Hay una clara línea histórica, así Kurki (2023: 67) refiriéndose a Hohfeld (2004 [1968]: 27), que considera «únicamente a los seres humanos como personas jurídicas [cabe entender en nuestra terminología como dotados de personalidad jurídica] y titulares de posiciones jurídicas [o sea, sujetos de derechos]»; lo que entiendo que no excluye, en el orden teórico, las nuevas formas de personificación, que encuentran acomodo en el positivismo jurídico (así, también, Macanás, 2023:14), unido a que, en España, «la condición de persona jurídica carece de relevancia constitucional en sí misma considerada» (López, 2012: 64); y que, como precisa Guastini (1999: 64-65), no cabe la jerarquización entre derecho natural y derecho positivo, pues solo existe este último, al que es inherente la libertad de creación. Unido a que, como señala Mainardis (2024: 15-16), el derecho natural ya no es el viejo derecho natural inmutable, sino que tiene que adaptarse a la razón humana y al ideal de justicia a que todo ser humano aspira, lo que sin duda es mutable a lo largo del tiempo histórico; por ello, también cabría la nueva regulación de la Ley 19/2022 bajo una concepción iusnaturalista actual.

Nuestro actual sistema jurídico no es ya iusnaturalista y la Ley 19/2022 se imbrica en lo que se conoce como welfare state, en el que el Estado no únicamente debe cumplir funciones de control y represión, sino que debe tener también, así Guastini (1999: 74), funciones «promocionales» e incluso ayudarse de «los instrumentos de la sociología empírica», para constatar qué reclama la población, o, más bien podría matizarse, una parte de esta, pero con capacidad para influir en la legislación. No puede ocultarse que esta Ley 19/2022 nace de una iniciativa legislativa popular (ILP), y, en consecuencia, sí podría decirse que es una ley promocional, e incluso publicitaria y de vacuo —o muy escaso— contenido sustancial, pero ello no conlleva ser inconstitucional.

Por otra parte, la interpretación constitucional, para no fosilizar su texto, exige una interpretación evolutiva para adaptarse, a través de la ley ordinaria, a los nuevos reclamos, tendencias o teorías sociales, entre los que está la personificación de los entes naturales, cosa distinta serán las «fronteras existenciales», que para Accarion (2025: 291-292) serían a) la renovación del concepto de persona moral (embriones, animales, entes naturales, etc.) y consiguiente determinación de cuándo se es ya titular de derechos subjetivos (también habrá que reformular esta categoría); b) la colisión de derecho civil frente al penal (a este acude el preámbulo) que hace tambalear la concepción unitaria, así si se incluyen los animales (para su responsabilidad penal), la misma distinción entre el ser humano concreto y la humanidad (para los delitos de lesa humanidad), la inteligencia artificial, en relación con la propiedad intelectual o industrial, si hacen un cuadro o construyen un artefacto, etc., y c) la aptitud a la propiedad, para ser propietarios o poder disponer, esto encuentra especial relevancia en nuestro ente natural.

La Ley 19/2022 no atribuye derechos a la naturaleza (igual Soro y Álvarez, 2024: 69), sino que —art. 1, primer párrafo— los «declara» y «reconoce», lo que en pura lógica implica que ya existían antes de que la Ley 19/2022 procediera a desvelarlos. Formulación legal que ya refleja una concreta concepción ideológica (contraria a la del grupo parlamentario de Vox y las opiniones del voto particular), pero que no excluye que lo relevante es concretar si, en verdad, nace una nueva persona jurídica y cómo se configura; al efecto, Accarion (2025: 294-295) habla de realidad biológica para referirse al ser humano, y, desde luego, el ente natural también lo es, por lo que solo falta el paso siguiente de declararlo sujeto de derechos. No obstante, Braillet (2025: 42) considera que es puro idealismo, y dudosa su eficacia, aunque en su origen, refiriéndolo a la naturaleza, pudiera ser un elemento emancipador, no es a lo que parece que responde nuestra Ley 19/2022.

Como conclusión a lo que se acaba de decir, hay que destacar que este ente natural no es novedad en el derecho comparado, no en vano Kurki (2023: 1-3) cita ya el fallo de la Supreme Court, Appellate Division, Third Department, Nueva York, 2014 WL 6802767 (N. Y. App. Div. Dec. 4, 2014), en que se pretendía conceder, desde el common law, derechos a un animal (chimpancé), encontrándose el problema para su personalidad en que sí pueden tener derechos, pero no responsabilidad social. A lo que se une, como dicen Bachmann y Navarro (2022: 375-376), que el ente natural no tiene personalidad per se, aunque atribuirle personalidad tiene como ventaja que los derechos serán ejercidos por un tutor o representante, con el inconveniente de que desde el antropomorfismo solo se le otorgarán los derechos que interesen al legislador.

