MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PODER EN LA
TRANSICIÓN ESPAÑOLA. PRESENCIA DEL FRANQUISMO
EN EL ACCIONARIADO DE LOS MEDIOS (1975-‍1989)

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

La Transición española es uno de los procesos históricos más influyentes en la historia contemporánea de España y base del actual sistema. Con la muerte de Francisco Franco, España iniciaba un proceso hacia la democratización del país a través de un camino reformista que transformó las instituciones franquistas en una democracia occidental equiparable a la de otros países de su entorno.

Los medios de comunicación fueron parte del proceso. Aunque los medios venían iniciando la transición desde la aprobación de la ley Fraga en 1966, vivirán intensamente los años de la transición política. Los medios masivos apoyaron la Transición española y salvaguardaron la finalidad del proceso: una democracia de corte liberal amparada en la economía de mercado (art. 38 de la Constitución española). Una de las premisas de la Transición era no remover el pasado más reciente, entre otras cosas porque la conducción de la misma estuvo hecha por fuerzas aperturistas procedentes del régimen. Los medios apoyaron el proceso democratizador asumiendo también estos postulados.

II. MARCO REFERENCIAL Y CONTEXTUAL[Subir]

III. METODOLOGÍA: EL ENFOQUE ESTRUCTURAL[Subir]

Como se ha visto, la prensa es un instrumento histórico de doble vertiente. Por un lado, es un objeto de estudio en sí mismo; por otro lado, es una fuente que consultar para otro objeto de estudio. En ambos casos, debe entenderse que un medio de comunicación no es un ente abstracto que simplemente difunde información. La información pasa por un proceso humano, determinado por la línea editorial del medio. Hay un proceso de newsmaking (‍‍Altheide, 1976), que establece los criterios de noticiabilidad, lo que acaba conformando también una agenda-setting (‍‍McCombs y Shaw, 1972). Y, lo más interesante desde la óptica de este trabajo, existe un elemento que interviene en todos los procedimientos anteriores: los propietarios del medio, sus accionistas.

Para Iglesias (‍‍1980), esto es lo que conforma la personalidad del periódico. Se trata de una información clave para el estudio de la prensa, no solo como objeto en sí, sino también como fuente. Conocer los propietarios de un medio permite comprender parte fundamental del contexto por el cual unos mensajes determinados aparecen en él. Dada la importancia que los medios tienen en la opinión pública y la instrumentalización que de ellos se ha hecho en ocasiones, no basta con que el estudio de la propiedad de un medio se quede en el nombre de una persona o una empresa concreta. Porque, tal y como se ha expuesto en el marco referencial, los medios de comunicación se han relacionado con el poder desde su nacimiento.

Para comprender esa compleja relación, el enfoque estructural es el método base más acorde. Para Reig (‍‍2011), el enfoque estructural conlleva atender a los diferentes fenómenos que pueden intervenir en el objeto de estudio analizado. La estructura de poder posee varias esferas, interrelacionadas entre sí, con diferentes jerarquías. Existe un poder económico, un poder político, un poder mediático, como expone Ramonet (‍‍1998), que considera que el económico subordina a los otros dos. Todos estos poderes, además, poseen una trayectoria histórica. Para el caso de la Transición española, la relación histórica más reciente es la dictadura franquista. Por ello, esta investigación ha observado las conexiones de los propietarios de los medios con el franquismo.

Entendemos por propietarios aquellas personas que poseen acciones en la empresa periodística. Pero no es el único órgano de poder en una empresa. También existe el consejo de administración, compuesto por los consejeros que salen designados de la junta de accionistas. Es decir, los accionistas eligen a los consejeros que dirigirán la empresa con mayor cercanía. Un consejero no tiene por qué ser necesariamente accionista. Para Almiron (‍‍2006), el estudio de los consejeros también es interesante porque revela relaciones de poder. Santos-Castroviejo et al. (‍‍2018) estiman que el estudio de ambas figuras, la de accionistas y consejeros, pone el foco en los dos planos de control, el de propiedad y el de decisión. El estudio de los propietarios de los medios de comunicación también es de utilidad para conectar las redes de poder en un determinado periodo histórico (‍‍Cárdenas, Robles-Rivera y Martínez-Vallejo, 2020). Baena (‍‍1999) identificó que la prosopografía, esto es, el análisis de biografías individuales y colectivas en su trayectoria histórica permite acercarnos a la comprensión de las élites. Son aspectos claves en un trabajo que revisa la presencia del franquismo en las principales empresas periodísticas de la Transición española, proceso democratizador que emerge de la propia dictadura.

Delimitadas las figuras que analizar, el siguiente paso fue establecer qué empresas periodísticas compondrían la muestra. Hay una obra precedente (‍‍Bustamante, 1982) que analizó el consejo de administración de todas las empresas periodísticas de España en el periodo 1978-‍1980. En este caso, al incluir la figura del accionista, el número se hace inabarcable, toda vez que algunas empresas poseen más de un millar, además de contar con un periodo de estudio superior. Por esa razón, se decidió acotar la muestra a las siete principales empresas periodísticas que operaron en España en el periodo 1975-‍1989, esto es, desde el inicio de la Transición hasta el final de la década de los ochenta, fecha en la que se conceden las primeras licencias de televisión privada, lo que abre una nueva fase en la historia de los medios de comunicación en España.

Para la elección de las empresas periodísticas se escogieron las más relevantes. El criterio fue que dispusieran de un medio de comunicación con cobertura nacional y que operasen durante gran parte del periodo analizado, razón por la que las empresas editoras de Informaciones (fenece en 1980) y El Mundo (nace en 1989) no fueron tenidas en cuenta. Así, las empresas seleccionadas fueron Prensa Española, Grupo Godó, Editorial Católica, Grupo Correo, Grupo PRISA, Grupo 16 y Grupo Zeta. En el caso del Grupo Correo, conviene analizar la empresa por su enorme expansión en la década de los ochenta, hasta el punto de comprar varios de los activos de la Editorial Católica, desaparecida en 1988, entre ellos el diario nacional Ya. Para el caso del Grupo Zeta, aunque su diario es de ámbito local y regional (El Periódico de Catalunya), es accionista minoritario en el nacimiento de Antena 3 Radio, una de las principales emisoras surgidas en la Transición. Las empresas seleccionadas recogen tanto empresas periodísticas que conocieron el franquismo (Prensa Española, Grupo Godó, Editorial Católica y Grupo Correo) como empresas periodísticas nacidas en la Transición (Grupo PRISA y Grupo Zeta), así como empresas nacidas en el tardofranquismo con un carácter democrático (Grupo 16). Se descartaron los medios de comunicación pertenecientes al Estado (Radiotelevisión Española, Agencia EFE y MCSE), al considerar que su propiedad es visible.

