«Ligera», «licenciosa» o «prostituta» fueron algunos de los cargos imputados a las mujeres expulsadas por Falange Española Tradicionalista de las Juntas de Ofensiva Nacionalsindicalista (FET de las JONS) entre 1938 y 1943. Sus expedientes son una muestra de la relevancia que el género cobró no solo en el discurso, sino también en la praxis del fascismo español. Este artículo, que forma parte de una investigación más amplia sobre la relación entre fascismo y sexualidad, emplea casos representativos de las falangistas depuradas por su «conducta denigrante u ofensiva» para explorar el particular estatus de estas militantes fascistas repudiadas por su falta de moral. Lo hace partiendo de dos supuestos: el primero es que las mujeres fascistas ocuparon una posición singular dentro de los regímenes de los que participaron, pues fueron a la vez colaboradoras necesarias y víctimas de su misoginia; fueron a un tiempo realizadoras conscientes y convencidas de sus políticas (fundamentalmente, aquellas de cuño antifeminista), y cautivas de un sistema en el que su condición de mujer las retenía en una situación de subalternidad con escasas posibilidades de modificación. El segundo supuesto de partida es que, para el estudio del fascismo, como para el de cualquier otra cultura política, resulta pertinente y fructuoso un análisis que confronte el discurso oficial —el elaborado por los intelectuales o líderes del partido— con la realidad social de los hombres y mujeres que encarnaron la nueva política en sus bases. Esta confrontación no tiene como propósito hallar la verdad del fascismo en una u otra esfera (la de lo discursivo o la de la praxis cotidiana), sino contribuir a enriquecer la comprensión de las continuas reformulaciones que en diferentes ámbitos se hicieron de valores matrices del fascismo, como los de la nación, la violencia o la jerarquía social. Este artículo se enmarca, de hecho, en el conjunto de investigaciones que vienen analizando de qué modo el orden social prometido y/o implementado por el fascismo fue también un orden de género que se tradujo en una normativización de la identidad y funciones de hombres y mujeres con diferentes grados de proyección, aceptación y significación en la realidad cotidiana.

A partir de estas premisas, el presente artículo se pregunta por la traducción que la normativa de género del fascismo tuvo en estándares más concretos y exigibles a la militancia femenina, así como por la interpretación que las jerarquías locales del partido hicieron de las conductas de las militantes que no cumplían con tales exigencias, y por la represión que, en consecuencia, se desplegó contra ellas. Para ello, la primera parte del texto contextualiza brevemente la relevancia que las relaciones de género y el orden sexual adquirieron en el seno de las culturas políticas de derechas y el fascismo del periodo de entreguerras. La segunda parte se adentra en la particular justicia interna del partido único FET-JONS con el objetivo de explorar las entretelas de este mecanismo de disciplina en lo que a la conducta sexual de sus militantes femeninas se refiere. Concretamente, se analizan varios expedientes instruidos contra mujeres —y algunos contra hombres, con fines solo comparativos— por motivos de transgresión de la moral sexual, en Sevilla y Melilla, principalmente. La elección de estas delegaciones viene motivada por el hecho de que el fondo empleado, el de la Secretaría General del Movimiento (en adelante, F-SGM), en el Archivo General de la Administración (en adelante, AGA), conserva un mayor número de expedientes incoados por las faltas que aquí interesan —las relativas a la moralidad sexual— procedentes de localidades de Sevilla y de Melilla. Los expedientes que componen el fondo estudiado dimanan del proceso de depuración del partido único, que se llevó a cabo entre 1938 y 1943, según se explicará más adelante. Por ello, las fuentes empleadas corresponden a este periodo. Considero que esta documentación, de carácter inédito, posee un enorme potencial para el estudio social de las bases femeninas del fascismo español.

Aunque este artículo no se adentra a examinar la experiencia de estas mujeres, sino más bien la conceptualización que los dirigentes locales hicieron de aquello que percibieron como inmoralidades femeninas, opino que los juicios emitidos por los varones aportan importantes claves sobre las posibilidades y límites de la acción de las mujeres de Falange, las vencedoras de la guerra. Porque lo que aquí se propone es justamente contribuir al debate ya planteado por investigaciones anteriores que han indagado en la cotidianeidad de la posguerra para iluminar las «zonas grises» y el voluble mundo de los apoyos a la dictadura. Estos estudios no solo han enfatizado la importancia de aquellos «vencedores comunes» y su cambiante relación con la dictadura, sino que también han profundizado en los límites del privilegio derivado de la pertenencia al bando ganador de la guerra, demostrando que las nociones de género tuvieron un peso fundamental en la creación de jerarquías dentro de la comunidad de vencedores. Con ello, el artículo aspira a ensanchar el amplio rango de matices que esta categoría de vencedoras pudo tener para las militantes femeninas de FET-JONS. Ello no implica, en ningún caso, un relativismo que camufle lo que a todas luces fue una decisión consciente por parte de estas mujeres —la de unir su destino al del fascismo español—. Mi intención es ofrecer una aproximación a la dimensión social del falangismo local desde una mirada de género que permita reflexionar sobre la interseccionalidad de las relaciones de poder que se articularon en este espacio cuando la moral sexual de una falangista fue puesta bajo sospecha.

