¿ES NECESARIA UNA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESPAÑA PARA AFIANZAR LA IGUALDAD DE LAS MUJERES?

1. El lenguaje[Subir]

El lenguaje no es inocuo. Entendido como código de signos, conforma palabras que pueden crear realidades. Si echamos la vista atrás en nuestra cultura, existen preclaros ejemplos de ello: en el Génesis, en su versión en latín, Dios dice «fiat lux» (Génesis, 1:3), y la luz se crea; en la Edad Media de Praga, el rabino Loew escribe en un pergamino la palabra «Emet» (verdad), la coloca en la boca o en la frente del Golem y este cobra vida (y borra la «e» y el ser se desactiva —«met» significa muerte—). Ambos ejemplos ilustran la carga cultural y simbólica del lenguaje en el sentido que le estamos dando.

El lenguaje no es un mero vehículo que describe la realidad, sino una herramienta activa que la constituye y la moldea. Son sobre todo la filosofía del lenguaje y la sociología las que insisten en que las palabras no solo nombran objetos o fenómenos, sino que también organizan las categorías con las que pensamos y actuamos. Cuando hablamos, seleccionamos determinados términos, estructuras y metáforas que encuadran la realidad de una manera específica. Esa selección influye sin ningún atisbo de duda en cómo la percibimos.

En el ámbito social, esto se manifiesta de manera evidente cuando se designa a un grupo con una etiqueta concreta, lo que refuerza estigmas, exclusiones o, por el contrario, empoderamiento y reconocimiento. El uso de términos inclusivos en torno al género, por ejemplo, no solo refleja una sensibilidad hacia la igualdad, sino que contribuye a visibilizar a colectivos históricamente marginados y a abrir espacios de participación simbólica que antes les estaban negados. De igual modo, el lenguaje político o mediático tiene un impacto directo en la construcción de imaginarios colectivos. No es lo mismo hablar de «crisis migratoria» que de «movilidad humana», ni de «violencia doméstica» que de «violencia de género». En cada caso, las palabras no solo describen, sino que prescriben formas de entender y, por tanto, de responder a los problemas.

Incluso en la vida cotidiana, el lenguaje estructura lo que creemos posible. Al dar nombre a una experiencia, esta se convierte en un hecho social compartido. Pensemos en conceptos como techo de cristal o acoso escolar: antes de ser nombrados, las experiencias que designan existían, pero carecían de un marco colectivo que permitiera comprenderlas y afrontarlas. Nombrarlas significó darles entidad, volverlas visibles y exigibles en el plano jurídico y político.

En definitiva, el lenguaje crea realidades porque establece los límites y las posibilidades de lo pensable y lo decible. Nos permite organizar el mundo, legitimar instituciones, normalizar conductas o cuestionarlas. Al mismo tiempo, reflexionar sobre el uso del lenguaje es también reflexionar sobre el poder, quién tiene la capacidad de imponer un término, qué intereses se juegan en la elección de unas palabras y no de otras, y cómo esas palabras configuran la vida social que habitamos.

Habitualmente el lenguaje ha sido sexista, es decir, discrimina u oculta a alguno de los sexos (‍Rubio y Bodelón, 2013: 4), sobre todo a la mujer, lo cual trasvasado al ámbito jurídico generó una situación muy criticable. El lenguaje jurídico está construido sobre estructuras patriarcales, que hizo que lo masculino fuera lo normal y lo femenino la excepción a la norma (‍Astola Madariaga, 2008: 34). Pero de igual forma, el lenguaje no solo tiene poder para crear sino también para transformar, por lo que podemos cambiar su uso para construir otro tipo de relaciones y de cultura^[12].

En este orden de cosas las palabras y frases que emplea la Constitución vigente crean un relato constitucional, con sus inclusiones y exclusiones, de poderosas influencia por provenir de la ley básica. En este sentido, la redacción actual del texto de 1978 en gran parte invisibiliza a las mujeres, lo que ha generado críticas y propuestas específicas de reforma. El texto de 1978 «no conllevó una ruptura con el orden patriarcal», además de que «la participación efectiva de las mujeres en el proceso constituyente fue mínima» (‍Marrades Puig et al., 2019: 152-‍153). La posición devaluada de las mujeres «tiene su reflejo más evidente y primario en un lenguaje que las hace invisibles en la medida en que se usa un masculino genérico por universal» (ibid.: 154). Figueruelo es también meridiana: la ley constitucional vigente está «redactada en masculino genérico, brilla por su ausencia la perspectiva de género; cualquier revisión constitucional, teniendo en cuenta los avances en todos los campos conseguidos por el movimiento feminista a lo largo de estas cuatro décadas, requiere revisar el texto en su totalidad y redactarlo con un lenguaje no sexista donde se elimine el masculino genérico en cuanto a sexo no marcado» (Figueruelo en ‍Callejón et al.: 55).

