La identidad como elemento explicativo de los fenómenos sociales proviene de las ciencias sociales y se ha extendido a diferentes disciplinas. Teóricos prominentes como Castells (2010) y Giddens (1997) reconocen la identidad como un proceso de construcción de significados que se vale de distintos elementos (historia, geografía, instituciones, poder) para ser, eventualmente, estratégicamente utilizada en debates públicos. Por ello, la identidad puede entenderse como una categoría social, un proceso mediante el cual pueden construirse, producirse, reproducirse y manipularse muchos significados sociales. Asimismo, la identidad pude predicarse de individuos o grupos. En ese mismo sentido, el objeto de análisis pueden ser entes específicos o abstractos; por ejemplo, los individuos, el Estado o agrupaciones conformadas por estos entes.

Maldonado y Olivia (2010: 231) se refieren a la identidad como «un sentimiento de mismidad y continuidad». Esta definición desde el psicoanálisis inspira reflexiones desde el quehacer político. Así, refiriéndose a los Estados, algunos autores conciben la identidad colectiva como una de las dimensiones de la definición de Estado según la cual los tomadores de decisión (líderes) procuran «crear y reproducir una «identidad colectiva», un «nosotros» (O´Donnell, 2010: 105). En consecuencia, los Estados buscan diferenciarse de otros, configurándose como un indicador de la credibilidad de la ciudadanía, nación o pueblo del Estado mismo (íd.). En esa lógica, la identidad puede conformarse como una variable explicativa de la formación del Estado, desde una perspectiva histórica principalmente (Onuf, 1989; Pfaltzgraff-Jr., 2020). Otros autores exploran el papel del Estado como promotor de identidades colectivas sobre otro tipo de categorías; por ejemplo, de naturaleza conflictiva (Laitin, 1985).

La literatura que se ocupa de las identidades colectivas desde las relaciones internacionales (RR. II.) entiende el lenguaje como una práctica social explicativa de la importancia de las conexiones humanas y sociales mediante el lenguaje de los agentes y la interacción estatal. Así, es valioso comprender los procesos de construcción de las identidades analizando el rol del lenguaje como un mecanismo facilitador de la interacción estatal (íd.).

Al respecto, algunos autores reconocen que las identidades colectivas y la interacción en la comunidad internacional ayudan a entender mejor la conducta estatal de conformidad con las normas, ya sea para interpretarlas o impugnarlas (Wiener, 2008). De otro lado, Bially Mattern (2000) indica que las identidades colectivas pueden ser un instrumento estatal para alcanzar finalidades específicas en un plano doméstico, internacional o transnacional. En ese sentido, la autora reconoce la naturaleza estratégica de las identidades colectivas y, con ello, la necesidad de prestar atención a las prácticas localizadas a partir de las cuales es posible crear y reproducir identidades, como la agencia, el lenguaje, el discurso, las narrativas y el poder (Bially Mattern, 2000). En segundo lugar, para Bially Mattern es vital reconocer la seriedad teórica y metodológica que demanda el estudio de las identidades porque contribuye a llenar los vacíos reportados en la literatura sobre su fuente (Bially Mattern, 2005).

Por lo anterior, vale la pena explorar las múltiples formas como «el lenguaje moldea la política internacional» (Checkel, 2013: 228), pues es a través de esa práctica como la agencia humana interactúa estructurando narrativas y otorgándole un sentido a los contextos políticos en los cuales son entretejidas, como en el caso de las narrativas de la cooperación y su recepción y adaptación por parte de los agentes estatales e internacionales (Guerra-Barón, 2023).

Específicamente, esta pieza busca responder cómo y por qué los agentes estatales de algunos Estados participan en la creación de esquemas regionales y configuran una política identitaria diferenciadora valiéndose del lenguaje. Además, quiénes son la fuente de tales identidades. Para acotar esas preguntas, este artículo dimensiona el papel del lenguaje político estructurado por los posibles presidentes suramericanos involucrados en configurar un esquema regional denominado la Alianza del Pacífico (AP). Así, esta pieza no busca analizar el esquema desde la literatura de la integración regional, sino que recurre a los aportes más relevantes para contextualizar la explicación.

