Entre los diferentes desacuerdos acaecidos durante el proceso constituyente —y por ser la anulación de las elecciones a esta magistratura el objeto de análisis del presente estudio— conviene destacar los relacionados con la configuración de la Presidencia de la República (Președintele României). Frente a aquellos que abogaban por un sistema parlamentario con una presidencia simbólica, acabarían por imponerse los argumentos del núcleo de Iliescu, configurando un sistema semipresidencialista de corte francés, con un presidente elegido por sufragio universal, dotado de amplios poderes y capacidad de influencia sobre el resto de órganos constitucionales (Flores, 1994: 218-220). Sin embargo, y en contraposición a la «todopoderosa presidencia» gala (Duverger, 1980: 170-172), el régimen rumano respeta mejor el equilibrio entre las potestades reconocidas al presidente y al primer ministro, configurando así un Ejecutivo dual en el que se pretende reforzar la posición del premier.

El presidente y el Parlamento (Parlamentul României) —compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado— cuentan con la misma legitimidad democrática, al ser ambos elegidos por sufragio popular. El art. 81 de la Constitución establece una elección presidencial a dos vueltas —en caso de que ningún candidato obtenga la mayoría en la primera—, con un mandato de cinco años con posibilidad de una única reelección (art. 83 CR). Como es habitual en la configuración de las jefaturas de Estado (Tajadura, 2022), el presidente rumano representa al Estado rumano y se configura como «garante de la independencia nacional, de la unidad y de la integridad territorial del país», además de ejercer funciones de mediación entre los diferentes poderes del Estado y entre este y la sociedad (art. 80 CR).

Sin embargo, la simple lectura de la Constitución no basta para entender la verdadera dinámica de poderes y sus posibles transformaciones. Por ejemplo, el mandato de neutralidad y de no pertenencia a ningún partido político una vez jurado el cargo (art. 84 CR) se queda en mera tinta si se considera que, debido a su legitimidad democrática y a su posición como garante de la Constitución, el presidente ejerce un papel activo y no meramente pasivo en el proceso político (Tanasescu, 2008: 96). Una dinámica que desde la presidencia de Traian Basescu —de 2004 a 2014— ha desembocado en una progresiva arrogación de competencias y en una verdadera dirección política del Estado frente a la actuación del Gobierno (Bogdan, 2024: 137). Se comprueban así la importancia de la magistratura y el polarizado debate al que ha conducido la decisión de anular el procedimiento para su elección.

Por lo que respecta a los debates constituyentes sobre el establecimiento de una jurisdicción constitucional, la Asamblea barajó dos opciones (Weber, 2002: 246-248): a) el establecimiento de un sistema concentrado de control de constitucionalidad, con la consecuente creación de un tribunal constitucional, o b) la vuelta al sistema de la Constitución de 1923, que establecía un sistema de control de constitucionalidad difuso —judicial review— (Murari y Constantinescu, 1996: 12 y 25). Acabó por adoptarse la primera de las opciones no sin fuerte oposición (Valea, 2010: 58-60), sobre todo por el temor a la creación de un órgano con unas facultades que lo colocasen por encima del resto de poderes, incluido el propio Parlamento como representante del pueblo soberano (Flores, 1994: 224; Vrabie, 2005: 550-551). Un recelo que, en cierta medida, sigue lastrando la consideración de independencia de sus miembros.

La Corte Constitucional (Curtea Constituțională) viene regulada en el título V de la Constitución, arts. 142 a 147, y en la Ley 47/1992, sobre organización y funcionamiento de la Corte Constitucional (Andreescu y Puran, 2021: 542 y ss.). Se compone de nueve magistrados elegidos entre juristas de reconocida competencia con más de dieciocho años de experiencia profesional —tres por el presidente, tres por la Cámara de Diputados y tres por el Senado— para un período de nueve años, renovándose por terceras partes y sin posibilidad de reelección. Sobre la base de sus diferentes competencias, recogidas en el art. 146 CR, la profesora Zlatescu (2012: 91-93) identifica que la Corte juega tres papeles principales en el ordenamiento jurídico rumano: a) como juez constitucional (a través del control de constitucionalidad a priori y a posteriori), b) como juez electoral para las elecciones presidenciales, y c) como autoridad constitucional (mediante los pronunciamientos ex officio sobre reformas constitucionales).

