En este trabajo se trata de ahondar en la comprensión de las dificultades que el Tribunal Constitucional (TC) viene arrastrando en su empeño reconocible por asumir un cierto papel como juez europeo. Carga el TC con un lastre doctrinal que no le permite alzar la mirada para entender que la situación a 2026 no es ya la que tenía ante sí en su primer decenio de jurisprudencia. El contraste con la praxis dialógica de otros tribunales constitucionales podría animar al TC a retomar el diálogo pendiente, desde su frustrado ensayo
This paper seeks to deepen our understanding of the difficulties the Constitutional Court has been grappling with in its commendable endeavour to assume a certain role as a European judge. The Court is weighed down by a doctrinal burden that prevents it from taking a broader view to recognise that the situation in 2026 is no longer the same as that which it faced in its first decade of jurisprudence. A comparative examination of the dialogical practice of other Constitutional Courts might encourage the Constitutional Court to resume the pending dialogue, following its frustrated Melloni attempt, on which the plenary has been divided in the recent LOA saga. The Constitutional Court could restore its institutional normality and jurisdictional functionality if it were to better align the constitutional foundations of its topical European law.
La centralidad funcional de la cuestión prejudicial como mecanismo canalizador de la continua tarea de aplicación de un derecho común, de vasto alcance y variado efecto en el espacio ius europeo, se ha visto confirmada con el paso del tiempo a medida que a los órganos judiciales ordinarios, de la base a la cima, se han venido a sumar también las jurisdicciones constitucionales.
La incertidumbre que ha acompañado siempre a este procedimiento sustitutivo, que no sucedáneo, de procedimientos de casación unificados en un solo tribunal supremo o conforme a otras modalidades, y de controles de constitucionalidad, en su caso, ante tribunales constitucionales, se ha tratado de superar al hilo de una sucesiva clarificación interpretativa por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Quiere ello decir que, sin perjuicio de su diferenciado curso, en los ordenamientos constitucionales de los Estados miembros se aprecia una tendencia a la pacificación de un estado de controversia, siempre latente; que, sobre su singularizada emergencia en coyunturas de porte iliberal, responde a la estructural divisoria orgánica en un marco de confluencia interpretativa. Tanto más complejo cuanto que esos estándares de referencia y los confluentes parámetros de control entran en concurso con estándares decantados en la jurisdicción convencional de tutela de la que la Unión Europea sigue formalmente desvinculada
En el curso de ese proceso de confluencia paramétrica se ha impuesto considerar a los tribunales supremos y constitucionales como «órganos judiciales»,
Que ya no se haga cuestión de esa condición de los tribunales constitucionales no permite presumir su regularidad ni la ortodoxia de una diferenciada praxis (no solo) prejudicial expuesta, si no a contratiempos de nervadura iliberal (Tribunal Constitucional de Polonia, TCPo) a inflamaciones conceptuales, si no conceptistas (Tribunal Constitucional Federal de Alemania, TCFA). De otra parte, se advierte una diferenciada praxis dialógica con el TJUE, de la que bien pueden ser exponente los casos del Tribunal Constitucional de Bélgica e Italia.
Expresiva muestra de elusiva conducta o marcha a contrasentido, se han de considerar los casos del TCFA y del TCPo.
El TCFA se ha mostrado reticente a la asunción regular de una directa vía de diálogo con el TJUE. Limitándose la Sala 2.ª a plantear dos cuestiones prejudiciales sucesivas, en 2014 y 2017, a propósito de la controversia abierta en relación con el sentido y alcance de
Esa contención prejudicial no se ha visto
El TCPo representa, como ningún otro ha representado, la resistencia soberanista al TJUE de una suprema jurisdicción de constitucionalidad, dejando atrás su tímida praxis de interrelación prejudicial con el TJUE
Pues bien, si en un caso, a pesar de la manifiesta inobservancia de la autoridad de la decisión prejudicial del TJUE, en el asunto
En abierto contraste con esos casos, está la praxis dialógica de otros tribunales constitucionales
El Tribunal Constitucional belga, TCB (Cour constitutionnelle / Grondwettelijk Hof / Verfassungsgerichtshof), es interlocutor recurrente del TJUE en vía prejudicial. En línea con sus precedentes, como tribunal de arbitraje, a la altura del primer cuatrimestre de 2026, el TCB se ha dirigido ya al TJUE en cincuenta y dos ocasiones. Y su interlocución no queda solo en eso, sino que son muchos los casos en que el planteamiento de cuestión prejudicial no se concreta por su comprensiva integración paramétrica del control de la ley y su acreditado manejo de los criterios actualizados de la jurisprudencia del TJUE
Sin esa recurrencia, en los últimos años la Corte Costituzionale italiana (CCIt) ha devenido también en normalizado interlocutor del TJUE. Al hilo de una sucesión de hitos, desde su tradicional dualismo a la configuración de su tesis de los
Pues bien, en lo que sigue, tras una comprensiva síntesis de su tópica ius europea (II), se hará un repaso crítico de la praxis prejudicial del TC, tanto por activa (III) como por pasiva (IV), antes de apuntar a la vía doctrinal para superar la auto infligida irrelevancia institucional que resulta de una inconsecuente conjunción de contención dialógica e inseguro seguidismo aplicativo de jurisprudencia sentada por el TJUE, con otros actores (constitucionales) presentes en el escenario del diálogo prejudicial (V).
