El presente estudio tiene por objeto el análisis comparado de los estados de emergencia constitucionalizados en España y en la República Dominicana, tanto en lo relativo a su configuración normativa como a su aplicación práctica. Y tras una aproximación conceptual al fenómeno de las emergencias constitucionales y a su encaje dentro del Estado democrático de derecho, el trabajo se centra en las principales particularidades de cada ordenamiento, tarea a acometer desde la lógica propia de sus respectivas formas de gobierno, para así entender el tipo de contrapesos extraordinarios establecidos en cada caso. Sujeto, como está, a ciertos condicionamientos de espacio, se trata de un trabajo que permite identificar relevantes coincidencias y divergencias en el diseño y funcionamiento de ambos sistemas extraordinarios de defensa constitucional, incluida la respuesta dispensada frente a la pandemia por COVID-19.
This study aims to provide a comparative analysis of the constitutionally regulated states of emergency in Spain and the Dominican Republic, both in terms of their normative configuration and their practical application. Specifically, after offering a conceptual approach to the phenomenon of constitutional emergencies and their place within the democratic rule-of-law framework, the paper focuses on the main particularities of each legal system. This task is undertaken from the perspective of their respective forms of government, a determining factor for understanding the type of extraordinary checks and balances established in each case. Subject, as it is, to certain space constraints, the study nonetheless makes it possible to identify significant similarities and differences in the design and functioning of both extraordinary systems of constitutional defense, including the response adopted in the face of the COVID-19 pandemic.
Abordar el estudio comparado de los estados de emergencia —entiéndase el término en sentido genérico— en el Reino de España y en la República Dominicana pasa, antes que nada, por una breve explicación del contexto en el que aquel se enmarca. En concreto, trae causa de la estancia de investigación recientemente desarrollada por el segundo firmante en la ciudad de Santo Domingo, y cuyo objetivo fue el abordaje del derecho de crisis desde una perspectiva comparada entre ambos países. Fue en ese ámbito que tuvimos además la oportunidad de intervenir en la conferencia «Amenazas al Estado de derecho y su defensa en situaciones excepcionales», celebrada el 26 de agosto de 2025 en el seno del Tribunal Constitucional, por invitación expresa del magistrado don Amaury A. Reyes Torres, coautor del presente trabajo
Apuntado lo cual, comenzamos el análisis de la materia subrayando algo igualmente puesto de manifiesto en algún trabajo previo (
Eso con respecto a las patologías cotidianas del sistema. El caso es que el derecho constitucional comparado, tanto histórico como contemporáneo, demuestra que los Estados no operan siempre bajo condiciones de plena normalidad institucional, sino que acaban teniendo que enfrentarse a acontecimientos cuya naturaleza e intensidad pueden llegar a poner en peligro la propia existencia del orden constitucional establecido (
A partir de ahí, un reto estructural al que se enfrenta el constitucionalismo democrático es el del establecimiento del necesario equilibrio entre la eficacia de los poderes extraordinarios atribuidos a los poderes públicos y la fijación de contrapesos suficientes dirigidos a evitar desviaciones autoritarias o abusos de poder. Nos encontramos ante una tensión que, de hecho, explica que los ordenamientos constitucionales hayan optado por soluciones diversas frente al hecho jurídico-político extraordinario, y que van desde el silencio del poder constituyente hasta la detallada regulación constitucional de uno o varios estados de emergencia.
Siendo razones de espacio las que impiden un mayor detenimiento al respecto (más en
Nos encontramos, en fin, ante la reafirmación de la subsistencia del derecho, también en el ámbito de unos derechos fundamentales cuya suspensión o restricción extraordinaria, por cierto, se encuentra sometida no solo a límites internos, sino también a condicionamientos derivados del derecho internacional de los derechos humanos. Así, y comenzando por el plano universal, nos encontramos con un art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (PIDCP) que permite a los Estados parte —la República Dominicana se valió de dicho instrumento a raíz de la pandemia por COVID-19
Asimismo, y respecto al ámbito regional europeo, el art. 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 (CEDH) articula una cláusula de derogación de obligaciones convencionales en caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación —España no ha recurrido nunca a ella, pese a las intensas restricciones impuestas en materia antiterrorista o en la crisis sanitaria por COVID-19—, condicionando su ejercicio a la estricta necesidad de las medidas adoptadas, al respeto de determinados derechos no derogables, al resto de obligaciones dimanantes del derecho internacional y al cumplimiento de un deber formal de notificación al Secretario General del Consejo de Europa.
Por su parte, el sistema interamericano de derechos humanos incorpora igualmente una cláusula de emergencia en el art. 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), que habilita a los Estados parte —la República Dominicana lo hizo hasta en dos ocasiones, con motivo de la pandemia por COVID-19
Coincidirá el lector, por tanto, en la existencia de una clara convergencia entre el constitucionalismo comparado y el derecho internacional de los derechos humanos, ello a la hora de caracterizar el derecho de crisis no como una negación de los ordenamientos internos, sino como una de sus expresiones más complejas y delicadas. Una manifestación extraordinaria del derecho cuya finalidad última no es sino dotar a los Estados democráticos de instrumentos jurídicos suficientes para hacer frente a amenazas inusuales, sin por ello renunciar a los valores y principios que definen la identidad del orden constitucional. Precisamente por ello, el estudio del derecho de crisis exige una atención constante a la necesaria proporcionalidad de las medidas (
Realizada esta breve introducción, nos centramos ya en el estudio comparado de los casos español y dominicano, volviendo a invocar razones de extensión para justificar la atención exclusiva a los aspectos normativos y prácticos más elementales de lo que es la regulación de los estados de emergencia en ambos países.
Comenzando por el caso español, lo primero es apuntar a la clara apuesta del constituyente por una rigurosa positivación del derecho de emergencia constitucional, opción igualmente implantada en el sistema dominicano y que, como sabemos, tiene por objeto minimizar al máximo la posible aparición de situaciones de necesidad, por naturaleza, exentas de una adecuada regulación.
No otra cosa cabe deducir, en efecto, de los arts. 55.1 y 116 de la Constitución española (CE), elementos complementarios de un mismo sistema de defensa constitucional. Así, y mientras el art. 55.1 CE —«principio estructural básico» del modelo de excepción español, en palabras de Cruz Villalón (
A mayor abundamiento de lo anterior, especialmente relevante aquí es aludir al carácter incompleto del propio art. 116 CE. Una circunstancia que se evidencia en la total omisión del presupuesto de hecho que determina el supuesto extraordinario al que cada uno de ellos pretende dar respuesta, y que no es sino el elemento crucial para poder valorar la respuesta dispensada en las dos ocasiones en que aquel precepto ha sido activado. La primera, con motivo de la comúnmente conocida como crisis de los controladores aéreos, surgida en el año 2010; y la segunda, a raíz de la pandemia por COVID-19, a partir de marzo del año 2020.
Pues bien, fue la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio (LOEAES) la encargada de colmar dicha laguna, previendo la declaración del estado de alarma en caso de:
Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud. b) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves. c) Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos veintiocho, dos, y treinta y siete, dos, de la Constitución, concurra alguna de las demás circunstancia o situaciones contenidas en este artículo. d) Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad (art. 4 LOEAES)
Asimismo, y respecto al estado de excepción, podrá ser declarado «cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo» (art. 13 LOEAES)
Finalmente, y reservado para las situaciones de anormalidad más extremas (
Constatado el resultado final de ese desarrollo legislativo, restaría determinar el tipo de conexión existente entre los tres estados de emergencia constitucionalizados, cuestión objeto de una creciente discusión a nivel doctrinal y jurisprudencial y que, lejos de resultar baladí, ha acabado influyendo en la discusión acerca de la adopción de un concepto sustantivo o formal de la suspensión de derechos fundamentales, con las implicaciones que ello tiene para el sistema de garantías constitucionales en tiempos de crisis.
