El artículo analiza la necesaria reconfiguración de la libertad de pensamiento ante el avance de las neurotecnologías que han superado la concepción de la mente como un reducto inviolable. Partiendo del debate sobre los neuroderechos y su evolución desde la libertad cognitiva hacia una interpretación adaptativa de la libertad de pensamiento reconocida en los tratados internacionales, se abordan su naturaleza absoluta y sus garantías negativas frente a la revelación, la penalización y la alteración del pensamiento. Desde ese marco se examinan las teorías del umbral y el enfoque cuasiabsoluto para evaluar los criterios de admisibilidad de las excepciones o limitations, proponiendo reafirmar su estatus absoluto interpretándolo como primacía axiológica y presunción
The article analyses the necessary redefinition of freedom of thought in light of neurotechnological advances that have rendered the concept of the mind as an inviolable stronghold obsolete. Starting with the neurorights debate and its evolution from cognitive freedom to an adaptive interpretation of freedom of thought recognised in international treaties, the paper addresses the absolute nature of freedom of thought and its negative guarantees against disclosure, criminalisation and alteration. Within this framework, threshold theories and the quasi-absolute approach are examined in order to evaluate the criteria for the admissibility of exceptions or limitations. The author proposes to reaffirm the absolute status of the right by interpreting it as axiological primacy and a rebuttable presumption of illegitimacy of interventions.
El desarrollo exponencial de las neurotecnologías (NT, en adelante) en las últimas décadas y las expectativas de próximos avances significativos
En este contexto han surgido las propuestas de los llamados «neuroderechos
La aparición de la temática de los ND en la arena académica e institucional ha puesto el foco sobre la clásica libertad de pensamiento (LP, en adelante), bien directamente, bien a través del neuroderecho al «libre albedrío» o a la «libertad cognitiva», cuya relación con la LP no deja de ser reconocida en los trabajos sobre la cuestión, con independencia de la postura —no siempre clara— que adopten sobre su interconexión
Si bien la novedosa libertad cognitiva se incluyó en los primeros documentos internacionales sobre la materia
Pues bien, en los siguientes epígrafes se abordará si debe mantenerse o no el estatus absoluto e ilimitado de la LP, es decir, si hay que reconfigurar la LP ante la evidencia de que las NT han acabado con la concepción de la mente como la fortaleza interior del individuo, un bastión impenetrable, inaccesible e inexpugnable desde el exterior.
Se expondrán en primer lugar los atributos o elementos del concepto de LP generalmente aceptados, para entrar después en los argumentos de los principales autores que pretenden resolver la paradoja de una libertad absoluta que requiere excepciones, bien manteniendo una concepción amplia del pensamiento
Uno de los argumentos que han reorientado los trabajos académicos e institucionales hacia la LP es que proporciona al fuero interno una protección mayor que la que ofrecería la libertad cognitiva
Efectivamente, la afirmación del carácter absoluto de la protección de la LP ha acompañado a este derecho desde su reconocimiento en el art. 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La Observación General n.º 22, sobre la libertad de pensamiento, conciencia y religión (art. 18 PIDCP), adoptada por el Comité de Derechos Humanos (CDH), declaró que la LP es una libertad absoluta, ilimitada e incondicional
En el mismo sentido, el relator especial sobre la libertad de religión o de creencias atribuye carácter absoluto e incondicional a la LP
«Libertad de no revelar los propios pensamientos» («intimidad mental»), ya señalada por el CDH: «[…] de conformidad con el artículo 17 y el párrafo 2 del artículo 18, no se puede obligar a nadie a revelar sus pensamientos o su adhesión a una religión o a unas creencias» (
«Libertad de no ser objeto de penalización por los propios pensamientos, reales o inferidos», incluyendo creencias, deseos, fantasías e intenciones no ejecutadas.
«Protección ante la alteración inaceptable del pensamiento», esto es «autonomía mental», señalando tres categorías de «alteración inaceptable» del propio pensamiento:
«Coerción», que incluye el uso de la fuerza o una amenaza expresa o implícita sobre el individuo para obligarle a «actuar en contra de su voluntad».
«Modificación» del pensamiento, «a saber, el cambio de los pensamientos de una persona mediante la alteración directa del equilibrio bioquímico o la función del cerebro» sin consentimiento libre e informado. A diferencia de la coerción, puede producirse sin consciencia del sujeto y sin uso o amenaza de fuerza.