De este modo, proponemos el uso de un lenguaje neutro e inclusivo, con expresiones como «se reconoce», «se garantiza», «quienes», «todas las personas» o «la ciudadanía», a lo largo de todo el texto constitucional. No podemos ahora reflejar esta multitud de modificaciones, pero creemos que queda clara la idea^[13].

Otra opción sería introducir expresiones propias de lo meramente binario, como «hombres y mujeres», «españoles y españolas», o términos en esa línea doble, lo cual también responde a cierta perspectiva de género femenina. Sin embargo, vemos más adecuado lo anterior, no solo por resultar más satisfactorio gramaticalmente, sino también porque en este tema del lenguaje es oportuno no suscribir la lógica binaria.

2. Reforma del artículo 14 CE[Subir]

El art. 14 CE es, junto con el art. 24, el más citado y analizado de nuestro texto constitucional. Entendemos que habría que efectuar dos acciones: una reforma de la actual literalidad y un añadido a lo ahora prescrito.

En el primer caso, por un lado, en los ejemplos que se dan de discriminación (nacimiento, raza, sexo, religión, opinión) habría que añadir después de «sexo»: «orientación, identidad o expresión de género»^[14]. Por otro lado, vemos conveniente acotar las causas de discriminación. No puede cerrarse diciendo «cualquier otra condición o circunstancia personal o social», pues genera una imprecisión y apertura contraria a lo importante que resulta una discriminación. Por lo tanto, proponemos sustituir dicho final por «u otras condiciones o circunstancias de similar trascendencia». Así ceñimos la discriminación a supuestos en todo caso relevantes, que es a lo que se refiere la propia idea de discriminación al conectarse con la dignidad de la persona (a diferencia de un mero trato desigual, que puede producirse por situaciones de menos trascendencia). De esta forma, el art. 14 quedaría así:

Recordemos que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea aborda en su art. 21 la «no discriminación», prohibiéndola, entre otras causas, por «sexo» y «orientación sexual». El art. 13.2 de la Constitución portuguesa alude también a la «orientação sexual»; y el art. 3 de las constituciones alemana e italiana solo se refieren a «sexo». Estos casos no contemplan temas de género, que nosotros vemos en la actualidad como imprescindible.

En segundo lugar, como hemos anunciado, sugerimos añadir a este art. 14 CE un nuevo párrafo para elevar a nivel constitucional el compromiso con la igualdad real, no solo la formal, respecto a la mujer. Sería el siguiente:

Aquí, como se ve, nos mantenemos en la lógica binaria para que quede clara la necesidad de actuar para superar la histórica discriminación de la mujer. Al enfatizar el compromiso con la eliminación de todas las formas de discriminación se refuerza el carácter absoluto de la prohibición, sin admitir excepciones ni ambigüedades. Al añadir la distinción entre discriminación directa e indirecta, se reconoce explícitamente que la desigualdad no se produce solo mediante actos manifiestamente excluyentes, sino también a través de normas o prácticas aparentemente neutras que, en la práctica, perpetúan la subordinación de las mujeres. Este matiz es fundamental para blindar jurídicamente los avances en igualdad y para dar mayor seguridad a jueces y legisladores en la interpretación de situaciones de desigualdad estructural.

La inclusión de una cláusula explícita sobre igualdad sustantiva fijaría un estándar superior que obligaría a todos los poderes públicos a tener presente, en todas sus actuaciones, no solo la prohibición de discriminación, sino la obligación activa de remover obstáculos estructurales. Esto mejoraría la seguridad jurídica y reduciría la dispersión interpretativa que dificulta la plena efectividad de derechos que, si bien reconocidos, permanecen vulnerables a prácticas institucionales o culturales que reproducen desigualdades.

