I. INTRODUCCIÓN[Subir]

La STC 136/2024 redefine la relación entre los derechos fundamentales y los poderes de emergencia. A través de un destacado obiter dictum en su FJ 4, esta sentencia anuncia un cambio de rumbo en la jurisprudencia constitucional al replantear la frontera entre limitación y suspensión de derechos fundamentales. La suspensión ya no se produce por el grado de limitación de los derechos. Estos pueden ser limitados de manera muy intensa en cualquier momento sin necesidad de que haya un estado de excepcionalidad declarado, sin más límite que la proporcionalidad y el respeto a su contenido esencial. No existen umbrales cuantitativos apriorísticos de limitación, que puede ser tan intensa como la salvaguarda de un derecho o bien constitucionalmente protegido lo requieran. La aportación del TC trasciende el caso concreto para proponer un nuevo paradigma doctrinal: de la concepción formalista de la suspensión de derechos se pasa a una lógica material basada en la proporcionalidad en la limitación de principios. La STC 136/2024 marca un punto de inflexión en la evolución del derecho constitucional de emergencias y la teoría de los derechos fundamentales en España.

Cuestionada por la doctrina como un mero ajuste pendular en la jurisprudencia del TC^[1], la STC 136/2024 marca un punto de inflexión en la doctrina constitucional española cuyo alcance trasciende el caso concreto resuelto. La centralidad que dicha sentencia otorga al juicio de proporcionalidad refleja una tendencia más amplia del constitucionalismo contemporáneo, en línea con el neoconstitucionalismo, al poner de relieve la creciente primacía de los principios jurídicos frente a las reglas. Este fenómeno enfatiza que los derechos se conciben más como principios que admiten gradación y ponderación que como reglas que delimitan ámbitos absolutos e «insuspendibles».

Este artículo no se limita a ofrecer un estudio doctrinal que indague en la coherencia de la lógica jurídica subyacente a la STC 136/2024. Se trata de ir más allá de la dimensión formal para avanzar en una dirección teórico-explicativa que ofrezca un marco de comprensión que sitúe la línea jurisprudencial marcada por la STC 136/2024 en el contexto de transformaciones jurídicas del estado de emergencia en particular y del derecho constitucional contemporáneo en general. La hipótesis central es que la STC 136/2024 refleja el impulso global hacia la principialización del derecho: el derecho contemporáneo muestra una tendencia clara a primar principios sobre reglas, siguiendo las hipótesis del neoconstitucionalismo^[2]. El énfasis que la STC 136/2024 otorga al juicio de proporcionalidad refleja, en realidad, la primacía de una concepción de los derechos fundamentales como principios flexibles que operan a través de la ponderación, antes que como reglas rígidas aplicables mediante subsunción. Esto posibilita una modulación más sofisticada de la respuesta jurídica, especialmente adecuada en los cada vez más frecuentes escenarios complejos y cambiantes que exigen enfoques innovadores y adaptativos. No obstante, esta apertura comporta el riesgo de erosionar la seguridad jurídica. Comprender la dialéctica tensional entre ambos valores resulta esencial para articular respuestas materialmente eficaces y jurídicamente óptimas a las situaciones de emergencia en la sociedad del riesgo^[3].

La estructura de las páginas que siguen se articula en seis apartados orientados a demostrar que la STC 136/2024 no constituye una anomalía jurisprudencial, sino la manifestación de una corriente de fondo en el constitucionalismo contemporáneo, a saber, un proceso de mayor protagonismo de los principios sobre las reglas. Tras esta introducción, el apartado segundo despliega el marco teórico que sustenta el análisis: la distinción entre reglas y principios como normas jurídicas, la principialización del derecho contemporáneo, y la centralidad del juicio de proporcionalidad en el razonamiento constitucional. El tercer apartado reconstruye analíticamente el contenido de la STC 136/2024, contextualizándolo en el derecho comparado. El cuarto apartado se articula en cuatro subapartados: primero, se examina el tránsito jurisprudencial desde la STC 148/2021 hasta la STC 136/2024, demostrando cómo la suspensión de derechos se desvincula de la intensidad de la limitación; segundo, se analiza la posición preeminente que adquiere el art. 43 de la Constitución Española (CE) como principio que otorga una presunción reforzada de constitucionalidad; tercero, se identifican los riesgos de expansión de este modelo desde la salud pública hacia otros intereses generales difusos; cuarto, se aborda el problema de la incertidumbre epistémica y fáctica en contextos de emergencia. El apartado de discusión sistematiza las principales aportaciones del trabajo y las somete a evaluación desde una perspectiva normativa. El texto se cierra con unas conclusiones.