«Manipulación», que supone una alteración indirecta del pensamiento haciendo uso y controlando los procesos psicológicos sin incidir directamente en la función cerebral biológica. Esta categoría es la más difícil de apreciar proponiendo «factores» como el consentimiento, la ocultación o falta de claridad en el ejercicio de la influencia, la asimetría de poder y el daño como efecto o intención
La coerción merece especial consideración porque el art. 18.2 PIDCP la contempla como una injerencia específica sobre la LP al disponer que «nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección». El CDH señaló al respecto que dichas medidas coercitivas comprenden «el empleo o la amenaza de empleo de la fuerza o de sanciones penales» y añade que «las políticas o prácticas que tengan los mismos propósitos o efectos, como por ejemplo, las que limitan el acceso a la educación, a la asistencia médica, al empleo o a los derechos garantizados por el artículo 25 y otras disposiciones del Pacto son igualmente incompatibles con el párrafo 2 del artículo 18» (
Aunque algún autor ha cuestionado que el art. 18.2 proteja frente a la manipulación del pensamiento mediante NT que no recurran al uso o amenaza de fuerza física o sanciones penales (
En este sentido, en el caso
En cuanto a la manipulación, abarcaría las influencias indirectas que desvirtúan los procesos cognitivos para alterar la formación del pensamiento inhabilitando o eludiendo la capacidad del individuo para valorar racionalmente la información (
Bublitz reconduce el caso Kang a la manipulación remitiéndose a la doctrina del TEDH sobre el proselitismo impropio
Desde que las NT han abierto un horizonte de posibilidades para acceder a la mente, descifrar los estados y contenidos mentales —mediante inferencias y predicciones a partir de la lectura de los datos cerebrales— y alterar directa o indirectamente el funcionamiento del cerebro (es decir, desde que se ha difuminado lo que Bublitz ha llamado la «invulnerabilidad fáctica del pensamiento»,
Ligthart ha sistematizado muy recientemente los posibles enfoques sobre el estatus absoluto de la LP, combinando la amplitud del alcance y la extensión del pensamiento protegido por el derecho con la visión de las limitaciones permisibles. Para evitar la extralimitación al definir el alcance de un derecho absoluto que no admite ninguna excepción y la consecuente irrelevancia práctica de la LP
Bublitz es, sin duda, el autor más representativo de la teoría del umbral combinándola con una concepción
Su tesis es que existiría una primera capa o velo protector de la mente frente a los retos neurotecnológicos: los derechos a la integridad física y mental en combinación con el derecho a la privacidad, que abarcarían «todas las formas no triviales de neurointervenciones y neuroimagen, ya que todas ellas afectan al cerebro y a la mente o miden las señales cerebrales y extraen conclusiones de ellas» (
Pero como los derechos de esta primera capa son limitables y condicionados, debe añadirse una segunda capa adicional de protección absoluta integrada por la LP, resultando ambas capas apoyadas y expandidas por el principio de dignidad de la persona.
La protección absoluta de la LP se activaría ante injerencias que alcanzaran un determinado umbral de gravedad, quedando el resto de las injerencias relegadas a la capa básica de protección formada por los derechos limitables a la integridad física y mental y a la privacidad. Así, señala que «las neurointervenciones sin consentimiento que interfieren de manera significativa
Sin embargo, la propuesta de Bublitz no clarifica si ciertas intervenciones podrían considerarse justificadas aunque superaran ese umbral. Se refiere así a las intervenciones psiquiátricas coercitivas, diferenciando entre aquellas justificables «por razones paternalistas» (llevar a las personas a un estado en el que puedan actuar libre y autónomamente de nuevo
Siendo esto así, la funcionalidad del umbral para discriminar entre intervenciones admisibles y no admisibles se diluye si, como parece, son admisibles ciertas excepciones más allá del umbral delimitador del pensamiento protegido. Así parece admitirlo veladamente el propio autor cuando habla de un «dilema» que requiere un examen más profundo y señala que se trata de un ejemplo de que los planteamientos abstractos sobre los derechos son limitados, siendo discutibles los detalles y las excepciones (
Una segunda posición que postula un «umbral de gravedad» de la injerencia para delimitar el ámbito de protección absoluta de la LP es la de Hertz, quien, desde una visión amplia del pensamiento protegido —«todos los procesos cognitivos y estados mentales conscientes e inconscientes (incluidas las emociones), así como sus fundamentos neuronales» (
«El impacto (efecto) de la intervención en los pensamientos y el pensamiento de la persona», valorándolo con subcriterios como «los medios (método), su duración e intensidad, así como las características de la persona afectada (posible vulnerabilidad)».