Es cierto que el art. 9.2 aborda la igualdad material, pero vemos oportuno introducir el párrafo indicado en el art. 14 para especificar la problemática de mujer y conectar lo formal y lo material con relación a ello. Figueruelo también ha defendido el acercamiento entre los postulados formales y materiales de la Constitución (‍Figueruelo, 2008a: 44).

3. Artículo específico igualdad hombre y mujer[Subir]

Proponemos la introducción de un precepto específico sobre la igualdad entre hombre y mujer. Ello lo vemos necesario para dar cobertura constitucional explícita a políticas de igualdad, cuotas, paridad, medidas laborales, etc., al margen de la igualdad sustantiva del subapartado anterior y al margen de la propia ampliación de la igualdad formal que también sugerimos antes.

El art. 2 del Tratado de la Unión Europea cita entre los valores de dicha Unión «la igualdad entre mujeres y hombres», lo que también es una de sus finalidades en el art. 3. Del mismo modo, el art. 23 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea se dedica específicamente a la «igualdad entre hombres y mujeres», que «deberá garantizarse en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución». En la Constitución alemana se indica en el mismo orden de cosas que «El hombre y la mujer gozan de los mismos derechos. El Estado promoverá la realización efectiva de la igualdad de derechos de las mujeres y los hombres e impulsará la eliminación de las desventajas existentes» (art. 3.2). En la Constitución portuguesa, a su vez, como misiones fundamentales del Estado, aparece «promover a igualdade entre homens e mulleres» (art. 9.h). En Italia su constitución alude a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (art. 51).

Lo que sugerimos ahora podría ser un apartado nuevo del art. 9 CE, donde se alude a igualdad material, pero que sea un artículo específico gana en fuerza simbólica:

También nos mantenemos en la lógica binaria para no perder efectividad en el específico esfuerzo de superar la discriminación de la mujer. En todo caso, como se ve, hablamos tanto de vida pública como privada y aludimos a acciones positivas si resultan necesarias siguiendo una lógica temporal.

En efecto, la fórmula «en todos los ámbitos de la vida pública y privada» amplía el alcance de la igualdad constitucional, reconociendo que las desigualdades de género no se limitan a la esfera institucional, sino que se reproducen en espacios sociales, familiares y laborales.

A su vez, la inclusión expresa de medidas de acción positiva se traduce, como en el caso del subapartado anterior, en un deber de índole superior que recae sobre todos los poderes públicos para trabajar de manera proactiva en búsqueda de tal igualdad material. Esta referencia a la acción positiva legitima y constitucionaliza medidas como cuotas de representación, planes de igualdad o políticas de conciliación, que a menudo han sido objeto de debate por su compatibilidad o no con el principio de igualdad. Recordemos que el citado art. 23 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al referirse a la igualdad entre hombres y mujeres afirma que «el principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que supongan ventajas concretas en favor del sexo menos representado» (art. 23). De igual manera, nuestro Tribunal Constitucional ha amparado estas acciones positivas al considerar que las mujeres constituyen un grupo de una situación de clara desigualdad social, por lo que es necesario «un derecho desigual igualatorio» (STC 229/1992, FJ 3.º). En todo caso, estas acciones positivas ya están en la normativa ordinaria española, de lo que se trata es de darles cobertura constitucional.

4. Artículo sobre tolerancia y diversidad[Subir]

Se propone igualmente un nuevo artículo sobre tolerancia y diversidad, que debe ser coherente con la libertad de género:

Podíamos añadir en el precepto que esta garantía se hace en condiciones de igualdad y no discriminación, pero como en la reforma del art. 14 CE ya incluimos el género y la orientación no lo consideremos necesario y puede ser repetitivo, lo cual no es aceptable en una correcta técnica de redacción constitucional.

Como se ve, el artículo muestra un reconocimiento constitucional expreso de la diversidad en materia de orientación sexual e identidad de género. Esto significa que el Estado no solo tolera, sino garantiza esa diversidad, elevándola al rango de la carta magna. Incluso puede interpretarse como un aldabonazo a la redefinición del concepto de ciudadanía como algo inclusivo, donde cada persona tiene derecho a existir y expresarse sin temor a discriminación. Una visión más amplia del pluralismo que se integra así en el orden constitucional.

