ESTADO SOCIAL Y FEMINISMO MUNICIPALISTA: CUIDADOS Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN LAS RURALIDADES ESPAÑOLAS

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

Las zonas rurales de España ocupan un 80 % del territorio nacional. A pesar de ello, la realidad de las ruralidades españolas no suele ser tomada en consideración ni a la hora de elaborar la norma ni tampoco a la hora de teorizar sobre conceptos tan capitales como el Estado social en nuestras disciplinas, pues la epistemología jurídica suele partir de una premisa urbano-céntrica. Con este objetivo, en primer lugar asentamos una perspectiva que consideramos la base de nuestro estudio: la ausencia de neutralidad en el derecho y en el Estado. Del mismo modo que asumimos la necesidad de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico la perspectiva de género con el fin de que un precepto aparentemente neutro, pero materialmente discriminatorio, no sea considerado como válido en un Estado constitucional y democrático en la actualidad, hemos de defender la misma lógica con la perspectiva de ruralidad. La mayor parte de nuestro ordenamiento jurídico es aparentemente neutro en lo que respecta al territorio; sin embargo, su aplicación en las áreas urbanas y en las rurales provoca resultados desiguales y sitúa a las personas que residen en las zonas rurales del país en posiciones menos ventajosas, como se ha tenido ocasión de constatar en el estudio de la profesora Soriano, que precede a esta contribución.

De todas las carencias con las que cuenta el Estado social en las zonas rurales a causa de la reproducción de ese patrón de aparente neutralidad y de constante desatención hacia las ruralidades, la que más nos preocupa es la de los cuidados. Primero, porque estos son indispensables para la vida. Y segundo, e íntimamente relacionado con lo anterior, porque la ausencia de una alternativa pública y estable que absorba los cuidados que la población demanda en las zonas rurales tiene un impacto directo para las mujeres. Como es evidente, la desproporción a la hora de asumir los cuidados en las zonas rurales, allí donde las alternativas públicas de cuidado escasean, va a condicionar la manera en que las mujeres participen en nuestro Estado y se beneficien del Estado social. Con este fin, en segundo lugar, hacemos una panorámica sobre la situación de las mujeres en las zonas rurales y su relación con los cuidados, y tratamos de conectarla con el impacto que tendrá el mantenimiento de unos cuidados informales y feminizados para el correcto disfrute de sus derechos.

A la vista de los resultados desprendidos en los epígrafes anteriores, nos preguntamos si es posible un cambio de paradigma en la configuración de nuestro Estado social y qué herramientas tenemos para propiciarlo. Es decir, ¿podemos reestructurar las políticas que materializan el componente social de nuestro Estado, de acuerdo con una perspectiva de género y de ruralidad? Esta pregunta justifica el cuarto epígrafe que, en tercer lugar, se dedica a proponer una alternativa a las actuales dinámicas jurídico-políticas presentes en nuestro país en relación con el aseguramiento del Estado social. Nuestra propuesta gira en torno a la escala local, y cómo esta podría contribuir a mejorar la situación del Estado social y, particularmente, de las políticas públicas destinadas a los cuidados en las ruralidades españolas. Somos conscientes de que la escala local cuenta con debilidades, al igual que el resto de niveles de gobierno, y es por ello que las apuntamos al inicio de la parte propositiva de la contribución. Hacemos una especial mención a las acotadas posibilidades del municipalismo para mejorar la dimensión social del Estado, teniendo en cuenta el modelo competencial local, así como la generalizada insuficiencia financiera de los municipios españoles. Y, asimismo, ponemos de manifiesto que para poder avanzar hacia una gobernanza feminista necesitamos partir de, al menos, una participación equilibrada entre mujeres y hombres en los espacios de toma de decisiones. Tras subrayar aquellos aspectos que deberían mejorarse desde el ámbito municipal, también resaltamos aquellas potencialidades, a menudo ignoradas por otros niveles de gobierno, que sitúan a la escala local como un nivel óptimo para la gestión satisfactoria del poder desde un punto de vista feminista. Acompañamos nuestras reflexiones de ejemplos reales desprendidos de proyectos de investigación en los cuales hemos tenido oportunidad de participar y donde hemos verificado que la existencia de debilidades no impide que los gobiernos locales se vuelquen en la gestión de los problemas de las vecinas y los vecinos de sus municipios.

