Por influencia de los sistemas previamente instaurados en Francia, Italia y Portugal, el constituyente español introdujo el modelo institucional de órgano de gobierno del Poder Judicial, desconocido hasta entonces, con la creación de un Consejo General del Poder Judicial (en adelante, CGPJ), cuya regulación básica se encuentra actualmente en el art. 122, apdos. 2 y 3, del texto constitucional y en el libro VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante, LOPJ) (sobre el modelo interno, externo e institucional de Consejo Judicial, Lucas Murillo de la Cueva, 1995: 178). Con él se pretendía desapoderar al Poder Ejecutivo de importantes competencias en materia de justicia que había venido utilizando de forma falaz haciendo inviable la actuación independiente del juez. En la actualidad, la crítica a su funcionamiento es unánime como consecuencia de su patrimonialización partidista, que ha transmitido una imagen altamente politizada de dicho órgano mermando su legitimidad (Nieto García [2003: 237-238] define la patrimonialización como una apropiación ilegítima de una organización y de sus correspondientes potestades que se realiza desviando sus fines originarios en beneficio propio).

En particular, los últimos años han sido funestos para la imagen de la institución. La última renovación del CGPJ se vio afectada por un bloqueo político que se prolongó ¡más de cinco años! El acuerdo para su renovación solo se pudo alcanzar fuera de España y con la mediación de la Comisión Europea (sobre esta mediación, Díez Sarasola, 2025: 274-299). En junio de 2024 se firmó, en Bruselas, entre los representantes del PSOE y del PP, y con la asistencia a la firma de la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión, el Acuerdo para la renovación del CGPJ y la reforma de la LOPJ y el Estatuto Fiscal. Este Acuerdo recogía, entre otros, los compromisos de renovar el CGPJ conforme a una lista conjunta de candidatos que se incluía como anexo II, y de tramitar, por el procedimiento de urgencia, una Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que se incluía como anexo I. Ambos negociadores cedieron para alcanzar el pacto. El PSOE consiguió sacar adelante un pacto sobre los candidatos para la definitiva renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial, hasta entonces bloqueada por el PP, y el PP logró introducir en la proposición de ley pactada, entre otras cosas, la previsión de que el nuevo Consejo resultante de la renovación aprobara una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de procedenciajudicial de dicho órgano que diera lugar al inicio de un procedimiento legislativo con el objeto de modificar la LOPJ en este punto.

La norma finalmente aprobada como consecuencia de dicho Acuerdo fue la Ley Orgánica 3/2024, de 2 de agosto, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y de reforma de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Interesa, en este momento, su disposición adicional («Informe y propuesta del Consejo General del Poder Judicial»), que obligaba al nuevo Consejo a elaborar, en un plazo de seis meses computados desde la entrada en vigor de la correspondiente ley orgánica, un informe sobre los sistemas europeos de elección de los miembros de los consejos de la magistratura análogos al Consejo español y una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales del turno judicial del Consejo. Esta propuesta debía aprobarse por un quorum de los tres quintos del Pleno, es decir, con un amplio acuerdo (un mínimo de trece votos de los veintiún miembros), y debía, necesariamente, prever «una participación directa de jueces y magistrados que se determine». La fórmula propuesta debía garantizar la independencia de los vocales, debía poder ser evaluada positivamente por el informe del Estado de derecho de la Comisión Europea y debía permitir configurar un CGPJ acorde con los mejores estándares europeos. Para cumplir su encargo, el CGPJ constituyó un grupo de trabajo compuesto por cuatro vocales y abrió un proceso participativo en el quesolicitaba opinión a las salas de Gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los tribunales superiores de justicia y a las asociaciones judiciales Asociación Profesional para la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, y, fuera de España, a la Comisión Europea para el Estado de Derecho, Derechos Fundamentales y Democracia, al TJUE, a la Comisión para la Democracia a través del Derecho del Consejo de Europa (Comisión de Venecia) y al Grupo de Estados Europeos contra la Corrupción (GRECO).