Se recoge la libertad de género, aunque insistimos en que dichas elecciones de género deben respetar los estándares democráticos y a terceros y a los menores. Por lo tanto, esta diversidad no presenta un carácter absoluto, sino que debe compatibilizarse con otras situaciones (valores y principios constitucionales, seguridad jurídica, personas menores). Reconocer la diversidad no implica ignorar los límites que garantizan la convivencia democrática. Esta fórmula busca evitar que el ejercicio de una libertad se convierta en imposición o vulneración de otra. Es una invitación a pensar en la libertad como un espacio compartido, no como una competencia de derechos.

En este sentido, tenemos que proteger a los niños, niñas y adolescentes de decisiones precipitadas que pueden hipotecar su futuro para siempre. El interés superior del menor, que establece el art. 3 de la Convención de Derechos del Niño de 1989, permite llegar a esa relevante conclusión. Es cierto que la diversidad también puede manifestarse en la infancia, y que el Estado tiene el deber de garantizar espacios seguros para su desarrollo integral, sin imposiciones ni negaciones identitarias, pero resulta posible llegar a un equilibrio en este tema para que no se adopten acciones que sean irreversibles cuando los interesados sean mayores y, por ende, con un mayor conocimiento de la realidad y de las consecuencias de los actos. Como hemos dicho, «cuando la persona no tenga correctamente desarrollada de sus capacidades volitivas debemos ser cautos para no adoptar decisiones que al final no son las más positivas para esa persona» (‍Fernández Rodríguez, 2021: apdo. III.5.3).

En todo caso, debemos procurar que la opción de la autonomía de la voluntad para establecer la identidad sexual o de género (autodeterminación de género o gender self-ID) no implique una merma de los derechos de las mujeres y genere posibles fraudes. Otras previsiones que sugerimos en este trabajo tratan de evitar esta terrible consecuencia, como el nuevo apartado del art. 14 (visto en el subepígrafe V.2) o el nuevo artículo específico sobre igualdad entre hombre y mujer (comentado en el subepígrafe V.3).

5. Educación en igualdad, artículo 27 CE[Subir]

La educación de calidad es la clave para construir sociedades verdaderamente democráticas. En cierto sentido, la educación lo es todo. Como asevera Figueruelo, resulta «imprescindible para avanzar en una sociedad más justa y solidaria el derecho a la educación en igualdad» (Figueruelo en ‍Callejón et al., 2019: 56). Así proponemos un nuevo párrafo en el art. 27.2 CE, partiendo de la libertad de género:

De este modo, debemos esforzarnos (sobre todo nosotros, el profesorado) en promover una educación que respete la diversidad, que rechace estereotipos de género y que forme ciudadanos y ciudadanas capaces de vivir en libertad e igualdad. Tenemos que aceptar la exigencia de una educación no sexista e igualitaria, que reconoce la escuela no como un espacio neutro, sino como un lugar en el que se reproducen o se cuestionan patrones sociales de desigualdad. La educación en género se convierte así en una herramienta preventiva frente a discriminaciones futuras: enseña a identificar estereotipos, a cuestionar roles impuestos y a construir relaciones basadas en el respeto. Una cláusula constitucional en este sentido daría legitimidad y estabilidad a programas de coeducación, formación docente en igualdad o materiales didácticos con perspectiva de género, evitando que dependan exclusivamente de la voluntad política coyuntural.

La específica referencia a la libertad de género amplía el marco de protección a realidades contemporáneas. Supone reconocer la pluralidad de identidades y expresiones de género más allá del binarismo tradicional y garantiza que el sistema educativo forme a los estudiantes en el respeto a la diversidad. Con ello, la Constitución se situaría en sintonía con la evolución del derecho internacional de los derechos humanos y con la necesidad de combatir fenómenos como el acoso escolar por orientación sexual o identidad de género.

En fin, constitucionalizar la educación en igualdad y género en el art. 27 significaría dotar al Estado y a la comunidad educativa de un mandato claro y vinculante para que la enseñanza no se limite a transmitir saberes, sino que también forme en los valores democráticos de igualdad, libertad y respeto a la diversidad. Sería un paso para blindar estos contenidos educativos como un pilar del Estado social y democrático de derecho y, al mismo tiempo, para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva.

