DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y DE SU EQUÍVOCO DESEMPEÑO (DIALÓGICO) COMO JUEZ EUROPEO

I. UN APUNTE PRELIMINAR DE CONTRASTE A PROPÓSITO DE LA PRAXIS PREJUDICIAL DE (CIERTOS) TRIBUNALES CONSTITUCIONALES[Subir]

La centralidad funcional de la cuestión prejudicial como mecanismo canalizador de la continua tarea de aplicación de un derecho común, de vasto alcance y variado efecto en el espacio ius europeo, se ha visto confirmada con el paso del tiempo a medida que a los órganos judiciales ordinarios, de la base a la cima, se han venido a sumar también las jurisdicciones constitucionales.

La incertidumbre que ha acompañado siempre a este procedimiento sustitutivo, que no sucedáneo, de procedimientos de casación unificados en un solo tribunal supremo o conforme a otras modalidades, y de controles de constitucionalidad, en su caso, ante tribunales constitucionales, se ha tratado de superar al hilo de una sucesiva clarificación interpretativa por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Quiere ello decir que, sin perjuicio de su diferenciado curso, en los ordenamientos constitucionales de los Estados miembros se aprecia una tendencia a la pacificación de un estado de controversia, siempre latente; que, sobre su singularizada emergencia en coyunturas de porte iliberal, responde a la estructural divisoria orgánica en un marco de confluencia interpretativa. Tanto más complejo cuanto que esos estándares de referencia y los confluentes parámetros de control entran en concurso con estándares decantados en la jurisdicción convencional de tutela de la que la Unión Europea sigue formalmente desvinculada^[1]. En este punto, se impone precisar dos aspectos de la cuestión. Que el esfuerzo sostenido para recuperar el acuerdo, cuestionado en su versión inicial mediante DTJ 2/2013, está cerca de fructificar^[2] y que, en todo caso, del tenor del art. 52.3 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (Carta DDFF/UE) resulta una (parcial) vía de conjunción del complejo entramado de estándares. Y, de otra parte, que sobre la presupuesta vía de casuística equivalencia, con sustento en la doctrina Bosphorus, una presunción de equivalencia de tutela, operativa desde la época previa a la reconfiguración del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como jurisdicción permanente^[3], en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) se avanza en la mediata observancia de estándares europeos y, en particular, de la Carta DDFF/UE. Pues, sobre su toma en consideración al efecto de configurar el parámetro de enjuiciamiento^[4], el TEDH procede a integrar en el estándar convencional del debido proceso, ex art. 6.1, CEDH, una puntillosa exigencia de motivación en casos de omisión judicial de planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el TJUE^[5].

En el curso de ese proceso de confluencia paramétrica se ha impuesto considerar a los tribunales supremos y constitucionales como «órganos judiciales», ex art. 267 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea^[6], sujetos a una manifiesta exigencia de motivación^[7] y, como otros interlocutores del TJUE, a la observancia de su independencia e imparcialidad^[8].

Que ya no se haga cuestión de esa condición de los tribunales constitucionales no permite presumir su regularidad ni la ortodoxia de una diferenciada praxis (no solo) prejudicial expuesta, si no a contratiempos de nervadura iliberal (Tribunal Constitucional de Polonia, TCPo) a inflamaciones conceptuales, si no conceptistas (Tribunal Constitucional Federal de Alemania, TCFA). De otra parte, se advierte una diferenciada praxis dialógica con el TJUE, de la que bien pueden ser exponente los casos del Tribunal Constitucional de Bélgica e Italia.

Expresiva muestra de elusiva conducta o marcha a contrasentido, se han de considerar los casos del TCFA y del TCPo.

El TCFA se ha mostrado reticente a la asunción regular de una directa vía de diálogo con el TJUE. Limitándose la Sala 2.ª a plantear dos cuestiones prejudiciales sucesivas, en 2014 y 2017, a propósito de la controversia abierta en relación con el sentido y alcance de medidas no convencionales adoptadas por el Banco Central Europeo (BCE), en el atribulado contexto de salida a la crisis económico-financiera^[9]. Antes de activar un sedicente control de ultra vires, mediante puntillosa y destemplada respuesta a la decisión prejudicial de la Gran Sala del TJUE, de 11 de diciembre de 2018. La sentencia Weiss/PSPP, de 5 de mayo de 2020, que venía precedida de un comunicado de doctrina advirtiendo, mediante una conocida sentencia de 15 de diciembre de 2015, Euroorden II, de la pendencia de un control de identidad constitucional que, visto en perspectiva, pareciera haber venido a terciar en el encontronazo Melloni entre el TC de España y el TJUE^[10].