En último lugar, las conclusiones de este trabajo animan a reflexionar tanto acerca de la situación de las ruralidades españolas, descrita a lo largo del trabajo, como sobre las posibilidades reales de poner en marcha nuestra propuesta.

II. PUNTO DE PARTIDA: NO HAY NEUTRALIDAD EN EL DERECHO NI EN EL ESTADO[Subir]

Nuestro orden constitucional, nuestro Estado y los conceptos y categorías jurídicas articuladas sobre su base no son neutras. Nunca lo han sido. En todo caso, podemos observar un discurso jurídico que sí tiende a objetivar ciertas relaciones de poder que sitúan a las personas en situaciones de desigualdad. Pues el discurso jurídico acrítico, que compra el falso mito del derecho como ciencia neutral, legitima la existencia de desigualdades y su convivencia en nuestros ordenamientos jurídicos (‍De Cabo, 2014).

El gran protagonismo de esta línea discursiva en nuestra cultura jurídica nos ha impedido analizar algunas desigualdades complejas que ni éramos capaces de identificar ni tampoco de comprender con todas sus aristas. Nuestros Estados, con modelos económicos de base capitalista, no solo no han sabido ver la naturaleza conflictiva de dichas desigualdades, sino que además han consentido su aparición como «un resultado inevitable» y, a su vez, como una «exigencia» para su normal funcionamiento (‍De Cabo, 2014: 60). Es aquí, de hecho, donde cobra una especial relevancia el Estado social, pues aceptando la convivencia de nuestra sociedad con modelos económicos que naturalmente crean desigualdades, aceptando el «acuerdo tácito» o el «pacto entre el capital y el trabajo» (‍De Cabo, 1993: 334), trata de corregirlas promoviendo políticas que reequilibren a las personas que se encuentran en posiciones menos ventajosas.

La reflexión que planteamos en esta contribución gira en torno a esta última pretensión, que es la misma razón de ser del Estado social, la de corregir las desigualdades, sobre todo las provocadas y consentidas por el sistema, con la promoción de medidas y políticas tendentes a igualar a las personas. Y, del mismo modo que sucede con el resto del ordenamiento jurídico, las políticas públicas, las disposiciones legislativas o, en definitiva, el uso del poder sobre el paraguas del Estado social tampoco es neutral, sino que bebe de las categorías axiológicas presentes en nuestros ordenamientos jurídicos. La forma de organizar nuestro Estado social tiene, y ha tenido desde su misma génesis, un impacto para numerosos colectivos. De ahí surgen algunas dicotomías que, recientemente, encuentran una mayor visibilidad en el derecho y justifican que prestemos especial atención a las mismas en nuestras sociedades contemporáneas con el ánimo de diluirlas. A dos de ellas dedicaremos una particular atención en nuestras reflexiones: a las diferencias urbano-rurales y a las que existen entre mujeres y hombres, cómo se relacionan entre sí, y qué trato ha venido ofreciendo el derecho a las mismas.

Para ello es irremediable vincular el análisis del género y la ruralidad (‍Torrecillas, 2024: 291-‍324)^[1] desde un punto de vista transversal, y no estanco. Esto es, qué significación tiene la ruralidad para el género y el género para la ruralidad, y si la presencia de ambos factores se encuentra entrelazada y hasta qué punto. Y, sobre todo, qué papel juega el Estado social en el análisis de estas realidades. Para ello, trataremos de aplicar las metodologías iusfeministas de Alda Facio (‍1992, ‍1999: 99-‍136), Katharine Bartlett (‍1990: 829-‍888) y Soriano (‍2022a: 5-‍26). Con el fin de poder ofrecer algunos datos para aportar rigurosidad a esta contribución, tomaremos como referencia los resultados del proyecto «Igualdad de género en el entorno rural y municipal de Extremadura: diagnóstico y propuestas», realizado entre los años 2019 y 2022, y coordinado por la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura Silvia Soriano Moreno. Los datos obtenidos como consecuencia de la investigación abordada en el mentado proyecto son referentes a la Comunidad Autónoma de Extremadura (‍Soriano, et. al., 2022c)^[2]. Es por ello que, al tiempo que iremos aportando datos sobre el caso particular de la región extremeña como región rural de referencia en este estudio, extraeremos datos de otros informes con alcance nacional con la pretensión de poder extrapolar nuestras conclusiones a otras zonas rurales de España.

