INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES: EL CANON REFORZADO DE MOTIVACIÓN COMO EXIGENCIA CONSTITUCIONAL^[1]

1. Fundamento constitucional[Subir]

La exigencia de motivación de las resoluciones tiene rango constitucional. Por un lado, porque el art. 120.3 CE proclama formalmente la obligación de los jueces de motivar las sentencias cuando dispone: «[…] las sentencias serán siempre motivadas». Por otro, porque la motivación forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE^[2].

Cuando este art. 24.1 CE señala que «toda persona tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos», incluye el derecho a obtener una resolución motivada y fundada en derecho, aun cuando no mencione de forma expresa esa motivación. El propio Tribunal Constitucional ha señalado reiteradamente que «la obligación de motivar […] forma parte del derecho fundamental de los litigantes a la tutela judicial efectiva»^[3]. También para la doctrina, el derecho a obtener una sentencia motivada es un derecho fundamental que forma parte del contenido del art. 24.1 CE^[4].

De este modo, la motivación de las resoluciones se consagra constitucionalmente como un deber del órgano jurisdiccional y, al mismo tiempo, como un derecho de las personas intervinientes en el proceso para garantizar su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (‍Rodríguez-Izquierdo Serrano, 2022: 329). Esta doble dimensión se traduce en las dos grandes funciones de la motivación judicial.

2. Funciones de la motivación judicial[Subir]

Tradicionalmente, la doctrina ha atribuido a la motivación dos grandes funciones que explican y justifican su exigencia: una función objetiva o extraprocesal, que permite el control democrático de la acción judicial a través de la opinión pública, y una subjetiva o endoprocesal, de tutela de derechos, relacionada con el derecho de las partes y con el control que ejercen los órganos jurisdiccionales superiores (‍Igartua Salaverría, 2003: 23-‍24). La primera de ellas trasciende el interés particular y está relacionada con el ejercicio del poder el Estado. La segunda está dirigida a los litigantes, para que conozcan las razones por las que se dictó el fallo y, en su caso, lo puedan impugnar^[5].

En su función objetiva o extraprocesal, la motivación constituye un requisito ineludible de la función judicial, vinculado a las exigencias del Estado de derecho^[6] (art. 1.1 CE) y, en particular, a la sumisión de jueces y magistrados al imperio de la ley (‍Milione, 2015: 175) (art. 117, apdos. 1 y 3 CE). La motivación es una exigencia del sometimiento del Poder Judicial al derecho, expresión del principio de legalidad, pues forma parte del contenido de la obligación de los jueces de ejercer su función dentro del derecho vigente, acatándolo y aplicándolo (‍Real Alcalá, 2023: 285).

En su función subjetiva o endoprocesal, la motivación es un derecho de las partes en el proceso, manifestación de su derecho a la tutela judicial efectiva. Esta función subjetiva complementa la objetiva, a través de su conexión con el derecho fundamental del art. 24.1 CE, que tiene un papel primordial como garantía frente a la actuación judicial. Las partes tienen derecho a conocer las causas y el razonamiento lógico de la resolución para motivar los recursos que quieran interponer: necesitan conocer las razones por las que se dictó el fallo para poder impugnarlo. Además, la motivación ayuda al tribunal que conoce el recurso a acceder a las razones por las que el juez dictó la sentencia recurrida y comprobar si eran legítimas y ajustadas a derecho (‍Nieva Fenoll, 2022: 285). En definitiva, posibilita el control interno de las decisiones judiciales a través del sistema de recursos.

3. Contenido y alcance del deber de motivación[Subir]

La motivación no es una mera formalidad, sino un derecho esencial de las partes en el proceso, una garantía que les permite conocer las razones de la decisión, asegurar su sometimiento a derecho, garantizar la coherencia entre lo decidido y lo solicitado, y posibilitar su revisión mediante eventuales recursos. Es una condición de validez de la resolución y, por ende, un deber del juez expresarla (‍Lucas Murillo de la Cueva, 2024: 1682). Para poder evaluar su cumplimento debemos saber cuál es el contenido de la motivación constitucionalmente exigido.

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado, en numerosas ocasiones, sobre la suficiencia de la motivación. Aunque reconoce que debe ser apreciada caso por caso y no de forma apriorística^[7], establece como criterio general que estarán suficientemente motivadas las resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión^[8].

La motivación será suficiente si permite comprender las razones tenidas en cuenta por el juzgador para adoptar una determinada decisión, es decir, el proceso lógico y jurídico que le ha conducido al fallo. Toda la actividad judicial, encaminada a interpretar las normas y aplicarlas al caso concreto, debe quedar reflejada en la fundamentación de la resolución judicial. En ella deben expresarse las razones esenciales que motivan la ratio decidenci^[9]. Se trata de que el juez exteriorice las razones que justifiquen su decisión. Para ello debe identificar las normas aplicables, su interpretación y su relación con los hechos, además de expresar el razonamiento jurídico (motivación jurídica); pero también debe hacer una exposición razonada de los hechos que considera probados con una expresión, siquiera sucinta, de la valoración de la prueba^[10] (motivación fáctica). Una vez sentados los hechos e identificadas las reglas aplicables, deberá resolver mediante una serie de razonamientos coherentes con las cuestiones del pleito.

El legislador ha hecho referencia expresa a estos elementos en los que debe incidir la motivación. Lo ha hecho en art. 218.2 LEC, que señala: «[…] la motivación exige expresar los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración, así como a la aplicación e interpretación del derecho». El precepto ordena que la motivación alcance tanto a la formación del supuesto fáctico que enjuiciar como a la interpretación y aplicación de la norma que vincula a este el efecto querido por el legislador^[11].

En este sentido, la motivación será suficiente si se extiende a las incidencias del proceso y a todas las fases del razonamiento judicial. Debe contener una explicación sobre la manera en la que el tribunal ha valorado la prueba y cómo ha seleccionado la legislación y la jurisprudencia pertinentes, así como el modo en que ha llegado a identificar o construir, con todos esos elementos, el fallo que ha resuelto el caso.

Por otra parte, no es exigible un razonamiento judicial pormenorizado y exhaustivo de todos los aspectos de la cuestión que se decide. No existe el derecho a una determinada extensión de la motivación^[12], siendo constitucionalmente legítima una fundamentación escueta o concisa^[13]. También cumple las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva una motivación por remisión^[14], así como, en casos excepcionales, una motivación tácita e implícita y no solo necesariamente expresa y manifiesta^[15]. Incluso una argumentación estereotipada puede ser suficiente, ya que peticiones idénticas pueden recibir respuestas idénticas, sin que la reiteración en la fundamentación suponga, necesariamente, ausencia de esta^[16].

