LA DISCRIMINACIÓN DE LAS MUJERES EN EL DEPORTE:
ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA LEGISLACIÓN ESTATAL Y
LA NORMATIVA AUTONÓMICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

Las desigualdades y discriminaciones que afectan negativamente a las mujeres en el ámbito de la actividad física y el deporte son múltiples y de diversa naturaleza. Cada vez son más las publicaciones que abordan esta problemática. No obstante, resulta necesario intensificar su estudio ante la escasez de investigaciones feministas sobre el ámbito deportivo, especialmente en comparación con otros sectores (‍‍Vega et al., 2019).

La antropóloga Anne Saouter señaló que en la década de los setenta las pensadoras y teóricas feministas dejaron de lado la cuestión del deporte, al no considerarlo un ámbito estratégico para la conquista de derechos y la igualdad, como sí lo era el trabajo o la política (‍‍Saouter, 2016). Esto explica que las vindicaciones en este ámbito no hayan tenido la prioridad que el movimiento feminista otorgó a otros espacios. Resulta lógico pensar que la propia socialización diferenciada entre mujeres y hombres ha podido influir en esta cuestión.

En 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, comprometiendo a los Estados miembros, entre ellos España, a trabajar en objetivos globales comunes. Aunque se acordó que la igualdad de género debe integrarse de forma transversal en todos los objetivos, el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 establece medidas concretas para «lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas». En este contexto, las medidas orientadas a la promoción de la igualdad en el deporte contribuyen al cumplimiento de los ODS (‍‍Naciones Unidas, s. f.).

La Unión Europea (UE) ha otorgado tradicionalmente un marco de referencia para las políticas públicas de igualdad en España, proporcionado ciertas garantías para la igualdad en etapas de paralización o incluso retrocesos (‍‍Lombardo y León, 2014). En este trabajo, se analizarán especialmente las recomendaciones emitidas a través de la Estrategia de Igualdad de Género en el Deporte 2014-‍2020 (‍‍Comisión Europea, 2014)

En el Estado español, los poderes públicos están obligados a adoptar y establecer medidas específicas en favor de la igualdad, así como corregir las desigualdades que afectan negativamente a las mujeres^‍[1]. Sin embargo, el desarrollo de políticas públicas de igualdad de género ha sido desigual desde una perspectiva sectorial.

En diciembre de 2022, las Cortes Generales, a propuesta del Gobierno de España, aprobaron la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte, en la que, además de abordar cuestiones relacionadas con las competiciones, la gestión de las federaciones y las ligas profesionales (‍‍Pérez, 2022), por primera vez se incorporó contenido específico para la promoción y fomento de la igualdad efectiva en el deporte y la protección de las mujeres frente a los casos de discriminación.

A nivel autonómico, la regulación en materia deportiva ha evolucionado de manera desigual. En la Comunidad Valenciana, a partir de 2015, se realizaron una serie de modificaciones sobre la Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana con el objetivo de introducir medidas a favor de la igualdad de mujeres y hombres. Posteriormente, el Decreto 2/2018, de 12 de enero, del Consell, por el que se regulan las entidades deportivas de la Comunitat Valenciana (en adelante, Decreto 2/2018), desarrolló, entre otra cosas, las propuestas introducidas en la ley en materia de igualdad. Los primeros estudios sobre algunas de estas medidas muestran resultados positivos (‍‍Santos et al., 2021), por lo que el análisis de la normativa resulta de especial interés.

Este trabajo presenta un análisis comparado de la normativa estatal y la valenciana, en relación con las recomendaciones emitidas por la UE, con el objetivo de examinar la suficiencia y adecuación del marco jurídico para garantizar la igualdad real y efectiva de las mujeres en el ámbito deportivo, y poder determinar si se ajustan al nuevo concepto de igualdad real y efectiva de mujeres y hombres.

II. LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN EL DEPORTE[Subir]

III. EL DERECHO ANTIDISCRIMINATORIO Y LA SUBORDISCRIMINACIÓN COMO MARCO PARA EL ANÁLISIS[Subir]

Toda discriminación contiene elementos individuales, al lesionar los derechos de una persona, y grupales, al basarse en prejuicios ideológicos que reflejan fenómenos sociales sistémicos y estructurales (‍‍Rey Martínez, 2023). Comprender el alcance de las desigualdades de género en el deporte implica considerar las relaciones de poder jerarquizadas y las representaciones culturales de la práctica deportiva. La igualdad real y efectiva no se logra solo con el reconocimiento de la igualdad formal, sino con la ruptura de las relaciones de subordinación entre hombres y mujeres (‍‍Santos et al., 2021). Desde esta perspectiva, legislar en materia de igualdad y, en este caso, realizar un análisis normativo, requiere de un marco que permita comprender la discriminación teniendo en cuenta la sistemática del poder.