Cronológicamente, el artículo identifica, describe y discute una etapa inicial de gestación de ese esquema (abril, 2010-octubre, 2011) que, a pesar de ser anterior a la fecha oficial de lanzamiento (2012), explica los arreglos discursivos de los agentes involucrados y las razones detrás de ellos. Metodológicamente, esta pieza se apoya en el análisis crítico del discurso (ACD) desde la psicología social a partir de un archivo conformado por más de seiscientos discursos, permitiendo así develar las redes narrativas a partir del lenguaje tejido por y entre los agentes.

Algunos estudios sobre las identidades desde las RR. II. recogen perspectivas provenientes de la sociología y la psicología social de los autores más prominentes en esas áreas del conocimiento (Goffman, 1956; Tajfel, 1981, 1982; Onuf, 1989). En efecto, el aporte de Tajfel ha influenciado los análisis que explican la construcción de identidades (étnicas) por parte de las élites en los conflictos étnicos (Kaarbo y Ray, 2011). El trabajo de Tajfel también ha inspirado investigaciones que han indagado por el papel de las identidades estatales en relación con el orden internacional (Mercer, 1995), mientras que algunas reflexiones se han ocupado de las dinámicas de la integración suramericana (Dubé y Thiers, 2017). En un sentido similar, otras investigaciones explican la conformación de esquemas regionales en torno a las identidades colectivas desde una perspectiva constructivista, como lo recrea Prieto (2020) y Prieto y Aguirre (2022) refiriéndose a la Comunidad Andina (CAN), entre otros esquemas regionales.

La particularidad del análisis de las identidades colectivas desde las RR. II. radica en la necesidad de localizar las inquietudes al integrar aspectos domésticos para comprender el proceso de construcción de esas identidades, los cambios que experimenta y las expresiones narrativas. Excepto por la evidencia empírica, metodológica y analítica que ofrece Bially Mattern (2008), son limitados los trabajos que recurren a las identidades colectivas desde esa disciplina. El trabajo de Bially Mattern se ocupa de aspectos más allá de los Estados, sus intereses y conductas; así, supone comprender que existen distintas concepciones del poder como práctica.

Acogiendo los debates en la teoría política sobre las «caras del poder» en las RR.II., es posible distinguir el poder compulsivo, institucional, cultural y productivo (Barnett and Duvall, 2005; Bially Mattern, 2008), aunque en RR. II. no existe una concepción única al respecto (Bially Mattern, 2008). El valor explicativo de entender la dimensión productiva del poder consiste en la posibilidad que ofrece de fijar la atención en la capacidad que tienen los «discursos de «crear significados sociales» (ibid.: 693). Con esto, la riqueza esclarecedora de la concepción productiva del poder se aprecia indirectamente en los planteamientos hechos por la teoría crítica de las RR. II. cuando indaga cómo un orden llegó a prevalecer o cómo ha sido el proceso de cambio. Y, si acaso, ¿el orden es susceptible de ser cambiado? (Cox, 1981). Así, la asociación del poder productivo con la teoría crítica facilita comprender que las dinámicas del poder se aprecian en la forma como se estructuran los proyectos colectivos y las interacciones entre los actores (Späti, 2016), principalmente, cuando se trata de los Estados. Con lo cual, un marco teórico crítico ayuda a examinar y analizar el poder expresado a través de las relaciones entre los agentes construidas y manifestadas en el lenguaje y expresadas en los discursos y, potencialmente, en sus narrativas.