Comenzando por el principio, téngase en cuenta que eran dos las alternativas a disposición del legislador orgánico al momento de elaborar la mencionada LOEAES. De un lado, estaba la posible articulación de los tres estados sobre la base de criterios de intensidad, de manera que quedaran concebidos como respuestas graduales frente a una misma emergencia que, en función de su gravedad, exigiría medidas más o menos severas. Y, de otro, cabía la opción por una diferenciación vinculada a criterios cualitativos, configurando cada estado como una reacción específica ante emergencias de naturaleza diversa. Pues bien, a juicio de la doctrina mayoritaria clásica —entre otros, Pérez Royo (
En efecto, la intensificación en el cuestionamiento de ese pensar mayoritario engarza con la disparidad de criterio existente entre las SSTC 148/2021, de 14 de julio; y 136/2024, de 5 de noviembre, a resultas de la determinación de la naturaleza jurídica de las extraordinarias restricciones impuestas durante la crisis sanitaria. En concreto, y comenzando por la primera de ellas, la STC 148/2021 destaca por el esfuerzo de conceptualización realizado respecto del confinamiento general casi total impuesto sobre la población, ello en virtud del art. 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de declaración del estado de alarma
Recordará el lector que, para la mayoría del Alto Tribunal, semejante medida habría exigido la declaración del estado de excepción, al considerar que se había suspendido el derecho a la libre circulación y elección de la propia residencia (art. 19.1 CE) y, de soslayo, el derecho a mantener reuniones privadas por razones familiares o de amistad, incluso en la esfera doméstica (arts. 18 y 21.1 CE)
A dicha conclusión llegó, en efecto, aplicando una concepción sustantiva o material de la suspensión, vinculada al grado de afectación del derecho
Se trata, en cualquier caso, de una jurisprudencia con escasa permanencia en el tiempo, consecuencia del
Por tanto, y desde entonces, la concurrencia del supuesto de hecho habilitante se erige en auténtico parámetro jurídico para el análisis de la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio, con las consecuencias que de ello se derivan para el sistema reforzado de garantías constitucionalizado —básicamente, la rebaja en los contrapesos parlamentarios frente a los poderes extraordinarios del Gobierno de crisis, a cambio, eso sí, de la simplificación de las operaciones jurídicas dirigidas a la detección de suspensiones, en línea con el derecho internacional público—, según veremos más tarde.
Llegados a este punto, en el que la regulación básica de los estados de emergencia ha quedado ya expuesta, lo siguiente es adentrarse en el breve estudio de las cuestiones empíricas más relevantes, centrándonos pues en la experiencia acumulada a partir de su aplicación efectiva y en el correspondiente control jurisdiccional ejercido.
Así, y respecto a la crisis aérea que motivó la declaración del estado de alarma en el año 2010
En respuesta a dicha situación, el Gobierno reaccionó asumiendo el control del servicio a través del Ministerio de Defensa
A partir de ahí, varias son las consideraciones a realizar, siendo motivos de extensión los que nos obligan a un ejercicio de apretada síntesis, remitiéndonos en lo demás a lo ya escrito en Fernández de Casadevante Mayordomo (
En cuanto a la jurisprudencia dictada por el Tribunal Constitucional a raíz de dicha crisis, aunque no entró en el fondo, sirvió para delimitar la naturaleza jurídica de las decisiones constitucionales de excepción, integrándolas en el sistema de fuentes del ordenamiento y precisando el cauce jurisdiccional idóneo para su control
Coincidimos con quienes entienden que no concurrían los presupuestos habilitantes previstos en el art. 4 LOEAES para la declaración del estado de alarma. En efecto, y aunque se produjo una paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, en los términos del art. 4 c) LOEAES, lo cierto es que, frente a lo sostenido en el art. 1 del Real Decreto 1673/2010, no resultaba posible apreciar ninguna de las situaciones contempladas en los apartados a) —catástrofes naturales o accidentes de gran magnitud— ni d) —situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad— del citado precepto. Por tanto, debería haberse declarado el estado de excepción —Álvarez Conde y Tur Ausina (
El sometimiento de los controladores aéreos al fuero militar, acordado en virtud del art. 3 del mencionado real decreto, resultaba inconstitucional, en la medida en que el art. 117.5 CE
La prórroga del estado de alarma acordada se apartó de las exigencias establecidas en la LOEAES, pues de la lectura de su art. 1 se desprende que el recurso a este instrumento excepcional no está previsto para situaciones caracterizadas por la mera incertidumbre, tal y como fue alegado por el Gobierno para justificar su mantenimiento —Álvarez Conde y Tur Ausina (
Como sabemos, la respuesta estatal a la crisis sanitaria por COVID-19 en España se inició el 14 de marzo de 2020, con la declaración del estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo
Durante la vigencia de dicho estado —prorrogado hasta en seis ocasiones, hasta el 21 de junio de 2020
En el otoño de 2020, y ante el incremento de los contagios, el Gobierno volvió a declarar el estado de alarma, inicialmente limitado a la Comunidad de Madrid
Esta es, en suma, la descripción aséptica de la respuesta articulada por los poderes públicos frente a la crisis sanitaria, una actuación que, como ha confirmado el Tribunal Constitucional en diversos pronunciamientos, se apartó en aspectos relevantes del ordenamiento jurídico aplicable, ello a pesar de la existencia de instrumentos suficientes para afrontarla con mayores garantías. Resumido el problema padecido durante la crisis sanitaria, se dijo que «no tenemos un Estado fallido. Lo que tenemos es unos poderes públicos que han fallado en el cumplimiento de sus obligaciones […] Desgraciadamente, en España la pandemia sanitaria […] está acompañada de una especie de “pandemia política” incubada hace años y agravada en el presente» (
Subrayado el trasfondo político y jurídico desde el que debe abordarse toda cuestión relativa a las medidas anti-COVID en España, razones de espacio vuelven a obligar a un ejercicio de síntesis, en este caso, en la exposición de los distintos vicios de inconstitucionalidad apreciados durante ese período
El confinamiento general acordado vía art. 7.1 Real Decreto 463/2020, por considerar que produjo una suspensión del derecho fundamental a la libre circulación (art. 19 CE), imposible bajo el estado de alarma —sobre la distinción limitación
El art. 10.6 del Real Decreto 463/2020, por cuanto permitía alterar las restricciones al ejercicio de la libertad de empresa impuestas vía estado de alarma, ello mediante meras órdenes ministeriales, carentes, por su propia naturaleza, del debido control parlamentario
La mencionada suspensión temporal de la actividad del Congreso de los Diputados, al considerar vulnerado el
El art. 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA), al atribuir a los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas competencias —el aval previo a la eficacia de las restricciones autonómicas sobre los derechos fundamentales— ajenas a su función constitucional y que, además, incidían de forma indebida en la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo, consagrada en el art. 97 CE
La genérica designación de los presidentes de las comunidades autónomas y de las ciudades con estatuto de autonomía como «autoridades competentes delegadas» para la ejecución de las medidas previstas en el Real Decreto 926/2020, privando al Congreso de los Diputados de su potestad de control y fiscalización sobre la actuación desarrollada durante la prórroga del estado de alarma, pues los presidentes autonómicos no se hallan sujetos a dicho control parlamentario
La prórroga única de seis meses acordada sobre el segundo estado de alarma nacional —establecida, como dijimos, vía Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre—, no por la duración del período en sí —cuestión igualmente criticada por la mayoría de la academia, caso de Ruiz Robledo (
A modo de conclusión de esta primera parte dedicada al ámbito jurídico español, volvemos sobre la cuestión a nuestro juicio más preocupante, que es el giro formalista en la concepción de la suspensión protagonizado por la STC 136/2024, de 5 de noviembre. Una nueva interpretación que reduce las categorías restrictivas previstas en la Constitución española a las limitaciones ordinarias (art. 53.1 CE
A partir de ahí, y dado que el legislador se encuentra igualmente habilitado a la previsión de restricciones de muy alta intensidad en los derechos fundamentales
Centrados ahora en el modelo establecido en la Constitución de la República Dominicana de 2024
Así pues, y entrando en mayores detalles, lo siguiente es ubicarse en el título XIII del texto constitucional dominicano, objeto de desarrollo legislativo en virtud de la Ley Orgánica No. 21-18 sobre regulación de los Estados de Excepción contemplados por la Constitución de la República Dominicana. G. O. No. 10911, del 4 de junio de 2018. Una normativa de imposible pormenorización aquí, por lo reducido del espacio disponible, pero cuyas cuestiones elementales pasamos a disertar a continuación.