Desde luego, hoy resulta sumamente complicado defender la designación parlamentaria de los vocales judiciales del CGPJ. Por dos razones. La primera, principal, porque dicho modelo se ha pervertido en su aplicación. La segunda, porque en el momento actual, las posiciones que defienden la designación de los doce vocales del turno judicial por sus propios pares, excluyendo al Parlamento del proceso, son mayoritarias (entre otros Montero, 2025; Miguel Barrio, 2024; Lousada Arochena, 2024; Soriano García, 2021; Ortega Gutiérrez, 2021; Iñíguez Hernández, 2014a y 2014b; Serra Cristóbal, 2013; Andrés Ibáñez, entre otros, 2012, 2021 o 2024), a lo que habría que sumar la presión ejercida en tal sentido desde Europa, donde claramente se observa la preferencia por el modelo de Consejo Judicial italiano, de implantación mayoritaria (Bustos Gisbert [2022: 105-109 y 112-113] explica que la predilección por el modelo italiano responde a contextos precisos: el de la necesidad de garantizar unauténtico poder judicial en los países del Este que se incorporaban a la Unión, donde la ausencia de una cultura judicial de la independencia impedía la aplicación de sistemas con una fuerte presencia del Parlamento o del Ejecutivo, y el del surgimiento de regímenes iliberales en determinados Estados miembros donde el modelo institucional de Consejo Judicial facilita el control del Poder Judicial). Incluso se encuentran autores que, tras haber defendido inicialmente la designación parlamentaria de todos los vocales del órgano (Delgado del Rincón, 2012: 194-195), recientemente sostienen que, debido a su mala praxis, se debe reformar el sistema vigente para atribuir la designación de los vocales judiciales a los jueces y magistrados (Delgado del Rincón, 2024: 226-227). Ahora bien, existen razones dogmáticas de peso para continuar defendiendo una designación parlamentaria de todos los vocales del CGPJ, incluidos los judiciales. Por ello en este trabajo se pretende, tras exponer brevemente cuál fue el resultado de los trabajos realizados por el CGPJ en los meses posteriores a la aprobación de la Ley Orgánica 3/2024, de 2 de agosto, en cumplimiento de lo dispuesto por su disposición adicional, explicar los fundamentos dogmáticos que sustentan el modelo parlamentario de designación de los vocales del Consejo (II) y realizar una serie de consideraciones sobre cómo se podría mejorar para conseguirun órgano compuesto por vocales de perfil independiente y profesional y sin problemas de bloqueo en los momentos de su renovación (III). Aunque, por otra parte, conviene dejar siquiera apuntado que la actual participación de los jueces en el proceso de designación de los vocales judiciales no tiene marcha atrás; una reforma en este sentido podría ser acusada de atentar contra el «principio de no regresión» establecido en el asunto Reppublika (sentencia del TJUE [Gran Sala], de 20 de abril de 2021, Repubblika c. Il-Prim Ministru, asunto C-896/19).

Los trabajos del grupo constituido en el CGPJ para dar cumplimiento al mandato de la disposicional adicional de la Ley Orgánica 3/2024 se publicaron en marzo de 2025 en la página del propio CGPJ. Se trataba del Informe disposición adicional Ley Orgánica 3/2024 y de la Propuesta Disposición adicional Ley Orgánica 3/2024.

El informe contenía un resumen ejecutivo, los antecedentes legislativos del CGPJ, un examen de los sistemas europeos de elección de los miembros de los consejos de la magistratura análogos al español (italiano, francés, portugués y belga), un estudio sobre el tema de los mejores estándares europeos, el resultado de las comparecencias celebradas, las respuestas de las salas de Gobierno de los tribunales superiores de justicia al cuestionario remitidas por el grupo de trabajo del CGPJ y un Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo sobre el asunto.

La consulta a las cuatro asociaciones judiciales existentes en España sobre el sistema de designación de los vocales judiciales del CGPJ dio como resultado que tres de ellas —Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Asociación Profesional de la Magistratura y Asociación Foro Judicial Independiente— se manifestaron a favor de la sustitución del actual sistema de designación parlamentaria de los vocales judiciales del CGPJ por un sistema de designación por sus homólogos. La Asociación Jueces y Juezas para la Democracia defendió el sistema actualmente vigente. Ahora bien, mientras que Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente mantuvieron posiciones plenamente coincidentes, se distanciaron de la Asociación Profesional de la Magistratura con respecto al sistema electoral aplicable, algo que se explica por la disparidad de intereses entre estas. Por otro lado, aunque las respuestas a un cuestionario por parte de las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia fueron dispares, en su mayoría, siguiendo en este punto el informe, parecían considerar preciso modificar el actual procedimiento de designación para instaurar un sistema de elección de los doce vocales judiciales por los propios miembros de la carrera judicial mediante un sistema de elección directo. Finalmente, merece la pena detenerse en el Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, de fecha 11 de diciembre de 2024, sobre «Informe a los efectos de la Disposiciónadicional de la Ley Orgánica 3/2024, de 2 de agosto, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y de reforma de la Ley 50/1981, de 20 de diciembre». Este acuerdo comenzaba advirtiendo de que, dada la pluralidad de posiciones existentes sobre el asunto en la Sala, su contenido no debía entenderse compartido, en su integridad, por todos sus miembros; ni en lo que hacía al alcance de la disposición adicional de la que dicho acuerdo traía causa ni en lo que hacía a la concreción última de la participación directa de jueces y magistrados.

El acuerdo planteaba dos alternativas para la designación de los vocales del turno judicial del CGPJ, que partían de una premisa previa: que la disposición adicional llamaba a una reforma del sistema de designación de los vocales del turno judicial del órgano de gobierno del Poder Judicial que necesariamente debía intensificar la participación de jueces y magistrados porque, entendía la Sala de Gobierno del Supremo, el sistema vigente «no permite entender que el Consejo sea acorde con los mejores estándares europeos». Para el Tribunal Supremo, no hay participación directa en el actual sistema de designación de los vocales judiciales, sino, a lo sumo, una participación indirecta en virtud de la cual se permite presentar candidaturas, con los correspondientes avales, a los jueces y magistrados con pretensión de ser vocales. Se trataría de una participación ceñida al ámbito del sufragio pasivo y con exclusión del sufragio activo. Y, de manera concreta, proponía dos alternativas para la reforma del sistema de designación de los vocales de procedencia judicial del CGPJ. Un sistema mixto de designación de dichos vocales que reforzaba considerablemente la intervención de jueces y magistrados en el proceso a la par que reducía notablemente el peso de las Cortes Generales en el proceso. Y un sistema de elección directa de los vocales judiciales del CGPJ —doce titulares y doce suplentes— por parte de los jueces y magistrados sin intervención delas Cortes Generales. El Tribunal Supremo desarrolló el sistema electoral que debería aplicarse para garantizar una composición plural del CGPJ con principios similares aplicables a ambas alternativas (véase el Acuerdo para un análisis más exhaustivo del sistema electoral propuesto).