Indudablemente, el lenguaje es el medio ideal para comprender cómo se conciben los órdenes y los cambios. De hecho, si las identidades colectivas se entienden como «el resultado de un proceso de construcción y reconstrucción» (Misses-Liwerant, 2022: 9), el lenguaje es el mecanismo que por naturaleza permite concebir la naturaleza cambiante y dinámica de las identidades colectivas. Además, junto a las identidades, estas prácticas sociales dinámicas moldean el mundo social (Jørgensen and Phillips, 2002). Así, el entendimiento de los hechos sociales se constituye por la estructura del lenguaje, como señala Ludwig Wittgenstein (1953). «El lenguaje [comprende] el todo y las actividades en las cuales es tejido» (Wittgenstein, 1999, p. 11, PI §7); funciona «imbricado en la vida», espacio y tiempo de aquellos que lo usan (McGinn, 2012). Junto al lenguaje, el complejo sistema de prácticas que vinculan a una comunidad es una «forma de vida» (Wittgenstein, 1999: 11, PI §23). El juego del lenguaje implica situar y personalizar el uso y finalidad dado por los agentes inmersos en un contexto político (doméstico, regional e internacional). Entonces, el lenguaje no es algo externo a la realidad, sino que la construye a partir de la interacción. Como señala Robles (2017: 85) cuando trae el aporte de Wittgenstein en su labor de alejar el concepto de «significado» de las tendencias racionalistas, ostensivas y «pictóricas» predominantes, este procura analizar los modos del uso del lenguaje, refiriéndose a las «prácticas lingüísticas» (ibid.: 86). Así, las reglas del lenguaje de Wittgenstein aluden a la «praxis intersubjetiva» (íd.), en la cual los partícipes se entrenan para participar en los juegos denotando las consecuencias de las prácticas lingüísticas. Por tanto, tomando la interpretación de Robles (2017) sobre Wittgenstein (1953), es posible señalar que las significaciones y su calidad son indicadores de la identidad de cada hablante y, consecuentemente, de los elementos diferenciadores de las expresiones que aplican para casos concretos. En esa lógica, cada significación tiene una identidad: «un indicador de diferencia con respecto a otro u otros usos u otros hablantes» (Robles, 2017: 87).

Como señala Bially Mattern (2000), hay abordajes eminentemente teóricos que subestiman la complejidad de las identidades internacionales y no cuentan con un método. En consecuencia, se desconocen las fuentes del contenido de las identidades; por ejemplo, quiénes las moldean (Lebow, 2016). Para descifrarlo, es valioso recurrir al lenguaje configurado políticamente.

El discurso suele asociarse como un canal descriptor de la realidad (Jørgensen y Phillips, 2002); un evento comunicativo que incluye cualquier dimensión de significación: las acciones situadas en el tiempo y el espacio, los participantes, su conocimiento, entre otros (van Dijk, 2015). El discurso puede tratarse de una colección de textos relacionados (Newmark, 2002), sean escritos o no (Meyer, 2001; Newmark, 2002). Igualmente, incluyen gestos asociados, imágenes o contenido multimedia (Van Dijk, 2015). Por lo tanto, los discursos se ubican socialmente y solo pueden entenderse al relacionar la situación social, la acción y el actor (íd.).

En términos generales, el análisis de discurso consiste en «recuperar» cualitativa e interpretativamente «los significados del lenguaje que los actores usan para describir y entender los fenómenos sociales» (Abdelal et al., 2009: 6).

Como señala Guerra-Barón, el análisis del discurso puede adoptar distintas formas, pero varían teórica y metodológicamente, pues existen distintas aproximaciones al respecto, como ilustran Jørgensen y Phillips (2002). Es el caso de Thomassen (2019), quien presenta un análisis detallado de los autores que se apoyan en la teoría del discurso de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe para abordar críticamente el análisis (Laclau y Mouffe, 1987), mientras que otros estudiosos acogen el análisis crítico del discurso a partir de la lingüística (Fairclough, 2001, 2005, 2010; Meyer, 2001; Wodak, 2001; Fairclough y Fairclough, 2012). Este artículo, en cambio, es una apuesta por dimensionar los aportes de la psicología social enfocada en la dimensión discursiva (Potter y Wetherell, 1987; Potter et al., 2003; Wetherell, 2009, 2010); también en la retórica y el lenguaje situado porque ofrecen herramientas metodológicas sofisticadas para extraer las narrativas a partir de los discursos.

Las ventajas que ofrece el ACD aplicado a entender las identidades colectivas como representaciones narrativas proviene de la propuesta que hace la psicología social de combinar simultáneamente dos niveles de interacción: uno micro (a nivel intragrupal) y otro macro (a nivel societal) (Van De Mieroop, 2015). Atendiendo la naturaleza del fenómeno que este artículo aborda, los niveles de interacción explicativos, aunque yuxtapuestos, asocian elementos de orden doméstico con otros de naturaleza regional y global. Así, en contraste con la perspectiva de Fairclough, quien no desarrolla análisis estrictos sobre la interacción intragrupal (Jørgensen y Phillips, 2002; Guerra-Barón), esta pieza no enfatiza el análisis lingüístico o la idea de que los textos y conversaciones expresan la cosmovisión de las personas (Potter et al., 2003). En un sentido similar, el artículo no pretende analizar los arreglos ideacionales ni institucionales reflejados en los documentos constitutivos oficiales del esquema regional objetivo.