Así, comenzando por el art. 262 de la Constitución dominicana (CRD), este se encarga de dibujar el panorama jurídico general aplicable en materia de derecho de crisis, comenzando con una disposición definitoria para trazar los parámetros del régimen de excepción a las reglas y principios generales propios de la normalidad. En concreto, explica lo que para el constituyente dominicano son los estados excepcionales, terminología empleada para hacer referencia general a «aquellas situaciones extraordinarias que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de las personas frente a las cuales resultan insuficientes las facultades ordinarias» (Sentencia TC/0230/14, del 23 de septiembre).
Una descripción a la que sigue la indicación expresa de los poderes implicados en la activación de este tipo de mecanismos y de los contrapesos específicamente articulados al efecto. En concreto, corresponde al presidente de la República la declaración de unos estados excepcionales (art. 128.1 [f] y [g] CRD) por medio de un decreto circunspecto a la cuestión
Autorizada la modalidad de estado de excepción, se constituye una comisión bicameral del Congreso Nacional para dar seguimiento a las actuaciones y medidas adoptadas (art. 22 Ley No. 21-18), sin perjuicio de los informes que cada quince días debe rendir el Poder Ejecutivo al Congreso (art. 266.2 CRD; arts. 29 y 30 de la Ley No. 21/18). Asimismo, conforme al art. 17 de la Ley No. 21/18, como del art. 27.3 de la Convención Americana sobre Derechos y otros instrumentos, debe ser notificada la declaración del estado de excepción a los correspondientes organismos internacionales (
Un elemento práctico que incide en la normatividad respecto a los estados de excepción es el instrumento mediante el cual se autoriza la declaración. Por un lado, la facultad se encuentra dentro de las atribuciones legislativas del Congreso Nacional (art. 93.1 CRD), por lo que una ley formal debería ser el instrumento o vía para ello; de hecho, mediante la Ley núm. 692/16 fue declarado el primer estado de excepción bajo el nuevo régimen constitucional del 2010, que se mantuvo intacto con las reformas del 2015 y 2024. Por otro lado, después del ejemplo anterior, el Congreso Nacional ha emitido autorizaciones para la declaración del estado de excepción y sus prórrogas por medio de «resoluciones». Este tema quedaría zanjado, en caso de controversia, al existir una ley marco de los estados de excepción —Ley No. 21/18— que indica que debe ser mediante una resolución motivada y con indicación del plazo de duración (art. 21 de la Ley No. 21/18).
Conforme al principio de temporalidad (art. 3.4 de la Ley No. 21/18), los estados de excepción y sus consecuencias son válidos por un tiempo estrictamente necesario. El estado de excepción podrá prorrogarse las veces que fuera necesario (art. 28 de la Ley No. 21/18), pero la prórroga no podrá exceder el plazo de autorización emitida por el Congreso Nacional, conforme se observa en la práctica de aquel en la Resolución núm. 63/20 del 9 de abril (art. 28, párrafo I, Ley No. 21/18), dado que cada prórroga no es una nueva solicitud (Reyes-Torres, 2020)
A partir de ahí, lo siguiente es entrar en el análisis de las características propias de cada una de esas figuras, comenzando por el estado de defensa (art. 263 CD), contemplado para auténticas situaciones de necesidad ante peligros graves e inminentes contra el país (art. 7 de la Ley No. 21/18) (
Ahora bien, lejos de contener una habilitación general a la adopción de cualesquiera medidas, el precepto prohíbe expresamente la suspensión de determinados derechos fundamentales
Por su parte, el estado de conmoción interior (art. 264 CD) podrá ser declarado en todo o en parte del territorio nacional «en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades».
Desde una perspectiva textualista, parecería indicar que se trate de situaciones que sean internas, por oposición a lo dispuesto en el art. 262, que se refiere a la modalidad del estado de defensa. Ahora bien, lo que procura protegerse con esta modalidad es un tipo de «orden público» constitucionalmente adecuado y propio de una democracia constitucional (
En efecto, siendo necesaria una interpretación lo menos amplia posible del presupuesto fáctico (
En este punto, llama la atención la posibilidad de suspensión del
Por otro lado, a partir de las limitaciones previstas en el art. 264 CRD, el legislador ha querido diseñar el tipo de medidas que serían adoptadas para asegurar el orden público, limitado a que sean «indispensables» para dicho fin. Dentro de esas medidas, en virtud del art. 12 de la Ley No. 21/18 antes indicada, el legislador autoriza la adopción de una serie de medidas de suspensión
Regulado en el art. 265 CRD, el estado de emergencia «podrá declararse» en todo o parte del territorio
Una forma de dar sentido a esta disposición, sin que sea inequívoca, es que se refieren mayormente a eventos o sucesos relativamente ajenos a la conducta —por acción u omisión— humana, aunque alguna interferencia humana pudo tener lugar. Tanto la modalidad de estado de defensa como la modalidad de conmoción interior, a un mayor grado, suponen actitudes de conductas, por acción u omisión, volitivas imputadas a personas determinadas o determinables, físicas o jurídicas, o bien grupos accidentales. No debe entenderse esto como una apreciación cerrada, sino como un punto de partida para poder deslindar modalidades de estado de emergencia que podrían tener un eventual punto de solapamiento.
