El doctor Manuel Cabanas Veiga ha elaborado distintos estudios jurídicos sobre el Estado social a lo largo de su trayectoria académica. Actualmente es profesor e investigador de derecho constitucional en la Universitat de Lleida. La obra Los retos actuales del Estado social ante las crisis económicas y sanitarias, publicada en 2021, se ubica durante la pandemia de la COVID-19 en el Estado español, donde el autor analiza cuáles han sido las consecuencias jurídico-políticas y económicas de dicha crisis, seguida de la recesión económica y fiscal de 2008 en tres capítulos. Este riguroso estudio combina la ciencia del derecho constitucional y la ciencia política, concretamente la filosofía, para profundizar en los aspectos más significativos del Estado social, sobre todo en momentos de crisis no solo sanitarias y económicas, también parlamentarias.

El primer capítulo, el profesor Cabanas lo enfoca a introducir la necesidad de utilizar la ciencia constitucional para estudiar las diferentes características del Estado social. En torno a la metodología, el doctor Cabanas opta por un constitucionalismo contextualista combinándolo con otras disciplinas, la historia y la ciencia política, justificando la necesidad de tener en consideración la historia y su evolución siguiendo a su maestro, el doctor Javier Ruipérez Alamillo. En caso contrario, argumenta, citando al doctor Ruipérez, el positivismo defenderá una normativa constitucional que solo contenga valor cuando es desarrollada por leyes, un factor que en cierto modo favorece el totalitarismo al concebir que la Constitución es una estructura lógica del ordenamiento jurídico, porque, cuando el Ejecutivo vacía la Constitución de su contenido, expresada por la voluntad del pueblo, esta empieza a perder legitimidad democrática y el Gobierno puede convertirse en una autocracia. En un Estado social, el constitucionalismo requiere de un conjunto de principios y valores para sostenerse y ser efectivo en materia de igualdad y libertad.

A lo largo del epígrafe 2, el profesor Cabanas nos hace un significativo prefacio sobre la historia del Estado social comparándolo con otros tipos de Estados, el de beneficencia y el totalitario, con el objetivo de conceptuarlo. Cabe destacar que el nacimiento del Estado del bienestar se sitúa en la Alemania de Bismarck con la protección de los productores, a través de la transición de un derecho formal a uno material. Sin que le falte razón, añadiría que, paralelamente, en el Reino Unido y bajo el modelo universalista de William Henry Beveridge, se optó por la protección general de los trabajadores implementando un conjunto de servicios sociales, la sanidad universal, las pensiones de jubilación y la protección de los desempleados, entre otros, para aumentar la tasa de empleo del país (De la Luz Juárez y Sánchez Daza, 2003: 58). En general, el doctor Cabanas especifica que el Estado social significó el paso de una libertad liberal a una democrática basada en la igualdad, cuyo propósito fue la supresión de los privilegios y dominación de clases con el sufragio universal y la promoción de los derechos públicos con vertiente asistencialista.

En la historia del constitucionalismo, el siglo xx es de gran relevancia para entender la mayoría de los sistemas estatales y constitucionales actuales. Durante el período de entreguerras, el autor reflexiona sobre la importancia de la Constitución de Querétaro (1917) y de Weimar (1919) como punto de inflexión en relación con el constitucionalismo decimonónico al establecer una rígida carta de derechos y libertades directamente aplicables añadiendo al mismo tiempo libertades sociales y garantías institucionales vinculadas a la socialdemocracia. Por ende, la Constitución es interpretada como verdadera fuente del derecho dejando de ser equiparada con la ley ordinaria.

