La directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García Mahamut, y el presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, Manuel Villoria Mendieta, han inaugurado la jornada de debate ‘Tres años de vigencia de la Ley 2/2023’ durante la que se ha reflexionado sobre los retos de la AIPI para el desarrollo con las Comunidades Autónomas de la norma que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Durante su intervención, Rosario García Mahamut ha subrayado que la protección al informante, además de una obligación legal, “es una apuesta de fondo por el tipo de democracia que queremos ser”.
Por su parte, Manuel Villoria ha reconocido que, aunque la ley presenta problemas, es mejor que la de otros países europeos de nuestro entorno y ha anunciado que desde España ya se han presentado propuestas para mejorar la Directiva 2019/1937 de la Unión Europea y, de forma consensuada con las Comunidades Autónomas, se han propuesto reformas de la Ley 2/2023.
En la jornada de debate han participado representantes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, de Transparencia Internacional, los directores de las oficinas antifraude de Cataluña y Andalucía así como especialistas en Derecho Constitucional y Penal. La conferencia de clausura ha estado a cargo del exministro de Justicia Francisco Caamaño Domínguez.