III. CONSTITUCIONALISMO, ESTADO SOCIAL Y CUIDADOS EN PERSPECTIVA RURAL Y DE GÉNERO: UNA PANORÁMICA[Subir]

La ruralidad en España tiene, en todo su conjunto y complejidad, un impacto de género que se observa en numerosas variables que abarcan desde la presencia de las mujeres en las instituciones representativas, su situación profesional, la fiscalidad, su salud física y mental y el grado de atención sanitaria que reciben, entre muchas otras circunstancias. Queremos precisar que el diagnóstico al que aquí nos vamos a referir es tan solo un síntoma de la deficiente situación del componente social del Estado en las ruralidades españolas. Las problemáticas que presentan las zonas rurales en nuestro país son mucho más complejas, y es por ello que también remitimos a otros trabajos para su correcta comprensión (‍Navarro, et. al., 2023; Soriano, et. al., 2021; ‍Torrecillas, 2025a). En este análisis hemos querido centrarnos en la situación de los cuidados, y cómo la falta de estos en el ámbito público, y singularmente en las zonas rurales de España, afecta especialmente a las mujeres. Pues, los servicios públicos relacionados con los cuidados, a diferencia de otro tipo de servicios cuyo objeto de prestación no es tan esencial para la vida, aseguran la supervivencia de muchas personas, sobre todo la de aquellas dependientes.

El Estado social y democrático de derecho que propugna la Constitución española de 1978 se encuentra intrínsecamente vinculado al concepto de ciudadanía. Concepto, a su vez, ligado al orden socioeconómico por el que se optó en la constituyente, a mitad camino entre el intervencionismo (art. 9.2 CE) y el libre mercado (art. 38 CE). Convenimos aquí con Noelia Igareda, que vincula el pleno disfrute de la ciudadanía al trabajo, pues nuestra carta magna propugna una «ciudadanía laboral» en tanto en cuanto «son beneficiarios/as del sistema de protección social las personas que han participado de manera completa y continuada en el mercado de trabajo formal» (‍Igareda, 2012: 51). La máxima propugnada por el texto constitucional viene a reproducir una relación bilateral y de reciprocidad para con el sistema. Si colaboras en su sostenimiento, el sistema te sostendrá también a ti dado que, como ciudadano, participas en el mantenimiento del aparato estatal.

Con falso universalismo y apariencia de neutralidad, en el texto constitucional se asume que toda persona que posea el estatuto de ciudadanía podrá participar de forma igualitaria en el sostenimiento del sistema. Se obvia, por tanto, que también existe un trabajo informal, que es invisible a ojos del Estado. Y se obvia, asimismo, que estos trabajos han sido tradicional y mayoritariamente desempeñados por las mujeres (‍Durán, 2018: 57-‍89). Lo que Pérez Orozco denomina como «conflicto capital-vida» (‍Pérez Orozco, 2011: 29-‍53). Lo cual, no solo ha supuesto una merma en su capacidad para desempeñar el trabajo formalmente sí reconocido, sino también en la forma en que se participa del estatuto de ciudadanía. Es el clásico conflicto denunciado por exponentes como Silvia Federici, en su crítica feminista. «Porque tan pronto como levantamos la mirada de los calcetines que remendamos y de las comidas que preparamos, observamos que, aunque no se traduce en un salario para nosotras, producimos ni más ni menos que el producto más precioso que puede aparecer en el mercado capitalista: la fuerza de trabajo» (‍Federici, 2018: 31).