No se ha encontrado ninguna fuente con todo el listado de accionistas de cada una de estas empresas. En un primer momento se contactó con el Registro Mercantil, pero más allá de los socios fundadores, la compraventa de acciones no es material inscribible, por lo que no podría observarse la entrada de nuevos accionistas. Por esa razón, se optó por hacer una búsqueda de los accionistas por empresas. Estos fueron localizados por obras bibliográficas especializadas en dichas empresas o a través de fuentes hemerográficas. Se trata de obras como la de Iglesias (‍‍1980), Almiron (‍‍2006), Farias (‍‍2000) o Martín Aguado y Vilamor (‍‍2012), entre otras. En cuanto a las fuentes hemerográficas, se obtuvo a través de la búsqueda de noticias de las distintas empresas periodísticas en las hemerotecas digitales de diarios como El País o La Vanguardia. En total, se obtuvo un listado compuesto por 444 accionistas y consejeros entre las siete empresas. Este listado completo se recolectó en un trabajo anterior (‍‍Moya López, 2022).

Si bien no ha sido posible acceder al total de accionistas, la vocación de este trabajo es cualitativa, puesto que se centra en el estudio de conexiones, en la existencia de estas, más allá de su cantidad (dato que también es de interés). Por lo tanto, la muestra a la que se ha accedido es amplia como para tener una visión global del objeto de estudio aquí analizado: la presencia del franquismo en el accionariado de las principales empresas periodísticas españolas en la Transición española y década de los ochenta.

Para este artículo se han tenido en cuenta las conexiones de cada accionista y consejero, en el caso de que las hubiera, con la dictadura franquista. Determinada si existían o no, el siguiente paso fue categorizar cuáles eran. Para ello, se anotaron conexiones que fueran de relevancia, esto es, que respondieran a una voluntad y no a la supervivencia dentro del régimen, entendiendo que son grados distintos de colaboración. Se computaron cargos políticos nacionales (presidencia del Gobierno, ministro, procurador en Cortes…), locales (alcalde, concejal, gobernador civil…), diplomáticos (embajador, cónsul), cargos en otras instituciones franquistas (Consejo Nacional del Movimiento, militancia en Falange…), cargos en la alta Administración (secretarios y subsecretarios ministeriales…), otros cargos de interés y, finalmente, las condecoraciones^‍[1].

Todos los datos se han obtenido con una búsqueda triple: bibliográfica (obras que incluyeran a estos accionistas y consejeros), biográfica (repositorios como el Diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia) y hemerográfica (informaciones aparecidas de ellos en hemerotecas).

IV. RESULTADOS: RELACIONES FRECUENTES Y RELEVANTES.[Subir]

La presencia de cargos franquistas en el accionariado de los medios de comunicación durante la Transición española y la década de los ochenta es frecuente. De los 444 accionistas y consejeros analizados, en 86 de ellos se ha encontrado algún tipo de conexión con respecto a los cargos establecidos en el apartado metodológico. Pero el dato cuantitativo posee menor importancia, puesto que podría variar con una mayor muestra. Los resultados revelan, sobre todo, una relevancia en varios de los accionistas y consejeros mediáticos con respecto a su relación con el franquismo, sea desde el sector aperturista situado en la Administración tardofranquista que luego conduce la Transición como vinculaciones pretéritas con la dictadura.

En primer lugar, debe reseñarse que de las siete empresas analizadas, seis de ellas tienen al menos un accionista o consejero que se relaciona con el franquismo. Todas, a excepción del Grupo Zeta. La explicación es que Zeta es una empresa de carácter familiar eminentemente, que procede de una familia (Asensio) que experimenta un importante crecimiento con el desarrollo económico del tardofranquismo, una burguesía de los sesenta, pero que carece de poder político en la dictadura, aunque se beneficie de las políticas de esta. El Grupo Zeta vivirá su expansión accionarial en 1988, pero esta expansión procede de fuerzas capitales, de un mercado neoliberal, no vinculado a la dictadura franquista. Presenta, pues, notables diferencias respecto a empresas periodísticas familiares como Prensa Española o Grupo Godó, que pertenecen a las familias Luca de Tena y Godó, principalmente, pero que poseen una amplia trayectoria en la élite del país.

Hay otra empresa cuyos cargos vinculados también son menores en importancia. Se trata del Grupo 16. Hay cinco personas ligadas a la dictadura, pero todas ellas con cargos de segundo nivel o condecoraciones. Por ejemplo, Alejandro Muñoz-Alonso Ledo, director del Instituto de Opinión Pública en 1972, subdirector general de Información y subdirector general de Planificación de la Estructura Social. También Fernando Albero Gotor, secretario general técnico del Ministerio de Comercio en 1965. Debe destacarse la presencia, por ejemplo, de Jaime García Añoveros, asesor en el franquismo de los ministerios de Antonio Barrera de Irimo y Rafael Cabello de Alma. García Añoveros será ministro durante la Transición española y es, a su vez, accionista del Grupo PRISA. Comparte esta última condición con Luis González Seara, también accionista de PRISA y Grupo 16, que en el franquismo ocupó los cargos de jefe de la secretaría particular del ministro de Información y Turismo y, especialmente, secretario general del Instituto de Opinión Pública.

En realidad, es un listado coherente con lo que representa el Grupo 16. La empresa germina con el semanario Cambio 16, que nace en 1971, y que alumbra las opciones de una salida democrática y de una oposición moderada al franquismo en los últimos años de la dictadura. Una parte importante del núcleo fundacional pertenece al Frente de Liberación Popular, también conocido como Felipe, organización que luchó por dicha salida democrática.