En un esfuerzo por asociar el estudio de las narrativas con las RR. II., algunos autores señalan que la narratología y las teorías narrativas influenciaron aquella debido al «giro lingüístico» experimentado en las ciencias sociales (Sadriu, 2021: 3). Para Sadriu, la narrativa es «un ejercicio en el entendimiento sobre las formas en las cuales el lenguaje humano es inmensamente complejo y yuxtapuesto» (íbid.: 5), sugiriendo, como señalan otros estudios (Guerra-Barón, 2023; Guerra-Barón), que las narrativas son sinónimos del análisis del discurso. Sin embargo, la revisión teórica de Sadriu evidencia la influencia de la «narratología» en aproximaciones críticas y agendas postpositivistas (Sadriu, 2021: 5).

Para dimensionar la significancia del surgimiento de la Alianza del Pacífico (AP), es necesario situarse cronológicamente a inicios del siglo xxi , en un contexto político regional suramericano contestatario de la presencia de los Estados Unidos (EE. UU.), su concepción de democracia y del modelo económico neoliberal diseminado en la red de acuerdos internacionales de inversión tejido con los socios políticos tradicionales y los hipotéticos efectos de lo que hubiera sido la puesta en marcha de un área interamericana de libre comercio. En medio del polarizado orden político suramericano sobre la conveniencia e inconveniencia de acoger las fórmulas económicas estadounidenses, y de cuestionamiento al liberalismo y al neoliberalismo como modelo económico, emerge la AP con el objetivo de crear un área de integración profunda (AIP). La AP puede entenderse como un esquema regional multidimensional originalmente conformado desde Bogotá, Lima y Santiago de Chile a partir de la convergencia de concepciones de desarrollo compartidas por los presidentes de Colombia, Chile, Perú, más México en el año 2011 (Alianza del Pacífico, 2011) en torno a un conjunto de afinidades geoeconómicas y geopolíticas que operaron como elemento aglutinador públicamente manifestado en el Palacio de Gobierno de Lima (Perú) (Guerra-Barón, 2020).

La naturaleza geoeconómica de la conformación de la AP explica que buena parte de las investigaciones y reflexiones se concentren en la dimensión internacional del comercio y la inversión y en los arreglos institucionales. No obstante, algunas contribuciones desde la economía política internacional presentan una mirada explicativa amplia el devenir del regionalismo latinoamericano a partir de las teorías del desarrollo y el regionalismo. En este sentido, una obra colectiva identifica las etapas, las olas y los debates insertos a partir de las ideas yacentes en la industrialización por sustitución de importaciones, pasando por el regionalismo abierto, cerrado y por la actual etapa postliberal o posthegemónica (Quiliconi y Rivera, 2022). Sin detenerse en el lenguaje de la agencia ni en las narrativas, los autores constatan que la producción académica de la escuela de la economía de política internacional se ha condensado en el desarrollo y la inequidad social e internacional para explicar la «inserción internacional de la región en términos de la integración regional y el regionalismo» (Quiliconi y Rivera, 2022: 157).

En efecto, los estudios sobre la AP no escapan de esa descripción; de hecho, los arreglos institucionales y la cosmovisión ideológica de los presidentes partícipes en la creación de la AP han merecido un número significativo de contribuciones desde distintas orillas del conocimiento. Por ejemplo, algunos textos analizan los objetivos y creación de la AP desde una perspectiva institucional comparada, orientándose en la explicación del objetivo institucional, la creación del AIP, desde la inversión, el comercio internacional y su eventual entendimiento como un intento de «OMC plus»: los retos, el alcance y una eventual dirección (Sauvée et al., 2019). Así, la contribución limita la explicación a la gobernanza institucional y se detiene en los tecnicismos del comercio y la inversión, tendencia similar siguen otras contribuciones específicas (Roldán, 2015; Vieira, 2015).