La «intención» sería otro criterio decisivo, existiendo manipulación ilegítima cuando se pretenda «utilizar a otra persona como medio y debilitar su capacidad de pensar», descartando como injerencias las intervenciones restauradoras de las capacidades mentales.
El «contexto» de la intervención (un tratamiento médico, p. ej.) sería el tercer factor para valorar.
En todo caso, estos criterios son «complementarios» y «su aplicación depende de las circunstancias individuales del caso», lo que implicará «un cierto grado de flexibilidad, que, sin embargo, es necesaria a la luz de la naturaleza absoluta del derecho a la libertad de pensamiento» (
La posición de Ligthart combina una definición restrictiva del pensamiento con la idea de que solo determinados aspectos de la LP deben estar absolutamente protegidos, frente a otros elementos sujetos a limitaciones no explícitamente formuladas pero que deben respetar la esencia de la LP. Para él, defender una concepción amplia
Comienza adscribiéndose al enfoque
Acude así a la idea de las «limitaciones implícitas» argumentando que el TEDH ha sostenido reiteradamente que si una disposición específica reconoce ciertos derechos «sin establecerlos en términos expresos, y mucho menos definirlos, hay espacio para limitaciones implícitas», siendo esto aplicable a las tres libertades negativas inherentes a la LP por no estar explícitamente garantizadas ni claramente definidas
Desde esta perspectiva analiza las posibles limitaciones implícitas
[…] la injerencia en la
Pero estas limitaciones implícitas se complementan con la doctrina de la esencia de los derechos para «garantizar salvaguardas absolutas a los aspectos centrales de los derechos no absolutos»
Ligthart ha señalado acertadamente que «la protección eficaz de los diferentes aspectos de nuestra “libertad mental” no solo depende del alcance de los derechos, sino también, y en gran medida, de las limitaciones permisibles de dichos derechos» (
Los dos enfoques vistos coinciden en legitimar ciertas intervenciones no consentidas en la esfera mental de los individuos. Para las teorías del umbral no serían excepciones o limitaciones por cuanto, al no superar la gravedad necesaria, quedarían extramuros del ámbito protegido por el derecho absoluto al no afectarlo significativamente. En cambio, para las posiciones relativistas, algunas intervenciones serían admisibles como limitaciones implícitas a un derecho formulado como absoluto (que no sería tal en su integridad) siempre y cuando no afectaran a la esencia de la LP.
Siguiendo a Bublitz, las intervenciones se ubicarían en un espectro que tendría en un extremo la persuasión, como prototipo de influencia externa aceptable, y, en el otro, la estimulación cerebral (profunda o transcraneal), como máximo exponente de intervención directa en la actividad mental, con una zona gris intermedia entre una y otra (
Bublitz ha elaborado un test sofisticado sobre las injerencias, que resulta de la acumulación de dos test. En un primer test se valoraría el medio utilizado para la injerencia (rechazando las intervenciones directas y las indirectas constitutivas de manipulación
a) la persona no es competente para tomar una decisión sobre tales intervenciones por sí misma, (b) la intervención tiene como objetivo mejorar la libertad de pensar aliviando déficits sustanciales en las capacidades de pensamiento o la formación racional de creencias, (c) redunda en el mejor interés (médico) de la persona, (d) no existen medios menos invasivos, y (e) los beneficios de la intervención superan los inconvenientes, considerando todos los aspectos (
Y, como salvaguardas adicionales por el riesgo de uso indebido de estas excepciones, «debe garantizarse que (f) las intervenciones no persigan principalmente otros objetivos gubernamentales y (g) que no traten de imponer valores morales, políticos o de otro tipo, sino que se esfuercen por ser neutrales en cuanto al contenido» (
Es llamativo que Bublitz descarte la justificación de la intervención por la promoción de «otros valores o intereses públicos» distintos a la promoción de la LP del sujeto (