Si además situamos este conflicto en las zonas rurales las aristas del problema que analizamos se multiplican. En primer lugar, porque, como es de sobra conocido, las prestaciones sociales o los servicios a los que puede accederse en la urbe y en las ruralidades no son los mismos, ni cualitativa ni cuantitativamente (‍Ministerio de la Presidencia, Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España, coord., 2021)^[3]. En nuestro país existe un modelo residencial de hiperconcentración demográfica en las ciudades, especialmente en las más grandes (que ocupan aproximadamente un 20 % del territorio nacional y aglutinan un 80 % de la población total del país) y de despoblación y despoblamiento de las zonas rurales, que afecta particularmente al interior y al oeste peninsular. Esto provoca que la facilidad para cubrir servicios públicos en las ciudades y en los municipios rurales no sea siquiera comparable. El plantel de servicios, también aquellos relacionados con el sistema de asistencia social y de atención a la dependencia que realizan cuidados, será mucho más visible en las ciudades que en los municipios de pequeño tamaño. Es relevante hacer una mínima panorámica demográfica, pues hemos de tener en cuenta que, de acuerdo con los datos suministrados por el Gobierno en fechas actuales, de los 8132 municipios que disponemos en España, 6827 no alcanzan la cifra de 5000 habitantes^[4].

Como veníamos arguyendo, en este prototipo de municipios de pequeño tamaño es muy difícil cubrir ciertos servicios. Y cuando el Estado social no está, cuando este se diluye, alguien debe hacerse responsable de aquellos cuidados más indispensables para la vida. Y ese alguien, tradicionalmente, han sido las mujeres. Y todo apunta a que lo siguen siendo, especialmente en aquellos espacios donde no existen alternativas públicas de cuidado que absorban de forma suficiente y estable las demandas de los residentes, a pesar del perfil medio de persona que habita la ruralidad en nuestro país (‍Díaz Calvarro, 2022a: 235-‍280; ‍2022b: 53-‍78).

De acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las zonas rurales están un 9,2 % más masculinizadas que las áreas urbanas. La presencia de hombres en los entornos rurales es más alta a medida que decrece el tamaño del municipio. Asimismo, existen un 35,2 % menos de personas jóvenes en el medio rural que en el medio urbano (‍Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 2021a, ‍2021b; ‍Camarero Rioja, 2025: 15-‍21). El envejecimiento y la masculinización de los entornos rurales también han sido variables constatadas en el medio rural extremeño (‍Soriano et al., 2022c: 92-‍94). Podemos afirmar, por ello, que en el medio rural existe una mayor presencia de hombres, y particularmente de hombres mayores de 65 años.

Lo anterior se encuentra íntimamente relacionado con el rol que desempeñan las mujeres que se quedan en los entornos rurales. Pese a que las mujeres están menos presentes en las zonas rurales, se ha constatado que en la región extremeña el 63,7 % de las personas que realizan cuidados en el entorno familiar son mujeres, especialmente aquellas cuya edad oscila entre los 40 y los 45 años (ibid.: 94). Si nos detenemos en los datos sobre las personas que cuidan a otras personas en situación de dependencia o discapacidad, las cuidadoras siguen siendo mayoritariamente mujeres. Aquellas personas de entre 6 y 45 años, en situación de dependencia o discapacidad, son cuidadas en un 69,8 % por sus padres, y más concretamente, en 10,5 % de los casos por su padre y en un 59,3 % de los casos por su madre. Y lo mismo sucede con aquellas personas receptoras de cuidados cuya edad supera los 80 años, que son cuidadas en un 59,1 % por sus descendientes, correspondiendo a los hombres en un 18 % de los casos y a las mujeres en un 41,1 % (ibid.: 94-99; ‍Díaz Calvarro, 2022a: 235-‍248).

