LA PROTECCIÓN DE LA MOVILIDAD CLIMÁTICA EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS: APORTES Y DESAFÍOS DE LA OPINIÓN CONSULTIVA OC-32/25[1]
The protection of climate mobility in the Inter-American Human Rights System: Contributions, and challenges of Advisory Opinion OC-32/25
RESUMEN
La Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituye un hito en el reconocimiento jurídico de la movilidad humana inducida por el cambio climático. La Corte afirma que los desplazamientos (internos, transfronterizos, planificados o asociados a inmovilidad involuntaria) son consecuencia directa e indirecta de la crisis climática y, por tanto, generan obligaciones estatales específicas en materia de prevención, protección y reparación. Entre sus aportes destaca la consolidación de un enfoque de derechos humanos que exige debida diligencia reforzada, garantías frente a desalojos y reubicaciones y mecanismos de protección transfronteriza como visados humanitarios y permisos temporales. No obstante, la Corte deja abiertas cuestiones clave: la falta de umbrales para activar el non-refoulement climático, la ausencia de criterios para acceso al refugio y el escaso desarrollo de estándares operativos. La OC-32/25 inaugura un marco normativo ambicioso, pero su eficacia dependerá de su implementación estatal y del fortalecimiento regional futuro.
Palabras clave: Movilidad climática; desplazamiento climático; derechos humanos; OC-32/25; Corte Interamericana de Derechos Humanos; no devolución; justicia climática; migración forzada; protección transfronteriza; debida diligencia.
ABSTRACT
Advisory Opinion OC-32/25 of the Inter-American Court of Human Rights marks a milestone in the legal recognition of climate-induced human mobility. The Court affirms that displacement—internal, cross-border, planned or arising from involuntary immobility—is a direct and indirect consequence of the climate crisis and therefore generates specific state obligations of prevention, protection, and reparation. Among its most notable contributions is the consolidation of a human-rights-based approach requiring heightened due diligence, safeguards against evictions and relocations, and cross-border protection mechanisms such as humanitarian visas and temporary residence permits. However, the Opinion also leaves key questions unresolved: it does not define thresholds to trigger climate-related non-refoulement, fails to articulate criteria for refugee recognition, and provides limited operational guidance for implementation. OC-32/25 inaugurates an ambitious normative framework for climate mobility, yet its transformative impact will depend on state compliance and the development of stronger regional legal and policy mechanisms moving forward.
Keywords: Climate mobility; human rights; Advisory Opinion OC-32/25; climate displacement; Non-refoulement; Inter-American Court of Human Rights; climate justice; forced migration; cross-border protection; due diligence.
I. INTRODUCCIÓN[Subir]
En las últimas décadas, la preocupación por la sostenibilidad de la vida en la Tierra y la preservación de los ecosistemas ha aumentado de manera exponencial, debido a los impactos acelerados del cambio climático. A nivel global, el clima atraviesa una situación compleja caracterizada por un calentamiento sostenido y acelerado, con efectos directos sobre los sistemas naturales y sociales. Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM, 2025), la temperatura media global en 2024 alcanzó su nivel más alto desde que existen registros, superando incluso el récord registrado en 2023. Este incremento no constituye un evento aislado, sino que mantiene una tendencia sostenida: desde 2015, todos los años figuran entre los más cálidos jamás registrados. Asimismo, las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero han alcanzado niveles sin precedentes y afectan a componentes del sistema climático, como océanos, corrientes y vientos, con consecuencias directas sobre la población y el medio ambiente (IPCC, 2022; OMM, 2025).
En este contexto, la emergencia climática se configura como un factor determinante de la movilidad humana. Las personas que se ven obligadas a migrar, así como aquellas que permanecen en sus territorios de origen, experimentan restricciones en su libertad de desplazamiento y en el goce efectivo de derechos fundamentales, en un contexto de vulnerabilidad ambiental, social y económica (Black et al., 2011a; McLeman, 2014). La doctrina especializada subraya que el cambio climático actúa como un «multiplicador de riesgos», intensificando vulnerabilidades estructurales, desigualdades preexistentes y afectando de manera desproporcionada y diferenciada a las poblaciones más vulnerables (Adger et al., 2015; IPCC, 2022). Este entendimiento constituye un eje analítico transversal del presente trabajo, que será retomado a lo largo del análisis para explicar sus distintas manifestaciones jurídicas.
En este sentido, el Global Risks Report 2025 del Foro Económico Mundial (WEF, 2025) identifica los riesgos ambientales, incluidos los fenómenos climáticos extremos, la pérdida de biodiversidad y la degradación de ecosistemas, como los principales desafíos de la próxima década. Esta situación evidencia la interconexión entre crisis ambientales y derechos humanos, planteando la necesidad de un enfoque integral que considere los derechos de las personas afectadas por desastres naturales, migraciones forzadas y la inseguridad alimentaria y hídrica derivada del cambio climático (Knox, 2018a: 31-57).
De acuerdo con el Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Working Group II, y su informe Climate change 2022: Impacts, adaptation, and vulnerability, la movilidad humana inducida por el cambio climático puede clasificarse en cuatro categorías: (a) migración adaptativa, como estrategia voluntaria de adaptación; (b) migración o desplazamiento forzado, cuando las personas carecen de opciones; (c) relocalización planificada, promovida por los Estados, y (d) inmovilidad, entendida como la imposibilidad o decisión de permanecer en zonas de alto riesgo por motivos culturales, económicos o sociales (IPCC, 2022, cap. 8; Foresight, 2011).
A pesar de la amplia evidencia empírica y científica que confirma la relación directa entre crisis climática y movilidad humana, este fenómeno continúa sin contar con una expresión normativa suficiente que garantice reconocimiento jurídico y protección efectiva. Como ha señalado la doctrina, la migración y el desplazamiento ambiental han ocupado históricamente un espacio ambiguo dentro del derecho internacional (McAdam, 2012; Gavonel, et al., 2021: 98-109; Zickgraf, 2020: 568-586), sin un encaje claro en los regímenes de refugio, asilo, protección internacional o derecho ambiental, lo que ha producido una arquitectura regulatoria fragmentada y reactiva (Noorda, 2022).
En efecto, los instrumentos jurídicos internacionales vinculantes sobre refugio, asilo y desplazamiento no incorporan expresamente el medio ambiente o el cambio climático como causa autónoma de protección. La Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y su Protocolo de 1967 (ONU, 1951, 1967) limitan el estatuto de refugiado a casos de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas —excluyendo, en la práctica, a quienes se ven forzados a migrar por desastres súbitos o procesos lentos de degradación ecosistémica—. De manera similar, tratados de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) (ONU, 1966) o la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) (OEA, 1969) reconocen derechos especialmente vulnerables frente a la crisis climática (vida, integridad, salud, vivienda), pero no traducen dicha vulnerabilidad en un régimen específico de protección internacional, dejando un vacío entre la titularidad de derechos y su justiciabilidad en contextos climáticos.
Solo en los últimos años la movilidad relacionada con el clima ha comenzado a adquirir centralidad en la agenda global, especialmente a partir de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que reconoce de forma explícita las interrelaciones entre pobreza, degradación ambiental, desigualdad y movilidad humana (ONU, 2015a). Esta perspectiva multisectorial evidencia que la movilidad climática debe entenderse como un desafío transversal de adaptación, derechos humanos, justicia climática y gobernanza (Gioli, et al., 2016: 165-170), y no únicamente como un fenómeno humanitario o securitario. No obstante, la brecha entre reconocimiento político y garantía jurídica continúa siendo profunda, lo que revela el carácter todavía incipiente del marco normativo internacional sobre movilidad climática.
Paralelamente, el régimen climático internacional ha incorporado progresivamente la dimensión humana de la crisis. Los Acuerdos de Cancún (COP16) instaron a los Estados a mejorar la comprensión, coordinación y cooperación respecto de la migración, el desplazamiento y la reubicación inducidos por el clima (§14f; UNFCCC, 2010). Posteriormente, el Acuerdo de París reconoció el cambio climático como una «preocupación común de la humanidad» y vinculó explícitamente la acción climática al respeto de los derechos humanos, incluidos los de las personas migrantes (UNFCCC, 2015: preámbulo §11). La creación del Task Force on Displacement bajo el Mecanismo Internacional de Varsovia (COP22, Marrakech 2016) institucionalizó el tratamiento del desplazamiento climático dentro de la arquitectura formal de pérdidas y daños (UNFCCC, 2016).
La COP28 consolidó este giro al incluir referencias explícitas a personas migrantes y refugiadas por causas ambientales, así como un llamado a integrar la movilidad dentro de las políticas de reducción de riesgos, asistencia humanitaria y reubicación planificada (§§122, 125 y 131; UNFCCC, 2023). Además, la COP29 reforzó los enfoques basados en derechos mediante el Programa Emiratos Árabes Unidos-Belém (Decisión 2/CMA.5), que prevé indicadores para medir inclusión social, participación comunitaria, igualdad de género y protección de migrantes, pueblos indígenas y grupos en situación de vulnerabilidad (UNFCCC, 2024).
A esta arquitectura normativa aún incipiente se suman dos instrumentos clave del sistema de Naciones Unidas que completan el panorama regulatorio contemporáneo: el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (2018a), cuyos objetivos 2 y 5 reconocen explícitamente la migración y el desplazamiento vinculados a desastres y cambio climático (ONU, 2018a), y el Pacto Mundial sobre Refugiados (2018b), que enfatiza la necesidad de considerar la protección internacional cuando los impactos climáticos interactúan con situaciones de persecución, violencia o ausencia de garantías estatales (ONU, 2018b; ACNUR, 2020). Aunque ambos carecen de fuerza jurídica obligatoria, han contribuido a consolidar un estándar interpretativo emergente hacia la protección transfronteriza por motivos climáticos (Cantor, 2021), reforzando la exigencia de planificación anticipada, rutas migratorias seguras y regulares, mecanismos ampliados de protección y cooperación internacional efectiva.
En este contexto de brechas regulatorias, el soft law se ha convertido en el principal espacio de desarrollo normativo. Documentos como la Declaración de Cartagena (Coloquio sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá, 1984; Arboleda, 1995), que amplía la definición regional de refugiado, aunque sin incorporar expresamente factores ambientales, la Agenda para la Protección de Personas Desplazadas por Desastres Naturales (Iniciativa Nansen, 2015), y ya los mencionados Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular y el Pacto Mundial sobre Refugiados (ONU, 2018a y b) han supuesto progresos sustantivos en términos de lenguaje, reconocimiento político y articulación cooperativa. Sin embargo, su carácter no vinculante impide la creación de obligaciones exigibles o mecanismos automáticos de protección para personas desplazadas por el clima, consolidando un régimen internacional aún fragmentado, dependiente de la voluntad estatal y más orientado a la cooperación que al reconocimiento de derechos justiciables.
Sin duda, la integración de instrumentos de soft law como elementos estructurales del razonamiento jurídico introduce una tensión inherente entre coherencia normativa global y exigibilidad jurídica estricta. Estos marcos refuerzan la legitimidad interpretativa del razonamiento de la Corte, pero su carácter no vinculante puede generar incertidumbre respecto del grado de obligatoriedad de las obligaciones que de ellos se derivan dentro del sistema interamericano.