El TC desde un principio, desde sus primeros pronunciamientos al hilo del proceso de integración de España en las CC. EE., ha manejado una tópica caracterización expresiva de un entendimiento en su día generalizado entre los Estados miembros. Se hablase de la divisoria competencial entre derecho comunitario o nacional o de la divisoria orgánica y funcional o de una divisoria paramétrica, conforme a la cual, el TJUE y los tribunales constitucionales se habían de ocupar, el uno, de la declaración de invalidez del derecho comunitario europeo, y los otros, de la inconstitucionalidad del derecho nacional, siempre a la luz de su respectivo parámetro de interpretación y control.
Siendo la ordinaria tarea de aplicación del entramado normativo resultante del proceso de integración algo propio de la jurisdicción ordinaria conforme a criterios de interrelación sentados en la jurisprudencia del TJUE, en su caso, mediante la cuestión prejudicial planteada al efecto de asegurar la correcta aplicación del derecho común. El TC, como sus correspondientes, se consideraba una jurisdicción ajena a esa ordinaria tarea aplicativa, responsable de una restricta jurisdicción de constitucionalidad, de modo que solo en hipótesis extremas, por improbables, se veía llamado a la salvaguarda de los contenidos basilares del orden constitucional.
Y así se habría puesto ello de manifiesto, mediante una medida interpretación del fundamento constitucional de la integración que,
El TC ha tenido ya dos ocasiones para tratar de perfilar su interpretación, de lo procesal a lo sustantivo, respecto del encaje constitucional de las exigencias del proceso de integración europea.
En una primera oportunidad, mediante DTC 1/1992 dictada a propósito de previsiones del Tratado de Maastricht relativas a la atribución convencional de un derecho de participación de no nacionales, ciudadanos de la Unión. El reconocimiento allí de su derecho de sufragio pasivo, en elecciones locales, pareció al TC inconsistente con el art. 93 CE, una cláusula de carácter meramente orgánico-procedimental. La contención de su incidencia en el ámbito propio de soberanía nacional le llevaría, no obstante, a la exigencia de una concreta revisión del tenor (entonces) excluyente del art. 13.2, CE, resuelta mediante adición de la locución «y pasivo», previa enfatización de la distancia mediante entre la cláusula atributiva del ejercicio de competencias,
En la segunda oportunidad, con ocasión de la apertura a la ratificación del llamado TCUE, el TC volvió a pronunciarse, en vía previa, acerca del encaje constitucional de una reforma de alcance —en curso entonces de ratificación— luego frustrada por la negativa de algunos Estados miembros.
Se trataba allí de enjuiciar la suficiencia del art. 93 CE, como fundamento constitucional de avances tan significativos como el expreso reconocimiento en el Tratado (parte I, art. 6) del principio de primacía del DUE y de la operativa efectividad de cláusulas de estandarización de una Carta de DDFF de la UE que, sobre su inicial carácter declarativo, aparecía ya articulada en la parte II de aquel no nato TCUE.
Pues bien, siendo consciente el plenario del significativo alcance de tales cláusulas (como,
Sin duda, la formulación de esa hipótesis de salvaguardia constitucional ha sido adoptada por el TC pensando en similares planteamientos, esbozados y desarrollados por algunos referentes, como la CCIt o el TCFA. Pero lo cierto es que —aunque el TC no pareciera haber sido del todo consciente de ello— ya para entonces, a finales de 2004, el TCFA hacía doce años que contaba con el soporte constitucional de su explícita cláusula Europa, una especie de petrificada réplica normativa de su previa tópica jurisprudencial. Y, en esa misma hora, la CCIt andaba también inmersa en un proceso de evolutiva matización de su tesis acerca de los
Y no solo esto, sino que a la apuntada inadvertencia se vino a sumar una especie de inconsistente lectura relacional del art. 93 CE. Una previsión a la que, sin decir lo que se impone que diga, se le acabaría haciendo decir lo que tendría que haber dicho, antes que solo aquello que puede decir, salvo que se pretendiera asumir su (disparatado) desdoble en dos reglas divergentes. Atinente, la una, al curso del proceso de integración europea (que es lo que, como es notorio, a la vista de otras previsiones constitucionales, de Bélgica o de Alemania, tomadas entonces como referentes, parecía haberle hecho querer decir el constituyente responsable de su inserción en 1978, en la Constitución). Y expresiva, la otra, de adicionales manifestaciones convencionales de desempeño del ejercicio de competencias derivadas de la Constitución (cual viene siendo el caso, desde la autorización para su ratificación, mediante la LO 6/2000, en relación con la llamada Corte Penal Internacional, un supuesto del todo ajeno, como otros futuribles que pudieran llegar a plantearse, al proceso de integración europea)
En la DTC 1/2004, para alcanzar a afirmar la suficiencia del art. 93 CE, la mayoría plenaria hubo de sostener que la cláusula de primacía,
Al hilo de la incidencia del derecho europeo en el orden constitucional español, el TC ha manejado de modo recurrente sus tópicos (divisoria ordinamental, separación orgánica y funcional, dualidad paramétrica, etc.) en los diversos cauces procesales al pronunciarse sobre el sentido y alcance de normas y actos nacionales relativos al derecho común. Mediante palmario rechazo de una instada declaración indirecta de inconstitucionalidad del art. 93 CE por la pretendida vulneración
De la objetiva dificultad de su recurrente invocación de tópicos ius europeos es buena muestra la praxis relativa al control de la ley, mediante cuestiones prejudiciales, y aun en el marco del recurso constitucional de amparo de derechos fundamentales; praxis tanto más incierta si, así como a la específica función de garantía constitucional en el seno del TC, se apunta al desempeño de una complementaria función de valedor (si no de garante) del derecho de la Unión