A nivel nacional, el ya citado informe Diagnóstico de la igualdad de género en el medio rural constató en 2021 que, aunque el número de mujeres y de hombres que conviven con personas en situación de dependencia es más o menos equiparable (10,8 % mujeres y 8,2 % hombres), no lo es la responsabilidad adquirida en función del género. En el caso de las mujeres, estas son en un 85,6 % de los casos las responsables del cuidado, mientras que los hombres solo lo son en un 26,8 % de los casos en los entornos rurales. Se destaca, también, que las mujeres dedican más del doble del tiempo que los hombres al cuidado de la infancia y de las personas mayores, dentro del núcleo familiar. En este mismo informe se presta atención a los usos del tiempo en los entornos rurales en relación con el género. De acuerdo con el mismo, la media de tiempo diario destinado por las mujeres a la realización de tareas domésticas es cinco veces superior a la de los hombres. En la misma línea, el proyecto regional de la Universidad de Extremadura también constató que las mujeres «dedican más tiempo diario al trabajo, a las tareas domésticas, al cuidado de otras personas y eso repercute en el menor tiempo que dedican a su cuidado personal» (‍Soriano et al., 2022c: 94).

Las mujeres que cuidan en los entornos rurales de Extremadura reconocieron que la mayor parte de las ayudas que reciben provienen de su mismo entorno familiar o de personas allegadas, siendo tan solo un 12 % los casos en los que reciben apoyo de los servicios públicos, y apenas las que utilizan servicios privados (‍Soriano et al., 2022c: 96). A los recursos limitados con los que cuentan los pequeños municipios rurales hemos de sumar la lejanía a los mismos, y el déficit existente en materia de transporte público para acceder a estos. No todas las personas que se responsabilizan de los cuidados conducen o cuentan con vehículo propio, lo cual, dificulta todavía más el acceso a tales servicios (‍Marchena, 2022: 149-‍175).

La situación de las mujeres en los entornos rurales es problemática a este respecto porque buena parte del tiempo que destinan al sostenimiento de las personas en estos territorios no es formalmente reconocido por el Estado. En los entornos rurales los cuidados siguen siendo mayormente familiares, informales y feminizados. En estos lugares, existe una repercusión evidente en la manera en que las mujeres participan efectivamente del estatuto de ciudadanía. Como verificó el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, Philip Alston, en su visita a España en 2020, las mujeres suelen ser quienes eligen no incorporarse al mercado laboral para cuidar, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto de las Mujeres sobre los permisos, excedencias o reducciones de jornada a los que se acogen mujeres y hombres en los últimos años en España^[5]. Y, en parte, se debe a la escasa inversión asistencial destinada a las personas que requieren cuidados. De ahí que en el citado informe se recalcase una notable ausencia de atención hacia las arraigadas estructuras económicas que perpetúan la desigualdad. «Debería prestarse mayor atención a la importancia económica del trabajo asistencial no remunerado y a las formas de compensarlo y reemplazarlo» (‍ONU, 2020: 15).

El informe fruto del proyecto regional de la Universidad de Extremadura constata que «cuando la familia no es suficiente, ya sea porque los núcleos familiares son más reducidos o por la incorporación de las mujeres al mercado laboral, se compensa con personal cuidador profesional o, de forma más habitual, con la contratación, de forma precaria, de mujeres migrantes» (‍Soriano et al., 2022c: 92). Es relevante destacar aquí el rol que ejercen en las ruralidades las mujeres migrantes, alineándonos con la metodología propuesta por Alda Facio y los feminismos decoloniales, pues al igual que no existe un sujeto universal, tampoco existe un tipo de mujer universal que sirva como parámetro representativo para el resto de mujeres. Las mujeres migrantes en las zonas rurales de España no solo sufren las dificultades ligadas al género y al territorio, sino que además se encuentran atravesadas por otros conflictos ligados a su situación migrante (‍Aguilar Idáñez, 2013: 325-‍262; ‍Soriano, 2021b; ‍Sampedro, 2022: 181-‍197). De un lado, son personas que, si no disponen de un entorno familiar en el municipio donde residen, encuentran mayores dificultades para establecer una red de cuidados e integrarse en la comunidad en la que tienen su residencia. Lo cual dificultará asimismo su incorporación al mercado de trabajo por los obstáculos que esta realidad crea en sus posibilidades de conciliación.

