba a cientos de criadas, nodrizas, lavanderas y costureras, mientras que las vendedoras de todo calibre aprovechaban el estado floreciente de la economía urbana. Desde el principio del Cantón, la huida de las familias burguesas de Cartagena se tradujo en un paro femenino masivo. Habitual para las jóvenes más precarias en tiempos normales, la prostitución se presentó como uno de los únicos recursos para las mujeres de la ciudad después del principio del asedio. Los miles de hombres solteros involucrados en la insurrección podían pagar, si no en metálico (eran poco y mal pagados), en servicios: a cambio de favores sexuales podían ayudarlas a acceder a la distribución de alimentos (solo prevista para las familias de los combatientes) o a participar en el mercado negro que parece haber florecido durante el asedio. Estas mujeres abocadas a la prostitución fueron sin duda víctimas de la situación. Pero también habría que considerarlas como actoras del proceso revolucionario, ya que, con toda probabilidad, parte de ellas también confeccionaron la sopa colectiva del Cantón, los sacos de pólvora o subieron en última instancia a las murallas.

El problema planteado por las prostitutas del Cantón acaba siendo el mismo que el de los soldados o presidiarios mantenidos fuera de la historia del movimiento obrero: ellas también eran trabajadoras movilizadas. Como enseñó la epistemología feminista desde los años 1970, entender mejor el concepto mismo de trabajo impone tener en cuenta las formas fronterizas del trabajo femenino: precario, inestable, discontinuo, se caracteriza también por el carácter borroso de los límites entre lo público y lo privado, lo pagado y lo gratuito, lo profesional y lo emocional, lo productivo y lo reproductivo y, finalmente, lo económico y lo sexual. En este aspecto, las trabajadoras solteras y precarias de la Cartagena revolucionaria merecen, a su vez, participar en el relato renovado de la historia global del trabajo y de los movimientos sociales. Visibilizando todas las cadenas de dependencia entre el Cantón y su retaguardia femenina, la revolución deja de aparecer como un núcleo local de combatientes casados conectados con una red familiar más amplia. Era más bien un movimiento mixto en el que se involucraron solteros y solteras y, finalmente, trabajadores subalternos de todo tipo y de ambos sexos.

El trabajo de desmemoria del Cantón de Cartagena inventó una rebelión distinta de la que había tenido lugar. Esta revisión consistió en reducir las miras del proyecto cantonal a lo más local, como si a los rebeldes solo les importara la defensa de la pequeña patria regional. Sin embargo, la proporción de los refugiados cantonalistas en Argelia naturales de la ciudad de Cartagena no llegaba al 10 %, solo el 20 % había nacido en toda la provincia de Murcia y un tercio si añadimos a Murcia las provincias de Almería y Alicante. Incluso tomando el entorno regional en su máxima acepción, más de dos tercios de los refugiados cantonalistas venían de fuera de la región.

A la imagen asociada con la revolución cantonal, la de una sociedad local arraigada en su terruño, parece necesario oponer la de un mundo popular muy móvil, sometido a dinámicas a las que intentaba resistir, y que eran en gran parte impuestas por los Estados imperiales y por la globalización económica. La guerra colonial contra los independentistas cubanos aparece como un importante punto de arranque de la insurrección de Cartagena. Forzando a cientos de miles de reclutas de toda la península a atravesar el charco para un viaje a menudo sin retorno, el imperio español llevaba a muchos jóvenes —tanto hombres como mujeres— a la resistencia. La oposición al Estado militarista e imperial favorecía la circulación de ideas de autonomía política, de federación y de abolición de la esclavitud entre las dos orillas del Atlántico. Después de 1872, la guerra carlista reforzó estas dinámicas frente a la presión de las quintas y del Ejército. Mientras tanto, la construcción del colonialismo francés en Argelia, así como la globalización de las economías, fomentaba las migraciones temporales hacia Orán. Las migraciones masivas de trabajadores, tanto libres como forzados, participaban de los cambios de roles de género e incitaban a las mujeres a implicarse políticamente.

Como lo repetían en su periódico El Cantón Murciano, los insurrectos de Cartagena pensaban escribir una gran página de la historia mundial, equiparable con la lucha de la antigua Cartago contra Roma. Esta ambición se basaba en un proyecto político nada localista. Consistía primero en fundar una federación española basada en la autonomía política de los cantones, una aspiración retomada de las propuestas antillanas de autonomía y aplicada a todo el imperio. También se expresaba en el Cantón la aspiración a una república social capaz de mantener a raya a los parásitos del Estado, especialmente a los oficiales del Ejército que pretendían reducir a los trabajadores al papel de autómatas al servicio del imperio, y a las trabajadoras en víctimas colaterales de la guerra. Esta aspiración se inspiraba a su vez en las ideas comunalistas e internacionalistas que circulaban entre las clases populares, tanto obreras como campesinas, con su aspiración a la asociación de todos los trabajadores del mundo dentro de una forma de «federación minúscula». Lejos de la política del terruño, fue precisamente la ambición universal de los insurrectos la que provocó, entre otras reacciones, la intervención de los poderes europeos para parar en seco tal clase de movimiento.