Por otro lado, a partir de todo lo anterior, y amén del resto de disposiciones generales que el art. 266 CD establece como comúnmente aplicables a los tres estados excepcionales constitucionalizados, hay algunos aspectos de gran importancia que procuran mantener la excepción dentro de los confines del orden constitucional (arts. 266.3 y 266.4 CRD; art. 13 de la Ley No. 21/18). Primero, las autoridades mantienen sus atribuciones durante el estado de excepción sin que sean eximidas de sus obligaciones y responsabilidades bajo la Constitución y la ley, sin que el Estado deje de funcionar. Segundo, la declaración de los estados de excepción y los actos dictados en ocasión de ella están sometidos al control constitucional (art. 266.5 CRD; art. 7.8 de la Ley No. 137/11). Tercero, la posibilidad de que el Congreso Nacional puede levantar el estado de excepción si el Poder Ejecutivo no lo hace al cesar las causas que dieron lugar al estado de excepción (art. 266.7 CRD;
Resta aludir —igual que hicimos al hablar de España— a la relación o nexo que la Constitución dominicana establece entre los tres estados excepcionales. Pues bien, tal y como se señala desde la doctrina, «el modelo dominicano de regulación de los “estados de excepción” siempre ha respondido a la gradación de las diferentes situaciones en función de la gravedad del caso y de que la amenaza proviniese del interior o del exterior» (
Centrados ahora en el estudio práctico de la cosa. Ciertamente, bajo el régimen de estado de excepción inaugurado con la Constitución del 2010, que sigue vigente hasta la fecha con las reformas constitucionales del 2015 y del 2024, se declaró el estado de emergencia en una parte del territorio mediante el Decreto núm. 340/16 y el Decreto núm. 39/17, con base en la Ley núm. 692-16, que responde a los torrenciales aguaceros en las provincias Puerto Plata, La Vega, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte, Samaná, Sánchez Ramírez, Montecristi, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Valverde, El Seibo, Monseñor Nouel y La Altagracia. No obstante, por su particularidad, nos limitaremos a relatar la experiencia de la pandemia del COVID-19, que en los hechos se extendió por más de un año en la República Dominicana (
La pandemia por COVID-19 fue objeto de respuesta a través de alguno de los estados excepcionales previstos en la Constitución de 2015, vigente al momento de la pandemia
Declarado el estado de emergencia —Decreto núm. 134/20, de 19 de marzo— por un plazo inicial de veinticinco días, el Ejecutivo impuso una batería progresiva de medidas restrictivas a través de distintos decretos presidenciales, entre los que destaca el Decreto núm. 135/20, de 20 de marzo, estableciendo hasta el 3 de abril un toque de queda que prohibía la circulación de personas entre las 20:00 y las 6:00 horas. No pudiendo hablarse, por tanto, de un confinamiento general casi total al estilo de lo vivido en España, y al margen de las posteriores excepciones introducidas para garantizar el funcionamiento de sectores estratégicos vinculados al abastecimiento, los servicios básicos, la logística y la salud, la situación pandémica llevó al presidente de la República a aprobar el Decreto núm. 142/20, de 2 de abril, prorrogando por quince días un toque de queda que, a partir del 3 de abril y hasta el 17 del mismo mes, se extendería entre las 17:00 y las 6:00 horas.
El caso es que la inusitada intensidad de la crisis obligó a la prórroga del estado de emergencia —autorizada vía Resolución núm. 63/20, de 11 de abril—, mediante Decreto núm. 148/20, de 13 de abril, por otros diecisiete días, decisión a la que siguió la igual extensión del toque de queda, en igual espacio horario, hasta el 30 de abril, ello en virtud del Decreto núm. 151/20, de 17 de abril. Y, de nuevo, el estado de emergencia sería objeto de prórroga adicional por diecisiete días adicionales, esta vez vía Decreto núm. 153/20, de 30 de abril —previa autorización parlamentaria por Resolución 64/20, de 29 de abril—, y a la igual extensión del mismo toque de queda, mediante Decreto núm. 154/20, de 30 de abril, hasta el 17 de mayo.
La tercera prórroga del estado de emergencia se produjo en virtud del Decreto núm. 160/20, de 17 de mayo —previa autorización del Congreso Nacional por Resolución núm. 65/20, de 15 de mayo—, y lo hizo por otros quince días a contar desde el 18 de mayo, lo que conllevó la igual prolongación del toque de queda nocturno, decretada vía Decreto núm. 161/20, de 17 de mayo, hasta el 1 de junio, aunque con ciertas modificaciones. En concreto, pasó a tener vigencia entre las 19:00 y las 5:00 horas, de lunes a sábado, y de 17:00 a 5:00 horas, los domingos.
Aún habría espacio para una prórroga adicional del estado de emergencia, en este caso, acordada por Decreto núm. 187/20, de 1 de junio, de prórroga del estado de emergencia, por doce días a contar desde el 2 de junio —de nuevo, previa autorización del Congreso Nacional vía Resolución núm. 66/20, de 1 de junio—, circunstancia que condujo a la igual extensión del toque de queda hasta el 13 de junio, ello en virtud del Decreto núm. 188/20, de 1 de junio. Como se señala desde la Defensoría de la República Dominicana (2021: 276), hasta doce mil fueron las personas objeto de arresto por incumplir este régimen desde los inicios de la pandemia.
Posteriormente, y ya en un contexto de mejora de la situación sanitaria, el Ejecutivo puso en marcha un proceso de desescalada por fases que permitió una reapertura gradual de la actividad económica y administrativa, con límites de presencialidad diferenciados y una reincorporación parcial del sector público. Estas medidas incidieron directamente en el derecho al trabajo y en la libertad de empresa, al tiempo que se mantuvieron restricciones relevantes en ámbitos como el transporte, la educación, la movilidad transfronteriza y las actividades colectivas, con efectos sobre derechos como la educación, la libertad de reunión y participación. Y, de forma complementaria, se adoptaron medidas de control —tales como la exigencia de salvoconductos, el fomento del teletrabajo para colectivos vulnerables, o la prohibición de aglomeraciones— que profundizaron las limitaciones a la libertad de circulación y de reunión, justificadas en la protección de la salud pública, junto con el refuerzo de los programas de asistencia social para mitigar el impacto socioeconómico de la crisis.
Sin embargo, la pandemia seguía sin ser controlada, llevando al Ejecutivo a establecer, vía Decreto núm. 213/20, de 12 de junio —y previa autorización del Congreso Nacional por Resolución núm. 67/20, de 12 de junio de 2020—, una nueva prórroga del estado de emergencia por un período de otros diecisiete días contados a partir del 14 de junio. Una circunstancia que, como en todos los casos anteriores, condujo a la igual prolongación del toque de queda hasta el 13 de junio —Decreto núm. 188/20, de 1 de junio—, en los mismos horarios en que regía hasta ese momento.
Decaído, por fin, el estado de emergencia —Decreto núm. 237/20, de 1 de julio—, la gestión del distanciamiento social pasó transitoriamente al ámbito del derecho administrativo ordinario, mediante la declaración de epidemia nacional dictada por el Ministerio de Salud Pública con base en la Ley núm. 42/01 de Salud, lo que permitió mantener determinadas limitaciones a la apertura de actividades económicas, el uso obligatorio de mascarillas y un régimen sancionador ante los incumplimientos, con continuidad en la afectación de derechos fundamentales, aunque desde entonces fuera del marco constitucional excepcional.
Descritas las principales vicisitudes de la respuesta estatal frente a la crisis sanitaria, resta referirse a los aspectos más controvertidos de lo que, sin lugar a duda, fue una restricción de ciertos derechos fundamentales sin parangón en la joven Constitución dominicana. Una actuación estatal que, como recuerda Ray Guevara (
La emergencia tuvo un impacto muy significativo en el derecho al trabajo, especialmente en el sector privado. En este ámbito resultó de aplicación el régimen de suspensión de los efectos del contrato de trabajo previsto en los arts. 48 a 61 del Código de Trabajo, en particular el art. 50, que exonera temporalmente al trabajador de prestar servicios y al empleador de abonar la retribución, dentro de unos límites temporales máximos. Como mecanismo de compensación, se activó el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE), estructurado en dos modalidades, destinado a proporcionar transferencias monetarias a los trabajadores afectados por suspensiones contractuales o por reducciones de actividad empresarial, en atención a la protección del mínimo vital y a la dimensión prestacional del derecho al trabajo (Defensoría del Pueblo, 2021: 278 y 279).