Otras dos empresas, el Grupo Correo y el Grupo Godó, poseen vinculaciones destacables. Javier Ybarra Bergé y Fernando Ybarra López-Dóriga fueron presidentes de la Diputación de Vizcaya y alcaldes del Ayuntamiento de Bilbao y de Getxo, respectivamente. El segundo de ellos también fue director general de la Administración Local entre 1970 y 1973 y subsecretario del Ministerio de Planificación y Desarrollo entre 1973 y 1976. A destacar en el Grupo Correo la presencia de procuradores. Los dos accionistas ya citados lo fueron, pero también lo fue José María Aguirre Gonzalo, presidente de la Sociedad Vascongada de Publicaciones, que editaba El Diario Vasco, ligada al grupo. Aguirre Gonzalo es más conocido por ser el presidente del Banco Español de Crédito, pero fue también procurador en las Cortes franquistas, subsecretario general técnico del Ministerio de Hacienda y vicepresidente de la Comisión de Leyes Fundamentales. Fue condecorado y perteneció al Consejo de Economía Nacional. Condecorados en la dictadura franquista también fueron Luis Excurdia Elzola, Juan María Peña Ibáñez y Emilio Ybarra Churruca (presidente del BBV a partir de 1989) y teniente de alcalde durante la alcaldía de Javier Ybarra Bergé.

En cuanto al Grupo Godó, vive una situación similar, mas lo cierto es que a nivel de cantidad hay un decrecimiento, lo cual se explica en que el accionariado de la empresa está mucho menos atomizado, ya que estaba al 100 % en manos de la familia catalana, que se rodeaba de consejeros de administración. En el caso del Grupo Correo, la propiedad del periódico era mayoritariamente de los Ybarra, pero compartida con otras familias vascas y con un mayor número de consejeros. Como familia monárquica y también de peso durante la dictadura franquista, Carlos Godó Valls fue procurador en Cortes. También fue condecorado. Es la presencia más relevante. Por otro lado, también está Marcelino Coll Godó, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Barcelona. Joaquín Forn Costa aparece como condecorado.

Durante la Transición, la empresa periodística viviría un crecimiento, a pesar de las dificultades que sufrió al principio. Esa expansión se verá reflejada en el nacimiento de Antena 3 Radio, que se convierte en una de las principales emisoras privadas del país, hasta el punto de que jugaría con ello, aduciendo que era la única completamente privada (el Estado había adquirido el 25 % de otras emisoras, como la Cadena SER, Radio Intercontinental o la COPE). Antena 3 Radio, que había nacido en realidad con vocación televisiva (‍‍Dobón-Roux y Barrera, 2015), contó con apoyo en su accionariado. Entre ellos estaba la figura de Carlos Montoliu Carrasco, quien, además de haber sido condecorado fue elegido como gobernador civil de Guadalajara entre 1970 y 1974 para apoyar a la figura del príncipe Juan Carlos, rodeado de la familia monárquica.

En esa expansión y nacimiento de Antena 3 Radio participaron otras empresas periodísticas que colaboraban entre sí en el mercado mediático. Además del Grupo Zeta, que vendería su participación minoritaria al Grupo Godó, se encontraba Europa Press, cuyo principal accionista, Francisco Martín Fernández de Heredia, lo era también en menor parte del Grupo 16; y también Prensa Española. En el consejo de administración de Antena 3 Radio se sentaron su presidente, Guillermo Luca de Tena Brunet, y Andrés Fagalde Luca de Tena, ambos partícipes del Consejo Nacional de Prensa durante la dictadura. No sería la única participación accionarial de Prensa Española en otro medio de comunicación. Durante la Transición adquirió el 25 % de Prensa Castellana, editora de Informaciones, tras la salida del Banco Santander del accionariado (‍‍Barrera, 1995).

Prensa Española será una empresa que tendrá conexiones diversas con la dictadura franquista. Para empezar, puede destacarse la figura de Nemesio Fernández-Cuesta Illana, ministro de Comercio entre 1974 y 1975, institución en la que había sido subsecretario de Comercio en 1972. También ocupó un puesto como procurador en las Cortes. Esta condición la comparte con otros cinco accionistas de Prensa Española. Se trata de Torcuato Luca de Tena Brunet, Fernando Luca de Tena Ita, Juan Manuel Fanjul Sedeño, Andrés Reguera Guajardo y Carlos Figueroa Castillejo. De estos nombres sobresale el de Juan Manuel Fanjul Sedeño, jefe provincial de Falange en A Coruña y miembro del Consejo Nacional del Movimiento hasta 1943, fecha en la que fue revocado por pedir la reinstauración de la monarquía. Fue elegido procurador por tercio familiar en 1967, primer año en la que se abrió tal camino de elección. Será fiscal general del Estado en la Transición española. En el Consejo Nacional del Movimiento también estuvo Alfonso Estevas-Guilmain, que además fue tesorero de la organización.

Joaquín de Cárdenas Llavaneras fue gobernador civil de Córdoba en plena posguerra, entre 1939 y 1941, tras haber combatido en las filas del bando sublevado. Acabará ligado a empresas como Catalana-Occidente y Asepeyo, en la órbita también de la familia Godó. Andrés Reguera Guajardo también fue elegido procurador por el tercio familiar en 1967. Anteriormente, en 1965, fue secretario general técnico del Ministerio de Obras Públicas. Torcuato Luca de Tena Brunet perteneció también al Consejo Nacional de Prensa.

Las dos empresas de las que se revelan más conexiones son la Editorial Católica y el Grupo PRISA. Por un lado, hay una explicación puramente cuantitativa, al ser las dos empresas que cuentan con mayor número de accionistas analizados, lo que procede de contar con un número importante de accionistas individuales, que supera el millar, como en algún momento pudo leerse en referencias bibliográficas o hemerográficas. Pero a nivel cualitativo también la relevancia es superior porque se concentran varios de los cargos más importantes que se han encontrado.