Este artículo se aleja de análisis institucionales y técnicos para dimensionar el uso del lenguaje y la interacción en el proceso de construcción de la AP a partir de los relatos de los individuos involucrados en la creación del esquema. Sin duda, cualquier abordaje sobre el lenguaje de los agentes y actores involucrados en la creación de la AP debe situarse en la etapa postliberal o posthegemónica en la cual emerge. El balance de la última década del siglo xx y la primera del xxi muestra la necesidad de los Estados de aglutinarse en esquemas regionales en los cuales haya compatibilidad entre sus visiones domésticas sobre la noción de desarrollo y los mecanismos para alcanzarlo; así como la falta de consistencia entre el modelo de desarrollo que fijan algunos países y la permanencia en esquemas regionales que critican sin abandonar.

En esa época, coexistían varias narrativas gubernamentales impregnadas de los elementos ideacionales de los presidentes del momento, además de las pasiones y deseos.

El ACD constata la indudable incidencia de la cosmovisión del presidente venezolano Hugo Chávez (1998-2013) en el entendimiento de los presidentes de Perú y Chile de ese entonces, debido a los efectos nocivos de la extrapolación de su discurso en la región, especialmente en el Sur, y de los riesgos de la diseminación transregional de su concepción de Suramérica (Guerra-Barón, 2020). Así, para Alan García (Perú), el lenguaje chavista y la construcción de un nuevo orden regional suramericano antiestadounidense fue decisivo en la necesidad de moldear a la AP como un esquema regional contestatario de la cosmovisión del gobernante venezolano (íd.).

La proyección caribeña y suramericana de las ideas chavistas se evidenció secuencialmente en sus posturas creadoras y desafiantes sobre la razón de ser de la integración. Esto se constata en su oposición a la propuesta de EE. UU. de crear el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en la III Cumbre de las Américas (abril, 2001), respaldada por Argentina y Brasil. Igualmente, la propuesta venezolana presentada durante la Asociación de Estados del Caribe (diciembre, 2001) sobre la conformación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) simbolizaba el imaginario de una subregión desarticulada de las prácticas aperturistas promulgadas desde Washington.

Con esto, la cosmovisión de Chávez sobre el ALBA indicaba los principios que debían guiar la integración en ALC. Los siguientes ejemplos ilustran su visión al respecto a partir de las ideas de Simón Bolívar, sustento ideológico de la revolución bolivariana (Chávez, 2002):

Así, la cosmovisión de Chávez sobre el deber ser del relacionamiento internacional caribeño era susceptible de extenderse a Suramérica, sustentado en la idea de la unidad en medio de la diversidad mediante un direccionamiento político más que tecnocrático. Su postura sobre el ideal de la integración era política y se apoyaba en la categorización hecha de los esquemas regionales del siglo xx que ejemplificaban el «fracaso» por ser inspirados en el «capitalismo neoliberal» elitista de la región (Chávez, 2002).

Dada la afinidad ideacional entre Fidel Castro (Cuba) y Chávez, y la decisión mutua de ampliar y modificar el Convenio Integral de Cooperación prexistente (2000), Cuba apoyó la proyección del ALBA (íd.). Se articuló una narrativa castro-chavista en torno a los principios de ese esquema: solidaridad (mutuo beneficio), comercio compensado y complementación productiva (Chávez y Castro, 2004). También, las acciones para alcanzar una integración real.

En la región andina, la identificación del presidente boliviano (Evo Morales, 2006-2019) con la concepción del deber ser de la integración en ALC y con los principios y acciones concordes señaladas en el ALBA no dio espera. Morales, quien se autoidentificaba como un «indígena-originario-campesino», construyó el discurso de la cultura de la vida y acuñó el término «tratado de comercio de los pueblos» (TCP) como una contra narrativa a la identidad impuesta por el Norte y las prácticas aperturistas de EE. UU. Los siguientes ejemplos ilustran la postura de Morales (Morales, 2009):

Resultaba razonable que la afinidad ideacional y propositiva encarnada en el ALBA encontrara en Bolivia un aliado. De manera similar, el presidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) auto promovía su Gobierno como uno «de izquierda», pero «moderno» y «con sentido común», dispuesto a recibir inversión extranjera, especialmente chilena. La correspondencia de Correa con las prácticas del ALBA-TCP se tradujo en el ingreso de Ecuador (2009) hasta su retiro nueve años después, a raíz del cambio de Gobierno (ALBA-TCP 2018).