6. Garantía de la paridad[Subir]

En este listado que mostramos de posibles reformas constitucionales, también parece oportuno introducir en el texto constitucional un nuevo artículo para garantizar la paridad y la presencia equilibrada en la representación y en las instituciones. De esta forma, podemos incorporar el principio de paridad en el acceso a cargos públicos, órganos constitucionales y partidos políticos, a mayores del artículo específico de igualdad hombre y mujer mostrado en el anterior apartado V.3. Creemos que el tema tiene que ir más allá de lo referido a los partidos, por lo que no sería suficiente con añadir una previsión de paridad en el art. 6 CE^[15], por lo que, como acabamos de indicar, abogamos por un nuevo precepto:

En principio, esta paridad se refiere a hombre y mujer, aunque la formulación propuesta es abierta y podría evolucionar en el futuro hacia un entendimiento diferente. No obstante, para mantener pragmatismo en la dinámica institucional, no resulta aconsejable acudir a una paridad no binaria. De lo contrario, el funcionamiento práctico se haría tal vez inabordable.

A pesar de lo que estamos diciendo, el tema de las cuotas nos genera ciertas dudas en su planteamiento inicial. Desde la lógica democrática, ¿no es mejor integrar que separar? No estamos abogando por la democracia de la identidad que examinaba Carl Schmitt (para criticar al sistema democrático, por cierto) y que con sagacidad oponía al principio de representación (‍Schmitt, 2001: 268), sino a un entendimiento más robusto de la dinámica de construcción democrática apostando por integrar y no por separar a través de cuotas. Ello puede ser verdaderamente problemático en el terreno de la representación política si se abre más allá de hombre y mujer, no solo a la amplia diversidad de género, sino también a aspectos étnicos (indígenas, como pasa en muchos países de América), religiosos (el Líbano, por ejemplo), personas con discapacidad, jóvenes, mayores, etc. Una fragmentación excesiva de la representación puede acabar fraccionando a la opinión pública de manera muy criticable. Ya sabemos que esa parcelación de la sociedad la provocan las redes sociales con sus filtros burbujas, sus cámaras eco y de resonancia. Sería terrible que el sistema público representativo incrementase tal situación; en democracia se necesita una opinión pública cohesionada e integrada, también plural, pero que aborde el conjunto de los temas de interés general que debe controlar y/o decidir.

Sin embargo, a pesar de tales cautelas, creemos que sí resulta oportuno todavía asegurar la paridad institucional entre hombres y mujeres para superar de una vez esa fractura histórica, que tan negativa ha sido. En este sentido, esta cláusula reforzaría el principio de igualdad sustantiva al trasladar a la propia arquitectura institucional el mandato de paridad. La Constitución de 1978 no establece mecanismos concretos para que esa igualdad se traduzca en una presencia equilibrada en los espacios de poder. La paridad, al constitucionalizarse, pasaría de ser una política coyuntural o de rango legal a un auténtico mandato estructural, con la misma jerarquía que otros principios básicos del sistema.

Además, la mención explícita a los tres ámbitos —político, administrativo y judicial— garantiza un alcance amplio y homogéneo. La experiencia comparada muestra que la paridad suele avanzar primero en la representación política (listas electorales), mientras que tarda más en permear las esferas administrativas y la judicial. La representación política fue diacrónicamente muy relevante. Como señala Figueruelo, «la idea de paridad en la representación» resulta «un paso imprescindible para conseguir una sociedad igualitaria» (‍Figueruelo, 2008b: 12)^[16]. Sin embargo, ahora hay que ir más allá. Constitucionalizar la exigencia de forma más genérica permitiría asegurar que la igualdad de género no se limite al legislativo, sino que impregne todos los niveles de decisión, desde los consejos de administración de organismos públicos hasta los órganos de gobierno del poder judicial. Esto supondría, además, una contribución decisiva a la legitimidad democrática de las instituciones, al reflejar mejor la pluralidad de la sociedad. La citada Ley Orgánica 2/2024 ha extendido en España la representación paritaria, pero, de nuevo, es conveniente elevar estas ideas al rango constitucional. Rubio y Salazar ven la paridad como principio constitucional estructural, no como medida coyuntural, por lo que reclaman tal paridad en el Tribunal Constitucional y en otras instituciones clave (‍Rubio Marín y Salazar Benítez, 2024).

Asimismo, también vemos una dimensión pedagógica y transformadora en esta reforma. La paridad en órganos colegiados no solo garantiza un reparto equitativo de poder, sino que también contribuye a modificar los referentes culturales y simbólicos: normaliza la presencia de mujeres en todos los niveles de decisión, cuestiona los estereotipos de liderazgo masculino y abre camino a nuevas generaciones. La Constitución se convertiría en motor de cambio social al consagrar que la democracia solo puede entenderse como democracia paritaria.