La propuesta del CGPJ no fue finalmente tal; se trató de dos propuestas. El órgano de gobierno del Poder Judicial no pudo consensuar una única propuesta de reforma del sistema de designación de los vocales del turno judicial. El sector presentado por los medios de comunicación como conservador defendió la sustitución del sistema de designación parlamentaria de los vocales judiciales por un sistema de elección de dichos vocales por sus propios pares sin participación de las Cortes Generales por entender que la utilización de la expresión «participación directa» y la referencia a los «mejores estándares europeos» en la disposición adicional de la Ley Orgánica 4/2023 así lo exigían. Para estos vocales, la «participación directa» implicaba elección directa de los miembros judiciales por sus homólogos y el sistema actualmente vigente en España incumplía el estándar de que las autoridades políticas —Poder Legislativo y Poder Ejecutivo— no participaran en ninguna fase del proceso de selección de los miembros judiciales de los consejos. El sector identificado como progresista, tras señalar que no existía un modelo europeo de gobierno judicial, defendió que la alusión de la disposición adicional a la «participación directa» no significaba que los jueces eligieran a los jueces y que la expresión «que se determine» indicaba que no se cerraba la posibilidad de proponer otro tipo de modelos en los que hubiera intervención de las Cortes Generales,aunque sin negar la participación de los jueces. Es decir, para este sector, la fórmula contenida en la dicha disposición adicional no compelía a una sustitución del sistema de designación parlamentaria de los vocales judiciales del CGPJ por un sistema de designación judicial y planteaba una fórmula mixta en la que, en una primera fase, los jueces elegirían a través de un proceso electoral entre los candidatos y, en una segunda fase, cada una de las Cámaras designaría a seis vocales. Este sector consideró, además, que las recomendaciones e informes de la Unión sobre la organización de los sistemas judiciales de los Estados miembros se situaban en un plano político y no eran, por tanto, jurídicamente vinculantes, que se producían en ámbitos en los que la integración no tenía competencias y que no se encontraba, en la jurisprudencia del TJUE, un estándar jurídico claro sobre qué concretos elementos debían concurrir para entender comprometida la independencia judicial. Este sector consideró que una propuesta de designación parlamentaria de los vocales judiciales bien argumentada jurídicamente, en la que se explicara con claridad por qué dicha opción no contradecía los estándares constitucionales ni los europeos, podía recibir una valoración positiva por parte de la Comisión.

Merece la pena detenerse, brevemente, en la cuestión de los «mejores estándares europeos», pues el informe y las propuestas le prestaron una especial atención (sobre la existencia de tres fases en el proceso de construcción de dichos estándares, de indiferencia, de impulso y de reacción, Bustos Gisbert [2022: 101-105]). Un tema de relevancia se plantea al respecto y tiene que ver con el alcance de los «mejores estándares europeos» a los que hacía referencia la disposición adicional de la Ley Orgánica 3/2024. Para el sector considerado conservador, los «estándares europeos» eran todos los que procedían de determinadas instituciones del Consejo de Europa y de la Unión Europea, aunque lo fueran en forma de recomendaciones o normas de soft law. Para el sector considerado progresista, que calificó la expresión de «mejores estándares europeos» como desconcertante, únicamente podían considerarse como tales aquellos que provenían de normas y decisiones vinculantes.

Determinadas instituciones del Consejo de Europa, como el Comité de Ministros, la Comisión de Venecia, el Consejo Consultivo de Jueces Europeos (Consultative Council of European Judges, CCEJ), incluido el TEDH (STEDH [Sección 1.ª] de 22 de julio de 2021, Reczkowicz c. Polonia. Recurso n.º 43447/19), han venido marcando el estándar europeo en relación con la composición y sistema de designación de los vocales de los consejos judiciales abogando por un sistema de designación de sus miembros judiciales por sus homólogos. Pero se ha hecho a través de normas de soft law y recomendaciones que no son jurídicamente vinculantes para los Estados parte. Además, la construcción de este estándar, como la del resto, ha sido criticada debido a que «han sido generados de manera opaca, al margen de proceso democrático alguno y apoyado en pequeños grupos de jueces y altos funcionarios en el ámbito internacional que se reúnen en órganos desconocidos para la mayoría de los ciudadanos […]. La influencia inusitada de los jueces en la construcción de estos estándares les habría dado un excesivo sesgo corporativo» (Bustos Gisbert, 2022: 109).

En todo caso, el estándar procedente del Consejo de Europa en favor de una designación de los vocales judiciales de los consejos judiciales por sus pares ha irradiado la actuación y los contenidos de los trabajos y decisiones de las instituciones de la Unión Europea, en particular, de la Comisión Europea, a través de los informes anuales que publica sobre el cumplimiento del Estado de derecho por parte de los Estados miembros, y del TJUE, a través de sus sentencias.