Esa contención prejudicial no se ha visto de facto alterada por las conocidas sentencias Derecho al olvido I y II de la Sala 1.ª, de 6 de noviembre de 2019, pues sin perjuicio de su manifiesto viraje doctrinal, a propósito de la tutela de derechos fundamentales en amparo constitucional, ni se ha superado la pendencia dialógica con el TJUE, ni ha cesado tampoco la invocación, en particular, por parte de la Sala 2.ª, de sus conocidas cláusulas doctrinarias (de esenciales de derechos fundamentales, de ultra vires y de identidad constitucional) de hipotético control de aplicación del derecho de la UE (DUE)^[11].

El TCPo representa, como ningún otro ha representado, la resistencia soberanista al TJUE de una suprema jurisdicción de constitucionalidad, dejando atrás su tímida praxis de interrelación prejudicial con el TJUE^[12]. Pues, mediante sentencia de 7 de octubre de 2021, ha venido a cuestionar abiertamente la jurisprudencia sentada por el TJUE, mediante una sentencia de Gran Sala, de 2 de marzo de 2021, dictada en respuesta al conocido reenvío prejudicial del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo). Contrariando de plano el principio de primacía del DUE, al declarar: a) la inconsistencia con los arts. 2, 8 y 90.1 de la Constitución polaca (CPo), de los arts. 1, párrs. primero y segundo, y 4. 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE); y b) la inconsistencia con los arts. 2, 7, 8.1, 90.1, 178.1 y 190.1, en conjunción con otras disposiciones, CPo, del art. 19.1, en conjunción, en su caso, con el art. 2, TUE^[13].

Pues bien, si en un caso, a pesar de la manifiesta inobservancia de la autoridad de la decisión prejudicial del TJUE, en el asunto PSPP, la Comisión pudo desistir de dar curso a un procedimiento por incumplimiento, en el otro caso, dada la gravedad de un pronunciamiento instado por el Gobierno, la Comisión hubo de interponer un recurso por incumplimiento, finalmente declarado mediante sentencia del TJUE, Gran Sala, de 18 de diciembre de 2025^[14].

En abierto contraste con esos casos, está la praxis dialógica de otros tribunales constitucionales^[15] y, en particular, de los Tribunales Constitucionales de Bélgica e Italia.

El Tribunal Constitucional belga, TCB (Cour constitutionnelle / Grondwettelijk Hof / Verfassungsgerichtshof), es interlocutor recurrente del TJUE en vía prejudicial. En línea con sus precedentes, como tribunal de arbitraje, a la altura del primer cuatrimestre de 2026, el TCB se ha dirigido ya al TJUE en cincuenta y dos ocasiones. Y su interlocución no queda solo en eso, sino que son muchos los casos en que el planteamiento de cuestión prejudicial no se concreta por su comprensiva integración paramétrica del control de la ley y su acreditado manejo de los criterios actualizados de la jurisprudencia del TJUE^[16].

Sin esa recurrencia, en los últimos años la Corte Costituzionale italiana (CCIt) ha devenido también en normalizado interlocutor del TJUE. Al hilo de una sucesión de hitos, desde su tradicional dualismo a la configuración de su tesis de los controlimiti (cf. sentencia núm. 170/1984, Granital)^[17] y pasando por la parcial reforma constitucional (art. 117, párrafo primero). De la modulación Granital, en su tracto evolutivo, comenzaría a desatarse la CCIt, tanto mediante asunción de su papel de interlocutor directo del TJUE (a fin de clarificar el parámetro ius europeo a considerar, como juez constitucional, en el desempeño de su jurisdicción de control de una ley regional^[18]); como, ya posteriormente, mediante un conocido giro, inserto en su sentencia núm. 269 de 2017, pensando en proyectar su previa referencia a la funcionalidad paramétrica del CEDH (sentencias gemelas, 2007), al ámbito del DUE, abriéndose a la consideración de la «Carta», con base en los arts. 117.1 y 11, CIt, más allá de su directa o indirecta efectividad^[19]; al efecto de su integración en el parámetro de los (correspondientes) derechos invocados con ocasión de su control de constitucionalidad de la ley. Así, la divisoria tradicional entre aplicabilidad y validez se modula en la medida en que, sin perjuicio de la doctrina Simmenthal-II, la potencial intervención de la CCIt se activa ante supuestos caracterizados por su «tono constitucional»^[20]. De tal modo, no solo se reafirmaría la efectividad del DUE por la seguridad jurídica que comporta la eficacia erga omnes de sus fallos^[21], sino que además ello contribuiría activamente a normalizar un diálogo consistente (ni rutinario, ni inexistente) con el TJUE. Y, con ello, se trataría de contribuir, además, a perfeccionar comunes estándares ius fundamentales que, no obstante referentes convencionales y equivalentes constitucionales, a medida que se invoca la Carta, el TJUE viene sentando, en diálogo o no con otras jurisdicciones^[22].