En el caso de la Editorial Católica hay figuras con un peso notable en el organigrama franquista. Por un lado, se encuentra la figura de Manuel Fraga Iribarne, accionista de la Editorial Católica hasta 1979, que será analizada más adelante con el Grupo PRISA, del que también era accionista. También ministros durante el franquismo fueron Antonio Barrera de Irimo y Federico Silva Muñoz. El primero de ellos fue ministro de Hacienda entre 1973 y 1974, nombrado por Luis Carrero Blanco. También ocupó, tras el asesinato de este, la vicepresidencia segunda del Gobierno. Fue condecorado en varias ocasiones por la dictadura, toda vez que también fue una figura importante del poder económico como presidente de la Compañía Telefónica Nacional de España. Durante la Transición ocupará cargos importantes en la cúpula económica de algunas de las principales empresas españolas, entre ellas el Banco Hispano Americano.

Federico Silva Muñoz también ocupó cartera ministerial durante la dictadura. Concretamente, la de Obras Públicas entre 1965 y 1970. Fue, asimismo, procurador en Cortes y su figura trasciende la dictadura, pues estuvo en la terna final para ser elegido presidente del Gobierno en el primer ejecutivo designado por Juan Carlos I, puesto que ocuparía finalmente Adolfo Suárez González. La lista de procuradores es amplia, pues hay otros once en la Editorial Católica: Manuel Fraga Iribarne, Mariano Rioja Fernández-Mesa, Luis Coronel de Palma, Juan Antonio Cremades Royo, Juan Sánchez Cortés Dávila, Fermín Zelada de Andrés Moreno, Javier Martín-Artajo Álvarez, Javier Rico Gambarte, Marcelino Oreja Aguirre, Luis Sánchez Agesta, y Luis Sáez Ibarra.

Algunos de estos nombres deben ser destacados. Fermín Zelada de Andrés Moreno, por ejemplo, fue gobernador civil en Las Palmas de Gran Canaria en 1945, además de ser delegado de Trabajo en A Coruña en 1940. Tuvo especial relación con el poder económico, concretamente con el Banco Exterior de España, que finalmente culminaría con su presidencia durante la Transición, periodo en el que también será nombrado senador real. Había pertenecido al consejo privado de Juan de Borbón. Juan Antonio Cremades Royo también ocupó cargo de gobernador civil en la provincia de Lérida entre 1939-‍1943, formando parte del núcleo duro de la dictadura. Su elección como procurador vendría por designación en el tercio familiar en 1971.

Marcelino Oreja Aguirre, que será ministro en la Transición española, aúna varios cargos en la Administración además de ser procurador. Fue subsecretario en el Ministerio de Información y Turismo, también en el de Asuntos Exteriores (cartera que ocuparía en el proceso transicional), ministerio en el que formó parte del Gabinete Técnico. También formó parte del Consejo Nacional del Movimiento. Al igual que Fraga, también era accionista del Grupo PRISA. Luis Sánchez Agesta, por su parte, fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid, además de presidir el Consejo Nacional de Educación a partir de 1973.

Algunos de estos procuradores fueron condecorados y otros ocuparon otros cargos de segundo nivel. Así, Luis Coronel de Palma fue subdirector de Ahorro e Inversiones y miembro del equipo del Plan de Estabilización en 1959. En la Transición alcanzará la presidencia del Banco de España, además de ser embajador. Juan Sánchez Cortés Dávila fue subsecretario de Hacienda entre 1961 y 1965, además de ser el presidente del Consejo Superior de Hacienda Pública. En el franquismo ocupó la presidencia de la automovilística SEAT. Fue clave para que la familia Franco adquiriera la Casa Cornide en Galicia. Javier Martín-Artajo Álvarez, vinculado a una familia bien posicionada en el franquismo, fue secretario del Instituto de Vivienda entre 1939-‍1954, época en la que los católicos tenían amplia representación en el organigrama político de la dictadura. Su hermano, Alberto Martín-Artajo, fue ministro de Asuntos Exteriores entre 1945 y 1957. Finalmente, Luis Sáez Ibarra ocupó el cargo de director de Banca y Bolsa entre 1941 y 1946 y fue, asimismo, director de Financiación Exterior.

Aunque en total se han encontrado hasta 33 accionistas o consejeros de la Editorial Católica con algún tipo de vinculación oficial con la dictadura franquista, por razones de espacio no pueden describirse todos, aunque en el anexo adjunto al artículo puede consultarse el listado completo. No obstante, merece destacar la presencia de otros nombres. Por ejemplo, el de Máximo Cuevas Radigales, director general de Prisiones en los primeros años de posguerra, nombrado para el Consejo de Estado en el tardofranquismo, cargo que ocupó hasta 1976. También Ernesto Laorden Miracle, embajador y cónsul, secretario general técnico del Ministerio de Información y Turismo. En el Consejo Nacional de Educación se sentarían también José María Sánchez Muniain y Fernando Sebastián Aguilar.

El resto de conexiones, además de condecoraciones, proceden de cargos de segundo nivel. Lo más interesante es que algunos de estos nombres formarán parte del Gobierno en algún momento de la Transición. Es el caso de Ignacio Bayón Mariné, Landelino Lavilla Alsina y Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona. Bayón Mariné fue secretario general técnico del Ministerio de Obras Públicas y subsecretario del Ministerio de Vivienda. Landelino Lavilla Alsina, subsecretario del Ministerio de Justicia. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona formó parte del Instituto de Estudios Políticos, del que dimitió. Cargos, en definitiva, de una Administración tardofranquista que luego conducirá la Transición.

A diferencia de la Editorial Católica, empresa periodística que nace en 1910 con el surgimiento del diario católico El Debate, el Grupo PRISA tendrá sus orígenes en el nacimiento de El País, periódico que nace en pleno proceso transicional, en el año 1976. Si bien su gestación fue promoviéndose desde el año 1972, atrasos y postergaciones en la aprobación de la licencia hicieron que el diario viera la luz fuera del franquismo. Hito periodístico en la Transición, el accionariado de El País alberga notable interés en sus relaciones con el franquismo.

