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Blog del CEPC 

Este blog es un espacio para el diálogo y debate de la comunidad intelectual del CEPC, la cual se extiende más allá del continente europeo y abarca varias generaciones de profesores, investigadores y profesionales de diferentes disciplinas concernidas por el estudio y análisis jurídico, político y social de la realidad actual y de su evolución histórica.

Las opiniones expresadas en las entradas del blog son de exclusiva responsabilidad de quien las firma, y no son compartidas necesariamente por el CEPC.

  • EL IMPACTO DE LA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE 2020 EN EL EMPLEO SANITARIO ESPAÑOL

    | junio 29, 2020

    Gráfico EL IMPACTO DE LA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE 2020 EN EL EMPLEO SANITARIO ESPAÑOLJosé María de Luxán Meléndez
    Administrador Civil del Estado.
    Vocal Asesor en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC)

    Durante los meses del Estado de Alarma de 2020 el empleo en la sanidad pública ha crecido de forma muy considerable, prácticamente ha reclutado a todos los profesionales de la salud disponibles, pero este incremento ha estado lastrado por el alto número de sanitarios afectados por el COVID-19.

    Frente a la idea del fracaso de las instituciones públicas (Casals & Ramió; El País 12/6/2020), puede señalarse que, dadas las restricciones de las políticas públicas, la sanidad pública ha demostrado una notable capacidad organizativa para movilizar los recursos disponibles y enfrentar una emergencia de salud de enormes proporciones. Por el contrario, en los meses de la pandemia, en materia laboral, la respuesta de la sanidad privada ha sido una disminución del empleo. Y, además, pese a sus carencias, el sistema de información sobre el empleo, específicamente la estadística de la Seguridad Social ofrece una serie relevante para valorar la variación mensual del empleo público.

    En febrero de 2020, antes de la crisis ocasionada por el COVID-19, la sanidad española contaba con 1.005.558 empleos, de ellos un 67% en el sector público. Dos meses después, en abril, durante las semanas más agudas de la pandemia, con respecto a febrero, la sanidad pública contó con 34.041 empleos netos adicionales, mientras que, la sanidad privada redujo sus efectivos en 7.292. Al mes siguiente en mayo, la sanidad pública redujo la plantilla en 4.590 empleos, al tiempo que la privada, con 3.827 empleos menos, siguió disminuyendo.

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  • La «Ciudad Educadora» como herramienta de empoderamiento rural

    | junio 09, 2020

    La «Ciudad Educadora» como herramienta de empoderamiento rural Cristina Benlloch Domènech. Departamento de Sociología y Antropología Social. Universitat de Valencia 

    Rafael Benítez Giralt.
    Consultor de proyectos en el ámbito del desarrollo social y humano.

     

    El concepto de ámbito rural abarca una diversidad de situaciones que hace imposible hablar de lo rural, por lo que es necesario hablar de “ruralidades”, de un entramado complejo de características. Desde el comienzo de la sociología rural Sokorin y Zimmerman (1929) afirmaban que no era posible la división de los espacios rural-urbano, por lo que se hablaba de un continuum. Por ello, en ocasiones lo más sencillo es atender a criterios de tamaño para establecer los límites. En este sentido, el INE (Instituto Nacional de Estadística) considera que un municipio rural es aquel que tiene menos de dos mil habitantes; intermedio aquel que tiene entre dos mil y diez mil habitantes, sin embargo, esto es sólo una cuestión de números. 

    Si tomamos como referencia de rural los municipios de menos de 2.000 habitantes, en España el 6% de la población y el 28% de los territorios locales serían rurales. Su pirámide de población es la más envejecida, y su media de edad, la mayor. Pierden población año tras año, y buscan soluciones para frenar esta progresiva desaparición. 

    Sus habitantes están preocupados por las consecuencias que trae consigo la despoblación y buscan propuestas y soluciones a este problema. Bajo nuestro punto de vista, todos los territorios tienen grandes posibilidades, y para ello es importante que las colectividades sean conscientes de ello, por esto se propone un empoderamiento desde la perspectiva local, y en este caso rural; que viene determinada por el reconocimiento de las posibilidades del contexto para una mejora de las decisiones. 