El primer tercio del siglo xx, y en especial los años que sucedieron a la Primera Guerra Mundial, fue un periodo de transformación de las relaciones de género en toda Europa. Al avance del feminismo, aupado sobre los argumentos que la contribución de las mujeres al esfuerzo bélico le proporcionaba, se le añadieron la creciente visibilidad social de la homosexualidad y del nuevo modelo de «mujer moderna» que rompían con los esquemas burgueses tradicionales, así como los movimientos a favor de la reforma sexual, que cuestionaban la doble moral matrimonial y promovían una visión más positiva de la sexualidad masculina y femenina. Estos cambios generaron profundas ansiedades entre las derechas antiliberales europeas, para quienes aquellas realidades estaban vinculadas —o incluso constituían la explicación última— al caos social, la decadencia nacional y el no menos amenazador descenso demográfico. Por eso, si abundantes y visibles fueron las manifestaciones transnacionales de aquellas nuevas dinámicas de género que desafiaban el orden burgués, también fueron numerosas y sonadas las recetas diseñadas para revertirlas y así restablecer los valores de la jerarquía sexual heteronormativa: desde las de signo reformista, que recurrían a la autoridad de la biología y la medicina para argumentar las esencias de las identidades sexuales y denunciar sus derivas mórbidas, hasta las más conservadoras, que conectaban la reconstrucción del orden de género con la regeneración nacional y promovían con este fin diferentes campañas y ligas de moralización social; o aquellas que venían directamente emanadas de las autoridades eclesiásticas, como la reivindicación del matrimonio cristiano en la encíclica Casti connubii de finales de 1930.

La asimilación y radicalización de estas demandas relativas al orden sexual formó parte de la renovación que el fascismo hizo de todas las conjuras antiliberales y anhelos regeneracionistas. Así, el fascismo incorporó a su proyecto no solo el cometido de mejorar cualitativa y cuantitativamente el desfallecido cuerpo nacional, sino también la tarea de combatir las prácticas e identidades sexuales desviadas que habían contribuido a su corrupción. La aversión hacia aquellas actitudes erótico-afectivas no normativas que se habían lanzado o, al menos asomado, a la palestra pública tras la guerra mundial se materializó en el hiperreglamentarismo de los Estados fascistas, que aumentaron los mecanismos para perseguir y castigar la exhibición pública de conductas consideradas depravadas y para restringir aquellas prácticas vinculadas a la emancipación femenina, tales como el acceso al empleo, a los anticonceptivos o al divorcio. Estas iniciativas eran solo una muestra de la determinación con la que las dictaduras fascistas acometieron sus propósitos de remoralización de las costumbres y de reencauzamiento de la sexualidad hacia los objetivos de procreación, restablecimiento de la arquitectura sociomoral natural y restauración de las instituciones del matrimonio y la familia, todo ello en aras de la protección de la raza, la estirpe y la nación.

Ciertamente, la construcción de una nación íntegra, fecunda y virtuosa pasaba no solo por la represión, sino también por un ejercicio positivo de restitución de la masculinidad y la feminidad a sus pretendidas esencias, que a su vez solo podían ser rescatadas abundando en la tradición nacional o en la herencia racial. Por eso, la normativización de las relaciones de género bajo los nuevos paradigmas masculinos y femeninos —lo que en el imaginario aspiracional se denominó «nuevo hombre» o «nueva mujer»— y la nacionalización de las masas (otro proceso inconcluso que el fascismo decía venir a culminar) quedaron estrechamente vinculados en el discurso y en el proyecto adoctrinador de los regímenes fascistas. Como es bien sabido, ninguna mujer u hombre llegó a encarnar nunca a la perfección estos u otros modelos nacionales de género. Y ello no solo porque tales ideales siempre constituyen referencias abstractas subjetivadas con diferente libertad e intensidad por parte de los individuos, sino también por la profunda inestabilidad de estos modelos —en el caso del fascismo, síntoma de su potencial adaptativo, también en cuestiones de género— que hace prácticamente imposible su traducción exacta en subjetividades reales.

La España de entreguerras fue perfectamente permeable a aquellas transformaciones en los roles de género y a sus censuras, más aún cuando el peso del catolicismo acentuó el temor y la reacción ante cualquier atisbo de sexualidad concupiscente por parte de mujeres u hombres. Así, ya en los años veinte hubo quienes se declararon abiertamente antifeministas, hiperventilaron ante el peligro de descomposición de la más básica de las formas naturales de organización social —la familia heteropatriarcal— e impugnaron las nuevas masculinidades (especialmente aquellas que fueron leídas como resultado de una sexualidad intempestiva, como la identificada con el mito de don Juan; o de una tara moral y consecuente comportamiento pecaminoso, como el caso de la homosexualidad). La dictadura de Miguel Primo de Rivera, cuya misma legitimidad fue argumentada desde la necesidad de rescatar al país del caos de género y, con ello, de la crisis cultural y política, fue un espacio propicio para el ensayo y discusión de intervenciones dirigidas a la moralización de las costumbres afectivas y sexuales.

La década de los treinta, con los avances legales y la apertura del espacio público a nuevas identidades y propuestas de liberalización sexual que posibilitó la Segunda República, exacerbó los ánimos caldeados de los defensores de un orden moral católico y burgués. Las arengas inflamadas de los diferentes sectores de las derechas —entre los que se contaban no pocas organizaciones y asociaciones femeninas— se dirigieron a reprobar los debates públicos sobre sexualidad por considerarlos promotores de vicio, degradación social o veleidades revolucionarias, a cuestionar la capacidad de las mujeres para el ejercicio de la plena ciudadanía o a sermonear sobre los peligros de disolución de la familia que conllevaba el recién reconocido derecho al divorcio. No pocos intelectuales y políticos de la contrarrevolución, desde Ramiro de Maeztu a José María Pemán, se implicaron en esta empresa de denunciar el desorden moral que las nuevas relaciones de género habían traído a España. También José Antonio de Primo de Rivera, conocedor de las inquietudes que estas cuestiones despertaban entre las clases medias y altas conservadoras, dedicó algunas intervenciones a reivindicar que lo consustancial a la sociedad española era el mantenimiento de una jerarquía sexual que encontraba en el organicismo católico de la familia patriarcal y en sus valores morales su más acabada expresión. En definitiva, toda la derecha católica y antiliberal española compartió una misma lectura tremendista, cuando no apocalíptica, de los cambios que se estaban produciendo en las relaciones de género, y señaló la remoralización de la sociedad como requisito para la restauración del orden heteropatriarcal.