La jurisprudencia constitucional ha reconocido que la motivación no debe interpretarse como una obligación de exhaustividad ni como un requisito de extensión determinada. Lo decisivo no es la extensión formal del razonamiento, sino su suficiencia material: que la resolución contenga la exposición de las razones esenciales que justifican el fallo. La exigencia de motivación «no impone una respuesta pormenorizada, punto por punto, a cada una de las alegaciones de las partes, sino que la respuesta judicial esté argumentada en derecho y que se anude con los extremos sometidos por las partes a debate»^[17].

Aunque la motivación no tiene que ser exhaustiva, sí debe expresar con nitidez las razones que justifican la decisión. Debe ser clara y precisa^[18] y ha de realizarse con «pulcritud, detenimiento, rigor, coherencia y profundidad jurídica precisa» (‍Calaza López, 2023: 1067), necesarios para dar a conocer el proceso lógico-jurídico que conduce al fallo, tanto al justiciable como al órgano judicial llamado a resolver un eventual recurso. Esa claridad y precisión van a permitir controlar la aplicación del derecho llevada a cabo por el tribunal y contrastar la razonabilidad de la resolución, que son, en última instancia, el fundamento de la exigencia de motivación.

Si no se cumplen estos requisitos, se compromete la tutela judicial efectiva por falta de motivación suficiente. Según la jurisprudencia constitucional, esta insuficiencia puede deberse al hecho de que la resolución no contenga un razonamiento lógico, «sino una simple exposición de una conclusión, fáctica o jurídica»^[19]; o que se limite a referencias legales y jurisprudenciales, pero sin la necesaria referencia a los datos que permitan comprender por qué se adopta una determinada decisión y no otra.

Tampoco está suficientemente motivada la resolución cuando contiene «contradicciones internas o errores lógicos que hacen de ella una resolución manifiestamente irrazonable por contradictoria y, por ello, carente de motivación»^[20]; cuando está desconectada de la realidad de lo actuado o da lugar a un resultado desproporcionado o paradójico (‍Ordás Alonso, 2025: 126), o cuando «a primera vista y sin ningún esfuerzo intelectual y argumental, se comprueba que parte de premisas inexistentes o patentemente erróneas o sigue un desarrollo argumental que incurre en quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no pueden considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas»^[21].

La doctrina también ha ido enumerando los defectos de la motivación, que pueden ser categorizados de diferentes modos y con distintas expresiones, pero todos comparten la característica de la falta parcial o total de los elementos esenciales de la motivación o de la lógica del fallo judicial^[22].

4. La motivación como mecanismo de control y manifestación del derecho de defensa[Subir]

La motivación es un poderoso instrumento de control de la discrecionalidad judicial (‍Aliste Santos, 2011: 160), ya que permite constatar que la decisión judicial sea fruto de la aplicación razonada del ordenamiento jurídico y no de la arbitrariedad^[23]. En consecuencia, la exigencia de motivación es una garantía esencial para el justiciable, que puede comprobar si la decisión es el resultado de una exégesis racional y lógica. Por eso se insiste en la importante función de la motivación como garantía frente a la arbitrariedad (art. 9.3 CE), ya que permite verificar que la solución adoptada no responde a criterios extrajurídicos, caprichosos o irrazonables y que el tribunal ha actuado conforme a derecho. Como ya dijimos, este control constituye un elemento esencial e irrenunciable de un Estado de derecho, que en el ámbito jurisdiccional requiere que los tribunales argumenten sus decisiones. La exigencia constitucional de motivación es el medio a través del cual se verifica que estas son fruto de la aplicación del principio de legalidad.

La motivación es también una manifestación esencial del derecho de defensa^[24] al permitir el conocimiento de los argumentos que sirven de apoyatura a la decisión adoptada. Conocimiento imprescindible para poder fundamentar correctamente los eventuales recursos. Como ya explicamos, no es posible articular adecuadamente un recurso sin conocer las razones que sustentan la decisión recurrida, por eso la motivación es garantía del derecho a recurrir y de su propia eficacia. Solo si el justiciable conoce las razones que han llevado al tribunal a resolver en un determinado sentido, puede convencerse de la corrección de la decisión y recurrirla ante un órgano superior. Si la decisión no está suficientemente motivada, no estará en condiciones de rebatirla ni poder ejercer su derecho a la defensa. Además, una vez interpuesto el recurso, solo una motivación suficiente permite verificar la racionalidad y la corrección técnica de la decisión para el efectivo control interno del razonamiento judicial por los tribunales superiores^[25].

1. El canon de motivación reforzada: cuestiones previas[Subir]

La exigencia de motivación se cumple si el razonamiento expresado en la resolución permite conocer la razón de la decisión y evitar así el mero voluntarismo o la arbitrariedad del juez. La motivación será suficiente si la resolución viene «apoyada en razones que permitan invocar cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la ratio decidendi»^[26]. Sin embargo, esta mera exposición del razonamiento no siempre es suficiente. En algunos casos, se requiere una fundamentación más rigurosa por parte del tribunal que la exigida, con carácter general, como garantía de la tutela judicial efectiva (art. 24 CE). Para estos casos, la jurisprudencia constitucional ha acuñado las expresiones «motivación reforzada» o «canon reforzado de motivación», con las que hace referencia a un estándar argumentativo de motivación más exigente en determinados ámbitos decisorios.

Este concepto de «motivación reforzada» es de creación constitucional y carece de referencias en nuestro derecho positivo. Es de progenie jurisdiccional, pues ha sido el Tribunal Constitucional el que ha elaborado el término y lo ha introducido en nuestros hábitos lingüísticos^[27], siendo, en las últimas décadas, un término habitualmente usado y aceptado para referirse a la exigencia de una motivación más rigurosa. A partir de la segunda mitad de los años noventa es cuando definitivamente cobra forma el test de razonabilidad aplicado al control de la motivación de las decisiones judiciales y su derivado, el canon reforzado de razonabilidad para determinadas actuaciones, que, por su directa e intensa incidencia sobre derechos, están sujetas a una obligación de motivación más exigente (‍Roca y Ahumada, 2013: 8).

En términos generales, se exige un canon reforzado de motivación cuando, además de verse lesionado el derecho fundamental del art. 24.1 CE, se vulnera otro derecho fundamental, o un principio o un valor constitucionalmente protegido (‍Aliste Santos, 2011: 233). Por lo que aquí interesa, este canon reforzado es una exigencia constitucional en los supuestos en los que se invoca la protección de la familia y los menores de edad (art. 39 CE), en particular, cuando se encuentran afectados valores y principios de constitucionales como el principio del interés superior del menor.