Si a ello se añaden los criterios ya expuestos para determinar el umbral de gravedad de la injerencia (
Aplicar estos criterios a las variadas situaciones en las que las NT interfieren con la mente requeriría un espacio no disponible, por lo que se añadirán solo algunas consideraciones al respecto, teniendo en cuenta la afectación a una u otra de las libertades negativas protegidas por la LP
Los criterios comentados se refieren a la alteración inaceptable del pensamiento, aunque tanto Bublitz como Ligthart han delimitado también las intervenciones permisibles en la libertad de no revelar el pensamiento. Así, Bublitz ha añadido el criterio específico de la inferencia del contenido del pensamiento o del tipo de pensamiento para valorar si las técnicas de neuroimagen interfieren con la LP
Una misma intervención puede afectar a las tres garantías negativas de la LP y está interrelación tiene que ser tenida en cuenta para analizarla. En el ejemplo de las técnicas de neuroimagen, una lectura de información cerebral no consentida mediante un electroencefalograma o una resonancia magnética funcional que permita inferir contenidos o estados mentales no solo afectará a la dimensión de privacidad mental (libertad de no revelar los pensamientos), sino que puede dar lugar a una alteración del pensamiento por el efecto disuasorio que se produciría si el sujeto supiera que sus pensamientos no expresados pueden ser conocidos por el Estado o por terceros (
La STEDH
Más allá de críticas y matizaciones a formulaciones concretas del umbral de gravedad de las injerencias, de los factores o criterios para su evaluación y de las excepciones o limitaciones implícitas, no cabe dudar de su utilidad para conformar un marco teórico desde el que encarar los conflictos entre las NT y las libertades negativas garantizadas por la LP. No le falta razón a Ligthart cuando señala que apreciar los factores de evaluación del umbral implica una valoración casuística de las circunstancias mediante consideraciones de proporcionalidad, relativizando así la certeza de un derecho absoluto, pero ello mismo es aplicable a la determinación de las limitaciones implícitas. También es cierto, como dice Bublitz, que una concepción demasiado estricta del pensamiento deja desprotegidos muchos contenidos y estados mentales incluidos en la acepción ordinaria de pensamiento, pero esa protección les puede alcanzar a través de la esencia inviolable de los derechos cualificados a la integridad y privacidad mentales. Pero, en todo caso, definir un conjunto de herramientas teóricas desde las que delinear los contornos de la protección de la mente ante los desafíos neurotecnológicos es una tarea necesaria y que no conviene aplazar demasiado.
Conviene, no obstante, integrar las distintas aportaciones en un esquema analítico que tentativamente podría tener en cuenta los siguientes elementos:
El medio utilizado, su intrusividad e impacto, mayor en los fármacos y la estimulación profunda o transcraneal —que alteran directamente los procesos neurobiológicos— y menor en las mediciones mediante neuroimagen. Cabe considerar la duración e intensidad del tratamiento, el alcance del conocimiento obtenido, la reversibilidad de los efectos y si se elude el control racional y conocimiento del sujeto
Los contenidos mentales alterados o revelados: contenidos semánticos proposicionales (imágenes, discurso interno, recuerdos, sueños, intenciones), estados cognitivos (fatiga, concentración) y afectivos (emociones, sentimientos), estando especialmente protegidos los que reflejan creencias, preferencias políticas, valores morales y opciones personales, y, en menor medida, los relativos a conocimiento de hechos externos al sujeto
La finalidad o intención de la intervención: restaurar o mejorar la capacidad racional del sujeto, excluyendo su manipulación para alcanzar fines ajenos a su propio interés, salvo evitar daños inminentes o graves a terceros.
La proporcionalidad: idoneidad de los medios, necesidad por no existir alternativa menos intrusiva y proporcionalidad en sentido estricto (mayores beneficios que inconvenientes).