Pues bien, en lo que sigue, tras una comprensiva síntesis de su tópica ius europea (II), se hará un repaso crítico de la praxis prejudicial del TC, tanto por activa (III) como por pasiva (IV), antes de apuntar a la vía doctrinal para superar la auto infligida irrelevancia institucional que resulta de una inconsecuente conjunción de contención dialógica e inseguro seguidismo aplicativo de jurisprudencia sentada por el TJUE, con otros actores (constitucionales) presentes en el escenario del diálogo prejudicial (V).

II. DE LA TÓPICA JURISPRUDENCIA IUS EUROPEA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL COMO PRESUPUESTO LÓGICO DE SU AUTO CONTENCIÓN DIALÓGICA[Subir]

El TC desde un principio, desde sus primeros pronunciamientos al hilo del proceso de integración de España en las CC. EE., ha manejado una tópica caracterización expresiva de un entendimiento en su día generalizado entre los Estados miembros. Se hablase de la divisoria competencial entre derecho comunitario o nacional o de la divisoria orgánica y funcional o de una divisoria paramétrica, conforme a la cual, el TJUE y los tribunales constitucionales se habían de ocupar, el uno, de la declaración de invalidez del derecho comunitario europeo, y los otros, de la inconstitucionalidad del derecho nacional, siempre a la luz de su respectivo parámetro de interpretación y control.

Siendo la ordinaria tarea de aplicación del entramado normativo resultante del proceso de integración algo propio de la jurisdicción ordinaria conforme a criterios de interrelación sentados en la jurisprudencia del TJUE, en su caso, mediante la cuestión prejudicial planteada al efecto de asegurar la correcta aplicación del derecho común. El TC, como sus correspondientes, se consideraba una jurisdicción ajena a esa ordinaria tarea aplicativa, responsable de una restricta jurisdicción de constitucionalidad, de modo que solo en hipótesis extremas, por improbables, se veía llamado a la salvaguarda de los contenidos basilares del orden constitucional.

Y así se habría puesto ello de manifiesto, mediante una medida interpretación del fundamento constitucional de la integración que, ex art. 93 CE, hacía posible la significativa apertura del ordenamiento nacional al hilo del proceso de integración. Tanto en el desempeño de su jurisdicción de control previo de tratados internacionales, como a posteriori, mediante intervenciones procesales de diverso sentido y alcance. Al resolver, por ejemplo, cuestiones relativas a la tutela mediante recursos de amparo de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución o al abordar su jurisdicción de control de constitucionalidad de ley, en la vía del recurso directo, y acaso mediante la resolución de conflictos de competencia, o al hilo de cuestiones de inconstitucionalidad en concurso, en su caso, con el planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el TJUE.

III. LO QUE YA HA HECHO EL TC: MELLONI EN RETROSPECTIVA[Subir]

La STC 26/2014, de 13 de febrero, Melloni, la respuesta al primero y (hasta el momento) último ensayo dialógico del TC con el TJUE ha trascendido más allá del espacio nacional. No solo porque en su origen está la oportunidad aprovechada por el TJUE para sentar las bases de una renovada apreciación del influjo del derecho común en su vasto espacio de aplicación, sino también porque la tribulación TC ha dejado huella en alguna otra jurisdicción constitucional.