En los informes de los últimos años de la Comisión sobre el cumplimiento del Estado de derecho atinentes a nuestro país se produce un alineamiento con las posiciones del grupo GRECO y se encuentra algún llamamiento explícito para que se sustituya el actual sistema de designación de los vocales judiciales del CGPJ por un mecanismo en el que los elijan sus pares (así en el informe del año 2022 que analizó la situación del Estado de derecho en España; posteriormente, la Comisión reiteraba, en el informe del año 2023, que no se había progresado en la implementación de la recomendación de 2022). Pero, de momento, tampoco se encuentra, en el seno de la Unión, ninguna norma, ni siquiera el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión, al que se refirió el informe del CGPJ, que imponga obligación jurídica alguna sobre la composición y forma de designación de los miembros de los consejos judiciales. Y así debe ser, porque la organización de los sistemas judiciales es una competencia de los Estados miembros que forma parte de las estructuras fundamentales políticas y constitucionales que expresan su identidad nacional y que la Unión se ha comprometido a respetar (art. 4, apdo. 2, del TUE).

Y, en cuanto a la actuación del TJUE, la involución del Estado de derecho y del principio de independencia judicial en los últimos años en determinados países de la Unión ha conducido, finalmente, a que este Tribunal realice una interpretación amplia del art. 19, apdo. primero, párrafo segundo, del TUE, que le ha permitido enjuiciar la organización y funcionamiento de los sistemas judiciales de los Estados miembros en casos en los que no se estaba aplicando derecho de la Unión y considerar, en determinados asuntos (fundamentalmente referidos a Polonia), que se ha producido una violación del Estado de derecho y del principio de independencia judicial. Pero dicha posibilidad debe entenderse en todo caso de forma restrictiva y limitarse a supuestos excepcionales de violación sistémica del Estado de derecho por encontrarse en juego la autonomía e identidad de los Estados miembros y la división de competencias entre estos y la Unión Europea. Por otro lado, es cierto que algunas de sus sentencias han tomado en consideración la concreta composición y sistema de designación de los miembros del Consejo Judicial como un elemento para discernir si se encontraba ante una situación de violación sistémica del Estado de derecho (STJUE [Gran Sala], de 24 de junio de 2019, Comisión Europea c. República de Polonia, asunto C-619/18; STJUE [Gran Sala] de 19 de noviembre de 2019, A. K. y otros, asuntos acumulados C-585/18,C-624/18 y C-625/18, o STJUE [Gran Sala] de 15 de julio de 2021, Comisión Europea c. República de Polonia, asunto C-791/19), lo que ha permitido afirmar que «la independencia judicial y la composición de los Consejos de la magistratura han dejado de ser asuntos internos sometidos, exclusivamente, a la soberanía de los Estados» (Biglino Campos, 2023: 16). Pero nunca ha resultado suficiente la referencia, en solitario, a una determinada composición del Consejo Judicial y a un determinado sistema de designación de sus miembros para concluir que se ha producido una violación de tal cariz (su jurisprudencia es casuística y el TJUE solo ha afirmado que ha habido violación del derecho de la Unión si el análisis del conjunto de circunstancias ha permitido concluir que nos encontramos ante un supuesto de incumplimiento sistémico del Estado de derecho y del principio de independencia judicial por vulnerarse, no solo uno, sino varios estándares europeos; véase, al respecto, Bustos Gisbert, 2022: 107). Es más, lo determinante para el Tribunal no es tanto cuál sea la concreta composición del Consejo, sino que este no funcione, efectivamente, como un órgano autónomo respecto del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, lo cual pondría en riesgo el principio de independencia judicial del que es su garante. Para el TJUE, lo decisivo para discernir si hay violación delEstado de derecho y del principio de independencia judicial no es ni la composición ni el sistema de designación de los vocales del CGPJ, sino que este no funcione de forma autónoma (al respecto ha indicado que el hecho de que el órgano de gobierno el Poder Judicial —en este caso hacía referencia al Consejo polaco— esté compuesto de manera preponderante por miembros elegidos por el Poder Legislativo no puede, por sí solo, llevar a dudar de la independencia los jueces en cuyo nombramiento ha intervenido; en STJUE [Gran Sala] de 15 de julio de 2021, Comisión Europea c. República de Polonia, asunto C-791/19, ap. 103).

El art. 122, apdo. 3, de la Constitución prevé que el CGPJ estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el rey por un período de cinco años. De estos, doce serán jueces y magistrados de todas las categorías judiciales y ocho serán abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión. Es decir, el constituyente quiso que la mayoría de los vocales del Consejo fueran de extracción judicial porque son dichos vocales los que, por razones obvias, mejor conocen el Poder Judicial. Por su parte, la presencia de los ocho vocales juristas de reconocida competencia permite aportar al órgano puntos de vista distintos sobre la justicia a aquellos que tienen los que la administran (STC 108/1986, FJ 8). En general, la doctrina ha valorado esta composición mixta de manera positiva (un ejemplo en Ballester Cardell, 2007: 168-170). Además, el mismo precepto prevé, de forma concluyente, a qué órganos compete la designación de los ocho vocales del turno de juristas de reconocido prestigio (cuatro al Congreso y cuatro al Senado, en ambos casos por mayoría de tres quintos), pero no concreta quién elige a los doce vocales del turno judicial, sino que realiza una remisión a la ley orgánica para regule esta cuestión. Se trata de una cuestión que el constituyente dejó deliberadamente abierta (Lousada Arochena y Ron Latas, 2018: 214). Lo que ha dado lugar a la posibilidad de que se hayan ido articulando distintos modelos para la designación de estos doce vocales judiciales que se obvia indicar ahora (la doctrina se ha pronunciado profusamente sobre tales modelos, también recogidos en el Informe disposición adicional Ley Orgánica 3/2024 del CGPJ).

