Para comprender la relevancia del documento es preciso conocer la implicación que tuvo su autor, no solo en el proceso de transición a la democracia, sino, en concreto, en la articulación del Estado autonómico (Pérez Herrera, 2020). Pérez Llorca era uno de los hombres fuertes del presidente Suárez en aquellos momentos. El gaditano, de 39 años, había sido uno de los tres ponentes de UCD en la redacción de la Constitución de 1978. Su paso previo como portavoz del grupo parlamentario ya le había hecho despuntar como un político altamente formado, conocedor de la historia de España y con una mentalidad jurídica extraordinaria, fruto no solo de sus estudios, sino también de su experiencia profesional y de su condición de letrado de las Cortes. Tenía ideas claras sobre lo que debía ser una constitución, sobre el armazón jurídico que debía sostener el nuevo Estado autonómico y también sobre las implicaciones que la descentralización y los nacionalismos traían consigo. Era rápido, inteligente y astuto, la oposición por estos motivos le había bautizado como «el zorro plateado», pero también era un hombre claro, capacitado para el diálogo y muy leal, que compartía la idea de Estado del presidente Suárez y que se identificaba con las líneas gruesas de la política centrista.

Por estos motivos, tras las elecciones de 1979, Pérez-Llorca fue nombrado ministro de la Presidencia, y Suárez le encargó el seguimiento de la cuestión autonómica. Pérez-Llorca había demostrado que tenía un pensamiento sólido y una visión global del tema autonómico, había liderado la ponencia durante la redacción del segundo borrador de la Constitución, y sería él también quien encabezase las comisiones gubernamentales que negociaron, con los parlamentarios catalanes y vascos, los estatutos de autonomía en el verano de 1979. Su autoridad como hombre fuerte del presidente era algo sabido e incluso envidiado dentro del partido. En la primavera de 1980, Suárez quiso reajustar su Gobierno y crear tres vicepresidencias fuertes que le ayudaran a sostener su política en tres grandes bloques: Interior y Defensa, Economía, y por supuesto, Asuntos Territoriales. Pérez-Llorca fue el hombre elegido para la tercera de esas vicepresidencias. Se buscaba «una sola mano con capacidad de decisión» que fuera capaz de llevar a cabo las propuestas que surgían en el seno del partido, pero las celotipias que comenzaban a desgastar UCD se manifestaron con crudeza. El gaditano, sensible y desconcertado ante los ataques, escribió a Suárez una carta pidiendo la dimisión. No quería dividir al partido, prefería retirarse. Pero Suárez, consciente del riesgo que suponía perder a uno de los hombres que mejor entendía la complejidad de la nueva articulación autonómica, descartó el proyecto de lavicepresidencia tercera y le nombró ministro de Administración territorial. En ese verano de 1980, fatídico para Suárez, Pérez-Llorca se desencantó de la política, trató de insistir en sus propuestas con palabras nuevas (propuestas que aparecen en el informe a modo de una nueva pedagogía para las autonomías), pero finalmente claudicó ante una deriva que se vio incapaz de reconducir. En septiembre Suárez le nombró ministro de Exteriores para tratar de seguir reteniéndolo en el Gobierno, y las autonomías pasaron a manos de Rodolfo Martín Villa.

En esta introducción al informe, que podrán leer en su totalidad, mi propósito es señalar cuatro aspectos del proceso histórico del consenso en torno al tema autonómico que el documento ilumina de manera especial y que resultan de gran utilidad al repensar el consenso constituyente sobre lo autonómico, cuarenta y cinco años después.

La existencia de una política autonómica de UCD es un tema ampliamente discutido. En sus propuestas constitucionales hubo falta de concreción, cierta ambigüedad, y quizá miedo a la hora de tocar en la redacción de la ponencia un tema tan capital y polémico que podía desbaratar todo el edificio democrático en construcción. Pero el posterior estudio de los distintos Gobiernos de UCD y de quienes se encontraron al frente de estas materias sí que permite afirmar que dentro de UCD existió una política autonómica, aunque algo fragmentada.

Por una parte, estaban las propuestas de Antonio Fontán, al frente del Ministerio de Administración Territorial hasta mayo de 1980, que abogaba por la restauración de los estatutos de autonomía republicanos para el País Vasco y Cataluña (Cosgaya, 2014: 73); por otra parte, se encontraba el Comité Ejecutivo para el tema autonómico, que se constituyó en el seno de UCD en el otoño de 1979, para lograr cierta unidad de estrategia, y, por último, se encontraba la visión clarividente del ministro de Presidencia al que Suárez confiaba de manera especial la articulación de la cuestión autonómica.