Como se advertía anteriormente, puede destacarse la figura de Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo entre 1962 y 1969, procurador en Cortes, que fue nombrado embajador en Reino Unido en el tardofranquismo, lugar del que intentaría iniciar su proceso de reforma. Anteriormente había sido secretario general técnico del Ministerio de Educación. La figura de Fraga ocupa relevancia en la Transición. Comparte con Federico Silva Muñoz (Editorial Católica) el haber estado en la terna para ser elegido presidente del Gobierno por Juan Carlos I, aunque no llegara al corte final. También comparte su condición de fundador del partido político Alianza Popular, del que fue el candidato a la presidencia del Gobierno, sin éxito. No es el único ministro franquista que aparece vinculado a los órganos de poder de PRISA. Habrá cinco más.

Pío Cabanillas Gallas, que fue subsecretario del Ministerio de Información y Turismo con Manuel Fraga Iribarne, ascenderá a liderar la cartera ministerial en 1974. Fernando María Castiella Maíz, delegado nacional de Falange y combatiente en la División Azul, embajador de España en la Santa Sede, ocupará por doce años, entre 1957 y 1969, el Ministerio de Asuntos Exteriores. Murió en 1976, fecha en la que ocupaba un puesto como consejero del Banco Hispano Americano. Por su parte, Joaquín Ruiz-Giménez Cortés fue ministro de Educación entre 1951 y 1956, repitiendo los pasos de su padre, Joaquín Ruiz Jiménez, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes y ministro de Gobernación, además de alcalde de Madrid, durante la Restauración Borbónica. Joaquín Ruiz-Giménez Cortés, defensor del pueblo entre 1982 y 1987 con el consenso de la Cámara durante los primeros Gobiernos del PSOE, formó parte del núcleo franquista en la década de los cuarenta y cincuenta. Además de embajador ante la Santa Sede entre 1948 y 1951, fue concejal y miembro del Consejo Nacional del Movimiento. En 1975 fundaría la Plataforma Democrática.

También ministro fue Cruz Martínez Esteruelas, que había sido director general del Estado. Ocupó la cartera de Educación y Ciencia entre 1974 y 1975. También en el tardofranquismo ocupó la secretaría primera del Consejo Nacional del Movimiento. Acompañó a Manuel Fraga Iribarne en la fundación de Alianza Popular en la Transición. Finalmente, aparece como ministro franquista y accionista del Grupo PRISA Ramón Serrano Suñer, promotor de la División Azul, ministro de la Gobernación desde 1938 a 1940, año en el que pasa a ser ministro de Asuntos Exteriores. Formó parte del Consejo Nacional del Movimiento. Todos los nombres acaecidos hasta el momento también comparten la condición de procuradores en Cortes.

También procuradores, pero sin cartera ministerial, se encuentran los nombres de José María Areilza Martínez-Rodas, Manuel Aznar Zubigaray, Francisco Giménez Torres y Ricardo Díaz Hochleitner. Areilza, que también estuvo en la terna para presidir el Gobierno con Juan Carlos I e, incluso, esperaba la llamada telefónica del monarca junto con otro accionista de PRISA, Darío Valcárcel, para dar una entrevista exclusiva al día siguiente en El País (‍‍Sueiro, 2013), fue embajador en varios países durante la dictadura: Estados Unidos, Argentina y Francia. Adepto a la causa sublevada en la Guerra Civil, reformuló sus postulados y pedía una salida democrática en las páginas de ABC en 1975.

Otra figura importante en el franquismo fue Manuel Aznar Zubigaray. No solo por su condición de procurador y también la de embajador en República Dominicana, Argentina, Marruecos y Naciones Unidas, hasta el punto de ser nombrado ministro plenipotenciario. Fue presidente del Consejo Nacional de Prensa. Había sido director de La Vanguardia Española y presidente de la Agencia EFE. Formó parte del Consejo de la Hispanidad, con vida entre 1940 y 1945, promovido por Ramón Serrano Suñer, y en el que también se encontraba otro consejero accionista de PRISA, el citado Fernando María Castiella Maíz.

Francisco Giménez Torres, secretario general de la organización sindical, formó parte del Consejo de Estado y del Consejo de Economía Nacional además de ser procurador en Cortes. El último procurador registrado en PRISA es Ricardo Díaz Hochleitner, que ocupó cargos en la Administración tardofranquista como secretario general técnico y subsecretario del Ministerio de Educación (1968-‍1972).

En total son 32 accionistas o consejeros de PRISA a los que se les ha localizado alguna conexión con la dictadura. De los no nombrados hasta ahora, puesto que no fueron ministros ni procuradores, pueden destacarse otros nombres. Es el caso de Carlos Robles Piquer, emparentado familiarmente con Manuel Fraga Iribarne, que además de ser director general de Información y también de Cultura Popular y Espectáculos entre 1962 y 1969, fue embajador en varios países, así como cónsul. En la Transición ocupará cartera ministerial, la de Educación y Ciencia. También tuvo carrera diplomática Nicolás Martín Alonso, que fue embajador y cónsul en diversas plazas. Cónsul fue Fernando Morán López, accionista de PRISA, que a la postre sería ministro de Asuntos Exteriores con el PSOE en la década de los ochenta. Había sido subsecretario de Asuntos Africanos en el Ministerio de Asuntos Exteriores en 1968.

Menor relevancia, pero también conectados, aparecen las figuras de Carlos Mendo Baos, muy vinculado a Manuel Fraga Iribarne, que fue miembro del Consejo Nacional de Prensa. Miembro del Consejo Nacional del Movimiento fue Pedro Laín Entralgo, mientras que Eduardo Rojas Ordóñez fue teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Madrid y miembro de la División Azul. Por último, Jesús Polanco Gutiérrez, que acabará convirtiéndose en el mayor accionista de la empresa en la década de los ochenta tras la guerra de accionistas (‍‍Seoane y Sueiro, 2004), formó parte del Frente de Juventudes de Falange en la primera etapa del franquismo.

El resto de conexiones proceden de condecoraciones o cargos en la Administración, de los que pueden destacarse algunas figuras. Por ejemplo, Alejandro Royo-Villanova Payá, que además de estar vinculado a El Norte de Castilla, será secretario general técnico del Ministerio de Información y Turismo y director general de Promoción del Turismo. Juan Arespacochaga Felipe, elegido alcalde de Madrid en la Transición por Juan Carlos I, fue secretario general técnico del Ministerio de Obras Públicas. Juan Antonio Gallego Morell fue nombrado delegado provincial de Granada del Ministerio de Información y Turismo entre 1962 y 1968.