La finalidad del CGPJ es clara: servir de garantía del principio de independencia judicial. Está aceptado que este órgano no es ni un órgano de representación de los intereses corporativos de los jueces ni un órgano de autogobierno (STC 108/1986, de 29 de julio, FF. JJ. 8 y 9, y STC 45/1986, de 17 de abril, FJ 5). Estamos ante un órgano con una dimensión constitucional más que evidente que ha sido calificado por el Tribunal Constitucional, ya en su Sentencia 108/1986, FJ 11, y por una buena parte de la doctrina, como órgano constitucional, si bien otros se han referido a este como órgano de relevancia constitucional (el debate italiano sobre la consideración de este tipo de órgano como órgano constitucional u órgano de relevancia constitucional se ha reproducido en España). El profesor Terol Becerra indicaba que las dudas para considerar al Consejo órgano constitucional (o no) procedían de la incertidumbre acerca de los elementos requeridos para reconocer esta naturaleza jurídica a una institución (1990: 151). La respuesta a la cuestión de si el CGPJ es órgano constitucional vendrá, pues, determinada por la concurrencia de los elementos que se consideren inherentes al concepto de órgano constitucional y, desde este punto de vista, es preciso destacar las discrepancias en la doctrina en torno a los elementos que singularizan este concepto (Gómez Montoro, 1992: 310; véase, asimismo, sobreesta polémica, Martínez Alarcón, 2004). Pero, en todo caso, lo que parece indiscutible es que el Consejo es un órgano con una indudable dimensión constitucional porque desempeña funciones de naturaleza política muy importantes relacionadas con el gobierno del Poder Judicial, como, por ejemplo, el desarrollo reglamentario del estatuto profesional de jueces y magistrados o los nombramientos discrecionales de los altos cargos judiciales (estamos, pues, ante un órgano de especial trascendencia en el marco institucional; reconociendo el importante componente político de las funciones que confiere el art. 122 de la Constitución al CGPJ, en particular en lo relativo a los procedimientos de selección de los jueces de altos cargos judiciales, Fernández Riveira [2020: 105]; igualmente, sosteniendo que este órgano no puede ser calificado de apolítico, Bustos Gisbert [2022: 113-114]). En definitiva, aunque el CGPJ no ejerce funciones de dirección política, está llamado a intervenir de forma decisiva en la política judicial (siendo cuestionable, eso sí, que se implique en el debate político más allá de la política judicial, algo se produce, por ejemplo, cuando ejerce sus facultades de informe sobre cuestiones del todo ajenas al funcionamiento de la justicia; Lousada Arochena y Ron Latas, 2018: 16).

Son estas funciones de gobierno las que atribuyen al CGPJ un peso político en el sistema y sirven de sustento para defender el modelo de designación parlamentaria de todos sus vocales (se coincide en este punto con Lucas Murillo de la Cueva, 2017, 2018a y 2024, y con Sáez Rodríguez, 2024). Si el gobierno de la justicia presenta una clara dimensión política, debe ser reconducido a la representación de la soberanía popular que se residencia en las Cortes Generales. Parece preciso que el CGPJ refleje una cierta pluralidad de sensibilidades sociales que solo pueden ser reflejo, a su vez, de las sensibilidades políticas o al menos de las principales sensibilidades políticas presentes en el Parlamento, esto es, del pluralismo político expresado en el Parlamento, la sede de representación de la soberanía popular.

Esta afirmación exige, asimismo, revisitar los presupuestos del debate asentados en el FJ 13 de la Sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986, cuyo contenido expresado a la manera de un obiter dicta ha recogido en posteriores resoluciones, y que se ha venido reproduciendo como un mantra a lo largo de los años con poca reflexión sobre sus implicaciones. Se recuerda que dicho fundamento afirma que la finalidad y espíritu del art. 122, apdo. 3, de la Constitución es

Es decir, según el Tribunal Constitucional, la finalidad de dicho precepto consistiría en garantizar que estuvieran presentes, en el Consejo, de un lado, las actitudes y corrientes de opinión existentes en el seno de la judicatura —por cierto, ¿se puede hablar de corrientes de opinión distintas a sus preferencias políticas como ciudadanos?—, y, de otro, las corrientes de pensamiento presentes en la sociedad, que expresarían los ocho vocales juristas de reconocido prestigio. En consecuencia, para el Tribunal Constitucional, serían posibles composiciones del Consejo en las que se expresara una pluralidad de sensibilidades políticas en la judicatura discordante con la pluralidad de sensibilidades políticas expresadas en el Parlamento, lo que se rechaza de plano (de hecho, el cambio en el sistema de designación de los vocales judiciales que trajo consigo la aprobación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1, de julio, del Poder Judicial, tuvo que ver con la disonancia existente entre el sentir mayoritario del Parlamento y el sentir del órgano de gobierno del Poder Judicial). Un órgano con peso político como es el Consejo ha de expresar, en el momento de su renovación, la pluralidad político-social presente en el Parlamento y no otra. Lo que conduce a la designación parlamentaria de sus miembros. El art. 122, apdo. 3, de la Constitución, al indicar que estos vocales judiciales deben extraerse de entre todas las categorías judiciales, garantiza la presencia del pluralismoprofesional de la carrera judicial en el CGPJ. Pero del precepto no se puede extraer que el constituyente quiso garantizar una presencia en el CGPJ de las corrientes de opinión presentes en el Parlamento, por un lado, y de las corrientes de opinión presentes en la judicatura, por otro. Los vocales judiciales deben expresar el pluralismo profesional existente dentro de la carrera judicial, pero no las corrientes de opinión existentes dentro de la carrera judicial.

