Jorge Pérez Alonso Investigador de la Cátedra Martínez Marina de Historia Constitucional y profesor sustituto de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo
29 de junio de 2026
Con independencia de la opinión que cada uno pueda tener respecto a la pena de muerte, lo cierto es que desde el punto de vista jurídico dicho castigo no es inconstitucional en Estados Unidos, ni puede sostenerse que vulnere la prohibición de “castigos crueles e inusuales” que recoge la octava enmienda. Buena prueba de ello es que, mientras en 1790 el Primer Congreso tramitaba la citada enmienda, el 30 de abril de ese año aprobó la Act for the Punishment of Certain Crimes Against the United States, conocida como Crimes Act, que tipificaba varios delitos (traición, asesinato, piratería entre otros) que llevaban aneja la pena capital. Además, el hecho que el autor del proyecto de la Crimes Act, el senador por Connecticut y futuro ‘chief justice’ Oliver Ellsworth, fuese un destacado miembro de la Convención Constitucional evidencia más aún que los padres fundadores no veían incompatibilidad entre la pena capital y las previsiones constitucionales.
Desde 1790 hasta 2026, el Tribunal Supremo no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la pena de muerte en general, aunque sí acerca de su imposición en determinados supuestos. En el caso Furman v Georgia (408 U.S. 238 [1972]), en un breve párrafo exteriorizado como per curiam, concluyó que la pena de muerte impuesta en el estado de Georgia a un asesino y dos violadores “constituye un castigo cruel e inusual que contraviene la octava y decimocuarta enmiendas”, si bien tuvo cuidado en limitar el fallo al precisar que esa vulneración afecta tan sólo a los procedimientos concretos, pues tuvo extremo cuidado en precisar que se refería a “estos casos” en los que la norma exigía la imposición de la pena capital; no obstante, si el liberal William Douglas en su voto particular concurrente reconoció de forma expresa que no se pronunciaba sobre la constitucionalidad de la pena de muerte en sí, William Brennan en su otro voto particular concurrente sí que consideró inconstitucional la pena misma. No obstante, apenas cuatro años más tarde, en una serie de casos consolidados en Gregg v. Georgia (428 U.S. 153 [1976]) se precisó que la pena de muerte no era en sí misma inconstitucional, aunque podía serlo si se establecía como única pena vinculada a un delito sin posibilidad alguna de imponer castigos menos severos, criterio este último que mantuvo en Woodson v. North Carolina (428 U.S. 280 [1976]). Pero la jurisprudencia del Tribunal Supremo sí ha considerado inconstitucional la imposición concreta de la pena capital a determinadas categorías de personas, como a los mentalmente discapacitados (Ford v. Wainwright, 477 U.S. 399 [1986] y Atkins v. Virginia, 536 U.S. 304 [2002]) o a menores de 18 años en el momento de comisión del delito (Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 [2005]). En cuanto a medios concretos de ejecución, en Baze v. Rees (553 U.S. 35 [2008]) avaló la constitucionalidad de la inyección letal en la que se utilizaba una combinación de tres sustancias, y en Glossip v. Gross (576 U.S. 863 [2015]) sostuvo que los recurrentes no habían acreditado de forma suficiente que el uso del midazolam vulnerase la octava enmienda.
Nada hacía presagiar que cuando el 25 de julio de 2019 se incorporó una modificación al Protocolo Federal sobre la Ejecución de Pena Capital sustituyendo la inyección letal de tres sustancias por una única dosis de pentobarbital sódico ello provocaría una discrepancia en el propio Departamento de Justicia que culminaría en abril de 2026 con un informe que, en realidad, es un auténtico ajuste de cuentas con Merrick Garland. Conviene retroceder ligeramente en el tiempo para tener una visión global de los hechos.