Luis Guillermo Perinat Elio ocupó la Dirección General de América del Norte y Extremo Oriente en 1973 en el Ministerio de Asuntos Exteriores, mientras que Guillermo Piera Jiménez fue subdirector general de Planificación de Bienes y Servicios. Ocuparía cargos importantes en la administración del PSOE en los ochenta. Y otra figura clave en la Transición como promotor de los Pactos de la Moncloa, ministro, Enrique Fuentes Quintana, aparece vinculado como presidente del Instituto de Estudios Fiscales en el franquismo.

V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: ESCENIFICACIÓN DE LUCHAS DE PODER EN LA ESTRUCTURA[Subir]

Los resultados obtenidos revelan dos planos distintos: uno cuantitativo y uno cualitativo. A nivel cuantitativo, es cierto que de las siete empresas analizadas, seis tienen vínculos con cargos del franquismo. No obstante, lo cierto es que en el caso del Grupo 16 estos vínculos son menores, procedentes de altos puestos en la Administración, pero en un segundo nivel. Por lo tanto, la presencia en el Grupo Zeta es inexistente y en el Grupo 16 es residual.

En el resto de las empresas periodísticas analizadas, las conexiones sí se muestran con mayor fortaleza. Si bien en el Grupo Godó no son cuantiosas, esto se explica desde el punto en que el accionariado está concentrado en la familia Godó, que se rodea de unos pocos consejeros. Aun así, la principal cabeza de la empresa, Carlos Godó Valls, sí fue procurador en Cortes, puesto de importancia y que, por tanto, vinculaba notablemente al periódico, al que algunos estudios atribuyen una cercanía con los postulados franquistas (‍‍Rodríguez-Martínez, Tulloch y Guillamet, 2017), aunque también es cierto que el diario sufriría durante el franquismo, habiendo de cambiar el nombre de la cabecera y sufriendo la imposición de directores muy conservadores, como Luis de Galinsoga, en claro conflicto con la empresa.

En el caso del Grupo Correo la realidad es algo distinta. El accionariado es un poco más amplio, aunque también con un componente importante situado en la familia Ybarra. También el listado de consejeros es mayor. Al contrario que el Grupo Godó, lo que durante la década de los ochenta se considerará el Grupo Correo es en el franquismo una empresa periodística aún de carácter regional, que opera en el País Vasco, puesto que su expansión vendrá en la citada década. Así, en el caso del Grupo Correo se observa claramente la relación con el poder franquista desde el poder local.

Pueden hacerse varias consideraciones sobre dicha empresa. En primer lugar, la estrecha relación entre las distintas esferas de poder vascas, que incluyen conexiones políticas en el franquismo y también con la banca. La presencia de accionistas de la empresa en este listado es lógica, habida cuenta de que la familia Ybarra apoyó el golpe de Estado de 1936 (‍‍Cabrera y Del Rey, 2002). Su presencia, pues, es natural. Los Ybarra no solo poseían una buena posición dentro de la oligarquía vasca, sino que también fueron ennoblecidos por la monarquía alfonsina durante la Restauración Borbónica, a lo que han ido acompañando con cargos y poder político. Situación similar a las de familias como los Luca de Tena y los Godó, estos últimos ya mencionados, familias propietarias de medios de comunicación, lo que muestra el peso de la familia monárquica tras el sector mediático a lo largo del siglo xx.

Precisamente la familia Luca de Tena concentra el accionariado de Prensa Española, que es una empresa también con claras vinculaciones al franquismo. No es que toda la trayectoria de la empresa editora de ABC fuera fácil durante la dictadura, sobre todo porque no siempre ocultó su carácter monárquico. Al igual que el Grupo Correo, hay una naturalidad en la presencia de cargos franquistas en el accionariado del periódico o en su consejo de administración. La propia familia Luca de Tena apoyaría el golpe de Estado de 1936, facilitando el traslado de Francisco Franco en el Dragon Rapide de Canarias hasta Marruecos para iniciar la sublevación, hecho que contó con la financiación de Juan March Ordinas, quien estaba vinculado a El Diario Vasco de la Sociedad Vascongada de Publicaciones (Grupo Correo). Prensa Española cuenta, especialmente, con varios procuradores, que venían a representar a una de las familias del franquismo, la monárquica.

La escenificación del poder tras los medios se observa especialmente a través de dos empresas. Por un lado, la Editorial Católica, que cuenta con cuantiosas conexiones con el franquismo. La familia católica tuvo mucho peso en la dictadura, especialmente en las dos primeras décadas, cuando sirvió de apoyo al régimen para intentar abrirse internacionalmente (‍‍Montero Díaz, 2001). La empresa periodística mostró una capacidad pragmática para mantenerse bien posicionada en contextos distintos: Restauración Borbónica, Segunda República y franquismo. En algún punto, la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP) llegó a tener acceso no solo a los medios de carácter privado, sino también a los medios estatales del régimen.

La Editorial Católica es una empresa en la que coinciden hasta tres ministros del franquismo y hasta doce procuradores, reflejo de la vinculación existente entre la empresa y las estructuras de la dictadura. Pero también debe reseñarse otra cuestión, y es la presencia de varios accionistas o consejeros que ocuparon cargos en la administración del tardofranquismo. Son cargos que dan inicio a una estrategia aperturista del régimen, conocedores de que el franquismo no podrá pervivir eternamente y, seguramente, de la imposibilidad de la existencia de un franquismo sin Franco. Varios de estos cargos ocuparán puestos de liderazgo durante la Transición española, es decir, serán figuras que conducen la Transición, de ahí que los medios de comunicación apoyaran también el proceso, puesto que estaban vinculados directamente hacia los propios ejecutores del mismo. Varios de ellos recalarán en las filas de UCD, partido que gobernó España entre 1977 y 1982. La ejemplificación directa se encuentra en el grupo Tácito, que escribió en el Ya, de la Editorial Católica, y en la que algunos de sus miembros pertenecían a la ACNP.