    Para que esto se produzca, se propone trabajar los contextos rurales desde la perspectiva de la «Ciudad Educadora», una forma de entender la dinámica de los asentamientos poblacionales y de las relaciones entre la ciudadanía. Es conveniente desarrollar políticas públicas en los contextos rurales desde esta perspectiva porque parten de un concepto de educación transversal y de ciudadanía activa que pueden ser una forma de empoderamiento de la ciudadanía y de la colectividad. 

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  • Respuestas frente a la pandemia de COVID-19: Ciencias del Comportamiento, Derecho Público y Gestión pública*.

    | mayo 25, 2020
    Juli Ponce Solé
    Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad de Barcelona

    *Una versión distinta y en catalán de este estudio será objeto de publicación en el blog de la Escola d´Administració Pública de Catalunya.

    ¿Pueden contribuir las llamadas ciencias del comportamiento a una mejora de la gestión pública y del Derecho público en sus respuestas a la pandemia de COVID-19?

    La respuesta parece ser afirmativa, pero para comprender las razones, debemos empezar por el principio, esto es, por una breve introducción sobre las ciencias de la conducta y su impacto en el Derecho público y la gestión pública.

    1. Decisores públicos y privados y racionalidad. Importancia para la gestión pública: buen gobierno y buena administración

    De acuerdo con las aportaciones provenientes de las denominadas behavioural sciences o ciencias de la conducta humana, sobre todo de la psicología, con los conocidos trabajos de Kahneman, Premio Nobel de Economía del 2002, actualmente se ha llegado a un punto en que estas dos ideas son ampliamente aceptadas:

    -           La racionalidad absoluta de la persona —del llamado Homo economicus, como modelo de decisor utilizado en la economía neoclásica— no existe, puesto que, ante todo, y por el que ahora nos interesa, la racionalidad humana es limitada, como ya hace muchos años señaló el premio Nobel de Economía del 1978 Herbert Simon, y porque, además, no tiene en cuenta comportamientos perfectamente racionales como la reciprocidad y el altruismo.

    -           Esta racionalidad está interferida por heurísticos (atajos mentales para ahorrarnos energía) y sesgos (errores sistemáticos causados por las heurísticos).

    A causa de estas interferencias, nuestro cerebro nos engaña, no infrecuentemente. Las ilusiones que genera nuestro cerebro son muy variadas. Una clásica tiene que ver con las llamadas tablas de Shepard.

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  • EL MANEJO DE LOS TIEMPOS LEGISLATIVOS EN LA CRISIS DEL COVID-19

    | mayo 18, 2020

    Harold Lloyd en El hombre mosca (1923)José Esteve Pardo.
    Catedrático de Derecho Administrativo.
    Universidad de Barcelona.

    La crisis del COVID-19, y las medidas excepcionales que se han adoptado para afrontarla, conforman un panorama que desborda por completo muchas de las previsiones de la legislación ordinaria. No es que la vulneren, es que esa legislación ni remotamente atalaya las situaciones que se van a generar como consecuencia de la gestión de la crisis y las medidas adoptadas, que encuentran su cobertura en el artículo 116 de la Constitución y la “Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio”. Una Ley que permite medidas de excepción, pero que da por hecho y mantiene inalterado el régimen jurídico ordinario en todos los frentes. Uno de ellos, muy relevante y que puede tomarse como ejemplo, es el de la responsabilidad patrimonial. Según el artículo 3.2 de esa Ley 4/1981 “quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes”.

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  • Sobre el constitucionalismo del bien común en los tiempos del COVID: ¿es posible un constitucionalismo iliberal?

    | mayo 11, 2020
    La Constitución de los Estados Unidos de América, 1787, Artículo Uno.

     

    La Constitución de los Estados Unidos de América, 1787, Artículo Uno.

    Fuente US National Archives

    Joaquín Sarrión Esteve

    Investigador Ramón y Cajal y Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

    jsarrion@der.uned.es

    I.

    Un conocido profesor de Derecho Constitucional de Harvard, Adrian Vermeule, ha publicado recientemente un provocativo artículo titulado Beyond Originalism en la revista The Atlantic. En este trabajo retoma el interesante debate, propio del constitucionalismo norteamericano, sobre la interpretación de la Constitución; provocando, en palabras de mi querido colega Alfonso Herrera, una conmoción en la discusión de la teoría jurídica en el contexto de la actual pandemia.