El interés superior del menor exige un canon reforzado de motivación en todas aquellas resoluciones en las que están afectados los derechos de los menores. Es doctrina constitucional consolidada que «el canon de razonabilidad constitucional deviene más exigente cuando se encuentran implicados valores y principios de indudable relevancia constitucional, como el principio del interés superior del menor que tiene su proyección constitucional en el art. 39 CE, que se define como rector e inspirador de todas las actuaciones de los poderes públicos» (por todas, la STC 113/2021, de 31 de mayo)^[28].

Cuando se trata de medidas que conciernen al menor, este principio obliga a un juicio de ponderación que debe constar expresamente en la resolución judicial, identificando los bienes y derechos en juego que pugnan de cada lado, a fin de poder calibrar la necesidad y proporcionalidad de la medida adoptada^[29]. La motivación requiere un esfuerzo mayor, más intenso y completo en la ponderación de las circunstancias que el nivel ordinario de justificación exigible en otros procesos de distinta naturaleza^[30]. Los órganos jurisdiccionales deben justificar que las concretas medidas adoptadas son, de entre todas las posibles, las más adecuadas para proteger el interés superior del menor, pues la razonabilidad de la fundamentación debe hacerse desde la perspectiva del citado interés.

2. Algunos apuntes sobre el interés superior del menor[Subir]

El principio del interés superior del menor «es un mandato constitucional ex art. 39 CE, que obliga a todos los poderes públicos a decidir dando prioridad al mejor y mayor bienestar, tanto material como emocional, de las menores» (STC 53/2024, de 8 de abril). Constituye la regla decisoria en los casos en los que se encuentren comprometidos sus derechos y todas las medidas que les conciernen deben adoptarse en función de ese interés y orientarse a su consecución, siendo el principio rector que inspira todo su sistema de protección.

Para precisar su extensión y significado, el máximo intérprete constitucional nos recuerda que el interés superior del menor «es la consideración primordial a la que deben atender todas las medidas concernientes a los menores» (STC 64/2019, de 9 de mayo)^[31]. Los poderes públicos deben atender de un modo preferente la situación del menor, observando y haciendo observar su estatuto como norma de orden público, ya que su interés es «considerado en abstracto, un bien constitucional suficientemente relevante para motivar la adopción de medidas legales que restrinjan derechos y principios constitucionales» (STC 53/2024, de 8 de abril).

También el Tribunal Supremo ha precisado el contenido y alcance de este principio a través de una consolidada doctrina. Para el alto tribunal este principio es como un principio axiológico preferente, que orienta la interpretación y aplicación de las normas; un concepto jurídico indeterminado; una regla de orden público, de aplicación imperativa; un principio de aplicación preferente, cuando no pueda armonizarse con otros intereses concurrentes; un criterio revisable en casación, sujeto a control jurisdiccional, y, por lo que aquí interesa, un criterio sujeto a motivación reforzada, que exige una justificación más rigurosa que la ordinaria en las resoluciones judiciales^[32].

De todos es conocida la relevancia de este principio. Sobre este existe un extenso cuerpo legal^[33], doctrinal^[34] y jurisprudencial, al que nos remitimos. Aquí solo vamos a indicar algunas cuestiones que explican o se relacionan con la exigencia de motivación reforzada, que es el tema que nos concierne.

3. La falta de motivación como vía para el acceso al amparo del principio del interés del menor[Subir]

Aunque el interés superior del menor se encuadra sistemáticamente entre los principios rectores de la política social y económica (art. 39 CE), su vulneración por parte de los órganos judiciales puede trascender de la mera legalidad ordinaria para situarse en la constitucionalidad.

Al no tener rango de derecho fundamental, no goza por sí mismo del amparo extraordinario del Tribunal Constitucional, pero sí a través de su conexión con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE^[41]. La vulneración de este derecho, por falta de motivación de las resoluciones, le permite el acceso al recurso de amparo. En este caso, una discusión de estricta legalidad se transforma en una cuestión de derechos fundamentales al invocarse el art. 24 CE, precepto que, como se ha dicho, es «potencialmente habilitante de una suerte de control general de las decisiones de los jueces y tribunales»^[42].

Una resolución judicial que afecte a un menor de edad y carezca de la motivación reforzada exigida es recurrible en amparo. El interés del menor requiere un canon cualificado de motivación y es el Tribunal Constitucional el que controla si la resolución recurrida lo ha cumplido. Y lo hace revisando no el fondo del asunto, como si fuera una instancia superior, sino el razonamiento que ha llevado al juez a decidir conforme al interés del menor. Su cometido debe restringirse a cuestiones de estricta constitucionalidad y no debe decidir en amparo cuál es el interés del menor en cada caso concreto, porque esta es una cuestión de legalidad ordinaria reservada a la jurisdicción ordinaria^[43].

A los tribunales ordinarios les corresponde la fijación de los hechos probados, la calificación jurídica de las conductas para seleccionar las normas aplicables, así como la ponderación de los derechos en conflicto, y decidir siempre lo que es más beneficioso para el menor. Pero no pueden justificar la decisión con la mera invocación del interés del menor, sino con una explicación racional y motivada de por qué esa decisión, y no otra, es la más acorde con el citado interés. Razonabilidad y motivación que debe comprobar el Tribunal Constitucional para verificar si se ha respetado el derecho fundamental a la tutela judicial.

Por lo tanto, aunque los órganos judiciales son los únicos competentes, ex art. 117.3 CE, para resolver sobre las materias de estricta legalidad ordinaria, sus decisiones pueden ser objeto de revisión en amparo «si resultan inmotivadas o manifiestamente irrazonables o arbitrarias, pues, en tal caso, vulnerarían el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE» (STC 138/2014, de 7 de octubre). Se trata de un control externo «que se limita a la constatación de una motivación suficiente, razonable, no arbitraria ni incursa en error patente». y que, al estar afectado un menor, se extiende a comprobar que la motivación incluye de forma expresa un juicio de ponderación que identifique, en cada caso, el interés superior del menor^[44].

Como el mismo Tribunal Constitucional ha reconocido, la decisión de cuál es el interés superior del menor en cada supuesto concreto corresponde a los jueces y tribunales ordinarios, pero a él le incumbe «examinar si la motivación ofrecida por los mismos, para adoptar cuantas medidas conciernen a los menores, está sustentada en su mayor beneficio y así comprobar que no se han lesionado sus derechos fundamentales» (STC 178/2020, de 14 de diciembre).