La política autonómica del Gobierno, por lo tanto, pivotaba sobre esos tres ejes, a los que había que añadir los movimientos políticos personales del presidente Suárez. No era fácil mantener una unidad de acción en estas circunstancias, agravadas por la presión del «sarpullido autonómico» que sufrían las regiones, en las que la concepción de la autonomía se generalizaba, en gran medida, bajo las formas de las reivindicaciones nacionalistas, y donde todos querían compartir la «excepcionalidad» del País Vasco y de Cataluña, lo que implicaba acceder a la autonomía por la vía del art. 151 de la CE, la «vía rápida».

Como puede verse en el informe, hubo propuestas políticas concretas para la dirección del proceso autonómico (el pacto con el PSOE está sobre la mesa en el otoño de 1979, creación de estatutos tipo, opciones de racionalización…), pero la realidad fue que no se aplicaron eficazmente debido a que el partido estaba cada vez más desencuadernado y la oposición política no se lo ponía fácil.

José Pedro Pérez-Llorca formó parte de esas tres patas de la política autonómica, y sus propuestas, en gran medida, fueron las heredadas por Rodolfo Martín Villa en septiembre de 1980, cuando este último asumió la cartera territorial que Pérez-Llorca abandonó definitivamente. Fue en 1981 cuando UCD consiguió el pacto con el PSOE que Pérez-Llorca mencionaba en el informe; 1981 fue el año de la LOAPA y de la «ordenación autonómica», aunque probablemente llegaron ya demasiado tarde (Pelaz, 2011).

Existió una política autonómica en UCD, y Pérez-Llorca fue uno de los hombres del partido que más empeño puso en articularla con solidez, poniendo a su servicio los mejores resortes jurídicos. No estuvo en su mano, sin embargo, poder llevarla al puerto deseado.

José Pedro Pérez-Llorca advirtió el peligro de la dinámica autonomista desde sus orígenes, así como su trasfondo: las propuestas nacionalistas para la creación de las autonomías carecían de planteamientos de globalidad, no atendían a la creación de un Estado, sino únicamente a la composición política en sus regiones, muy centrados en los aspectos que implicaba el ejercicio del poder, es decir, las competencias que se le querían arrebatar al Estado.

Esta mirada particularista de los nacionalismos históricos contagió al resto de las regiones, y así acabó por convertirse en modelo y camino para muchas. Se precisaba una política de Estado, global y unitaria, sobre este tema. La necesidad de preservar en manos del Estado los instrumentos mínimos de gobernación de la nación ya había generado problemas a la hora de establecer el reparto competencial en la Constitución, y lo volvía a hacer ahora en el reparto de competencias en los nuevos estatutos.

Sobre esta cuestión, Pérez Llorca se muestra contundente: en España no hay una tradición autonómica como tal. Para él, el único modelo de Estado en el que se podía desarrollar ese esquema autonomista era el modelo de la Administración liberal, la que lleva configurándose desde el siglo xix, y que ha recogido también modelos administrativos previos. Es desde la base y estructura del Estado liberal desde donde se puede elaborar un proyecto para la cuestión autonómica, como se detiene a explicar en la segunda página del informe:

No pueden arriesgarse a experimentos Frankenstein en un momento tan delicado, las autonomías necesitaban configurarse en el marco de un Estado sólido y unitario. El problema es que eran tres las corrientes que convergían en ese suelo sobre el que los distintos actores políticos discutían el diseño de ese Estado autonómico:

¿Cuál tiene un proyecto de Estado íntegro y funcional?, se pregunta el autor. Para él, la respuesta estaba clara: tan solo la primera. Y su análisis deja ver claro el problema al que realmente se enfrentaban: ante planteamientos tan distintos e irreconciliables sobre el Estado, ¿podría realmente acordarse la naturaleza de este? ¿Y cómo salvar unas diferencias que en última instancia ponían en suspenso la propia viabilidad de la Constitución española?