En la confrontación entre ecocentrismo moderado (se personaliza un ente natural) y neoconstitucionalismo (o ecocentrismo radical, se personifica a la naturaleza en sí), también debe tenerse presente, con Ferraris y Saracco (2023: 103), que las nociones de «naturaleza», «ecología» y «vida» son intrínsecamente antropológicas, de igual forma que son inherentes a la vida humana y a su progreso; como, también dicen, la propia dimensión ética es antropocéntrica, ya que no tiene sentido hablar de «ética» en otro contexto, so pena de volver al animismo de los bosques sagrados y a la superstición de la aruspicina.

Esto, antedicho, el debate sobre el ecocentrismo (moderado), que sería la base para la personificación, se centra en lo siguiente:

Todo ello, considera el voto particular, implica un cambio de paradigma que no tiene encaje en nuestra Constitución, por considerarla de génesis liberal en que se atribuyen «los derechos exclusivamente a las personas». Esta argumentación no es compartible, por sí ser trascendente diferenciar entre personificar a un ente natural o a la naturaleza (o divinizarla). Además, únicamente podría considerarse liberal nuestra CE —y este es el sentido que parece querérsele dar por el voto particular— de entenderse la CE al estilo que lo refiere Mattei (2013: 62), o sea, considerándola, como todas las europeas, como epígona de la modernidad, excepto las encajables —no habría ninguna europea— dentro del nuevo neoconstitucionalismo (para su mejor conocimiento cabe acudir a Estupiñán et al., 2022: 51-59).

Ha sido una constante doctrinal —aquí y allende, aunque en franco decaimiento teorizante— reseñar las diversas teorizaciones sobre la persona jurídica, basta acudir —para conocerlas— a cualquier manual, tratado o comentario, nacional o extranjero, y, en especial, a De Castro (1972: 68-73), De los Mozos (1988: 240-243), Capilla (1993: 44-61) y, de forma concisa e incisiva, López (2012: 71-91), para resaltar —punto 84— que en el derecho de la Unión Europea, y en virtud de la doctrina del «poder adjudicador», las personas jurídico-privadas —lo que es nuestro ente natural— que reciban caudales públicos —subvenciones y ayudas, art. 4 RD 90/2025— están sometidas «a una supervisión y control de los Poderes públicos, para que no puedan interponerse como barreras para la efectividad y exigibilidad de las garantías ciudadanas ante estos mismos podres», lo que se observa a lo largo del RD 90/2025.

No procede estudiar las distintas teorías (tanto por estar superadas, como por ser inaplicables a nuestro ente natural), cuya finalidad es la superación de la inicial teoría de la ficción (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1.ª, de 21 de julio de 1990, y sentencia del Tribunal Constitucional 117/1998, de 2 de junio); iniciada ya por la teoría de la realidad, orgánica o concepción antropomórfica (recogida por la jurisprudencia francesa, así, Cass. civ. 28 janvier 1954 [D. 1954, 217], y Cass. soc., 17 avril 1991 [JCP 1992, II, 21856]; en todo caso, de pretender encontrar alguna que dé respuesta a los constantes reclamos de nueva personificación, incluida la personificación de nuestro ente natural, hay que acudir a la teoría del expediente o realidad técnica. Pues, como dice Molina Navarrete (1995: 45-78), desde una visión realista, responde a «la personificación al servicio de concretos objetivos», con el fin de resolver el «problema de la determinación de las “condiciones de uso” de los diversos estatutos normativos relativos a los “sujetos”». O, como afirmó Carbonnier (2017 [1955]: 748), ya hace tres cuartos de siglo, la atribución de personalidad es una «una realidad o instrumento técnico» para alcanzar unas concretas finalidades, dignas de tutelarse jurídicamente (lo que sucede con nuestro ente natural cuando se personifica). Esta teoría de la realidad técnica se emparenta con la filosofía de W. James, y es totalmente contraria a la teoría de la ficción, por partir de que pueden crearse —las personas morales o jurídicas— por la ley o ante el silencio de la ley, para satisfacer un interés colectivo suficientemente consistente; el interés aquí no sería de la cosa en sí, sino de quienes lo promueven, aunque sí sea en beneficio de la cosa que se personifica y delimita, art. 1, para concretar en ella el interés digno de protección.

