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Blog del CEPC 

Este blog es un espacio para el diálogo y debate de la comunidad intelectual del CEPC, la cual se extiende más allá del continente europeo y abarca varias generaciones de profesores, investigadores y profesionales de diferentes disciplinas concernidas por el estudio y análisis jurídico, político y social de la realidad actual y de su evolución histórica.

Las opiniones expresadas en las entradas del blog son de exclusiva responsabilidad de quien las firma, y no son compartidas necesariamente por el CEPC.

  • Italia y España: influencias y dinámica constitucional

    70-40 Antonio Pérez Miras, Profesor de Derecho constitucional de la Universidad de Granada, y Germán M. Teruel Lozano, Profesor de Derecho constitucional de la Universidad de Murcia

    I

    Las influencias recíprocas entre España e Italia han sido constantes a lo largo de la historia en los ámbitos más dispares, por lo que el Derecho no podía quedar al margen de las mismas. Ni la política. Con lo que nuestras Constituciones no escapan a esta lógica y son numerosas las similitudes que podemos observar entre ambos textos; pero también en las diferencias podemos encontrar el resultado de esa mirada puesta en el país hermano. Además, todo ello no es sino una muestra de la idea haeberliana de constituciones parciales en el ámbito del Derecho constitucional europeo. E incluso es una base sólida para configurar ese nuevo ius commune de naturaleza constitucional sobre la que asentar el fenómeno de la globalización y sus retos.

    En este contexto, las dos penínsulas mediterráneas (y sus islas) comparten una serie de elementos que indubitadamente han facilitado la tradicional comunicación jurídica; y sus Constituciones han sabido dar respuesta a las necesidades de las sociedades que en sus respectivos procesos constituyentes miraban por un futuro que les sacara de su inmediato pasado totalitario. Aunque en lapsos temporales distintos, por circunstancias e intereses de sobra conocidos, los respectivos pueblos pudieron ejercer su soberanía para dotarse de una Constitución que acogiera en su seno el inevitable pluralismo que toda democracia contemporánea debe preservar. Con esta reacción, esta vez democrática, se forjaban auténticas constituciones normativas donde la dignidad de la persona y el respeto a sus derechos conforman su clave de bóveda.

    La Constitución italiana, que entró en vigor el 1 de enero de 1948, cuando el ruido de la Guerra aún no había desaparecido del recuerdo de los que la sufrieron, ha servido de modelo para la Constitución española, que en diciembre de 1978 supo ser una navidad para la recuperación de la modernidad robada, tras el adviento de concordia que supuso la Transición. Pero no podemos ver el influjo exclusivamente de manera unidireccional, basado en el mero hecho temporal, pues primeramente la Constitución italiana acogió elementos de la Constitución republicana de 1931: la República fundada en el trabajo bien recuerda la República de trabajadores de toda clase o la aparición de las Regiones en la nueva arquitectura territorial italiana. Además, las influencias deben observarse de manera dinámica, por lo que no nos debemos parar en los momentos constituyentes. De hecho, es en estas últimas décadas en las que las dos Constituciones están conviviendo, cuando se ha intensificado la comunicación entre ambas.

    Una primera razón la encontramos en la común pertenencia al club europeo, pero también la podemos razonar en el plano social con la multiplicación de las relaciones académicas entre el aumentado número de Universidades. No obstante, las aportaciones doctrinales han sido tradicionalmente constantes en los tiempos pasados; y en este punto no podemos dejar de hacer un ejercicio de memoria, rápido y no exhaustivo, recordando la formación en el Alma Mater Studiorum de Pablo Lucas Verdú o de Pedro de Vega, o a la inversa, la importancia de Crisafulli, La Pergola o de Luciano Vandelli. O los primeros comentarios a la Constitución española que llevaron a cabo Alberto Pedrieri y García de Enterría. Esta tradición se mantiene hoy y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en coedición con el BOE, acaba de publicar el libro en cinco volúmenes “Setenta años de Constitución italiana y cuarenta años de Constitución española”.