Hasta el momento, las conexiones de Grupo Godó, Grupo Correo, Prensa Española y Editorial Católica también poseen otro componente en común. Son empresas periodísticas que procedían ya no solo del franquismo, sino incluso de antes. Los orígenes del Grupo Godó están en el nacimiento de la prensa de empresa a finales del siglo xix. Los de las otras tres se encuentran a principios del siglo xx. Es decir, son empresas periodísticas con una trayectoria histórica y que ya tuvieron diversas conexiones con distintas esferas del poder en el pasado.

En este punto aparece una empresa que viene a romper este sistema de medios de comunicación heredado del franquismo. Se trata de El País, periódico que dará lugar a Promotora de Informaciones S. A., esto es, el Grupo PRISA. Esta empresa periodística no conocía otros tiempos pretéritos, más allá de estar gestándose en los últimos años del tardofranquismo. Pese a ello, es junto a la Editorial Católica la que más conexiones posee con la dictadura franquista y, de hecho, las de mayor peso político. PRISA tendrá en su accionariado hasta seis ministros franquistas y once procuradores. Pero, además, estas conexiones llevan a figuras de la dictadura que formaron parte del núcleo férreo de la misma, como Manuel Fraga Iribarne, Ramón Serrano Suñer, Fernando María Castiella Maíz, Joaquín Ruiz-Giménez Cortés o Manuel Aznar Zubigaray, así como otras figuras importantes, como José María Areilza Martínez-Rodas. Es decir, hay mayor presencia en PRISA de un franquismo más lejano al tardofranquismo, aunque se constatan también varios accionistas o consejeros que estuvieron en la Administración en los últimos tramos del régimen. La presencia de estos sectores procedentes de la dictadura, en bastantes casos también aperturistas, responde al apoyo discursivo de los medios al proceso de reforma.

Por tanto, aunque PRISA es una empresa periodística que, sobre todo, simboliza un tiempo nuevo, no contaminado del franquismo, su accionariado cuenta con notables conexiones con la dictadura. Así, El País, símbolo periodístico de la Transición española, es en principio una idea del propio régimen, que busca un nuevo medio de expresión, no manchado por su existencia durante el franquismo, que sirviera para liderar el proceso de reforma hacia la democracia. Un periódico moderado que permitiera refrendar una transición política sin ruptura. Seoane y Sueiro (‍‍2004) definirán al periódico desde el liberalismo orteguiano, monarquía democrática y reformismo desde el régimen.

Vista la configuración accionarial y la relación con la dictadura de la Editorial Católica y el Grupo PRISA, surge la pregunta: ¿por qué la Editorial Católica, compuesta por varios integrantes de esa oposición moderada al franquismo y aperturista, que cuenta con varios ministros de UCD en sus filas, desaparece en 1988 mientras que el Grupo PRISA, con una parte del accionariado claramente vinculado a un franquismo más duro, se convierte de manera relampagueante en la principal empresa periodística de España? Ambas empresas ofrecieron respuestas diferentes a la Transición.

Editorial Católica, que contaba con la fortaleza del diario Ya, comenzará a decaer en la década de los ochenta, en un periodo donde inicia un viraje hacia la derecha que le lleva incluso a incorporar mensajes incitadores de la sublevación militar (‍‍Martín Aguado y Vilamor, 2012). Por su parte, El País, de PRISA, será un diario que conecta notablemente con la sociedad española, demandante de un periódico nuevo, con un discurso progresista y abierto. Aunque los promotores del periódico considerasen que el periódico fracasó intelectualmente (‍‍Sueiro, 2013), lo cierto es que el pulso de Polanco, Juan Luis Cebrián y la redacción por dicha línea editorial permitió al periódico ganarse el principal hueco de mercado periodístico en España. De lo contrario, de haberse convertido en un diario de centroderecha, El País hubiera sufrido el desapego de una sociedad que receló de aquellos diarios que vivieron el franquismo. El Grupo PRISA mostrará diversas conexiones con la Administración del PSOE en la década de los ochenta (‍‍Moya López, 2022), que exponen nuevas relaciones con el poder político.

Expuestas todas estas consideraciones, los resultados también dan luz a realizar otras interpretaciones. Se observa una relación entre importantes cargos franquistas que también tendrán grandes cargos políticos en la Transición. Se trata de un hecho natural, toda vez que la Transición española es un proceso democratizador caracterizado por su carácter reformista. No se opone a la dictadura, sino que se construye a partir de la reforma de la propia dictadura franquista, incluyendo la sustitución de conceptos legitimadores, como el de victoria por el de la reconciliación, que da lugar a la ruptura pactada de la Transición española. Queda patente de manera más clara con la presencia de los medios en todo ello.

La presencia de cargos franquistas que luego serán ministros en la Transición, es decir, serán conductores de la democratización política del país, y que a su vez son accionistas o consejeros en las principales empresas periodísticas de España, permite comprender mejor por qué los principales medios apoyaron el proceso (más allá de divergencias puntuales y coyunturales), en tanto que estaba siendo realizado por personas que se situaban en esferas del poder político y el poder mediático. Existe un conflicto en tanto que los medios de comunicación pueden ver dificultada su labor crítica al pertenecer a actores que directamente poseen poder director en la democratización del país.

Esta cuestión lleva al planteamiento de la instrumentalización que se hace de los medios de comunicación. Lógicamente, sin el apoyo discursivo de estos, la transición hacia la democracia no hubiera sido posible. Integrar los órganos de poder de las empresas periodísticas, es decir, accionariado y consejo de administración, permite ejercer una influencia sobre los mensajes difundidos. Es cierto que El País tuvo una línea editorial más progresista que lo que puede deducirse del accionariado aquí analizado, pero deben realizarse dos apreciaciones: en primer lugar, que el accionariado de PRISA se caracterizó por ser bastante plural, también con una parte de accionistas que ocuparon cargos relevantes en la administración del PSOE e, incluso, con la presencia de Ramón Tamames, diputado del Partido Comunista de España, que luego fue moderándose hasta recalar en el Centro Democrático y Social (CDS) de Adolfo Suárez González; en segundo lugar, y en relación a esta última cuestión, la línea editorial progresista de El País no equivale a una crítica o a un obstáculo a la Transición en los términos que se hizo. De hecho, como se recoge en Castro Torres (‍‍2010), criticó el intento de crear una empresa periodística estatal a partir de los MCSE y la ausencia del PSOE en la comisión que habría de aceptar la monarquía en un primer momento. Es decir, El País, PRISA, no cuestionó elementos primordiales del sistema de la Transición española. Por lo tanto, a la hora de analizar a los medios de comunicación desde una perspectiva histórica, debe estudiarse la presencia de los medios, sea como fuente hemerográfica, sea como objeto o actor en sí, como un objeto susceptible de ser instrumentalizado y no como un mero intermediario entre el poder y la ciudadanía.