El 1 de julio de 2021, Merrick Garland, tres meses y medio después de tomar posesión como ‘attorney general’, hizo público un memorándum de dos páginas titulado Moratorium on federal executions pending review of policies and procedures, acordando suspender todas las ejecuciones pendientes hasta tanto no se modificasen los protocolos que el cambio de política exigía, además de afirmar que, pese al pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la insuficiencia del mero riesgo de sufrir un edema por el uso del pentobarbital para justificar la intervención de un juzgado federal, “no es necesario que el riesgo cumpla los requisitos establecidos por el Tribunal Supremo o vulnere la octava enmienda para que plantee importantes cuestiones acerca de nuestra responsabilidad para tratar a los individuos de forma humanitaria y evitarles sufrimientos y dolores innecesarios.” Las modificaciones anunciadas en julio de 2021 se llevaron a cabo a través de un informe titulado Review of the Federal Execution Protocol Addendum and Manner of Execution Regulations. En dicho informe se afirmaba que tras una “amplia revisión” de material científico, médico y jurídico, consultas con expertos internos y ajenos al Departamento y autopsias que se realizaron a personas ejecutadas, se consideró que “persisten dudas significativas acerca de si el uso de pentobarbnital como sustancia única en la inyección letal causa un dolor y sufrimiento innecesario”, y que en tales casos, el Departamento, en caso de errar, debe hacerlo “inclinándose del lado del tratamiento humano y de evitar el sufrimiento y dolor innecesario”, por lo que acordaba cesar el uso de dicha sustancia en las inyecciones letales. El problema fundamental radicó no ya en el contenido del nuevo protocolo, sino en la fecha de aprobación, el 8 de enero de 2025, es decir, doce días antes de la toma de posesión del nuevo presidente. Por lo tanto, en la práctica durante toda la presidencia de Joseph Biden estuvo en vigor la moratoria de ejecución de penas capitales para delitos de naturaleza federal.
La Orden Ejecutiva número 14.164 de 20 de enero de 2025 (Restoring the Death Penalty and Protecting Public Safety) declaraba en su sección segunda como objetivo explícito “asegurar que las leyes que autorizan la pena capital son respetadas y debidamente cumplidas, así como contrarrestar a los políticos y jueces que subvierten la ley obstaculizando y evitando la ejecución de sentencias que la imponen”, ordenando al ‘attorney general’ solicitarla en “todos los delitos cuya gravedad lo justifique”, indicando de forma expresa que se solicitaría en supuestos de “asesinato de un miembro de las fuerzas del orden” y “delito capital cometido por un inmigrante ilegal”. La orden ejecutiva establecía igualmente que el ‘attorney general’ “tomase las medidas necesarias para modificar el Manual de Justicia relativo a la política y objetivos expresados en esta orden”. El día 5 de febrero de 2025, el mismo día de su toma de posesión como ‘attorney general’, Pam Bondi, en cumplimiento de la citada orden ejecutiva, emitió un memorándum dejando sin efecto la moratoria acordada por Garland en julio de 2021, explicitando la intención de solicitar la pena de muerte por la comisión de los “delitos más graves” así como la decisión de modificar el Manual del Departamento de Justicia para reforzar la pena capital.
El pasado día 24 de abril de 2026, veintidós días después del cese de Pam Bondi como titular del Departamento de Justicia, la Oficina de Política Legal del Departamento de Justicia hizo público un informe de cuarenta y ocho páginas, suscrito por Todd Blanche en su condición de ‘attorney general’ interino, cuyo título es de por sí significativo: Restoring and Strengthening the Federal Death Penalty. El informe se divide claramente en tres partes.
El primero de los tres apartados (Historia de la aproximación del Departamento a los delitos con pena capital) no es más que un ajuste de cuentas (que, además, no pretende disimular) con Merrick Garland, pues las páginas 8 a 17 suponen un auténtico bofetón al antiguo ‘attorney general’, de quien se llega a manifestar explícitamente que “incumplió las obligaciones de su cargo”. Quizá para evitar críticas de la oposición, se alude en las páginas 4 y 5 a la aprobación en 1994 (es decir, cuando el Congreso y la Casa Blanca estaban controladas por el Partido Demócrata) de la Act to Control and Prevent Crime (conocida como Federal Death Penalty Act de 1994) que elevó el número de delitos que llevaban aneja la pena de muerte, así como a la posición de la entonces ‘attorney general’, Janet Reno, quien pese a manifestar públicamente su oposición a la pena capital, no dudó en cumplir la ley y solicitarla en bastantes casos. El informe, en realidad, es un acta de acusación frente a Garland, a quien se le imputa minar la efectividad del sistema no sólo por abdicar de su función legal, sentenciándolo de forma inmisericorde: “El mandato de Merrick Garland como ‘attorney general’ provocó una intensa oposición entre los fiscales de carrera, así como la indignación de las familias de las víctimas. Además, dio lugar a resultados anómalos: fue el primer ‘attorney general’ que retiró más autorizaciones para solicitar la pena de muerte de las que concedió, y el primero designado por un presidente desde la entrada en vigor de la Federal Death Penalty Act que solo autorizó en una ocasión solicitar la pena capital respecto de un acusado.” También se dedican cuatro páginas a imputar a Garland por aconsejar al presidente Biden el otorgamiento de indultos a condenados por pena capital sin evacuar el trámite de audiencia a las familias de las víctimas y por haber hecho público el indulto sin avisar previamente a estas, que se enteraron cuando se hizo pública la medida de gracia, algo que, según el informe, “quebró la sagrada promesa del Departamento de buscar justicia para las víctimas y sus familias, causando un daño incalculable en la confianza pública y en los afectados por sus decisiones”.