II. MARCO TEÓRICO[Subir]

De acuerdo con los planteamientos propios del neoconstitucionalismo, el derecho contemporáneo se configura como un derecho crecientemente constitucionalizado, caracterizado por la irradiación de la fuerza normativa de la Constitución sobre todas las ramas del ordenamiento jurídico^[4]. En este contexto, el derecho constitucional articula el conjunto del ordenamiento jurídico a través de principios, entendidos como normas que expresan mandatos de optimización^[5]. Los principios exigen dar preferencia a un estado de cosas entendido como «valioso», en la mayor medida posible dentro de las posibilidades fácticas y jurídicas de cada caso. Su formulación es abierta (abierta a las posibilidades empíricas, a las consideraciones concretas de la potencial colisión entre principios, y a la eventual interpretación de reglas aplicables al caso)^[6] y su normatividad condicional (en la medida en que son mandatos de optimización, realizables «en la medida de lo posible» respecto a las circunstancias del caso)^[7]. A diferencia de las reglas, los principios no describen supuestos de hecho cerrados ni determinan consecuencias jurídicas concretas; no postulan obediencia, sino adhesión racional^[8]; no ofrecen el criterio acabado para resolver litigios, sino el camino argumentativo para encontrar soluciones justificadas^[9].

Los principios aportan razones optimizables que orientan la interpretación de las reglas. Igualmente, a partir de su colisión surgen reglas que estabilizan expectativas al determinar, para casos-tipo, cuál principio debe prevalecer y en qué medida. En estos casos, no se produce la derogación de uno por el otro, sino una preferencia contextual que depende de las circunstancias del caso. La relación entre principios es por tanto la de una jerarquía móvil que varía con la intensidad de la afectación y la entidad de los fines constitucionales involucrados. El derecho principialista suministra razones justificatorias diversas y potencialmente contradictorias, lo que llama a la ponderación constitucional^[10]. La técnica decisoria es la proporcionalidad. El resultado es una regla de decisión ajustada al caso, susceptible de modificarse si cambian las circunstancias.

El juicio de proporcionalidad se ha consolidado como auténtica gramática común del razonamiento constitucional contemporáneo^[11]. La idoneidad exige conexión empírica suficiente entre medio y fin. La necesidad impone preferir, entre alternativas de eficacia comparable, la menos gravosa para los derechos. Finalmente, la proporcionalidad stricto sensu compara la importancia del fin con la intensidad de la lesión, y solo valida la medida cuando el beneficio constitucional supera de modo suficiente el sacrificio. El ideal que guía esta práctica es un sentido de la razonabilidad que exige composición y apertura del ordenamiento jurídico a los requisitos teleológicos constitucionalmente impuestos. El resultado es un derecho abierto^[12], capaz de integrar la coexistencia pluralista de valores y de articularse conforme a una teleología constitucional orientada a la realización de fines múltiples.

El derecho constitucional contemporáneo se ve enfrentado a la necesidad de adaptarse a la pluralidad propia de las sociedades complejas, garantizando, dentro de la unidad política y de ordenamiento jurídico, la coexistencia de visiones, identidades e intereses. Para ello, adopta la forma de un marco en el interior del cual las distintas corrientes de concepción de la justicia y de los ideales de «buena sociedad» articulan principios que expresan bienes y valores heterogéneos^[13]. Esa heterogeneidad amplía los fundamentos consensuales del orden constitucional y legitima su pretensión de generalidad y unidad en sociedades diversas^[14].