En conjunto, este desplazamiento del clima hacia el centro de la gobernanza migratoria confirma una evolución significativa: la movilidad climática ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en un componente estructural de las estrategias globales de adaptación, gestión del riesgo y derechos humanos. Más recientemente, este progreso ha sido especialmente significativo, mediante la emisión de la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), de la Resolución 2/24 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2024) y de la Opinión Consultiva AO-187/25 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que reconocen que la movilidad humana inducida por el cambio climático es un fenómeno multidimensional, con efectos profundos sobre la dignidad humana y el ejercicio de derechos humanos (McAdam, 2025). Estos instrumentos reafirman obligaciones derivadas del derecho internacional, en especial del derecho internacional de los derechos humanos, dirigidas a proteger a personas desplazadas por causas ambientales, sean refugiadas, migrantes u otras con necesidad de protección internacional. Entre dichas obligaciones destacan la prohibición de devolución (non-refoulement), el deber de adoptar medidas de adaptación y la necesidad de formular políticas climáticas y migratorias basadas en los derechos humanos. Ahora bien, sibien las opiniones consultivas de la Corte IDH y de la CIJ tienen en común reconocer obligaciones estatales frente al cambio climático, parten de marcos jurídicos distintos: el derecho de los derechos humanos regional vs. derecho internacional general y sus enfoques sobre movilidad humana difieren en densidad, alcance y concreción. Si bien es verdad que ambas contribuyen en un avance significativo en la determinación del reconocimiento y protección de la movilidad climática, en el caso de la CIJ, esta no fue requerida formalmente a opinar específicamente sobre la movilidad humana o desplazamiento climático; su mandato era más general: obligaciones de los Estados frente al clima. Aun así, la CIJ deja la puerta abierta a reclamaciones de «protección internacional» para personas desplazadas por clima, por ejemplo, bajo principios de derechos humanos, no devolución («non refoulement»), reparaciones, etc. En efecto, la CIJ reconoce responsabilidades generales de los Estados frente al clima, admite que el cambio climático puede generar desplazamientos forzados, y marca un marco de responsabilidad internacional por daños. Ahora bien, no desarrolla un régimen específico de protección a personas migrantes/climáticas ni detalla obligaciones procedimentales o mecanismos de protección individual (McAdam, 2025). En cambio, la OC-32/25 constituye una contribución más significativa eneste sentido. Por este motivo, el presente análisis aborda, en concreto, la OC-32/25 de la Corte IDH de 3 de julio de 2025, y sus aportes en relación a la movilidad climática.
En general, la OC-32/25, constituye un pronunciamiento histórico sobre las obligaciones estatales frente a la emergencia climática en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos (Corte IDH, 2025), porque reconoce que la emergencia climática es un factor que amenaza el goce efectivo de derechos fundamentales y, en consecuencia, establece obligaciones estatales concretas para prevenir, mitigar y reparar sus impactos (ibid.: §§183, 205-216).
La solicitud de opinión consultiva a la Corte IDH se presentó, en enero de 2023, por los gobiernos de Chile y Colombia, con el propósito de aclarar el alcance de las obligaciones estatales frente a la emergencia climática y sus efectos sobre derechos humanos, con especial énfasis en afectaciones diferenciadas para grupos vulnerables (Corte IDH, 2023, solicitud). La consulta incluyó veinticuatro preguntas sobre la prevención, la protección del derecho a la vida y supervivencia, el acceso a la información y las obligaciones específicas respecto a la infancia, mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y personas desplazadas por causas climáticas. Entre ellas, se interrogó sobre las obligaciones y principios que deben guiar medidas individuales y coordinadas de los Estados frente a la movilidad humana no voluntaria exacerbada por la emergencia climática.
El proceso consultivo fue extraordinariamente participativo: la Corte recibió 263 escritos de observaciones de 613 actores, incluidos nueve Estados, organismos internacionales, pueblos indígenas, centros de investigación y organizaciones ambientales, y realizó audiencias públicas en Bridgetown, Brasilia y Manaos con la participación de 183 delegaciones (Secretaría Corte IDH, 2025). Este nivel de participación refuerza la legitimidad democrática del pronunciamiento y refleja un enfoque plural y regional que reconoce la diversidad de actores afectados por la crisis climática.
La OC-32/25 se enmarca en la función consultiva de la Corte IDH prevista en el art. 64.1 de la CADH (OEA, 1969) y en los arts. 70.1 y 70.2 de su Reglamento, que facultan a la Corte para interpretar la Convención y otros tratados interamericanos a solicitud de Estados miembros u órganos de la OEA. Aunque las opiniones consultivas carecen de fuerza vinculante, constituyen interpretaciones autorizadas del derecho interamericano y poseen alto valor persuasivo, especialmente en el marco del control de convencionalidad (Shelton, 2015a; Roa, 2015: 45-68; Koutrakos, 2017; Arévalo Ramírez, Rousset Siri, 2023: 298-302).
El pronunciamiento de la Corte introduce el concepto de «derecho humano a un clima sano» y establece principios jurídicos fundamentales, como precaución, prevención, equidad intergeneracional y responsabilidad diferenciada de los Estados, en consonancia con estándares internacionales de derechos humanos y derecho ambiental (Corte IDH, 2025; Knox, 2018b). Esto consolida un marco normativo que vincula explícitamente los efectos del cambio climático con la protección de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como con el derecho a la movilidad humana en contextos de riesgo climático.
En este sentido, el análisis, concentrado en veintiún párrafos, densamente argumentados (§§414-434), ofrece clarificaciones jurídicas ampliamente esperadas, que reconceptualizan el movimiento humano inducido por el clima. Lo más significativo es que la decisión cambia el paradigma: deja de tratar el desplazamiento inducido por el clima como una preocupación humanitaria aislada, para considerarlo una cuestión de obligaciones vinculantes de derechos humanos para los Estados. La OC-32/25 proporciona directrices para su implementación práctica, articulando deberes estatales específicos, enfatizando estándares reforzados de debida diligencia y proponiendo nuevas categorías jurídicas para las personas desplazadas por el clima.
Dada la relevancia de este pronunciamiento, el presente artículo ofrece un análisis sistemático y jurídico de la OC-32/25, evaluando cómo la Corte IDH aborda la movilidad humana inducida por la crisis climática y las obligaciones que derivan para los Estados. Para ello, se contextualiza inicialmente la situación de la movilidad humana en las Américas frente al cambio climático, se examina específicamente el tratamiento que realiza la Corte IDH sobre el nexo entre cambio climático y movilidad humana, identificando las obligaciones de los Estados y, finalmente, se identifican las implicaciones y cuestiones críticas pendientes que derivan de la aportación de la Corte y que son fundamentales para garantizar la protección efectiva de las personas en situación de movilidad por los efectos del cambio climático. El artículo se cierra con unas reflexiones finales, que a modo de conclusión, permiten valorar el momento transformador que se experimenta en la doctrina jurídica internacional sobre la movilidad climática y cómo esta OC 32/25 no constituye simplemente un desarrollo incremental, sino una reorientación fundamental del enfoque del derecho de los derechos humanos frente a uno de los desafíos más apremiantes de nuestro tiempo.
Este artículo adopta un enfoque jurídico-doctrinal de carácter analítico-interpretativo, basado en la hermenéutica sistemática del pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su contraste con la jurisprudencia interamericana previa y su contextualización dentro del desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho climático. La literatura especializada se utiliza como marco de referencia analítico ex ante y ex post, no como anticipación del contenido de la OC-32/25, sino como instrumento de contraste para evaluar convergencias, tensiones y desarrollos normativos.
El artículo se estructura en cinco partes principales. Tras esta introducción, que delimita el contexto general de la emergencia climática y su relación con la movilidad humana, así como el objeto y enfoque metodológico del estudio, el segundo apartado examina la contextualización de la movilidad climática en las Américas, con el fin de identificar sus principales dinámicas fácticas, patrones de vulnerabilidad y desafíos normativos en el plano regional. El tercer apartado analiza de manera sistemática la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, prestando especial atención a su conceptualización de la movilidad climática, su inserción en el sistema interamericano de derechos humanos y la identificación de las obligaciones estatales derivadas, tanto en su dimensión preventiva como reactiva. El cuarto apartado desarrolla una valoración crítica de las implicaciones jurídicas de la OC-32/25, examinando sus aportes interpretativos, sus límites en términos de densidad normativa y justiciabilidad, así como las tensiones que genera entre expansión del marco de protección y ausencia de criterios operativos claros para su implementación. Finalmente, el artículo concluye con unas reflexiones generales sobre el alcance transformador de la Opinión Consultiva y sus implicaciones para la evolución del derecho internacional de los derechos humanos frente a la movilidad humana inducida por el cambio climático, destacando tanto sus potencialidadescomo sus limitaciones estructurales.
En este marco, el siguiente apartado se centra en la caracterización de la movilidad climática en la región, como punto de partida necesario para el análisis jurídico que se desarrolla a continuación.
II. LA CONTEXTUALIZACIÓN DE LA MOVILIDAD CLIMÁTICA EN LAS AMÉRICAS[Subir]
La movilidad humana en el contexto de la crisis climática abarca los diversos procesos mediante los cuales individuos o comunidades se ven desplazados o forzados a permanecer en un territorio como consecuencia directa o indirecta de los impactos del cambio climático. La doctrina especializada enfatiza que el cambio climático no crea nuevas categorías de movilidad, sino que exacerba patrones preexistentes de desplazamiento, migración e inmovilidad, configurando un fenómeno multicausal donde convergen vulnerabilidades socioeconómicas, políticas y ambientales (Black et al., 2011a; McLeman, 2014; OIM, 2020; Kälin y Schrepfer, 2012). En este contexto, la movilidad climática se presenta como un fenómeno multicausal, en el que confluyen procesos económicos, sociales, culturales y políticos. Tradicionalmente, estos factores se han empleado como argumentos clave, especialmente en el ámbito político, para avanzar en su comprensión. La movilidad climática, por tanto, no puede interpretarse como una reacción automática a fenómenos ambientales aislados ni como el simple resultado de desastres naturales. Por el contrario, los impactos del cambio climático interactúan con factores sociales, económicos y políticos preexistentes, como la pobreza estructural, ladesigualdad, la discriminación, la debilidad institucional y la limitada accesibilidad a servicios básicos, generando escenarios complejos de riesgo, exacerbando vulnerabilidades ya existentes y afectando de manera diferenciada a diversos individuos y comunidades (McAdam, 2025).
A escala global, entre 3,3 y 3,6 mil millones de personas viven en contextos altamente vulnerables a los efectos del cambio climático (IPCC, 2022). Esta vulnerabilidad influye directamente en los patrones de movilidad, particularmente en países de ingresos medios y bajos. Según ACNUR (2023), tres cuartas partes de las personas migrantes forzadas residen en países con exposición alta o extrema a peligros climáticos, y el 40 % de las personas refugiadas y el 70 % de desplazadas internas se encuentran en Estados altamente vulnerables al clima. Estos datos confirman que la movilidad climática se entrelaza estrechamente con desigualdades estructurales, fragilidad institucional y limitaciones de adaptación.
A nivel regional, los impactos climáticos continúan generando desplazamientos de gran magnitud, particularmente, en las Américas. En 2024, el Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) registró 45,8 millones de desplazamientos internos por desastres, mientras que casi treinta países y territorios reportaron niveles sin precedentes de movilidad abrupta vinculada a fenómenos hidrometeorológicos (IDMC, 2025). Huracanes, inundaciones, sequías y deslizamientos afectan de forma recurrente a países como Perú, Colombia, Brasil, Guatemala y diversas islas del Caribe (CEPAL, 2022; OMM, 2025). Las proyecciones indican que para 2050 más de diecisiete millones de personas en América Latina podrían desplazarse dentro de sus propios países debido a factores climáticos (IDMC, 2023).
Si bien los cambios ambientales han influido históricamente en los movimientos de población, el cambio climático está intensificando y complejizando estas dinámicas. Además, en el contexto interamericano, el desplazamiento vinculado al cambio climático no puede analizarse como una consecuencia directa y aislada de eventos ambientales extremos, sino como el resultado de la interacción entre factores climáticos y condiciones estructurales de vulnerabilidad preexistentes. La región se caracteriza por profundas desigualdades sociales, altos niveles de pobreza y discriminación estructural contra pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y otros grupos históricamente marginados, así como por debilidades institucionales persistentes. En este escenario, los impactos del cambio climático intensifican amenazas ya existentes y generan dinámicas de desplazamiento forzado que afectan de manera desproporcionada a determinados sectores de la población (CIDH, 2019; Corte IDH, OC-23/17).