En nuestro ordenamiento jurídico siempre ha habido una clara inclinación a la personificación, no siempre bien entendida o aceptada, así todavía es polémico cuándo es persona jurídica la sociedad civil, debate que debería estar superado, al menos, desde la publicación de la segunda edición del Código Civil, dado que los antecedentes históricos —esenciales conforme al art. 3.1 Código Civil frente a cualquier opinión doctrinal por relevante que sea— demuestran que su personalidad no deriva de interpretar a sensu contrario el art. 1669.2 Código Civil (introducido en la segunda edición), sino que el art. 1669.2 Código Civil actúa simplemente como excepción, esto lo deja claro Gamazo en respuesta a Azcárate, que reclamaba la personificación (al efecto, Serrano de Nicolás, 2013: 708-715).

Desde esta óptica no sería, pues, novedosa la inclinación de nuestro legislador en la Ley 19/2022, junto con deberse resaltar que los derechos subjetivos requieren de un sujeto de derechos, y, a la vez, que este exige de sus derechos subjetivos (por todos, Accarion: 2025: 300-310). Aunque, como precisa Scalisi (2005: 137), sujeto de derechos y persona jurídica no son coincidentes, pues se puede ser lo primero sin ser lo segundo; a lo que añade Lipari (2013: 62-67) que no pueden escindirse artificiosamente subjetividad y capacidad jurídica, aunque sí cabe, en las personas jurídicas, modular su capacidad jurídica, e incluso —como ya se ha indicado— que asociaciones no reconocidas (ibid.: 69-70) puedan adquirir bienes inmuebles. Distinto es que, a veces, la persona jurídica solo sea un mero expediente del lenguaje —o abuso de la personificación— a fin de limitar la responsabilidad de socios o asociados, pero ello no autoriza, como dice Lipari (ibid.: 70-76), a que pueda escindirse personalidad de subjetividad, por ser justo en el ámbito del medio ambiente y del consumo donde, ante la dificultad de estructurar y subjetivizar los intereses del grupo, aparecen los intereses difusos para tutelar el medio ambiente.

En todo caso, sí parece que cualquier nueva persona jurídica (y nuestro ente natural del Mar Menor lo cumple) debe tener una mínima organización (sería la Tutoría, art. 3, basta ver, de lo contrario, los problemas que presentaría en lo procesal [García-Rostán, 2023: 328]), unas medidas de protección suficientes (arts. 4 a 6), y, finalmente, una publicidad mínima adecuada (en este caso es la máxima por la misma publicidad de la Ley 19/2022).

Con el RD 90/2025 queda aún más clara su novedad, y su ubicación en el ámbito del derecho privado (solo excluido el mercantil, en cuanto lo fuese por razón del ánimo de lucro), al precisar —art. 2.3— que serán sus normas las supletorias, cierto que no tanto las de una figura concreta, sino las de las personas jurídicas (como categoría jurídica), arts. 37 y 38 Código Civil (aunque, en cualquier caso, como precisa Macanás [2023:15], estos dos, junto con los arts. 35-36, 28 y 41, son muy incompletos para configurar un régimen de la persona jurídica); también habrá que acudir al derecho privado para la representación legal (u orgánica); el apoderamiento; los derechos subjetivos, etc., aunque a la abogacía del Estado le parecía obvio que sería «una persona jurídica de derecho pública» (por lo que habría faltado, jerárquicamente, su dependencia ministerial), y que del conjunto del ordenamiento jurídico derivarían sus obligaciones (que parecían no existir en la Ley 19/2022) y la imputación de responsabilidades (aunque al voto particular no le parezca apropiado, punto 3, penúltimo párrafo in fine). No se decía, y por su desarrollo reglamentario parece obvia la causa (al situarla en el ámbito del derecho privado), qué modalidad podría ser, de las múltiples que enumera, entre otros, de forma clara y sistematizada, Fernández Farreres (2012: 114-152).