7. Derecho a vivir sin violencia de género[Subir]

Optamos por un nuevo precepto para recoger este derecho:

Aquí apostamos por la libertad de género y no poner al comienzo del artículo «Toda mujer (…)». Este precepto otorga nivel constitucional al derecho a vivir libre de violencia, derecho que ya está reconocido en instrumentos internacionales como la Convención de Estambul del Consejo de Europa (2011) y en la Convención de Belém do Pará de la Organización de Estados Americanos (1994). La constitucionalización de este derecho transformaría lo que hoy es una obligación convencional en un mandato interno de máximo nivel, vinculando de forma directa a todos los poderes públicos y otorgando mayor seguridad jurídica a las políticas de protección de las víctimas. Como es evidente, el Comité CEDAW abordó este tema en varias ocasiones. Ahora recordamos que consideró que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia por razón de género es indivisible e interdependiente de otros derechos humanos^[17]. La doctrina, además, ha insistido en la necesidad de positivizar tal derecho^[18].

No cabe duda de que la mención expresa a la violencia de género es de enorme relevancia. No se trata solo de proteger contra la violencia en sentido genérico, sino de reconocer que existe una forma específica de violencia que afecta a las mujeres por el hecho de serlo y que responde a patrones estructurales de desigualdad. Su inclusión constitucional implicaría que esta realidad no puede ser negada ni relativizada por cambios coyunturales en la política legislativa, y que el Estado tiene el deber permanente de prevenirla, sancionarla y erradicarla.

La norma propuesta tiene un efecto expansivo sobre las políticas públicas: la prevención obliga a diseñar programas educativos y campañas de sensibilización; la sanción implica fortalecer el marco penal y procesal, garantizando una protección efectiva; y la erradicación exige medidas estructurales, como servicios de atención integral, recursos de acogida y apoyo psicológico, así como la promoción de la autonomía económica de las víctimas. Al constitucionalizar estas obligaciones, se asegura que los poderes públicos dispongan de un marco de acción claro, no sujeto a los vaivenes de la coyuntura política.

De igual modo, la consagración del derecho a una vida libre de violencia tendría un fuerte valor simbólico y cultural. La Constitución, al reconocer de forma explícita este derecho, envía un mensaje inequívoco de tolerancia cero frente a la violencia de género y se fortalece el carácter del sistema público, que en todo caso será garante de la dignidad y la integridad de todas las personas. La violencia puede ser tanto pública como privada, vinculándose de manera directa a la vulneración de los derechos humanos básicos. Ante ello, el poder público también debería responder por omisión. Del mismo modo, reconocer este derecho a tal nivel parece un paso relevante para avanzar en la perspectiva interseccional, todavía de difícil arraigo entre nosotros^[19].

En fin, esta reforma consolidaría a España en la vanguardia del constitucionalismo garantista, alineado con las exigencias del derecho internacional de los derechos humanos y con las transformaciones sociales que demandan una democracia paritaria y libre de violencia. Sería, en suma, un paso decisivo para hacer de la Constitución un verdadero instrumento de protección integral de las mujeres y, como ocurría en casos anteriores, de construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

8. Matrimonio igualitario, artículo 32 CE[Subir]

Postulamos una reforma del art. 32.1 CE para que quede redactado de este modo:

De nuevo, apostamos por la libertad de género en este punto del matrimonio. La legislación ordinaria española ya ha avanzado al abrir desde 2005 (Ley 13/2005) el denominado de forma imprecisa «matrimonio igualitario» o matrimonio entre personas del mismo sexo^[20]. La reforma propuesta seguiría esta línea. En primer lugar, la fórmula «todas las personas» subraya el carácter universal del derecho al matrimonio, evitando interpretaciones restrictivas y consolidando de manera explícita la igualdad de acceso para parejas del mismo sexo. En segundo lugar, la referencia a la «plena igualdad jurídica» garantiza que esa igualdad se proyecta no solo en el acceso a la institución matrimonial, sino también en sus efectos: filiación, derechos sucesorios, régimen económico y demás consecuencias jurídicas, eliminando cualquier resquicio de diferenciación normativa.