El régimen fascista nacido de la guerra de 1936 hizo posible que aquellos discursos quedasen integrados en una cultura política común que, en cuestiones de género y sexualidad, no solo recogía las exigencias de los críticos con la situación durante los años republicanos, sino que además retomaba y actualizaba muchos elementos presentes en la dictadura anterior (fuera como proyecto o como reglamentación acabada), desde la intensificación de la lucha contra la pornografía y la blasfemia hasta la regularización de la prostitución o la censura de la anticoncepción. El complemento necesario a la erradicación de estos males sería una política de cultivo de los valores católicos, aquellos que ceñían la sexualidad a un medio para el fin reproductivo, que consagraban la indisolubilidad del matrimonio cristiano (único reconocido) y reafirmaban la autoridad masculina en todos los ámbitos. Un proyecto de regeneración de las relaciones de género que, aunque dirigido a ambos sexos, conllevó un escrutinio sobre las mujeres mucho mayor al de los hombres. Algo que pudo acometerse con mucha más radicalidad que en los años veinte gracias a la eliminación de prácticamente toda resistencia al régimen fascista durante la guerra, a la presencia de un partido de masas cuyas ramas femenina o juvenil, entre otras organizaciones, constituyeron un instrumento esencial en esta tarea formativa y de vigilancia, y a la inestimable colaboración de la Iglesia, considerada baluarte y prescriptora de la ortodoxia moral.

En esta coyuntura, no parece extraño que los militantes del partido único, y especialmente sus dirigentes, fueran llamados a encarnar los modelos femeninos y masculinos que permitirían sanear el maltrecho y decadente cuerpo social. Así, mientras que las jerarcas de la SF fueron representadas en todas las variantes de la feminidad normativa, desde la maternidad a la soltería respetable, los jefes falangistas tuvieron que dar muestra de masculinidad intachable, bien personificando la virilidad castrense y violenta del «monje soldado» o bien la del padre de familia, varón modélico en el ámbito privado. Eran todos ellos ideales de género firmemente anclados en la moralidad católica, que dictaba una rectitud moral que no admitía excesos ni desenfrenos porque dentro de sus límites las pulsiones o pasiones (desde el amor desmedido hasta el fanatismo) eran encauzados en una dirección u objeto correcto (como entrega abnegada a la familia o como sacrificio a la patria) que garantizaba la permanencia dentro de la probidad.

En el extremo opuesto de este virtuosismo se hallaban los falangistas de moral dudosa, aquellos cuyas historias ya denotaban las enormes limitaciones que tuvo la traducción de modelos ideales de género en la realidad social. La copiosa bibliografía dedicada a la historia social del fascismo español incluye bastantes ejemplos de la relevancia que la normativa erótico-afectiva y su lectura moralizante adquirió en la vida interna de las bases de militantes y los poderes locales de FET-JONS. Sin embargo, estos casos no han sido objeto de atención preferente ni han recibido un tratamiento específico. Y ello a pesar de que las transgresiones de la moral sexual protagonizadas por miembros del partido único constituyen un ángulo útil para testar de qué manera (con qué alcance y qué límites) se materializaban aquellos discursos de género en las praxis cotidianas de la sociabilidad fascista, especialmente en lo que a la «limpieza» de los moralmente díscolos se refiere. Así, por ejemplo, gracias a los trabajos sobre Auxilio Social sabemos de la importancia que para sus responsables cobraba la «conceptualización moral» —en términos de relaciones entre los sexos— del personal contratado, y que los capellanes que trabajaban para el organismo falangista tenían una gran autoridad a la hora de discernir sobre estos aspectos morales. En la misma línea, los estudios sobre el fascismo rural andaluz han dejado constancia del papel que la vida personal y afectiva tuvo en la represión ejercida por la Falange local no solo entre los vecinos sin filiación al partido, sino especialmente entre sus militantes. Los informes elaborados sobre estos últimos incluían apreciaciones que iban más allá de las «actitudes políticas» y describían, a la par que enjuiciaban, «comportamientos privados, asuntos familiares y de negocios, y hasta costumbres sexuales».

En efecto, las informaciones sobre los hábitos sexuales de los falangistas cobraron una importancia indiscutible durante los procesos de depuración del partido que la Secretaría General del Movimiento condujo entre 1938 y 1943 con la finalidad de purgar una afiliación masificada de cuya lealtad los dirigentes masculinos y femeninos recelaban. Dos instrumentos fueron esenciales en este proceso. En primer lugar, el reglamento disciplinario de FET-JONS establecido en 1938, que funcionó como una suerte de código penal aplicable a la justicia interna del partido. Su contenido reflejaba la orientación totalitaria que defendía el titular de la Delegación de Justicia y Derecho, el jurista Antonio Luna García, y que derivó en la concesión de una amplia potestad a los jefes de partido para imponer una justicia interna que priorizase la protección de la comunidad política en detrimento del principio de derecho de los afiliados. Entre las faltas que el reglamento establecía como «muy graves» (penadas con la expulsión de la organización e «inhabilitación para la vida pública», sin perjuicio de ser llevado ante la jurisdicción militar u ordinaria si era procedente) se encontraba la conducta denigrante u ofensiva para la moral pública o contra el honor de la organización. Como puntualizaba una orden de 1941 al respecto, se trataba de poner atención a los que llevasen o hubiesen llevado una vida privada escandalosa, indigna o deshonesta.

El segundo instrumento clave para el proceso de depuración, y que permitió nutrir los expedientes de depuración de faltas graves relativas a la moralidad sexual, fue la Delegación de Información e Investigación, dotada de una red de agentes de espionaje que se infiltraban en los espacios de sociabilidad cotidiana y, valiéndose del control social intracomunitario, nutrían de rumores y delaciones sus informes. Este proceso de vigilancia e instrucción del expediente era coordinado desde la delegación de Justicia y Derecho de FET-JONS que, una vez acabadas las pesquisas y aplicando el reglamento disciplinario, proponía el veredicto al delegado provincial. A pesar de la imparcialidad y ejemplaridad que los jefes del servicio de Información e Investigación requirieron de sus subordinados y agentes en la labor de observación y reporte, la praxis del organismo falangista estuvo marcada por el continuo abuso de poder por parte de los agentes del espionaje que, excediendo la mera colecta de informaciones, se constituyeron en auténticos árbitros de la vida privada de los vigilados.