En relación con todo lo comentado, Pérez-Llorca avisaba también a Suárez en el informe de un problema irresoluto, que quizás aún estaban a tiempo de resolver en esa primavera de 1980: «Los condicionamientos políticos en los que se acometió la elaboración del texto constitucional, determinaron que el acuerdo alcanzado en tomo al título VIII fuera un verdadero consenso apócrifo; es decir, asentado sobre la reserva mental y sobre la falta de voluntad de explicitar y profundizar en las consecuencias de las previsiones constitucionales».

Pérez-Llorca alude aquí a lo que Carl Schmitt había denominado, en su famosa Teoría de la Constitución, los «compromisos apócrifos», una serie de acuerdos políticos «no auténticos» que se contentan con una fórmula que en el fondo solo aplaza la decisión sobre las realidades concretas que implica ese acuerdo: transacciones, detalles de organización o de contenido, regulación, etc. «El compromiso estriba, pues, en encontrar una fórmula que satisfaga todas las exigencias contradictorias y deje indecisa en una expresión anfibológica la cuestión litigiosa misma» (Schmitt, 1996: 54). Unas palabras que, en efecto, están en consonancia con el contexto de difícil acuerdo que era el estado autonómico, según lo que Pérez-Llorca estaba describiendo (Blanco Valdés, 2014: 173).

Este carácter apócrifo impidió abordar cuestiones estructurales clave sobre la naturaleza y el funcionamiento del nuevo modelo autonómico, entre las que se encuentran:

Estas cuestiones se fueron aplazando, no solo en el texto constitucional, sino en el resto de legislación posterior llamada a cerrar ese proceso durante los años de la Transición. Los primeros estatutos de autonomía evidenciaron el problema en el verano de 1979, como pone de manifiesto Pérez-Llorca al hablar en el informe de su experiencia al frente de las comisiones que negociaron los primeros estatutos de autonomía con los parlamentarios vascos y catalanes en los meses de julio y agosto:

El consenso supuso no abordar de manera clara, tampoco en esta ocasión, la cuestión del cierre y la clarificación competencial. Pérez-Llorca entendía que este tema era en el fondo la cuestión de la estructura de poder del Estado, y que dejarlo abierto implicaba perpetuas luchas de poder internas. El ministro quería poner coto a eso, pues pocas cosas son más destructivas que las luchas de poder intestinas. La evidencia de sus premoniciones es a día de hoy muy clara, y sus propuestas, compartidas por muchos. Solo un ejemplo para ilustrarlo: el pasado 3 de octubre de 2024, el expresidente del Gobierno Felipe González, también protagonista de los hechos que estamos narrando, abogaba en el Foro La Toja por revisar el modelo territorial para frenar las reivindicaciones competenciales nacionalistas. En otras palabras, «cerrar de una vez el catálogo de competencias traspasables y dejar claro al independentismo las que están y las que nunca estarán a su alcance» (Camacho, 2024).

En el proceso de negociación de los estatutos vasco y catalán, Pérez-Llorca trató de cerrar ese catálogo. En el informe se mencionan los obstáculos con los que se encontró.

Una vez más primó la visión particularista sobre el proyecto global. Lo que Pérez-Llorca denomina como «dueños del negocio» es la actitud de los parlamentarios nacionalistas, que se erigieron como únicos intérpretes de las necesidades de sus regiones, y rechazaban atender a las necesidades del conjunto del país. El consenso se convirtió aquí en una cuestión de cesiones interesadas de competencias, hasta el punto, como declaró el propio Pérez-Llorca, de llegar a límites extremos. Garaikoetxea prometió a Suárez la paz en el País Vasco a cambio de la competencia plena en educación. La situación terrorista era en aquel entonces un fuerte condicionante, y el deseo de paz llevó a un acuerdo que Pérez-Llorca denominaría tiempo después como «el pecado original de la Constitución» (Pérez-Llorca, 2018). Este desgaste y problema a futuro era lo que Pérez-Llorca llamaba a evitar con el resto de las regiones. La excepcionalidad que cada región reclamaba para sí acabaría haciendo del Estado de las autonomías un Estado «Frankenstein», insostenible a nivel gubernativo.

Por estos motivos, Pérez-Llorca, miembro también de la Comisión Ejecutiva de UCD, en el otoño de 1979 acordó con el Partido Socialista, a través de Alfonso Guerra, promover la racionalización del Estado autonómico, reconduciendo las iniciativas autonómicas restantes por la vía del art. 143, e incluso proponiendo unos estatutos «tipo», con los que se ordenase el reparto competencial y se articulase de manera racional y clara toda la nervatura del autogobierno en España. Es decir, buscaban explicitar el alcance y los límites de las autonomías dentro del funcionamiento de un Estado soberano, primero con la racionalización del proceso y, después, con la creación de unas leyes horizontales, o sectoriales, que cerrasen los puntos que quedaban abiertos en la legislación anterior.