El IPCC (2022) ha subrayado que los riesgos climáticos asociados a fenómenos extremos y a la creciente variabilidad climática actúan ya como factores directos e indirectos de la migración y el desplazamiento, incluido el caso de las Américas. En 2022, la región registró 2,6 millones de nuevos desplazamientos internos, de los cuales el 80,7 % estuvo relacionado con desastres. Brasil fue el país con mayor número de desplazamientos, seguido por Estados Unidos, Colombia, Haití y Cuba (IDMC, 2023).
Aunque una parte de estos movimientos es temporal, los desplazamientos prolongados relacionados con impactos climáticos constituyen una preocupación creciente. Tras el paso de los huracanes Eta e Iota en 2020 por Centroamérica, miles de personas no pudieron regresar a sus hogares y decidieron emprender rutas migratorias hacia el norte. Solo en Honduras, aproximadamente 247 000 personas fueron desplazadas internamente, mientras que 183 000 solicitaron protección internacional en otros países. Dos años más tarde, el huracán Julia afectó nuevamente zonas devastadas por Eta e Iota, provocando nuevos desplazamientos (IDMC, 2023).
La evidencia disponible demuestra que la movilidad humana asociada al cambio climático y a la degradación ambiental está presente en todos los países de las Américas. El informe Migraciones, ambiente y cambio climático. Estudios de caso en América del Sur (OIM, 2017), que analizó experiencias en Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador, concluyó que en todos los casos se observan movimientos migratorios permanentes y transitorios provocados por la intensificación de eventos climáticos extremos. De forma complementaria, el informe Visibilizar para proteger examina la movilidad humana en el contexto de desastres y cambio climático en Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala y México, y ofrece recomendaciones a Estados, academia y otros actores sobre cómo mejorar la recopilación de datos para comprender la dimensión humana de los impactos climáticos (MOVE-LAM; RESAMA, 2021).
En Centroamérica, el informe La movilidad humana derivada de desastres y cambio climático en Centroamérica evidencia que, aunque la movilidad vinculada al clima es un fenómeno ampliamente reconocido, su tratamiento normativo y político sigue siendo general y poco profundo en la mayoría de los países (OIM, 2021a). Por su parte, el estudio Advancing gender equality in environmental migration and disaster displacement in the Caribbean destaca la importancia de incorporar un enfoque de género para comprender las vulnerabilidades diferenciadas y los patrones específicos de movilidad en el Caribe (OIM, 2021b).
Esta situación de movilidad humana en el contexto de la emergencia climática afecta de forma diferenciada a mujeres, niñas y otros grupos históricamente excluidos, quienes enfrentan desigualdades estructurales que incrementan su exposición y limitan sus capacidades de respuesta y adaptación. Estudios feministas y de justicia climática, como Arora-Jonsson (2011: 744-751) y Eastin (2018: 289-305), han documentado cómo las desigualdades estructurales de género, incluyendo mayores niveles de pobreza, acceso limitado a recursos productivos y restricciones en la toma de decisiones, incrementan la vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos (UN Women, 2021).
La mayoría de los desplazamientos relacionados con el clima se producen dentro de las fronteras nacionales, mientras que los desplazamientos transfronterizos tienden a concentrarse entre Estados vecinos de la región. Este patrón plantea importantes desafíos jurídicos, dado que gran parte de las personas afectadas no encajan en los marcos tradicionales de protección internacional, como el régimen de refugiados establecido en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (Martin et al., 2017). Es decir, existe una «zona gris», que deja a millones de personas sin un estatus jurídico claro, pese a enfrentar riesgos equiparables a los de la persecución tradicional (McAdam, 2011).
Sin duda, la movilidad asociada al cambio climático plantea desafíos legales, sociales y de política pública, con impactos directos sobre derechos humanos fundamentales, que deben ser necesariamente abordados. Los eventos meteorológicos extremos y los procesos de evolución lenta, como el ascenso del nivel del mar, la erosión costera, la desertificación o la variación de patrones de precipitación, están generando desplazamientos masivos y recurrentes, especialmente en América Latina, África Subsahariana y Asia del Sur (IPCC, 2022; IDMC, 2023). En América Latina y el Caribe, huracanes, inundaciones y deslizamientos han provocado pérdidas humanas y económicas significativas, afectando en particular a Perú, Colombia, Guatemala y varios Estados insulares del Caribe (CEPAL, 2022; OMM, 2025).
Pese a la creciente magnitud de estos desplazamientos, la mayoría de los Estados de la región carece de marcos normativos adecuados para reconocer y proteger a las personas en situación de movilidad climática. Esto incrementa la exposición a riesgos de explotación, inseguridad, xenofobia, violencia basada en género e intimidación institucional (Knox, 2018a: 31-57; Global Protection Cluster, 2023). A todo ello, es importante añadir que la persistente falta de reconocimiento jurídico obstaculiza la articulación de políticas regionales coordinadas, limitando así la posibilidad de garantizar justicia climática, reparación y protección efectiva.
En este sentido y ante la urgencia que representa la emergencia climática, la protección efectiva de las personas en situación de movilidad climática requiere una articulación efectiva entre los compromisos internacionales de derechos humanos, las obligaciones climáticas bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y los marcos regionales de protección, así como el fortalecimiento de políticas públicas inclusivas que garanticen justicia, seguridad y dignidad a quienes se ven obligados a desplazarse o a permanecer en territorios afectados por la crisis climática. Por este motivo, resulta de especial interés, a continuación, analizar la OC-32/25 de la Corte IDH para valorar hasta qué punto contribuye al reconocimiento y protección de las personas en riesgo y/o en situación de movilidad climática.
III. EL RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA MOVILIDAD CLIMÁTICA EN LA OC32/25[Subir]
El presente apartado analiza el tratamiento de la movilidad climática en la OC-32/25 desde una perspectiva estructural y sistemática. Para ello, se distingue, en primer lugar, el modo en que la Corte conceptualiza la movilidad climática dentro del enfoque de derechos humanos (3.1), lo que permite delimitar el marco normativo general sobre el que se construye la Opinión Consultiva. En segundo lugar, se examinan las obligaciones jurídicas que se derivan para los Estados en relación con este fenómeno (3.2), diferenciando entre obligaciones de carácter preventivo (3.2.1), orientadas a evitar la generación de situaciones de desplazamiento, y obligaciones de carácter reactivo (3.2.2), dirigidas a la protección de las personas una vez que la movilidad climática se ha producido.
Esta estructura responde a una distinción analítica entre la fase de generación del riesgo y la fase de respuesta estatal, lo que permite sistematizar de forma más clara el alcance de la OC-32/25.
La Corte IDH reconoce y aborda la movilidad humana inducida por el cambio climático, o «movilidad climática», como un fenómeno transversal que incide de manera directa en la vigencia de los derechos protegidos por el Sistema Interamericano. Este concepto abarca un amplio espectro de situaciones, incluyendo desplazamientos internos, migraciones transfronterizas, reubicaciones, evacuaciones y formas de movilidad forzada o incluso inmovilidad climática derivadas de los impactos del cambio climático (Corte IDH, 2025: §414; Knox, 2018a: 31-57).
En su OC-32/25, la Corte afirma que esta movilidad constituye una forma específica de afectación de derechos como la libertad de circulación, así como de los derechos a permanecer, retornar y residir libremente (Corte IDH, 2025: §414; Knox, 2018a: 31-57). Con ello, se insertan explícitamente los impactos del cambio climático dentro del corpus iuris interamericano, situando la movilidad climática en el núcleo de las obligaciones estatales de prevención, protección y garantía de derechos.
Sin embargo, este marco no ha llegado a resolver plenamente los desafíos definitorios que presenta la movilidad climática en toda su complejidad. En este sentido, la jurisprudencia interamericana ha sido consistente al afirmar que el desplazamiento interno se encuentra ratione materiae dentro del ámbito del derecho a la libertad de circulación y residencia (art. 22.1 CADH, OEA 1969), incluso cuando ocurre en entornos urbanos (Corte IDH, 2021a: §48), y que el carácter forzado del desplazamiento constituye una noción autónoma en el derecho interamericano, independiente del reconocimiento estatal (Corte IDH, 2005a: §124; Corte IDH, 2010a: §115).
Por otro lado, la Corte ha recurrido de manera reiterada a los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (ONU, 1998) para interpretar el contenido del art. 22 en contextos de desplazamiento interno (Corte IDH, 2022: §384). Según estos principios, los desplazados internos son personas obligadas a abandonar su lugar de residencia habitual debido a conflictos, violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o catástrofes naturales o humanas, sin cruzar fronteras internacionales.
No obstante, diversos autores, en estudios anteriores al pronunciamiento de la Corte, han advertido que esta definición resulta problemática frente a procesos graduales de deterioro ambiental y reubicaciones vinculadas a mitigación climática (Kälin, 2020: 35-53; McAdam, 2012; Zetter, 2015). En consecuencia, no cubre adecuadamente categorías como las personas inmovilizadas o «trapped populations» (Black et al., 2011; Hugo, 2008; Foresight, 2011).
Como consecuencia, los Principios Rectores tampoco cubren adecuadamente categorías como la de las personas inmovilizadas (trapped populations) o las reubicadas frente a deterioros progresivos (Black et al., 2011; Hugo, 2008; Foresight, 2011). En este contexto, resulta pertinente tomar distancia de dichos principios para aplicar de forma íntegra las obligaciones estatales frente al desplazamiento interno forzado impulsado por el cambio climático en todos sus escenarios. Por otro lado, se observa cierta inconsistencia terminológica en la jurisprudencia interamericana reciente. La Corte ha utilizado de manera general el término «desplazamiento» para referirse a movilidad forzada, tanto interna como internacional (Corte IDH, 2004: §72; 2018c: §88; 2021a: §45). Sin embargo, en el caso Carvajal Carvajal vs. Colombia, tanto los representantes como la Corte emplearon indistintamente los términos «migración» y «desplazamiento» para describir situaciones de movilidad forzada (Corte IDH, 2018a: §110).
Esta confusión terminológica parece ser superada por la OC32/25, optando por un concepto mucho más amplio, como es el de «movilidad humana», evitando así los sesgos terminológicos sobre distintas realidades que se integran en este mismo concepto. Así se entiende que la movilidad climática abarca un amplio espectro de situaciones, que difieren en sus causas, duración y grado de voluntariedad, incluyendo desplazamientos, migraciones e incluso formas de inmovilidad climática. Aunque estas categorías son útiles desde un punto de vista analítico, la evidencia indica que con frecuencia se superponen (McLeman, 2014; Black et al., 2011a; IPCC, 2022).
Con base en la ciencia climática y los estándares de derechos humanos, la Corte identifica tres factores principales, que impulsan estos patrones, a saber: a) los procesos de evolución lenta, como el aumento del nivel del mar, la desertificación, la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo, la escasez de agua y la pérdida de medios de vida, que deterioran de manera progresiva las condiciones básicas de habitabilidad y seguridad humana (IPCC, 2022, WGII, 1040-1060; Knox, 2018b; Adger et al., 2015); b) los eventos de aparición súbita, como inundaciones, incendios forestales, huracanes y deslizamientos, que generan desplazamientos inmediatos (IDMC, 2023:18-25; UNDRR, 2022:10-15), y c) los factores compuestos, tales como pobreza estructural, racismo ambiental, desigualdad y deficiencias de gobernanza, que amplifican los efectos de los fenómenos climáticos (Adger et al., 2015: 25-40; UN Women, 2021: 12-20).
A partir de esta base, se distinguen cuatro escenarios en los cuales el cambio climático impulsa la movilidad humana: a) desastres de aparición súbita; b) degradación ambiental progresiva; c) incremento del riesgo que requiere reubicaciones planificadas, y d) violencia o conflictos exacerbados por el clima (Corte IDH, 2025: §415).