Sobre la enojosa complejidad del caso^[28], se pone el foco en el comportamiento del TC, partiendo de su debate previo a propósito de la traslación al régimen de la euroorden de los criterios interpretativos que se venían aplicando en relación con el régimen de extradición. Reconociendo que la conjunción de una suma de circunstancias en el primer decenio del siglo pudo actuar como desencadenante de su decisión de emprender una vía de diálogo directo con el TJUE. Vía apenas conciliable con su propio utillaje doctrinal, se mire al tenor de su equívoco planteamiento, o se mire a la ocurrente salida argumental a la que, contra la ortodoxia explícita en dos de los votos particulares —al margen de la irónica lectura del tercero en discordia—, se entregaría con denuedo. Tampoco acertó la mayoría plenaria a salvar congruentemente su sorpresa a la vista del magro estándar de garantía sentado por el TJUE, como satisfactoria exigencia ius fundamental en el marco de la euroorden.

Se recordará que con ocasión de la conocida STC 91/2000, de 30 de marzo, se produjo una abierta discrepancia en el Pleno del TC, manifiesta en votos particulares de una minoría crítica con la configuración de un denominado contenido absoluto del derecho fundamental de defensa, ex art. 24.2 CE, y opuesta a su proyección en amparo, como pretendida exigencia de identidad paramétrica, a supuestos relativos al enjuiciamiento de resoluciones judiciales de aceptación de entrega de condenados en ausencia a Estados (europeos, como Italia) sujetos, como España, a estándares y cláusulas convencionales comunes^[29]. Desde entonces, en el plenario del TC se había venido reconsiderando la pertinencia de una exigencia semejante a propósito, en particular, de entregas producidas ya bajo el régimen ius europeo de la euroorden.

Y así, tras algún otro episodio previo, con expresa manifestación de discrepancia mediante votos particulares opuestos a la decisión mayoritaria de proyectar el canon ya referido a los supuestos de entrega, conforme al régimen común de la euroorden^[30], en el plenario del TC se plantearía, en relación con un supuesto de pretendida entrega de condenado en ausencia por parte de Italia, la posibilidad de alcanzar un doble objetivo. Superar, mediante un cambio de doctrina el maximalismo de su controvertida exigencia paramétrica Paviglianiti en supuestos regulados por el régimen de la euroorden que opera entre los Estados miembros de la Unión y aparecer en la escena del teatro dialógico ius europeo. El TC pareció entrever la ocasión de ensayar ese papel de directo interlocutor del TJUE, como hacían ya otros, como el Verfassungsgerichtshof de Austria o —en fecha entonces reciente— la CCIt. Y en un momento, además, de especial interés por toda una serie de circunstancias concurrentes.

El asunto presentaba una doble faz. De una parte, se trataba de determinar los estándares encarnados en garantías ius fundamentales de la Carta, sustanciales al efecto de ordenar y salvaguardar el debido proceso mediante interpretación de la cláusula de tutela judicial efectiva, sin indefensión, y del derecho defensa, ex arts. 47 y 48, Carta. De otra parte, el TC se permitía hacer partícipe al TJUE de la interpretación de la cláusula de potencial mejor estándar nacional, ex art. 53, Carta, que, obiter dictum, se había sostenido en Pleno, en la vía de control previo respecto al no nato TCUE.

La inquietud por dotar de certeza ius fundamental a las garantías reconocidas en los arts. 47 y 48 de la Carta tenía el sentido de poner sobre la escena dialógica la singularidad de la ocasión en que a la modificación del régimen de la euroorden en lo que a su condicionamiento ius fundamental se refiere (art. 4 bis) se habría venido a sumar la mudanza del valor paramétrico de una Carta de reciente —entonces— entrada en vigor, a finales de 2009, con el mismo valor normativo que los Tratados (art. 6.1, TUE). Y así, por la mudanza del estatuto jurídico de la Carta, al plenario se le habría hecho patente la oportunidad de intentar hacer valer ante el TJUE su previa interpretación del —vigente— art. 53 de la Carta.