El contexto: las circunstancias del sujeto, su vulnerabilidad, su capacidad efectiva de ejercer control de sus reacciones y resistencia ante la influencia, su conocimiento y consciencia de los estímulos o mediciones y las implicaciones sobre su fuero interno. El consentimiento puede no ser suficiente para excluir la injerencia en función del contexto completo
Ahora bien, si estos criterios conducen a admitir como legítimas ciertas intervenciones no consentidas sobre la mente, bien por no rebasar el umbral de gravedad —o, superándolo, por considerarse excepciones justificadas—, bien por integrar limitaciones implícitas, se plantea si tiene sentido mantener la calificación de absoluta para la LP. Roberts ha señalado, refiriéndose al art. 9 CEDH, que, «aunque el CEDH presenta los derechos a mantener y cambiar de religión o creencia como absolutos y no cualificados, no siempre los protege absolutamente en la práctica, en absolutamente todas las circunstancias», y añade que «el lenguaje de “absoluto” por lo tanto parece ser retórico, usado para enfatizar o subrayar la importancia del derecho, no para ser tomado literalmente» (
Sin embargo, reafirmar el estatus absoluto de la LP ante las NT no tiene una eficacia meramente retórica, simbólica o teórica, sin repercusión práctica, como afirman algunos autores. Supone reconocer a la LP una primacía axiológica a la hora de ponderarla con derechos, bienes e intereses que puedan justificar intervenciones no consentidas. Las NT obligan a reconfigurar la LP en el sentido de enfrentarla con intromisiones antes inconcebibles, algunas de las cuales pueden ser admisibles, pero debe seguir siendo absoluta porque el punto de partida en el análisis de su permisividad debe ser la prevalencia de la protección del fuero interno —por su conexión directa con la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad— y la presunción de que, en línea de principio, toda limitación o injerencia debe reputarse inadmisible mientras no se demuestre lo contrario mediante un riguroso y estricto examen de los casos concretos. Calificar de absoluta la LP hoy no es degradarla ni condenarla a la inoperancia práctica, sino protegerla mediante una presunción de ilegitimidad de las intervenciones, aunque esa presunción sea
Al contrario que el análisis preciso y riguroso del ámbito protegido por la LP y, correlativamente, de los criterios para el análisis de las excepciones y limitaciones, cuestionar el carácter absoluto de la LP en aras de la coherencia conceptual no conduce a una mejor protección de la mente, sino, al contrario, a minusvalorar y devaluar el derecho dando al intérprete mayor libertad para limitarlo y excepcionarlo con menores constricciones. Al fin y al cabo, lo verdaderamente relevante es fortalecer la protección del dominio mental interno y, desde esta perspectiva, es más garantista atribuir naturaleza absoluta e ilimitada a la LP, aunque las NT obliguen a reconsiderar en sentido axiológico y hermenéutico el significado de esta afirmación.
Para finalizar, el enfoque propuesto presenta ciertas ventajas. En primer lugar, desactiva otra cuestión candente en el debate doctrinal, como es la distinción entre los derechos generales limitables a la integridad personal y a la privacidad y, por otra parte, la integridad y privacidad mentales que, en cuanto dimensiones y garantías de la LP, participarían de su protección absoluta (
Véase al respecto el reciente informe del Instituto Rathenau (
La definición de NT más comúnmente utilizada es la que dio la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): «[…] dispositivos y procedimientos utilizados para acceder, monitorizar, valorar, manipular y/o emular la estructura y función de los sistemas neurales de personas naturales» (
En 2017 Ienca y Andorno postularon «una nueva categoría de derechos humanos», los ND a la continuidad psicológica, libertad cognitiva, privacidad mental e integridad mental (
Véase al respecto el completo comentario de González de la Garza (
El art. 29 del Anteproyecto («Protección de neuroderechos y neurodatos») recoge las «limitaciones jurídicas exigibles a la aplicación de las neurotecnologías en salud, en los mismos términos que la Carta de Derechos Digitales», si bien admite que «los denominados neuroderechos no constituyen realmente una nueva categoría jurídica autónoma al traer causa de derechos fundamentales preexistentes», por lo que la ley reconoce «el carácter simbólico de la expresión» (preámbulo, IV).