En ese sentido, el derecho antidiscriminatorio constituye una respuesta jurídica al malestar que se genera cuando, a pesar del reconocimiento formal de la igualdad, persiste la discriminación (‍‍Ventura y Barrère, 2021). La fundamentación teórica del derecho antidiscriminatorio tiene una aplicación práctica relevante puesto que sirve para justificar las medidas de igualdad de oportunidades que suponen un trato jurídico favorable para los grupos en desventaja. No basta con prohibir la discriminación; es necesario que el derecho actúe como un «instrumento de nivelación social de oportunidades» (‍‍Rey Martínez, 2023: 55).

El estudio del derecho desde una perspectiva feminista ha revelado que las categorías jurídicas se han construido sobre las experiencias vitales de los hombres (‍‍García, 2014), por lo que pueden no reflejar las experiencias jurídicas de las mujeres. O como señala Barrère (‍‍2023), en una sociedad donde el sexismo, racismo, clasismo y capacitismo son «endémicos» no hay un derecho «inocente» (‍‍Barrère, 2023: 104).

Así, encontramos limitaciones en el ordenamiento jurídico al crear normas que prohíben la desigualdad, discriminación o violencia, pero que no intervienen en las condiciones y causas que las generan (‍‍García y Ventura, 2021). Una vinculación de lo discriminatorio con lo intencional permitiría establecer normas y categorías jurídicas que no solo prohíban la discriminación, sino que garanticen la igualdad real y efectiva.

La experiencia legislativa en materia de igualdad ha evidenciado estas limitaciones, demostrando que la mera prohibición de la desigualdad, discriminación o violencia no ha sido suficiente para su erradicación. En marzo de 2019, el preámbulo del Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación (en adelante Real Decreto Ley 6/2019), señalaba los «resultados discretos» de la LOIEMH y a la persistencia de desigualdades de género.

Por otro lado, existen ciertos ámbitos que presentan mayores niveles de regulación en lo que respecta a la igualdad y no discriminación que otros, lo que no es un hecho casual. La doctrina jurídica dedicada a analizar el contenido y la aplicación de la LOIEMH, ha evidenciado un desajuste entre el derecho público y el derecho privado en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, las medidas antidiscriminatorias y la promoción de la igualdad. El «núcleo duro» del Derecho privado, que regula las relaciones económicas del mercado, se ha mantenido o se ha permitido que se mantuviera alejado de las políticas de igualdad (‍‍García, 2014). En esta disyuntiva se ubica todo lo relativo al ámbito del deporte, en el que se detecta una llamativa falta de regulación e intervención que deja libertad al mercado y al patriarcado para que establezcan sus propias normas a la hora de regular las relaciones económicas y sociales que allí se producen.

Se identifican, por tanto, dos problemáticas principales: por un lado, la dificultad de intervenir en el ámbito deportivo; por otro, las limitaciones del derecho antidiscriminatorio. Respecto a esta segunda cuestión, Maggy Barrère (‍‍2018) propone resinificar el derecho antidiscriminatorio mediante el concepto de subordiscriminación. Según Barrère (2018), el enfoque del derecho antidiscriminatorio tradicional (liberal y formalista) ofrece soluciones incompletas al limitarse a la ruptura de la igualdad de trato, sin abordar los sistemas de poder (ibid.: 37).

Barrère define la subordiscriminación como «el conjunto de tratos que, adquiriendo significación en uno o varios sistemas de poder, interiorizan el estatus de ciertos grupos sociales e impiden que ese estatus cambie (es decir, que lo reproducen)», (ibid.: 32). Este concepto permite corregir las carencias de las categorías jurídicas y mejorar los instrumentos antidiscriminatorios, ya que obliga a considerar la perspectiva sistémica del poder. Lo que, además, podría introducir un bucle de retroalimentación positivo^‍[10] dentro del propio sistema de poder; en este caso, el sistema sexo-género (ibid.: 34), dando lugar a un modelo de Derecho antisubordiscriminatorio.