Algunas de estas mujeres no hablan español y les es complejo aprenderlo, a diferencia de los hombres no hispanohablantes que en las pequeñas comunidades suelen encontrar mayores facilidades para aprender la lengua, dado que habitualmente desempeñan su trabajo fuera del domicilio o participan en algunos espacios del pueblo donde las mujeres no. Así, del estudio realizado por la Universidad de Extremadura se desprende, en relación con el idioma, que «si bien este no es una dificultad igual para todas las mujeres migrantes, sí lo será para aquellas que provengan de lugares donde el castellano no sea su lengua. Esta cuestión se ha identificado también (E54) como una limitación de acceso a recursos en materia de violencia de género, ya que no existe un servicio de traducción oficial e, incluso, cuando traduce alguien del entorno de la víctima no se tiene la certeza de que se traduzca todo tal y como ella lo cuenta» (‍Soriano et al., 2022c: 120).

En aquellas zonas rurales donde no existe apenas dinamización laboral, el empleo enfocado en los cuidados es una alternativa por la que suelen optar las mujeres desempleadas. Aunque las condiciones del empleo del que disponen a menudo se traduce en contrataciones precarias e informales. Es habitual que las mujeres migrantes desempeñen estos trabajos de manera informal e invisible, dada la unión de factores como su situación administrativa o el temor a denunciar cualquier hecho que merme sus derechos, por miedo a perder la posibilidad de residir. Además de lo anterior, se han constatado algunos otros factores que pueden ser determinantes en las zonas rurales y que diferencian aquellas dificultades a las que se enfrentan las mujeres españolas y las mujeres migrantes, como el nivel de estudios, los ingresos propios, la vivienda o contar con un vehículo propio y tener carné de conducir (ibid.: 96).

De igual forma, se constata que «no hay un modelo público estable que absorba la demanda de cuidados que la sociedad genera. Las medidas que desde las Administraciones Públicas reconocen las labores de cuidados, están supeditadas al reconocimiento administrativo de la situación de discapacidad o dependencia» (ibid.: 92-93). Y a ello añadámosle las dificultades o las largas esperas en el reconocimiento de tal situación administrativa. La persona que cuida y la que es cuidada será invisible a ojos del Estado hasta el momento de obtener tal acreditación. Y en ese periplo quien generalmente se hará cargo de los cuidados será una mujer, bien proveniente del entorno familiar, bien con cuidados procedentes de otras mujeres cuidadoras contratadas de manera temporal y con unas condiciones laborales cuestionables (‍Durán, 2018: 57-‍89).

IV. HACIA UN CAMBIO DE PARADIGMA[Subir]

De acuerdo con su Constitución, nuestro Estado es un Estado social (art. 1.1 CE) que provee (o debiera proveer) a su ciudadanía de los servicios necesarios para garantizar un bienestar (una «plenitud»- ex.art. 9.2 CE) del sujeto. No cabe duda de que la situación de las mujeres en el medio rural español preocupa a nuestros poderes públicos, y prueba de ello son algunas políticas públicas como, por ejemplo, el Plan de Recuperación 130 Medidas frente al Reto Demográfico, impulsado por el Gobierno de España,^[6] o la Estrategia de Transformación de los Sistemas de Apoyo y Cuidado a las Personas que viven en situaciones de dependencia, vulnerabilidad o exclusión, que ha sido promovida por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030^[7] en los años que preceden a esta contribución. Empero, existen demasiados fallos en el diseño de nuestro orden constitucional (e infraconstitucional) que siguen impidiendo que los servicios lleguen a todo el territorio nacional, con la calidad y en la cantidad que precisa la ciudadanía, y que hagan a todas las personas mínimamente beneficiarias del mismo (art. 139 CE), lo cual, tiene un particular impacto para las mujeres.

Existen sólidos motivos para pensar que la presencia del Estado social en las zonas rurales es mejorable y que requiere reformas estructurales que acaben con siglos de inmovilismo y de políticas públicas poco acertadas para enfrentar sus problemas desde la raíz. Creemos que es necesario apuntar hacia la responsabilidad de aquellos niveles de gobierno que nuestra Constitución sitúa como competentes para el mantenimiento y supervivencia del Estado social, y que son esencialmente comunidades autónomas (art. 148 y 149.3 CE) y Estado (art. 149.1.1 CE) (‍De la Quadra-Salcedo, 2023: 157-‍168). Tanto estos niveles de gobierno como los análisis que depositan en estas entidades territoriales toda la confianza para la materialización del Estado social están obviando una perspectiva que desde aquí encontramos imprescindible. Y es que, si son las ruralidades las que se encuentran en una encrucijada respecto de las prestaciones sociales que no pueden disfrutarse en sus territorios, también deberían tomarse en consideración para plantear soluciones que mitiguen sus conflictos. Es ahí, de hecho, donde reside la novedad de este enfoque.