Ante ese cúmulo de circunstancias, le tocó padecer al buen sentido presente en el voto particular discrepante del malogrado magistrado Pérez Tremps que, contra el oportunismo mayoritario, sostuvo la impertinencia del caso para inaugurar una línea directa de comunicación con el TJUE. No porque estuviese en contra de una directa interlocución que había defendido en un anterior supuesto, sino por considerar que en el caso Melloni quedaba descartada la vulneración de garantías ius fundamentales, por haberse acreditado en las actuaciones la observancia de los estándares convencionales decantados en la jurisprudencia del TEDH; esto es, por haberse acreditado la notificación de la apertura del proceso y una efectiva presencia letrada a lo largo del curso seguido en las sucesivas instancias. Sin embargo, contra el sensato y fundado criterio discrepante, el plenario del TC procedió a plantear al TJUE tres cuestiones prejudiciales, relativa una a la validez de la disposición de la euroorden expresamente revisada al efecto de suprimir la expresa previsión de condicionamiento ius fundamental de entregas, y referentes las otras a la interpretación de las cláusulas de garantía, ex arts. 47 y 48, Carta, y a la determinación del sentido y alcance de la cláusula de potencial mejor estándar nacional, ex art. 53, Carta. Cuestiones todas muy relevantes, sin duda, pero formuladas en relación con un no caso y de manera no exenta de equivocidad, sobre todo, en atención al art. 53, Carta.

Por su parte, el TJUE, sin los matices presentes en las conclusiones del AG Bot, respondería de manera contundente, mediante una peculiar ponderación de garantías ius fundamentales y principios y directrices sustentantes del régimen de la euroorden, formulando un equívoco estándar de tutela mediante una especie de interpretación inversa. Leyendo las cláusulas ius fundamentales de la Carta de conformidad con el renovado tenor de la euroorden (como si de una interpretación constitucional de conformidad con la ley, se tratase) y enfatizando una lectura uniformista de la cláusula del art. 53, Carta, en los casos de potencial confluencia paramétrica, ius europea y nacional, siempre que —como era el caso en Melloni— se estuviese ante una plena, v. gr. excluyente, predeterminación regulatoria ius europea.

Se habrían conjugado así dos aproximaciones hermenéuticas expresivas de la singular relevancia del no caso prejudicial Melloni. La una, en la sentencia del TJUE, Gran Sala, de 26 de febrero de 2013, y, la otra, en la STC 26/2014, de 13 de febrero. La una, en virtud de una interpretación instrumental de las invocadas cláusulas ius fundamentales de la Carta, enfatizando, más allá de precedentes invocaciones de equivalencia paramétrica, la exigencia ius europea de uniformidad aplicativa cuando las garantías ius fundamentales se hubiesen de aplicar conforme a la regulación común^[31]. La otra, en el esforzado empeño de la mayoría plenaria del TC por no ahondar en el desencaje de piezas de un puzle interpretativo apenas conciliable con la racionalidad hermenéutica de un juicio ponderativo y mal avenido con la supuesta deferencia entre supremos cooperantes. Transmutada así la ilusión por brillar en la escena dialógica europea en un «recoloca esto, apaga y vámonos». Y, así, en lo sucesivo^[32].

Ante el simplismo de la llamada a la ortodoxia en dos de los votos particulares (sorprendentemente ajenos a la problemática de la densidad del estándar configurado por la Gran Sala) y al margen de la irónica y atinada llamada a sujeción convencional del TJUE (en el tercero de los votos particulares), la mayoría plenaria mostraría su descontento con el fallo prejudicial del TJUE mediante una peculiar llamada de atención por la oportunidad malbaratada^[33]. Afanándose en dar con la salida argumental, mediante reformulación del estándar constitucional oponible ad extra al efecto de integrar el contenido mínimo (antes, absoluto o esencial) de la garantía ius fundamental, ex art. 24.2 CE, sin distinguir, ni diferenciar, entre lo ius europeo (formalmente vinculante, salvo reformulación prejudicial, plausible en el caso, pero de difícil acometida) y lo ius internacional. Y ello, mediante complementaria invocación de una jurisprudencia convencional ya aducida en el VP opuesto al animoso e ilus(ionad)o ATC 86/2011^[34]. Dándose la mayoría plenaria, tras su parcial renovación, al camino viejo ya conocido, saliendo por la tangente, mediante elusión del cumplimiento debido de una declaración prejudicial, a la que el TC se aproxima, de soslayo, mediante confluente consideración junto a los estándares decantados en la jurisprudencia del TEDH. Velando su no propósito y haciendo mutis por el foro.