La composición plural del CGPJ dimanada del Parlamento, siempre y cuando, naturalmente, todos sus miembros continúen siendo designados por mayoría cualificada (lo contrario conduciría a una concentración del poder preocupante; Íñiguez Hernández, 2014a: 152), permite, por ejemplo, componer un Tribunal Supremo plural. Y esto parece absolutamente imprescindible si se comparte una comprensión del derecho que lo entiende como un ordenamiento jurídico imperfecto, impreciso, con lagunas e incluso antinomias, potencialmente conflictivo, que en bastantes casos no ofrece la unidad de solución correcta y que sustancia una labor en la aplicación de este por parte del juez con componentes de tipo descriptivo, pero también de tipo normativo. El principio de libre valoración de la prueba y la tesis de la discrecionalidad judicial que se asienta una vez superada la tesis sobre la existencia de un derecho perfecto y de su correspondiente aplicación mecanicista por parte del juzgador implican la existencia de márgenes que dejan al juez cierta libertad para concretar la solución en el caso concreto, lo cual le va a permitir reflejar finalmente su propia sensibilidad al respecto (Martínez Alarcón, 2005 y 2008; en esta línea, con matices distintos, la posición de Tomás de la Quadra-Salcedo y Fernández del Castillo en las tres entregas realizadas para el diario El País que llevaron por título «Imperio de la ley, justicia y convicciones morales»). En cualquier caso, conviene también dejar apuntado, en este momento, que esta constatación no implica apostar por una idea de juez activista e incontrolado. Antes bien, demuestra la necesidad de incidir sobre los instrumentos de justificación de las decisiones judiciales para, por una parte, proporcionar al operador jurídico una legitimidad que por conducto representativo no posee, y, por otra, garantizar una previsibilidad suficiente en la aplicación del derecho que permita realizar el principio fundamental de la seguridad jurídica, irrenunciable en cualquier Estado de derecho. Tampoco implica rechazar el criterio del mérito y la capacidad como el elemento determinante en la designación de los magistrados del Tribunal Supremo, pues, en efecto, si la función jurisdiccional es una actividad de naturaleza eminentemente técnica, resulta necesario que los titulares de los órganos judiciales se elijan entre técnicos; en el caso del Tribunal Supremo esto es particularmente relevante por la importancia de las funciones que desempeñan sus magistrados y porque sus resoluciones orientan las decisiones de los tribunales «inferiores» (sobre la necesidad de objetivar el nombramiento de los altos cargos judiciales, de garantizar la transparencia en el proceso y de exigir motivación, Martínez Alarcón, 2010).

En definitiva, se considera que hay razones dogmáticas suficientes para defender un modelo de designación parlamentaria de los vocales del Consejo (al menos mientras las funciones de este órgano sigan siendo las que son). Ello no obsta, sin embargo, para reconocer que la aplicación de este sistema ha dado lugar a una ocupación partidista del órgano y a problemas gravísimos de dilación en su renovación. En efecto, en los sucesivos procesos de renovación, se han pactado los vocales utilizando un sistema de cuotas ciego a cualquier otro tipo de consideración que no sea el vínculo político, cuando más fuerte, mejor. Los partidos políticos mayoritarios se presentan candidatos recíprocamente y se admiten —si se admiten— sin discusión sobre sus méritos e idoneidad —por ejemplo, atendiendo a la exigencia de neutralidad— para desempeñar correctamente sus funciones en el Consejo. Con esta atención exclusiva al vínculo político para proceder a su designación se persigue que los vocales actúen ejerciendo sus funciones tal y como lo hubieran hecho los partidos políticos que los apoyaron en su designación de haber podido adoptar estos la decisión. Y lo cierto es que los vocales han ejercido frecuentemente sus funciones en torno a la dicotomía vocales progresistas/vocales conservadores de tal forma que el enfrentamiento entre los dos bloques se ha convertido en una seña de identidad del funcionamiento del órgano (Sosa Wagner, 2025: 55-56), loque ha sido valorado como un desplazamiento desde sus objetivos institucionales hacia otros espurios al servicio de las élites políticas que ha provocado la pauperización institucional del CGPJ, al convertirlo en sede secundaria de debate público en perjuicio de su condición de órgano de gobierno del Poder Judicial (Lousada Arochena y Ron Latas, 2018: 87-88). Por ello se ha hablado de parlamentarización del Consejo o de un Consejo que se comporta como un mini-Parlamento (entre los últimos, Milione, 2024: 28). Esta disfunción se ha producido a pesar de la existencia de una serie de garantías tendentes a evitar dicha situación como la mayoría de los tres quintos para designar a todos los vocales del Consejo, una duración del mandato superior al mandato del Parlamento o la imposibilidad de cesar a los miembros del Consejo si no es por las causas tasadas previstas en la LOPJ y respetando una serie de garantías.