El derecho antidiscriminatorio defiende la importancia de las acciones positivas a este respecto. La igualdad de trato no es suficiente para equilibrar la posición social de los grupos históricamente discriminados; es necesario garantizar la igualdad de oportunidades mediante tratos jurídicos diferenciados y favorables para quienes están en desventaja (‍‍Rey Martínez, 2023). No basta con prohibir de la discriminación directa e indirecta; el uso de las acciones positivas se justifica ante la persistencia de la discriminación (‍‍García y Ventura, 2021). Sin embargo, la aplicación de este mandato constitucional ha encontrado obstáculos jurídicos y políticos. Barrère se refiere a la falta de actuación de los poderes públicos a favor de la igualdad como la «subordiscriminación por omisión» o por «inacción de los poderes públicos» (‍‍Barrère, 2023:122).

Un precedente jurisprudencial clave a este respecto es el establecido en la Sentencia 134/2021 de 24 de febrero, de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana^‍[11]. En ella, se reconoció una situación de discriminación por omisión de acciones positivas y se declaró la nulidad del apartado impugnado al constatar la existencia de una discriminación indirecta por razón de sexo que debía ser corregida por el poder público. La sentencia es de gran relevancia porque el Tribunal consideró de obligado cumplimiento el art. 11 de la LOIEMH. Es decir, reconoció que la falta de medidas para corregir desigualdades que generan o pueden generar discriminación por razón de sexo perjudica a las mujeres y vulnera el principio de igualdad efectiva. Lo que abre la puerta a un mayor control de las acciones de los poderes públicos en materia de igualdad y establece premisas para erradicar la impunidad ante el incumplimiento de políticas públicas que afectan negativamente a las mujeres, siempre que se pueda demostrar que la falta de medidas concretas resulta perjudicial (‍‍García Campá, 2021).

El concepto de subordiscriminación ayuda a comprender que si la discriminación es la desigualdad en acción, su prohibición no garantiza la igualdad efectiva de mujeres y hombres, sino que evita, anula o neutraliza que la desigualdad de lugar a una situación de discriminación. Aunque la prohibición puede frenar ciertos comportamientos discriminatorios, no transforma las causas estructurales que los originan (‍‍García y Ventura, 2021). En este sentido, las acciones de los poderes públicos tienen un papel fundamental.

Desde esta perspectiva, la presente investigación analiza el marco jurídico de las desigualdades de mujeres y hombres en el deporte, evaluando si la normativa vigente se limita a prohibir la discriminación o si también busca erradicar las desigualdades que afectan a las mujeres en este ámbito.

IV. ANÁLISIS NORMATIVO COMPARADO DEL DEPORTE FEMENINO[Subir]

V. PROPUESTAS PARA UNA REGULACIÓN JURÍDICA DEL DEPORTE QUE GARANTICE LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES[Subir]

El análisis normativo, comparado y contrastado con las recomendaciones emitidas por la UE, constata un avance cualitativo significativo en el marco normativo estatal y valenciano en lo que respecta a los derechos de las mujeres y las medidas para la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito deportivo. Sin embargo, las carencias que presentan las normativas y la falta de integración de las recomendaciones de la UE (a pesar de sus limitaciones) conducen a determinar la insuficiencia de las normas para garantizar la igualdad real y efectiva de mujeres en el deporte.

En este sentido, se requiere una adaptación de la normativa que amplíe el reconocimiento específico de algunos de los derechos de las mujeres que no han sido recogidos. Entre ello, los derechos laborales en ambos casos o los derechos de maternidad y lactancia en el caso de la normativa valenciana. En términos generales, resulta necesario incorporar contenido específico que guíe y garantice la acción de los poderes públicos en el desarrollo de sus actuaciones, más allá de las voluntades políticas, partidistas o del contexto^‍[15], respetando así las garantías democráticas vinculadas al mandato constitucional de desarrollar acciones positivas para hacer efectivo el principio de igualdad. Todo ello, desde una perspectiva de la subordiscriminación, tomando en consideración la sistemática de poder.

De forma más concreta, a partir del análisis realizado, se pueden extraer algunas propuestas para dotar de mayor suficiencia y garantía al marco normativo dedicado a la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en el deporte.