4. La amplia discrecionalidad judicial como fundamento de un canon de motivación más exigente[Subir]

Más allá de la necesidad de motivar las resoluciones como control de legalidad y exigencia de la tutela judicial efectiva, que ya mencionamos en la primera parte del trabajo, debemos ahora cuestionarnos por qué esa motivación debe ser más exigente cuando está afectado el interés superior del menor, es decir, cuáles son las razones por las que este principio transforma el canon de motivación judicial ordinario en uno reforzado.

En las resoluciones que afectan a menores se encuentran implicados valores y principios de relevancia constitucional (art. 39 CE) respecto de los que se exige una mayor razonabilidad. El juez, al adoptar una determinada medida, debe justificar que ha priorizado el bienestar del menor. Para ello no es suficiente un razonamiento básico, sino uno exhaustivo o reforzado que permita calibrar la necesidad y la proporcionalidad de la medida^[45] y despeje cualquier duda sobre si esa medida es la que mejor protege el interés superior del menor.

Pero, además, la exigencia de motivación reforzada tiene que ver con la configuración del interés del menor como un concepto jurídico indeterminado. A nuestro juicio, es esta una razón fundamental de la citada exigencia.

Como ya explicamos, estamos ante un concepto que requiere llenar su contenido en cada caso concreto. Y ello pasa por valorar qué es lo más beneficioso para un particular menor según sus circunstancias. Tarea que corresponde a los tribunales ordinarios, para la que cuentan con un amplio margen de discrecionalidad que les faculta para decidir, de entre las posibles alternativas, cuál es la que mejor protege al menor. La decisión, que en última instancia depende de voluntad del juez, debe estar basada en argumentos que justifiquen su actuar y aparezcan explicados en la resolución. Esta resolución debe contener una motivación especialmente reforzada para demostrar la razonabilidad de la elección judicial. La exigencia de motivación, por tanto, actúa como límite a la discrecionalidad de los tribunales en la concreción del interés superior del menor y garantiza que, aunque haya espacio para el discernimiento, la decisión es un acto de derecho y no una mera opinión subjetiva ni, por supuesto, una elección injustificada o arbitraria.

El juez tiene la obligación de explicar por qué una determinada medida es la más beneficiosa para el menor y debe hacerlo motivando la resolución de forma especialmente intensa y completa, valorando todas las circunstancias y evitando generalizaciones. La exigencia de motivación reforzada es una garantía contra las resoluciones arbitrarias al obligar al juez a explicar todas las variables consideradas en su decisión. Evita que el amplio margen de discrecionalidad del que goza se convierta en arbitrariedad, pues la resolución debe responder a una razonada aplicación del ordenamiento jurídico y contener una explicación clara y un fundamento serio, sin conclusiones absurdas o irracionales.

A nuestro entender, cuando los tribunales gozan de un amplio margen de discrecionalidad, como en este caso, puede haber más riesgo de arbitrariedad, por eso la exigencia de motivación debe ser más rigurosa. La motivación reforzada ofrece una mayor garantía de que la decisión adoptada sea fruto de un análisis racional de todas las circunstancias, los bienes y los derechos en juego, y no de un simple arbitrio judicial^[46]. Por ello consideramos que el fundamento de la motivación reforzada tiene mucho que ver con la amplia discrecionalidad de la que gozan los tribunales en la concreción del interés superior. Esta discrecionalidad, por sí misma, nunca debe ser justificación de la medida adoptada, ya que el tribunal «no puede escudarse, para justificar sus déficits de argumentación, en el carácter discrecional de la potestad que ejerce, pues las potestades discrecionales deben también ejercerse motivadamente» (STC 13/2021, de 31 de mayo). Y es que el margen de discrecionalidad no es argumento suficiente de la decisión finalmente adoptada. Por el contrario, el ejercicio de dicha facultad viene condicionado por la exigencia de que la resolución exteriorice, de forma detallada y completa, las razones que le llevaron a adoptar una determinada medida, explicando por qué esa, y no otra, es la que protege, de manera más efectiva y proporcional, los derechos del menor.

5. Requisitos de la motivación reforzada[Subir]

La resolución estará motivada si justifica por qué la medida elegida discrecionalmente por el juez es la que mejor protege al menor haciendo una adecuada identificación de su interés superior. Esta motivación exige una serie de requisitos que analizamos a continuación.

La motivación debe explicar las circunstancias concurrentes que han servido al tribunal para valorar el interés del menor. Esto implica que debe contener las referencias al caso concreto y no una explicación que pueda aplicarse a cualquier otro caso sobre el que hubiera que decidir en relación con el mismo tema. Por ello, no sirven las explicaciones generales ni tampoco la motivación puramente formal con meras fórmulas estereotipadas (STC 115/2024, de 23 de septiembre). La motivación estereotipada, que, por definición, no plasma las circunstancias particulares del caso, puede ser suficiente para superar el canon ordinario de motivación (como ya explicamos), pero no cuando se exige un canon reforzado. Se deben excluir las «cláusulas de estilo, vacías de contenido preciso, tan abstractas y genéricas que pueden ser extrapoladas a cualquier otro caso» (STC 185/1998, de 28 de septiembre), y que no permitan conocer los criterios esenciales que fundamenten la resolución recaída ni discernir si el asunto ha sido realmente examinado por el órgano judicial (‍Carrasco Durán, 2020: 31).

Tampoco cabe la mera invocación del interés del menor, que, por sí sola, carece de contenido para justificar la medida adoptada, al no detallar las razones por las que precisamente es esa concreta medida la que mejor protege al menor^[47].

La diversidad de supuestos en los que puede estar afectado este interés impide discernir, a priori, cuándo una resolución cumple o no el estándar de motivación exigido. La jurisprudencia ha reconocido que para apreciar si una resolución judicial está motivada es necesario «un juicio circunstancial, puesto que la determinación de la fundamentación suficiente hay que realizarla mediante la ponderación de las particularidades fácticas y jurídicas que singularicen los casos sometidos a consideración judicial». De esta forma, la motivación «no puede ser apreciada apriorísticamente con criterios generales, sino que requiere examinar el proceso concreto para determinar, a la vista de las circunstancias concurrentes, si se ha cumplido o no» (por todas, la STS 754/2024, de 28 de mayo).

Por otra parte, la resolución debe contener una explicación sobre «los criterios utilizados y los elementos aplicados al ponderar los criterios entre sí y con otros intereses presentes y futuros, así como las garantías procesales respetadas» (art. 2.5.d LO 1/1996). Esto es lo que permite valorar que no existe arbitrariedad en la decisión, sino una respuesta adecuada, razonada y justificada (‍Parra Lucán, 2018: 33).

