Como un sistema de vasos comunicantes, el derecho público contemporáneo se ve obligado a mantener en equilibrio principios que, si se aíslan o se absolutizan, pierden su función ordenadora. En ese espacio de tensión se sitúa la obra colectiva dirigida por Pablo Nuevo López y coordinada por Luis Enrique Landauri Paredes: Derecho antidiscriminatorio y violencia contra las mujeres: posibilidades y límites. Análisis interdisciplinario de la legislación de igualdad como herramienta para combatir la violencia contra las mujeres.

En el contexto jurídico actual, el derecho antidiscriminatorio se ha consolidado como un ámbito transversal de creciente desarrollo tanto en España como en Europa. La obra se inserta en este marco doctrinal y aborda una cuestión central: la tensión entre la igualdad formal del art. 14 CE y la igualdad sustantiva del art. 9.2 CE, particularmente en relación con la violencia contra las mujeres como fenómeno jurídico y político.

El volumen parte de un presupuesto claro: revisar, dos décadas después de la Ley Orgánica 1/2004, si el ordenamiento español ha logrado articular un sistema de protección eficaz frente a la violencia que padecen muchas mujeres y si las herramientas normativas empleadas —acciones positivas, medidas penales y procesales, mecanismos institucionales— se han mantenido coherentes con los principios estructurales del Estado de derecho y con la jurisprudencia constitucional y europea.

La obra se organiza en dos grandes secciones. La primera, de carácter dogmático, agrupa tres partes dedicadas a los fundamentos del derecho antidiscriminatorio, al análisis constitucional del principio de igualdad y al estudio penal y procesal de la violencia contra las mujeres. La segunda adopta una orientación más práctica, mediante el examen de la normativa autonómica y de la jurisprudencia reciente.

El capítulo 1, de Fernando Simón Yarza, ofrece un análisis conceptual del derecho antidiscriminatorio y de su evolución histórica. El autor describe el tránsito desde la igualdad liberal —concebida como límite al poder— hacia una concepción social que exige la intervención de los poderes públicos. Advierte del riesgo de convertir en regla lo que debería ser excepción: el trato desigual justificado. Esta advertencia se vincula con una crítica a determinadas tendencias de expansión del principio de no discriminación cuando este se desvincula de su función originaria de garantía jurídica.

En el capítulo 2, Luis Enrique Landauri Paredes, Pablo Nuevo López y Ada Garriga Cots examinan la igualdad de trato como elemento estructural del Estado de derecho material. A partir de los arts. 9.2, 10 y 14 CE, los autores sostienen que la igualdad no es únicamente un límite al poder público, sino también un mandato de actuación. Reconocen, sin embargo, los riesgos de una sobrerregulación que, bajo la apariencia de protección reforzada, pueda afectar a la seguridad jurídica o debilitar la generalidad de la ley. La argumentación se apoya en la jurisprudencia constitucional relativa a la doble dimensión del principio de igualdad y al criterio de proporcionalidad en las acciones positivas.

El capítulo 3, de David Delgado Ramos, analiza la evolución del derecho antidiscriminatorio desde una lógica de igualdad hacia discursos centrados en el empoderamiento identitario. El autor señala que esta transformación puede conducir a una fragmentación del sistema jurídico si el principio de igualdad se redefine en términos de pertenencia a grupos. Frente a ello propone recuperar una noción de igualdad basada en la dignidad de la persona y en su dimensión relacional dentro del orden jurídico.

El capítulo 4, redactado por Carlos Pérez del Valle, examina críticamente la legislación penal integral en materia de violencia contra las mujeres. El autor plantea los límites que impone el principio de culpabilidad y analiza la tensión entre la finalidad protectora del sistema y la exigencia de proporcionalidad punitiva. Asimismo, advierte del riesgo de utilizar el derecho penal como instrumento de transformación social cuando se construyen tipos penales sobre presupuestos sociológicos o ideológicos que desdibujan la lógica propia del ius puniendi.

El capítulo 5, de Lucana Estévez Mendoza, estudia la dimensión procesal de la tutela frente a la violencia. Analiza la configuración de los juzgados especializados, las funciones del Ministerio Fiscal y las medidas de protección judicial. El estudio muestra avances institucionales, aunque también pone de relieve deficiencias procedimentales persistentes, entre ellas la falta de celeridad, problemas de coordinación y una aplicación territorial desigual.

La segunda sección adopta una perspectiva más empírica. En el capítulo 6, Clara Souto Galván examina comparativamente las leyes de igualdad de Cataluña y Madrid. El estudio muestra la diversidad de modelos normativos dentro del marco autonómico. Mientras Cataluña ha desarrollado una organización más sistemática y extensiva, con leyes específicas en materia de igualdad y no discriminación, Madrid mantiene una aproximación más sectorial. Este análisis permite observar la pluralidad de estrategias normativas mediante las cuales las CC. AA. tratan de dar cumplimiento al mandato del art. 9.2 CE.

Finalmente, en el capítulo 7, Lucana Estévez Mendoza analiza la práctica judicial en materia probatoria. A partir de sentencias recientes del Tribunal Supremo y de tribunales superiores, examina la valoración del testimonio de la víctima, el alcance de la dispensa de declarar y la utilización de sistemas de predicción del riesgo como VioGen. El estudio permite comprender la interacción entre las garantías procesales y la finalidad protectora del sistema penal.

El volumen presenta una estructura coherente y un hilo argumental reconocible: la búsqueda de equilibrio entre la eficacia protectora del derecho antidiscriminatorio y la preservación de los principios constitucionales de generalidad, proporcionalidad y responsabilidad individual. Los distintos capítulos dialogan entre sí sin adoptar una posición uniforme, aunque comparten una preocupación común por los efectos sistémicos de determinadas técnicas legislativas.

Desde el punto de vista metodológico, la obra combina análisis dogmático, reflexión teórica y examen de la práctica institucional. No pretende ofrecer respuestas definitivas, sino abrir un espacio de discusión sobre la evolución del derecho antidiscriminatorio y sus implicaciones para el sistema constitucional.

La dimensión constitucional atraviesa todo el volumen. El mandato de igualdad real del art. 9.2 CE no puede interpretarse aisladamente de la exigencia de trato igual del art. 14 CE ni de la interdicción de la arbitrariedad. En este punto, la obra dialoga con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional —entre otras, STC 59/2008— y con la doctrina del TJUE relativa a las acciones positivas, recordando que estas solo resultan compatibles con el derecho europeo cuando responden a una situación objetiva de desigualdad y mantienen un carácter proporcionado y temporal.

La aproximación práctica del libro permite, además, confrontar el ideal normativo con su aplicación efectiva. El análisis de la legislación autonómica muestra que la promoción de la igualdad se desarrolla de manera heterogénea en España, lo que plantea cuestiones relativas a la coordinación normativa y a la homogeneidad en la protección de los derechos.

En conjunto, la obra invita a reflexionar sobre el modo en que el derecho antidiscriminatorio se integra en la arquitectura constitucional. Como en los vasos comunicantes con los que abríamos estas páginas, el equilibrio del sistema depende de que cada principio conserve su nivel propio: si uno se desborda, todo el conjunto se desajusta; si se mantienen en proporción, el orden jurídico conserva su estabilidad.