    II

    Es conveniente también ilustrar algunos de estos influjos, y empezaremos por la mayor diferencia posible en la configuración de la forma de Estado. Italia es una república, tal como se decidió en el referéndum del 2 de junio de 1946, previo a los trabajos constituyentes y que explica la intangibilidad de la forma republicana. Sin embargo, España es una monarquía parlamentaria, hereditaria en los sucesores de Juan Carlos I. Los españoles de la época no decidieron previamente a los trabajos de las primeras Cortes democráticas nacidas de la Ley para la Reforma Política. Pero sí lo pudieron ratificar en el referéndum de 6 de diciembre de 1978 en el que los españoles, a diferencia de los italianos, sí pudieron votar el conjunto del texto aprobado por las Cortes Generales. Por tanto, en ambos casos la forma de Estado tiene una fuente de legitimidad directa, lo cual se recuerda anualmente en el hecho de que ambas fechas son festividades en cada país. Conviene recordar, asimismo, para el caso español la importancia que supuso que las fuerzas tradicionalmente republicanas, en especial el PCE, aceptaran durante la Transición la Jefatura monárquica; un ejemplo de que el pacto constitucional es una compleja sucesión de hitos que acaba adoptando la forma de acto único.

    Esta diferencia, paradójicamente, nos conduce a la primera similitud, pues al detenernos en las funciones de nuestros Jefes de Estado observamos que guardan un papel formalmente muy parecido, pero con evidentes diferencias materiales, como no podría ser de otro modo en un orden democrático. En Italia se descartaba una república presidencialista y en España el Rey dejaba de ser un actor político, pasando el Jefe del Estado en ambos países a ser símbolo de la unidad y permanencia del Estado y a asumir un papel moderador o arbitral del regular funcionamiento institucional. Ahora bien, la configuración y la praxis de la monarquía parlamentaria española denota unos poderes no sólo neutrales sino neutralizados –de ahí que se haya podido hablar de una monarquía “republicana”–; y ello aunque en determinadas situaciones extremas el poder simbólico y la auctoritas de esta institución hayan demostrado su sentido, como ocurrió con los mensajes de Juan Carlos I la noche del 23 F y de Felipe VI ante el intento de independencia unilateral de Cataluña. Por su parte, el Presidente de la República italiana ha podido estirar o retraer sus poderes, cuan acordeón, en función de la situación política. Así, en momentos de grave fragmentación e inestabilidad parlamentaria, fue el Presidente Napolitano quien se ganó el apelativo de “il Re”, por sus intervenciones ante la crisis financiera y el nombramiento del Gobierno Monti o, más recientemente, con el veto del Presidente Matarella al Ministro de Economía propuesto por Conte. En cualquier caso, parece que lo principal es que ambas Constituciones optaran por el sistema parlamentario, lo que coloca al Parlamento en el centro de la vida política, quedando la forma de la Jefatura del Estado como una cuestión, al final, de género accesorio.

    Pero también en esta opción por el modelo parlamentario se observan disparidades. Mientras Italia optó por el bicameralismo perfecto, en España, ya conocedores de sus efectos en la política italiana, se decidió por un bicameralismo imperfecto con total protagonismo del Congreso de los Diputados. En este sentido, y a pesar de las recientes repeticiones electorales, España ha sido un modelo de estabilidad política que bien se envidia en el país transalpino. Lo que les ha llevado a tratar de reformar sin éxito su Constitución. El fracaso del referéndum de 2016, cuyo proyecto estuvo en cierto modo inspirado en el modelo español, nos sirve igualmente para marcar otra diferencia como consecuencia del aprendizaje: la huida en el sistema español del instrumento referendario tal como lo plantearon los italianos. Su regulación constitucional y su posterior uso político sí ha servido para solucionar dos cuestiones binarias de capital importancia como fue la salida / permanencia de la OTAN y el proyecto de Constitución europea.

    En ambos países el modelo parlamentario sí ha conducido a fortalecer la figura de los primeros ministros hasta el punto de que ya en las Constituciones se opta nominativamente por Presidente del Consiglio y Presidente del Gobierno. Esta decisión, si se quiere, presidencialista ha permitido que estos sujetos políticos acaparen el protagonismo en la dirección de la política, aunque también está marcada por la diferencia en los sistemas de partidos. Mientras Italia parece vivir en la constante inestabilidad política, España ha disfrutado de la estabilidad y la alternancia hasta hace poco sin sobresaltos. En ambos casos hay, por tanto, excepciones a esas afirmaciones de oposición entre inestabilidad / estabilidad, pues los primeros gobiernos Berlusconi, por ejemplo, sí tuvieron cierta durabilidad, una vez recompuesto el mapa político italiano tras la desaparición de la democracia cristiana y el partido comunista. En España, la tendencia parece señalar que en el caso de mayor fragmentación parlamentaria los gobiernos tienen una duración menor (recuérdese el inicio con la UCD) y del momento actual nos resulta prematuro poder extraer conclusiones; lo que sí podemos afirmar es que nuestra Constitución ha mostrado a lo largo de estos años cierta flexibilidad y, por tanto, su capacidad para soportar tanto sistemas bipartidistas como multipartidistas.