Para lo que aquí interesa, resulta conveniente profundizar en el segundo de dichos papeles, el de juez electoral para las elecciones presidenciales. La Corte recibe directamente de la Constitución el mandato de garantizar el respeto de las elecciones presidenciales, además de validar su resultado (arts. 146.f y 82.1 CR). También le compete la constatación de la existencia de circunstancias que justifiquen la prórroga de la más alta magistratura del Estado (art. 146.g CR). Unas competencias que encuentran desarrollo legislativo en la Ley 370/2004, sobre la elección del presidente de Rumanía, y que, como se comprobará, constituyen los fundamentos de la decisión objeto de análisis.

La Comisión de Venecia se interrogará sobre la adecuación de esta precisa competencia, así como de su concreto alcance jurídico. A lo largo del informe se insistirá en la necesidad de legitimar una decisión de tal trascendencia en un sistema democrático. Por ello, resulta conveniente realizar una breve mención a las dificultades que ha encontrado en la República rumana la implantación de un auténtico sistema constitucional y las consecuencias que ello puede acarrear para la legitimación de la anulación del proceso democrático.

Se ha hecho ya referencia al poco entusiasmo que, en una gran parte de los constituyentes, despertaba la idea de configurar un verdadero sistema de pesos y contrapesos entre los poderes del Estado. Consecuentemente, se configuró un intricado puzle de instituciones constitucionales occidentales, a la vez que se adaptaban y reorganizaban para servir mejor a los intereses y preferencias ideológicas de sus autores (Iancu, 2015: 156-159). En dichas circunstancias, se entiende que en la redacción original de la Constitución de 1991 no se hiciera mención alguna al principio de separación de poderes.

La desafortunada redacción de la carta magna no impidió que la Corte Constitucional adquiriera un papel principal en la construcción democrática de Rumanía, salvaguardando ciertos derechos y libertades fundamentales y garantizando el correcto funcionamiento del Estado de derecho (Zegrean y Toader, 2013: 1). Un rol protagonista que destaca por la configuración jurisprudencial del principio de separación de poderes (Tomescu y Levai, 2012: 289) y de lealtad constitucional (Gilia, 2021: 49-50) que vino estableciendo desde sus primeras sentencias y que posteriormente sería positivizado en el art. 1 de la Constitución tras la reforma de 2003.

No obstante, las mayores deficiencias se dieron con respeto a la independencia judicial. La Constitución de 1991 implantó un sistema institucional en cuya cúspide situó al Consejo Superior de la Magistratura (Călin et al., 2018: 7), órgano que formalmente garantizaba la independencia judicial, pero cuyas líneas divisorias con respecto al resto de poderes distaban de ser lo suficientemente nítidas, sobre todo con respecto al protagonismo del ministro de Justicia en los procedimientos de selección y ascenso de los jueces (Coman y Dallara, 2012: 843).

Fue precisamente esa falta de independencia del Poder Judicial una de las razones que condicionaron la entrada de Rumanía en la Unión Europea y la que motivó, en parte, la reforma constitucional de 2003, para hacer al país compatible con los criterios de Copenhague. A pesar de la prolongación de los mecanismos de condicionalidad a una fase posterior a la obtención de la membresía comunitaria mediante la imposición del novedoso Mecanismo de Cooperación y Verificación y de los tímidos —y en muchos casos contradictorios— pasos dados por las autoridades rumanas, las estructuras informales de poder y las arraigadas redes clientelares han logrado persistir en el país (Mendelski, 2011: 243 y ss.). Todo lo anterior ha dificultado la configuración de un auténtico Poder Judicial independiente que, además, en los últimos años ha experimentado la caducidad de unas reformas que se habían defendido desde las instituciones comunitarias como irreversibles (Tanasescu, 2021: 114 y ss.). Un deterioro paulatino del Poder Judicial que, como señala Cruz Mantilla de los Ríos (2024: 181-182), coincide con las reformas iliberales emprendidas por Polonia y Hungría y que pasa, en gran medida, por intensas campañas mediáticas dedeslegitimación del Poder Judicial y por la captura de los principales órganos judiciales de la República.