Se han mostrado críticos con las propuestas de proclamar nuevos derechos Alegre (
En este último sentido, el informe de la Neurorights Foundation (
Sobre las distintas posiciones acerca de la relación entre la libertad cognitiva y la LP, Rollnert (
Véanse, por ejemplo, la Recomendación del Consejo de la OCDE (
Como ha señalado el relator especial de Naciones Unidas sobre la libertad de religión o de creencias, «el concepto de “pensamiento” no está definido en el derecho internacional, ni se menciona en los trabajos preparatorios» de los tratados internacionales sobre derechos humanos; «la definición de qué constituye “pensamiento” no solo carece de precisión jurídica, sino que tampoco goza de consenso en los ámbitos científico y filosófico» (
Así, Farahany defiende la necesidad de reconocer un nuevo derecho humano internacional a la libertad cognitiva que incluya el derecho absoluto a la LP y otros dos derechos (la autodeterminación y la privacidad mental) limitables en atención a los derechos e intereses sociales o de terceros tras un juicio de proporcionalidad (
«El artículo 18 […] no permite ningún tipo de limitación de la libertad de pensamiento y de conciencia o de la libertad de tener la religión o las creencias de la propia elección. Estas libertades están protegidas incondicionalmente, lo mismo que lo está, en virtud del párrafo 1 del artículo 19, el derecho de cada uno a tener opiniones sin sufrir injerencia» (
«A diferencia de las libertades del fuero o mundo externo, que están sujetas a las limitaciones que imponga el Estado si están prescritas por la ley y son necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos de los demás, la injerencia estatal en la libertad de pensamiento no puede ser nunca legal», añadiendo que «cualquier limitación impuesta sobre el fuero interno es inaceptable» (
El relator reconoce, no obstante, que la necesidad del resultado dañoso como requisito de la manipulación es cuestionable porque, según algunos, habría manipulación «si la influencia socava la capacidad de una persona para tomar decisiones racionales […] incluso si el resultado deseado es algo que generalmente se considera beneficioso» y el daño sería solo un agravante (
Argumenta Andorno que la libertad cognitiva está insuficientemente protegida por la LP porque el art. 18.2 se refiere solo a la religión y las creencias sin incluir otras categorías de pensamientos o preferencias personales y el CDH se ha referido solamente al uso a amenaza de fuerza física o sanciones penales, siendo dudosa su aplicación a las NT que no recurren a ello (
Señala en este sentido Nowak que la influencia es inadmisible «cuando se ejerce mediante coacción, amenaza u otros medios prohibidos contra la voluntad de la persona afectada o sin al menos su aprobación implícita» (citado por
La reciente Recomendación de la UNESCO equipara la fuerza y la coerción con «la percepción de desventaja, la presión social y otros medios que comprometen la autonomía y la libertad de pensamiento» (
Para Bublitz, la referencia específica a la coerción en el art. 18.2 PIDCP no debe interpretarse como una restricción de las posibles interferencias, puesto que, si el art. 18 DUDH o el art. 9 CEDH —que no mencionan la coerción— pueden ser objeto de injerencias por medios no coercitivos, lo mismo debe aplicarse al art. 18 PIDCP; defiende una concepción amplia de la coerción que abarcaría la presión psicológica (
Dictamen. Comunicación n.º 878/1999. CCPR/C/78/D/878/1999 (23 de julio de 2003), apdo. 7.2.
Se refieren al alcance y la escala de aplicación de una práctica, la consciencia de la influencia y la comprensión por parte de los afectados; su diseño para eludir las facultades racionales; la intensidad y el tiempo de exposición; la focalización en sesgos cognitivos o vulnerabilidades concretas (especialmente por uso de información extraída de datos del individuo); cualquier desequilibrio de poder, y la capacidad práctica de decir «no» (
Comenta Bublitz los casos
Véase
«La protección absoluta parece ser una de las causas de la falta de relevancia práctica del derecho. Esta es la tragedia de los derechos absolutos (…). Son tan fuertes que los tribunales intentarán mantenerse al margen de su ámbito de aplicación, ya que las opciones para encontrar decisiones razonables para casos individuales son muy limitadas; tratan de evitar precedentes que no dejen margen de maniobra en el futuro» (
Se trata de una visión amplia porque se extiende al pensamiento como actividad, aunque él la califica de restrictiva porque exige que la injerencia supere un umbral de intensidad para afectar a la LP y es más limitada que la concepción del pensamiento como «mente» que englobaría también las emociones, la percepción o los procesos inconscientes (
En una publicación de este mismo año ha afinado el umbral de gravedad señalando «diversos factores» para evaluar la intensidad de la injerencia, con «especial atención a la naturaleza de la interferencia y al carácter intrusivo de los medios por los que se detecta o se afecta el pensamiento» y no tanto a la importancia del contenido del pensamiento (
Bublitz expresa, sin embargo, sus dudas sobre la inclusión de emociones y delirios y se remite al estudio del contexto de los casos concretos (