    La importancia sustantiva, pero también simbólica, de la Constitución de los Estados Unidos para el constitucionalismo es innegable, por ello me parece interesante llamar la atención sobre la reapertura del debate sobre la hermenéutica constitucional.

    Dentro de las teorías sobre la interpretación constitucional, el originalismo constitucional (constitutional originalism) defiende que el juez debe aplicar la Constitución conforme al significado del texto en el momento en que fue aprobado o ratificado; y que precisar este significado serviría para orientar la práctica (aplicación) constitucional contemporánea, que estaría vinculada a la propia autoridad de ese significado o sentido original hasta que se produzca una eventual reforma constitucional.

    Frente al originalismo, el consituticionalismo viviente (living constitutionalism) defiende dar a la Constitución un significado adaptado a los cambios y a la realidad del momento y, por tanto, propugna un mayor activismo judicial en la interpretación constitucional, que haría innecesaria una reforma constitucional para hacer de la Constitución un cuerpo normativo dinámico, es decir, vivo.

    Ciertamente, interpretar una norma constitucional consiste en inferir o extraer de la misma, dentro de los posibles sentidos, su correcto o, podríamos decir, mejor significado. Pero mientras que para el originalismo ese significado correcto, que debe regir la interpretación del operador jurídico, es el sentido objetivo de la norma -incorporado en la misma- que responde al razonable significado original (lo que haría que el juez renunciara a resolver según sus preferencias y optara por aplicar la Constitución haciéndola Derecho objetivo); para el constitucionalismo vivo el significado correcto de la norma constitucional se encuentra en el presente al que ésta debe ser aplicada.

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  • El Derecho público en situaciones de emergencia

    | mayo 04, 2020

    imagen El Derecho público en situaciones de emergenciaLuis Arroyo Jiménez
    Profesor Titular de Derecho administrativo
    Cátedra Jean Monnet de Derecho administrativo europeo y global
    Universidad de Castilla-La Mancha

     

    1. El Derecho permite a los poderes públicos adoptar medidas excepcionales en situaciones de necesidad. La adopción de esas medidas puede tener lugar previa la declaración formal de algún estado excepcional, o bien directamente en el marco de las atribuciones conferidas por la legislación administrativa. La idea que pretendo desarrollar a continuación puede formularse del modo siguiente: las medidas excepcionales suponen, por su propia naturaleza, el desplazamiento del Derecho vigente con carácter general y, con ello, la alteración del equilibrio entre los principios constitucionales relevantes alcanzado para situaciones de normalidad. Esa alteración puede proyectarse sobre las tres dimensiones que encuadran la actuación del poder: las reglas sobre distribución de competencias, las reglas que disciplinan los procedimientos de toma de decisiones y las reglas sustantivas que limitan y dirigen su contenido. Me referiré ahora, sucesivamente, a cada una de ellas.

    2. La primera de esas alteraciones se concreta en la modificación de las reglas competenciales y, por tanto, del equilibrio entre los principios constitucionales que se proyectan sobre la distribución del ejercicio del poder político. La configuración competencial afectada por la medida excepcional puede ser, por una parte, la que tiene lugar horizontalmente entre las diversas instituciones políticas. En este caso, la reasignación suele beneficiar al Gobierno en perjuicio de la asamblea, tal y como pone de manifiesto la regulación constitucional de la potestad gubernamental de adopción de Decretos-leyes. Por otra parte, la alteración se puede proyectar también sobre la distribución vertical del poder entre los distintos niveles territoriales del sistema político compuesto de que se trate. El proceso da lugar aquí a una alteración del punto de equilibrio alcanzado para situaciones de normalidad entre los principios constitucionales que impulsan la descentralización territorial del poder y los que presionan a favor de su reconducción a la unidad.

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  • PARLAMENTO Y DEMOCRACIA: A propósito de una monografía de José Esteve Pardo.

    | mayo 04, 2020

    PARLAMENTO Y DEMOCRACIAJavier Tajadura Tejada

    Profesor Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco.

     

    La Europa de entreguerras en general, y la Alemania de Weimar en particular, fue un impresionante laboratorio constitucional del que surgió no sólo la constitución democrática sino también toda una serie de conceptos esenciales para la cabal comprensión de los regímenes constitucionales del presente.