El siguiente apartado analiza tres de estos expedientes de depuración incoados contra mujeres falangistas por «conducta denigrante». Todas ellas eran militantes de base de la Sección Femenina, sin ningún cargo orgánico en su estructura, y que se habían afiliado a FET-JONS entre agosto y noviembre de 1936. Trinidad GT, de lugar de nacimiento y estado civil desconocido, trabajaba como enfermera en un hospital de Sevilla; María AL, natural de Badajoz y viuda, se declaraba «sin profesión especial»; y María TM, nacida en Morón de la Frontera (Sevilla) y soltera, era taquimecanógrafa. Estos perfiles socioprofesionales fueron muy habituales entre las muchas mujeres que se incorporaron a la SF tras el comienzo de la guerra, cuando la organización de Pilar Primo de Rivera también sufrió un precipitado crecimiento que alteró desde abajo la composición social de la rama femenina de Falange. Semejante aluvión de mujeres sin militancia previa y de antecedentes a veces desconocidos generó suspicacias entre las dirigentes de la SF, más aún cuando la organización trataba de erigirse como la depositaria del cometido de restablecer el orden de género mediante la instrucción femenina y la acción directa sobre las familias. Bien sabía su delegada nacional que cualquier aparente desvío de la conducta de sus mujeres podía generar sospechas acerca de la integridad de la SF. Así, si bien es cierto que Pilar Primo de Rivera instó a sus delegadas a ser indulgentes y admitir a mujeres que tuvieran un pasado republicano siempre que no mantuviesen cuentas pendientes con la justicia, los desórdenes de la vida privada y el incumplimiento de la disciplina por parte de las falangistas fueron tenazmente controlados por las jerarquías locales de la SF. En consecuencia, y siendo coherente con su afán de lograr el dominio exclusivo de sus mujeres con la menor interferencia posible de los mandos masculinos del partido, la delegada nacional de SF trató de gestionar unilateralmente la depuración de su organización. Sin embargo, desde junio de 1938, con la aprobación del reglamento disciplinario, la depuración de las mujeres y hombres del partido quedó en manos de los jefes de las delegaciones provinciales —aunque eventualmente las falangistas pudieran intervenir en el proceso, según se verá más adelante—.

Trinidad GT, enfermera en el antiguo Hospital central de Sevilla, había estado afiliada a la SF local desde octubre de 1936 hasta febrero de 1938, cuando le fue retirado el carné. Según los informes de los y las delegadas de distrito y de calle, una de las hijas de Trinidad GT «está autorizada para el ejercicio de la prostitución suponiéndose que también la otra hermana ejerce pues en dicho domicilio entran hombres a altas horas de la madrugada para demostración de la baja moral de esta familia». Otro informante aseguraba que Trinidad GT mantenía una «conducta moral [que] deja mucho que desear». La acusaba, concretamente, de llevar «una vida licenciosa conduciendo a su hija Trinidad por el mismo camino», de haber «tenido amores ilícito [sic] de los que no se ha recatado» e incluso de poseer «gran amistad con Médicos y practicantes, fraternizando con ellos en continuas francachelas». Estas últimas acusaciones fueron transcritas al pliego de cargos que le fue presentado a Trinidad GT, quien negó una por una las imputaciones (incluida la de consentir la prostitución de su hija) y dio varios nombres de médicos, y hasta del secretario del Ayuntamiento, que según ella podrían corroborar su «conducta buena y regular». Ninguno de ellos fue llamado a testificar. El 31 de octubre del mismo año, Trinidad GT fue oficialmente expulsada de FET-JONS.

También fue expulsada por motivos de moralidad María AL, afiliada a la SF de Melilla en octubre de 1936. Como en los casos anteriores, habían sido los agentes de Información e Investigación quienes denunciaron haberla visto «primeramente en unión de una mujer de vida airada y ayer en un prostíbulo […] vistiendo la honrosa camisa azul». No solo eso: según el mismo Servicio de Información, días después María AL había injuriado al Movimiento «manifestando que en Falange no había más que orgullo y que no se hacía nada y que Auxilio Social “era una mierda”», una reacción provocada porque en Auxilio Social le habían dicho que su hijo, enfermo, tendría que esperar para ser atendido. Ante tales acusaciones, el delegado de Información solicitaba contundencia a la delegada de SF, «sin perjuicio de dar cuenta a la Delegación de Orden Público por las frases proferidas en contra de la Falange y de Auxilio Social». En efecto, tras dar parte a Orden Público, María AL fue expulsada de Melilla, según acreditaba otro miembro de la Brigada de Información. La causa contra la falangista fue escalando en gravedad: al poco, otro informe constataba que María AL «es de mala conducta, toda vez que parece que se dedica al ejercicio de la prostitución y además estaba de encargada de un prostíbulo»; y una semana después otro informe ya la acusaba de «ejercer públicamente la prostitución […] observando la conducta desfavorable en todos sus aspectos de las personas que se dedican a estos tráficos». Finalmente, María AL pudo comparecer para defenderse: explicó que si bien en la pensión donde trabajaba como «sirvienta» se ejercía la prostitución, ella nunca lo había hecho, y argumentó que no podía dar cuenta de lo ocurrido en Auxilio Social, puesto que la que acudió buscando un médico no fue ella, sino su hija. María AL suplicaba: «Yo lo que quiero es trabajar para que no les falte el pan a mis hijos como les ha llegado a faltar». No quedaron ahí sus intentos. Puesto que el delegado de Justicia y Derecho no había estado presente el día de sus declaraciones, María AL decidió escribirle una carta donde daba más datos de la situación de pobreza y necesidad a la que trataba de sobrevivir, y añadía, con no poco arrojo: «¿Es esto Sr. Delegado ejercer la prostitución? O es pasar mucha miseria? [sic] ¡Dios le pague con creces a quien tan mal de mi habla! Si después de lo dicho me cree Ud. culpable júzgueme como quiere puesto que Ud. es la ley pero si tiene Ud. hijos hágase cargo de mi situación». El informe final del delegado de Justicia fue demoledor. Tras descartar la posibilidad de imputarle el episodio en Auxilio Social (por el cual había sido, sin embargo, denunciada y desterrada), pasaba el delegado