En el marco señalado, no parecen desencaminadas las denuncias sobre la falta de independencia de los miembros de la propia Corte Constitucional. Desde los debates constituyentes —en gran medida por el mencionado temor a que la Corte pudiese disputar la soberanía parlamentaria—, la independencia de los magistrados ha sido un tema de recurrente disputa. Sobre la base del propio procedimiento de nombramiento, en el que destaca la ausencia de participación del Poder Judicial, los miembros del Alto Tribunal han sido acusados de mantenerse fieles a los grupos políticos que los designaron. Un señalamiento que se ha visto agravado por una constante judicialización de la política por parte de unos partidos incapaces de resolver sus controversias sin acudir a la Corte (Ionescu, 2015: 84-86). Una actitud que, como en otros ordenamientos —entre los que cabe destacar el español—, ha obligado al Tribunal a pronunciarse sobre cuestiones que deberían quedar al margen de su conocimiento, minando su legitimidad y auctoritas como árbitro neutral de las disputas constitucionales.

El 24 de noviembre de 2024 el pueblo rumano estaba llamado a elegir al que sería su nuevo presidente para los siguientes cinco años. La primera vuelta de las elecciones situó al ultraderechista Călin Georgescu como el candidato más votado, obteniendo casi el 23 % de los votos, seguido por la conservadora Elena-Valerica Lasconi, con el 19,7 % (Sánchez Costa, 2024). La inesperada victoria del hasta entonces casi desconocido Georgescu motivó la interposición, por parte de dos candidatos, de sendos recursos que solicitaban a la Corte Constitucional la anulación del proceso electoral por supuestas irregularidades en su campaña, iniciándose así la sucesión de pronunciamientos que desembocará en la Sentencia 32/2024.

Como ya se ha mencionado, la Constitución dispone en su art. 146.f que la Corte Constitucional «velará por el respeto del procedimiento para elegir al presidente de Rumanía y confirma los resultados». Una función de arbitraje que se reitera en los arts. 37 y 38 de la ya invocada Ley 47/1992, y que se concretiza en el art. 52 de la Ley 370/2004, con la posibilidad de anular el procedimiento concreto y convocar una nueva cita electoral. Según lo establecido por esta última disposición, la Corte anulará la elección en caso de que la votación y la determinación de los resultados se hayan llevado a cabo mediante un fraude de naturaleza suficiente como para haber podido afectar el orden de los candidatos que pasan a la segunda vuelta. Enumera, además, a los sujetos legitimados para la interposición del recurso y establece la obligación de presentar un recurso motivado y acompañado de las pruebas en las que se fundamenta. Una puntualización importante, ya que, como se comprobará, la Corte no respetó dicha disposición legal al actuar de oficio en el procedimiento que dio lugar a la Sentencia 32/2024 y que motivará en parte la opinión de la Comisión de Venecia.

Tras la desestimación del segundo de los recursos por motivos formales, la Corte desestimará el presentado por Cristian Vasile Terhes por no quedar suficientemente probado el supuesto fraude electoral aducido por el recurrente. No obstante, resulta interesante mencionar alguna de las afirmaciones sobre las que se sustentan las solicitudes de anulación del proceso. Entre otros, se argumenta que el candidato Georgescu ha violado las disposiciones relativas a la financiación de la campaña electoral al no haber declarado las fuentes del dinero invertido, así como por haber aceptado financiación por parte de entidades extranjeras. Una campaña que, además, se ha desarrollado mediante métodos irregulares, valiéndose de técnicas de inteligencia artificial, cuentas falsas y el pago a conocidos influencers para lograr una promoción automatizada y masiva de sus cuentas en redes. Argumentos similares a los que fundamentarán la sentencia por la que se anulan las elecciones y que será publicada apenas cuatro días después de la decisión en la que se confirma la victoria de los dos candidatos más votados en la primera vuelta.

Bajo la sospecha de la existencia de irregularidades durante el desarrollo del proceso electoral, el presidente Klaus Iohannis convocó de urgencia al Consejo de Seguridad Nacional (CSAT, por sus siglas en rumano). El 4 de diciembre, exactamente dos días después de que la Corte confirmara los resultados, se desclasificaron varios de los documentos presentados durante la reunión del CSAT. Informes que, sobre la base del enorme desajuste existente entre la intención de voto que para el candidato presentaban las últimas encuestas oficiales publicadas (las más optimistas lo situaban en torno al 2 %) y el resultado finalmente obtenido (casi del 23 %), venían a demostrar una injerencia extranjera bien organizada a favor de la campaña de Călin Georgescu, principalmente a través de la red social TikTok.