    En cuanto al Poder Judicial, habría que señalar únicamente cómo el modelo de Consiglio Superiore della Magistratura supuso un ejemplo para el constituyente español, en nuestra opinión acertado, al prever el Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno de los jueces y magistrados. Diferente es, sin embargo, la concepción que ambos países mantienen del Ministerio Fiscal –en Italia integrada como Poder Judicial y en España jerárquico y con un Fiscal General nombrado por el Gobierno–.

    Más allá, de gran importancia mutua ha sido la cuestión de la organización territorial. Ya sabemos que Italia innovó con el denominado sistema regional, en especial porque se trata de un país de fuerte tradición municipalista. Primeramente se desarrollaron las Regiones de estatuto especial, que obtuvieron este estatus por los problemas independentistas en las islas y las cuestiones internacionales y lingüísticas en las otras (Friuli – Venezia Giulia ha de esperar a que se resuelvan las controversias internacionales para que se apruebe su Estatuto el 31 de enero de 1963). Sin embargo, el regionalismo italiano tal y como lo conocemos no echará a andar hasta los años 70 con la aprobación de los Estatutos ordinarios. El número total de 20 Regiones, tal como se establece en el actual art. 131 CI, se fijó el 27 de diciembre de 1963 con la l. cost. n. 3 que dividió la Región de Abruzzo – Molise en dos, en aplicación de la DTF XI que preveía hasta el 31 de diciembre de ese año la posibilidad de modificar el número de regiones sin respetar el límite del millón de habitantes para nuevas regiones impuesto en el art. 132 CI. De todo ello se evidencia un dinamismo en la configuración del mapa regional italiano, que jurídicamente ha conllevado las reformas constitucionales de 1999 y 2001, que han tratado de mejorar, en un sentido federal, la forma de gobierno de las Regiones y el reparto competencial.

    Creemos que no es el espacio por su complejidad para entrar en las problemáticas, de sobra conocidas, sobre la cuestión territorial en España. Por ello, centrándonos en esas influencias con Italia, podemos señalar que en apariencia el constituyente español también optó por un modelo mixto, el de nacionalidades y regiones, pero que finalmente se ha convertido en un modelo único de comunidad autónoma, pues el art. 2 CE no ha condicionado sustantivamente el resultado final del mapa autonómico. Ese modelo era más parecido al de las Regiones de Estatuto especial que al ordinario, especialmente antes de las reformas de 1999 y 2001. De estas podemos extraer el cambio que se llevó a cabo para determinar mejor el reparto competencial en el art. 117 CI, que nos puede servir de ejemplo para acordar de una vez los necesarios cambios en los arts. 148 y 149 CE. En algún momento en España deberemos tener el coraje para reformar la Constitución en sentido federal y el modelo italiano nos puede dar algunas pistas. Ahora que en Italia se está discutiendo sobre la aplicación del art. 116,3 CI (el denominado regionalismo diferenciado, es decir, la introducción de la asimetría entre las Regiones ordinarias) creemos que es una buena oportunidad para que esas influencias se vuelvan a poner en valor, porque quizá la experiencia de la asimetría española puede ser un buen ejemplo que evidencia que la insolidaridad entre territorios puede acrecentarse en el momento en que las diferencias económicas se ven amparadas por diferencias jurídicas que ocultan, podríamos decir, privilegios que no están justificados realmente en la necesidad de respetar las irremediables idiosincrasias territoriales No es en las diferencias de las identidades, en las asimetrías, como nuestros países coserán mejor su territorio, pues como hemos defendido desde el inicio, nuestras Constituciones fueron un éxito porque colocaron a la persona en el centro del futuro que querían reordenar. Y que sigan haciéndolo largos años.