El auge del derecho de principios se conecta con el pluralismo constitucional, pero también con la morfología de los fenómenos sociales contemporáneos. La alta complejidad, la variabilidad acelerada de los problemas públicos y la incertidumbre epistémica de las potenciales formas de hacerles frente^[15] impiden las soluciones ex ante propias de las reglas. Se requiere un encuadramiento jurídico flexible y finalista que permita ajustar los medios de las políticas públicas a los fines constitucionales bajo condiciones de hecho dinámicas^[16]. Esto supone pasar de un derecho ready made a un derecho «customizado». Los principios operan como brújulas normativas en este entorno que posibilitan y racionalizan dicha «customización». Exigen adhesión a razones públicas, no obediencia ciega a tipificaciones pretéritas; orientan la búsqueda de la mejor respuesta bajo información imperfecta y promueven decisiones revisables a la luz de nueva evidencia. En este marco, la proporcionalidad funciona como heurística disciplinada que combina pluralismo de principios, prudencia metodológica y control racional con una identificación precisa de los bienes en juego, el análisis contrafáctico de alternativas menos gravosas, la evaluación de eficacia con base empírica y la motivación explícita de los pesos asignados.

En un mundo plural, complejo y cambiante, y epistémicamente incierto, una arquitectura jurídica sustentada en principios permite proteger la dignidad inherente a los derechos fundamentales y garantizar la racionalidad y eficacia de las opciones colectivas sin clausurar el espacio de la deliberación. Aunque, por supuesto, este edificio teórico no elude las objeciones: determinar las opciones que restringen principios de forma proporcional puede diluir el derecho cierto en política maleable y discrecional, o incluso en arbitrariedad, reduciendo la seguridad jurídica.

En la sociedad del riesgo, la posibilidad de limitar derechos y libertades para hacer frente a las amenazas a los intereses constitucionalmente legítimos se hace particularmente presente. La STC 136/2024 configura la limitación de derechos en situaciones de emergencia como una colisión de principios, introduciendo una ruptura con el modelo anterior que asumía una concepción de los derechos como reglas, cuya limitación, pasado un umbral de «muy fuerte afectación», solo era posible mediante la suspensión de estas. En el modelo anterior se configuraban los derechos como principios que podían ser limitados, pero, al llegar a una limitación muy fuerte, pasaban a ser reglas, aplicables conforme a la lógica del «todo o nada», y, por tanto, ilimitables. A menos que se procediese a una suspensión de dichas reglas, operada a través de los estados de excepción o sitio.

III. LA STC 136/2024 Y SU CONTEXTO DE DERECHO COMPARADO[Subir]

La STC 136/2024 resolvió un recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el apartado quinto del artículo único de la Ley gallega 8/2021, que reformó el art. 38.2 de la Ley de Salud de Galicia 8/2008 para introducir medidas preventivas ante crisis sanitarias. Los recurrentes articularon un triple motivo de impugnación: en primer lugar, alegaban que la norma habilitaba restricciones de derechos fundamentales (arts. 15, 17, 18, 19 y 21 CE) sin cobertura en la LO 3/1986, invadiendo la reserva de ley orgánica; en segundo lugar, sostenían que tales medidas implicaban auténticas suspensiones de derechos, solo posibles mediante la declaración de los estados de excepción o sitio (art. 55 CE); finalmente, denunciaban la invasión de las competencias estatales de sanidad y de garantía de igualdad (arts. 149.1.16 y 149.1.1 CE, respectivamente), así como la vulneración de la seguridad jurídica del art. 9.3 CE por el uso de cláusulas excesivamente abiertas.

El FJ 5 de la STC 136/2024 estableció que la normativa autonómica incidía en elementos esenciales del ámbito y límites de derechos enunciados en los arts. 15, 17, 18.1, 19 y 21.1 CE, materia reservada a ley orgánica. En consecuencia, el fallo anuló el catálogo de medidas restrictivas generales enunciadas en la ley gallega, así como las infracciones correspondientes. Quedó vigente únicamente la letra a) del art. 38.2, que habilita medidas de tratamiento y hospitalización, y el primer inciso de la letra b), esto es, la habilitación, anclada en la LO 3/1986, para adoptar medidas de control de enfermos, contactos y del ambiente inmediato. Todo el catálogo específico de restricciones de derechos fundamentales y sus correspondientes sanciones, al afectar a elementos esenciales de derechos del título I CE, requería ley orgánica conforme al art. 81.1 CE.