IV. LO QUE EL TC DICE PODER O NO HACER, CON RESPECTO AL DIÁLOGO PENDIENTE CON EL TJUE[Subir]

En su muy controvertida STC 137/2025, parcialmente estimatoria de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la ley orgánica de amnistía para Cataluña, LOA, el plenario del TC se ha escindido de manera altisonante, con votos particulares de puntillosa elocuencia a propósito de la cuestión de fondo relativa a la interpretación sobre la constitucionalidad de la ley y sobre el pretendido planteamiento de cuestión prejudicial, previo descarte de la suspensión rogada por los discrepantes^[35]. Pretensiones denegadas por la mayoría plenaria que, a propósito, trata de justificarse mediante unas consideraciones generales, una especie de suma tópica de su jurisprudencia ius europea que, cual alegato doctrinal, se antepone al enjuiciamiento de constitucionalidad.

En síntesis, se trata de sustentar y justificar una trayectoria elusiva de directo diálogo prejudicial con el TJUE que, más allá del episodio Melloni y de hipótesis tales en amparo de derechos fundamentales, se considera impracticable si del control de constitucionalidad de la ley se trata; retomando su tópica relativa a supuestos de doble prejudicialidad, antes de enfatizar el sinsentido de la pretensión minoritaria en el marco de un recurso directo de inconstitucionalidad.

V. UNA RETÓRICA CUESTIÓN PRE PREJUDICIAL, A MODO DE CONCLUSIÓN[Subir]

Se ha visto que, por su conducta dialógica, en la perspectiva de los últimos doce o quince años (según se parta de la STC 26/2014 o del ATC 86/2011), el desempeño del TC como juez europeo se sigue conduciendo por derroteros a contra sentido de la marcha en otras sedes de la justicia constitucional europea. Y ya se empieza a ver que, tanto en las vías de control de la constitucionalidad de la ley, como en relación con la tutela de derechos fundamentales en amparo, se pone de relieve una preocupante merma de rendimiento institucional en paralelo a una complementaria, por no decir solapada o alternativa, vía de planteamiento de cuestiones prejudiciales. Como muestran ya algunas actuaciones jurisdiccionales ordinarias que, antes que proceder a ejecutar los fallos de amparo, se animan a plantear cuestiones prejudiciales apuntando así, de soslayo, a la inobservancia o desatención del derecho de la Unión por parte del TC.

En esa contra marcha circula la STC 137/2025, en su empeño por obviar la concurrencia de elementos ius europeos, contra la evidencia de previo planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el TJUE, y pese a la duda a propósito de esa especie de cláusula de congruencia estructural en la que pareciera estar deviniendo el art. 2 TUE y de la constitutiva cláusula de identidad nacional, ex art. 4.2 TUE.

Pues bien, superar esa deriva deslizante es una exigencia institucional del TC que requiere de esfuerzo si, sobre su sedicente caracterización como valedor del DUE, realmente pretendiera fungir como operativo juez europeo y de lo constitucional. A esta altura de la integración europea, ese complementario objetivo no parece viable si no se supera la recurrente invocación de la cláusula hermenéutica estructural de interpretación conforme de contenidos ius fundamentales constitucionales a la luz de resoluciones y tratados internacionales vinculantes para España, ex art. 10. 2 CE, al abordar el sentido y alcance de la debida interpretación constitucional de conformidad con el DUE, según el estado ius europeo de la cuestión. Pues, afinamiento tal demanda un complementario esfuerzo hermenéutico del TC para superar su persistente esquematismo, tratando de diferenciar entre lo que sean estándares ius internacionales y otro tipo de referentes de diverso valor, ex art. 10.2 CE^[55] y, en todo caso, entre los supuestos de aplicación del art. 10.2 CE y los supuestos sujetos a integrativa funcionalidad ex art. 93 CE^[56].

Para acometer esa tarea pendiente, el TC ha de lidiar con la distinción entre la ocasional funcionalidad consultiva del TEDH que resulta de la entrada en vigor, el 1 de noviembre de 2025, del Instrumento de Ratificación del Protocolo n.º 16 al CEDH y la ordinaria instrumentalidad de la cuestión prejudicial ante el TJUE, para salvaguardar y hacer valer su jurisdicción como andén de salida de estándares constitucionales coadyuvantes a la configuración de parámetros comunes, más allá de su verificación de control de tránsito en una especie de terminal aplicativa de cosas interpretadas. El reconocimiento de directa normatividad del artículo 2 TUE que la sentencia plenaria del TJUE (Comisión/Hungría) de 21 de abril de 2026 ha dejado tras de sí, bien puede ser un campo abonado para el cultivo de su faceta ius europea por parte del TC.