Estos puntos resumen su gran proyecto para las autonomías, el intento de cerrar las grietas del sistema, a través de distintos instrumentos jurídicos y legales, con el fin de que en el futuro nada amenazase la solidez y el funcionamiento del Estado autonómico.

En el informe que estamos comentando, Pérez-Llorca refiere los problemas que muy pronto surgieron, ese mismo otoño de 1979, con el caso del Estatuto gallego. Después, con el referéndum andaluz en febrero de 1980, vistos los resultados de las elecciones autonómicas vascas e intuyendo los resultados de las que se celebrarían en Cataluña el día 20 de marzo, fue cuando Pérez-Llorca escribió a Suárez para advertirle y recordarle lo que tantas veces le había comentado: estaban en un momento clave para tratar de ordenar un asunto que, de no hacerlo, podía llegar a convertirse en el talón de Aquiles de la nueva democracia.

Su autoridad es clara. Fue, probablemente, una de las cabezas que, junto con Martín Villa, Fontán o Calvo-Sotelo, más pensaron desde el Gobierno sobre el tema autonómico. Las propuestas de Pérez-Llorca implicaban una vía jurídica concreta y sólida, puesto que el nuevo Estado requería de unos cimentos fuertes que clarificasen los ámbitos de convivencia, que no podían quedar al albur de los intereses políticos o regionales de cada momento. «Nuestro país —escribía Pérez-Llorca— se juega literalmente su propia subsistencia sobre la opción autonomista de la Constitución».

Pero lamentablemente, el empuje de fuerzas contrarias a UCD y también la debilidad del presidente no contribuyeron a hacer realidad estas propuestas, que se diluyeron en tres grandes crisis. Por una parte, la crisis interna del partido, que impidió la creación de la vicepresidencia para las autonomías.

Por otra parte, la crisis autonómica, empapada de emotividad en las regiones y de intereses electorales por parte de todas las fuerzas políticas. Se había asociado democratización a descentralización, y descentralización a «autonomías a la catalana». El Gobierno de UCD no supo defender ahí su proyecto para una política global, que velaba por la viabilidad presente y futura del Estado de las autonomías como esencia de la nueva España democrática, que es lo que a fin de cuentas estaban construyendo. Su propuesta se malinterpretó como un cercenamiento de los poderes autonómicos.

Por último, la crisis política que rodeó los últimos años de vida de la Transición, donde el PSOE, aunque había apoyado el pacto por la racionalización en 1979 y volvería a hacerlo de manera efectiva tras el 23F (Rodríguez-Flores, 2021), realizó sin embargo una política de desgaste al Gobierno, reconduciendo el malestar autonómico en provecho propio. Tibiamente en el caso gallego y con claridad en el caso andaluz, el PSOE no apoyó la política autonómica del Gobierno. La moción de censura y el acoso y derribo hacia la presidencia de Suárez hicieron que UCD, en septiembre de 1980, terminase buscando apoyos en la Minoría Catalana, aunque ello les exigiera ceder una vez más en materia autonómica.

Pérez-Llorca quiso retirarse de nuevo, al ver fracasados todos sus esfuerzos y al prever lo que ello implicaba en el desarrollo político de España, como revelan los últimos párrafos de su informe. Estaban en una divisoria de aguas y la corriente terminó por arrastrarlos hacia donde temía el ministro.

La pervivencia de sus propuestas en el seno de los Gobiernos de UCD queda evidenciada en otro documento: el 15 de abril de 1981 Pérez-Llorca rescataba este informe para enviárselo a Leopoldo Calvo Sotelo, sucesor de Suárez.

El nuevo ministro de Exteriores no dejó de atender la cuestión autonómica cuando se lo requirieron. Puede decirse que el deseo de hacer funcionar correctamente el Estado autonómico fue el gran proyecto político de Pérez-Llorca.