Estos escenarios afectan directamente la libertad de circulación y residencia, generando obligaciones estatales de adoptar medidas razonables para mitigar los factores que puedan provocar desplazamientos forzados, ya sea por eventos súbitos o por procesos de evolución lenta, con impacto sobre los derechos humanos más fundamentales (Corte IDH, 2025: §§416-417; Knox, 2018a: 31-57). Entre los derechos más frecuentemente vulnerados, o en riesgo de vulneración, se encuentran el derecho a la vida e integridad personal; el derecho al agua potable, la alimentación y la vivienda adecuada; el derecho a la salud, al trabajo y a medios de subsistencia; los derechos a la propiedad y a la residencia; los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental; así como el derecho a la identidad cultural, al territorio y al arraigo (Corte IDH, 2025: §§418-423; Knox, 2018a: 31-57).
No obstante, la formulación de este catálogo de derechos, aunque amplia y garantista, no siempre se acompaña de parámetros operativos que permitan determinar umbrales de afectación o niveles diferenciados de exigibilidad. Esta indeterminación puede generar márgenes amplios de apreciación estatal en su implementación, lo que plantea interrogantes sobre la uniformidad en la aplicación del estándar interamericano.
En este contexto, la Corte aborda la movilidad climática desde un enfoque basado en derechos humanos, reconociendo la complejidad y multidimensionalidad del fenómeno y determinando las obligaciones jurídicas de los Estados para prevenir, mitigar y proteger frente a sus impactos.
El enfoque basado en derechos humanos constituye el marco conceptual general que estructura la comprensión de la movilidad climática en la OC-32/25. Por ello, en el siguiente subapartado se analiza cómo la Corte articula dicho enfoque como base normativa para la interpretación de las obligaciones estatales y para la identificación de los derechos potencialmente afectados.
1. La protección de la movilidad climática con un enfoque basado en los derechos humanos[Subir]
Este subapartado tiene por objeto analizar exclusivamente la función del enfoque basado en derechos humanos como marco interpretativo de la OC-32/25, sin entrar aún en el contenido específico de las obligaciones estatales, que se desarrollarán en el apartado 3.2.
El enfoque basado en los derechos humanos se ha consolidado como una herramienta indispensable para abordar de manera integral tanto las causas estructurales como las consecuencias humanas de la emergencia climática, en particular cuando esta se traduce en desplazamientos forzados o en formas de movilidad inducida por el clima (Betts, 2013). La doctrina ha señalado de forma reiterada que este enfoque permite articular obligaciones estatales de prevención, protección, cooperación y reparación, al tiempo que reconoce la dimensión social, cultural y ambiental de la crisis climática (Knox, 2018a: 31-57; McAdam, 2012; Mayer, 2022). Asimismo, estudios más recientes destacan que la perspectiva de derechos humanos posibilita la incorporación de principios esenciales, como la dignidad humana, el interés superior del niño y la igualdad y no discriminación, evitando que la movilidad climática sea abordada exclusivamente desde marcos migratorios, securitarios o de gestión de fronteras (Kälin y Schrepfer, 2012; Zickgraf, 2021; Boas et al., 2019: 901-903).
Este enfoque permite articular medidas de carácter preventivo y de protección durante las distintas fases del desplazamiento, así como soluciones duraderas vinculadas al retorno, la integración local o el reasentamiento, desde una lógica de justicia que exige una respuesta proporcional al grado de vulnerabilidad. En este sentido, la Corte IDH ha señalado que los estándares interamericanos constituyen «herramientas fundamentales para la búsqueda de soluciones oportunas, justas, equitativas y sostenibles» frente a los impactos del cambio climático (Corte IDH, 2023: 2), subrayando además que el derecho internacional de los derechos humanos puede «acelerar las respuestas a la emergencia climática» mediante la adopción de políticas estatales coherentes con las obligaciones de respeto y garantía (ibid.: 5). Precisamente, ante la persistencia de vacíos normativos en relación con la protección específica de las personas desplazadas por impactos climáticos, el enfoque de derechos humanos adquiere una centralidad aún mayor.
De hecho, la misma Corte IDH ya había identificado, en contextos de desplazamiento forzado no vinculados al clima, la vulneración de derechos como la integridad personal, la libertad de circulación y residencia, los derechos de niñas, niños y adolescentes, la igualdad y no discriminación, la vida, la vida familiar, la propiedad y la participación (Corte IDH, 2014, 2019). Precisamente, porque el desplazamiento, sea climático o no, tiende a exacerbar desigualdades preexistentes y a generar riesgos acumulativos para determinados grupos en situación de vulnerabilidad (Ferris y Weerasinghe, 2020: 134-149; Scott y Smith, 2017), intensificando vulnerabilidades estructurales y produciendo impactos diferenciados sobre individuos y comunidades.
Esta comprensión resulta esencial para el análisis jurídico de la movilidad climática, pues permite superar la noción errónea de que los efectos del cambio climático afectan de manera homogénea a la población. Factores como la edad, el género, la pertenencia a pueblos indígenas, la discapacidad o la situación socioeconómica inciden directamente en la forma en que las personas experimentan y soportan los riesgos climáticos, lo que exige evaluaciones individualizadas y contextualizadas conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Desde esta perspectiva, la movilidad climática se inscribe en lo que la doctrina ha denominado un hazard-scape o paisaje de riesgo más amplio, en el cual los impactos climáticos no constituyen eventos aislados, sino procesos acumulativos y progresivos de riesgo (Wisner et al., 2004: 3-27; IPCC, 2022: 12-18 y 26-33; McAdam, 2012: 43-68). La pérdida de medios de subsistencia, el deterioro del acceso al agua y a los alimentos, la inseguridad habitacional y la degradación ambiental prolongada pueden generar condiciones incompatibles con una vida digna incluso antes de que se materialice un daño extremo o irreversible.
La propia Corte IDH ha enfatizado, en casos como Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay (2005) y Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay (2010), que los Estados deben considerar los contextos de vulnerabilidad estructural que agravan la exposición al daño, especialmente cuando confluyen degradación ambiental, pobreza y exclusión social. Desde esta perspectiva, la movilidad climática en las Américas se inserta en un entramado de riesgos estructurales que deben ser evaluados de forma acumulativa y prospectiva. La pérdida progresiva del acceso al agua potable, a la alimentación adecuada, a la vivienda y a un entorno ambiental sano puede, considerada en su conjunto, configurar condiciones incompatibles con el goce efectivo de los derechos a la vida y a la integridad personal, incluso antes de la materialización de un daño extremo o irreversible. Este entendimiento resulta coherente con los estándares interamericanos sobre el derecho a una vida digna, que imponen a los Estados la obligación de prevenir situaciones que deterioren de manera sostenida las condiciones materiales de existencia, tal y como se pronunció la Corte IDH en el caso Villagrán Morales y otros («Niños de la Calle») vs. Guatemala, 1999 y en su OC-23/17.
El desarrollo interamericano más reciente ha introducido un avance notable: por primera vez a nivel internacional se reconoce expresamente que existen personas obligadas a desplazarse por los efectos directos o indirectos del cambio climático y que esta situación provoca afectaciones graves a una serie amplia de derechos fundamentales. Por este motivo, la OC-32/25 declara que los Estados deben garantizar el derecho a la vida, integridad personal, salud, vivienda adecuada, alimentación y acceso al agua potable (Corte IDH, 2025: §423), reafirmando el marco internacional establecido por Naciones Unidas (2015). En palabras de la Corte: «La protección de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud, a la vida privada y familiar, al ambiente sano, a la propiedad privada, a la vivienda, al trabajo y a la seguridad social, al agua, a la alimentación, a la cultura y a la educación es esencial a efectos de prevenir la movilidad forzada (...)» (Corte IDH, OC-32/25: §423).
La relación entre cambio climático y derechos humanos ha sido documentada ampliamente por organismos internacionales. La Asamblea General de la OEA afirmó que el cambio climático constituye una «preocupación común de la humanidad» con impactos significativos en el desarrollo y los derechos humanos (OEA, 2008). En la doctrina, esta conexión ha sido desarrollada por autores que describen cómo el clima genera o intensifica vulnerabilidades que se materializan en restricciones concretas al ejercicio de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales (Savaresi, 2018: 1-10; Limon, 2009: 439-476). Estas vulnerabilidades se materializan en restricciones concretas al ejercicio de derechos como la movilidad, la vivienda o el acceso al agua.
No obstante, ha sido la misma CIDH, la que ha contribuido de manera decisiva a este entendimiento en casos paradigmáticos, como la petición Inuit vs. Estados Unidos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2005) y la petición del Consejo Ártico Athabaskan contra Canadá (Arctic Athabaskan Council, 2013), ambos considerados precedentes cruciales que entrelazan cambio climático, derechos indígenas y autodeterminación (Watt-Cloutier, 2015; Ford et al., 2016: 349-353). A su vez, la OC-23/17 sentó bases al reconocer que los efectos del cambio climático inciden directamente en el ejercicio de numerosos derechos, forzando incluso reubicaciones (Corte IDH, 2017). Esto coincide con la concepción de la movilidad climática como un continuo que abarca desplazamiento interno, movilidad transfronteriza y reubicación planificada (Gemenne y Blocher, 2017: 336-347; IDMC, 2022).
La CIDH y la REDESCA reforzaron esta visión mediante la Resolución 3/2021 sobre Emergencia Climática, donde establecieron obligaciones estatales reforzadas en materia de prevención, adaptación, acceso a la justicia y protección de personas afectadas (CIDH y REDESCA, 2021). Esto se alinea con los debates doctrinales emergentes sobre el reconocimiento de un derecho a un clima estable (Setzer y Byrnes, 2019; Peel y Osofsky, 2020).
En su OC-32/25, la Corte articula medidas para implementar la protección desde el inicio del desplazamiento y en situaciones de inmovilidad o riesgo de desplazamiento prolongado (Corte IDH, 2025: §418; McLeman, 2014). Así, el enfoque basado en derechos humanos constituye el eje de la protección frente a la movilidad inducida por desastres y degradación ambiental.
La OC-32/25 identifica cuatro modalidades mediante las cuales el cambio climático produce movilidad forzada, es decir:
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—Desplazamientos directos e indirectos por fenómenos extremos combinados con vulnerabilidades estructurales (IPCC, 2022; Corte IDH, 2025: §416).
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—Desplazamientos por pérdida de medios de vida, tierra, agua o empleo (IDMC, 2023; Knox, 2018a: 31-57).
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—Agravamiento de los riesgos para personas ya desplazadas, generando desplazamientos prolongados (McLeman, 2014; Corte IDH, 2025: §418).
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—Inmovilidad climática, voluntaria o involuntaria, por razones culturales, económicas o sociales (Black et al., 2011b; Corte IDH, 2025: §§416-419).
Si bien esta tipología permite sistematizar la complejidad del fenómeno, la propia amplitud de las categorías plantea desafíos de delimitación jurídica. En particular, la ausencia de criterios normativos más precisos para diferenciar entre movilidad voluntaria, movilidad inducida y formas de inmovilidad forzada puede generar dificultades de calificación en la práctica estatal, con impacto directo en la previsibilidad de las obligaciones derivadas.
A partir de este diagnóstico de todas estas situaciones, se consigue reflejar la complejidad de la movilidad climática y su afectación a la libre circulación de las personas. Por ello, la Corte desarrolla principios orientados a la prevención del desplazamiento, la protección de derechos en contextos de movilidad climática y la adopción de medidas reforzadas para grupos en situación de vulnerabilidad.
Estas situaciones no solo afectan a la libertad de circulación, también producen una clara afectación a la vida privada y familiar. Por este motivo, la Corte exige que las políticas climáticas contengan mecanismos para preservar la unidad familiar, bases de datos para rastrear separaciones, protocolos para NNA no acompañados y programas de apoyo social, jurídico y psicológico en reasentamientos, así como medidas para proteger datos personales (Corte IDH, 2025: §672). También ordena cooperación internacional mediante acuerdos bilaterales y regionales para garantizar este derecho (§672).
La protección del derecho a la vivienda, en este sentido, es un elemento central para evitar los desplazamientos, e implica asegurar que las viviendas destinadas a reubicaciones sean adecuadas, cuenten con servicios básicos y estén próximas a servicios esenciales (ibid.).