María TM, natural de Morón de la Frontera, pero que ejercía como taquimecanógrafa en Sevilla capital, corrió la misma suerte. A petición de la delegación local de SF, el Servicio de Información e Investigación había desarrollado sus pesquisas inquiriendo a los vecinos acerca de los antecedentes y comportamientos de la afiliada. La interesada, decía el reporte resultante, «sostiene relaciones ilícitas con un sargento llamado Guillermo B[…] el cual la tiene puesta una habitación—. Tiene una hermana llamada Francisca que en unión de la informada actuó en el saqueo de la casa de la Marquesa de la Peña por lo que estuvieron presas unos tres meses. La conducta moral de la madre de ambas deja mucho que desear». Otro informe posterior recogía estas mismas acusaciones y aumentaba los cargos: «No ejerce profesión determinada y es indiferente a las ideas religiosas». En Auxilio Social, donde la expedientada había trabajado, la consideraban «buena», aunque admitían haberla despedido tras conocer las averiguaciones de Información e Investigación. Cuando le fue leído el pliego de cargos, María TL se presentó como alguien a quien solo movía «un deseo, una voluntad, de ganarme honradamente la vida». Tras negar el haber mantenido ninguna relación ilícita con el sargento Guillermo B, sí confesó que «él tiene libertad para entrar en mi casa y yo nunca le he dado importante el salir [sic] sola con él cosa corriente hoy en día». Según María TL, existía una conspiración contra ella, tramada por «vecinas […] que ahora han aprovechado la ocasión para con nuestras armas, combatirme a mí pues me consideran su enemiga». Su fe católica, su novio falangista, el cumplimiento del Servicio Social y su desempeño como taquimecanógrafa en dicho organismo eran su mejor defensa. Frente a la acusación de robo («maliciosos cargos», según los denominó), María TL alegó que ella simplemente había comprado los muebles de la marquesa, sin saberlos robados. Su declaración concluía denotando la intranquilidad que padecía: «Quedo pendiente del final de este incidente […] para poder desempeñar mi oficio al que tengo gran cariño y que de momento no ejerzo». No convencidos con sus declaraciones, la Delegación de Justicia y Derecho decidió ampliar la investigación sobre María TL. Los agentes encargados lograron «informaciones confidenciales» de la dueña de una casa de «mala nota». Decía la informante que «antes del Alzamiento» María TL acudía a su negocio. Aunque ya no lo hacía, sí frecuentaba otros establecimientos semejantes en compañía de Guillermo B. Al sargento no le fue abierta investigación alguna. María TL no pudo defenderse de estos últimos cargos. Fue expulsada por venir «observando una conducta inmoral y denigrante que la hace indigna de pertenecer a nuestra Organización».

Los expedientes de depuración por motivos de «conducta denigrante» de las falangistas Trinidad GT, María AL y María TM reúnen las voces cruzadas de diferentes sujetos (las procesadas, los espías y los jefes locales, entre otros). Sus páginas permiten examinar los mecanismos de control social y disciplinario que FET-JONS empleó ante las conductas inmorales de sus miembros, así como las lógicas de género y jerarquía que subyacieron a los enjuiciamientos y sanciones.

En primer lugar, el procedimiento de investigación y castigo aplicado a estas tres falangistas muestra que el informe negativo por parte de los servicios de información falangistas daba comienzo a un proceso de disciplina difícilmente reversible. A las informaciones recabadas se les otorgaba plena veracidad, a pesar de lo vago e inconsistente de los datos que se aportaban para completar el pliego de cargos. Incluso cuando se tenía la certeza de que en las diligencias se habían cometido errores flagrantes (como parecía ocurrir en el caso de María AL, confundida con su hija en el episodio de Auxilio Social), la acusación por inmoralidad sexual seguía adelante apoyada en nuevas evidencias, como un estigma del que la acusada no podría ya desprenderse. La presunción de culpabilidad que se aplicó a los casos de falangistas procesadas por este tipo de faltas se apoyaba en la legitimidad que el propio reglamento disciplinario de 1938 daba a las jerarquías. Y es que, como se ha señalado más arriba, si bien esta suerte de código penal interno garantizaba «la defensa del encartado», también autorizaba «a las Jerarquías un uso flexible de la potestad disciplinaria». Amparados en ello, los jefes tuvieron en sus manos los recursos para imponer una justicia interna que anteponía la «protección» del partido al reconocimiento de derechos a los militantes.

Por otra parte, aunque en los reportes no siempre se explicitara qué datos procedían de la observación directa de las falangistas y cuáles habían sido recabados mediante testimonios de terceros, estos últimos sin duda tuvieron un peso determinante en la construcción de la culpabilidad de las encausadas. A falta de pruebas de otro tipo (como rastros materiales), las declaraciones fueron la materia prima de la instrucción de los expedientes. Los tres casos, pero especialmente las acusaciones vertidas contra María TM por sus vecinas, son tal vez los mejores ejemplos de esto. En ellos se revela la rentabilidad que el espionaje extrajo de las dinámicas intracomunitarias de delación que proliferaron en el contexto social de guerra y posguerra. Cuestión diferente es la de las razones que incitaron esta colaboración de la gente corriente con el espionaje de FET-JONS en la acusación o información sobre sus propios militantes. Imposibles de discernir por las fuentes, cabe suponer que los motivos debieron cubrir un amplio abanico entre la venganza personal y consciente, el deseo de congraciarse con los falangistas y el nuevo orden, la respuesta a posibles coerciones o la confidencia inconsciente de sus consecuencias.