En esta línea de reconocer a todas las personas el derecho a contraer matrimonio, Octavio Salazar entiende que «la reforma del texto de 1978 debería incorporar no solo lo que es una conquista jurídica sino ya, a estas alturas, una realidad social plenamente asentada en nuestro país, en el cual se ha vivido una rotunda transformación en los 40 años de democracia en materia de derechos del colectivo LGBTI» (Salazar Benítez en ‍Gómez Sánchez, 2018: 121).

9. Reforma del derecho al trabajo, artículo 35.1 CE[Subir]

El trabajo es una de las actividades sociales cotidianas que más incide en el conjunto de la población, por lo que debe tener distintas previsiones en la Constitución^[21]. Proponemos la reforma de su art. 35.1:

Por lo tanto, incidimos en el lenguaje neutro al principio (lo que ya habíamos comentado en el V.1, por lo que ahora no es de relieve) y en precisar la discriminación final de precepto para que vaya más allá del sexo y capte mejor la posible problemática que se sustancia en la actualidad y en el futuro.

El art. 35 CE vigente proclama el derecho y el deber de trabajar, así como la libre elección de profesión y la no discriminación en el ámbito laboral, pero su redacción se limita a mencionar el «sexo» como factor prohibido de discriminación. Esa fórmula, aunque adecuada en su momento, se ha mostrado insuficiente para dar cobertura a nuevas formas de desigualdad y a identidades que en 1978 no estaban visibilizadas en el debate público. La incorporación de las expresiones «género» y «orientación sexual» permitiría, por un lado, reconocer explícitamente la existencia de discriminaciones basadas en roles sociales y construcciones culturales —más allá de la diferencia biológica entre hombres y mujeres—, y, por otro, blindar la protección de las personas LGTBI, que en el mercado de trabajo siguen sufriendo exclusión, acoso o limitaciones en sus trayectorias profesionales.

Asimismo, aunque esto ya no tiene que ver con el objeto de este trabajo, optamos por excluir el deber de trabajar y dejar solo el derecho al trabajo. Un deber de ese tipo no semeja que deba existir.

10. Derecho al cuidado[Subir]

Este derecho es uno de los que se han propuesto en los últimos años en el marco de la mayor sofisticación del Estado Social, y al que nosotros ya le dedicamos atención en otro lugar (‍Fernández Rodríguez, 2021: apartado III.6.6). Es importante avanzar en este ámbito para corregir las desigualdades estructurales en el trabajo doméstico, que también se extiende a la conciliación. En efecto, como apunta Marrades «el cuidado ha sido siempre realizado por las mujeres y ello ha supuesto una limitación en el ejercicio de sus derechos que ha afectado al derecho a la igualdad» (‍Marrades Puig, 2019: 17). También Rubio y Salazar abogan por recocer el trabajo de cuidados (‍Rubio Marín y Salazar Benítez, 2024).

En este sentido proponemos un nuevo precepto:

Sin poder comentar ahora los múltiples aspectos de este largo artículo que proponemos, lo que dejamos para otro momento, tan solo llamamos la atención de los elementos que vemos de mayor relieve. Así, en primer lugar, como se ve, en el párrafo 1 abogamos por la libertad de género («Todas las personas»), pero en al final de párrafo 3 optamos por la lógica binaria («igualdad entre mujeres y hombres») para asegurar que este derecho al cuidado sirva para superar la histórica discriminación de la mujer en el campo de los cuidados a personas allegadas y los consiguientes problemas de conciliación que pueden dificultar su crecimiento personal.

En todo caso, este hipotético precepto sobre el derecho al cuidado representa una innovación constitucional de gran calado porque sitúa en el núcleo del texto fundamental una realidad que históricamente ha quedado invisibilizada: la centralidad del cuidado en la vida humana y en la sostenibilidad social^[22].

La propuesta reconoce al cuidado como un derecho tridimensional (cuidar, ser cuidado y cuidarse), matizando la concepción clásica de los derechos sociales, ya que abarca tanto la dimensión relacional como la autonomía personal. Se reconoce que el cuidado atraviesa todas las etapas de la vida y que debe ejercerse con dignidad y en condiciones de igualdad. El mandato a los poderes públicos de crear un sistema público de cuidados supone constitucionalizar una obligación de políticas específicas, con especial atención a las situaciones de mayor vulnerabilidad. Esto vincula directamente al Estado con la garantía de servicios y apoyos equitativos, evitando que el cuidado siga siendo una carga exclusiva de las familias y, en particular, de las mujeres.