La Corte dedica particular atención a la protección humanitaria transfronteriza, probablemente una de las cuestiones más complejas en el abordaje de la movilidad climática. A falta de tratados internacionales que regulen la protección de estas personas, se ordena a los Estados establecer mecanismos nacionales efectivos como visados humanitarios, permisos de estadía temporal o reconocimiento de la condición de persona refugiada, prohibiendo devoluciones contrarias al principio de no devolución (ibid.: §433; Knox, 2018b). En este sentido, se señala: «Los Estados deben establecer mecanismos efectivos (...) como visas humanitarias, permisos de estadía temporal y/o protección bajo estatus de refugiado (...), que les brinde protección contra la devolución forzosa» (Corte IDH, 2025: §433).
Además, se resalta la responsabilidad compartida y la necesidad de cooperación internacional y regional para gestionar la movilidad climática de forma segura, ordenada y regular (ibid.: §§408, 431), evidentemente siguiendo los Pactos Globales de Migración Segura, Ordenada y Regular y de Refugio.
Otra cuestión que destacar en este análisis es que la Corte adopta una perspectiva estructural e interseccional que permite identificar cómo los efectos del cambio climático tienen un impacto desproporcionado sobre mujeres, niñas y adolescentes, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y poblaciones rurales, precisamente porque son los grupos de personas que son más propensas a quedarse atrapadas o que en una situación de desplazamiento, se agrava su condición de vulnerabilidad, tal y como ya sido documentado en por la literatura especializada, como son los informes de UN Women (2021) o Open Society Justice Initiative (2023).
2. Las obligaciones de los estados respecto a la movilidad climática[Subir]
A partir del marco conceptual previamente expuesto, este subapartado identifica y sistematiza las obligaciones jurídicas concretas que la OC-32/25 impone a los Estados en relación con la movilidad climática, distinguiendo entre obligaciones preventivas y reactivas según el momento de activación de la protección.
En este sentido y a partir de los hallazgos fácticos establecidos en la OC-32/25, la Corte Interamericana concluye que los Estados asumen obligaciones tanto preventivas como reactivas frente a la movilidad humana inducida por el cambio climático (Corte IDH, 2025: §§422-434). En términos generales, deben adoptar medidas destinadas a reducir los factores que impulsan la migración o el desplazamiento forzado, garantizando condiciones mínimas de vida digna (ingresos, seguridad alimentaria, acceso a agua potable y vivienda adecuada) y aplicando los principios derivados de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Knox, 2018b; IPCC, 2022; Corte IDH, 2025: §422).
La Corte IDH introduce además un cambio de paradigma: por primera vez en el derecho internacional, la movilidad humana inducida por el clima pasa de ser un asunto de preocupación humanitaria a constituir una obligación jurídica en materia de derechos humanos, generando deberes exigibles de prevención y respuesta por parte de los Estados (Corte IDH, 2025: §§414-434; Knox, 2018b). Así, la OC-32/25 se consolida como referente normativo global, con obligaciones que abarcan tanto la protección de personas ya desplazadas como la prevención del desplazamiento provocado por los impactos climáticos.
2.1. Obligaciones preventivas frente al riesgo de movilidad climática[Subir]
Este subapartado examina las obligaciones preventivas de los Estados, entendidas como aquellas dirigidas a evitar la generación de situaciones de movilidad climática antes de su materialización. Desde este enfoque, los Estados deben ejercer una debida diligencia reforzada para evitar que los impactos climáticos deriven en desplazamientos forzosos. Ello exige adaptar sus marcos normativos, institucionales y presupuestarios a los nuevos escenarios de riesgo (Corte IDH, 2025: §§416-417; Knox, 2018b). Así, la Corte entiende que como la movilidad climática es «una respuesta a riesgos estructurales y acumulativos, en lugar de a eventos climáticos aislados», destaca que «los Estados deben abordar tanto los factores desencadenantes inmediatos como las condiciones sociales, políticas y ambientales más amplias que impulsan a las personas a desplazarse en busca de seguridad y dignidad» (Corte IDH, 2025: §433). Esta obligación incluye también abstenerse de realizar desalojos, destrucciones o despojos de viviendas y propiedades, así como garantizar la participación comunitaria, el acceso a la información y la consulta, de conformidad con los estándares de la jurisprudencia interamericana (Open Society Justice Initiative, 2023; Corte IDH, 2025: §430).
Las reubicaciones solo pueden adoptarse en circunstancias excepcionales, deben ajustarse a estrictos estándares internacionales y regionales y requieren categorías migratorias adecuadas que aseguren una protección efectiva y eviten retornos forzosos, conforme al principio de non-refoulement (Knox, 2018b; McAdam, 2020: 708-725).
La Corte incorpora un enfoque integral de las distintas modalidades de movilidad climática (desplazamiento interno, reubicación planificada, inmovilidad voluntaria, inmovilidad involuntaria y situaciones de atrapamiento) y enfatiza que la mayoría de estos procesos se desarrolla dentro de las fronteras de los propios Estados (Corte IDH, 2025: §§420-432; McLeman, 2014; Black et al., 2011a).
Un elemento central del enfoque preventivo es la protección del derecho a permanecer. Este derecho, ya reconocido por la Comisión Interamericana en la Resolución 4/19, implica que las personas no deben verse forzadas a abandonar su país de origen o de residencia habitual, incluso en contextos de desastre. Para hacerlo efectivo, los Estados deben avanzar en medidas de adaptación, garantizar la seguridad alimentaria e hídrica, y asegurar el acceso sostenible a medios de vida.
La Corte profundiza en este derecho al señalar que su realización plena exige la protección de un conjunto amplio de derechos humanos: vida, integridad personal, salud, vida privada y familiar, ambiente sano, propiedad privada, vivienda, trabajo, seguridad social, agua, alimentación, cultura y educación. La reubicación, por tanto, debe considerarse siempre una medida de último recurso, ejecutada bajo salvaguardias legales robustas y con la garantía de retorno cuando las condiciones lo permitan.
En el caso de los pueblos indígenas, se establecen salvaguardias reforzadas: la reubicación solo puede realizarse con consentimiento libre, previo e informado y debe ofrecer la posibilidad de optar entre una compensación justa o tierras de calidad y significado cultural equivalentes, de manera que se preserve la continuidad territorial, cultural y el desarrollo a largo plazo de las comunidades. Para muchos pueblos indígenas y comunidades de primera línea, cuya identidad es inseparable de su territorio, esta afirmación representa un reconocimiento fundamental de su derecho a pertenecer y existir.
2.2. Obligaciones reactivas frente a la movilidad climática[Subir]
A pesar de un adecuado despliegue de obligaciones preventivas, la emergencia climática puede generar directa o indirectamente situaciones de movilidad forzada. Por este motivo, este subapartado analiza las obligaciones reactivas que se activan una vez producida la movilidad climática, orientadas a la protección inmediata y a la garantía de derechos de las personas afectadas. En este sentido, la Corte entiende que parar garantizar la protección efectiva de las personas en movilidad climática y de sus derechos, los Estados deben contar, para empezar, con instrumentos normativos, institucionales, políticos y presupuestarios adecuados para gestionar de manera integral la movilidad climática (Corte IDH, 2025: §424), superando el actual vacío normativo existente en la materia.
Estas obligaciones comprenden, por un lado, obligaciones negativas, que exigen abstenerse de prácticas que expongan a las personas desplazadas a riesgos para la vida, la integridad o la dignidad. Esto supone adoptar medidas, como la reducción de riesgos, las rutas de evacuación seguras, los sistemas de alerta, la asistencia humanitaria, el alojamiento temporal, los mecanismos de retorno seguro y la reubicación planificada como último recurso, con estrictas garantías procesales (Corte IDH, 2025: §§425, 429). Todas estas medidas deben diseñarse considerando vulnerabilidades específicas, como discapacidad, analfabetismo, género, edad o barreras lingüísticas (Open Society Justice Initiative, 2023).
Por otro lado, existen obligaciones positivas que requieren garantizar sin discriminación el acceso a alimentación, agua y saneamiento, atención médica y sanitaria, educación y servicios esenciales. La respuesta estatal debe ser disponible, accesible, aceptable y de calidad, e incorporar mecanismos de atención prioritaria. Asimismo, los Estados deben asegurar el respeto de la unidad familiar, garantizar condiciones seguras de movilización, ofrecer alojamiento adecuado y proteger bienes y propiedades dejados atrás durante el desplazamiento.
Con base en los Principios Básicos y Directrices de Naciones Unidas sobre Desalojos y Desplazamiento por Desarrollo (OACNUDH, 2007), la Corte afirma que el derecho al reasentamiento incluye el acceso a tierras de igual o mejor calidad y a una vivienda adecuada en términos de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, seguridad de la tenencia, pertinencia cultural, ubicación apropiada y acceso a servicios esenciales como salud y educación. Estos estándares aplican independientemente de la titularidad formal de la propiedad. Así, en el caso de los pueblos indígenas, la reubicación solo puede realizarse con consentimiento libre, previo e informado, e implica el derecho a elegir entre compensación adecuada o tierras equivalentes en términos culturales, ambientales y territoriales (Corte IDH, 2025: §§418, 433; Knox, 2018a).
La Corte enfatiza también la necesidad de coordinación multinivel, es decir, cooperación activa entre actores locales, nacionales y regionales (Corte IDH, 2025: §§430, 432). Esto incluye mecanismos para facilitar movilidad transfronteriza segura y regular, mejorar la gestión fronteriza y fortalecer capacidades de búsqueda y rescate (Knox, 2018a; Naciones Unidas, 2015).
Un aporte esencial de la OC-32/25 es la obligación de crear mecanismos nacionales de protección humanitaria, como visas humanitarias, permisos temporales, protección complementaria o incluso reconocimiento de la condición de refugiado, siempre bajo la garantía del principio de no devolución (non-refoulement) (Corte IDH, 2025: §433). En este punto, la Corte integra instrumentos de soft law, como la Iniciativa Nansen, la Declaración y Plan de Acción de Chile 2024-2034 (Estados participantes del Proceso de Cartagena+40, 2024) y el caso Teitiota v. Nueva Zelanda (HRC, 2020), en el marco de la CADH (ACNUDH, 2020; Knox, 2018b).
Finalmente, la Corte subraya que la protección efectiva requiere cooperación interestatal estructurada, guiada por el Marco de Adaptación de Cancún, el Marco de Sendai (ONU, 2015b) y el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (ONU, 2018a; Open Society Justice Initiative, 2023; WEF, 2025). Desde esta perspectiva, reafirma que la protección de personas que cruzan fronteras por impactos climáticos constituye una obligación jurídica derivada de los principios de solidaridad, equidad climática y responsabilidades comunes pero diferenciadas (Corte IDH, 2025: §431; Adger et al., 2015) y, por lo tanto, debe considerarse en la evaluación de solicitudes de protección internacional y así evitar análisis fragmentados o exclusivamente retrospectivos del riesgo. Con todas estas aportaciones, la Corte IDH sienta las bases de un posible desarrollo en el reconocimiento y protección jurídica de la movilidad climática, que sin duda merecen una valoración crítica de su alcance e implicaciones.
En conjunto, la OC-32/25 consolida un marco interpretativo de gran alcance para la protección de la movilidad climática en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No obstante, su principal fortaleza —la apertura y flexibilidad de su aproximación normativa— constituye también una de sus principales limitaciones en términos de densidad jurídica y aplicabilidad uniforme. La Opinión avanza significativamente en la conceptualización de la movilidad climática como fenómeno jurídico relevante, pero deja abiertos espacios de indeterminación en relación con la definición de umbrales de protección, la jerarquización de obligaciones y la articulación entre movilidad, permanencia y reubicación. Esta combinación de expansión normativa y apertura estructural configura un estándar en evolución, cuyo impacto dependerá en gran medida de su desarrollo jurisprudencial y de su recepción por los Estados y tribunales nacionales.