Se trata de unas irregularidades que han sido constatadas, a su vez, por el informe presentado por el Servicio de vigilancia y de protección contra las injerencias digitales extranjeras del Gobierno francés. El organismo galo constata que durante el proceso electoral rumano se ha llevado a cabo una sofisticada campaña de manipulación del algoritmo de TikTok con el objetivo de promocionar las cuentas del candidato Georgescu. Para ello se habría utilizado, entre otros métodos, el reclutamiento de más de cien influencers rumanos (cuyas cuentas suman más de ocho millones de seguidores) mediante el pago de unos 380 000 dólares por una sociedad pantalla sudafricana relacionada con una compañía de marketing digital situada en Ucrania. No obstante, a fecha de la redacción de estas líneas se desconoce el instigador concreto detrás de dicha campaña.

Debido a la gravedad de las presuntas irregularidades y con base en los informes desclasificados de la inteligencia rumana, la Comisión Europea ha incoado un procedimiento formal contra la plataforma TikTok por una posible violación de los arts. 34 y 35 del Reglamento de Servicios Digitales en el contexto de las elecciones presidenciales rumanas. Concretamente, se analizará el papel de sus sistemas de recomendación algorítmica, así como la aplicación de las políticas sobre la publicidad electoral y el contenido político de pago.

El 6 de diciembre de 2024 apenas dos días antes de la celebración de la segunda vuelta electoral y habiéndose iniciado ya la votación por parte de la diáspora rumana, la Corte Constitucional emitió un comunicado en el cual anunciaba la anulación del proceso electoral. La gravedad de las irregularidades evidenciadas en los documentos desclasificados y las peligrosas declaraciones realizadas por Călin Georgescu hicieron de la intervención de la Corte Constitucional una cuestión de vital importancia. Como señala Carrozzini (2024: 1), si bien la decisión del alto tribunal se fundamenta en la defensa del Estado de derecho y la democracia rumana, sus consecuencias podrían derivar en todo lo contrario, agravando la polarización y convirtiendo a Georgescu en un mártir de las «élites», exacerbando el sentimiento antiestablishment y euroescéptico que promovía en sus mensajes.

Dentro del apartado relativo a la competencia del Tribunal Constitucional y las cuestiones procedimentales, el informe recuerda que la Comisión ya ha destacado la idoneidad de que las decisiones relativas a la anulación de las elecciones sean tomadas por el supremo órgano electoral del país, cuya resolución debe, a su vez, estar sujeta a una posible revisión por el máximo órgano jurisdiccional. La Comisión establece que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el ordenamiento jurídico debe garantizar la imparcialidad del órgano decisor, estableciendo para ello normas claras que limiten su discrecionalidad, exigiendo, además, una resolución fundada en derecho, objetiva y suficientemente motivada, que sea el resultado de una audiencia pública en la que se haya escuchado a las partes interesadas. Garantías del justo proceso que deben ser observadas también en aquellos supuestos en los que el procedimiento se inicie de oficio.

Es cierto que los estándares internacionales no prohíben las actuaciones de oficio, no obstante, en la práctica comparada, cuando los tribunales constitucionales tienen reconocido un deber de supervisión de los procesos electorales, suelen actuar bajo la solicitud de personas, grupos u órganos autorizados —como candidatos, partidos e institucionales estatales—. A pesar de ello, la Comisión reconoce que, allí donde se le confiere al Tribunal un deber general de supervisión electoral, esta competencia carecería de verdadera funcionalidad si el órgano, constatando la evidencia de un fraude, no pudiese actuar de forma autónoma para su corrección. Esta última puntualización es compartida por Cărămidariu y Verteş-Olteanu (2025: 161), quienes consideran que la decisión de la Corte debe entenderse dentro de su deber constitucional de defensa de los principios democráticos. Una decisión que, además, pone de manifiesto la existencia de una laguna legislativa que debería ser abordada por el Parlamento y que no presupone un deber de autocontención judicial cuando se constaten irregularidades graves que pongan en entredicho la integridad del proceso electoral.