Del otro lado se situaban las voces de las inculpadas. Trinidad GT («licenciosa», de «amores ilícitos»), María AL («prostituta») y María TM («amores ilícitos», asidua a casas de «mala nota») trataron de zafarse de sus acusaciones en el estrecho margen de acción que la respuesta al pliego de cargos les concedía. Como ocurre con buena parte de los procesos judiciales de estos años, es difícil discernir la veracidad de los acontecimientos narrados en las declaraciones autoexculpatorias de las falangistas. No ayuda a ello el hecho de que, en algunos expedientes, su testimonio fuera transcrito en estilo indirecto, lo que ya implica una cierta selección por parte de quien redactaba el informe. En todo caso, y aunque no es propósito de este artículo adentrarse en el sentido subjetivo y la experiencia de los sujetos procesados, cabe subrayar el tenaz empeño que las tres pusieron en demostrar su honra: Trinidad GT imploraba que se tomara testimonio a los médicos que la habían tratado, mientras que María TM se desgañitaba por convencer a su interlocutor de su catolicismo, laboriosidad y devoción a Falange desde primera hora. En las palabras de esta última resonaba el desasosiego ante la pérdida ya no solo del carné, sino del certificado de buena conducta que, con el aval de Auxilio Social, esperaba recibir de la jefatura provincial.

El miedo ante el estigma se percibe con mayor intensidad en el caso de María AL. Ya expulsada de Melilla, en la carta que escribía en su descargo buscaba la compasión del delegado de Justicia y Derecho, al que sumisa reconocía como la «ley», y no dudaba en ser cristalina respecto a su principal temor: «Tengo una hija de 12 a la cual quiero; y no quiero que se avergüence de su madre», «no me diga más que he ejercido la prostitución siquiera por respeto a las cenizas de mi pobre padre que ninguna de sus hijas no manche ni su nombre ni su uniforme». Si declaraciones como las de María AL, pero también en buena medida las de Trinidad GT y María TM, combinaban la defensa de su inocencia («yo no estuve allí») con el alegato sobre su reputación como mujeres («un deseo, una voluntad, de ganarme honradamente la vida»), era porque todas las procesadas eran conscientes de que ser despojadas del carné de afiliada y de los privilegios que les proporcionaba era solo una parte de la sanción que recaía sobre las expulsadas del partido único. La otra era la pérdida de respetabilidad y el posible estigma por su condición de «ligeras» y «licenciosas», lo que las relegaba a una posición de gran vulnerabilidad social. No resulta extraño, pues, que las falangistas manifestasen esta concepción hipersensible de su propia honra.

La visión que los expedientes ofrecen del proceso de depuración es en extremo fragmentaria y parcial, aunque sí permite constatar que las jerarcas de la organización fueron no solo partícipes, sino también en algunos casos impulsoras de las expulsiones de las mujeres acusadas de inmoralidad. En Sevilla, la delegación provincial había retirado el carné a varias afiliadas de cuya conducta sospechaba. Una de ellas era la ya citada Trinidad GT, pero en su misma situación se encontraba Mercedes CL, que escribió al delegado de Justicia y Derecho para pedirle explicaciones por la desposesión de su condición de afiliada. El titular de la delegación, Francisco Summer, solicitó entonces a la SF provincial que, en lo sucesivo, tuvieran a bien darle cuenta de las afiliadas que expulsaban. Esta situación era un reflejo de los intentos de la SF por ampliar su protagonismo en los procesos de depuración, en los que finalmente las jerarquías femeninas solo intervinieron cuando se dirimían faltas leves. Ello no fue óbice para que las delegadas provinciales y locales se valieran de los servicios de Información e Investigación, e incluso de sus propios cuadros para la vigilancia de sus afiliadas.

Una propuesta de Pilar Primo de Rivera, fechada en 1942 (cuando el proceso de depuración estaba prácticamente concluido), ilustraba la percepción de la Delegación Nacional de la SF sobre las expulsiones por motivos de moralidad. Consciente del papel crucial del Servicio de Información e Investigación, Primo de Rivera proponía la creación de una Jefatura de Información dentro de la SF que sirviera de enlace con la Delegación de Información e Investigación y que captase «el ambiente de la Sección Femenina en general». Al precisar las «condiciones que deberán tener los agentes femeninos», aclaraba que

La propuesta no fue aceptada por las jerarquías masculinas: «Honradamente no creemos que las condiciones que el cargo requiere —sigilo, discreción, arrojo, etc.— se reúnan por el número de mujeres que se precisan», sentenciaba un informante de la Secretaría General. Tanto la negativa como el argumento esgrimido evidenciaban los límites de acción de las falangistas dentro del movimiento en virtud de una suerte de contrato sexual establecido desde los inicios de la SF y que seguía (y seguiría) en vigor años después.