IV. VALORACIÓN CRÍTICA DE LAS IMPLICACIONES DE LA OC-32/25 PARA LA MOVILIDAD CLIMÁTICA[Subir]
La OC-32/25 constituye uno de los desarrollos más ambiciosos del Sistema Interamericano en materia de cambio climático y derechos humanos. No obstante, junto a sus importantes contribuciones normativas, la Opinión también plantea interrogantes sobre el alcance operativo de algunas de sus obligaciones y sobre los desafíos que enfrentará su implementación efectiva por parte de los Estados.
Con el fin de evaluar el alcance real de estas contribuciones, este apartado examina críticamente la Opinión desde tres perspectivas complementarias. En primer lugar, se analizan sus principales aportes conceptuales y normativos en la construcción de un marco regional de protección de la movilidad climática. En segundo lugar, se estudian los avances y las limitaciones que presenta en materia de protección internacional y aplicación del principio de non-refoulement climático. Finalmente, se abordan los desafíos relacionados con su implementación efectiva, su justiciabilidad y la capacidad de los Estados para traducir los estándares desarrollados por la Corte en políticas públicas y mecanismos concretos de protección.
1. Aportes conceptuales y normativos de la OC-32/25[Subir]
En términos generales, las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ejercen un impacto interpretativo significativo dentro del sistema interamericano (Arévalo-Ramírez y Rousset-Siri, 2025: 62-79). Su autoridad persuasiva ha generado un efecto de irradiación en los ordenamientos internos, al funcionar como guía hermenéutica para tribunales constitucionales y cortes supremas en la consolidación de estándares reforzados de protección (Klingst y Marjanac, 2020: 1-25).
De acuerdo con esta función interpretativa propia de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, la OC-32/25 no solo clarifica el alcance de las obligaciones estatales derivadas de la CADH (OEA 1969), sino que también contribuye a la construcción progresiva de estándares jurídicos aplicables a desafíos emergentes vinculados con la crisis climática (Kahl y Rodríguez Orúe, 2026). Este papel refuerza a la Corte como actor central en la producción de normas emergentes en materia ambiental y climática (Sands y Peel, 2018; Boyle, 2020: 735-758), aunque también incrementa la expectativa de mayor densidad normativa en sus decisiones, especialmente en contextos de alta incertidumbre como la movilidad climática.
Uno de los principales aportes de la Opinión radica en reconocer de manera expresa la movilidad climática como una cuestión de derechos humanos. Por primera vez, la Corte aborda de forma sistemática las distintas formas de movilidad humana asociadas al cambio climático y las integra dentro del marco convencional interamericano. Con ello, abandona aproximaciones centradas exclusivamente en la gestión migratoria o en la asistencia humanitaria y sitúa la movilidad climática en el ámbito de las obligaciones jurídicas derivadas de la protección de los derechos fundamentales.
La Corte adopta una comprensión amplia del fenómeno al reconocer que la movilidad climática comprende una pluralidad de situaciones jurídicas que incluyen el desplazamiento interno, la migración transfronteriza, la reubicación planificada y la inmovilidad climática (Corte IDH, 2025: §§403-434). Esta aproximación supera enfoques tradicionales que identificaban el fenómeno exclusivamente con el desplazamiento forzado y permite captar la complejidad de las respuestas humanas frente a los impactos climáticos. Particularmente innovador resulta el reconocimiento de la inmovilidad climática como categoría jurídicamente relevante, al visibilizar la situación de aquellas personas que permanecen en territorios altamente expuestos debido a limitaciones económicas, sociales, culturales o políticas que les impiden desplazarse.
Asimismo, la Opinión desarrolla una interpretación expansiva de los derechos potencialmente afectados por los impactos climáticos. La Corte vincula la movilidad climática no solo con los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad de circulación, sino también con derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, incluyendo la salud, el agua, la alimentación, la vivienda adecuada, la educación, la cultura y los derechos territoriales de pueblos indígenas y comunidades locales. Esta perspectiva refuerza la comprensión multidimensional de los efectos del cambio climático y reconoce que los procesos de movilidad suelen ser el resultado de la interacción entre múltiples factores de vulnerabilidad.
De esta forma, se logra un avance significativo en la medida que la Corte no solo reconoce la existencia de la movilidad climática, sino que constata formalmente que esta última constituye un ámbito de protección de la Convención Americana, especialmente a través del art. 22, que comprende la libertad de circulación, la prohibición de expulsiones colectivas y el principio de no devolución. Esta integración consolida la idea de que los desplazamientos inducidos por el clima no constituyen fenómenos extrajurídicos, sino situaciones plenamente justiciables, impulsando una interpretación amplia y evolutiva de los derechos protegidos y reforzando los deberes estatales de prevención, atención y reparación frente a los desplazamientos vinculados a factores climáticos (Corte IDH, 2025: §414; Knox, 2018a). Así, se determina que su protección debe realizarse a través de los derechos humanos y de las obligaciones jurídicas de los Estados. Tal y como ya se ha mencionado anteriormente, se adopta un enfoque integral que supera las categorías jurídicas tradicionales, incorporando desplazamientos voluntarios e involuntarios, movimientos internos y transfronterizos, así como situaciones de inmovilidad forzada o voluntaria (Corte IDH, 2025: §§419-420; Black et al., 2011a; McLeman, 2014).
Especial relevancia adquiere el reconocimiento del denominado «derecho a permanecer». La Corte sostiene que la respuesta jurídica frente a la movilidad climática no puede limitarse a la protección de quienes se desplazan, sino que debe incluir medidas destinadas a evitar desplazamientos forzados cuando ello sea posible. Desde esta perspectiva, los Estados tienen la obligación de adoptar acciones de mitigación, adaptación, reducción del riesgo de desastres y fortalecimiento de la resiliencia que permitan a las personas continuar viviendo en sus territorios en condiciones de dignidad y seguridad. Este enfoque desplaza parcialmente el eje de atención desde la gestión de la movilidad hacia la prevención de las causas que la generan, fortaleciendo los vínculos entre derechos humanos, adaptación climática y justicia climática.
Otro de los aportes significativos de la OC-32/25 es la incorporación de un enfoque diferenciado e interseccional. La Corte reconoce el carácter multidimensional del vínculo entre cambio climático y movilidad humana, atravesado por factores económicos, sociales, culturales, ambientales y de género y subraya que los impactos del cambio climático no afectan a todas las personas de manera uniforme y que determinados grupos enfrentan riesgos desproporcionados debido a condiciones preexistentes de vulnerabilidad. Entre ellos destacan los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, las comunidades campesinas y pesqueras, las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las personas mayores y quienes viven en situación de pobreza (Corte IDH, 2025: §§403, 416, 424, 434). En consecuencia, la Opinión exige que las medidas estatales de prevención, protección y adaptación incorporen mecanismos reforzados de participación, acceso a la información y protección de derechos, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada grupo. Esta aproximación expansiva contrasta con posiciones más restrictivas de otros tribunales regionales, particularmente en Europa, criticados por su visión estatal-centrista (McAdam, 2012). Además, fortalece la visibilidad jurídica del fenómeno y desplaza el análisis desde categorías migratorias tradicionales hacia un enfoque estructural de vulnerabilidad. Noobstante, al mismo tiempo amplía el campo de intervención estatal sin delimitar con precisión sus contornos jurídicos, lo que tensiona la previsibilidad del sistema.
La amplitud de este razonamiento se ve reforzada por el importante respaldo técnico y científico que sustenta la Opinión. La Corte construye su análisis a partir de informes especializados de organismos internacionales y de más de doscientas sesenta intervenciones de amicus curiae, lo que le permite articular una comprensión particularmente sofisticada de las relaciones entre cambio climático, vulnerabilidad y movilidad humana. Esta metodología favorece una aproximación multidimensional que integra consideraciones jurídicas, ambientales, sociales, culturales y económicas, y que se aparta de enfoques más restrictivos observables en otros sistemas regionales de protección de derechos humanos (McAdam, 2020).
Finalmente, la OC-32/25 incorpora de forma explícita principios de cooperación internacional, solidaridad y responsabilidades comunes pero diferenciadas, reconociendo que la gestión de la movilidad climática requiere respuestas coordinadas más allá del ámbito exclusivamente nacional. De este modo, la Corte construye un marco normativo que articula prevención, adaptación, protección y cooperación internacional dentro de una misma lógica de derechos humanos, reforzando la dimensión colectiva de las obligaciones estatales frente a la crisis climática.
El conjunto de todos estos elementos convierte a la OC-32/25 en uno de los desarrollos jurisprudenciales más relevantes del derecho internacional contemporáneo en materia de movilidad climática. Ahora bien, junto a estas importantes contribuciones, la Opinión presenta algunas zonas de indeterminación normativa y desafíos de implementación que condicionan su alcance práctico y que requieren un análisis crítico más detallado.
2. Desafíos para la protección internacional y la aplicación del principio de non-refoulement climático[Subir]
Uno de los aspectos más innovadores, pero a la vez más problemáticos de la OC-32/25, es el reconocimiento de que los impactos del cambio climático pueden generar obligaciones de protección internacional y activar el principio de no devolución (non-refoulement) cuando el retorno de una persona la exponga a riesgos graves para sus derechos fundamentales. Estos aportes requieren de un análisis crítico.
2.1. Desafíos respecto a la protección internacional[Subir]
Respecto a la protección internacional, la Opinión reconoce expresamente que los desplazamientos asociados al cambio climático pueden requerir respuestas de protección más allá de los marcos tradicionales del derecho migratorio, incluyendo mecanismos como visados humanitarios, permisos de residencia u otras formas de protección complementaria (Corte IDH, 2025: §§414-431), en línea con prácticas regionales (Cantor, 2021; OIM, 2023; ACNUR, 2022). Y aunque la Corte reconoce la necesidad de interpretar los instrumentos existentes de forma evolutiva, no llega a definir con claridad cómo deben articularse las distintas categorías de protección internacional aplicables a las personas desplazadas por motivos climáticos. Así, no se desarrollan criterios para determinar cuándo un desplazamiento climático activa el estatuto de refugiado, tampoco se articula de forma sistemática su relación con la Convención de Ginebra 1951 ni se profundiza en la relación entre movilidad climática y persecución (McAdam, 2012; Kälin, 2019: 1-20). Es decir, uno de los principales puntos débiles es la ausencia de una interpretación explícita sobre cómo se aplican los regímenes existentes de asilo y refugio: no integra la Convención de 1951 ni su Protocolo de 1967en el marco de protección climática.
La Opinión también mantiene cierta ambigüedad respecto de la articulación entre la movilidad climática y los instrumentos regionales de protección de refugiados. Aunque la Corte hace referencia a la evolución progresiva del derecho internacional de los refugiados y menciona expresamente tanto la Declaración de Cartagena sobre Refugiados (Coloquio sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá, 1984) como la Resolución n.º 2/24 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2024), no desarrolla de forma sistemática el potencial de estos instrumentos para responder a situaciones de movilidad climática. En particular, la Opinión evita pronunciarse sobre si determinados desplazamientos inducidos por fenómenos climáticos extremos podrían encajar dentro de las categorías ampliadas de protección reconocidas por la Declaración de Cartagena (Coloquio sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá, 1984; Arboleda, 1995), especialmente cuando los efectos del cambio climático interactúan con situaciones de violencia, colapso institucional o graves perturbaciones del orden público. En particular, la Corte desaprovecha la oportunidad de operacionalizar la Declaración de Cartagena, que constituye el principal eje estructurante en la regiónpara la construcción de estándares específicos de protección frente a la movilidad climática transfronteriza. En efecto, la OC-32/25 no desarrolla de forma autónoma la Declaración de Cartagena (Coloquio sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá, 1984) ni la Resolución n.º 2/24 de la CIDH (2024) como fuentes centrales del razonamiento, si bien las incorpora en sus notas al pie (Corte IDH, 2025, vid. notas 705 y 734) como elementos de apoyo interpretativo en la construcción de estándares de protección internacional. Este vacío resulta estructural en la medida en que impide integrar el régimen de movilidad climática dentro del sistema internacional de protección de refugiados y desarrollar plenamente todo su potencial para consolidar estándares específicos de protección para la movilidad climática transfronteriza.