    Y precisamente para salvaguardar este ideal, se ha dicho que ambas Constituciones recogieron las garantías propias de aquello que entendemos como constitucionalismo normativo: un Tribunal Constitucional y procedimientos rígidos de reforma. En relación con el primero, quizá uno de los puntos más discutidos por la doctrina italiana es la ausencia, en su modelo de justicia constitucional, de un recurso de amparo. Por lo que hace a la rigidez constitucional, llama la atención también de España la doble vía prevista para la reforma de la Constitución, en el caso del art. 168 híper rígida; pero, sobre todo, y aunque el último gran intento de reforma constitucional italiana, ya mencionado, probablemente no haya sido lo más edificante, lo que quizá sí que deberíamos apreciar en nuestro país es, al menos, la disposición a abrir un debate sobre la posibilidad de reformar nuestra Norma Fundamental.

    III

    Con estas breves reflexiones hemos tratado de esbozar algunas ideas que muestran la importancia de cultivar ese diálogo entre dos países culturalmente hermanos, integrantes de un espacio político común como es la Unión Europea, con quienes compartimos tanto en lo político y, en lo que ahora más nos interesa, en lo constitucional.

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  • El feminismo de Iris Zabala

    El feminismo de Iris Zabala

    Yolanda Gómez Sánchez

    Catedrática de Derecho Constitucional.

    Directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC)

    Un nuevo 8M nos ha venido a recordar que la igualdad de mujeres y hombres es un objetivo por el que merece la pena luchar, como han hecho millones de mujeres en todo el mundo a través de su propia vida y, algunas, a través de sus escritos. Tal fue el caso de Iris María Zavala, nacida en Puerto Rico en 1936 y retirada actualmente en Barcelona, a la que María Luisa Balaguer Callejón ha dedicado su libro “Que nadie muera sin amar el mar”, un ensayo biográfico acerca de la vida y la obra de esta escritora.

    Iris Zavala es una mujer que trabajó intelectualmente en la crítica literaria, es feminista, ensayista y poeta, y estuvo muy influida en su juventud por los intelectuales españoles exiliados en la II República, tras la confrontación civil, como Zenobia Campubrí, Juan Ramón Jiménez, Aurora Albornoz, Pedro Salinas, o Francisco Ayala. Su obra es conocida en algunos ámbitos intelectuales como en la crítica literaria, cuyo libro en colaboración con otros dos autores, “La Historia Social de la literatura”, formó a generaciones de estudiantes, pero no así en el feminismo, adonde destacó sin embargo con una visión heterodoxa, que posiblemente explique su escaso reconocimiento.

    Su libro de poesía, “Que nadie muera sin amar el mar”, da título a la obra de María Luisa Balaguer, que pretende contar la vida de una mujer que se definió de fronteras, exiliada de muchos mundos, porque el destino es “partir”. Pero además de la poesía Iris Zavala fue una investigadora de los siglos XVII y XVIII en España, de la literatura de cordel, obra esta, que desde un punto de vista crítica le permite estudiar la transición de España a una incipiente burguesía, que tiene una clara expresión literaria.

    María Luisa Balaguer Callejón es catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga, de la que Iris es doctora honoris causa. La conoció en 2013, cuando la escritora clausuraba un Curso de Verano de la Universidad, y desde entonces ha seguido su obra con admiración. El ensayo es un intento de darla a conocer como feminista y escritora, y consiste en un análisis de las posiciones que Iris mantiene sobre el feminismo. Lo que ella califica feminismo de fronteras, de ese mundo colonial en el que la liberación de muchas mujeres se une a la liberación de la opresión de los pueblos, bajo el dominio de aquellos estados que imponen lengua y significado. El ensayo es una obra acabada del análisis de la vida y la producción científica de una mujer que supo luchar como persona para construirse a sí misma, saliendo de una isla, y llevando una maleta consigo desde EE.UU. hasta Europa, sin más interés que el conocimiento de la palabra y de la literatura.

    La autora de este libro analiza por lo tanto una obra extensa y variada. Desde su concepción del Quijote como presencia de una literatura que puede leerse desde el feminismo, hasta la fascinación que en Iris tuvo por Rubén Darío, de quién afirmó siempre que trajo el modernismo a Europa. Este hecho, la atribución de una corriente literaria como el modernismo a un “colonizado”, le pareció a Iris de una extrema importancia para reafirmar que la liberación de los pueblos lo era fundamentalmente a través del lenguaje, y darle entrada a escritores como Bajtín, Lacan y otros que llegó a conocer en profundidad.