    En su obra El pensamiento antiparlamentario y la formación del Derecho Público en Europa  (Marcial Pons, Madrid, 2019) el profesor Esteve Pardo explica la genealogía y la evolución de esas categorías: desde el control de constitucionalidad de las leyes hasta la potestad del gobierno de dictar normas con rango de ley. El común denominador de las diversas teorías y doctrinas examinadas es su dimensión crítica respecto al parlamentarismo liberal.

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  • La agonía de la democracia

    | abril 29, 2020

    foto libro kelsen_

    Juan Luis Requejo Pagés

    Profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo

     

    El 16 de enero de 2020 tuvo lugar en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales un seminario conmemorativo del centenario de la publicación del libro de Hans Kelsen De la esencia y valor de la democracia. Acompañando a los profesores Manuel Aragón Reyes y Javier Jiménez Campo, aproveché mi participación para preguntarme por el estudio preliminar que podría preceder a una nueva reedición española de aquel pequeño ensayo. Cada uno de los que se escribieron en su día con motivo de las sucesivas ediciones que ha conocido la obra entre nosotros se han centrado en aquellos aspectos de la democracia que resultaban más interesantes en el contexto de las preocupaciones de su respectivo momento histórico. La primera, de 1934, no tuvo ciertamente necesidad de ningún estudio preliminar que la justificara, pues las circunstancias trágicas de aquel año se bastaban para explicar la oportunidad de una defensa de la democracia como la intentada por Hans Kelsen. La edición de 1977, a cargo de Ignacio de Otto, daría cuenta de la crítica kelseniana del marxismo y de la dialéctica entre la democracia formal y la democracia social, cuestiones ambas inexcusables en el horizonte intelectual de aquellos años. En fin, si la edición de José Luis Monereo Pérez (2002) se ocupaba, con carácter general, de la idea de la democracia en el conjunto de la obra de Hans Kelsen, la mía de 2006 iba precedida de una nota que cifraba en la globalización el problema por excelencia, entonces, de la idea de la democracia.

    ¿Cuáles son, a la altura del primer cuarto de este siglo, las cuestiones que serían insoslayables en un estudio sobre la democracia que tome pie en las reflexiones ya centenarias de Hans Kelsen? Se me ocurre que son cuando menos tres y que cada una de ellas se cifra en un peligro para su supervivencia. De esos peligros me ocupo con mayor detalle en el texto de la ponencia del seminario de enero de 2020, que se ha publicado en el número 118 de la Revista Española de Derecho Constitucional. Lo que aquí sigue es una síntesis muy apretada.

    I.

    El primero de los peligros es el de la reconstitución del mito de la democracia directa. La fantasía digital nos está llevando a desandar el camino que nos había alejado de las concepciones míticas de la libertad, la igualdad y el pueblo, conduciéndonos a una idea de la democracia cuya esencia no es ya la de un simple método de formación de la voluntad del Estado, sino el de la identidad efectiva entre los gobernantes y los gobernados. El mito, en fin, de que, al cabo, sólo es libre quien no obedece más que a su propia voluntad.

    Por el lado de los individuos, esta ensoñación exime al ciudadano de la obediencia a la ley que le disgusta, legitimándole para cuestionar la legalidad a cada instante y exigir su revisión permanente, en un procedimiento legislativo siempre abierto e inacabado. Porque no se trata sólo de la democracia directa, sino también de la democracia instantánea, en la que las generaciones vivas –del momento exacto y preciso– se imponen sin consideración alguna a la obra de las generaciones muertas.

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  • En relación al Informe de la RAE sobre el uso del lenguaje inclusivo en la Constitución

    | abril 21, 2020

    imagen En relación al Informe de la RAE  sobre el uso del lenguaje inclusivo en la ConstituciónMERCEDES BENGOECHEA, catedrática de filología inglesa de la Universidad de Alcalá.

    En enero de 2020 conocimos el “Informe de la Real Academia Española sobre el uso del lenguaje inclusivo en la Constitución española”, elaborado a petición de la vicepresidenta del Gobierno. El Informe estima, grosso modo, que el texto constitucional utiliza un español correcto si se toma en consideración «el uso mayoritario por los hispanohablantes» puesto que, de acuerdo «con el sentimiento lingüístico de los hispanohablantes de todo el mundo», el masculino genérico «abarca o incluye a las mujeres» y «no está entre las funciones de la Academia el impulsar cambios.» Cada una de las frases entrecomilladas, tomadas del Informe, merece una reflexión.