Además, hay dos motivos más que ponen de manifiesto la relevancia de esta ausencia: primero, porque la Corte menciona el informe de ACNUR (2020), en el que afirma la aplicabilidad de la protección internacional en contextos de desplazamiento transfronterizo por efectos adversos del cambio climático, y destaca la herramienta práctica International Protection for People Displaced Across Borders in the Context of Climate Change and Disasters: A Practical Toolkit (Jastram et al., 2025) y el segundo, porque la Declaración de Cartagena (Coloquio sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá, 1984) ofrece una definición ampliada de refugiado, siendo un marco normativo idóneo para abordar la protección en contextos climáticos. No obstante, el potencial para ampliar el concepto de refugiado no es plenamente operacionalizado. Ello no solo mantiene abiertas las incertidumbres jurídicas que caracterizan actualmente este ámbito, sino que se ha perdido una oportunidad histórica para consolidar el régimen regional de protección climática. En todo caso, aunque la Opinión no llega a desarrollar plenamente la relación entre movilidad climática y la definición ampliada de refugiado, sí reconoce que ciertos desplazamientos climáticos podrían dar lugar a la obtencióndel estatus de refugiado. Más cuando su relevancia regional también se refuerza en el reciente proceso de revisión decenal, reflejado en la Declaración y Plan de Acción de Chile 2024-2034 (CDPA) (Estados participantes del Proceso de Cartagena+40, 2024). Frente a estos desarrollos, la Opinión no llega a traducir los avances normativos en criterios operativos, lo que genera un desfase entre evolución institucional y densidad jurisprudencial. De forma que aunque introduce un marco interpretativo robusto, persisten zonas de indeterminación especialmente en materia de refugio, asilo y protección internacional, lo que limita su capacidad de traducirse en estándares plenamente justiciables.
Esta ausencia resulta especialmente significativa si se considera que algunos ordenamientos latinoamericanos ya ofrecen experiencias normativas susceptibles de servir como referencia para el desarrollo futuro de estándares más precisos. En Argentina, la Ley de Migraciones n.º 25 871 (República Argentina, 2003) incorpora cláusulas humanitarias que podrían facilitar respuestas flexibles de protección ante situaciones de desplazamiento vinculadas a desastres ambientales. En Brasil, la Resolución Normativa n.º 27/2019 del Consejo Nacional de Inmigración (2019) constituyó uno de los primeros antecedentes regionales más relevantes de concesión de visados por razones humanitarias a personas afectadas por desastres, particularmente nacionales haitianos tras el terremoto de 2010, mostrando la viabilidad de mecanismos migratorios flexibles frente a crisis ambientales. Por su parte, Ecuador ha desarrollado una práctica relativamente amplia en materia de visados humanitarios que, aunque no diseñada específicamente para la movilidad climática, evidencia la existencia de instrumentos administrativos potencialmente adaptables a estos contextos. Asimismo, otros países de la región han comenzado a incorporar progresivamente consideraciones climáticas en sus políticas de movilidad humana. Y si bien ninguna de estas experiencias constituye todavía un régimen específico de protección para personasdesplazadas por el cambio climático, todas ellas muestran que existen bases normativas sobre las cuales podría construirse una respuesta regional más coherente. Aun así, la OC-32/25 reconoce la importancia de tales mecanismos, pero no extrae de estas experiencias criterios comunes que permitan avanzar hacia un estándar regional más definido.
2.2. Desafíos respecto al non-refoulement climático[Subir]
Otra cuestión problemática es la indeterminación en relación con el principio de non-refoulement climático. La Opinión reafirma la prohibición de devolver a una persona a situaciones donde su vida, integridad o dignidad puedan verse amenazadas por los efectos del cambio climático. Pese a este avance conceptual, la Opinión deja abiertas cuestiones fundamentales para la aplicación práctica de estos estándares. En particular, la Corte no desarrolla criterios suficientemente precisos para determinar cuándo un riesgo climático alcanza la gravedad necesaria para activar el principio de no devolución ni establece parámetros claros para evaluar la relación entre degradación ambiental, vulnerabilidad social y amenaza efectiva a los derechos humanos. La ausencia de parámetros objetivos incrementa la discrecionalidad estatal y puede derivar en respuestas divergentes ante situaciones similares, debilitando la coherencia del estándar regional de protección.
Esta limitación resulta especialmente evidente cuando se compara la OC-32/25 con algunas aportaciones recientes del sistema universal de protección de los derechos humanos desarrolladas por el Comité de Derechos Humanos en el caso Teitiota v. New Zealand (HRC, 2020) o por las orientaciones de ACNUR (2020). En el caso Teitiota v. New Zealand (2020), considerado uno de los precedentes más relevantes en la construcción del principio de non-refoulement climático (McAdam, 2020: 708-725), el Comité de Derechos Humanos comenzó a perfilar los criterios aplicables a la protección internacional de las personas expuestas a riesgos derivados del cambio climático (HRC, 2020). Aunque concluyó que las circunstancias concretas del caso no justificaban la prohibición de devolución, el Comité reconoció que los efectos del cambio climático pueden llegar a comprometer el disfrute del derecho a la vida y generar, en determinadas circunstancias, obligaciones de protección internacional frente a la expulsión o devolución, incluso fuera de los supuestos tradicionales de persecución contemplados por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 (ibid.: §§9.11-9.12). Esta decisión constituyó un punto de inflexión en la evolución del derecho internacional de los derechos humanos aladmitir que los riesgos climáticos pueden alcanzar un umbral de gravedad suficiente para activar el principio de non-refoulement, aun cuando subsistan importantes incertidumbres respecto de los criterios para determinar dicho umbral y de su aplicación práctica en contextos migratorios y de protección internacional. Esta decisión resulta un referente útil para valorar la OC-32/25, pues evidencia la necesidad de desarrollar parámetros más precisos para determinar los umbrales de riesgo climático capaces de activar el principio de non-refoulement, cuestión que la Opinión Consultiva deja todavía insuficientemente definida, a diferencia del Comité de Derechos Humanos (McAdam, 2025; Scott y Poon, 2023: 789-808). Aunque la Corte reafirma la prohibición de devolver a una persona a contextos donde su vida, integridad o dignidad puedan verse amenazadas por los efectos del cambio climático, no desarrolla criterios suficientemente precisos para determinar cuándo un deterioro ambiental progresivo alcanza el nivel de riesgo jurídicamente relevante, ni tampoco establece con claridad el alcance de las obligaciones positivas mínimas. La ausencia de parámetros objetivos incrementa la discrecionalidad estatal y puede derivar en respuestas divergentes ante situaciones similares, debilitando la exigibilidad y la coherencia del estándar regional deprotección.
La comparación resulta aún más significativa a la luz de la decisión adoptada por el Comité en Daniel Billy et al. v. Australia (2022), relativa a las comunidades indígenas de las islas del Estrecho de Torres. En este caso, el Comité examinó de forma más concreta cómo procesos graduales de erosión costera, inundaciones recurrentes, salinización de los suelos y pérdida de territorios ancestrales podían traducirse en vulneraciones actuales de derechos humanos, sin exigir la materialización completa del daño climático (CCPR/C/135/D/3624/2019: §§8.5-8.8; Hoover, et al., 2025: 169-183). En este caso, el Comité concluyó que Australia había incumplido determinadas obligaciones derivadas del PIDCP al no adoptar medidas adecuadas para proteger a las comunidades insulares frente a los efectos del cambio climático. En concreto, determinó la vulneración de los derechos protegidos por los arts. 17 (vida privada, familia y hogar) y 27 (derechos culturales de las minorías) del PIDCP debido a la insuficiente adopción de medidas de adaptación frente al cambio climático que afectaba a las comunidades indígenas de las islas del Estrecho de Torres (HRC, 2022: §§8.6-8.7 y §§8.10-8.11).
Este precedente resulta particularmente ilustrativo porque demuestra que los procesos de degradación ambiental progresiva pueden generar afectaciones actuales a derechos fundamentales incluso antes de que se produzca un desplazamiento definitivo, aspecto que la OC-32/25 reconoce de forma implícita, pero sin desarrollar criterios concretos para su aplicación. Además, la relevancia del caso radica no solo en el reconocimiento de los impactos climáticos sobre la vida, la cultura y el territorio de estas comunidades (§§8.12-8.14), sino también en la valoración otorgada al conocimiento ecológico tradicional como fuente legítima para acreditar el daño sufrido (§§2.7-2.9 y 8.14). Este reconocimiento implica una apertura epistemológica relevante en la determinación del daño climático, al integrar saberes indígenas y locales en la evaluación jurídica de la vulnerabilidad. Frente a ello, la OC-32/25 reconoce la especial vulnerabilidad de estos grupos, pero ofrece menos orientaciones sobre los criterios concretos que deben emplearse para valorar el riesgo y activar mecanismos de protección internacional.
La experiencia del Estrecho de Torres es, particularmente, pertinente para la OC-32/25 porque pone de manifiesto algunos de los problemas que la Opinión deja abiertos: entre ellos, la determinación de los umbrales de riesgo que justifican medidas de protección reforzada, la evaluación jurídica de los procesos de degradación ambiental gradual y la tensión existente entre el derecho a permanecer en el territorio ancestral y la eventual necesidad de desplazamiento o reubicación.
En consecuencia, aunque la OC-32/25 representa un avance significativo en el reconocimiento de la movilidad climática como cuestión de derechos humanos y consolida la aplicabilidad del principio de no devolución en contextos climáticos, de nuevo, la ausencia de criterios operativos más precisos limita la previsibilidad jurídica del estándar. La Opinión establece las bases para una evolución futura del sistema interamericano, pero deja en manos de los Estados y de la práctica judicial posterior la tarea de concretar aspectos esenciales como los umbrales de riesgo, las formas de protección complementaria disponibles y la relación entre la movilidad climática y los regímenes regionales e internacionales de protección de refugiados. Estas cuestiones constituyen, probablemente, uno de los principales desafíos pendientes para la consolidación de un marco jurídico regional efectivo en materia de movilidad climática.
3. Implementación, justiciabilidad y desafíos en la gobernanza de la movilidad climática en las Américas[Subir]
Más allá de los avances conceptuales y de las aportaciones en materia de protección internacional, el principal desafío de la OC-32/25 reside en su implementación efectiva. Como han señalado diversas autoras, existe una tensión persistente entre la expansión normativa del derecho climático y la limitada capacidad de los sistemas jurídicos para traducir principios generales en obligaciones operativas y exigibles (Tigre y Rocha, 2025: 1-38). La Opinión Consultiva confirma parcialmente esta dinámica: aunque establece un marco interpretativo ambicioso para la protección de las personas afectadas por el cambio climático, mantiene importantes márgenes de indeterminación respecto al contenido concreto de varias obligaciones estatales.
En este sentido, la Corte amplía significativamente el alcance de las obligaciones de cooperación internacional, asistencia técnica y gobernanza compartida en materia de movilidad climática, reforzando principios como la equidad, la solidaridad y las responsabilidades comunes pero diferenciadas (Corte IDH, 2025: §431; Adger et al., 2015). La Opinión amplía, además, el repertorio jurídico disponible para la sociedad civil, organismos internacionales y comunidades afectadas al exigir mecanismos reforzados de cooperación internacional, compromisos vinculantes, estándares comunes y financiamiento adecuado (Shelton, 2015b). Esta dimensión amplía su alcance transformador al situar la movilidad climática en el plano de la acción colectiva internacional, incrementando su potencial como herramienta para el litigio estratégico y para el diseño de políticas públicas en materia de movilidad humana y justicia climática (Knox, 2018a; Tigre et al., 2023: 67-93; Wewerinke-Singh, 2023: 537-566). Sin embargo, no proporciona mecanismos concretos de coordinación ni aborda la cuestión de la financiación estructural, lo que reduce la viabilidad de la cooperación (Mayer, 2022; Zickgraf, 2019: 228).