Lo que sin duda desde el primer momento quedaba claro es que esta nueva persona jurídica no era encajable dentro de las previsiones de los arts. 35 y 36 CC, ya que ni su base son las personas como colectivo o asociadas, ni tampoco es la gestión de un patrimonio dotacional, menos una corporación pública. Es, sin duda, original, y, por ello, tendrá que tener su propio régimen jurídico (o sea, el derivado del RD 90/2025), pero justo su novedad, y su pretendida vinculación con formulaciones ecológicas radicales, lleva a crítica acerba por Carrasco Perera (2022: 3), por considerar que no soluciona nada ni es la vía adecuada. No acogerse a las formulaciones tipificadas por el Código Civil no impide que pueda nacer como un expediente técnico para alcanzar una finalidad concreta, unido a que, con Kurki (2023: 5), debe admitirse que para tener personalidad jurídica bastaría con poseer al menos un derecho jurídico (en nuestro caso se los da el art. 2 Ley 19/2022), e igual podría decirse con solo ser titular de un derecho o de una obligación; en consecuencia, no sería necesario ser responsable (aunque también lo será cuando contrate, art. 2.4.b RD 90/2025). Afirmación relevante por ser la falta de responsabilidad y de obligaciones una de las alegaciones —del voto particular— para negarle la personalidad jurídica.

Admitida su posible existencia, para lo que le basta con ser titular de derechos subjetivos, art. 2.2, se trata de examinar ahora sus rasgos distintivos, que son los siguientes:

1.º El origen legal, al crearse por la Ley 19/2022, desarrollada por el RD 90/2025, lo que la sustrae a la autonomía de la voluntad en su creación y en sus elementos o rasgos básicos identificadores, y, desde luego, no puede aplicarse a otros supuestos, pues solo cabe para el previsto por su art. 1 Ley 19/2022.

2.º La autonomía de la voluntad existe, pero limitada a su finalidad, y con dicho fin se reconoce expresamente en su art. 2.7, primer párrafo in fine (para la contratación); como cierta autorregulación (al modo de lo que podrían ser los estatutos de sus órganos), en los arts. 2.4.d, 2.5, 3.4 y 5.1.c in fine, y actuará, también, por la remisión genérica al ordenamiento jurídico privado, en los arts. 2.3, para el régimen de la Tutoría del Mar Menor; 2.6, para el funcionamiento de la Gerencia; 2.7, para la contratación, y 2.8, para el régimen presupuestario, económico-financiero y de contabilidad, todos del RD 90/2025, como los que se citen seguidamente.

3.º El carecer —cuando se crea por la Ley 19/2022— de las notas típicas de una persona jurídica (nombre, domicilio, nacionalidad, representantes, duración, aunque obviamente será indefinida, etc.). Ahora, con el RD 90/2025, se conoce el nombre que será el de «La laguna del Mar Menor y su cuenca», con el que se solicitará el número de identificación social (art. 2.4.b); su sede o domicilio no se fija (corresponderá a la Tutoría designarlo, y debería ser en alguno de los municipios que fija el art. 5.1.c; su nacionalidad obviamente es la española, y su representante, la Tutoría, art. 2 (en la forma que se verá).

4.º La singularidad de su tipo o modalidad, de «nuevo tipo de persona jurídica», de la que hablaba la STC 142/2024, y se recoge el párrafo 4 del preámbulo del RD 90/2025. Singularidad que la excluye de las modalidades tipificadas (asociación, fundación y sociedad civil) y, por ello, el RD 90/2025 regula expresamente el funcionamiento de los órganos de la Tutoría, arts. 3 y 5 a 10.

5.º La singularidad de su estructura y órganos (que no están estructurados al modo clásico de órgano de deliberación, de gobierno y representación), pues no son los clásicos, ni en su denominación ni en sus funciones, junto con tener limitadas sus funciones representativas, pues siempre tienen que tender a alcanzar el fin del art. 2 Ley 19/2022.

El segundo motivo de impugnación se centra en el art. 2 de la propia Ley 19/2022 (aunque más concretamente lo sería en el art. 2.1), en el que «[s]e reconoce al Mar Menor y su cuenca los derechos a la protección, conservación, mantenimiento y, en su caso, restauración», para después —art. 2.2— delimitar su contenido de derechos subjetivos, que delimitarán su capacidad jurídica.

El RD 90/2025, en su art. 2.1, precisa que tendrá «plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines»; este matiz de que sea de obrar cobra relevancia si se entiende que a toda persona jurídica, aunque pudiera tener plena capacidad jurídica (salvo en lo que es imposible como el parentesco, posibilidad de testar o derecho de alimentos), se le puede limitar la capacidad de obrar, y así, sí podrá ser titular de derechos de crédito (en tanto que puede cobrar y pagar, art. 2.4.b RD 90/2025) y de derechos reales, sea a través de la prevista donación, como por herencia (heredera o legataria, y, desde luego, beneficiaria de un modo), e incluso puede comprar o vender bienes inmuebles o muebles, art. 4.1 RD 90/2025 (pero no ser este su tráfico habitual). Además, con Von Thur (1999 [1946]: 466), al tener que actuar sus órganos, o sea la Tutoría (art. 2.1 RD 90/2025), su capacidad no es global, como la de cualquier persona física, sino que, siendo plena, tiene que estar teleológicamente dirigida al cumplimiento de sus fines, marcados por el art. 2 Ley 19/2022 (así, también, Carrasco Perera, 2022: 4, al entender que este objeto o fin delimita la capacidad).