La ruralidad no puede entenderse si no es de la mano del municipio y del municipalismo. Es en los ayuntamientos donde encontramos la primera línea de la política y, en numerosas partes de España, constituyen el único elemento de institucionalidad identificado por la población. La habitual desatención de las ruralidades por parte de otros escalones de gobierno no ha impedido que los equipos de gobierno municipales se vuelquen en la gestión política de los problemas locales, pese a todas las resistencias que presenta la política municipal en los municipios rurales, como la insuficiencia financiera de sus haciendas o la falta de retribución salarial de los cargos públicos representativos en los municipios de menos de 1000 habitantes (arts. 75 y 75 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en adelante LRBRL), que suponen más de la mitad de los municipios españoles (4982 de 8132).

El por qué elegir el municipio como nivel de gobierno sobre el que focalizar los esfuerzos para comenzar a materializar una gobernanza feminista obedece a varios postulados. A menudo acostumbramos a identificar a otros escalones de gobierno como únicos posibles gestores del poder del Estado: bien sean las comunidades autónomas, bien sea la escala central. Sin embargo, nos olvidamos de que el municipio es el primer peldaño de la política institucional y democrática. Y que en las zonas rurales los ayuntamientos desempeñan un papel sumamente relevante. Sin ánimo de romantizar lo local, y es por ello que también analizaremos algunos obstáculos a esta propuesta, hemos de reivindicar la pequeña escala como un espacio que nos ofrece muchas (y muy poco exploradas) posibilidades con las que no cuentan aquellos niveles de gobierno demasiado alejados de los problemas que gestionan a diario.

Al mismo tiempo hemos de ser conscientes de que las posibilidades de materializar el Estado social desde la escala municipal están muy acotadas y que, sin la colaboración y cooperación de otras entidades territoriales, bien locales, bien supralocales, apostar por municipalismo no nos asegurará una victoria para las políticas sociales. Pues hemos de atender tanto a la base competencial que habilita a según qué actores para articular según qué políticas, así como a los medios y escala a disposición de las distintas entidades territoriales (‍Casado, et. al, 2020: 305-‍366). Esto no significa que los ayuntamientos no puedan hacer nada por mejorar la vida de las personas que residen en sus municipios. Existen evidencias más que suficientes que verifican que, incluso cuando los recursos y el personal escasean y la escala de gobernanza es muy reducida, muchos municipios consiguen grandes avances políticos que redundan en el bienestar de sus habitantes (‍Torrecillas, 2025a: 33-‍94).

Creemos, en este sentido, que es necesario poner en común los objetivos del feminismo y del municipalismo, singularmente vinculado a las dificultades de las zonas rurales, y justificar las relaciones intrínsecas entre las propuestas de uno y otro. Sobre la base de una común crítica a la gestión tradicional del poder, municipalismo y feminismo convergen en numerosos objetivos. Existe un horizonte común en el cual cabe articular propuestas desde un feminismo municipalista o un municipalismo feminista, que podrían ayudar a aunar esfuerzos y a crear una base integradora sobre la que se sustenten nuevas políticas basadas en una ciudadanía del cuidado que también pueda practicarse en nuestras ruralidades. Como lo es la propuesta de «Cuidadanía» de Blanca Rodríguez Ruiz (‍2019), a su vez inspirada en el modelo propugnado por Nancy Fraser (‍1996: 218-‍242), que pretende «convertir el cuidado en la base de la ciudadanía» para deconstruir el género, superar las relaciones estructurales de poder entre mujeres y hombres y avanzar hacia un Estado paritario.