El interés del menor no debe operar como una cláusula cuya invocación legitime cualquier decisión, por el contrario, exige una ponderación real, individualizada y proporcional^[48]. La autoridad judicial está obligada a justificar no solo que esa medida es apta o adecuada para proteger el interés del menor, sino que es la más adecuada de entre todas las posibles, demostrando que no había otra alternativa igual de eficaz y menos restrictiva. Para ello debe identificar claramente los distintos bienes y derechos en conflicto y explicar cómo los ha valorado para dar prioridad a un interés sobre los otros. No debemos olvidar que, cuando se trata de menores, su interés es superior y opera como contrapeso de otros derechos, habitualmente los de sus progenitores, lo que obliga al juez «a ponderar tanto la necesidad como la proporcionalidad de la medida» (STC 53/2024, de 8 de abril). De tal manera que, si el ejercicio de los derechos de alguno de los progenitores puede repercutir de modo negativo en el hijo menor, el interés de aquellos deberá ceder frente al de este. En la resolución judicial deberá constar expresamente ese juicio de ponderación, identificando todos los bienes y derechos en liza, para poder evaluar la necesidad y la proporcionalidad de la medida adoptada (STC 106/2020, de 13 de septiembre).

En conclusión, la motivación debe ser argumentativa y debe contener un razonamiento claro acerca de cuál es el mayor beneficio para el menor. No es suficiente mencionar o invocar el interés superior^[49]. El juez deberá detallar qué derechos o intereses están en conflicto; cuáles son los criterios para valorar esos intereses y sopesarlos, y cuál es el resultado de la ponderación, explicando por qué la opción elegida es la que maximiza el interés del menor. Interés que deberá conciliarse con los demás concurrentes y, solo cuando no sea posible, prevalecerá sobre el resto al ser un interés superior.

Por todo lo expuesto, la motivación debe entenderse lesiva desde la perspectiva constitucional si «hay una absoluta falta de ponderación del citado principio a la hora de decidir» (STC 138/2014, de 8 de septiembre). El Tribunal Constitucional ha tildado de «constitucionalmente inviable» una motivación que no tenga en cuenta el principio de interés superior del menor a la hora de llevar a cabo un juicio de ponderación identificando los bienes y derechos en juego susceptibles de entrar en pugna (STC 16/2016, de 1 de febrero).

1. Motivación reforzada y alimentos[Subir]

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el canon reforzado de motivación en relación con los alimentos de un menor en la STC 2/2024, de 15 de enero^[50]. La sentencia estima el amparo al considerar que las sentencias recurridas vulneran el derecho del menor a una motivación reforzada porque no justifican que la imposición de un porcentaje de los ingresos del padre, como cuantía de los alimentos debidos, sea más beneficiosa para el menor que cualquier otro sistema de los aplicados para el pago de pensiones.

Las sentencias habían fijado la cuantía de la pensión debida por el padre alimentante, declarado en rebeldía procesal, en un 10 % de sus ingresos mensuales, sin precisar nada sobre esa cuantificación. La madre recurre en amparo la fijación de la cuantía por falta de motivación reforzada.

El Tribunal reconoce que no le corresponde determinar cuál es el criterio de legalidad ordinaria más adecuado para la cuantificación de la pensión, pues esa es una tarea propia de la jurisdicción ordinaria, ni tampoco evaluar, con carácter general, el sistema elegido para fijar la cuantía en un porcentaje de los ingresos del demandado. Lo que debe valorar es si, en este caso concreto, la cuantía es respetuosa con el interés superior del menor y si las sentencias expresan claramente una ponderación lógica de los derechos en conflicto.

Para los magistrados, las resoluciones impugnadas no exteriorizan una ponderación adecuada de los bienes en liza. Entienden que no se motiva por qué la cuantía en ese porcentaje satisface el interés del hijo, ni consta argumento alguno que justifique que ese criterio es más beneficioso que cualquier otro sistema, como puede ser la fijación de una cantidad concreta^[51]. Esta ausencia de argumentos deja patente que, al haber optado, sin justificación objetiva, por el sistema de un porcentaje sobre los ingresos del demandado, las resoluciones impugnadas adolecen de falta de la motivación reforzada que le era exigible.

También el Tribunal Supremo ha decidido sobre la falta de motivación de algunas resoluciones sobre alimentos.

Por un lado, la STS 754/2024, de 28 de mayo, reconoce «la notoria ausencia de motivación de la sentencia impugnada, que prescinde, de forma grosera, de la actividad probatoria desplegada en el proceso y de los argumentos esgrimidos». En este caso, «la motivación de la sentencia está desconectada de la realidad de lo actuado […] y la ausencia de argumentos es diáfana»^[52]. Pero, además, el defecto en que incurre «es todavía menos disculpable cuando la determinación de los alimentos constituye una manifestación del principio de interés superior de los menores, lo que exige de los tribunales de justicia una motivación reforzada sobre la ordinaria exigible a todos los órganos jurisdiccionales».

La Sala estima el recurso de casación. Y aunque reconoce que, según su propia doctrina^[53], el juicio de proporcionalidad en la fijación del quantum de las pensiones alimenticias hecho por el tribunal de instancia debe ser respetado, lo será siempre que no resulte «arbitrario o ajeno a todo canon de razonabilidad».

Por otro lado, la STS 407/2025, de 17 de marzo, casa la de apelación por carecer de motivación por cuanto no explica la razón y los criterios en virtud de los cuales rebaja la cuantía de la pensión^[54].

La Sala, tras analizar con profusión el deber de motivación y resumir su propia doctrina en la interpretación de ese requisito, señala que «existe un deber de motivación reforzado con respecto a las resoluciones judiciales en las que esté en juego el interés superior de los menores […], en tanto en cuanto se discute la prestación de alimentos para cubrir, con dignidad y proporcionalidad, las necesidades vitales de la menor mediante la prestación de alimentos (arts. 92.1, 93 y 154.1 CC)». Y considera que la sentencia recurrida no motiva la reducción de la cuantía de los alimentos, ya que no analiza la capacidad económica de los progenitores ni una supuesta alteración sustancial de las circunstancias^[55].

2. La adopción de un menor nacido mediante gestación por sustitución[Subir]

El Tribunal Constitucional también ha decidido sobre la exigencia de motivación reforzada al conocer de un recurso de amparo solicitado por una mujer a quien se había denegado la adopción del hijo de su esposo, nacido mediante gestación por sustitución. Lo ha hecho en la conocida STC (Pleno) 28/2024, de 27 de febrero, que declara vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la demandante por falta de motivación reforzada de la resolución recurrida. La sentencia ha sido objeto de interesantes comentarios^[56] a los que nos remitimos para un estudio más pormenorizado. Aquí solo mencionamos sucintamente algunos aspectos en relación con el tema que nos atañe.