El qué o cómo puede contratar se va delimitando por los siguientes artículos del RD 90/2025, así: a) art. 2.4.b, para la contratación de bienes y servicios y personas trabajadoras, pudiendo hacer pagos y cobros, y, por tanto, resultando obligaciones y responsabilidades, lo que resulta, además, de la remisión que hace el art. 2.7 al régimen de la contratación del ordenamiento jurídico privado, por tanto, con posibles vicios de voluntad, nulidades y anulabilidades, etc., y b) art. 2.7 in fine, imponiendo la obligación de aprobar una instrucciones internas, conformes al art. 3.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, del sector público, en coherencia con que recibe ayudas y subvenciones, art. 4 (al efecto, López, 2012: 85).

La capacidad de obrar no le permitirá hacer donaciones, pero sí dar premios como parte de las actividades previstas por el art. 4 RD 90/2025, y, desde luego, gestionar con la misma amplitud que cualquier persona jurídica su patrimonio (económico), por tanto, podrá comprar, vender o hipotecar, eso sí, directa o indirectamente, debe dirigirse siempre cualquier acto o contrato a alcanzar sus fines, pues estos delimitan su capacidad de obrar. Al igual que para aceptar donaciones o herencias —sea heredero o legatario— deberá estarse a las previsiones del Código Civil sobre la materia, y, desde luego, no le es aplicable el art. 994 Código Civil, por ser una persona de derecho privado.

Como cualquier persona jurídica estará gobernada y representada —legalmente— por la «Tutoría del Mar Menor», que engloba los tres órganos, o sea, el Comité de Representantes, la Comisión de Seguimiento y el Comité Científico, que pueden autorregularse, es decir, dotarse de su propio estatuto de funcionamiento, arts. 2.3 y 5.1.c in fine.

Esta propuesta, y denominación, de la tutoría ya la recoge la doctrina francesa, aunque vinculándola al modo e imagen de una sociedad o asociación; así, Braillet (2020: 1) considera que la atribución de personalidad es perfectamente posible en el plano técnico, así como que «à l’image d’une entreprise ou d’une association, peut-être représentée par des tuteurs humains, et est ainsi apte à être titulaire de droits et à agir en justice pour défendre ses intérêts. Là n’est pas le problème».

Efectivamente, no es el problema la Tutoría, pues sin órgano de gestión y representación no puede actuar ninguna persona jurídica. Y, desde luego, aunque fue polémica la distinción entre «representante» y «órgano» (, y Bioy, 2024: 82), lo que se refleja en el BGB (su parágrafo 26 se intitula «Órgano de gobierno; representación»), lo cierto es que este RD 90/2025 viene a situarse en la línea de no diferenciar, ya que los órganos de las personas jurídicas cumplen la función de los representantes legales de las personas físicas.

Además, añade Von Thur (1999 [1946]: 471), «los órganos no actúan tan sólo hacia lo exterior, sino que también producen vida interna de la persona jurídica, y en esto acierta la doctrina orgánica. Junto con la representación cabe mencionar la gerencia», y respecto de esta Von Thur (1998 [1946]: 169) la estudia dentro del parágrafo destinado a los derechos secundarios (en concreto, al considerar las facultades del poder), para señalar que es habitual en el derecho de sociedades (entiendo que puede extenderse, sin duda, a otras personas jurídicas), y comprendería facultades ejecutivas, sin ser un órgano, sino representante (un apoderado), y la validez de lo que realice dependerá de cómo se ajuste a las facultades conferidas.