    CONTEXTO LEGISLATIVO Y POLITICO PREVIO AL INFORME. Para poder abordar el significado del Informe en toda su extensión, es imprescindible retroceder unas décadas, hasta 1990, momento en el que el Consejo de Europa empezó a recomendar a TODOS LOS PAÍSES MIEMBROS que alienten formas verbales en las que las mujeres no queden invisibilizadas o subordinadas, como lo están «en la práctica lingüística actual» que hace «predominar lo masculino sobre lo femenino», algo que para el Consejo «constituye un estorbo al proceso de instauración de la igualdad entre mujeres y hombres, porque oculta la existencia de las mujeres, que son la mitad de la humanidad, y niega la igualdad».

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  • ¿MEDE o Eurobonos? La solidaridad europea ante la crisis del coronavirus

    | abril 15, 2020

    ¿MEDE o Eurobonos? La solidaridad europea ante la crisis del coronavirusPor Gabriel Moreno González

    Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura

    1.-La Unión, un necesario espacio de solidaridad

    Desde su inicio, la integración europea ha girado fundamentalmente en torno al elemento económico, en el que ocupa un lugar central la construcción de un mercado común. Como objetivo prioritario del proyecto ha sido también uno de sus logros más avanzados, al haber conseguido un asombroso grado de consecución jurídica y material en la práctica totalidad de sectores y ámbitos normados. La correlativa mayor integración en la arena política, además, no puede explicarse sin su dependencia con la económica, en la medida en que ésta creaba (y sigue creando) un permanente foco de problemáticas que deben ser resueltas mediante ulteriores avances graduales. Así, a modo de ejemplo, la libertad de desplazamiento de trabajadores, esencialmente económica, provocó la necesidad de articular instrumentos de cooperación judicial y policial; o la libertad de bienes y servicios, que constituye también la causa eficiente de la armonización de los procedimientos administrativos. La “solidaridad de hecho” de la que nos hablaba Schuman ha demostrado su eficacia como palanca desde la cual la integración se ha ido profundizando y ampliando.

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  • Italia y España: influencias y dinámica constitucional

    | abril 06, 2020

    70-40 Antonio Pérez Miras, Profesor de Derecho constitucional de la Universidad de Granada, y Germán M. Teruel Lozano, Profesor de Derecho constitucional de la Universidad de Murcia

    I

    Las influencias recíprocas entre España e Italia han sido constantes a lo largo de la historia en los ámbitos más dispares, por lo que el Derecho no podía quedar al margen de las mismas. Ni la política. Con lo que nuestras Constituciones no escapan a esta lógica y son numerosas las similitudes que podemos observar entre ambos textos; pero también en las diferencias podemos encontrar el resultado de esa mirada puesta en el país hermano. Además, todo ello no es sino una muestra de la idea haeberliana de constituciones parciales en el ámbito del Derecho constitucional europeo. E incluso es una base sólida para configurar ese nuevo ius commune de naturaleza constitucional sobre la que asentar el fenómeno de la globalización y sus retos.

    En este contexto, las dos penínsulas mediterráneas (y sus islas) comparten una serie de elementos que indubitadamente han facilitado la tradicional comunicación jurídica; y sus Constituciones han sabido dar respuesta a las necesidades de las sociedades que en sus respectivos procesos constituyentes miraban por un futuro que les sacara de su inmediato pasado totalitario. Aunque en lapsos temporales distintos, por circunstancias e intereses de sobra conocidos, los respectivos pueblos pudieron ejercer su soberanía para dotarse de una Constitución que acogiera en su seno el inevitable pluralismo que toda democracia contemporánea debe preservar. Con esta reacción, esta vez democrática, se forjaban auténticas constituciones normativas donde la dignidad de la persona y el respeto a sus derechos conforman su clave de bóveda.

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  • El feminismo de Iris Zabala

    | marzo 17, 2020
    El feminismo de Iris Zabala

    Yolanda Gómez Sánchez

    Catedrática de Derecho Constitucional.

    Directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC)

    Un nuevo 8M nos ha venido a recordar que la igualdad de mujeres y hombres es un objetivo por el que merece la pena luchar, como han hecho millones de mujeres en todo el mundo a través de su propia vida y, algunas, a través de sus escritos. Tal fue el caso de Iris María Zavala, nacida en Puerto Rico en 1936 y retirada actualmente en Barcelona, a la que María Luisa Balaguer Callejón ha dedicado su libro “Que nadie muera sin amar el mar”, un ensayo biográfico acerca de la vida y la obra de esta escritora.