Aunque, por cierto, a modo de inciso, los problemas de instrumentalización y funcionamiento deficiente del órgano no son ajenos a otros modelos de consejos judiciales en los que la designación de sus vocales judiciales se produce por sus pares. Y es que los poderes y responsabilidades que competen al CGPJ lo hacen vulnerable a la politización desde fuera de la judicatura, pero también desde dentro, con el posible detrimento de la independencia judicial interna. Es más, pensar que la sustitución de nuestro sistema de designación parlamentaria de los doce vocales judiciales del CGPJ por un sistema de designación de estos por sus pares solventaría los riesgos de instrumentalización del órgano es desconocer la posibilidad de que se originen «redes clientelares extremadamente eficaces en círculos tan cerrados como los propios de la carrera judicial» (Bustos Gisbert, 2022: 110 y 113, sin asumir propiamente la crítica, pero sí reflejándola), así como la realidad española, con una clara hipertrofia del asociacionismo judicial. El sistema de designación de los vocales del turno judicial por sus pares también es susceptible de perversión en este sentido, en particular, por el peso que tienen y la influencia que ejercen las asociaciones profesionales de jueces con una inequívoca orientación ideológica muy cercana a las dos principales fuerzas políticas existentes, el menos en dos de ellas, en cuyo seno se reproducen divisiones yalineamientos semejantes a los del Parlamento. Es verdad que la doctrina ha realizado esfuerzos encomiables por conjurar los riesgos que conllevaría la atribución de la designación de los vocales judiciales a sus propios pares con la finalidad de reducir el peso de las asociaciones judiciales. Estas propuestas se han centrado en el sistema electoral aplicable en buena parte de las ocasiones (uno de los primeros y más articulados trabajos, el de Serra Cristóbal, 2013). Pero dichas propuestas, aunque consiguieran reducir formalmente el peso de las asociaciones judiciales, no podrían impedir que dichas asociaciones continuaran ejerciendo su influencia de manera informal para sacar adelante candidatos o para «vetar» candidatos (un reciente estudio del caso italiano constata que las asociaciones siempre han tenido un peso muy grande en la elección de los vocales togados y que las sucesivas reformas no han eliminado la influencia (oculta) de las asociaciones; Polizzi y Gherardi, 2023). En definitiva, la atribución de la designación de los vocales judiciales a sus pares tampoco garantizaría su despolitización (en los mismos términos, por ejemplo, Alcoceba et al., 2024: 44-46).

Volviendo al sistema de designación parlamentaria del CGPJ, también se han producido problemas con ocasión de la dilación en la renovación del órgano, que se explican por una instrumentalización de la mayoría cualificada de los tres quintos para la designación de los vocales. Esta mayoría, que tiene por objeto garantizar la consecución de fuertes consensos sobre los candidatos en la idea de «neutralizar la confrontación partidista en un clima de mutuo reconocimiento y confianza» (Baamonde Gómez, 2022: 78), ha derivado, primero, ya se ha señalado, en la aplicación de un sistema de cuotas ciego a cualquier otro tipo de consideraciones que no sean la de la existencia de un fuerte vínculo político, y, segundo, en bloqueos en la renovación del órgano que alcanzaron gran gravedad durante el último proceso de renovación, que trascendió nuestras fronteras. En realidad, este hecho sería el factor explicativo de la atención recibida por la justicia en nuestro país en los últimos años y de los resultados en los indicadores europeos más recientes sobre la calidad de nuestra justicia (véase The 2024 EU Justice ScoreBoard). Al respecto, el bloqueo de la renovación del órgano dio lugar a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que afectó a España y explicaría la atención prestada por la Comisión Europea a la situación de la justicia en España en sucesivos informes sobreel cumplimiento del Estado de derecho, formulando recomendaciones —no vinculantes— sobre una determinada reforma del procedimiento de nombramiento de los vocales elegidos entre jueces y magistrados.

Pero como, a juicio de esta autora, el problema no es el modelo, sino su aplicación práctica, se plantea, a continuación, si es posible articular jurídicamente el sistema de designación parlamentaria de los vocales del turno judicial del Consejo para solventar estas disfunciones de su funcionamiento. Porque la extracción parlamentaria no debe estar reñida con la regulación de un estatuto jurídico del órgano y de sus miembros que garantice su funcionamiento autónomo y su renovación en tiempo. Con independencia de la necesidad de reconstruir los consensos políticos para acuñar una determinada convención constitucional con respecto a cómo proceder en la designación de los vocales del Consejo (Lucas Murillo de la Cueva, 2018a: 161), pues, en efecto, el mismo diseño institucional puede funcionar de forma distinta en función de cuáles sean esas convenciones y prácticas constitucionales (Bustos Gisbert, 2022: 97), resulta preciso trabajar con nuestra herramienta, el derecho, para buscar soluciones a los problemas de funcionamiento del órgano de gobierno del Poder Judicial (coincidiendo en este punto con Bustos Gisbert, 2019). Todavía hay mucho margen de mejora. Las posibilidades de ingeniería jurídica que se plantearán a continuación pretenden garantizar dos cosas.