    La difusión de la obra de una mujer de la talla intelectual de Iris Zavala, tiene en María Luisa Balaguer el mérito de ofrecer una posibilidad nada desdeñable para el movimiento feminista en su conjunto, el de sacar a la luz a personas que nunca deben sepultarse en la amalgama del tiempo, y que al ser publicitadas nos permiten no solamente el conocimiento objetivo de la obra, sino el de saber que ha habido muchas mujeres que han luchado por elevar su voz sobre sí mismas, a pesar de las dificultades que han tenido que superar para poder hacerlo.

    El prólogo ha sido escrito por la actual Vicepresidenta Primera del Gobierno de España, Carmen Calvo, que se identifica con la autora del libro en el tratamiento del exilio de España, recordando la figura de María Zambrano y otras mujeres que padecieron el desgarro de la separación de su patria, pero sobre todo, la prologuista aprovecha para recordar el paralelismo de dos mujeres, ella misma y la autora del libro, que han sostenido lazos de amistad y afecto, mientras se formaban en el derecho constitucional y en el feminismo que en las décadas de los setenta y ochenta, inundaba a Andalucía de la esperanza de un mundo que entonces parecía lejano para las mujeres, pero que gracias a la lucha sostenida por muchas mujeres y hombres, hoy es mucho mejor que entonces.

    El libro, publicado por la editorial Huso, tiene una cuidada edición y pone también de relieve el esfuerzo de algunas mujeres por mantener la edición de libros que, no siendo comerciales, pueden contribuir a hacer justicia a personas menos conocidas.  Mayda Bustamante es una editora comprometida con el feminismo como deja ver en sus ediciones y se esfuerza por dar visibilidad a la literatura de algunas de las mujeres de las que nunca se sabría de ellas a no ser por este esfuerzo.

    Disponemos de un año hasta el próximo 8M para seguir avanzando en la igualdad de mujeres y hombres; toda aportación es valiosa; cada línea, cada gesto pueden contribuir a construir una sociedad más justa y más igual.

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  • Hacer o no hacer; la pertinencia del razonado Informe emitido por la RAE (“Informe de la Real Academia Española sobre el uso del lenguaje inclusivo en la Constitución española”)

    clasicas y modernasHacer o no hacer;  la pertinencia del razonado Informe emitido por la RAE
    Lleva su tiempo pensar en la pertinencia del razonado Informe emitido por la RAE (“Informe de la Real Academia Española sobre el uso del lenguaje inclusivo en la Constitución española”) en relación a la petición emitida a dicha alta institución por parte de la vicepresidenta primera del Gobierno de España, Carmen Calvo. La pregunta formulada por esta última era si la Constitución se ajustaba a las demandas actuales en relación al empleo del lenguaje inclusivo. No era una pregunta baladí. Tampoco lo fue la respuesta. Los medios de comunicación se hicieron eco de inmediato de las conclusiones del informe, expuestas muy someramente, al comienzo del mismo y también en las declaraciones que hizo su director, Santiago Muñoz Machado, en la rueda de prensa convocada el día 21 de enero de 2020. En ambos casos, se observaba la necesidad de introducir algunos cambios obvios, puramente mecánicos, como la incorporación que debía hacerse de Princesa de Asturias, por ejemplo, pero, en conjunto, “el informe estima que el texto constitucional utiliza un español correcto en términos normativos”. Y se añade que la valoración “se hace considerando el uso mayoritario por los hispanohablantes, documentado en las obras y los corpus lingüísticos del español”. Es evidente que si nos preguntamos si un texto acuñado en 1978 se adecúa a las necesidades del presente y para justificar que sí lo hace nos remitimos al pasado y a cómo en el pasado eso fue así, así debe seguir siendo, entonces no hay más que hablar. Todos, todas, estaremos de acuerdo en que en el pasado las mujeres sufrieron en el mundo de los conceptos y de las palabras una marginación que ahora resulta intolerable, simplemente porque no es justa. De modo que el argumento de “eso está bien porque siempre lo ha estado y es la poderosa costumbre que nos ha llevado hasta aquí y es lo más cómodo como hablantes” no es un argumento de peso, no es más que un escudo detrás del cual protegerse de los cambios. El hecho cierto y culturalmente demostrable es que la desigualdad entre hombres y mujeres ha sido una constante histórica, tomemos esa constante por la variable que queramos. Desde un punto de vista económico, político, social, creativo, moral o sexual las mujeres han padecido una postergación que, en muchas ocasiones, podemos calificar de extrema. Y esa postergación está profundamente incrustada en una forma de entender el mundo y la vida que definimos como patriarcal y que ha hecho de la desigualdad la unidad de medida, el metro de platino iridiado a partir del cual jerarquizar la relación entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida, del conocimiento y de la ley. Ha sido un hecho diferencial, de modo que tanto la sociedad española como sus instituciones se han medido en función de su “diferencia” y no de su humanidad común a la hora de arbitrar los derechos y obligaciones y las normas sociales por las que mujeres y hombres debían regirse. No sirve acudir al argumento de la costumbre -eso se ha hecho siempre así, sea lo que sea- para justificar el sentido y la pervivencia   de una norma. Tampoco los médicos en el XIX tenían por costumbre lavarse las manos antes de un parto, hasta que un médico húngaro, Ignaz Philipp Semmelweis, comprobó que era conveniente hacerlo y se redujo notablemente el número de muertes debidas a la fiebre puerperal. El mundo cambia y los seres humanos luchamos por ajustar nuestras expectativas a los cambios que se producen a nuestro alrededor.  Algunos cambios duelen. El doctor Semmelweis fue rechazado por sus irritados colegas, pero hoy no concebimos que nadie pueda entrar en un quirófano sin una previa esterilización.  