Del pretendido planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad en conjunción con la cuestión prejudicial, de estar en juego la validez o/e interpretación del derecho de la UE, ha hecho el TC una especie de fortín conceptual, más ocurrente que efectivo, si se mira al objetivo pretendido, que no es otro que la salvaguarda de su función de supremo garante de la Constitución, mediante la alternativa de o no tener que intervenir o, en otro caso, de decir la última palabra. Pero, ni ese supuesto ardid procesal (basado en una lectura posible de la locución normativa «ley aplicable al caso») contribuye con certeza al refuerzo de su debilitada posición institucional, ni su pretendida reserva de intervención de cierre, tras la resolución del TJUE que viniese a responder a la cuestión prejudicial dejando expedita la vía de la cuestión de inconstitucionalidad, haría posible que el TC pudiera pronunciarse en otro sentido, si de la declaración prejudicial resultase una indirecta puesta en cuestión de la ley nacional (algo no tan infrecuente, por más que la cuestión prejudicial haya de limitar su objeto al enjuiciamiento de la disposición ius europea). Es más, si el TC acordara modificar ese enfoque procesalista que, desde su tardío hallazgo, en 2016, viene invocando, bien podría interpretar la ley conforme a un estándar constitucional en consonancia, no a contramano de su encaje ius europeo, contribuyendo así a perfilar, en diálogo directo con el TJUE, unos estándares comunes consonantes con parámetros de constitucionalidad.
La reasunción de centralidad decisoria demanda del TC una responsabilidad ius europea. Y no tanto ese activismo supervisor en el que, ocasionalmente, sin negar los tópicos en los que sustenta su elusiva conducta, ha podido llegar a incurrir. Se trata de reactivar una función jurisdiccional conceptualmente expuesta a una deriva de pasividad impropia del supremo garante de la Constitución. Si hubiese ello de formularse a la manera de una divisa o eslogan, bien podría decirse que
En cuanto al recurso de amparo, sobre su condición de proceso constitucional de última palabra en materia de garantía de ciertos (constitucionalmente predeterminados) derechos fundamentales, bien puede decirse que ni es lo que parece, ni parece que pueda ser otra cosa, como no sea mediante un giro en su praxis por parte del TC.
No es lo que parece, puesto que la última palabra del TC puede ser puesta en cuestión, en el ámbito del CEDH, mediante pronunciamientos por los que el TEDH decida, como ocasionalmente ocurre, venir a cuestionar sus fallos, por razones de fondo o por cuestiones de carácter procesal. Y no lo es, tampoco, en el marco del derecho de la Unión. Pues, en ocasiones (relativas al DUE o a cláusulas del CEDH), la sedicente última palabra no es otra cosa que la operación hermenéutica de mediata integración de estándares constitucionales de conformidad con exigencias ius europeas, mediante el art. 10.2 CE, cuando no deviene en extensiva proyección u oposición de garantías ius fundamentales ante decisiones judiciales (pretendidamente) consonantes con el estado jurisprudencial de la cuestión
Pues bien, al efecto de apreciar el alcance del compromiso que pareciera tener el TC en su empeño por conciliar la observancia de su genérica responsabilidad ius europea y de su específica y suprema jurisdicción de garantías constitucionales, quizás lo más indicado sea entrar a valorar su actividad comunicativa con el TJUE. Por activa, tratando de desentrañar lo que ya ha hecho, para mejor entender el sentido de su frustrado conato dialógico mediante el planteamiento de su primera (y, hasta el momento, única) cuestión prejudicial (III). Y, por pasiva, tratando de comprender lo que dice que puede o no hacer —al poner de manifiesto la base de su negativa plenaria a plantear cuestión prejudicial contra la sonora demanda de una amplia minoría de cuatro jueces (refleja, por extenso, en sus votos particulares)—, mediante una peculiar pieza preliminar, como guía de su argumentario acerca del encaje constitucional de la ley orgánica de amnistía (LOA), tratando de clarificar su visión institucional acerca de si, cómo y cuándo habría de proceder o no el TC a retomar su pendiente diálogo directo con el TJUE (IV).
La STC 26/2014, de 13 de febrero,
Sobre la enojosa complejidad del caso
Se recordará que con ocasión de la conocida STC 91/2000, de 30 de marzo, se produjo una abierta discrepancia en el Pleno del TC, manifiesta en votos particulares de una minoría crítica con la configuración de un denominado
Y así, tras algún otro episodio previo, con expresa manifestación de discrepancia mediante votos particulares opuestos a la decisión mayoritaria de proyectar el canon ya referido a los supuestos de entrega, conforme al régimen común de la euroorden
El asunto presentaba una doble faz. De una parte, se trataba de determinar los estándares encarnados en garantías ius fundamentales de la Carta, sustanciales al efecto de ordenar y salvaguardar el debido proceso mediante interpretación de la cláusula de tutela judicial efectiva, sin indefensión, y del derecho defensa,
La inquietud por dotar de certeza ius fundamental a las garantías reconocidas en los arts. 47 y 48 de la Carta tenía el sentido de poner sobre la escena dialógica la singularidad de la ocasión en que a la modificación del régimen de la euroorden en lo que a su condicionamiento ius fundamental se refiere (art. 4 bis) se habría venido a sumar la mudanza del valor paramétrico de una Carta de reciente —entonces— entrada en vigor, a finales de 2009, con el mismo valor normativo que los Tratados (art. 6.1, TUE). Y así, por la mudanza del estatuto jurídico de la Carta, al plenario se le habría hecho patente la oportunidad de intentar hacer valer ante el TJUE su previa interpretación del —vigente— art. 53 de la Carta.