En primer lugar, una buena designación de los candidatos. Buena en el sentido de que permita elegir atendiendo a su perfil profesional y a su perfil independiente y, por qué no, a su probidad u honradez, sin que el vínculo político con un determinado partido político sea el criterio determinante que sustenta su designación. En segundo lugar, una designación de los candidatos en tiempo, acabando con las dilaciones en la renovación del órgano. Es decir, se pretende estudiar a continuación la posibilidad de introducir (más) reformas legales que permitan asegurar que la designación parlamentaria de los vocales del turno judicial del Consejo se realice en forma, esto es, atendiendo a su probidad u honradez y al mérito de sus candidatos, y en tiempo, esto es, conjurando el riesgo de dilación en la renovación.

Los últimos años, caracterizados por una escandalosa e insostenible dilación en la renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial, han comprometido la imagen del Estado de derecho y del principio de independencia judicial de nuestro país dentro y fuera de nuestras fronteras y han extendido la tesis sobre la necesidad de reformar el sistema de designación de los vocales de extracción judicial. Y, sin embargo, existen buenas razones dogmáticas para continuar defendiendo el sistema de designación parlamentaria de todos los vocales del CGPJ, que tienen que ver con la naturaleza jurídica del órgano y con las funciones que actualmente desempeña, con un indudable peso político. Como se ha señalado, este órgano «disfruta» de una parcela de poder no muy amplia, pero sí importante (en particular en lo que tiene que ver con la designación de los altos cargos judiciales). El sistema de designación parlamentaria de todos sus vocales garantiza la coherencia entre la forma designación y las funciones, con una dimensión política evidente.

Ello no impide reconocer que el actual modelo se ha pervertido en su aplicación práctica, dando lugar a una ocupación partidista del órgano y a sistemáticos bloqueos y consiguientes dilaciones en los momentos de su renovación que han afectado en un sentido negativo a la legitimidad, credibilidad y auctoritas del órgano y de sus componentes (también a la del propio órgano designante; Baamonde Gómez, 2022: 73-74). Esta aplicación desviada del modelo de designación parlamentaria de los vocales del CGPJ ha provocado unas inercias que no parecen fáciles de corregir, que se pueden explicar atendiendo fundamentalmente a dos motivos. Por un lado, a una regulación muy deficiente sobre la materia, pues nos encontramos con un diseño jurídico, tanto en la LOPJ como en los reglamentos parlamentarios, manifiestamente mejorable, y, por otro, a una falta de altura institucional de aquellos de los que depende la renovación del órgano.

Con respecto al segundo motivo, la doctrina viene insistiendo en la necesidad de que los partidos políticos recuperen la ética pública en sus comportamientos y sin duda esto resulta absolutamente imprescindible. En efecto, parece que no estamos ante una cuestión resoluble solo a través de propuestas de ingeniería jurídica y que resultaría imprescindible alcanzar un nuevo Pacto de Estado por la Justicia. Pero, en la medida en que actualmente parece extremadamente complicado recuperar la voluntad real de acuerdo, parece imprescindible trabajar con el derecho planteando propuestas de reforma del ordenamiento jurídico que, correctamente articuladas, pueden llegar a tener una importancia vital para recuperar la imagen de autonomía del CGPJ y de sus miembros.

Una mirada al actual diseño normativo del proceso de designación parlamentaria de los vocales del órgano de gobierno del Poder Judicial permite afirmar que existen mecanismos que pueden contribuir a mejorar el funcionamiento del actual modelo en el sentido de garantizar, en primer lugar, una designación de vocales independientes, profesionales y a los que se pueda atribuir probidad, y, en segundo lugar, una renovación del órgano en plazo. Existen todavía posibilidades inexploradas, o perfectibles, tal y como se ha tratado de poner de manifiesto en estas páginas.

El CGPJ intentó dar cumplimiento al mandato contenido en la disposición adicional de la Ley Orgánica 3/2014, esto es, al mandato de proponer un modelo de reforma del sistema de designación de los vocales del CGPJ que había de ser trasladado al Gobierno, al Congreso de los Diputados y al Senado. Pero no fue posible alcanzar un acuerdo en el seno del órgano y el resultado fue el de las dos propuestas a las que se hizo referencia supra. Por tanto, parecía poco previsible —y el tiempo lo ha confirmado— que las Cortes alcanzaran cualquier tipo de acuerdo en el corto y medio plazo para reformar el sistema de designación de los vocales judiciales sostenible en el tiempo que permitiera recuperar la legitimidad y credibilidad del órgano. Pero, al menos, sí deberían ponerse de acuerdo para acabar con el problema en la dilación de la renovación del órgano, puesto que esta ha sido la razón que ha dinamitado la imagen de autonomía del órgano de gobierno del Poder Judicial y de la independencia judicial en sede europea cuando, sin embargo, en España, el estatuto jurídico de jueces y magistrados permite garantizar su independencia judicial y, además, los jueces se sienten independientes (Lucas Murillo de la Cueva, 2018b). El Informe disposición adicional Ley Orgánica 3/2024 indicó que todas las asociaciones judiciales españolas habían dejado constancia de su confianza en la independencia de todos y cada uno de loscompañeros integrantes de la carrera judicial. Por otra parte, sobre la confianza de la sociedad española en la independencia de la judicatura, Toharia (2025: 10-13). La falta de renovación del CGPJ ha sido la principal causa que ha afectado negativamente a la apariencia de independencia de la justicia y, si ello es así, urge, en primer lugar, poner remedio a dicho problema. Ello no pasa, necesariamente, por una sustitución del actual sistema de designación parlamentaria de los vocales judiciales —aunque sea precisa su reforma— por un sistema de designación de estos vocales por sus pares.