    Sin embargo, razonando así hemos llegado a un punto muerto, que no es sino el punto de partida de dos posturas relativamente enfrentadas, pues lo cierto es que se agradece mucho el cambio de actitud que ha experimentado la RAE y la nueva dirección en relación al feminismo y que se aprecia claramente en la redacción del Informe. Pero vayamos a la Carta Magna para comprobar si, en efecto, como sostiene el informe de la RAE se hace un “buen uso del lenguaje inclusivo en nuestra Constitución” o hay dudas de que sea así. Las dudas que pudo tener la vicepresidenta primera del Gobierno al pedir una opinión autorizada a la institución más adecuada para responderla.  Es decir, recorramos el mismo camino que ha hecho la comisión de la RAE encargada de elaborar el Informe -leer la Constitución española en clave del lenguaje empleado en ella- para saber si se puede llegar, desde una óptica inclusiva, a las mismas conclusiones. Confieso que yo no lo había hecho hasta ahora. Leí la Constitución en su momento, sin reparar en cuestiones que, cuarenta años después, resultan muy sensibles.

    El resultado de la lectura ofrece una conclusión cuantitativa y otra cualitativa. Empecemos por la cuantitativa: en los 169 artículos de la Carta Magna (incluyo asimismo las disposiciones complementarias al texto y la disposición final) la palabra mujer aparece una sola vez (artículo 32), y en un contexto cuya mención es normativa: “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”. En el resto del articulado, es decir en toda la Constitución, la presencia del masculino entendido como genérico de ambos sexos es abrumadora. Se habla de “los españoles” (artículos 2, 3, 11, 12, 13, 14, 19, 29, 30, 35, 47, 59, 68 139 y disposición final), “los ciudadanos”  (9,11, 13, 18, 23, 41, 49, 53, 92 y 105), del Presidente del Gobierno, de los ministros, defensores del pueblo, jueces, fiscales, concejales, alcaldes, profesores, funcionarios, abogados, diputados, senadores, magistrados, miembros de las Juntas electorales, padres, hijos, niños, alumnos, trabajadores, consumidores y usuarios. Se habla del candidato a Presidente del Gobierno, del Príncipe heredero de la Corona, del Príncipe de Asturias y del Rey (59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 90, 91, 99, 109, 112, 113, 122, 123, 159,160). Concluir, como lo hace el informe emitido por la RAE, que el lenguaje se ajusta a los términos en que hoy hablamos de lenguaje inclusivo parece una broma, cuando lo que se observa es un silenciamiento sistemático. Resulta evidente que los legisladores cuando se refirieron en 1978 a españoles, ciudadanos, Rey, Príncipe de Asturias, Presidente del Gobierno, etc., no estaban pensando en las mujeres ni como sujetos históricos ni políticos. No se concibió la posibilidad de que un rey pudiera ser reina; un diputado, diputada; un ciudadano, ciudadana; un padre, madre; un niño, niña. De todas las estructuras socio-políticas referidas en la Carta Magna se excluye a la mujer, excepto en la matrimonial (artículo 32, ya citado y el 58, que dice: “La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia”). Es decir que, cuando se ve necesario, los legisladores sí mencionan a la mujer y lo que ahora se cuestiona es en qué contextos aparece.  