Asimismo, el artículo incorpora un elemento de justicia de género, al reconocer y valorar el trabajo de cuidados, remunerado o no, y al exigir su redistribución y profesionalización. De este modo, combate las desigualdades estructurales derivadas de la división sexual del trabajo. Y la referencia a la conciliación y a la eliminación de obstáculos conecta el derecho al cuidado con otros derechos fundamentales, como el derecho al trabajo y a la igualdad, proyectando un marco constitucional más coherente y completo.

En síntesis, un artículo de este tipo nos ubicaría en la imprescindible sofisticación del Estado social, tensionado de forma muy relevante en este siglo xxi y que no se puede mantener con estructuras y funcionamientos del pasado. El cuidado es un pilar básico de la vida democrática y de la igualdad sustantiva que tiene que recogerse en la Carta Magna.

11. Reforma de la sucesión a la corona, artículo 57.1 CE[Subir]

Uno de los lugares comunes en la doctrina por lo que se refiere a la hipotética reforma constitucional es sin duda este. De este modo, resulta imprescindible eliminar la discriminación de la mujer en la sucesión a la Corona, lo que pudo tener un sentido pragmático en 1978 (por los hijos e hijas que había en ese momento de Juan Carlos), pero que ahora no se sostiene.

Por lo tanto, proponemos suprimir en dicho precepto «el varón a la mujer, y en el mismo sexo (…)». Entonces, así quedaría la parte final: «en el mismo grado, la persona de más edad a la de menos»^[23].

Desde una perspectiva jurídico-constitucional, la pervivencia de esta discriminación supone una disonancia interna en el propio texto constitucional: mientras se proclama la igualdad entre mujeres y hombres en distintos lugares, se mantiene una excepción expresa en la institución que encarna la jefatura del Estado. Esa contradicción no solo es incoherente con el sistema de valores constitucionales, sino que también debilita la legitimidad democrática de la Corona al asociarla a un privilegio de origen patriarcal que la sociedad española ya ha superado en su vida civil, política y jurídica.

Además, la permanencia de la preferencia masculina carece de justificación histórica y social en el presente. Si en 1978 pudo considerarse una regulación de ese tipo por pragmatismo, hoy resulta insostenible en un Estado social y democrático de derecho que se reclama igualitario. Yolanda Gómez apunta que «resulta ineludible concluir que la igualdad entre el hombre y la mujer en la sucesión de la corona es el único sistema que, en los momentos actuales, resulta jurídicamente defendible» (‍Gómez Sánchez, 2018: 146). La experiencia comparada refuerza esta conclusión. Países como Suecia, Noruega, Países Bajos o Reino Unido han reformado sus normas sucesorias para implantar la plena igualdad entre mujeres y hombres en la sucesión a la Corona, demostrando que ello no pone en cuestión la continuidad de la institución, sino que la moderniza y la hace más coherente con los valores democráticos contemporáneos.

Una reforma en este punto, por tanto, no tendría un efecto meramente simbólico. Suprimir la discriminación sucesoria significaría reforzar el mensaje constitucional de que la igualdad es un principio transversal y absoluto, sin excepciones. Además, contribuiría a legitimar la monarquía parlamentaria al mostrarla capaz de adaptarse a las demandas de la sociedad y de alinearse con la idea de igualdad sustantiva que inspira al constitucionalismo moderno. En todo caso, en España esta necesidad de reforma ya quedó constata en el conocido informe del Consejo de Estado de 2006 sobre la reforma de la Constitución española^[24].

Por todo ello, la reforma del artículo 57.1 resulta necesaria para cerrar una brecha normativa que perpetúa una discriminación contraria al espíritu de la Constitución. Su aprobación supondría una actualización imprescindible del texto constitucional, reforzando tanto la coherencia interna del sistema jurídico como la legitimidad democrática de la institución monárquica en España.

12. Reforma del consorte, artículo 58 CE[Subir]

Por último, sugerimos la modificación del art. 58 CE para equiparar la persona cónyuge del rey o la reina:

La reina debe tener capacidad para convertir a su marido en rey consorte. Como señala Teresa Freixes, parece que se presupone que «la Reina reinante no tiene capacidad para elevar a Rey consorte a su cónyuge, mientras (con la redacción actual) sí lo tiene el Rey consorte» (Freixes en ‍Callejón et al., 2019: 56). Por lo tanto, lo más oportuno es realizar la modificación indicada.