Para el año 2010 era evidente la conformación de un nuevo orden regional suramericano nutrido por el lenguaje de Chávez y acogido progresivamente desde Centro América y el Caribe hasta la región Andina. En el resto de la región, la participación de Brasil, con la presidencia de Fernando Cardoso (1993-2002), consistió en apoyar la aspiración venezolana de ingresar al Mercado Común del Sur (MERCOSUR) para converger con la CAN , según el relato del presidente venezolano (Chávez, 2002).

La idea de la unidad suramericana a partir de la generación de espacios de convergencia entre la CAN, el MERCOSUR y Chile en la Comunidad de Naciones Suramericanas (CASA) fue determinante por varias razones. Primero, se materializó en un esquema regional intergubernamental de corte político y económico, solo en sectores estratégicos (energía, infraestructura), y de mayor envergadura, pues incorporaba todos los países suramericanos. Aunque CASA fue una idea promovida por Cardoso y ejecutada por Lula, el lenguaje del esquema simbolizó marginalmente la perspectiva chavista sobre la unidad, como se ilustra a continuación (Declaración del Cusco, 2004).

La extensión de la representación chavista de la integración se constató cuando Caracas sugirió que la CASA adoptara el nombre de Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), en el marco de otras cumbres presidenciales (Cumbre Energética Suramericana, 2007). Chávez sustentó la alusión al término «unidad» por ser una referencia propia de «los libertadores» (Chávez, 2004), con lo cual, la representación de la integración para Chávez se traducía en unidad y autonomía. La alineación de Bolivia y Ecuador con respecto a la representación de una integración autónoma, complementaria y solidaria en ALC y materializada en el ALBA-TCP, se evidenció en los discursos críticos de Morales y Correa sobre la visión de la integración de la CAN, a la que reprochaban, sin abandonar. Como se ilustra a continuación, Morales se refería enfáticamente al acuerdo comercial CAN-Unión Europea [UE]:

Cuando las concepciones sobre la idea de la integración al interior de la CAN devinieron irreconciliables, Venezuela se retiró del esquema (2006) e ingresó al MERCOSUR (2012), hasta su suspensión debido a la «ruptura del orden democrático» (Mercado Común del Sur, 2017). Por su parte, Bolivia fue aceptada en el Grupo del Sur (2012), sin retirarse de la CAN. Como era de esperarse, la identificación de Bolivia y Ecuador con la representación de la integración al estilo ALBA se consolidó parcialmente con su ingreso. Este caso de recesión democrática (Diamond, 2015) enriqueció el surgimiento de distintos calificativos desde la literatura del regionalismo.

Los elementos distintivos del ALBA-TCP se dilataron en la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC), cuyo tratado constitutivo (2011) también apelaba al Congreso Anfictiónico de Panamá (1826), en el cual Simón Bolívar propuso la creación de la Confederación de los Pueblos Iberoamericanos. Era claro entonces que la CELAC procuraba consolidar una identidad regional de mayor envergadura geopolítica, pero sustentada en el lenguaje del ALBA-TCP.

En cuanto a la UNASUR, las ideas de Cardoso sobre la identidad nacional de Brasil (Burges, 2009) , y el potencial de compartir su autoidentidad continental con la región (Lafter, 2000), fueron determinantes para Lula Da Silva (2003-2010) en su intento por incorporar un sentido de unidad en Suramérica. Aunque algunos autores consideran que la referencia a una identidad suramericana en UNASUR era una «estrategia de mercado» (Spektor, 2010: 34), la alineación con la aspiración de alcanzar la unidad suramericana fue ciertamente recogida en el lenguaje oficial. Actualmente, la UNASUR dista de esa aspiración, pues pasó de ser conformada por todos los territorios suramericanos a reunir únicamente a Bolivia, Guyana, Surinam y Venezuela, tras el retiro de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay (2018), Ecuador (2019) y Uruguay (2020).