Ante ese cúmulo de circunstancias, le tocó padecer al buen sentido presente en el voto particular discrepante del malogrado magistrado Pérez Tremps que, contra el oportunismo mayoritario, sostuvo la impertinencia del caso para inaugurar una línea directa de comunicación con el TJUE. No porque estuviese en contra de una directa interlocución que había defendido en un anterior supuesto, sino por considerar que en el caso
Por su parte, el TJUE, sin los matices presentes en las conclusiones del AG
Se habrían conjugado así dos aproximaciones hermenéuticas expresivas de la singular relevancia del
Ante el simplismo de la llamada a la ortodoxia en dos de los votos particulares (sorprendentemente ajenos a la problemática de la densidad del estándar configurado por la Gran Sala) y al margen de la irónica y atinada llamada a sujeción convencional del TJUE (en el tercero de los votos particulares), la mayoría plenaria mostraría su descontento con el fallo prejudicial del TJUE mediante una peculiar llamada de atención por la oportunidad malbaratada
En su muy controvertida STC 137/2025, parcialmente estimatoria de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la ley orgánica de amnistía para Cataluña, LOA, el plenario del TC se ha escindido de manera altisonante, con votos particulares de puntillosa elocuencia a propósito de la cuestión de fondo relativa a la interpretación sobre la constitucionalidad de la ley y sobre el pretendido planteamiento de cuestión prejudicial, previo descarte de la suspensión rogada por los discrepantes
En síntesis, se trata de sustentar y justificar una trayectoria elusiva de directo diálogo prejudicial con el TJUE que, más allá del episodio
Así, tratando de contener y acotar el espacio abierto al planteamiento de cuestión prejudicial al hilo del desempeño de su jurisdicción constitucional, apunta la mayoría del TC a las «circunstancias peculiares» concurrentes en el caso
Si bien se mira, el pasaje citado de la STC 137/2025 (1.2.2.a) altera el orden de las dos frases que extracta. Pues, en 2025, la referencia al referido artículo de la decisión marco (cf. ATC 86/2011, FJ 5) se antepone a su voluntad de dotar a la garantía constitucional,
Ahora bien, es obvio que las
Confusión acaso agravada por su respuesta a una decepcionante estandarización de la Carta que no se anima a integrar de conformidad con la sola respuesta prejudicial del TJUE. Viéndose en la tesitura de asumir de salida lo que ya se tuvo a mano antes de entrar en tan frustrado intercambio con el TJUE, por no ahondar en la denuncia de una deficiente integración paramétrica. ¿Cómo podría haber procedido, entonces, el TC?
Sin duda, puede entenderse que teniendo como tenía el TC intención de desistir de su previo estándar constitucional, no se lanzara a la compleja tarea de formular la relación de la controvertida garantía ius fundamental en supuestos de condena en ausencia con la cláusula de identidad constitucional —en manifiesto contraste con lo sostenido luego, mediane comunicado unilateral, por la Sala 2.ª del TCFA, mediante sentencia de 15 de diciembre de 2015,
Extraña, en efecto, la articulación de una respuesta tan simple como la recibida del TJUE, pues no se distingue entre la faceta general de principio, expresiva de la futura vertebración normativa entre el derecho de la Unión y el derecho nacional, en supuestos de predeterminación ius europea, y la casuística articulación de un estándar al interpretar garantías ius fundamentales de la Carta, a la luz de directrices y presupuestos de funcionamiento de la euroorden, mediante un ejercicio ponderativo técnicamente intercambiable con un mero ajuste de subsunción y sustancialmente cuestionable.
Pues una cosa es que la primacía de la norma común haya de primar en casos de colisión, como exigencia inexcusable para todos, incluidos tribunales constitucionales, y otra cosa, bien distinta, es que esa exigencia se imponga sistemáticamente, sin parar atención alguna en el estándar sentado. Pues, de no observarse un determinado nivel de exigencia ius fundamental ello resultaría criticable. Otra cosa es que esa posible crítica fuese unilateral, por ser ello incompatible con la común aplicación de una normativa común. Que la crítica conduzca a configurar parámetros comunitarios consistentes, es una exigencia no ya de uno u otro TC, sino del orden constitucional que sustenta a la propia UE y que bien puede configurarse por el TJUE; en su caso, rectificando, al hilo del diálogo prejudicial con uno u otro Tribunal constitucional (u ordinario).
Siendo todo eso evidente, el punto de confusión mutua del TJUE y del propio TC puede haber estado en la proyección de estándares a la contrapuesta lectura del art. 53 de la Carta. Pues, así como no es posible pretender la aplicación de un estándar unilateral, pretendida o realmente más elevado, en supuestos de inexistente discrecionalidad estatal (como bien impone
Entre tanto, si se mira a sus consideraciones generales, ni parece claro que el TC llegara a captar la complejidad de aquel asunto, ni se advierte una particular disposición a reemprender la cooperativa vía del diálogo directo con el TJUE.