V. CONCLUSIONES[Subir]

Ser mujer y vivir en una zona rural es problemático por múltiples motivos. Las mujeres que residan en municipios rurales no solo deberán hacer frente a las dificultades aparejadas al territorio en el que viven, sino también a la intersección de la ruralidad y el género, entre otros factores, como su origen migrante. El diagnóstico sobre la situación de las mujeres en las zonas rurales de España y su relación con la mayor o menor presencia del Estado social en tales espacios es claro. En España sigue existiendo una feminización de los cuidados. La diferencia entre los espacios rurales y urbanos es que mientras que en las urbes existe un mayor plantel de servicios y de prestaciones de las cuales poder disfrutar para suplir los cuidados informales y domésticos, en el medio rural no. Y ello tendrá un impacto de género porque allí donde no exista una alternativa pública de cuidado, mayormente serán las mujeres quienes asuman el rol de cuidadoras. A la estructural feminización del cuidado, y con ello, la feminización también de los trabajos destinados a cuidar, se sumará la falta de dinamización laboral de las zonas rurales. En algunos casos las mujeres verán reconocido su trabajo, pero ello no quita que cuenten con una situación precaria o que las ayudas que reciben para reconocer su trabajo sean insuficientes. En el peor (y más frecuente) de los casos los cuidados serán invisibles y repercutirán en la vida de las personas que cuidan, tanto en su esfera laboral como en su esfera personal.

La cantidad y calidad de los servicios en las zonas rurales condicionan la autonomía de las mujeres, pues son generalmente ellas quienes se ocuparán de colmar los cuidados cuando no exista una cobertura pública de los mismos. Las implicaciones del Estado social en este análisis lo son por partida triple. De un lado, porque existen verdaderas carencias en el aseguramiento de servicios y prestaciones en las zonas rurales. El sistema de atención social hacia la ciudadanía, como parte de nuestro ordenamiento jurídico, se ha diseñado desde un plano exclusivamente urbano-céntrico. Previa fijación en la norma de los servicios que la ciudadanía ha de disfrutar en nuestro país ¿se reflexiona acerca de si es posible cubrirlos, de forma mínimamente homogénea, en el medio urbano y en el medio rural?, ¿se prevén alternativas de prestación para la escasez de medios existentes en las zonas rurales?, ¿se asume que cubrir un servicio en Madrid es igual de sencillo que hacerlo en un municipio rural de menos de 1000 habitantes? Del otro, porque la ausencia de perspectiva de género en el diseño del Estado social y en las políticas públicas articuladas sobre su base no permiten visibilizar la fuerza de trabajo de las personas que cuidan, que generalmente suelen ser mujeres, cuyas labores no son reconocidas ni integradas en el sistema, lo que les coloca como peores beneficiarias del Estado social. Y, por último, cuando ambas circunstancias se yuxtaponen, nos encontramos con que son las mujeres que residen en las zonas rurales quienes, normalmente, asumen los cuidados que no se ofrecen por los servicios públicos. Y que esa circunstancia condicionará su vida y la forma en la que participan en el Estado.

Defender nuestra Constitución y, en esencia, nuestro Estado constitucional íntegramente nos lleva a la necesidad de denunciar aquellos incumplimientos y procesos de alienación constitucional utilizados contra los fines previstos por nuestra carta magna, aunque, paradójicamente, de forma legitimada a causa de la invisibilización de la naturaleza conflictiva del derecho y de los problemas que en él traen causa (‍De Cabo, 2014). La situación que padecen las mujeres en el medio rural, por ser mujeres y residir en el medio rural, no puede solventarse con políticas públicas que tan solo incidan en una de las aristas del problema. Y mucho menos si estas políticas quieren diluir, de inmediato, un conflicto que lleva siglos enquistado en nuestro país. Una verdadera apuesta por la mejora de las condiciones de vida de las personas que habitan las zonas rurales de España supondría incidir en todos los planos sobre los que nos venimos pronunciando de forma holística, simultánea y coordinada entre todos los niveles de gobierno que conforman la estructura territorial del país. Incluyendo, por supuesto, al nivel municipal, el que está «atado al suelo», en palabras de Bauman (‍2024: 122), y que es el primer y más cercano gestor de las dificultades presentes en nuestras ruralidades.