La política autonómica que impulsó el Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo, con Martín Villa al frente del Ministerio de Administración territorial, entre 1981 y 1982, culminó con el pacto territorial con el PSOE y la polémica de la LOAPA (Pérez López y Pelaz López, 2020). Esta política heredó en gran medida las propuestas racionalizadoras que describe Pérez-Llorca y que desde el primer momento se habían puesto sobre la mesa en UCD, pero que no se apoyaron lo suficiente. Intereses y problemas coyunturales, políticos, e incluso personales, lo habían impedido. Mientras, el tiempo fue corriendo, los partidos nacionalistas se fortalecieron y triunfó una visión autonomista donde los entes regionales se posicionaban contra el Gobierno en Madrid. La falta de claridad jurídica en el reparto competencial o en los límites autonómicos, que no buscaban ser «recortes», sino medidas que preservaran el conjunto del Estado y la posibilidad de gobernación, ha terminado por erosionar la vida nacional, tal y como Pérez-Llorca apuntaba en estas páginas y en muchas otras que dejó escritas (2003: 195-220; 1998b: 36; 1998a: 129).

Muchos de los aspectos «apócrifos» que Pérez-Llorca se obsesionó por clarificar siguen abiertos. Y como «de aquellos polvos nos vienen estos lodos» —como le gustaba citar a él décadas más tarde (Pérez-Llorca, 2015: 62)—, el análisis de los hechos que rodearon al proceso autonómico, y la comprensión del proceso histórico que nos separa y que hemos heredado, nos ofrece claves para repensar un consenso que se buscó, se malogró, y es preciso recuperar para logar la convivencia. Confiamos en que la lectura de este informe ayude a ello.

La dimensión y hondura de la crisis que el proceso autonómico está significando para los grandes partidos políticos nacionales, para el Estado y aun para la propia identidad nacional reclama una reflexión profunda que sitúe el tema en sus coordenadas históricas, aísle sus caracteres más significativos —alguno de ellos prácticamente inéditos desde dicha perspectiva histórica— y, desde esa reflexión, sugiera algunas líneas de respuestas políticas.

Las notas que aquí se recogen, sin pretender un propósito tan ambicioso —y necesario— como el enunciado, responden a la preocupación de aproximar tales respuestas.

En el panorama, pobre de suyo, del pensamiento político español, no se puede reconocer un pensamiento «autonomista» propiamente digno de tal nombre. Los esfuerzos actuales por buscar ciertas cartas de linaje ideológico para las tentativas autonomistas se ven en la precisión de forzar artificialmente, desnaturalizándolos, autores y obras básicamente adscribibles al medievalismo romántico, al prerregeneracionismo, a la mera falsificación arbitrista o al nacionalismo propiamente dicho.

Desde la crisis del Antiguo Régimen, se percibe la coexistencia de una serie de corrientes de pensamiento en tomo a la organización territorial del Estado que, muy convencionalmente podríamos agrupar así:

Los condicionamientos políticos en los que se acometió la elaboración del texto constitucional determinaron que el acuerdo alcanzado en torno al título VIII fuera un verdadero consenso apócrifo; es decir, asentado sobre la reserva mental y sobre la falta de voluntad de explicitar y profundizar en las consecuencias de las previsiones constitucionales.

Se pueden sistematizar así las posiciones de las fuerzas políticas concurrentes en la elaboración del texto constitucional:

Los defectos manifiestos del título VIII fueron prontamente advertidos. Imperativos coyunturales impidieron su corrección en la Comisión Mixta como en algún momento se pretendió.

El resultado del referéndum andaluz ha tenido la virtud de poner estrepitosamente de manifiesto el proceso descrito en los apartados anteriores, en una región carente de cualquier tradición regionalista y cuya burguesía no había manifestado históricamente ninguna veleidad de esta naturaleza. Intentar atribuir la dimensión de los resultados a los errores indudables del Gobierno o del partido mayoritario sería una forma de trivializar su significación. Lo cierto es —más allá de ese dato circunstancial— que toda la izquierda andaluza y gran parte de la derecha, aun la implicada en responsabilidades parlamentarias, han hecho suya de forma sumisa e irreflexiva la pauta de comportamiento de los nacionalismos disgregadores. Otra vez se ha presentado la autonomía como una reivindicación frente a un poder abstracto, como algo que hay que arrancar de Madrid y arrancarlo deprisa, considerando exclusivamente los problemas e intereses —reales, ficticios o manipulados— de la propia región. Se ha sacralizado la unidad de la región, desacralizando, al mismo tiempo, la unidad de España.