De igual modo, la pandemia planteó importantes retos en relación con el sistema penitenciario y el uso de la prisión preventiva. En concreto, y ante la especial vulnerabilidad de las personas privadas de libertad, la Procuraduría General de la República publicó el 29 de marzo un documento promoviendo la adopción de una serie de criterios orientados a la revisión de la prisión preventiva para determinados colectivos
En el plano interno, el Tribunal Constitucional dominicano había afirmado previamente, en su Sentencia núm. TC/0555/17, de 26 de octubre, la intangibilidad de derechos como la vida (art. 37 CRD) y la salud (art. 61 CRD), incluso en contextos de excepción (Sentencia TC/0315/15, del 25 de septiembre), lo que adquirió especial relevancia frente a las condiciones estructurales del sistema penitenciario durante la crisis sanitaria. En efecto, y si el sistema penitenciario dominicano presenta una elevada proporción de personas en prisión preventiva —ello frente a un número significativamente menor de internos condenados—, durante la pandemia, la falta de cupo en los centros de privación de libertad provocó que los imputados sometidos a prisión preventiva fueran trasladados a destacamentos policiales, ello a pesar de que estos solo pueden servir de alojo temporal, lo que llevó a la promoción de distintas acciones de amparo (Defensoría del Pueblo, 2021: 279 y 280).
De manera directa e inmediata a la cuestión, el Tribunal Constitucional, mediante su Sentencia núm. TC/0358/20, del 29 de diciembre, se pronunció sobre la facultad de la Junta Central Electoral de posponer las Elecciones Ordinarias Generales Presidenciales, Senatoriales y de Diputaciones de la República Dominicana, y en las circunscripciones del exterior donde ejercerán el voto nuestros nacionales empadronados en el extranjero las Asambleas Electorales para elegir el presidente/a y vicepresidente de la República, los senadores/as y los diputados/as, de todas las provincias del país, así como a los diputados/as nacionales por acumulación de votos, diputados/as representantes de la Comunidad Dominicana en el Exterior, así como los diputados/as representantes ante el Parlamento Centroamericano, que estaban pautadas para el día 17 de mayo del año 2020. Todo esto como consecuencia de la emergencia sanitaria del COVID-19.
En el contexto de una acción directa de inconstitucionalidad, equivalente al recurso de inconstitucionalidad en España, el Tribunal fue apoderado de una impugnación contra la Resolución núm. 42/2020, del 13 de abril, emitida por la Junta Central Electoral. Este caso supuso el control directo e inmediato de actos dictados en el contexto del estado de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Si bien el Tribunal indicó que el art. 209 CRD obliga a la celebración de las elecciones en fechas determinadas, sí reconoce la facultad de la Junta Central Electoral —en virtud del art. 212 CRD— de postergar las elecciones a celebrarse el 17 de mayo de 2020 por un tiempo determinado ante el COVID-19.
Finalmente, en un contexto de recrudecimiento de la pandemia y ya en pleno proceso de transición gubernamental —se adoptó tras la celebración de las elecciones presidenciales de 5 de julio de 2020—, el presidente de la República declaró un nuevo estado de emergencia, a la postre, el más extenso de los dos impuestos durante la pandemia. Lo hizo en virtud de Decreto núm. 265/20, de 20 de julio —previa autorización del Congreso Nacional vía Resolución 70/20, de 19 de julio—, por un período de cuarenta y cinco días a partir de ese mismo día, al que se volvió a acompañar un toque de queda entre las 19:00 y las 5:00 horas, de lunes a sábado, y de 17:00 a 5:00 horas, los domingos
El caso es que ese nuevo estado de emergencia acabaría extendiéndose hasta el 11 de octubre del año 2021, ello en virtud de sucesivas prórrogas de cuarenta y cinco días de duración —salvo la última de ellas, que estuvo vigente dos días menos— y con el establecimiento de toques de queda y otras medidas de distanciamiento social que se verían moduladas en función de la evolución de la pandemia. En concreto, y respecto a aquellas prolongaciones, estuvieron en vigor: 1) entre el 3 de septiembre y el 17 de octubre, consecuencia de la aprobación del Decreto núm. 430/20, de 1 de septiembre, previa autorización por el Congreso Nacional en Resolución 221/20, de 28 de agosto; 2) entre el 18 de octubre y el 1 de diciembre, a través del Decreto núm. 553/20, de 15 de octubre, previo permiso del Congreso Nacional por Resolución núm. 228/20, de 15 de octubre; 3) entre el 2 de diciembre y el 15 de enero, mediante Decreto núm. 683/20, de 30 de noviembre, previa autorización parlamentaria mediante Resolución núm. 235/20, de 27 de noviembre; 4) entre el 16 de enero y el 1 de marzo, en virtud de Decreto núm. 6/21, de 8 de enero, con la autorización pertinente del Congreso Nacional (Resolución 2/21, de 7 de enero); 5) entre el 2 de marzo y el 15 de abril, establecida vía Decreto núm. 95/21, previo visto bueno del Congreso Nacional, vía Resolución 11/21, de 17 de febrero; 6) entre los días 16 de abril y el 29 de mayo, mediante Decreto núm. 230/21, de 15 de abril, previa Resolución112/21, de 13 de abril, por el Congreso Nacional; 7) del 30 de mayo al 13 de julio, establecida por Decreto núm. 345/21, de 26 de mayo, permiso parlamentario previo por Resolución núm. 117/21, de 26 de mayo; 8) del 14 de julio al 26 de agosto, vía Decreto núm. 417/21, de 2 de julio, previa Resolución parlamentaria núm. 124/21, de 1 de julio; 9) entre el 28 de agosto y el 10 de octubre, mediante Decreto núm. 528/21, de 27 de agosto, previa autorización del Congreso Nacional por Resolución 323/21, de 27 de agosto.
Resumidos los aspectos jurídicos principales de la defensa jurídica llevada a cabo por el ordenamiento dominicano frente a la pandemia, el segundo estado de emergencia decayó a las 5:00 horas del 11 de octubre de 2021, ello en virtud del Decreto núm. 622/21, de 8 de octubre, cerrando así una lucha que supo conjugar medidas extraordinarias con respeto a un principio de juridicidad, al que, como recuerda oportunamente Ray Guevara (
En el contexto del segundo estado de emergencia, en ocasión de la pandemia del COVID-19, el Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de realizar otro pronunciamiento sobre los actos dictados para el estado de emergencia. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) emitió la Resolución núm. 000048/2021, del 8 de octubre, que dispone la presentación obligatoria de la tarjeta de vacuna para ingresar a espacios cerrados o, de lo contrario, pruebas PCR en original; cuestionando los accionantes, por igual, que suponía una violación al principio bioético de consentimiento.
Si bien el Tribunal declaró la pérdida sobrevenida de objeto de la acción por la derogación de la resolución indicada, sí procedió a realizar un examen sobre el art. 64 de la Ley No. 42/01 General de Salud, que prevé la obligación de MISPAS de garantizar que la población reciba las vacunas obligatorias recomendadas y aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y autoridades nacionales, conforme al perfil epidemiológico del país. En aplicación del principio de razonabilidad, el Tribunal entendió que es conforme a la Constitución.