La capacidad de obrar de la persona jurídica —susceptible de limitación, así solo para alcanzar sus fines, no con carácter global, como una persona física— se ejercita a través de sus órganos, o sea, la Tutoría, que, continúa Von Thur (1999 [1946]: 471-472), actúa respecto de «sus asuntos internos (modificaciones de los estatutos, elección del directorio, instrucciones al mismo) y, en parte, a negocios jurídicos con terceros». Todo ello con la misma extensión que una persona física, aunque aquí, cabe reincidir, limitada su capacidad de obrar, no por su objeto, sino por su fin, pero, desde luego, con la posibilidad de adquirir derechos y de enajenarlos, como de asumir obligaciones, y, en consecuencia, responsabilidades. Así, dice Von Thur (ibid.: 471) que los órganos de las personas jurídicas en nada se diferencian de los representantes legales de las personas físicas.

Como consecuencia, de lo que se acaba de exponer, se hace imprescindible distinguir, en materia de legitimación procesal, un doble aspecto, así: a) la defensa de los intereses difusos, en que solo cabe plantearse la legitimación activa colectiva, como hace el art. 6.2 Ley 19/2022, pues la actuación será «en nombre del ecosistema del Mar Menor como la verdadera parte interesada [no como parte procesal]», es decir, se actúa en nombre de ella y directamente, incluso aunque no sean sus propios órganos los que actúen, y b) la defensa de su patrimonio, o sea, una legitimación, como la de cualquier otra persona jurídica, sea tanto activa como pasiva, y a través de su órgano de representación, que es la Tutoría, y aquí como, cualquier persona física o jurídica, lo será para todo lo relacionado con su patrimonio, sea exigir el cumplimiento de obligaciones, responder por el incumplimiento de contratos, tal que con sus trabajadores —art. 2.4.b— o por el contrato que se haya podido celebrar con la Gerencia (art. 2.6); e incluso de las responsabilidades en que haya podido incurrir su Tutoría al representarla. Para Von Thur (1999 [1946]: 470-471), la persona jurídica no responde por la actuación de sus órganos (como exigiría la teoría de la representación orgánica a la que se opone), «sino porque corresponde a la equidad y justicia que un patrimonio que se beneficia con cierta administración sufra también el daño que ésta ocasiona».

Distinción que es relevante, también, en materia de costas y gastos o fianzas por medidas cautelares; así, cuando se ejercita la acción popular, art. 6.2 in fine Ley 19/2022, estará eximida, mientras que cuando actúe en defensa de su patrimonio económico —sean obligaciones, créditos o responsabilidades— quedará sujeta al régimen general; para diversas apreciaciones que escapan a este estudio, García-Rostán (2023: 331), Cordón (2022: 6-7) y Pérez de los Cobos (2023: 1.1).

No presentaba, pues, ninguna incoherencia o inseguridad la Ley 19/2022, ni requiere de ninguna reformulación de nuestro derecho procesal, por ser ya algo más que consagrado la defensa de intereses difusos (justo en este ámbito medioambiental y en el de los consumidores), y, en lo demás, actúa como cualquier persona jurídica, que es lo que es.

En cuanto a cómo deben entenderse las cláusulas generales que fijan los standards de conducta, deben hacerse las siguientes matizaciones:

Con lo expuesto se devalúa la afirmación del voto particular (por otra parte, muy argumentado), pues la norma no queda por debajo del umbral mínimo (punto 4.d, segundo párrafo), por ser un supuesto de legal standards, que garantiza los intereses difusos, con una legitimación activa específica.

La ya referida pretensión de vacuidad de los arts. 4 y 5, y su consiguiente inconstitucionalidad, debe rechazarse por las razones que se van a exponer; no obstante, García Guijarro (2023: 113-114) considera que deberían incluirse las omisiones; pero a Lozano Cutanda (2025: 2-3) le sigue pareciendo inoportuno, al igual que a Alenza (2025: 176), al entender que no aportan nada, pero entiendo que no es así, ya que:

Estos standards tendrían tres caracteres o notas distintivas; así, dice Falzea (1999: 371-372, refiriéndolo de nuevo a Pound) que serían a) la valoración moral de la conducta, en términos de lealtad, consciencia, racionalidad, prudencia y diligencia; b) el fundamento práctico del standard, fundado en el sentido común y la experiencia personal, y c) la relatividad en razón de la época, lugar y circunstancias en función del caso concreto al que se tiene que aplicar.

Y así entendidos, en estos artículos no estaría determinadas la conducta (art. 4) ni la sanción o consecuencias (art. 5), pero, desde luego, sí sería determinable jurisdiccionalmente, e incluso el particular o la Administración sí sabrá a qué atenerse; al igual que de tenerse que resolver un caso concreto también podría alcanzarse razonablemente, con criterios fijos o asentados ya en nuestro ordenamiento, y no como algo discrecional, lo que es suficiente para su constitucionalidad.