Tratándose de los esquemas regionales del siglo xx, la CAN y el MERCOSUR no surgieron con una inequívoca vocación identitaria, ya fuera «andina» o «mercusoriana». Aquella reconocía la identidad cultural y los valores ciudadanos como medios para alcanzar los objetivos de desarrollo social, art. 129 (Comunidad Andina, 1969). Aunque el Grupo Mercosur, así autodenominado originalmente (Mercado Común del Sur, 1991), no incorporó elementos identitarios como parte de su ámbito ni objetivos, la renovación institucional devino en la búsqueda de su propia identidad visual como símbolo de unidad ( Mercado Común del Sur, 2015).

Con esto, las representaciones predominantes sobre la integración en ALC del siglo xxi configuraron dos meganarrativas con prácticas opuestas: una integración endógena conformada desde y para la región, mediante el comercio compensado y la complementación productiva mediante acuerdos comerciales tipo TLC (ver tabla 2), versus una integración exógena asociada a la influencia de EE. UU.

La «integración endógena» demanda la autonomía de los Estados y sus economías y la complementariedad productiva entre los miembros, con un direccionamiento político más que tecnocrático. La integración exógena está orientada por las prácticas aperturistas del modelo económico neoliberal bajo un direccionamiento tecnócrata, con respaldo político.

Si bien el ALBA-TCP refleja la postura castro-chavista sobre el deber ser de la integración regional, el lenguaje oficial muestra que el elemento identitario no es central. Los principios del ALBA-TCP son distintos y los mecanismos para alcanzar la integración endógena son heterodoxos. Aunque el lenguaje oficial contenido en el instrumento constitutivo del ALBA-TCP restringe el elemento identitario a la dimensión cultural únicamente, la idea de la unidad caribeña y suramericana es consistente en los discursos de Chávez. En un sentido similar, la integración exógena compartida por Colombia y Perú en el marco de la CAN se adhiere a las prácticas del modelo económico neoliberal.

Por lo anterior, las narrativas y prácticas situadas en el contexto político suramericano del siglo xxi fueron uno de los elementos impulsores de la idea de conformar la AP y un AIP a nivel regional. En ese sentido, las narrativas develadas y las prácticas visibilizadas en este artículo resultan metodológicamente del ACD del archivo, incluyendo las entrevistas abiertas semiestructuradas sostenidas con los agentes estatales y actores empresariales partícipes directos, observadores y facilitadores del proceso de conformación de la AP de Colombia, Chile y Perú. La metodología descrita permite constatar que los dos presidentes de Colombia (Álvaro Uribe, 2000-2010; Juan M. Santos, 2010-2018) y Alan García en Perú (2002-2010) contaron con el respaldo de Chile (Sebastián Piñera, 2010-2014) para conformar un esquema que permitiría crear un AIP. Así, los resultados de la investigación que socializa esta pieza se alejan de algunas interpretaciones que sugieren que la AP resulta de la idea del presidente peruano, que es aceptada por su par mexicano (Felipe Calderón, 2006-2012), como señala Maya (2016) refiriéndose a Rodríguez y Vieira (2015). Además del análisis (ACD) del archivo, incluyendo una carta manuscrita con comentarios al texto fundacional de la AP del entonces presidente peruano y de las conversaciones con la élite de política exterior colombiana, peruana y chilena, constatan que la idea de conformar un esquema regional por naturaleza distintivo del ALBA-TCP fue estratégicamente concebida, socializada y oficialmente difundida desde Lima (Guerra-Barón, 2020).

Por lo anterior, el lenguaje y las narrativas construidas por los agentes estatales creadores de la AP se erigen sobre la asignación de significados estratégicamente forjados por la presidencia peruana con el soporte de la tecnocracia de ese país. Así, los rasgos identitarios de un esquema regional no solo reposan en las narrativas de la cooperación global articuladas por bancos de desarrollo regionales, siendo el Banco Interamericano de Desarrollo el protagonista (Guerra-Barón, 2023), sino en las prácticas seleccionadas por los agentes decisores peruanos con apoyo de los actores empresariales de ese país (Guerra-Barón, 2020). En síntesis, la evidencia muestra que la dirección e involucramiento presidenciales sobre lo que representaría la AP fue estratégica, personalizada e incluso emocional.