La línea jurisprudencial marcada por la STC 136/2024 se inserta en un contexto de profundas transformaciones de los ordenamientos jurídicos: la constitucionalización y la principialización del derecho. Es esta una tendencia que se manifestó de manera transversal en las respuestas que desde el derecho comparado se han dado a la pandemia del COVID-19. En efecto, las medidas adoptadas bajo las reglas constitucionales de los estados de emergencia fueron eclipsadas por aquellas basadas en una legislación ordinaria cuyo fundamento se encontraba en los principios constitucionales entendidos como mandatos de optimización. Dichas medidas fueron formuladas, aplicadas y controladas sobre la base del criterio de proporcionalidad^[17].

Tras la primera ola de la pandemia la mayoría de los Estados recurrió al modelo legislativo ordinario en lugar de activar estados de emergencia^[18]. Dentro de la Unión Europea, esta tendencia fue clara: de los veintisiete Estados miembros, solo diez recurrieron a la declaración formal de un estado de emergencia constitucional durante la primera ola (marzo-junio de 2020), cifra que se redujo a cinco en la segunda ola (otoño-invierno de 2020-‍2021)^[19]. En América Latina, la respuesta dominante fue también el recurso a medidas de base infraconstitucional (o constitucionalmente no excepcionales): durante la primera oleada de la pandemia ocho países recurrieron formalmente a un estado constitucional de emergencia, mientras que ocho gestionaron la crisis sin declarar un estado constitucional de excepción regular^[20], mientras que en la segunda oleada, el número de países bajo un estado constitucional de emergencia descendió a seis.

En general, los países con sistemas federales y de common law favorecieron medidas legislativas, permitiendo flexibilidad y respuestas descentralizadas^[21], mientras que los países unitarios y con sistemas de derecho civil recurrieron con algo de mayor frecuencia a mecanismos constitucionales. Pero la tendencia global fue la de un modelo basado en habilitaciones legales ordinarias, en el que las restricciones de derechos fundamentales se legitimaban mediante el juicio de proporcionalidad, antes que por la activación formal de los regímenes constitucionales de excepción.

La razón principal de esta preferencia por los principios radica en la flexibilidad que ofrecen los marcos normativos fundados en ellos, los cuales permiten a la Administración actuar de manera adaptada a las circunstancias. Un elemento de esta flexibilidad que se demostró particularmente importante durante la pandemia, en España y en otros Estados descentralizados, es el de la diferenciación por territorios, que permite una respuesta jurídica auténticamente «customizada» a las condiciones de cada territorio; además de las implicaciones políticas que presenta, de poder desviar responsabilidades a los territorios subnacionales, evitando el desgaste político del liderazgo a nivel nacional. Hacer descansar las medidas de lucha contra una calamidad en potestades administrativas construidas sobre una base legal permite a la esfera política evitar el fuerte desgaste político que acompaña a la declaración de un estado de alarma.

IV. ANÁLISIS[Subir]

V. DISCUSIÓN[Subir]

El presente trabajo ha demostrado que la STC 136/2024 constituye la manifestación coherente del proceso de principialización que atraviesa el derecho constitucional contemporáneo, en línea con las tesis del neoconstitucionalismo. De este análisis se derivan cinco aportaciones centrales.

En primer lugar, la sentencia opera una nueva caracterización conceptual de la suspensión de derechos fundamentales. Frente a la doctrina de la STC 148/2021, que vinculaba la suspensión a la intensidad de la limitación (el «vaciamiento de hecho» del derecho), la STC 136/2024 establece que la suspensión es una categoría exclusivamente formal, vinculada al régimen jurídico aplicado (estados de excepción y sitio del art. 55.1 CE), y no al grado de afectación del derecho. La suspensión deja así de funcionar como un concepto material ligado al sacrificio del derecho y se reconduce a una noción estrictamente jurídico-formal, dependiente de la activación de un marco constitucional excepcional. Consecuentemente, limitaciones de altísima intensidad pueden imponerse en situaciones de normalidad o bajo estado de alarma, siempre que superen el juicio de proporcionalidad y respeten el contenido esencial de los derechos.