En 2026 Bublitz ha especificado aún más su «visión de alcance robusto» del pensamiento. Así, tras analizar hasta diez significados del término «pensamiento», reivindica «una interpretación amplia del “pensamiento” que abarca entidades mentales específicas con contenido —pensamientos— y la rica y variada actividad humana de pensar —recordar, razonar, calcular, imaginar, tal vez incluso soñar y otras acciones mentales—». Incluye lo que llama la «libertad de razón» y el pensamiento libre en sentido filosófico o intelectual (230-231), pero entiende que su visión es más restrictiva que la que identifica pensamiento con mente por cuanto excluye los «estados y procesos mentales sin objetos intencionales», como los estados de ánimo y los procesos afectivos —sentimientos y emociones—» (
Habla así de «intervenciones que buscan restablecer las capacidades fácticas necesarias para la capacidad jurídica en el interés superior de las personas afectadas (por ejemplo, tratar trastornos mentales agudos para recuperar la competencia y restablecer el pensamiento racional)» (
Menciona también otras excepciones, aunque parece considerar que no superarían el umbral de gravedad y estarían protegidas por la capa básica, por lo que procedería su ponderación con «derechos e intereses contrapuestos del público, el Estado y terceros que deberán conciliarse»: «[…] el uso de neuroimágenes con fines de seguridad o de aplicación de la ley, como las pruebas obligatorias de detección cerebral de mentiras o la lectura del cerebro de los testigos, podría ser justificable en algunos casos si hay mucho en juego. Del mismo modo, la lectura obligatoria del cerebro en entornos de trabajo de alto riesgo podría ser justificable» (
Ligthart y Van De Pol utilizan también la idea del umbral para delimitar cuando una injerencia afectará a la privacidad o integridad mentales protegidas por el derecho cualificado y limitable a la vida privada (art. 8 CEDH) y cuando afectará al derecho a la LP concebido como absoluto por el art. 9 CEDH, proponiendo un criterio basado en tres factores utilizados por el TEDH para diferenciar, atendiendo a «un mínimo nivel de gravedad», entre los supuestos de aplicación del derecho, también absoluto, a no sufrir torturas y tratos inhumanos o degradantes (art. 3 CEDH) y otros casos protegidos por el derecho a la vida privada: «(1) los efectos mentales de una injerencia y el método para inducirlos, (2) la vulnerabilidad de la víctima y (3) el contexto de una injerencia mental» (
En esta concepción amplia podemos ubicar, entre otros, a McCarthy-Jones (
Señala como ejemplos la obligación de los testigos de declarar sobre sus recuerdos y la administración forzosa de drogas psicoactivas para modular los pensamientos de pacientes psicóticos peligrosos para ellos mismos o para los demás (
Se apoya en la jurisprudencia del TEDH que restringe la protección del art. 9 CEDH a las «opiniones que alcanzan un cierto nivel de coherencia, seriedad, cohesión e importancia» (
Entre esos argumentos destaca la crítica a la tesis de que el carácter absoluto de la LP se desprende de los trabajos preparatorios del art. 18 DUDH y PIDCP. En sentido contrario, Bublitz (
A ello añade que no permitir ninguna excepción a los derechos reconocidos incondicionalmente produciría una desventaja práctica y, por ello, el TEDH ha evitado interpretaciones estrictas que conduzcan a «resultados absurdos», como ha hecho, por ejemplo, con el principio de igualdad de trato (
Loucaides admite también «límites inherentes» a la LP, pese a atribuirle carácter absoluto y un alcance amplio extendido al «control de las facultades intelectuales y de la conciencia» (
La libertad de no ser penalizado por pensamientos sería, a su entender, la única libertad negativa que gozaría de protección absoluta y no estaría sujeta a ninguna limitación implícita (
Entiende Ligthart que, aunque los derechos concurrentes a la privacidad y a la integridad son limitables, algunas injerencias en ellos serían también inadmisibles por afectar a su esencia, quedando también protegidas aquellas actividades mentales no cubiertas por la LP (
«¿Respeta una intervención al titular del derecho como pensador libre y autónomo o como creyente racional que forma sus creencias a la luz de las pruebas y los criterios racionales, o bien socava o elude su control, explota sus debilidades racionales o le lleva a formar creencias por otros motivos no relacionados, como necesidades psicológicas?» (
«¿Es la intervención un ejercicio de un derecho importante de los intervinientes que implica un permiso
La protección de los derechos ajenos —los derechos y libertades de los demás (art. 29.2 DUDH)— podría justificar una intervención cuando estos derechos se vean amenazados o puestos en riesgo por el titular del derecho. Sería el caso de utilización forzosa de dispositivos neurotecnológicos que puedan monitorizar factores relevantes para la seguridad y protección de los ciudadanos, como serían la concentración, la fatiga, el sueño o la distracción de quienes ejercen determinadas profesiones de riesgo, como conductores de transporte público, de maquinaria pesada, controladores aéreos u ocupaciones similares con alto grado de responsabilidad y riesgo para los demás.