Este artículo visibiliza la importancia de traer elementos intangibles al análisis de los fenómenos regionales como extrapolación de los elementos domésticos. En ese sentido, esta investigación respaldó y ofreció elementos analíticos y empíricos a la propuesta de Checkel sobre la necesidad de traer a colación múltiples formas, como «el lenguaje moldea la política internacional» (Checkel, 2013: 228). Esta propuesta teórica inspiró buena parte de los cuestionamientos planteados sobre cómo y por qué la élite política y empresarial decide agruparse regionalmente y, yendo más allá, moldear un esquema regional con un contenido identitario diferenciador mediante el lenguaje. Con lo cual, las micro-élites político-empresariales se convirtieron inconscientemente en hacedores o constructores de identidades regionales.

La evidencia confirmó que analizar el lenguaje no es suficiente si no se contextualiza políticamente a nivel doméstico y regional. Como señala Wittgenstein (1953), el lenguaje debe situarse y contextualizarse, pues los actores le dan un significado; así, la atribución de los significados moldeados por la presidencia peruana y dotados de contenido por la tecnocracia de ese país, se reflejan en las narrativas develadas. Además, este artículo constató la importancia de abrir la mente y comprender que los elementos institucionales por sí solos evidencian los arreglos alcanzados, mas no necesariamente develan elementos explicativos esenciales de las etapas previas a la institucionalización de los acuerdos. Así, la pieza confirmó que para entender la importancia del lenguaje y las representaciones compartidas por los presidentes protagónicos de la creación de la AP era necesario indagar por años anteriores a la fecha oficial de su creación.

La riqueza conceptual del interaccionismo simbólico y la TIS resaltó la importancia de incorporar el lenguaje, las dinámicas de interacción entre los agentes y su rol en la visibilización de las prácticas constitutivas como un elemento generador de una identificación grupal. Con esto, al trasladar los elementos conceptuales de la TIS para analizar las dinámicas suramericanas en la construcción de la AP fue posible decantar la centralidad de los procesos de identificación y categorización en la configuración del grupo. Con lo cual, la identidad tiene el potencial de explicar la conducta estratégica de los Estados, el poder y las dinámicas de interacción entre ellos.

El artículo expuso los elementos esenciales de las etapas iniciales de gestación de la AP, descubrió la necesidad de situar prácticas, como el lenguaje y las narrativas, en una red de interacción social compleja, integrada y superpuesta.

Haber concentrado y asociado el lenguaje, los discursos y las narrativas ayudó a comprender el rol que tuvieron como prácticas explicativas de la estructuración de las contrastantes representaciones sobre el deber ser de la integración suramericana del siglo xxi y las prácticas asociadas a cada una de ellas. Por ello, haber incorporado la cosmovisión de los agentes, partiendo por los presidentes mismos, sobre la extensión del imaginario de Chávez en el ALBA-TCP y la CELAC, fue uno de los elementos impulsores regionales más significativos que activaron la idea inicial de conformar la AP.

La difusión de la imagen de Suramérica como una región que respondía a un enfoque predominantemente endógeno activó un proceso de autoidentificación de los presidentes de Colombia, Chile y Perú. A su vez, aquel devino en una identificación colectiva sobre la concepción de la AP como un espacio subregional nuevo, distinto y alejado de la mega narrativa de una integración endógena. La concepción de configurar a la AP como un esquema regional guiado tecnocráticamente, pero respaldado políticamente, se evidenció en la narrativa técnico-política articulada por García para configurar un orden regional distinto y diferenciable. En esa lógica, en términos narrativos, la narrativa política liderada y acuñada por García vendría a ser una contranarrativa al lenguaje y la categorización de la cual estaba siendo objeto Suramérica hacia el final de la primera década del siglo xxi. Con lo cual, la contranarrativa procuraba generar un orden regional contrastante y alejado de las prácticas chavistas.

Metodológicamente, el ACD desde la psicología social ayudó a comprender la naturaleza continua, dinámica e inacabada de la identidad colectiva como categoría social que se expresa narrativamente a partir del lenguaje y de la interacción entre los distintos agentes estatales y actores (no estatales) involucrados en su construcción. Constatando, así, la incidencia de las narrativas regionales identificadas en la conformación de un sistema regional diferenciador.