Además, de estos standards de conducta debe decirse que son:

1.º La recepción en el derecho de la ética social (igualmente podría hablarse de la ética ecológica o ecocéntrica), como canal de permanente recepción, que no es sino lo que pretende el legislador, en razón de la evolución del ecosistema de La Manga del Mar Menor. Suponen, además, la recepción directa (y, por tanto, actualizable cotidianamente) en el modelo (o sistema) jurídico en razón de los valores ético-sociales, eso sí, con exclusión de una reformulación constitutiva —en verdad, como ya se ha anticipado, la Ley 19/2022, en su art. 1, habla de declarar—, ya que lo que se hace, por el legislador, es conformar el sistema normativo del derecho positivo, pues se trataría de «normas abiertas» (norme a fattispecie aperte); así, Falzea (1999: 373-374), refiriéndolo ahora a J. Esser, Grundsatz und Norm in der rechtlichen Fortbildung des Privatrechts (Tubingen, 1974: 150).

2.º Una norma abierta, que, en modo alguno, significa que sea una norma incompleta (); no lo es, pues las normas que hacen uso de un standard son normas completas (lo que en sí ya quita de sentido a la impugnación de inconstitucionalidad). Y son completas dado que la utilización del standard significa un instrumento técnico para una normatividad perfecta, por permitir acomodar la norma al caso concreto; y tampoco hay heterointegración (en el sentido de tomar elementos de derechos foráneos), sino que hay autointegración, aunque se utilicen materiales normativos extranjeros, como es este concepto del standard de conducta, pero los conceptos que determinarán y valorarán la conducta serán los propios de nuestro ordenamiento jurídico, tal que la conducta leal, la buena fe, la responsabilidad, etc. Se ha relacionado también (ibid.: 376-378) el problema de la aplicación de los standards de conducta con los principios generales del derecho, en cuanto se les considera que pueden conformar un sistema jurídico más sistemático y completo, y que, por tanto, en nuestro sistema jurídico serían fuente del derecho, con su carácter informador, art. 1.4 in fine del Código Civil.

3.º Determinables, pues hay indeterminación, pero no indeterminabilidad. La determinación en estos standards sería inferior a las reglas comunes (o conceptos jurídicos indeterminados), pero superior a los principios fundamentales (), y, en cualquier caso, serían norma jurídica, y, además, se configurarían como norma jurídicamente preceptiva (de nuevo, Falzea, ibid.: 389, nota 23); su diferencia esencial con los principios fundamentales es que estarían sujetos al control de legitimidad constitucional, que en nuestro caso lo superarían, por ser conceptos perfectamente acomodables en nuestro ordenamiento con la buena fe, la culpa, la proporcionalidad, etc.

La legitimación activa (art. 6) se impugna, FJ 5, primer párrafo, segundo inciso, con base en las ideas de libertad, dignidad, conciencia, voluntad y responsabilidad, aseverando los impugnantes que, frente a las personas jurídicas del Código Civil, el Mar Menor no se puede asimilar a una persona física; no obstante, ya se ha visto que para la defensa de intereses difusos es innecesario, por ser la laguna la beneficiaria y no tanto el ente como instrumento técnico para lograr los fines, que en este sentido de fin como objeto, como órgano del ente natural, tendrá legitimación activa y pasiva. Además, sobre la base de que solo el ser humano puede tener dignidad (art. 10.1 CE), y que solo él, individualmente o agrupado, es el que puede ejercer y defender sus derechos (art. 24.1 CE), se concluye que «la laguna no puede tener derechos propios, tampoco puede ser la verdadera parte procesal». Tampoco puede aceptarse, pues, junto con ser obvio que sí tiene derechos propios, art. 2, como precisa Martínez García (2023: 30), podrá hacerlo conforme al art. 11.3 LEC, unido a que, como ella anticipa (ibid.: 21-22), lo que sucede es que se está ante derechos de tercera generación, que defienden la solidaridad y justo encuentran su fundamento en la personificación, unida a la obligación del juez de aplicarlos al caso concreto.