La argumentación de la Comisión se incardina dentro de una teoría general que considera que una de las funciones esenciales de la justicia constitucional en una sociedad democrática es, precisamente, la defensa del sistema democrático sobre el que se asienta la Constitución (Castillo-Ortiz y Roznai, 2024: 9-8). Para ello, el Tribunal Constitucional participa de forma activa en las funciones políticas del Estado a través de sus competencias de control y mediate decisiones que, fundamentadas en parámetros y valores jurídicos, tienen consecuencias de marcado carácter político (García-Pelayo, 1981: 25). Un control que, debido al desdibujamiento de los límites que separaban el Estado de la sociedad, se ha vuelto más necesario que nunca en las democracias pluralistas (Aragón Reyes, 1987: 35). En la medida en que democracia significa gobierno del pueblo y que hoy en día dicho gobierno se atribuye a representantes electos, el control de los tribunales constitucionales debe pasar, necesariamente, por el aseguramiento del correcto funcionamiento del sistema electoral (Barak, 2002: 40). La afirmación de que los tribunales constitucionales llevan a cabo una función efectiva de control ydefensa del orden democrático liberal puede corroborarse en el hecho de que una de las primeras medidas de los Gobiernos iliberales cuando alcanzan el poder sea tratar de neutralizarlos (Biagi, 2023: 272 y ss.).

Debe decirse que no se trata de una competencia de control y garantía que les sea conferida a los tribunales como un cheque en blanco. El informe insiste en que, si se admite la competencia de actuar de oficio, esta debería limitarse a circunstancias extraordinarias y quedar claramente regulada en una ley, subrayando así la necesidad de asegurar que dicho control se derive de un procedimiento preestablecido. De otra manera, podrían suscitarse las clásicas críticas que, desde la Revolución francesa, aquejan a la justicia constitucional. Destacándose en este caso concreto unos argumentos que, instigados desde las propias instancias políticas, recuerdan a los debates jacobinos que negaban la posibilidad de establecer un órgano por encima de la Asamblea Nacional, representante última de la soberanía popular y creadora de la voluntad general (García de Enterría, 1981: 69-70), y que fue replicado, como se ha comprobado, durante el proceso constituyente rumano. Un debate que cobra mayor profundidad en el presente caso, ya que la Corte estaría invalidando no un acto del Parlamento, sino la propia voluntad del pueblo emanada de un proceso electoral. Una decisión que invita a la formulación de proclamas populistas sobre un supuesto «gobierno de los jueces» (Lambert, 1921), que únicamente podríanneutralizarse a través de una decisión exhaustivamente motivada.

En el epígrafe en el que se abordan las condiciones sustantivas que deben verificarse para proceder a la cancelación de los resultados electorales, se dispone que «las irregularidades en el proceso electoral únicamente interfieren con la libre expresión de la voluntad política de los electores si estas conducen a un perjuicio real y distorsionan el resultado». Considerando los efectos extremos que en una sociedad democrática puede tener la anulación de los resultados electorales, tal decisión debería concretarse solo en condiciones extraordinarias, y cuando existan evidencias suficientes de las ilegalidades o conductas indebidas. Constatando, además, que la invalidación sea una opción menos gravosa que la aceptación de los resultados, a pesar de las irregularidades.

La dificultad probatoria es evidente en el caso rumano, ya que el grueso de las irregularidades se da en el entorno digital. A diferencia de los medios de comunicación tradicionales, las redes sociales no se ven condicionadas por las fronteras nacionales y las irregularidades no tienen por qué circunscribirse a un espacio y tiempo concretos, pudiendo presentarse en todas las fases del procedimiento, sobre todo en su fase preparatoria. En el presente caso la mayoría de las infracciones tienen lugar a través de la red social TikTok, cuya interfaz, como la del resto de plataformas análogas, está diseñada con el objetivo de favorecer un modelo de negocio basado en los beneficios publicitarios (Balaguer Callejón, 2022: 72), que premia los contenidos falsos e incendiarios sobre el resto (Vosoughi et al., 2018: 1148). Cabría añadir que, como empresa radicada en China, está obligada a poner a disposición de las autoridades los datos que le sean requeridos. Circunstancia que ha llevado al Gobierno estadounidense a considerar su fuerte implantación en el país como una cuestión de seguridad nacional (Vázquez Alonso, 2025: 406).