En primer lugar, es necesario abarcar todos los ámbitos en los que se manifiestan las diversas de desigualdad y discriminación que afectan negativamente a las mujeres en el deporte. Según la información contenida en la Estrategia europea y la literatura científica, esto implicaría incluir contenido, al menos, de los siguientes ámbitos de actuación:

En cuanto a los ámbitos que sí han sido abordados por las normativas analizadas, se observan importantes deficiencias. La experiencia de la LOIEMH ha evidenciado la necesidad de establecer una regulación más específica sobre el desarrollo de las políticas de igualdad, detallando el contenido, el procedimiento de aprobación e implementación, así como los mecanismos de evaluación, control y el régimen sancionador. En el ámbito del deporte, aspectos como los planes de igualdad, los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo, los planes de conciliación y corresponsabilidad o las regulaciones relativas a los medios de comunicación no contemplan una regulación detallada. Ante la falta de concreción, se podría considerar que las políticas que se desarrollen en este contexto se encontrarán, al menos, con las mismas dificultades a las que se ha enfrentado la aplicación de la LOIEMH.

El contenido relativo a la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de representación y toma de decisiones podría parecer que se sí se ha nutrido de la experiencia legislativa de la LOIEMH. Ambas normativas establecen una presencia mínima del 40 % y máxima del 60 % para cada sexo. Sin embargo, esta disposición no se aplica a todos los niveles de representación y las excepciones basadas en «razones fundadas y objetivas» abren la puerta a facilitar su incumplimiento. La reciente aprobación de la Ley Orgánica 2/2024 evidencia la anomalía del ámbito deportivo en cuanto a las garantías de presencia equilibrada en espacios de representación y poder. Asimismo, representa una oportunidad perdida para haber corregido las limitaciones con las que nació la ley del deporte.

En el caso de la normativa valenciana, se observa una regulación con menos ambigüedades que la estatal. Los primeros estudios que han evaluado estas medidas han constatado que la presencia de mujeres en las juntas directivas se ha incrementado desde su entrada en vigor; pasando de una presencia del 14 % en el año 2017 a un 43 % en el año 2019 (‍‍Santos et al., 2021).

En cualquier caso, resulta necesario ampliar esta propuesta a todos los ámbitos y categorías. Esto implica incluir los órganos técnicos y corregir las ambigüedades que permiten eludir su cumplimiento bajo el argumento de «razones fundadas y objetivas».

En cuanto a las desigualdades laborales y económicas, la ley estatal de deporte no regula esta cuestión. Le legislación laboral debe aplicarse en este ámbito profesional. Sin embargo, ante las deficiencias en la aplicación y el control del cumplimiento de la normativa laboral, resulta imprescindible fortalecer tanto la legislación como el control sobre su cumplimiento.

Las modificaciones introducidas en la LOIEMH deberían dar respuesta a muchas de las problemáticas que se producen en el deporte desde el punto de vista laboral. Futuras investigaciones podrían profundizar sobre las barreras y dificultades de aplicar la normativa en materia de igualdad en el ámbito deportivo. Por el momento, es importante tener en cuenta que estas anomalías o singularidades en la aplicación de las normativas en el deporte profundizan las brechas de género.

Si bien existe un marco jurídico laboral para abordar las desigualdades laborales y económicas de género en el deporte, se ha de tener en cuenta que se trata de una relación laboral de carácter especial que requiere de medidas específicas en la normativa. Por ello, resulta de gran importancia adaptar la legislación con una reforma integral del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales.

Las medidas relativas a los medios de comunicación resultan insuficientes, hacen mención a la visibilidad del deporte femenino y, en el caso de la ley estatal, también al sexismo en el tratamiento del deporte femenino. En primer lugar, es necesario reforzar la mención a la visibilidad, se requieren informes específicos que evalúen los tiempos de emisión de forma sistematizada para diseñar propuestas acordes. Por otro lado, además de incorporar las recomendaciones de la UE, se requiere una regulación específica para trabajar sobre las problemáticas que se producen y reproducen a través de los medios de comunicación, tanto para los públicos como para los privados.

En lo que respecta a los hábitos deportivos desde una perspectiva de ocio, salud y práctica social, se recomienda aplicar un enfoque multidisciplinar que incluya políticas de trabajo, coeducación, promoción de la salud, usos del tiempo y conciliación corresponsable para incrementar los niveles de práctica deportiva de las mujeres.