    Iris Zavala es una mujer que trabajó intelectualmente en la crítica literaria, es feminista, ensayista y poeta, y estuvo muy influida en su juventud por los intelectuales españoles exiliados en la II República, tras la confrontación civil, como Zenobia Campubrí, Juan Ramón Jiménez, Aurora Albornoz, Pedro Salinas, o Francisco Ayala. Su obra es conocida en algunos ámbitos intelectuales como en la crítica literaria, cuyo libro en colaboración con otros dos autores, “La Historia Social de la literatura”, formó a generaciones de estudiantes, pero no así en el feminismo, adonde destacó sin embargo con una visión heterodoxa, que posiblemente explique su escaso reconocimiento.

    Su libro de poesía, “Que nadie muera sin amar el mar”, da título a la obra de María Luisa Balaguer, que pretende contar la vida de una mujer que se definió de fronteras, exiliada de muchos mundos, porque el destino es “partir”. Pero además de la poesía Iris Zavala fue una investigadora de los siglos XVII y XVIII en España, de la literatura de cordel, obra esta, que desde un punto de vista crítica le permite estudiar la transición de España a una incipiente burguesía, que tiene una clara expresión literaria.

    María Luisa Balaguer Callejón es catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga, de la que Iris es doctora honoris causa. La conoció en 2013, cuando la escritora clausuraba un Curso de Verano de la Universidad, y desde entonces ha seguido su obra con admiración. El ensayo es un intento de darla a conocer como feminista y escritora, y consiste en un análisis de las posiciones que Iris mantiene sobre el feminismo. Lo que ella califica feminismo de fronteras, de ese mundo colonial en el que la liberación de muchas mujeres se une a la liberación de la opresión de los pueblos, bajo el dominio de aquellos estados que imponen lengua y significado. El ensayo es una obra acabada del análisis de la vida y la producción científica de una mujer que supo luchar como persona para construirse a sí misma, saliendo de una isla, y llevando una maleta consigo desde EE.UU. hasta Europa, sin más interés que el conocimiento de la palabra y de la literatura.

    La autora de este libro analiza por lo tanto una obra extensa y variada. Desde su concepción del Quijote como presencia de una literatura que puede leerse desde el feminismo, hasta la fascinación que en Iris tuvo por Rubén Darío, de quién afirmó siempre que trajo el modernismo a Europa. Este hecho, la atribución de una corriente literaria como el modernismo a un “colonizado”, le pareció a Iris de una extrema importancia para reafirmar que la liberación de los pueblos lo era fundamentalmente a través del lenguaje, y darle entrada a escritores como Bajtín, Lacan y otros que llegó a conocer en profundidad.

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  • Hacer o no hacer; la pertinencia del razonado Informe emitido por la RAE (“Informe de la Real Academia Española sobre el uso del lenguaje inclusivo en la Constitución española”)

    | marzo 09, 2020

    clasicas y modernasHacer o no hacer;  la pertinencia del razonado Informe emitido por la RAE
    Lleva su tiempo pensar en la pertinencia del razonado Informe emitido por la RAE (“Informe de la Real Academia Española sobre el uso del lenguaje inclusivo en la Constitución española”) en relación a la petición emitida a dicha alta institución por parte de la vicepresidenta primera del Gobierno de España, Carmen Calvo. La pregunta formulada por esta última era si la Constitución se ajustaba a las demandas actuales en relación al empleo del lenguaje inclusivo. No era una pregunta baladí. Tampoco lo fue la respuesta. Los medios de comunicación se hicieron eco de inmediato de las conclusiones del informe, expuestas muy someramente, al comienzo del mismo y también en las declaraciones que hizo su director, Santiago Muñoz Machado, en la rueda de prensa convocada el día 21 de enero de 2020. En ambos casos, se observaba la necesidad de introducir algunos cambios obvios, puramente mecánicos, como la incorporación que debía hacerse de Princesa de Asturias, por ejemplo, pero, en conjunto, “el informe estima que el texto constitucional utiliza un español correcto en términos normativos”.