Si lo anterior se presume, cuando de controles de constitucionalidad de la ley se trata, las
Se parte de la exigencia de aplicabilidad de la norma al caso para sustentar la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad, con base en el art. 163 CE y 35.1 LOTC; y, en resumida síntesis de doctrina previa, se recuerda que en casos de confluente duda de aplicabilidad por disconformidad con el DUE y con la Constitución «ha de entenderse que la prioridad en el planteamiento debe corresponder, por principio, a la cuestión prejudicial del art. 267 TFUE; la incompatibilidad de la ley nacional con el derecho de la Unión Europea sería causa de su inaplicabilidad y, por tanto, faltaría una de las condiciones exigidas para la admisibilidad de la cuestión de inconstitucionalidad (…) [únicamente] admisible si se ha descartado la posibilidad de que la ley cuestionada sea incompatible con el Derecho de la Unión y, en consecuencia, inaplicable» (ATC 30/2024, FJ 3). Y se insiste en la diversa posición y diferente tarea del juez ordinario y del TC que, por su restricta jurisdicción, se limita a «evaluar la validez constitucional de la norma cuestionada, que el órgano judicial
Al constreñimiento formal de su función constitucional descontextualizada, el aserto suma la desatención, por imprevisión, de supuestos específicos que se le escapan. Pues, ¿qué se opone al tratamiento en vía de control incidental de cuestiones de derecho europeo que pasaran inadvertidas en el proceso judicial
En cuanto a la imprevisión de supuestos específicos, bastará con una llamada de atención acerca del recurso de amparo admitido a trámite por especial trascendencia constitucional porque la vulneración aducida fuese la consecuencia de la aplicación ineludible de norma con rango de ley. Si en tales casos, se llegase a considerar la potencial inconstitucionalidad de la norma en cuestión, ¿cómo se habría de proceder?, ¿dictando un fallo devolutivo para que el órgano judicial cuya resolución se hubiese cuestionado en amparo entrase a valorar su posible inaplicación como consecuencia de su presunta incompatibilidad con el DUE? o, acaso, ¿procediendo la Sala de amparo a dejarlo en suspenso,
Quiere ello decir que, al margen de alguna otra hipótesis, el esquematismo doctrinal que reflejan esas
De la tajante divisoria entre los juicios de validez y aplicabilidad deja el TC una buena muestra, en sus consideraciones generales, al reiterar que, en el marco de un recurso de inconstitucionalidad, el examen de la ley «no conlleva, por concepto, ningún juicio de aplicabilidad previo, de suerte que la ley impugnada se somete, en exclusiva, a contraste abstracto con las exigencias que dimanan de la Constitución y del bloque de la constitucionalidad (por todas, STC 40/2025, de 11 de febrero, FJ 3. a)»
La deriva auto aplicativa del DUE por el TC, lejos de limitarse a determinar el alcance de derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos de conformidad con la Carta, como cosa interpretada en la jurisprudencia del TJUE, en unos u otros recursos de amparo
Ahora bien, más allá de los casos en que, al desempeñar su restricta jurisdicción de la constitucionalidad, pueda invocarse y tomarse en consideración, como cosa interpretada, el DUE puede resultar de aplicación. Que el TC sostenga, como sostiene la mayoría, que el DUE no es de aplicación, en el RI fallado mediante STC 137/2025 es solo una afirmación expuesta a contradicción. Pues, sin perjuicio de la divisoria de partida, en su concurrente dimensión orgánica, funcional y paramétrica, que el DUE sea o no aplicable, no estando clarificada ya su interpretación, es cosa que depende de una valoración hermenéutica y que, sin perjuicio de la respectiva jurisdicción, conforme al estado ius europeo de la cuestión (prejudicial), en último término compete dilucidar al TJUE, tanto más si se aprecia una objetiva controversia al respecto que impida hablar de
En esta ocasión, la discrepancia es manifiesta en el seno del plenario por lo que respecta, en particular, a la potencial incidencia de los estándares relativos al Estado de Derecho,
Sostener, con base en el acervo doctrinario citado, que el asunto se ha mantener al margen del DUE, que no sería de aplicación a un asunto relativo a la integración política de la comunidad nacional, no solo es cosa controvertida en su seno, como acredita la intensa y extensa discrepancia manifiesta en votos particulares, sino que, por incidir en el ámbito reservado a la soberanía estatal, acaso propicie —por no decir, que manifiestamente demanda— una interpretación cruzada de cláusulas basilares, como el art. 2, en relación con el art. 4.2, TUE.