La demandante recurre el auto de la Audiencia Provincial que le denegó la constitución del vínculo adoptivo con el menor, hijo de su esposo, nacido mediante gestación por sustitución en el extranjero. El auto había revocado la resolución del juzgado de primera instancia que había estimado la pretensión de adopción.

Para el Tribunal Constitucional, la Audiencia no justifica suficientemente la solución alcanzada a la luz de los intereses del menor y el auto no cumple el canon de motivación reforzada exigible, vulnerando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de la demandante de amparo. El Tribunal Constitucional razona lo siguiente.

Por un lado, que la Audiencia pone en tela de juicio la filiación paterna, cuando no se había ejercitado acción alguna dirigida a impugnarla y consta en el Registro Civil, «de modo que al verter dudas sobre la misma y derivar de esas dudas la denegación de la adopción, incurrió en una motivación manifiestamente irrazonable».

Por otra parte, que «la parca valoración del tribunal de apelación en relación con la adecuación de la decisión adoptada al interés superior del menor […] no satisface el canon de motivación especialmente reforzado que impone nuestra jurisprudencia en los casos en que la esfera personal y familiar de un menor se ve afectada».

Y concluye que la resolución impugnada no justificó suficientemente la solución alcanzada a la luz de los intereses del menor concernido y de los valores constitucionales en liza. Por ende, su fundamentación «no puede considerarse respetuosa de las exigencias constitucionales de motivación por la insuficiencia de la argumentación que las sustenta».

3. Motivación reforzada y menores en contextos de violencia de género[Subir]

De especial relevancia, y no exentas de polémica^[57], han sido las recientes sentencias del Tribunal Constitucional que resuelven recursos sobre medidas relativas a menores —régimen de visitas y custodia— cuando están inmersos en procesos de violencia de género. Son las STC 115/24, de 23 de septiembre; 145/2024, de 2 de diciembre, y 54/2025, de 10 de marzo, que otorgan el amparo frente a las resoluciones recurridas por no cumplir el canon reforzado de motivación exigible en contextos de violencia de género^[58].

La STC 115/2024, de 23 de septiembre, resuelve un recurso interpuesto por la madre de los menores contra las resoluciones que le obligaban a mantener una actitud proactiva y colaboradora en el cumplimiento del régimen de visitas y estancias del padre, denunciado por violencia de género^[59].

Para el Tribunal, las resoluciones no se ajustan a los parámetros de la motivación reforzada al desconocer que el divorcio y el posterior régimen de visitas establecido se producen «en un contexto de violencia de género». Y cuando los procesos judiciales se desarrollan en este contexto, las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva ex art. 24.1 CE son reforzadas^[60]. Al exigirse judicialmente «una actitud proactiva en relación con el cumplimiento del régimen de visitas en favor de su presunto agresor, desconociendo con ello las vulneraciones de derechos, empezando por la igualdad, que lleva aparejado todo incidente de violencia de género, se ha incurrido en una conculcación del deber de motivación reforzada que para estos casos impone el art. 24.1 de nuestra Constitución». El Tribunal estima el recurso de amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en conexión con el derecho a la igualdad y a la prohibición de discriminación por razón de sexo.

La STC 145/2024, de 2 de diciembre, también se pronuncia sobre la motivación de dos resoluciones dictadas en ejecución de medidas sobre las visitas en un contexto de violencia de género, pero, en este caso, en relación con la incorporación de las pernoctas del padre con la menor^[61]. La madre recurre y el Tribunal otorga el amparo al entender que el órgano judicial que decidió las pernoctas desconoció los indicios fundados de violencia de género y conculcó el deber de motivación reforzada que se impone en este tipo de contextos. La sentencia, al igual que la anterior STC 115/2024, que cita, insiste en que «cuando los procesos judiciales se desarrollan en un contexto de violencia de género las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva ex art. 24.1 CE son reforzadas», y las resoluciones recurridas no tuvieron en cuenta, en su argumentación, que el conflicto respecto de la introducción de las pernoctas en el régimen de estancias de la hija se produjo en el contexto de violencia de género.

Las dos sentencias mencionadas se refieren a la misma familia y ambas deciden sobre resoluciones dictadas en sede de ejecución de medidas relativas al régimen de visitas y comunicaciones a favor del progenitor, aunque cada una se refiere a una etapa: en la primera se amplían las horas de estancia con el padre; en la segunda se cuestiona el paso a la fase de pernocta con el padre^[62].

La STC 54/2025, de 10 de marzo, también ampara a la madre en un supuesto de violencia de género, pero, en este caso, frente a las resoluciones que le obligaron a ejercer la guarda y custodia de su hijo en la ciudad de residencia familiar. Ella había trasladado previamente su domicilio a otra ciudad, donde residen los abuelos maternos y donde el menor se encuentra empadronado y escolarizado.

El Tribunal estima el recurso interpuesto por la madre^[63] al entender que, al adoptar decisiones de guarda, custodia y visitas, los órganos judiciales tienen un deber de motivación reforzada «para cuyo cumplimiento habrán de tener en cuenta los indicios de violencia de género». La resolución recurrida «no motivó suficientemente la imposición de la ejecución de la guarda y custodia del hijo en la ciudad de residencia de su presunto agresor», sin dejar a la madre otra alternativa que la de trasladarse a esa ciudad. La decisión «se adoptó sin tener en cuenta el potencial riesgo para ella y su hijo y sin identificar los beneficios concretos que reportaría al menor volver a su ciudad de nacimiento desconociendo por ello el Juzgado su deber de motivación reforzada». Pues este juzgado «no expresó de forma suficiente […] las razones concretas que justificaron su decisión, incumpliendo con ello las exigencias constitucionales de motivación de las resoluciones judiciales en el ámbito del derecho fundamental garantizado por el art. 24.1 CE».

En las tres sentencias se evidencia que la exposición a la violencia de género es un elemento para considerar en la concreción del interés superior del menor cuando se decide sobre las medidas paternofiliales. Y este contexto de violencia de género, por afectar al derecho a la igualdad y a la prohibición de la discriminación, impone un canon reforzado de motivación. Es en esta situación de violencia, y no tanto en el interés del menor, en la que incide el Tribunal para exigir una motivación más rigurosa. El principio del interés del menor cede ante el canon de motivación reforzada de los contextos de violencia de género. Lo que se exige es una motivación que evidencie, sin ningún tipo de duda, que las decisiones adoptadas tuvieron en cuenta ese contexto de violencia en el que se dictaban. Por lo que, como se ha dicho, se introduce «un elemento que desplaza la esencia de los recursos, tal y como son planteados, que es la falta de motivación en interés superior del menor», para centrarlo en la falta de motivación en contextos de violencia^[64].