Así, puede verse también el funcionamiento del sistema de medios de comunicación dentro de lo que es el sistema de la estructura de poder, en este caso, de la Transición española. Esta afirmación está lejos de significar que los medios de comunicación son unánimes en sus mensajes porque significaría la ausencia de toda pluralidad mediática. Los medios divergen e, incluso, a veces confrontan en coyunturas específicas. Pero el pluralismo es limitado en tanto que tienden a formar un sistema corporativo, interconectado. Los medios de comunicación cierran filas especialmente en las cuestiones críticas que puedan afectar a su sistema, lo que les llevaría, visto en la clasificación de Pinilla García (‍‍2008) a partir de Rodríguez de las Heras (‍‍1976), a ser un dispositivo regulador. No solo porque algunos medios comparten accionistas o consejeros, sino por el hecho de que a veces habitan espacios comunes fuera de los órganos de poder mediáticos. Prensa Española, Grupo Godó, Editorial Católica, Grupo Correo y Grupo PRISA comparten que parte de su accionariado guarda una vinculación destacada con la dictadura franquista e incluso coinciden en algunos espacios durante el régimen. Por lo tanto, se entiende que haya un deseo de no condenar de forma contundentemente clara el pasado más reciente en tanto que varios de los accionistas que lo componen pertenecen a él.

Y esta es una tónica que se va prorrogando en la historia del periodismo. Así, Prensa Española y Grupo Correo comparten varias cuestiones. Podría pensarse que son empresas que compiten entre sí dentro del mercado, pero desde una visión estructural en realidad cooperan por afinidad. De hecho, El Diario Vasco formará parte temporalmente de Prensa Española durante el franquismo, como recoge Iglesias (‍‍1980). Y, más adelante en el tiempo, el Grupo Correo absorberá el 80 % de Prensa Española para formar Vocento. Es una unión histórica natural: empresas periodísticas familiares, conservadoras, que ostentaron poder político en varias fases de la historia del país, ennoblecidas por la monarquía borbónica durante la Restauración.

Es visible que en el sistema de medios de comunicación, si examinamos sus empresas periodísticas privadas principales, pueden diferenciarse entre aquellas de viejo cuño, es decir, que llegan a la Transición habiendo vivido el franquismo, y aquellas que nacen en el proceso transicional o tienen su germen en el tardofranquismo desde una oposición moderada. Y a nivel de conexiones pueden observarse algunas diferencias. Aquellas empresas que vivieron el franquismo tienen conexiones relevantes en mayor o menor medida, fruto de la impregnación del régimen franquista en ellos, pero también al apoyo de algunas de ellas a la sublevación de 1936 que da lugar a la Guerra Civil. Las empresas que se muestran más liberadas del franquismo tienen menor dependencia. En Zeta no hay conexiones detectadas y en el Grupo 16 son minoritarias y de mucho menor calado. El paradigma desafiante lo proporciona el Grupo PRISA, que, como se ha comentado, no deja de poseer un interés fundacional en ser un periódico (El País) para la reforma, más conservador de lo que realmente fue, pero que está ideado en una parte importante de la estructura de poder franquista que desea permanecer en el nuevo tiempo, en la nueva coyuntura marcada por la democracia. Así, la H2 queda parcialmente refutada, pues si Grupo Zeta y Grupo 16 se muestran lejos de grandes conexiones con el franquismo, el Grupo PRISA, que es el símbolo de las empresas de nuevo cuño, es la empresa periodística que más conecta.

Aunque, como se ha visto en El País, hay críticas puntuales a la procedencia franquista de algunas figuras, estas críticas reflejan las luchas de poder y no tanto una crítica contundente a la dictadura. Una crítica real abarcaría a toda la procedencia franquista y no a una muestra selectiva, como se refleja en las críticas del periódico a la designación de Suárez mientras Fraga y Areilza son sus bazas accionariales.

Cabe realizar otro apunte, y es la relación que aparece con otra esfera del poder, el económico, especialmente la banca. La Transición española viene por el desarrollismo que vive el país en la década de los sesenta, que comienza a revelar las contradicciones de un régimen que se liberaliza económicamente pero que permanece anquilosado en lo político. La presencia de algunos cargos políticos en el franquismo que también se encontraban bien posicionados en la élite económica refleja la estrechez de las distintas esferas del poder, que reduce el espacio que alcanzan. La democratización de España viene a consolidar la economía de mercado, que se ve desarrollada en los sesenta y vive un profundo asentamiento en la década de los ochenta con los Gobiernos del PSOE. Si bien durante la Transición la economía española posee todavía una presencia importante del Estado en algunas empresas, herencia de la dictadura franquista, durante los ochenta y noventa, con España ya integrada en la Comunidad Económica Europea, esa economía social de mercado irá evolucionando a una economía de mercado que compagina privatizaciones en sectores y empresas estratégicos con elementos propios de un estado de bienestar.

En definitiva, se observa una presencia relevante en el plano cualitativo de varios accionistas y consejeros de las principales empresas periodísticas de medios de comunicación con respecto al régimen franquista, confirmando la H1. Una constatación que ayuda a entender que, si a nivel político, como establecía Lemus (‍‍1996), la ley del silencio fuera una premisa, los medios de comunicación formaran parte también de ella.

Finalmente, observando estas relaciones con el régimen anterior a partir del accionariado de los medios dentro de procesos democratizadores, se abre la puerta para estudiar la viabilidad de estudios similares hacia otros casos como el de Portugal, que si bien presenta un contexto político, económico y mediático marcadamente distinto, puede ser una vía que explorar en tanto la aparición de nuevas perspectivas, como la de Castaño (‍‍2024), en la que se presenta el caso portugués también como una transición pactada.