De manera más explícita que en el caso gallego, el proceso andaluz ha significado una contestación abierta de las reglas constitucionales. No de otra manera se puede calificar la terquedad con que algunos políticos andaluces pretenden mantener viva la tramitación por el camino del art. 151, e imputar a la Ley de Modalidades del Referéndum condiciones y requisitos que están claramente implícitos en la propia Constitución.

El avance hacia la ruptura que significó el proceso del Estatuto gallego se ha reproducido y agravado en el caso andaluz, circunstancia subrayada por la conducta ciudadana en el día del referéndum (violencia, coacciones, declaraciones de los líderes tras el recuento, etc.).

Desde una y otra perspectiva ideológica, el resultado de las elecciones vascas ha sido unánimemente glosado como el triunfo de los nacionalismos frente a las formaciones políticas descalificadoramente tildadas de estatalistas o estatales. Se confirma con ello que el esquema autonómico puesto en marcha no significa, como pudiera creerse, el triunfo y la consiguiente extinción política de los partidos nacionalistas, sino la apertura de una cantera de la que van a intentar seguir extrayéndose materiales en la mayor cantidad posible, se socave lo que se socave.

La resultante básica de este primer año de política autonómica se salda, pues, con un triunfo casi absoluto del modelo ideológico del nacionalismo disgregador. Este triunfo se presenta claro, respecto de dicho modelo, en Cataluña; agravado en el caso vasco por la legitimación implícita que supone del hecho terrorista; e ideológicamente también enturbiado en casos como el gallego, el andaluz y algunos de los que están por venir, por unos aditamentos tercermundistas, propios de las luchas de liberación anticolonial, que aún subrayan los perfiles más peligrosos e insolidarios del proceso.

La izquierda estatalista —y singularmente el PSOE— intenta hacer frente al proceso enmascarando su evidente fuite en avant, con el retorno a sus orígenes radicales y, por tanto, mitológicamente federalistas o cantonalistas. En segundo lugar, como consecuencia de lo expuesto, sigue sin presentarse alternativa global alguna al modelo autonomista basado en el esquema liberal no moderantista defendido por UCD e insuficientemente explicado por esta.

En tercer lugar, izquierda y derecha han advertido cómo el autonomismo, aun asumido desde esa óptica nacionalista radical, está resultando, al menos en estas consultas parciales, un estupendo catalizador de votos. Así crecen a derecha y a izquierda los intentos de capitalizar esta posición. El fenómeno se presenta meridianamente claro fuera de los dos grandes partidos y, lógicamente, también va tornando un peligroso arraigo en su seno. Hoy, por ejemplo, serán muchos los diputados centristas que estiman que su futuro político personal pasa por la creación de partidos nacionalistas, sea en Galicia, Canarias, Extremadura, Valencia, Baleares, Aragón… Esta consideración oportunista se disfraza con una lectura de la realidad española, según la cual el cleavage principal sería la salvaguarda del modelo de sociedad occidental; y para evitar el triunfo de la izquierda sería necesario tomar la dirección del nacionalismo, gobernando desde una gran confederación de partidos nacionalistas, parcialmente articulados organizativamente en el caso de los nacionalismos de UCD.

El 8 de abril nos encontraremos ante una verdadera divisoria de aguas. Para esa fecha el Gobierno y el partido deberán decidir si intentan imponer y, en ese caso, con qué medios, estrategia y aliados, el modelo autonómico liberal; si asumen la dirección de la moda nacionalista; si adoptan una posición de inhibición o de actuación puntual, caso por caso, o, finalmente, si pretenden hacer todo al mismo tiempo. Las experiencias gallega y andaluza, y lo que se va conociendo de las valenciana, canaria, aragonesa y balear, parecen indicar que la actual UCD (y nada hace pensar que el 8 de abril no sea la misma) no tiene capacidad política por sí sola, ni en la sola compañía de Alianza Popular, para determinar o reconducir este proceso.

Las alternativas reales son, pues, tres:

La gran decisión consiste en resolver cuál de las dos cuestiones que parecen superponerse en este momento de la política española —el modelo de sociedad y la organización del Estado— debe ser objeto de una consideración prioritaria.