4. Guarda y custodia[Subir]

Cuando se adoptan medidas sobre la guarda y custodia el juez debe aplicar correctamente el principio del interés del menor, que tiene que estar perfectamente identificado y ponderado, y la decisión sobre la custodia, suficientemente motivada. Si la sentencia «refleja un riguroso estudio y análisis para indagar cual sea el interés del menor, con motivación lógica y razonable […], no será posible revisar en casación las conclusiones del tribunal de apelación» (STS 758/2022, de 7 de noviembre)^[65].

La motivación reforzada se exige de cualquier resolución, tanto la que fije inicialmente un tipo de custodia como la que lo modifique. En ambos casos los tribunales deben motivar la decisión en el mayor beneficio del menor.

Para la STS 437/2022, de 31 de mayo, fue correcta la motivación de la resolución porque ha aplicado correctamente el principio del interés superior del menor, «motivando suficientemente^[66], y no de forma irracional, aparente o estereotipada, la conveniencia del sistema de guarda y custodia compartida»^[67].

Por el contrario, para la STS 1302/2023, de 26 de septiembre, no está motivada la decisión de denegar la custodia compartida porque no se hizo una valoración sobre la situación y el interés del menor, limitándose, sin más, al informe del equipo psicosocial y al dictamen del Ministerio Fiscal, por lo que «la sentencia recurrida no ha resuelto sobre el régimen de guarda valorando el interés superior del menor».

En relación con la modificación de la custodia, la STS 156/2025, de 30 de enero, rechaza esa modificación porque la sentencia recurrida ha valorado el interés superior de los menores de manera razonada y razonable a la vista de la prueba practicada «sin que la recurrente haya desvirtuado las razones en las que se basa la decisión de la sentencia, que se ajusta al canon de motivación reforzada exigido constitucionalmente para la ponderación del interés de los niños».

Por su parte, el Tribunal Constitucional, en la STC 8/2005, de 17 de enero, otorga el amparo por falta de motivación suficiente en la resolución recurrida, que no ha explicado con claridad las razones de la revocación de la sentencia anterior que atribuía la custodia al padre. Para el Tribunal no es constitucionalmente admisible que la Audiencia revoque la sentencia de instancia sin la debida motivación: «[…] mientras que para la confirmación del criterio del órgano a quo puede ser suficiente con razonar la falta de disentimiento con su criterio, para la revocación de toda resolución es preciso expresar con claridad, aun cuando sea brevemente, las razones que conducen a ello».

El Tribunal Supremo se ha hecho eco de esta doctrina, entre otras, en la STS 500/2019, de 27 de septiembre, que casa la de apelación porque la motivación exigida para revocar la sentencia que fija la custodia debe contener «una cuidada y precisa argumentación», y lejos de ello, la Audiencia la revoca sin desmontar sus argumentos.

En sentido parecido, la reciente STS 1677/2025, de 19 de noviembre, señala que la sentencia recurrida tiene «importantes déficits de motivación», pues no ha realizado una adecuada y motivada valoración del interés superior de la hija, al no tener en cuenta parámetros que el tribunal de instancia había constatado y que la Audiencia simplemente ignoró en su decisión de revocar la sentencia.

5. Vivienda familiar y menores[Subir]

Existen dos interesantes sentencias del Tribunal Constitucional sobre la motivación judicial cuando se invoca la protección de menores en casos de desalojo forzoso de una vivienda.

Por una parte, la STC 113/2021, de 31 de mayo, declara vulnerado del derecho a la tutela judicial por un auto dictado en ejecución de condena al desalojo de la vivienda de una familia en situación de vulnerabilidad y con varios hijos menores. La demandante formuló oposición a la sentencia que acordó el desalojo y solicitó prórroga del plazo apelando a sus circunstancias familiares, de absoluta precariedad, con tres hijos menores de edad, uno de ellos con una discapacidad. La oposición fue desestimada por el auto recurrido, que consideró que no concurría ninguna de las causas de oposición a la ejecución tasadas en el art. 556 LEC.

A juicio del Tribunal, «el hecho de que exista una lista cerrada de causas de oposición no exime al órgano judicial para cumplir con el deber de motivación reforzada cuando puede estar afectada la protección de los menores, la protección de las personas con discapacidad y de las familias». Por tanto, una respuesta que se limita a constatar la inexistencia legal de una causa de oposición a la ejecución vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva por falta de motivación.

Por otra parte, la STC 126/2024, de 21 de octubre, estima el recurso de amparo presentado por una madre, con hijos menores y en situación de vulnerabilidad, contra el auto judicial que había desestimado el incidente de nulidad de actuaciones promovido por ella en un juicio verbal de desahucio por resolución del contrato de arrendamiento de vivienda. Según el Tribunal, el auto que rechazó la petición de suspensión del lanzamiento no ha respetado «el canon hermenéutico y la necesidad de reforzar la motivación de aquellas resoluciones judiciales que afecten a menores», al no ponderar la delicada situación familiar de la recurrente, integrada por su esposo y cinco hijos, uno de ellos con una importante discapacidad.

También respecto a la vivienda familiar, pero, en este caso, en relación con el derecho de uso de las hijas, se ha dictado la STC 12/2023, de 6 de marzo^[68], que, a diferencia de las anteriores, no aprecia la falta de motivación y desestima el recurso.

La recurrente promueve el amparo contra las resoluciones dictadas en el proceso de modificación de medidas, acordadas en sentencia de divorcio, que declaran extinguido el derecho de uso de sus hijas sobre la vivienda familiar, por haber alcanzado la mayoría de edad. Alega vulneración del deber de motivación, que debe ser reforzada por su afectación al derecho a la protección familiar (art. 39 CE). Reconoce el Tribunal que, si se invoca la afectación a la protección social, económica y jurídica de la familia e integral de los hijos, «hemos de aplicar el mismo canon que se ha impuesto cuando se trata de menores, pues se trata de un bien constitucional suficientemente relevante para motivar la adopción de cuantas medidas sean adecuadas para cumplir eficazmente el mandato contenido en el art. 39 CE». Y cuando el derecho a la tutela judicial efectiva incide en la familia, como cuando se deben tomar medidas relativas a los derechos individuales de cada uno de los componentes, tales como el uso de la vivienda habitual, el canon reforzado «requiere que el fundamento de la decisión no solo constituya una aplicación no arbitraria de las normas adecuadas al caso, sino también que su adopción esté presidida, más allá de por la mera exteriorización de la concurrencia o no de los requisitos legales, por la expresión de la ponderación, de conformidad con los fines de la institución familiar». Esto exige la valoración de las circunstancias individuales de cada uno de los miembros de la familia; de las necesidades de la propia familia y de los bienes jurídicos comprometidos. En particular, las decisiones sobre adjudicación del uso de la vivienda familiar, una vez alcanzada la mayoría de edad de las hijas, «deben inspirarse en el interés más digno de protección, para lo que juega un papel indispensable la capacidad económica de las personas concernidas con la decisión». Y en este caso reconoce la sentencia que «no puede apreciarse irrazonabilidad alguna en las resoluciones judiciales por haber tenido en consideración la capacidad económica de ambos progenitores y el valor de sus respectivos patrimonios».