Como cosa interpretada, en sus consideraciones generales se recuerda que, dada la equivalencia de valores que «definen la propia identidad de la Unión Europea (…) [y que] también se encuentran en la Constitución española (…) puede utilizar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (…) [y los] parámetros de interpretación coincidentes entre los preceptos de nuestra Constitución y los arts. 2 y 4 TUE», ya que «la medida de la constitucionalidad de la ley enjuiciada seguiría estando integrada por el precepto constitucional definidor del derecho o libertad, si bien interpretado, en cuanto a los perfiles exactos de su contenido, de conformidad con los tratados o acuerdo internacionales de que se trate (…) incluidos, en su caso, los Tratados de la Unión Europea y la Carta (…) que tiene la misma eficacia jurídica vinculante que los Tratados, en virtud de lo dispuesto en el Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007»
Dicho esto, mirando ya al recurso de inconstitucionalidad de la LOA, la mayoría plenaria opone su inmediato pronunciamiento a la alternativa pretensión de la minoría de o bien acudir al TJUE en vía prejudicial o bien esperar a que el TJUE fallase sobre las cuestiones prejudiciales ya formuladas por órganos judiciales nacionales. Velando las dudas a propósito de esa pendiente interpretación cruzada
Pero, si se considera detenidamente el sentido de ese fragmento de cierre de sus consideraciones generales, a lo que el TC parece estar apuntando es a la conexión de la LOA con la cláusula de identidad nacional (o constitucional-nacional),
Es obvio que el TC pudo justificar su negativa a plantear cuestión prejudicial, pues la callada por respuesta no es alternativa concorde al estado jurisprudencial de la cuestión (prejudicial)
Por ello, antes que considerar como una dejación elusiva de su responsabilidad como supremo juez de la constitucionalidad de la ley nacional, haber planteado cuestión prejudicial, el Pleno del TC habría hecho bien en comunicar al TJUE, aun sin preguntar (porque, escaldado por el fiasco prejudicial
Limitarse a excusar —como se hizo—, la espera de una interpretación prejudicial relativa a la LOA, porque en el marco de un control directo de constitucionalidad no cabría hablar de aplicación del DUE, le lleva a incurrir en una grosera simplificación de lo que sea aplicación del DUE y, además, expone su autoridad a una eventual enmienda y corrección ulterior
Se ha visto que, por su conducta dialógica, en la perspectiva de los últimos doce o quince años (según se parta de la STC 26/2014 o del ATC 86/2011), el desempeño del TC como juez europeo se sigue conduciendo por derroteros a contra sentido de la marcha en otras sedes de la justicia constitucional europea. Y ya se empieza a ver que, tanto en las vías de control de la constitucionalidad de la ley, como en relación con la tutela de derechos fundamentales en amparo, se pone de relieve una preocupante merma de rendimiento institucional en paralelo a una complementaria, por no decir solapada o alternativa, vía de planteamiento de cuestiones prejudiciales. Como muestran ya algunas actuaciones jurisdiccionales ordinarias que, antes que proceder a ejecutar los fallos de amparo, se animan a plantear cuestiones prejudiciales apuntando así, de soslayo, a la inobservancia o desatención del derecho de la Unión por parte del TC.
En esa contra marcha circula la STC 137/2025, en su empeño por obviar la concurrencia de elementos ius europeos, contra la evidencia de previo planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el TJUE, y pese a la duda a propósito de esa especie de cláusula de congruencia estructural en la que pareciera estar deviniendo el art. 2 TUE y de la constitutiva cláusula de identidad nacional,
Pues bien, superar esa deriva deslizante es una exigencia institucional del TC que requiere de esfuerzo si, sobre su sedicente caracterización como valedor del DUE, realmente pretendiera fungir como operativo juez europeo y de lo constitucional. A esta altura de la integración europea, ese complementario objetivo no parece viable si no se supera la recurrente invocación de la cláusula hermenéutica estructural de interpretación conforme de contenidos ius fundamentales constitucionales a la luz de resoluciones y tratados internacionales vinculantes para España,
Para acometer esa tarea pendiente, el TC ha de lidiar con la distinción entre la ocasional funcionalidad consultiva del TEDH que resulta de la entrada en vigor, el 1 de noviembre de 2025, del Instrumento de Ratificación del Protocolo n.º 16 al CEDH y la ordinaria instrumentalidad de la cuestión prejudicial ante el TJUE, para salvaguardar y hacer valer su jurisdicción como andén de salida de estándares constitucionales coadyuvantes a la configuración de parámetros comunes, más allá de su verificación de control de tránsito en una especie de terminal aplicativa de
Cf., por otros, Taruffo (
Concluido un borrador revisado de acuerdo en 2023, las negociaciones técnicas se han prolongado al efecto de superar dificultades para configurar un sistema de práctica sujeción de los actos de la UE al sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). El borrador de acuerdo se halla pendiente de la resolución del Dictamen 1/25, instado por la Comisión, ya a finales de 2025 (ELI: C/2026/275/oj)
Una presunción de equivalencia, sustentada en una actitud del TEDH deferente con el TJUE, sin perjuicio de eventual revisión de su jurisprudencia manifiestamente deficiente, es lo que se conoce como doctrina
Cf., a. e., sentencia TEDH, Gran Sala, de 4 de diciembre de 2015,
Por lo demás, esta compleja circularidad avanza hacia su cierre hermenéutico, a medida que a la referida potencialidad, se suma paulatinamente la activación de una vía mediata de interconexión paramétrica, la de consulta interpretativa, que no cuestión prejudicial en sentido estricto, por la que jurisdicciones (de sólito) supremas de los Estados parte del CEDH (como en el caso de España, cuyo compromiso, de reciente vigencia, solo alcanza a los tribunales supremo y constitucional) pueden solicitar del TEDH aclaraciones de alcance general (Cf., en síntesis,
Al efecto contribuye particularmente la especial trascendencia constitucional que, por defecto, se reconoce en el trámite de admisión de amparo constitucional de derechos fundamentales a los cambios de doctrina en la jurisprudencia de órganos (internacionales) de garantía, como el TEDH (cf. STC 155/2009, FJ 2, letra b,
Cf., en actualizada síntesis, Simonelli (
Cf., a propósito, sentencia del TJUE, Gran Sala, de 24 de marzo de 2026, as. C-767/23,
Cf., así como la citada en nota 7, la sentencia del TJUE, Sala Cuarta, de 4 de septiembre de 2025, as. C-225/22, que ampara que los tribunales inferiores puedan dejar sin efecto resoluciones de órganos judiciales superiores que desatiendan la independencia e imparcialidad que resulta de los arts. 19.1 del
A propósito, en lengua española, cf.