Asimismo, la Opinión mantiene coherencia con la evolución jurisprudencial interamericana, particularmente con la OC-23/17 sobre medio ambiente y derechos humanos (Corte IDH, 2017) y el caso Lhaka Honhat vs. Argentina (Corte IDH, 2020), al reafirmar que la reubicación debe constituir una medida de último recurso y estar acompañada de garantías de participación, adecuación cultural y consentimiento libre, previo e informado (Corte IDH, 2025: §§418, 433; Besson, 2020b). De este modo, la Corte consolida una aproximación centrada en los derechos humanos que trasciende las respuestas meramente asistenciales frente a la movilidad climática. Sin embargo, la operacionalización de estos principios presenta importantes desafíos.
Aunque la Opinión enumera un amplio conjunto de derechos potencialmente afectados por los desplazamientos y otras formas de movilidad climática —entre ellos la vida, la integridad personal, la salud, el agua, la alimentación, la vivienda, la educación, la cultura y los derechos territoriales— (Corte IDH, 2025: §§418, 423), no establece niveles diferenciados de exigibilidad ni define con claridad cuáles constituyen obligaciones inmediatas y cuáles están sujetas a realización progresiva. Esta ausencia de criterios dificulta la traducción de los estándares interamericanos en parámetros operativos concretos de control judicial efectivo y limita su función como guía para políticas públicas estructurales (Sands y Peel, 2018; Savaresi y Setzer, 2021: 1-9). Al mismo tiempo, la Corte omite abordar suficientemente la resolución de conflictos entre derechos (permanencia vs. seguridad; propiedad vs. adaptación), una omisión ya señalada como crítica por parte de distintos autores, como McAdam y Ferris (2015: 137-166), Bronen (2018: 388-402) o Ferris y Weerasinghe (2020: 134-149). La consecuencia de esta ausencia de criterios de ponderación en estos escenarios supone trasladar la decisión al ámbito administrativo o judicial nacional, sin un marcointeramericano suficientemente estructurado, lo que puede intensificar la fragmentación interpretativa y la desigualdad en la protección.
Una situación similar se observa respecto del deber de debida diligencia reforzada. La Corte sostiene que los desplazamientos climáticos poseen un carácter esencialmente involuntario y que esta circunstancia activa obligaciones estatales específicas de diligencia debida, en términos de prevención, protección y asistencia (Corte IDH, 2025: §§414, 431; McLeman, 2014). Esta formulación amplía el alcance de las obligaciones estatales al vincular factores ambientales inmediatos con condiciones estructurales de vulnerabilidad (IPCC, 2022). No obstante, la Opinión no determina el contenido mínimo exigible de dicha diligencia debida ni los indicadores que permitirían verificar su cumplimiento. Esta falta de definición del contenido mínimo de dicha diligencia genera una tensión entre la expansión del estándar y su aplicabilidad efectiva. Y aspectos fundamentales como la planificación preventiva, los mecanismos de financiación, la evaluación de riesgos o los procedimientos de participación comunitaria quedan formulados en términos generales, lo que puede generar dificultades interpretativas y desigualdades en su implementación. Así, en ausencia de criterios operativos, la debida diligencia reforzada corre el riesgo de funcionar como cláusula abierta, con niveles de protección variables según la interpretación estatal, lo que debilita su capacidad degarantizar respuestas homogéneas (CESCR, 1990; Savaresi, 2022: 345-369).
Respecto a la inclusión de la inmovilidad climática, voluntaria e involuntaria, que constituye uno de los aportes conceptuales más innovadores de la Opinión, persisten las dificultades operativas. La Corte reconoce a quienes permanecen en zonas de riesgo por falta de recursos, vínculos culturales o restricciones estructurales (Corte IDH, 2025: §419), ampliando, así, el alcance del sistema de protección más allá del paradigma de la movilidad, incluyendo el reconocimiento y la protección del derecho a permanecer, exigiendo condiciones dignas mediante acceso a servicios esenciales, medios de vida, adaptación climática y protección de la unidad familiar (Corte IDH, 2025: §§414, 433; McLeman, 2014). El problema es que la Corte no formula obligaciones específicas para las personas que se encuentran en esta situación, limitándose a reconocer que los deberes estatales de derechos humanos se extienden a quienes se encuentran «atrapados» en condiciones inseguras, persistiendo la falta de claridad sobre cómo resolver tensiones entre políticas de permanencia y decisiones de reubicación en contextos de riesgo extremo (Petz, 2017: 135-160). El resultado es que no se deja resuelta la dificultad para articular simultáneamente movilidad y arraigo como dimensiones de protección equivalentes.
A esta dificultad, se suma la importante dependencia de instrumentos de soft law para fundamentar parte de las obligaciones identificadas por la Corte. La Opinión recurre de forma reiterada al Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (ONU, 2015b), al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (ONU, 2018a), a la Agenda para la Protección de las Personas Desplazadas a través de Fronteras en Contextos de Desastres y Cambio Climático derivada de la Iniciativa Nansen (2015), así como a otros instrumentos internacionales de carácter no vinculante. Aunque esta práctica refleja una tendencia consolidada en el Derecho internacional contemporáneo, la Corte no precisa suficientemente la función interpretativa que desempeñan estos instrumentos dentro del sistema interamericano ni el grado de autoridad normativa que les atribuye. Esta falta de clarificación puede generar incertidumbre sobre el alcance de las obligaciones derivadas de la Opinión y afectar la previsibilidad de su aplicación en el plano interno. Sin duda, introduce tensiones entre la ambición normativa del fallo y la indeterminación de su fuerza jurídica, lo que puede afectar la previsibilidad del estándar (Shelton, 2008; Dupuy, 1990: 420). De nuevo, estafalta de clarificación puede debilitar la coherencia del estándar y generar divergencias en su recepción interna, especialmente en contextos donde los tribunales nacionales requieren criterios normativos más definidos para su aplicación.
Los desafíos en la implementación resultan particularmente visibles cuando se analizan experiencias recientes de gestión de la movilidad climática en la región. Las inundaciones registradas en 2025 en los estados mexicanos de Veracruz, Puebla e Hidalgo constituyen un ejemplo ilustrativo de los desafíos de implementación (PNUD, 2025). En pocos días, miles de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de lluvias extraordinarias e inundaciones de gran magnitud, afectando de manera desproporcionada a comunidades rurales e indígenas con recursos limitados para afrontar la emergencia. Estos acontecimientos reflejan con claridad la tipología de movilidad climática que la OC-32/25 pretende abordar y evidencian las dificultades que enfrentan los Estados para traducir los estándares normativos en respuestas institucionales efectivas.
El caso mexicano es especialmente relevante porque permite contrastar las obligaciones reactivas derivadas de la OC-32/25 —incluidas la evacuación segura, la asistencia humanitaria inmediata, el alojamiento temporal adecuado y la protección reforzada de grupos vulnerables— con las limitaciones materiales e institucionales disponibles de los Estados para implementarlas de manera efectiva en contextos de emergencia climática. Aunque el país cuenta con un marco normativo relativamente avanzado en materia de cambio climático, las dificultades observadas en la coordinación institucional, la protección de las personas desplazadas y la provisión de asistencia humanitaria revelan los obstáculos existentes para implementar estándares de prevención y protección acordes con los desarrollados por la Corte Interamericana.
Experiencias comparables pueden observarse en diversos contextos de reubicación planificada en América Latina y el Caribe, particularmente en Colombia, Ecuador y pequeños Estados insulares, donde la necesidad de trasladar comunidades expuestas a riesgos climáticos crecientes ha evidenciado las complejas tensiones existentes entre el derecho a permanecer, la protección de la vida y la seguridad, la preservación de los vínculos culturales con el territorio y las exigencias de adaptación. Aunque la OC-32/25 establece que la reubicación debe constituir una medida de último recurso y respetar garantías reforzadas de participación y consentimiento, ofrece escasas orientaciones sobre cómo resolver los conflictos que pueden surgir entre estos derechos en situaciones concretas. Estas experiencias muestran tanto avances incipientes en la gestión preventiva del riesgo como déficits significativos en términos de participación comunitaria, protección de derechos culturales y aseguramiento de condiciones materiales equivalentes en los procesos de reasentamiento.
Todos estos ejemplos constatan que el principal desafío de la OC-32/25 no radica únicamente en la expansión del marco jurídico de protección, sino en la capacidad de convertir sus principios en políticas públicas operativas y mecanismos efectivos de garantía.
V. REFLEXIONES FINALES[Subir]
La OC-32/25 constituye, sin duda, un hito en el reconocimiento jurídico de la movilidad humana vinculada a la crisis climática. No obstante, su carácter progresivo convive con importantes vacíos normativos que limitan su alcance práctico. Aunque la Corte establece un marco robusto que integra prevención, protección y reparación, la Opinión no logra resolver algunos de los desafíos más urgentes del derecho internacional frente a la movilidad climática.
Si bien el pronunciamiento consolida un enfoque de derechos humanos aplicable a los desplazamientos inducidos por el clima, deja en manos de los Estados un margen de discrecionalidad amplio respecto a cómo implementar las obligaciones afirmadas. Este diseño, aunque políticamente pragmático, debilita la eficacia jurídica de la Opinión, especialmente considerando que muchos de los Estados más afectados carecen de capacidad institucional y presupuestaria suficiente para una respuesta adecuada.
El mensaje central, que la protección de las personas desplazadas por el clima es una obligación jurídica y no solo humanitaria (Corte IDH, OC-32/25: §433), representa un avance conceptual importante. Sin embargo, la Corte evita precisar umbrales de riesgo, criterios de aplicabilidad y parámetros de exigibilidad que habrían fortalecido la operatividad de esta obligación. Este silencio resulta especialmente problemático en relación con el non-refoulement climático y la protección transfronteriza, ámbitos donde el sistema interamericano podría haber ejercido un liderazgo normativo más contundente.
La Opinión también presenta tensiones internas. Aunque afirma un enfoque preventivo y centrado en derechos, carece de directrices claras sobre cómo armonizar este modelo con políticas nacionales contradictorias: por ejemplo, estrategias de adaptación basadas en reubicaciones forzadas o en megaproyectos de infraestructura que incrementan el riesgo socioambiental. Asimismo, la Corte reconoce el derecho a permanecer y la necesidad de garantizar condiciones dignas, pero no aclara cómo deben resolverse los conflictos entre permanencia, seguridad y sostenibilidad ecológica, algo que la literatura ya había identificado como una cuestión crítica.
Otro aspecto problemático es la dependencia significativa de instrumentos de soft law. La alusión constante al Marco de Sendai, el Pacto Mundial para la Migración o la Iniciativa Nansen dota a la Opinión de un carácter programático, pero atenúa su fuerza vinculante. La Corte podría haber explicado con mayor rigor el peso interpretativo de estas fuentes dentro del sistema interamericano, evitando así la fragilidad normativa que provoca su incorporación acrítica.
Asimismo, aunque la Corte integró numerosos amicus curiae y realizó audiencias regionales, las expectativas generadas por este proceso participativo contrastan con omisiones relevantes: la ausencia de criterios operativos sobre refugio o sobre la Declaración de Cartagena y la falta de articulación con la Resolución n.º 2/24 de la CIDH evidencian una oportunidad desaprovechada para consolidar un estándar interamericano coherente y aplicable a la movilidad climática.
Pese a todas estas limitaciones, la OC-32/25 sigue siendo un referente indispensable. Pero su valor reside menos en su capacidad de transformar por sí sola el panorama jurídico y más en su potencial para servir como plataforma interpretativa para litigios, incidencia política y reformas nacionales. El verdadero desafío no será citar la Opinión, sino convertir sus principios en políticas concretas y justiciables.
En definitiva, la OC-32/25 representa tanto un avance normativo significativo como un recordatorio de los límites estructurales del derecho internacional frente a la crisis climática. La Corte abre puertas conceptuales importantes, pero deja sin desarrollar las herramientas jurídicas que permitirían traducir este nuevo marco en protección efectiva. Si los Estados, la sociedad civil y los tribunales nacionales no profundizan y operacionalizan sus estándares, el riesgo es claro: que un pronunciamiento histórico termine funcionando más como promesa que como garantía.