Por último, como se ha mencionado anteriormente, los poderes públicos tienen la obligación de impulsar e implementar medidas a favor de la igualdad de mujeres y hombres. Sin embargo, ante las dificultades y resistencias que persisten en ámbitos como el deportivo, resulta fundamental establecer un marco normativo que defina, para todos los aspectos mencionados, el contenido, procedimiento, la evaluación y el control de las políticas, así como un régimen sancionador. Todo ello con el objetivo de articular herramientas jurídicas efectivas que contribuyan, en última instancia, a la consecución de igualdad real y efectiva de mujeres y hombres.

VI. CONCLUSIONES[Subir]

El objetivo de esta investigación era analizar la suficiencia del marco normativo estatal y valenciano para garantizar la igualdad real y efectiva de las mujeres en el ámbito deportivo, y poder determinar si se ajusta al nuevo concepto de igualdad real y efectiva de mujeres y hombres.

Es innegable el avance legislativo en materia de igualdad de género en el deporte. Sin embargo, el análisis ha evidenciado carencias significativas, como la falta de regulación de aspectos estratégicos para la igualdad real y efectiva, así como limitaciones o debilidades en aquellos ámbitos que sí han sido abordados, pero sin concretar el contenido de las propuestas, los mecanismos de control o con un régimen sancionador inexistente o muy limitado.

La experiencia legislativa en materia de igualdad en España ha dotado al legislador de herramientas jurídicas que, aunque no resulten totalmente garantistas, permiten introducir mejoras en la aplicación de las normas. Sin embargo, esta experiencia no ha sido aprovechada. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (por ejemplo, para la protección del embarazo y la lactancia) o la propia LOIEMH no se han tenido en cuenta.

Resulta difícil pensar que los legisladores hayan pasado por alto estas herramientas jurídicas sin ser conscientes de las limitaciones y debilidades con la que nacerían las nuevas normas, especialmente teniendo en cuenta las dificultades de intervenir sobre el ámbito del deporte. Asimismo, los legisladores han desaprovechado otros recursos, como las recomendaciones emitidas por la UE o las oportunidades de reformar la legislación existente. La reciente aprobación de la Ley Orgánica 2/2024 o la posibilidad de modificar la legislación autonómica a través de las leyes de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat en el ámbito valenciano son ejemplos de ellos.

Desde la perspectiva del derecho antidiscriminatorio y, en particular, de la subordiscriminación, no se puede determinar que el marco normativo analizado resulte suficiente ni adecuado para atender las desigualdades, discriminaciones y violencias que afectan a las mujeres en el deporte. Se ha hecho referencia a las limitaciones de la perspectiva del derecho antidiscriminatorio en cuanto a normas que orientadas a anular, limitar o corregir la desigualdad. En este caso, las normativas analizadas no parecen suficientes para anular, limitar o corregir las múltiples y diversas formas de desigualdad de género en el deporte. Desde la perspectiva de la subordiscriminación, tampoco se detectan mecanismos efectivos para interferir sobre la sistemática de poder y abordar las causas de las desigualdades de género en el deporte. No se percibe una vinculación de lo discriminatorio con lo intencional.

En ese sentido, y a pesar de su reciente aprobación, las normas que se han analizado nacen con la necesidad de una ampliación de los derechos de las mujeres en el deporte, así como una mejora de las herramientas jurídicas establecidas.

Para finalizar, resulta necesario destacar que la formulación de las limitaciones de las normativas en materia de igualdad de género en el ámbito deportivo no impide apreciar el avance normativo que se ha producido en los últimos años. Partiendo de un contexto en el que no existía ninguna referencia ni reconocimiento de los derechos de las mujeres en el deporte, la nueva ley estatal y el desarrollo del marco normativo valenciano constituyen un hito importante, al incorporar el reconocimiento de estos derechos y proponer políticas de promoción de la igualdad, así como de prevención y erradicación de las desigualdades, discriminaciones y violencias.

Sin embargo no era objeto de este estudio determinar esta cuestión, sino analizar la suficiencia del marco normativo en las garantías de la igualdad real y efectiva de las mujeres en el deporte. En ese sentido, el ámbito deportivo sigue necesitando herramientas jurídicas eficaces para lograr una transformación que garantice plenamente la igualdad real y efectiva de las mujeres.