El Estado social se consolida finalmente después de la II Guerra Mundial, con el que aumenta la intolerancia a la desigualdad en Occidente. Sin embargo, uno de los problemas principales que expone Cabanas es la consideración de que los derechos de libertad son a priori válidos por sí mismos, argumentando que los derechos sociales son una creación estatal y que, por el contrario, ambos deben tener la misma fuerza normativa. Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos ha mantenido una concepción negativa del socialismo, no solo en el período de la Guerra Fría, sino desde su independencia, con el sueño americano. Para los Estados Unidos, los gastos sociales no dejan de ser una compensación a las desigualdades generadas por las grandes empresas para subir los salarios y reducir el desempleo. Sin embargo, el profesor Cabanas remarca que la finalidad de un Estado debería ser la reducción de la desigualdad para lograr una mayor cohesión social, porque esta no supone la absorción de la sociedad por el Estado, como sucede en el totalitarismo, sino un aumento de sus fines: la promoción de los derechos políticos como el de participación y el tener a disposición un conjunto de servicios públicos son un balance para evitar que un ciudadano quede completamente sometido al Estado. Por consiguiente, resulta prescindible el uso «Estado social democrático y de derecho», porque el término de Estado social ya presupone los elementos que pretende destacar. Primero, no puede concebirse un auténtico Estado social sin que exista una Constitución rígida que consagre los derechos sociales como normas vinculantes dotadas de eficacia normativa y exigibilidad ante los legisladores y tribunales respectivamente. Segundo, la efectividad de tales derechos requiere de un sistema institucional operativo que sustente la separación de poderes y el principio de igualdad característicos de un Estado de derecho.

En el capítulo tercero, nuestro autor formula los distintos opositores del Estado social. El neoconservadurismo, representado en los mandatos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, es el principal antagonista del Estado del bienestar. Esta ideología promueve recortes sustantivos en el gasto público y una disminución de la intervención estatal. Este giro ideológico en el Reino Unido y los Estados Unidos impulsó la consolidación de la lex mercatoria global siguiendo una lógica capitalista anárquica.

Sin poner en duda lo expuesto por el profesor Cabanas, señalaría que, por ejemplo, durante el primer mandato de Thatcher se implementaron recortes significativos en el gasto público, específicamente en el transporte, la educación y las políticas de vivienda, acompañados de la eliminación de la mayoría de los subsidios de la seguridad social, una restricción de la acción de los sindicatos y la centralización de la educación (Schwarz, 1992: 91-135; Fernández, 1999: 72-93). Este modelo dio paso al neoliberalismo tecnocrático, que propone excluir al pueblo del proceso constituyente reservando la elaboración y la aprobación de la Constitución a élites expertas o actores dominantes cuyo fin es recuperar el control hegemónico del poder político a pesar de que esta dinámica contenga la siguiente paradoja: si bien se busca reducir el papel del Estado, su existencia al mismo tiempo resulta imprescindible para legitimar el orden y defender la propiedad privada.

Finalmente, el doctor Cabanas presenta un conjunto de consecuencias derivadas de los opositores del Estado social. La política fiscal del Estado social no deja de ser un instrumento de igualación siempre y cuando se encuentre sometida a un sistema fiscal equitativo con el objetivo de disminuir las injusticias económicas y, paralelamente, concienciar a la ciudadanía de que es un mecanismo de expansión de beneficios colectivos, concretamente en períodos de crisis. Sobre el Estado español, cabe señalar que su reciente crecimiento y desarrollo económico ha derivado en la liberalización del mercado y la privatización de los servicios sociales. La actual escasez de patrimonio público y la privatización de las empresas públicas han sido presentadas como exigencias de la Unión Europea. Consideraría razonable complementar que, en parte y junto a otros factores, la polarización política y afectiva en el Estado español ha aumentado, pues partidos y movimientos de derecha radical populista la han utilizado como estrategia para radicalizar a la población en torno a posturas en contra de la intervención estatal y la protección de las minorías, sobre todo aquellas más social y económicamente vulnerables.

Otro factor clave que el autor Cabanas sostiene como pilar fundamental del Estado social es la educación. En el marco del sistema capitalista contemporáneo, la función de la educación está orientada hacia la formación de individuos adaptados a las demandas del mercado laboral, priorizando competencias técnicas por encima del desarrollo del pensamiento crítico alrededor de la virtud. Frente a ello, el profesor plantea la urgente necesidad de reconfigurar el sistema educativo como un espacio de cultivo de la virtud y la interiorización de los principios democráticos, reivindicando el valor del humanismo y el papel central de las ciencias sociales en la formación de las personas más jóvenes.