Primero, el Tribunal concluyó que persigue un fin constitucionalmente legítimo, conforme al derecho a la salud (art. 61.1 CRD). El derecho a la salud, en su previsión constitucional, dispone una obligación general a cargo del Estado para adoptar medidas de bioseguridad ante un brote epidemiológico que ponga en riesgo la vida de las personas. Segundo, la posibilidad de vacunación y revacunación obligatoria es una de las medidas que dispuso el legislador en virtud del amplio margen reconocido por el constituyente para la protección de la salud ante brotes epidemiológicos como el COVID-19. Tercero, a esta obligación del Estado se impone el deber de solidaridad —art. 75.10 CRD— a las personas para cumplir con medidas estatales destinadas la protección de la vida y salud colectiva.
Finalmente, el Tribunal también se pronunció respecto al art. 69 de la Ley No. 42/01 General de Salud
las disposiciones del artículo 69 son cónsonas con las estipulaciones del artículo 40.15 de la Constitución, puesto que obsérvese que en su parte
Ante peligros por epidemias, como la emergencia sanitaria por COVID-19, el interés público cede ante el individual. En tal sentido, concluye el Tribunal:
Es de destacar que la normativa en materia de salud también prescribe que sus disposiciones y reglamentos son de carácter público e interés social, por lo que, bajo este fundamento, el ordenamiento jurídico en materia sanitaria prescribe la prevalencia y salvaguarda de los derechos de la sociedad en contraste con los del particular, como lo ha puesto de manifiesto de manera expresa en su artículo 28, como una excepción a la regla […] (FJ 15.7).
A lo sumo, este tribunal constitucional advierte que las reglas en materia de salud objeto de impugnación no son contrarias a la Constitución, por todo lo antes expuesto, y en la medida de que su adopción y ejecución se corresponde con lo preceptuado en la carta sustantiva y su aplicación se fundamenta en la protección del interés general, en los casos en que haya sido declarada la existencia de una situación epidemiológica o pandémica, que ponga en riesgo la salud y vida de la colectividad. De ahí que el artículo 69 de la Ley núm. 42-01 procura la protección integral de salubridad de todos los individuos que viven en nuestro país, conforme con la disposición prescrita en el artículo 61.1 de la Constitución (FJ 15.8).
Como bien nos deja la Sentencia núm. TC/0441/22, la vacunación o revacunación obligatoria en el contexto de la emergencia sanitaria es una medida razonable conforme al derecho fundamental a la salud y las obligaciones estatales derivadas de esta. Si bien el Tribunal no emitió un pronunciamiento directo sobre la modalidad del estado de excepción, es de alto interés en vista de que la Ley No. 21/18 dispone que podrán «adoptarse todas las medidas necesarias para combatir enfermedades infecciosas» (art. 10, párrafo), como sería la medida de vacunación o revacunación obligatoria prevista en el art. 69 de la Ley No. 42/01 General de Salud, como aconteció durante la pandemia del COVID-19.
Tras analizar la manera en que los ordenamientos español y dominicano prevén y actúan frente las emergencias constitucionales, concluimos con una breve comparativa entre ambos modelos, tanto en lo que a sus similitudes como a las diferencias se refiere.
Así pues, y como coincidencias esenciales, nos encontramos ante dos ordenamientos que optan por la constitucionalización de ciertos estados de crisis, integrando la excepcionalidad dentro del propio Texto constitucional. En el caso español, a través de los estados de alarma, excepción y sitio (arts. 55.1 y 116 CE), y, en el supuesto dominicano, en virtud de los estados de defensa, conmoción interior y emergencia (arts. 262 a 266 CRD). Pese a las diferencias técnicas en la sistematización normativa, el objetivo en ambos casos es evitar la aparición de situaciones de necesidad o fuerza mayor, por definición no juridificadas.
De igual modo, es de destacar el hecho de que, en los dos sistemas, la activación de los estados extraordinarios dista mucho de implicar una habilitación ilimitada del poder público, toda vez que sus medidas quedan sujetas a condicionamientos formales y materiales, con especial protagonismo del principio de proporcionalidad, en coherencia con las reglas más elementales del derecho internacional de los derechos humanos —PIDCP, CEDH y CADH, al frente—. Por lo tanto, existen ciertos parámetros jurídicos que prevalecen en todo momento, resultando imposible hablar de una suspensión total del ordenamiento jurídico.
Asimismo, y desde una perspectiva práctica vinculada a la pandemia por COVID-19, es de destacar la coincidencia del Reino de España y de la República Dominicana en la decisión de activar alguno de los estados extraordinarios constitucionalizados —el estado de alarma, en el primer caso, y el de emergencia, en el segundo—. Un paralelismo que evidencia que la crisis sanitaria fue interpretada en ambos sistemas como una auténtica situación de emergencia constitucional, esto es, como un supuesto que comprometía gravemente la continuidad del sistema y exigía la activación de mecanismos constitucionales extraordinariamente previstos para la defensa del Estado democrático de derecho.
En los dos ordenamientos, las principales medidas impuestas durante la pandemia implicaron restricciones de una inusitada magnitud, especialmente en el ámbito de la libre circulación. Así sucedió, en efecto, aunque fue en España donde el debate doctrinal y jurisprudencial se tornó más intenso, incluido el
Centrándonos ahora en las diferencias más significativas entre ambos modelos, hay que comenzar apuntando a la distinta lógica bajo la que operan sus sistemas de defensa extraordinaria, teniendo en cuenta que el Reino de España funciona bajo parámetros propios de un sistema parlamentario, mientras que el modelo propio de la República Dominicana lo hace bajo los del sistema presidencialista. A partir de ahí, se aprecia una diferencia sustancial en la forma o el momento en que se manifiesta el control parlamentario frente a los poderes ejecutivos extraordinarios. En España, los decretos de prórroga del estado de alarma (arts. 116.2 CE y 6 LOEAES), y de declaración, modificación y prórroga de los estados de excepción (arts. 116.3 CE y 13 a 15 LOEAES) y de sitio (arts. 116.4 y 32 LOEAES) han de identificar cuáles son las medidas concretas aplicables, de manera que el Congreso de los Diputados pueda conocerlas antes de autorizarlas.
En cambio, en la República Dominicana, la declaración de los estados de defensa, conmoción interior y emergencia —requeridos de la previa autorización del Congreso Nacional— operan como mera habilitación inicial a la adopción de unas restricciones (arts. 262 CD y ss.) cuya concreción tendrá lugar a través de posteriores decretos presidenciales, exentos ya del permiso parlamentario correspondiente. Aunque la Ley No. 21/18 recomienda medidas que puedan ser adoptadas, otorga un marco para que el Poder Ejecutivo adopte otras indispensables para el fin que se procura, siempre en cumplimiento de los principios de proporcionalidad, temporalidad, amenaza excepcional, no discriminación, necesidad y finalidad (art. 3 de la Ley No. 21/18), incluso si todo el procedimiento es reglado.
Al margen de lo anterior, igualmente destacable es la omisión que el ordenamiento constitucional español hace de los presupuestos fácticos que habilitan a la activación de cada uno de los tres estados de emergencia constitucionalizados —de ello vimos que se encargó el legislador orgánico, a través de los arts. 4, 13 y 32 LOEAES—. Como también relevante es, en el caso dominicano, la falta de concreción constitucional de la duración máxima predicable de cada uno de los distintos estados extraordinarios y/o de sus prórrogas, siendo el legislador orgánico el que obliga a los decretos declarativos a concretar el tiempo exacto de esa vigencia (art. 25.4 de la Ley Orgánica No. 21/18 sobre regulación de los Estados de Excepción).