    La lectura que hace el Informe del redactado de la Constitución en términos de género se apoya en un supuesto: el uso sistemático que se hace del masculino es la prueba de su inclusividad. Sin embargo, este argumento les plantea algún problema. Por ejemplo, es el caso del artículo 30.2: “La ley fijará las obligaciones militares de los españoles”. ¿Españoles y españolas? En 1978 el servicio militar era obligatorio y solo debían prestarlo los varones. Así lo razona el propio Informe. ¿Entonces? ¿En este artículo “españoles” no es inclusivo mientras que en otros se interpreta que sí lo es? Imposible saberlo y de ahí la necesidad de una clarificación y puesta al día de una redacción que ignora reiteradamente la existencia femenina, excepto en el caso imperativo del matrimonio. Y que conste que para dejar fuera a alguien de algo no es necesario hacerlo explícito, pues eso implicaría reconocer un proceso de exclusión. Basta con ignorarlo, no mirar en su dirección, dejarlo fuera de lo sí y efectivamente nombrado. Sostener que dicho silenciamiento es una práctica éticamente correcta (porque la reclamación no es sobre un morfema de la lengua sino sobre el uso que le damos al mismo) viene a ser la misma actitud que si yo digo: “mira, cuando yo diga Yo te incluiré a ti, aunque no te mencione expresamente y no siempre funcionará así, pero que sepas que ahí, en mi Yo, estaremos los dos”.

    ¿Soluciones a la Carta Magna? Estamos de acuerdo, al menos una mayoría de mujeres concienciadas lo estamos, en que no es fácil arbitrar soluciones que permitan incluir la referencia a las mujeres sin tener que recurrir al cansino y tantas veces forzado desdoblamiento de género del que abusa el lenguaje político. Recuerdo cuando se planteó cómo decir en español email y surgió la iniciativa del “emilio” usada respetuosamente por todo el hispanismo internacional. En España nunca asumimos la propuesta y con el tiempo se consolidaron alternativas más “naturales”, como correo (pues el correo postal ha pasado a ser una reliquia en el sentido de carta). ¿Soluciones pues a la Carta Magna? En mi opinión, hubiera bastado con admitir que el redactado de la misma NO utiliza un lenguaje inclusivo porque en la época en que fue escrita NO se tuvo en cuenta esta dimensión y su redactado produce una ambivalencia NO deseable entre el masculino supuestamente genérico y el masculino a secas. Hubiera bastado asimismo con convertir en afirmaciones predicativas, en verdaderas propuestas de cambio, algunas de las interesantes sugerencias que se plantean en el Informe como mera especulación o posibilidad.   Cuando la Constitución se refiere por primera vez (artículo 2) a “los españoles” debe decir españoles y españolas necesariamente; lo mismo con ciudadanos y ciudadanas, y, desde luego, debe desdoblar los sustantivos y los cargos políticos sistemáticamente: presidente o presidenta, rey o reina, padres y madres, niños y niñas, trabajadores de ambos sexos, etc. La opinión del Informe es la de entender que los cambios que exige la incorporación del lenguaje inclusivo convertirían el habla en un ejercicio agotador, cargándolo con un uso farragoso, por sobreentendido y previsible. Hay que tener en cuenta las opiniones de lingüistas feministas o de juristas que han explorado otras soluciones más innovadoras. Porque las hay[1].
    Balaguer, María Luisa:Género y lenguaje: presupuestos para un lenguaje jurídico igualitario
    Becker,Lidia:Glotopolítica del sexismo: ideologemas de la argumentación de Ignacio Bosque y Concepción Company Company contra el lenguaje inclusivo de género
    Bengoechea,  Mercedes,Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer 
    Calero, María Luisa, Octavio Salazar, Ana Marrades y Julia Sevilla: “El lenguaje de la reforma constitucional”
    Torres del Moral, Antonio (2017): «Redacción de la Constitución en clave no masculina», Revista de Derecho Político, núm. 100, pp.  173-210.

    Es evidente que los seres humanos siempre hemos recurrido a la Historia para encontrar nuestro camino. Nuestro camino hacia el futuro porque hacia el pasado no se puede ir y, en este sentido, el pasado nos puede servir para replicarlo o bien para desviarnos de él y transformarlo en un camino más justo en el futuro que lo fue en el pasado. Ahí debemos estar mujeres y hombres, y viceversa.