Si se mira a la jurisprudencia ulterior del TCFA y, en particular, de la Sala 2.ª (a propósito de la
Cf, sentencia del TJUE, Gran Sala, de 7 de marzo de 2017, as. C-390/15, RPO, a instancia del TCPo, descartando elemento alguno que pusiera en cuestión la validez de la disposición cuestionada.
El detalle del pormenorizado fallo opuesto mediante la referida sentencia de 7 de octubre de 2021, as. K 3/21, a la sentencia del TJUE, Gran Sala, de 2 de marzo de 2021, as. C-824/18, A.
En efecto, la activación prejudicial de específicas jurisdicciones constitucionales cuenta con una amplia casuística, tanto de jurisdicciones constitucionales de países de la primera hora de la integración (como el caso de Francia; cf. sentencia de 30 de mayo de 2013, as. C-168/13 PPU,
Según Nihoul (
Expresión que asimismo alcanza —como no siempre se recuerda, pero bien subrayan Acconciamessa y Viganò (
En efecto, mediante Ordinanza núm. 103 de 2008, en el marco de una controversia competencial entre la región de Cerdeña y el estado italiano, procedió a formular la CCIt su primera cuestión prejudicial, a fin de aclarar el sentido y alcance de unos arts. del TCE (los actuales arts. 56 y 107 TfUE), tratando de asegurar que el ajuste de medidas fiscales al interno del Estado se sujetara a la común(itaria) normativa (libertades fundamentales y ayudas de Estado), que a todos los Estados miembros obliga por igual (cf. sentencia TJUE, Gran Sala, de 17 de noviembre de 2009, as. C-169/08). Y en esa línea de activación de su papel como juez constitucional en un marco de integración se vería llamado a intervenir al efecto de clarificar, en vía de control incidental, el encaje constitucional de leyes que trajesen causa de disposiciones comunitarias carentes de efecto directo, como en el caso de la normativa nacional relativa a la euroorden (respecto a una rígida transposición nacional de una cláusula de flexible tenor de la Decisión Marco 584/2002, cf. SCC núm. 227/2010, de 21 de junio de 2010).
Recuérdese que a propósito de la incidencia mediata o inmediata de la eficacia de las disposiciones del DUE y, en su caso, de la Carta de DDFF/UE, la jurisprudencia reciente del TJUE ha modulado su doctrina (cf. sentencia TJUE, de 24 de junio de 2019, as. C-573/17,
Cf., a. e., sentencia CCIt núm. 181/2024, de 19 de noviembre de 2024 (relativa a discriminación por razón de género en una convocatoria para cubrir plazas de asistente en la llamada policía penitenciaria).
Cf, a. e., sentencias CCIt núm. 15/2024, de 12 de febrero de 2024; núm. 149/2024, de 25 de julio de 2024; núm. 7/2025, de 6 de febrero de 2025.
De la insuperable dificultad de sostener el planteamiento de la mayoría plenaria, no ya por el desfase de su enfoque comparatista, sino por su deficiente entendimiento de la potencialidad del art. 93 CE, a propósito, tanto de la mal comprensión de lo enjundioso de la modificación del estado previo de la cuestión ius europea (algo de lo que se daba buena cuenta en el Dictamen del Consejo de Estado núm. 2544/2004, de 21 de octubre), como de la desatención de la dificultad estructural e inconsistencia lógica de una pretendida cláusula constitucional de integración relacional que trajera causa y se proyectase en dos fuentes, bien diferentes y de muy diverso alcance, además (cf. mi critica consideración de la falencia argumental de la mayoría del TC, a. e., en López Castillo
Cita extractada de DTC 1/2004, FJ 6, párrafos antepenúltimo y penúltimo.
A propósito, Conde-Pumpido (
Recuérdese el enredo, por no decir rizoma, de jurisprudencia ordinaria, constitucional, europea y ordinaria, en relación con la consecuente aplicación o inaplicación de derecho nacional en supuesto regulado por el derecho de la Unión (cf. STC 37/2019, decretando la vulneración en amparo del derecho a un proceso con todas las garantías, ex art. 24. 2, CE, ordenando la devolución del asunto al efecto de que la Sala 3.ª del TS se dirigiese, mediante cuestión prejudicial, ante el TJUE, al efecto de clarificar un estado de la cuestión que, contra el criterio expreso en la decisión judicial cuestionada en amparo, el TC consideró como no aclarado. La intervención prejudicial del TJUE repuso la situación a su estado previo, confirmando así la apreciación del TS que, en consecuencia, retomó el criterio que el TC había puesto en cuestión (cf. Conde-Pumpido 2024, que trata de justificar el enredo, reafirmando que, en el desempeño exclusivo de su jurisdicción de control de la ley, el TC ha de asegurar siempre que la ley no se deje de aplicar sin previa certeza acerca del estado ius europeo de la cuestión).