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  • DATOS PERSONALES CEDIDOS A ESTADOS TERCEROS Y PRINCIPIO DE CONTINUIDAD: REFLEXIONES SOBRE EL ALCANCE DE LA CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UE

    | marzo 02, 2020

    Sabrina Ragone

    Profesora titular de Derecho Público Comparado

    Universidad de Bolonia

    DATOS PERSONALES CEDIDOS A ESTADOS TERCEROS Y PRINCIPIO DE CONTINUIDAD: REFLEXIONES SOBRE EL ALCANCE DE LA CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UE
    I.

    El momento histórico en el que se otorgó a la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE el mismo valor jurídico que los Tratados ha determinado una serie de consecuencias sobre su interpretación, implementación e inserción en el contexto normativo europeo. Por un lado, las fuerzas desintegradoras, las crisis de la integración, el Brexit y las amenazas al Estado de derecho por parte de algunos países han planteado cuestiones políticas serias, además de las jurídicas. Por otro lado, en estos primeros años de aplicación de la Carta se ha tenido que afrontar la necesidad de responder a los desafíos de las fronteras del derecho en el siglo XXI, relacionadas en particular con las nuevas tecnologías (por todas, véase la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, TJUE, Gran Sala, Google Spain, de 13 de mayo de 2014).

    Este proceso de adaptación está todavía desarrollándose, pero permite ver in nuce una suerte de jurisprudencia especialmente dedicada al tema de la protección de datos personales, que cuenta constantemente con nuevas decisiones. En particular, se puede recordar la saga Schrems, que ya tiene dos capítulos: “Schrems I”, de 2015 (v. infra) y “Schrems II”, de 2019-2020, ya que el Abogado General rindió sus conclusiones en diciembre del año pasado en el asunto C-311/18 (Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited, Maximilian Schrems), sobre la validez de las cláusulas contractuales tipo para la cesión de datos personales a Estados terceros. A la espera de la decisión del TJUE, hay que ser conscientes de que un caso “Schrems III” va a ser posible, con referencia al “Privacy Shield” aprobado en 2016 por parte de la Comisión Europea (véase F. Terpan, “EU-US Data Transfer from Safe Harbour to Privacy Shield: Back to Square One?”, en European papers: a journal on law and integration, vol. 3, n. 3, 2018, pp. 1045-1059: ).

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  • La tríada “bien vida/derecho a la vida/inexistencia del derecho a la muerte” ante un contexto eutanásico

    | febrero 21, 2020

    Gregorio Cámara Villar
    Catedrático de Derecho Constitucional
    Universidad de Granada



    Picasso. «Ciencia y caridad», 1897. Museo Picasso de Barcelona

    Picasso. «Ciencia y caridad», 1897. Museo Picasso de Barcelona

    La “Proposición de Ley orgánica de regulación de la eutanasia” recientemente reiterada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene por objeto la legalización y ordenación de la eutanasia activa y directa, no las actuaciones de eutanasia pasiva o eutanasia activa indirecta (cuidados paliativos, limitación del esfuerzo terapéutico, sedación terminal), objeto de otras normas ya existentes y de otras iniciativas legislativas ya ensayadas y recuperables. No hay razón para negar la necesidad de regulación de la eutanasia porque existan los cuidados y las actuaciones propias de la llamada “muerte digna” en tanto que no cubren todos los supuestos que la realidad presenta ni pueden convertirse en la única posibilidad de afrontar la propia muerte. Si así fuera, se impondría irrazonablemente a toda costa y con un altísimo precio una concepción ontológica absolutizada del “bien vida” para aquellos pacientes que ejerciendo su libertad de autodeterminación no consideran aceptables ni dignas las posibilidades que les ofrecen tales cuidados o la sedación cuando están en una situación de gran sufrimiento debido a una enfermedad grave e incurable, o de una enfermedad grave, crónica e invalidante, que experimentan como padecimiento inaceptable.

                Como sostiene con toda lógica la Corte Constitucional italiana (Sentencia 242 de 2019, fundamento 2.3) , si la importancia fundamental que se atribuye al valor de la vida no excluye la obligación de respetar la decisión del paciente de poner fin a su existencia mediante la interrupción de los tratamientos de salud (incluso cuando requieren una conducta activa de terceros), no hay razón alguna por la que el mismo valor deba erigirse como obstáculo absoluto ante la aceptación de su solicitud de ayuda para morir que contribuiría a un mismo y menos lento resultado.

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