Finalmente, y a modo de diferencia básica en la aplicación de las garantías internacionales durante la pandemia por COVID-19, a la imposición de restricciones extraordinarias en la República Dominicana le siguió siempre la correspondiente notificación ante las instancias supranacionales pertinentes, ello en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 4 PIDCP y 27 CADH. España, en cambio, prescindió de toda notificación internacional tras las activaciones del estado de alarma —por tanto, ni la prevista en el art. 4 PIDCP ni la propia del art. 15 CEDH—, ello a pesar de haber impuesto restricciones aún más severas, confinamiento general casi total de la población, al frente.
Magistrado del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
Profesor titular de Derecho Constitucional, Universidad Rey Juan Carlos —código
Dicha colaboración ha implicado la redacción diferenciada de las respectivas partes nacionales, seguida de una revisión crítica cruzada por ambos autores, en clave de contraste y refuerzo argumental.
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Las medidas susceptibles de implantación bajo el estado de alarma se explicitan en los arts. 11 y 12 LOEAES.
En el estado de excepción pueden adoptarse, junto a las restricciones propias del estado de alarma (art. 28 LOEAES), medidas suspensivas de derechos fundamentales en los términos del art. 55.1 CE y su desarrollo en los arts. 16 a 31 LOEAES.
A mayor detalle, el estado de sitio permite la acumulación de las medidas previstas para los estados de alarma y de excepción (art. 32.3 LOEAES), así como la suspensión temporal de las garantías del detenido recogidas en el art. 17.3 CE, conforme a lo dispuesto en el art. 55.1 CE. Asimismo, el Gobierno asume la totalidad de las facultades extraordinarias previstas en la Constitución y en la LOEAES, dirigiendo su ejecución mediante la designación de una autoridad militar bajo su dependencia (art. 33 LOEAES), encargada de publicar y difundir los bandos con las medidas aplicables, de acuerdo con la Constitución, la LOEAES y las condiciones de la declaración del estado de sitio (art. 34 LOEAES). Durante su vigencia, las autoridades civiles conservan únicamente las competencias no atribuidas a la autoridad militar (art. 36 LOEAES). Además, el Congreso de los Diputados puede determinar los delitos sometidos a la jurisdicción militar en dicho estado (art. 35 LOEAES), en los términos previstos en el art. 117.5 CE, que limita el ejercicio de la jurisdicción militar al ámbito castrense y a los supuestos de estado de sitio.
¿Estado de alarma o estado de excepción? Ese fue el mayor punto de discordia en lo que a la restricción de derechos fundamentales se refiere, toda vez que el segundo requiere la autorización previa del Congreso de los Diputados (art. 116.3 CE), no así el estado de alarma, de discrecional activación por el Gobierno y únicamente requerido de similar permiso a la hora de su prórroga, una vez transcurridos los primeros quince días (art. 116.2 CE).
STC 148/2021, de 14 de julio, FFJJ 5 y 11.
Entendiendo la suspensión como la «cesación, aunque temporal, del ejercicio del derecho y de las garantías que protegen los derechos […] reconocidos» (SSTC 148/2021, de 14 de julio, FJ 3; interpretación reiterada en la STC 183/2021, de 27 de octubre, FJ 4). Además, para alcanzar tal entidad, debían concurrir los dos siguientes factores de intensidad: 1) uno cualitativo, manifestado en la exigencia de un «vaciamiento de hecho» del derecho afectado; una ««privación» o «cesación» del derecho, por más que sea temporal y admita excepciones»; una suspensión «a radice» (SSTC 148/2021, de 14 de julio, FJ 3; y 183/2021, de 27 de octubre, FJ 4) del derecho afectado; 2) y otro cuantitativo, en el sentido de que debe afectar a «todas las personas» (STC 148/2021, de 14 de julio, FJ 5, igualmente tenida en cuenta por la STC 183/2021, de 27 de octubre, FJ 4).
Así se desprende de los votos particulares a la STC 148/2021, de 14 de julio, emitidos por los magistrados don Juan José González Rivas (parágrafos 2 y 3), don Andrés Ollero Tassara (parágrafo 4), don Juan Antonio Xiol Ríos (parágrafos 14 y ss.), don Cándido Conde-Pumpido Tourón (parágrafo 2) y doña María Luisa Balaguer Callejón (parágrafo 3).
Dictada en respuesta al recurso de inconstitucionalidad planteado frente a la Ley 8/2021, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia, reguladora de diversas restricciones pensadas para crisis sanitarias extremas.
STC 136/2024, de 5 de noviembre, FJ 4. En contra, por defender una concepción sustantiva de la suspensión, los cinco magistrados suscriptores del voto particular a la STC 136/2024: don Ricardo Enríquez Sancho, don Enrique Arnaldo Alcubilla, doña Concepción Espejel Jorquera, don César Tolosa Tribiño y don José María Macías Castaño.
Ídem.
Real Decreto, 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo.
Real Decreto 1611/2010, de 3 de diciembre, por el que se encomienda transitoriamente al Ministerio de Defensa las facultades de control de tránsito aéreo atribuidos a la entidad pública empresarial AENA.
Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo.
Real Decreto 1717/2010, de 17 de diciembre, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre.
Valorando positivamente la labor interpretativa realizada, Garrido López, Carlos, «Naturaleza jurídica y control jurisdiccional de las decisiones constitucionales de excepción».
STC 83/2016, de 28 de abril, FJ 9, corroborando lo dispuesto por el ATC 7/2012, de 13 de enero, FJ 4; y posteriormente, por las SSTC 148/2021, de 14 de julio, FFJJ 5 y 9; y 168/2021, de 5 de octubre, FJ 3.
STC 83/2016, de 28 de abril, FJ 11. Ello, como se apunta en el mismo fundamento jurídico —y antes, en el ATC 7/2012, de 13 de enero, FJ 3—, «sin perjuicio […] de que los actos que puedan dictarse en aplicación de aquellos puedan impugnarse ante la jurisdicción ordinaria en cada caso competente y los órganos judiciales puedan, al enjuiciarlos, promover cuestión de inconstitucionalidad contra los actos, decisiones o resoluciones con valor o rango de ley de los que son aplicación cuando consideren que pueden ser contrarios a la Constitución».
Art. 117.5 CE: «El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución».
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis ocasionada por el COVID-19.
Ello en virtud de los Reales Decretos 476/2020, de 27 de marzo; 487/2020, de 10 de abril; 492/2020, de 24 de abril; 514/2020, de 8 de mayo; 537/2020, de 22 de mayo; y 555/2020, de 5 de junio, ello sin perjuicio de que en algunas comunidades autónomas las medidas a él asociadas decayeran unos días antes.
Medida que, conviene subrayar, no se impuso bajo el paraguas del Real Decreto 463/2020, sino de forma paralela a él, en virtud de un Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados, con fecha de 19 de marzo de ese año, decayendo vía Acuerdo de 7 de abril.
Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
Orden SND/726/2023, de 4 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de julio de 2023, por el que se declara la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Todas estas cuestiones serán objeto de un pormenorizado estudio en una monografía de próxima publicación, titulada
STC 148/2021, de 14 de julio, FFJJ 5 y 11.
STC 148/2021, de 14 de julio, FJ 9.