Cf., a. e., López Castillo (
En paralelo a la salvaguarda de espacios estatales de discrecionalidad remanente no en tales casos, sino en los supuestos en que los Estados miembros se hallasen ante regulaciones europeas que solo fuesen en parte o que no fuesen del todo predeterminantes, mediante sentencia del TJUE, Gran Sala, de 26 de febrero de 2013, as. C-617/10,
De eso da cuenta, de soslayo, algún puntilloso comentario (cf.
En el FJ 3,
Cf., a.e., Torres Muro (
Si no en esa línea, dada su renuncia a proseguir con la doctrina
Sobre el estado jurisprudencial de la cuestión, cf. Azpitarte Sánchez (
Extracto de STC 137/2025, en apartado 1.2.2.c),
Cf. STC 1/2018, de 11 de enero, FJ 2,
STC 137/2025, FJ 1.2.2.c), ii, segundo párrafo,
Cf., a. e., VP de
Así, entre otras muchas resoluciones, STC 87/2022, ya referida (cf. STC 45/2022) y STC 89/2022 (y otras relacionadas), de 29 de junio, al efecto de sustentar el sentido y alcance de sus fallos, a propósito, la una, del derecho a la representación política, y en relación, la otra, con la protección de datos personales.
Cf. STC 156/2021, FJ 2b, pese a la insistencia, en pretendida consonancia con su tópica ius europea, en la inadecuación del recurso de inconstitucionalidad como vía para examinar la adecuación del derecho interno al derecho de la Unión Europea (mostrando así cuán difícil le está resultando al TC seguir casando su teoría y esa praxis, al tiempo que se pretende valedor del DUE; cf. STC 173/2005, de 23 de junio, FJ 9c-, como una muestra más de su desfase argumental consigo mismo, si no antes, desde su DTC 1/2004).
La cita de la STC 41/2013, de 14 de febrero, FJ 2, reproducida en la STC 15/2024, de 30 de enero, FJ 3c), cierra el relato de su previa jurisprudencia ius europea a propósito de su tesis divisoria.
Entre tanto, seguían pendientes cuestiones prejudiciales que, presumiblemente, se resolverían con presteza (sentencias TJUE, Gran Sala, de 16 de julio de 2026, as. C-523/24 y as. C-666/24 que, en lo sustancial, salvan la conformidad al DUE de la LOA; cf. Conclusiones AG Spielmann citadas en nota 52).
Cf. STC 137/2025, FJ 1.2.2.c).ii.(a) y (b).
El extracto está en STC 137/2025, FJ 1.2.2.c).ii.(c).
Acerca de la exigencia de motivación en casos de omisión de planteamiento de cuestión prejudicial, cf. sentencia del TJUE, Gran Sala, de 24 de marzo de 2026, as. C-767/23,
Cf, sentencia del TJUE, Pleno, de 21 de abril de 2026, as. 769/22,
Cf., a. e., Rossi (
Cf, por otros, Lenaerts y Gutiérrez Fons (
Cómo negar la duda acerca de la aplicación del DUE, si el propio TC apunta a la cláusula de identidad nacional-constitucional y en el espacio ius europeo se debatía acerca del asunto (Conclusiones AG Dean Spielmann, asuntos C-666/24 y C-523/24, de 13 de noviembre, instados por la Audiencia Nacional y por el Tribunal de Cuentas; cf.
Lo que deja puesto el foco en la división plenaria, como si la minoría se hubiese dado a gritar su denuncia ante una especie de instancia arbitral, el TJUE, alentando quizás la mediata (e impropia) corrección de una decisión mayoritaria de la que se discrepa, por la forma y en el fondo. Antes de la cesura plenaria de la saga relativa a la constitucionalidad de la LOA, en VP a la STC 139/2024, de 6 de noviembre, se hacía todo un alegato con apariencia doctrinal y con notas al pie, mostrando «dudas razonables y suficientes, no solo acerca de la falta de motivación de la denegación de planteamiento de la cuestión prejudicial, sino sobre su pertinencia, adecuación y necesidad para el Estado de Derecho en España, razón por la que (…) resultaba imperativo» (punto 31,
En su reiterativa formulación de discrepancia con la mayoría plenaria, en los votos particulares trasluce una notoria preocupación por la propia funcionalidad del TC como juez europeo de la constitucionalidad (cf., a.e., VP de Tolosa Tribiño, apartados II y, sobre todo, IV,
Cf. VP, punto 3, a la STC 61/2024, que cita doctrina previa (STC 70/2002, STC 23/2020 o 46/2022).
Ya sea para confirmar su suficiencia constitucional, en línea con el enfoque de la DTC 1/2004, ya sea para declarar lo contrario y apuntar a su modificación, en línea con una conocida demanda doctrinal refleja en los votos particulares discrepantes de la mayoría en la DTC 1/2004. Pues, como bien sintetiza el VP a la STC 137/2025, de Tolosa Tribiño, en II, B, d) párrafo 97, no cabe seguir negando que «cuando estamos ante una situación regulada por el Derecho de la Unión, la Carta de Derechos fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) y los principios y valores que recogen los Tratados, no pueden tener un mero valor hermenéutico similar al que damos a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».