Al ser indiscutible que sí tiene derechos propios, art. 2.2, lo que le sobraría ya para ser persona jurídica, lo que procede es tratar de las siguientes cuestiones de la legitimación, diferente según se defiendan intereses difusos o su patrimonio económico, así:

No hay, en suma, vulneración del art. 24.1 CE, lo que corrobora la sentencia; ni hay tampoco un tal poder general (a lo que recurre la sentencia para justificar esta legitimación universal); pero sí debe coincidirse, FJ 5.C, cuando afirma que los derechos fundamentales también rigen para las personas jurídicas nacionales, cuando por su naturaleza les sean aplicables (STC 23/1989, de 2 de febrero, FJ 2); al igual que todas las personas tienen capacidad para ser parte procesal (STC 19/1983, de 14 de marzo, FJ 2), y lo tendrá el ente natural cuando defienda su patrimonio económico, reclame derechos o le exijan obligaciones o responsabilidades; pero esta legitimación activa es colectiva para el ejercicio de un interés difuso.

Una de las proclamas del pensamiento ecocéntrico es la de la solidaridad colectiva e intergeneracional, que no dista de ser una versión laica de la caridad cristiana; en este caso se trataría de una solidaridad vertical, al darse entre sujetos distintos (o desiguales) y en un concreto momento histórico, si bien con proyección cronológica entre las diversas generaciones (al efecto, Lipari, 1998: 426, para el que la solidaridad horizontal sería entre iguales y al momento).

Su reconocimiento está en el art. 45.2 CE, al deberse entender no como una mera preservación del statu quo, sino como una obligación de solidaridad intergeneracional; unido a que no puede entenderse aisladamente, sino en relación con otros principios constitucionales; así, con De Ahumada (2001: 201-202), hay que traer a colación el art. 33.1 CE, que protege la propiedad privada; el art. 38 CE, que reconoce la libertad de empresa (y, por tanto, la posible creación de sociedades civiles o mercantiles), y el art. 40 CE, que exige a los poderes públicos promover las condiciones para el progreso social y económico. Y dentro de estos cauces, en que debe moverse cualquier posible regulación protectora del medio ambiente, cabe y se encuentra la Ley 19/2022.

La solidaridad, para ser relevante jurídicamente, tiene que ser exigible, y así precisa Lipari (1998: 429) que la solidaridad sirve tanto de control metalegislativo ético-material, obligando al intérprete a tenerlo presente para la integración del dato jurídico, como, ya en su más estricto ámbito de «solidarietà e giuridicità» (ibid.: 440), para actuar como elemento delimitador de los derechos individuales. Se trata, en relación con la laguna del Mar Menor, de actuar éticamente; no sería, por tanto, adecuado fijar una lista de qué pueden o no hacer, pues todos somos conscientes de qué hacemos al actuar, y cuándo hay o no malicia o dolo. Lo antedicho es una forma de concebir no solo la naturaleza, sino, también, sus límites, y los propios del ser humano (sea propietario o bañista) al actuar. En este orden de exigibilidad jurídica, obvio que no es lo mismo la solidaridad que la fraternidad, ya que esta última ni puede imponerse ni restringirse, por lo que se diferencia de la solidaridad, en que sí podría ser impuesta.

Aplicada la concepción lipariana —perfectamente admisible en nuestra CE— a la relación entre solidaridad y CE, a la que debe sujetarse la Ley 19/2022, tampoco colisiona con el pensamiento cristiano, e iusnaturalista, pues en el art. 9.2 parece que sí se pudo tener presente la idea de solidaridad, y, además, se menciona expresamente en el art. 2 CE, aunque no en el sentido que aquí interesa; como igualmente se tiene presente la solidaridad en los arts. 138.1, 156 y 158.2 CE; pero, en cualquier caso, nuestra CE no contempla la solidaridad como uno de los valores inspiradores a que se refiere su art. 1.

En suma, y referido a la laguna del Mar Menor, con la solidaridad se pasa de los conceptos de hermandad, caridad o fraternidad propios del cristianismo, e inexigibles, por quedar a la buena voluntad de cada ser humano, a la solidaridad —entre ciudadanos—, que sí es exigible, como concepto laico, y valor inspirador, como lo pueden ser otros conceptos, tal que la buena fe en el Código Civil; y en el ámbito constitucional, como dice Alpa (2022a: 164-166), refiriéndose expresamente a nuestra CE, se está ante un Estado social (preámbulo de la CE, que no liberal), que, con artículos como los 45, 47 o 48 CE, logra un modelo constitucional moderno, en que se conjugan los aspectos políticos, económicos y jurídicos. Y así aparece la solidaridad como un principio con tendencia expansiva, transformándose de deber a derecho, aunque, eso sí, sujeta a unos límites, que deben permitir el pleno e integral desarrollo de la personalidad, en lo ético, económico o jurídico. La Ley 19/2022, hay que concluir, no impide, en modo alguno, tal desarrollo.