En este caso, la compañía no activó los sistemas de reducción de riesgos, lo que habría afectado, como señala la sentencia, a dos principios básicos de todo proceso electoral reconocidos, a su vez, por la Comisión de Venecia. En primer lugar, la libertad de los electores para formase una opinión, que, más allá de un posible uso de técnicas de microsegmentación electoral (Howdle, 2023: 446), se habría visto afectada por un uso masivo de noticias falsas que, diseminadas por el propio sistema algorítmico, parecen alcanzar a los usuarios de forma causal conduciendo a la creencia errónea de que se presentan de forma neutral, cubriendo diversos puntos de vista (Presno Linera, 2022: 57). Un contenido que, con el único objetivo de desinformar y crear polémica —ganando así promoción en redes—, se aleja del ideal democrático de compromiso con los hechos y la verdad que debería guiar la formación de la opinión pública (Pauner Chulvi, 2018: 299). En segundo lugar, la igualdad de oportunidades entre los candidatos, principio que debe regir también las campañas electorales en línea y que impone a las compañías digitales de propiedad privada un acceso equitativo a sus servicios y funciones (Sánchez Muñoz, 2020: 81 y ss.). Las plataformas deben garantizar una representación sin discriminación y una cierta equidad a la hora de difundir y acceder a la información. Un principio que, en el presente caso, se habría visto violado por una presunta utilización de cuentas falsas y el pago a personalidades que, mediante una interacción masiva, habrían creado una falsa impresión de popularidad sobre uno de los candidatos.

El informe se hace eco de las críticas sobre el laxo régimen de responsabilidad del que han venido disfrutando las plataformas digitales en el contexto europeo por el contenido compartido por sus usuarios (Barrero Ortega, 2021: 116 y ss.). Una situación heredera del inicial optimismo hacia las virtudes de internet y su potencial capacidad democratizadora (Rubio Núñez, 2000: 291). Un ideal que se ha comprobado como una verdad a medias que el nuevo marco normativo del espacio digital europeo trataría de solventar.

El informe señala, además, los nuevos retos que las campañas en línea plantean para la legislación electoral sobre los dos nudos principales del caso rumano: a) la propaganda electoral, la desinformación y el contenido de los mensajes de campaña, y b) las normas sobre financiación y transparencia de las campañas, incluidas las restricciones a las contribuciones de fuentes anónimas y extranjeras y al uso indebido de los recursos administrativos. En este contexto, el papel del juez debe consistir en decidir si alguna de esas normas ha sido violada y si la falta es tan grave como para haber influido en el resultado electoral. Para ello, una decisión bien fundamentada y transparente se vuelve crucial, indicando con precisión las violaciones y las pruebas concretas sobre las que se basa, que no deben apoyarse únicamente en informes de inteligencia clasificados.

La Comisión de Venecia recuerda que las quejas y demandas en materia electoral no tienen que limitarse a la violación de derechos electorales, libertades e intereses por actos y decisiones del Estado, debe incluirse también «la posibilidad de reclamar por la inacción o ejecución inadecuada de la normativa por parte de sujetos tanto públicos como privados». Se reconoce, además, que la interferencia externa por parte de terceros —como la financiación de las campañas desde el extranjero— puede acarrear las mismas consecuencias (o incluso más) que la violación de la normativa electoral por los candidatos, partidos políticos o funcionarios del Estado. Destaca así la importancia de este tipo de irregularidades, ya sean fruto de organizaciones no gubernamentales, de las propias plataformas digitales, o de Estados y organizaciones extranjeras. Cabe añadir que, como señala Losano (2025: 121), las injerencias externas en el marco de procesos electorales —sobre todo las campañas masivas de desinformación en línea— gozan de una relativa impunidad en el marco internacional debido al carácter global de la red informática y la consiguiente dificultad de determinar con exactitud el sujeto y el lugar desde el que se efectúan.

Los debates en torno a la seguridad digital de los procesos electorales nacionales han girado sobre estas posibles interferencias extranjeras y, en ese sentido, las instituciones comunitarias han hecho un llamamiento a los Estados miembros para que cataloguen esta práctica como una amenaza a la seguridad nacional y establezcan medidas de protección y atenuación. Unas directrices que, incardinadas en un debate geopolítico sobre el modelo regulatorio que debe adoptar el viejo continente frente a Estados Unidos o China, pretenden garantizar una soberanía digital europea que asegure su autonomía frente a terceros (Robles Carrillo, 2023: 151).

Como se ha señalado, las injerencias externas pueden adoptar diversas formas; las más comunes suelen ser los ciberataques directos a la infraestructura electoral estatal, pero también pueden presentarse como campañas coordinadas de producción masiva de desinformación con el objetivo de confundir al electorado y la financiación ilegal de determinados candidatos. En este sentido, las injerencias señaladas por la sentencia de la Corte rumana pueden considerarse un auténtico ataque a la soberanía estatal. La Comisión considera que los Estados deberían prever legislativamente sus consecuencias y configurar un sistema institucional dotado de competencia suficiente como para remediarlas, unos poderes que bien podrían atribuirse a las Cortes constitucionales.