En segundo lugar, sobre esta redefinición dogmática se asienta un desplazamiento metodológico más amplio, se produce un tránsito del modelo formalista al modelo finalista en el derecho de emergencia. El modelo anterior operaba conforme a una lógica formalista: las restricciones muy intensas de derechos fundamentales requerían la declaración previa de un estado excepcional. El nuevo modelo opera conforme a una lógica finalista: las restricciones de derechos, por intensas que sean, son constitucionalmente válidas cuando se orientan a la consecución de fines legítimos y superan el test de proporcionalidad. Se transita así de un derecho de reglas a un derecho de principios, adoptándose una mayor flexibilidad adaptativa, pero generando una pérdida correlativa de certeza ex ante sobre los límites de la intervención estatal.

En tercer lugar, la sentencia efectúa una reconfiguración funcional de los estados constitucionales de emergencia. Estos dejan de concebirse primordialmente como mecanismos habilitantes para la suspensión de derechos fundamentales y pasan a configurarse como instrumentos de alteración temporal del sistema de distribución de poderes. Según el FJ 4 de la STC 136/2024, la declaración del estado de alarma solo resulta pertinente cuando la escala y urgencia de la crisis impida acudir al procedimiento legislativo ordinario o cuando deba ser el Estado quien centralice competencias. Los estados excepcionales sirven, así, para reconfigurar las relaciones entre órganos constitucionales más que para habilitar restricciones de derechos que, según la nueva doctrina, pueden imponerse igualmente por vía legislativa ordinaria. Esta reconceptualización modifica sustancialmente la arquitectura constitucional de la emergencia prevista en los arts. 55 y 116 CE.

En cuarto lugar, se evidencia un desplazamiento del centro de gravedad decisorio en materia de limitación de derechos fundamentales. El modelo formalista anterior concentraba en el Congreso (mediante la declaración de estado de excepción o sitio) la decisión de habilitar restricciones muy intensas de derechos. El nuevo modelo finalista desplaza esta potestad, en primer término, hacia el Ejecutivo, que puede adoptar medidas restrictivas con base en habilitaciones legales genéricas; y, en segunda instancia, hacia el Poder Judicial, que controla ex post la proporcionalidad de tales medidas. Este desplazamiento plantea interrogantes sobre el principio democrático y la reserva de ley en sentido material, especialmente cuando las habilitaciones legales emplean cláusulas abiertas que confieren amplísima discrecionalidad administrativa.

En quinto lugar, la STC 136/2024 consolida la primacía del art. 43 CE en la ponderación de derechos fundamentales durante crisis sanitarias, otorgándole una presunción reforzada de constitucionalidad. Esta deferencia hacia las medidas de salud pública implica que corresponde al recurrente demostrar la desproporcionalidad de las restricciones, invirtiendo la carga argumentativa. Sin embargo, esta primacía del art. 43 CE abre la puerta a una expansión potencialmente ilimitada. El riesgo de deslizamiento desde la «emergencia sanitaria» hacia una «emergencia permanente» basada en bienes jurídicos más etéreos constituye un desafío del nuevo paradigma.