En consecuencia, para el Tribunal, no cabe hacer ningún reproche a las resoluciones impugnadas, pues la respuesta a la adjudicación de la vivienda familiar a las hijas mayores «no puede tacharse ni de arbitraria ni de irrazonable, sino que ha sido fruto de la ponderación de los intereses de relevancia constitucional en juego, valorando todas las circunstancias concurrentes sobre la afectación de los derechos que la decisión judicial comporta». Y rechaza que la decisión de extinguir el derecho de uso, constituido a favor de la recurrente y de sus hijas mayores de edad, haya lesionado derechos fundamentales, por lo que desestima el recurso de amparo.

6. Motivación de la falta de audiencia del menor[Subir]

La relevancia constitucional del derecho del menor a ser oído ha sido recogida en numerosas sentencias que declaran vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva «en supuestos de procesos judiciales en que no habían sido oídos o explorados por el órgano judicial en la adopción de medidas que afectaban a su esfera personal»^[69]. También existe una interesante jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la audiencia del menor^[70], de la que se extrae que, a pesar de su relevancia, los tribunales no están siempre obligados a oír al menor en los procedimientos judiciales; esto va a depender de las circunstancias de cada caso, en función de la edad, la madurez y el interés del propio menor.

Por lo que aquí interesa, «para que el tribunal pueda decidir no practicarla será necesario que lo resuelva de forma motivada» (por todas, la STS 1695/2024, de 17 de diciembre). El rechazo a la audiencia del menor debe ser, en todo caso, motivado^[71], y al estar afectado su interés superior, esa motivación debe ser reforzada.

En los últimos años, se han dictado varias sentencias sobre la necesidad de motivación reforzada para justificar adecuadamente la decisión de no permitir al menor expresarse sobre las medidas que le afecten. No podemos dejar de mencionar la STC 53/2024, de 8 de abril, que anuda el deber de motivación con la necesidad de dar audiencia al menor. En este caso concreto el padre recurre en amparo las resoluciones que consideraron su ingreso prisión como causa de privación del derecho de visitas, sin dar audiencia a las hijas menores afectadas.

La sentencia es muy interesante porque el Tribunal Constitucional hace un exhaustivo análisis de su propia doctrina sobre el deber de motivación reforzada cuando está en juego el interés del menor. Y concluye que las resoluciones recurridas adolecen de falta de motivación, tanto en relación con el supuesto beneficio que supone evitar el contacto con su padre por el mero hecho de estar en prisión como respecto a la falta de audiencia de la menor.

Por un lado, señala que las resoluciones no «hacen referencia alguna a la incidencia de la circunstancia de estar en prisión en la relación paternofilial […], sin que pueda admitirse que la genérica situación de estar preso, sin ulterior precisión o mínima atención circunstanciada, sea reveladora de la necesidad de suspender las visitas en interés de las menores». Tampoco es suficiente una genérica invocación del favor filii sin explicitar el motivo por el cual se entiende que es beneficioso para las menores alterar el régimen de contacto con su padre por el hecho de estar en prisión.

Por otro lado, la sentencia reconoce que la falta de audiencia de las menores ha impedido que el Tribunal conozca de forma directa e inmediata sus opiniones y «tenerlas en cuenta como criterio a ponderar a la hora de decidir y motivar el sentido de su resolución». Y esta falta de audiencia «está indisolublemente unida al deber de motivación reforzada, y viene a reforzar la insuficiencia de justificación de la decisión sobre el régimen de visitas en que incurren las sentencias impugnadas».

Por su parte, también el Tribunal Supremo se ha ocupado de la exigencia de motivar la falta de audiencia de los menores. Nos referimos aquí a algunas de las últimas sentencias.

Para la STS 268/2025, de 19 de febrero, el derecho del menor a ser oído «implica que debe tener la posibilidad de expresarse sobre las decisiones que le afectan y excluye que la mera presunción de una falta de madurez —especialmente en ausencia de datos objetivos concluyentes— justifique su exclusión». En consecuencia, «la decisión de no oírle exige una motivación reforzada y justificada que permita comprobar de forma objetiva que se basa en una real incapacidad del menor para comprender o expresar libremente su opinión».

En el caso juzgado, el menor de ocho años no fue oído ni escuchado por el juez al pronunciarse sobre el régimen de visitas, sin que motivara suficientemente por qué no le dio audiencia. La Sala estima el recurso y casa la resolución porque «carece de la debida motivación y de una valoración objetiva de las circunstancias, al prescindir de la audiencia del menor sin haber constatado que este careciera de la madurez necesaria».

En sentido parecido, la STS 1413/2025, de 13 de octubre, reconoce que la sentencia recurrida vulnera el interés superior de la menor por no resolver sobre su derecho a ser oída. A pesar de que tenía más de doce años cuando se dictó la sentencia, no se le escuchó y la resolución no explicó las razones por las que consideró la audiencia innecesaria o perjudicial para ella. La Sala casa la resolución por incumplir «el canon de motivación reforzada que el Tribunal Constitucional requiere en los supuestos en que los menores y sus intereses se encuentren afectados por las medidas que adopten los tribunales».

También la más reciente STS 1677/2025, de 19 de noviembre, reconoce que «no se ha realizado una adecuada y motivada valoración del interés superior de la hija, en la medida que no se han analizado sus deseos y opiniones, ni se ha acordado su audiencia a pesar de tratarse de una materia que le concernía directamente». La menor no fue escuchada, aunque ya tenía trece años cuando se dicta la sentencia de apelación, sin que la Audiencia haya justificado el motivo por el que no pudo realizarse la audiencia ni haya mencionado que le fuera perjudicial. A juicio de la Sala, la sentencia recurrida, además de infringir el derecho de la menor a ser oída, «presenta importantes déficits de motivación acerca de que la medida que adopta responda a su interés».