El segundo de los apartados (Consideraciones sobre el pentobarbital y otros métodos de ejecución) se adentra ya en los modos particulares de llevar a efecto la ejecución. Ni tan siquiera entonces el informe cesa en su ataque indiscriminado a Garland. Se le acusa de aplicar un criterio arbitrario y metajurídico (al reconocer que no era necesario que un riesgo alcanzase los umbrales exigidos por el Tribunal Supremo y la Octava Enmienda para modificar los protocolos de ejecución) y de adoptar un criterio basándose en estudios parciales y en meras hipótesis, pues en el propio informe Garland se reconocía que el riesgo del pentobarbital “no estaba del todo claro”, por lo que se le imputa llegar a conclusiones “no ajustadas a un análisis completo e imparcial de los datos”, motivos por los cuales se concluye que la ejecución por Pentobarbital se ajusta a la Octava Enmienda y debe reincorporarse al Protocolo Federal de Ejecuciones.
Dentro de este segundo apartado, en el subapartado C (El Protocolo Federal de Ejecución debe incluir otras formas de ejecución) se menciona al pelotón de fusilamiento, la silla eléctrica y la cámara de gas. Ahora bien, si el informe los menciona no es por un deseo del Gobierno Federal de retomarlos, sino para adecuarlo a la realidad existente en el estado donde deba practicarse la ejecución por ser un requisito establecido en la normativa federal. Así, afirma: “La FDPA [Federal Death Penalty Act] y su normativa de desarrollo permite al Departamento llevar a cabo una ejecución en la forma legalmente permitida por el estado en el que se ha impuesto la pena (o, si el estado no permite la pena capital, la de otro estado que indique el tribunal”. Todos los estados permiten la inyección letal (método de ejecución adoptado a nivel federal desde 1993), pero constata que “los estados han incrementado las formas de ejecución permisibles para llevar a efecto una pena capital”, lo que conlleva necesariamente que el Departamento “deba seguir ese camino modificando su protocolo para incluir las formas adicionales de ejecución que actualmente prevé la normativa de diversos estados”, incluyendo en las páginas 35 y 36 un listado de los veintisiete estados que mantienen en su ordenamiento jurídico la pena de muerte y la forma de llevarla a cabo. Es más, el Informe concluye reconociendo que algunos estados (Alabama, Florida y Carolina del Sur) permiten a los condenados optar por la forma concreta de ejecución entre las disponibles; si bien la FDPA no contempla una previsión similar sino que tan sólo exige que la forma de ejecución se adecúe a las existentes en el estado donde deba llevarse a cabo, “nada en la Constitución prohíbe esa opción, y el Departamento puede optar por modificar su protocolo para permitir que el condenado opte por cualquiera de los medios de ejecución fijados en la normativa estatal”. De ahí que el informe concluya este apartado recomendando incluir tal posibilidad.
El tercer y último apartado del informe (Fortalecer la pena de muerte) describe este castigo como “elemento crítico de un sistema penal justo y efectivo” dado que permite a la sociedad “ofrecer el castigo proporcional a las peores ofensas a la vez que disuade a otros.” El informe propone modificar los protocolos para dar más voz a las víctimas y a sus familias ampliando sus derechos (por ejemplo, que el Departamento considere “desarrollar procedimientos para otorgar a las familias de las víctimas el derecho a solicitar del ‘attorney general’ se fije una fecha de ejecución si éste rehúsa hacerlo”) y restringir los supuestos en los que un condenado a pena capital pueda solicitar el indulto.
El 21 de febrero de 2023 Adriano Espaillat, miembro de la Cámara de Representantes por el distrito de Nueva York, presentó en la citada cámara la iniciativa A Bill to abolish the death penaly under Federal law (también conocida como Federal Death Penalty Abolition Bill) que, de aprobarse, implicará la supresión total de la pena de muerte en los delitos federales. Mas, en tanto no se apruebe, permanece en vigor la Federal Death Penalty Act de 1994 y corresponde al Departamento de Justicia adecuar su actuación a las previsiones de la normativa legal.