Estas cinco aportaciones convergen en una transformación estructural: el tránsito desde un derecho constitucional de la emergencia fundado en reglas hacia un derecho constitucional de la emergencia fundado en principios. Este tránsito responde a exigencias objetivas de la sociedad contemporánea: la complejidad de los fenómenos sociales, la variabilidad acelerada de las amenazas colectivas, la incertidumbre epistémica sobre la eficacia de las intervenciones públicas y el pluralismo axiológico que caracteriza a las sociedades abiertas. El derecho de principios, articulado a través del juicio de proporcionalidad, ofrece la flexibilidad y capacidad de adaptación necesarias para afrontar estos desafíos. Permite respuestas «customizadas» a las circunstancias concretas, evita rigideces normativas y posibilita la coexistencia de múltiples bienes constitucionales mediante ponderación racional. No obstante, esta flexibilidad comporta costes evidentes en términos de seguridad jurídica. El abandono de umbrales cuantitativos claros (el antiguo criterio del «vaciamiento de hecho») en favor de evaluaciones ad hoc de proporcionalidad genera incertidumbre sobre los límites efectivos de la intervención estatal. La deferencia judicial hacia las decisiones administrativas, justificada por la incertidumbre epistémica y el principio de precaución, puede erosionar el control efectivo de las restricciones de derechos. La invocación de intereses generales difusos, legitimada por la lógica principialista, puede facilitar una «normalización de la excepción». Y la sustitución del control político parlamentario propio de los estados excepcionales por el control judicial plantea dudas sobre la legitimidad democrática.

La tensión entre flexibilidad adaptativa y seguridad jurídica, entre eficacia administrativa y garantías democráticas, entre principios optimizables y reglas ciertas constituye un eje central en la dialéctica del constitucionalismo contemporáneo. La STC 136/2024 asume conscientemente el primer polo de cada una de estas tensiones, apostando por un modelo que privilegia la capacidad de respuesta efectiva ante amenazas colectivas sobre la certeza ex ante de los límites del poder. Esta apuesta resulta coherente con la evolución global del derecho constitucional y responde a necesidades reales de las sociedades de riesgo. Aunque, desde una perspectiva normativa cabe argumentar que la misma exige, como contrapartida, el desarrollo de instrumentos que compensen la pérdida de seguridad jurídica: habilitaciones legales más precisas que reduzcan la discrecionalidad administrativa, protocolos de actuación basados en evidencia científica, mecanismos de control parlamentario reforzado sobre las medidas adoptadas por el Ejecutivo, y una jurisprudencia constitucional que, sin renunciar a la flexibilidad del juicio de proporcionalidad, establezca estándares exigentes de motivación y fije límites claros al poder público.

En un derecho estructurado en torno a principios, la tarea del intérprete ya no consiste en la aplicación mecánica de reglas predeterminadas, sino en el diseño de soluciones técnicamente óptimas. En contextos de emergencia caracterizados por una elevada incertidumbre epistémica, esta exigencia sitúa al jurista ante una disyuntiva funcional: o bien asume el papel de intérprete cualificado de conocimientos científicos y técnicos que desbordan el acervo jurídico tradicional, o bien actúa como «intermediario epistémico» entre expertos pertenecientes a distintas disciplinas. El juicio de proporcionalidad aplicado a las medidas de emergencia no puede operar en el vacío, sino que requiere evaluación rigurosa de la evidencia empírica disponible, análisis contrafácticos de las alternativas menos gravosas y consideración explícita de los márgenes de incertidumbre. Solo mediante esta integración del conocimiento experto en el razonamiento jurídico puede el juicio de proporcionalidad cumplir su función de garantía de los derechos fundamentales sin incurrir en formalismos vacíos o en deferencias injustificadas hacia el poder.

VI. CONCLUSIÓN[Subir]

La STC 136/2024 cristaliza, de forma doctrinalmente coherente con la principialización neoconstitucional, un giro estructural del derecho constitucional de la emergencia, redefiniendo la «suspensión» de derechos, de forma que se sustituyen umbrales categoriales por un control teleológico mediante ponderación. Los estados excepcionales quedan como técnicas de redistribución temporal de poderes (trasladando el centro decisorio desde el Parlamento hacia el Ejecutivo) más que como dispositivos habilitantes de restricciones, en un contexto que consolida una primacía del art. 43 CE en crisis sanitarias. En conjunto, se ha abierto una línea jurisprudencial que ofrece potencialidades indudables para articular respuestas eficaces ante las crisis complejas y cambiantes del siglo xxi, pero que plantea también riesgos de erosión de las garantías constitucionales si no se desarrollan los mecanismos compensatorios necesarios. El modo en que estos riesgos sean gestionados determinará si el giro principialista consolidado por la sentencia se convierte en un instrumento de racionalización del poder o, por el contrario, en un vector de normalización de su expansión.