Desde mi enfoque personal, considero que dicha observación adquiere una relevancia particularmente significativa en materia de derechos y libertades con perspectiva interseccional. La apuesta por una educación que se articule en torno a los valores de la igualdad y la prohibición de discriminación no solo constituye una exigencia normativa constitucional, sino también el punto de partida para la construcción de sociedades más justas e inclusivas a largo plazo. Esta alternativa pedagógica no solo contribuiría a erradicar prejuicios y estereotipos sistémicos, además reforzaría los principios democráticos del Estado de derecho fomentando una ciudadanía crítica, consciente y comprometida con la protección y promoción de los derechos de las minorías.

La crisis del parlamentarismo representativo actual puede ser interpretada como una manifestación de las tensiones estructurales existentes y la falta de un Estado social rígido y efectivo. El profesor Cabanas, siguiendo al doctor Pedro de Vega, sostiene que dicha crisis se evidencia en la contradicción sustantiva entre los principios constitucionales y la realidad política. Uno de los elementos más polémicos es el mandato imperativo; aunque explícitamente prohibido en el art. 67 de la Constitución española, de facto se producen mecanismos que exigen la renuncia del escaño en caso de tergiversaciones entre el candidato y el partido político, lo que debilita la representación directa de los electores reforzando la dependencia del cargo político respecto a la estructura del partido.

Por otro lado, la ausencia de regulación efectiva de los grupos de interés o lobbies favorece la existencia de injerencias del sector privado en el ámbito de decisiones públicas cuya falta de transparencia plantea nuevos desafíos jurídicos y políticos a la integridad de estos actores en el proceso democrático. En último término, el autor Cabanas plantea la gobernanza como un modelo emergente que define la gestión política por las empresas transnacionales y órganos carentes de control ciudadano, el cual implica la culminación del Estado social a nivel internacional. Este corporativismo moderno no permite una división de poderes ante el sector económico y el poder público y, como resultado, da lugar a un sistema que favorece las oligarquías económicas y compromete la soberanía popular. Sin el propósito de contradecir lo expuesto por el profesor Cabanas, agregaría que, actualmente, el neocorporativismo ha sido adoptado por ciertos grupos de ultraderecha estadounidenses. Los neorreaccionarios promueven la idea de que el sistema político y la forma de Estado actuales están dominados por una élite que debe ser desplazada, cosa que justificaría la abolición de la soberanía popular, la reducción de las funciones del Gobierno y la liberalización de la economía autónoma (Land, 2022: 58). Un ejemplo paradigmático se encuentra en la figura de Elon Musk, ya que en su discurso político manifiesta una visión tecnócrata de la Administración pública de los Estados Unidos orientada a la desregulación de los servicios sociales.

En suma, esta destacable obra revela una serie de factores que contribuyen a la abolición del Estado social dejando en evidencia el ascenso de ideologías que abogan por disminuir la intervención estatal y el incremento de privatizaciones, todas ellas bajo la premisa errónea de que dichas medidas conducirán a una mayor igualdad y libertad efectivas. Procedo a añadir que, en última instancia, las minorías son quienes lidian de forma desproporcionada con las repercusiones de las políticas neoliberales, ya que las consecuencias de la reducción y privatización de los servicios y bienes públicos recaen principalmente en aquellos sectores más vulnerables. En este contexto, cabe recordar que la Constitución tiene como función esencial salvaguardar los derechos de estas minorías con la protección frente a las dinámicas de exclusión propiciadas por los intereses económicos del sector privado. En última instancia, le corresponde al Estado social garantizar una justicia y equidad efectivas como instrumento de protección ante posibles amenazas en materia de derechos y libertades fundamentales ejercidas ya no solo por personas jurídicas —las empresas, en este caso—, sino también por particulares y actores políticos que perpetúan la desigualdad mediante actos discriminatorios y excluyentes.