Más allá de ello, la propuesta de Pilar Primo de Rivera sintetizaba la visión de la organización respecto a las mujeres: por un lado, las subestimaba en tanto que seres pasionales y lenguaraces; por otra, se erigía como defensora de sus intereses ante el peligro que constituían para sí mismas. En este caso, no obstante, a quien se pretendía proteger era a las militantes de la SF, para quienes un «error de información» podía comportar la expulsión, como quizás la delegada nacional hubiera observado en algunos de los expedientes de militantes «ligeras» o «licenciosas» que le eran notificados (a pesar de que ella, en principio, no pudiera tomar ninguna decisión al respecto). Aunque Pilar Primo de Rivera supiera que ello era en gran medida consecuencia de la doble moral sexual (a la que aludía explícitamente con aquella afirmación tajante de que «cualidades negativas que en el orden moral se vienen consintiendo en el hombre, no se toleran en la mujer»), la delegada nacional no discutía este statu quo. Difícilmente podía hacerlo, ya que la SF era la abanderada de un discurso normativo que restringía a las mujeres su margen de expresión y acción en lo sexual, mientras daba por naturales estos mismos comportamientos en el caso de los hombres. Sin embargo, al tratarse de militantes de la SF, Pilar Primo de Rivera se apresuraba no a polemizar sobre la doble moral sexual, pero sí a tratar de mitigar sus posibles consecuencias. Y ello no solo porque supiera que la crítica a la reputación de sus mujeres resultaba perjudicial para la respetabilidad de toda la organización, sino porque toda su visión (y la de las líderes de la SF) estaba construida en torno a la noción de jerarquía, que establecía determinados estados de excepción para la cúpula del fascismo femenino (la vanguardia de la regeneración femenina), siempre argumentados desde el sacrificio que pertenecer a este cuerpo de servidoras suponía. En pocas palabras: la delegada nacional de SF aplicaba un doble rasero de estatus (la diferenciación entre las falangistas y el resto de las mujeres, trasunto evidente del componente de clase) cuando de juzgar las consecuencias de la doble moral (la diferente aplicación de una normativa sexual en función del género) se trataba.

En todo caso, el diagnóstico de la delegada nacional no dejaba de plantear una pregunta pertinente: la de si, en efecto, existía doble moral en el enjuiciamiento de la conducta sexual por parte de los y las militantes falangistas. Solo es posible responder a esta cuestión mediante una comparativa con casos de afiliados cuya instrucción apuntaba a conductas sexuales consideradas degradantes. Uno de estos casos puede ser el de Ángel GB, alcalde y delegado de Auxilio Social de un pueblo de Sevilla, a quien en 1939 la jefe (nunca se empleaba el femenino) local de la SF denunció por abuso de autoridad hacia las mujeres de Auxilio Social. Sobre Ángel GB, al que la falangista atribuía además una «reputación tenoriesca» y «presunción donjuanesca», se recabaron hasta diez testimonios que coincidían en el maltrato que ejercía sobre sus subordinadas «para satisfacer sus apetitos carnales». No solo, a decir de los declarantes, tenía una amante embarazada, a pesar de estar casado, sino que, dado que se trataba de un «insatisfecho sexual», se aprovechaba de chicas menores y de mujeres que tenían antecedentes «rojos», más vulnerables, a quienes amenazaba con «cortar el pelo». Ángel GB negó los cargos: según él, había castigado y contribuido a la «regeneración» de las «socialistas», sin cometer excesos con ellas; si alguna vez se había permitido algún comentario con las mujeres de Auxilio Social —alegaba— era porque, al ser el médico local, «ha visto nacer a muchas de ellas y las trata con la confianza y cariño de conocerlas de toda la vida». Ángel GB fue sancionado con inhabilitación para cargo de mando por seis meses.

El cargo y profesión de Ángel GB podían haber motivado la lenidad con la que fue procesado este donjuán fascista, pero no solo estos abusos de poder (bien conocidos en el ámbito del fascismo local) fueron la causa de la levedad de su sanción. Ejemplo de ello es el expediente de Juan GG, labrador de un pueblo de Sevilla, acusado en 1940 de estafa por parte de la encargada de una casa de prostitución. La investigación sobre la conducta de Juan GG puso de manifiesto que este además maltrataba físicamente a su mujer e hijos —por lo cual ya había sido detenido antes de la guerra—, se emborrachaba con frecuencia y hacía «vida marital con prostitutas». Sin embargo, Juan GG también había prestado «muy buenos servicios a la Causa Nacional». Concretamente, su hazaña consistía en que en julio del 36 había sido «maltratado de obra por elementos comunistas». En sus respuestas al pliego de cargos, Juan GG fue escueto: a la acusación de andar con prostitutas, contestó «que él alguna vez quizás falte a sus deberes»; a la de borracho, «que alguna vez se embriaga»; y a la de que su esposa «ha tenido que abandonar el hogar conyugal por los malos tratos del declarante», solo respondió que «su esposa vive con el declarante». El delegado de Justicia y Derecho, Francisco Summer, en atención al sacrificio del procesado, recomendó como sanción su «suspensión por término de un año» para que Juan GG pudiera «regenerar su vida».

Sin duda, la justicia interna de FET-JONS fue un espacio en el que las mujeres del partido (como la delegada local que denunció a Ángel GB), y puntualmente las ajenas a él (como la encargada de la casa de prostitución que acusó a Juan GG), buscaron reparación a los agravios o abusos de poder masculinos, también en lo que se refiere a comportamientos sexuales. El primer caso, más frecuente entre los expedientes de depuración, ayuda a delimitar el muy debatido concepto de la agencia de las mujeres fascistas; en este caso, el de las jerarcas locales, que gozaban de un singular estatus y margen de acción: aunque suficientemente poderosas como para poner contra las cuerdas a una autoridad local, a la vez carecían sin embargo de la credibilidad y la autoridad que poseería un cargo masculino en similares circunstancias.

Los hombres y mujeres falangistas que protagonizaron estos pleitos habían vivido los años republicanos, aquellos en los que las nociones de lo aceptable se habían ampliado para ambos sexos y en los que, a pesar de los límites de las reformas legales y del rearme de la derecha, nuevas formas de heterosocialización y de relaciones erótico-afectivas se presentaron como disponibles para las clases medias y populares: «Él tiene libertad para entrar en mi casa y yo nunca le he dado importante el salir [sic] sola con él cosa corriente hoy en día», había replicado María TL al ser acusada de amores ilícitos con Guillermo B, mostrando que las expectativas de lo socialmente sancionable o permitido también se habían alterado entre las mujeres de derechas. El inicio de la guerra, el avance de las tropas sublevadas y el establecimiento de los poderes leales al nuevo régimen fascista fue encogiendo los márgenes de libertad y autonomía en las relaciones entre mujeres y hombres hasta encerrarlos en nuevos patrones de conducta reglados conforme a una doble moral que no era nueva. Por eso, la comparativa entre procesos revela que, ante las agresiones verbales, la promiscuidad, los abusos de poder, el acoso o la explotación de mujeres, las autoridades masculinas del partido estuvieron poco dispuestas, por lo general, a castigar duramente a sus varones. De hecho, las excepciones a esta regla vinieron casi siempre propiciadas porque a la conducta sexual del procesado se añadían antecedentes políticos. Tal cosa sucedió con algunos militantes, como José AD, natural de un pueblo de Córdoba, que fue expulsado con los cargos de «relajada moral» por hacer «vida marital» con otra mujer diferente a su esposa, además de por haber tenido relación con los «elementos rojos más destacados» de su localidad.