En un trabajo posterior ha desarrollado más la valoración de la proporcionalidad: una interferencia con la libertad negativa frente a la alteración inadmisible del pensamiento sería admisible «si a) […] tiene por objeto prevenir daños graves e inminentes a otras personas; (b) es demostrablemente eficaz para alcanzar ese objetivo; (c) los efectos son temporales y reversibles; (d) no existen medios menos intrusivos; (e) los beneficios de la intervención superan los inconvenientes, considerando todos los aspectos» (
Las intervenciones indirectas, en principio, son admisibles por cuanto no modifican el pensamiento eludiendo los filtros racionales y sensoriales, salvo que por las circunstancias concurrentes puedan considerarse coercitivas o manipuladoras de los procesos cognitivos. Pero no son admisibles si el sujeto no es consciente de los estímulos que percibe y no controla racionalmente su respuesta, como ocurre con las técnicas subliminales, que alterarían inaceptablemente su pensamiento mediante manipulación (
Véase el detallado y sintético análisis casuístico de Hertz considerando posibles injerencias con las tres libertades negativas (
«Las mediciones tecnológicas de los correlatos fisiológicos de los pensamientos no expresados, o sus huellas fisiológicas, que permiten inferir el contenido de los pensamientos o el tipo de pensamiento que realiza una persona, interfieren con la libertad de pensamiento, siempre que alcancen un nivel de gravedad y se realicen sin consentimiento» (
Posteriormente ha señalado que en este caso es dudosa la necesidad de recurrir a una limitación implícita por cuanto la privacidad de los pensamientos derivaría del derecho cualificado a la privacidad que permite limitaciones explícitas (
La información cerebral obtenida podría utilizarse en perjuicio del sujeto para inferir o predecir conductas delictivas futuras o valorar el riesgo de reincidencia mediante técnicas de neuropredicción. Véase Díaz Soto y Borbón (
Nuestro Tribunal Constitucional (STC 41/1997, de 10 de marzo) y el TEDH (
El TEDH argumentó que «un Estado no puede dictar lo que una persona debe creer ni tomar medidas coercitivas para hacerle cambiar sus creencias» (apdo. 119) y que «se ejerció presión sobre ella para que cambiara sus creencias religiosas» (apdo. 123), por lo que consideró que se había violado el art 9 CEDH al tratarse de una injerencia no prevista por la ley. No obstante, admitió en abstracto el uso de la fuerza «para preservar la salud física y mental de los pacientes que son totalmente incapaces de decidir por sí mismos» (apdo. 124) y que los psiquiatras puedan intentar corregir las creencias de los pacientes si existe «un riesgo claro e inminente de que dichas creencias se manifiesten en acciones peligrosas para el paciente o para otras personas» (apdo. 129).
En el Auto 230/1994, de 18 de julio, el Tribunal Constitucional consideró incompatibles con el principio de autodeterminación personal los métodos de investigación que privan al sospechoso del «control de sus facultades intelectuales y de su consciencia» por considerarlos «incompatibles con la autonomía personal y con la reserva de un espacio psíquico propio de la persona, al que resulta ilícito renunciar». Para Bublitz, la neurorrehabilitación o mejora moral de los delincuentes afectaría a un principio de «autodeterminación, mental», protegido al menos parcialmente por la LP, al privarles de autonomía moral y de autocontrol de sus funciones mentales (2020).
Se refiere Ligthart a la llamada prueba de información oculta o de conocimiento culpable que mediante mediciones electroencefalográficas de una onda cerebral específica (P300) permite identificar conocimientos ocultos en la investigación de delitos ya cometidos y que también podría detectar conocimiento de un individuo sobre un ataque terrorista planificado, cuestionando si afecta al pensamiento por cuanto revela información no relacionada con los propios pensamientos, intenciones y opiniones de la persona, sino más bien con hechos y eventos de la vida real en el mundo exterior (
Cabe referirse al respecto a la suspensión del experimento realizado en España para reducir la agresividad de condenados por delitos graves aplicándoles estimulación transcraneal por corriente directa. Aunque los internos habían aceptado voluntariamente mediante el correspondiente consentimiento informado, el Ministerio de Justicia suspendió el proyecto en 2019 tras un informe del Defensor del Pueblo cuestionando la voluntariedad de la participación de los internos sobre la base de su especial situación de privación de libertad. Véase Ruiz Martínez-Cañavate (