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  • DATOS PERSONALES CEDIDOS A ESTADOS TERCEROS Y PRINCIPIO DE CONTINUIDAD: REFLEXIONES SOBRE EL ALCANCE DE LA CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UE

    Sabrina Ragone

    Profesora titular de Derecho Público Comparado

    Universidad de Bolonia

    DATOS PERSONALES CEDIDOS A ESTADOS TERCEROS Y PRINCIPIO DE CONTINUIDAD: REFLEXIONES SOBRE EL ALCANCE DE LA CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UE
    I.

    El momento histórico en el que se otorgó a la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE el mismo valor jurídico que los Tratados ha determinado una serie de consecuencias sobre su interpretación, implementación e inserción en el contexto normativo europeo. Por un lado, las fuerzas desintegradoras, las crisis de la integración, el Brexit y las amenazas al Estado de derecho por parte de algunos países han planteado cuestiones políticas serias, además de las jurídicas. Por otro lado, en estos primeros años de aplicación de la Carta se ha tenido que afrontar la necesidad de responder a los desafíos de las fronteras del derecho en el siglo XXI, relacionadas en particular con las nuevas tecnologías (por todas, véase la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, TJUE, Gran Sala, Google Spain, de 13 de mayo de 2014).

    Este proceso de adaptación está todavía desarrollándose, pero permite ver in nuce una suerte de jurisprudencia especialmente dedicada al tema de la protección de datos personales, que cuenta constantemente con nuevas decisiones. En particular, se puede recordar la saga Schrems, que ya tiene dos capítulos: “Schrems I”, de 2015 (v. infra) y “Schrems II”, de 2019-2020, ya que el Abogado General rindió sus conclusiones en diciembre del año pasado en el asunto C-311/18 (Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited, Maximilian Schrems), sobre la validez de las cláusulas contractuales tipo para la cesión de datos personales a Estados terceros. A la espera de la decisión del TJUE, hay que ser conscientes de que un caso “Schrems III” va a ser posible, con referencia al “Privacy Shield” aprobado en 2016 por parte de la Comisión Europea (véase F. Terpan, “EU-US Data Transfer from Safe Harbour to Privacy Shield: Back to Square One?”, en European papers: a journal on law and integration, vol. 3, n. 3, 2018, pp. 1045-1059: ).

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  • La tríada “bien vida/derecho a la vida/inexistencia del derecho a la muerte” ante un contexto eutanásico

    Gregorio Cámara Villar
    Catedrático de Derecho Constitucional
    Universidad de Granada



    Picasso. «Ciencia y caridad», 1897. Museo Picasso de Barcelona

    Picasso. «Ciencia y caridad», 1897. Museo Picasso de Barcelona

    La “Proposición de Ley orgánica de regulación de la eutanasia” recientemente reiterada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene por objeto la legalización y ordenación de la eutanasia activa y directa, no las actuaciones de eutanasia pasiva o eutanasia activa indirecta (cuidados paliativos, limitación del esfuerzo terapéutico, sedación terminal), objeto de otras normas ya existentes y de otras iniciativas legislativas ya ensayadas y recuperables. No hay razón para negar la necesidad de regulación de la eutanasia porque existan los cuidados y las actuaciones propias de la llamada “muerte digna” en tanto que no cubren todos los supuestos que la realidad presenta ni pueden convertirse en la única posibilidad de afrontar la propia muerte. Si así fuera, se impondría irrazonablemente a toda costa y con un altísimo precio una concepción ontológica absolutizada del “bien vida” para aquellos pacientes que ejerciendo su libertad de autodeterminación no consideran aceptables ni dignas las posibilidades que les ofrecen tales cuidados o la sedación cuando están en una situación de gran sufrimiento debido a una enfermedad grave e incurable, o de una enfermedad grave, crónica e invalidante, que experimentan como padecimiento inaceptable.

                Como sostiene con toda lógica la Corte Constitucional italiana (Sentencia 242 de 2019, fundamento 2.3) , si la importancia fundamental que se atribuye al valor de la vida no excluye la obligación de respetar la decisión del paciente de poner fin a su existencia mediante la interrupción de los tratamientos de salud (incluso cuando requieren una conducta activa de terceros), no hay razón alguna por la que el mismo valor deba erigirse como obstáculo absoluto ante la aceptación de su solicitud de ayuda para morir que contribuiría a un mismo y menos lento resultado.

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