A mi juicio, en una situación económica como la que atravesamos y dados los condicionamientos internacionales que nos circunscriben, el modelo de sociedad no está realmente en peligro, por lo que no parece necesario recurrir a la potenciación de los nacionalismos para preservarlo. Si traspasamos la anécdota de los radicalismos verbales, habremos de reconocer que no se da en este momento por parte de las grandes fuerzas de la izquierda una contestación global y revolucionaria del modelo de sociedad como la había en 1936.

De otro lado, y aun cuando no se coincida en el diagnostico anterior y se crea que el modelo de sociedad libre está efectivamente en peligro, habrá de convenirse que tal peligro no provendría tanto de unas elecciones generales ganadas por la izquierda o de una toma de poder por el partido socialista, y sí podría en cambio aproximarse mucho más dicho peligro por la creación de compartimentos estanco de poder en los que parcelas importantes de fuerza o de decisión podrían más fácilmente caer en manos de quienes sostienen una visión radical o revolucionaria de la sociedad. Esta afirmación no es una mera especulación teórica: en las actuales circunstancias y con el actual sistema electoral no es concebible la presencia de una minoría revolucionaria significativa. Esta presencia, en cambio, es ya hoy una realidad en el Parlamento vasco y lo sería con toda seguridad en los parlamentos andaluz, canario e incluso gallego.

Por tanto, una miope unión sagrada de los nacionalismos, en defensa básicamente de unos intereses —lo que podríamos llamar la política del «bloque burgués»—, sería precisamente la que significaría un mayor peligro para el modelo de sociedad.

Por el contrario, el modelo de Estado sí se presenta en una situación de peligro nada teórico. En este momento hay un absoluto predominio en el plano ideológico de lo que en este documento denominamos «nacionalismo disgregador». La generalización de autonomías «a la catalana» es inviable e incompatible con las exigencias mínimas de racionalidad propias de un Estado moderno; determinaría una fragmentación atomizada del poder político; haría inviable el funcionamiento de la Administración y los servicios públicos, y propiciaría una consideración y tratamientos separados de los problemas de los distintos territorios, imposible de reconducir a su contemplación global. Semejante dialéctica determinaría un crecimiento incesante de la fuerza electoral de los nacionalismos y una radicalización paulatina de sus objetivos. Innecesario es concluir que semejante camino no permite asegurar la perduración del sistema democrático en nuestro país.

Desde un punto de vista de partido, el proceso conduciría, en primer término, a la formación de partidos nacionalistas de centro en todas las regiones (la generalización del modelo del PNV) de muy difícil ensamblaje entre sí. Y correlativamente la deserción y radicalización hacia la derecha de un segmento importante de nuestro electorado. Por ambas vías, el espacio político de UCD tendería inexorablemente a disminuir hasta ponerse en trance de supervivencia.

Ante tal situación se impone una exploración exhaustiva y a fondo de las posibilidades de un gran acuerdo formal con el Partido Socialista sobre la estructural final del Estado. La prioridad parece absoluta, es decir, no susceptible de relativización. No se puede hablar de precios caros o baratos cuando los bienes que se pretenden adquirir a costa de ese precio, son, sencillamente, la conservación de la unidad del país y de su identidad nacional unitaria, el mantenimiento del sistema democrático y, secundariamente, la supervivencia de UCD como partido. Este acuerdo requeriría probablemente volver a sacar del gueto al Partido Comunista y constituiría la gran prueba de fuego sobre los objetivos reales de este partido. Sin tal acuerdo, el campo de nuestras posibilidades se restringe a las otras dos opciones apuntadas, manifiestamente insatisfactorias. Obtenido el acuerdo, la manera de llevarlo a cabo sería relativamente simple: bien mediante una reforma constitucional que no fuera seguida de referéndum, bien mediante un desarrollo legislativo razonable y acordado del título VIII, o bien mediante una conducción pactada del resto del proceso autonómico.

La eficacia jurídica y política de estos tres procedimientos va disminuyendo desde el primero hasta el tercero. El coste político del primero sería evidentemente mayor. Y el de los otros dos, parangonables entre sí.

El 8 de abril vence un plazo importante. El 12 de abril comienza la tramitación del Estatuto asturiano, que puede convertirse en otro importante test en esta materia. El espacio político real para solucionar esta cuestión es, pues, el que media entre el 21 de marzo y el 7 de abril: 18 días que pueden ser tan importantes para la historia de España, como los que tardó Fernando VII desde que regresó al país hasta que abolió la Constitución de 1812.