El donjuanismo o las relaciones extramatrimoniales podían ser criticadas discursivamente en manifestaciones retóricas que las contraponían a las masculinidades fascistas que los líderes se esforzaban en personificar (o, al menos, aparentar). Pero, en la práctica, estos comportamientos resultaron relativamente aceptables dentro de la sociabilidad cotidiana del falangismo (y con seguridad, más allá de su comunidad política), donde la transigencia de las autoridades acababa rebajando las acusaciones a meras «galanterías», como ocurrió con Ángel GB, o justificándolas como producto de una mala racha, según se infiere de los informes sobre Juan GG. La tibieza con que se juzgó estos casos ni se acercaba a la severidad con la que se arbitraba cualquier atisbo de desafío al orden sexual por parte de las mujeres, rápidamente etiquetadas de «prostitutas» o «licenciosas». Esta permisividad tácita ya mostraba cómo la doble moral sexual, en tanto que sentido común social que ordena y orienta desigualmente las relaciones entre los géneros, había encontrado en la cotidianeidad fascista de los primeros compases del régimen un hábitat en el que afianzarse como realidad incuestionable. La teórica ejemplaridad que cabía esperar de quien ostentara la camisa azul no lo impidió. Más bien al contrario, y de forma similar a lo que otras investigaciones han señalado, por ejemplo, para el caso de la British Union of Fascists (BUF), la pertenencia a FET-JONS parece que otorgó prerrogativas a los falangistas para dar rienda suelta a sus apetencias sexuales, mientras se las negó a sus correligionarias femeninas, mucho más susceptibles, por su condición de mujeres, de no salir airosas de una acusación de promiscuidad o depravación sexual.

De lo hasta aquí visto se puede concluir que, en el contexto de los primeros años del franquismo, la justicia interna de FET-JONS operó como un dispositivo disciplinario más entre cuyas funciones estuvo la de castigar cualquier supuesta transgresión del orden de género, aquel que el fascismo había venido a regenerar. Además, queda de manifiesto que tales castigos fueron administrados con diferente rasero en función de si el sujeto era mujer u hombre, y que tuvieron una importancia fundamental en la disputa y consolidación de las relaciones de poder que se estaban tejiendo en las comunidades locales de posguerra, controladas por el partido único.

Bien es cierto que la tarea punitiva no fue privilegio exclusivo de los falangistas, pues la justicia ordinaria tuvo indudablemente un papel fundamental en la represión femenina por causas de inmoralidad: algunas leyes especiales, como la de adulterio y amancebamiento, del 11 de mayo de 1942, y la misma reforma del Código Penal aprobada el 19 de julio de 1944 fueron concebidas como instrumentos de remoralización que penaban con más dureza las conductas femeninas, es decir, aquellas que —siguiendo su propia lógica— más necesitadas estaban de instrumentos de disciplina. Pero la justicia interna de FET-JONS se adelantó a ello y ofreció una versión radicalizada —la enorme autoridad concedida a las jerarquías masculinas para «proteger a la comunidad política» así lo autorizaba— de la punición de la conducta femenina sexualmente desviada.

La condición de militantes de la SF no protegió a las mujeres cuyos expedientes se han revisado y a tantas otras que corrieron la misma suerte. Aunque identificadas con Falange y defensoras del nuevo régimen, la teórica protección o acceso a recursos que les podría reportar su militancia no debió ser un factor menor en su decisión de solicitar su inscripción en el partido. Sin embargo, su condición de militantes también las situó bajo un complejo entramado de expectativas y las hizo presa fácil del escrutinio de los servicios de espionaje, que escudriñaban la vida y antecedentes de los afiliados, ya fuera en busca de motivos para engrosar las listas de depuración que se solicitaban desde la Secretaría General o movidos por el ambiente general de sospecha paranoide y acusación de estos años. O por ambas cosas.

La lucha contra la inmoralidad femenina dentro de FET-JONS fue una represión hacia dentro, contras las propias, que constituyó un eslabón más del proyecto más amplio de remoralización sexual de toda la nación. Esta represión interna emplazó así a las falangistas depuradas por su oprobio a un estatus particular que, en línea con lo comentado al comienzo a propósito de los beneficios de un enfoque de género aplicado a los privilegios de los vencedores, nos confirma la poca capacidad aclaratoria de las etiquetas de víctima, perpetradora, o la misma de vencedora si no vienen acompañadas de un análisis que ilumine las circunstancias precisas de los sujetos. Tal particularidad o estatus singular fue el de mujeres falangistas que, alineadas con los ganadores de la guerra y beneficiarias de las prerrogativas que su afiliación les reportaba frente a otras mujeres corrientes, quedaron a la vez presas de las políticas y de la desigualdad que con su militancia estaban teóricamente secundando. Esta circunstancia no encierra ninguna paradoja ni contribuye a alimentar cualquier discurso relativizador del grado de implicación de las bases femeninas de FET-JONS en el proyecto falangista; más bien, ayuda a iluminar una de las materializaciones posibles de las lógicas de género bajo el fascismo, señalando, a la vez, que estas son indisociables de las otras relaciones de poder (de estatus o jerarquía) con la que están permanentemente cruzadas.