STC 168/2021, de 5 de octubre, FFJJ 3 y 5.
STC 70/2022, de 2 de junio, FJ 7.
STC 183/2021, de 27 de octubre, FJ 10.
STC 183/2021, de 27 de octubre, FJ 8.
Art. 53.1 CE: «1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a)».
En cambio, la jurisprudencia constitucional previa contemplaba tres categorías restrictivas en función de su intensidad: a) las limitaciones ordinarias del art. 53.1 CE; 2) las «limitaciones extraordinarias» previstas por la LOEAES para el estado de alarma; y 3) la «suspensión de la vigencia de un concreto derecho fundamental» bajo los estados de excepción y de sitio, contemplados en los arts. 55.1, 116.3 y 116.4 CE (SSTC 148/2021, de 14 de julio, FFJJ 3, 5 y 8; y 183/2021, de 27 de octubre, FFJJ 3 y 4).
STC 136/2024, de 5 de noviembre, FJ 4.
No cabrá tal opción, por ejemplo, en lo que al sometimiento de personal civil a la jurisdicción militar se refiere, reservada por el art. 117.5 CE al estado de sitio.
La Constitución dominicana del 26 de enero de 2010 previó el régimen actual de los estados de excepción, el cual permaneció inalterable en la reforma del 13 de junio de 2015 y en la última reforma constitucional de 27 de octubre de 2024.
Art. 24 de la Ley No. 21/18: «Artículo 24.- Finalidad. La finalidad del decreto en el que se declare el estado de excepción será única, directa y específicamente la de solucionar las situaciones extraordinarias que afecten gravemente la seguridad del Estado, de las instituciones públicas y de las personas bajo su jurisdicción».
La excepción a esta regla, conforme al art. 266.1 CRD, se da cuando el Congreso Nacional no puede reunirse, dando paso a la posibilidad de que el presidente de la República pueda declarar por sí el estado de excepción, lo cual tiene como consecuencia la convocatoria automática del Congreso Nacional para decidir sobre dicha declaratoria. ¿Esta facultad del presidente de la República es absoluta? No, pues el Congreso Nacional tiene la posibilidad de declarar por sí solo una de las modalidades del estado de excepción, la del estado de defensa (art. 93.1 [f] CRD).
Amaury A. Reyes-Torres (@amauryreyes) Twitter (abril 25, 2020),
Por ejemplo, véase Gobierno de Danilo Medina «En República Dominicana no existe prórroga de la prórroga, sino prórroga o prórrogas al Estado de excepción», 16 de junio de 2020,
Habiéndose manejado esta obra en el formato electrónico disponible, se observa que la paginación concreta varía en función del tamaño concreto de la fuente que seleccione el lector. En nuestro caso, es la letra estándar con la que se abre el archivo en nuestro ordenador.
Nótese que el constituyente no fija el contenido de la categoría de aquel «peligro grave e inminente» contra el Estado dominicano a fin de ajustarse a dichas realidades, ya que esto puede ser tanto en el contexto de los conflictos armados o todo ataque que supone afectación a la soberanía nacional o la integridad territorial. Lo que el texto puede indicarnos es que el origen de dichos peligros graves o inminentes es externo.
En concreto: a) el derecho a la vida, según lo establecido en el art. 37; b) el derecho a la integridad personal, según las disposiciones del art. 42; c) la libertad de conciencia y de cultos, según las disposiciones del art. 45; d) la protección a la familia, según las disposiciones del art. 55; e) el derecho al nombre, según las disposiciones del art. 55.7; f) los derechos del niño, según las disposiciones del art. 56; g) el derecho a la nacionalidad, según las disposiciones del art. 18; h) los derechos de ciudadanía, según las disposiciones del art. 22; i) la prohibición de esclavitud y servidumbre, según las disposiciones del art. 41; j) el principio de legalidad y de irretroactividad, según lo establecido en el art. 40.13 y 40.15; k) el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, según las disposiciones de los arts. 43 y 55.7; l) las garantías judiciales, procesales e institucionales indispensables para la protección de estos derechos, según las disposiciones de los arts. 69, 71 y 72.
Resolución No. 4874 G. O. No. 8234, del 11 de abril de 1958.
Resolución No. 459-08; Res. No. 26-93.
Y que son: a) la reducción a prisión, según las disposiciones del art. 40.1; b) la privación de libertad sin causa o sin las formalidades legales, según lo dispone el art. 40.6; c) los plazos de sometimiento a la autoridad judicial o para la puesta en libertad, establecidos en el art. 40.5; d) el traslado desde establecimientos carcelarios u otros lugares, dispuesto en el art. 40.12; e) la presentación de detenidos, establecida en el art. 40.11; f) lo relativo al
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987: el
«Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución».
«Toda persona privada de su libertad o amenazada de serlo, de manera ilegal, arbitraria o irrazonable, tiene derecho a una acción de
«La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de una autoridad pública, o de cualquier particular, que en forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, lesione, restrinja, altere o amenace los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, con excepción de los derechos protegidos por el Hábeas Corpus y el Hábeas Data».
En concreto: 1) limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en determinados lugares u horarios; 2) practicar registros en todo tipo de bienes; 3) detener a cualquier persona que resulte sospechosa de perturbar el orden público. Esta detención no podrá, en ningún caso, exceder de diez días sin que el detenido sea presentado a las autoridades correspondientes; 4) intervenir toda clase de comunicaciones, incluidas las postales y telefónicas; 5) intervenir y controlar toda clase de transportes; 6) someter a autorización previa, prohibir o disolver la celebración de reuniones y manifestaciones; 7) incautar toda clase de armas, municiones o explosivos; 8) ordenar la intervención y suspensión de actividades de industrias o comercios; y 9) intervenir toda clase de medios de comunicación. Esta afirmación en cónsona con la redacción utilizada por el legislador, en particular por el vocablo «podrá».
Se declaró el estado de emergencia en una parte del territorio mediante el Decreto núm. 340-16 39-17 del 14 de febrero de 2017, con base en la Ley núm. 692-16, que responde a los torrenciales aguaceros en las provincias Puerto Plata, La Vega, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte, Samaná, Sánchez Ramírez, Montecristi, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Valverde, El Seibo, Monseñor Nouel y La Altagracia.
El régimen de los estados de excepción se mantuvo invariable en la reforma constitucional del 27 de octubre de 2024.
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En realidad, ese horario era aplicable a las siguientes demarcaciones geográficas: 1) Santo Domingo; 2) Distrito Nacional; 3) Santiago; 4) San Cristóbal; 5) La Vega; 6) Puerto Plata; 7) Duarte; 8) San Pedro de Macorís; 9) La Romana; 10) San Juan de la Maguana; 11) La Altagracia; 12) Azua; 13) Monseñor Nouel; 14) Sánchez Ramírez; 15) María Trinidad Sánchez. En cambio, el horario era de 20:00 a 5:00 horas en: 1) Espaillat; 2) Peravia; 3) Barahona; 4) Monte Plata; 5) Valverde; 6) Hermanas Mirabal; 7) Monte Cristi; 8) Samaná; 9) Bahoruco; 10) Hato Mayor; 11) El Seibo; 12) Dajabón; 13) Santiago Rodríguez; 14) San José de Ocoa; 15) Elías Piña; 16) Independencia; 17) Pedernales.
Art. 69 de la Ley No. 42/01 General de Salud: «En el caso de epidemia o peligro de epidemia, la [MISPAS] deberá determinar las medidas necesarias para proteger a la población».