Flavia Freidenberg Investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
21 de mayo de 2025
En México hacer política cuesta. En un país donde el salario promedio mensual es de apenas 270 euros, una campaña política exitosa puede costar millones. Esta es la historia de cómo la democracia mexicana es sólo un privilegio para quienes pueden pagarla. El principio constitucional de que “cualquier persona puede participar en política” se estrella contra una realidad implacable de números, conexiones y recursos. No basta con tener ideas, propuestas, ser competitivo/a o contar con el respaldo popular. La competencia por un cargo exige recursos. Sin ellos, las probabilidades de éxito son prácticamente nulas.
"Si no tienes alguien que te ayude, que esté arriba y te baje la escalera, es bien complicado participar", confesó un político veterano en una de las entrevistas realizadas para el Informe El costo de hacer política en México, elaborado por Miguel Ángel Lara Otaola, Maite Zinser Almanza y Octavio Mancebo del Castillo Sosa, publicado por la Fundación Westminster para la Democracia y presentado recientemente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta investigación desnuda una realidad preocupante sobre como las barreras económicas, institucionales y sociales están convirtiendo el ejercicio democrático en un privilegio reservado para una minoría con recursos y conexiones.
Este Informe es un esfuerzo riguroso que busca poner luz en aspectos estructurales, sistémicos y actitudinales respecto a los obstáculos que enfrentan muchas personas, grupos y/o actores para hacer política en el país. La investigación pone en valor la participación ciudadana y la necesidad de hacer elecciones con integridad para el buen funcionamiento de la democracia. Partiendo de la premisa que las elecciones son una condición necesaria pero no suficiente, resulta fundamental considerar que esas elecciones deben permitir elegir con igualdad (todos los votos deberían valer igual), participar de manera equitativa para acceder al poder (todas y todos deberían poder ser candidatas) y facilitar que cualquiera pueda ganar y/o perder (sin importar los recursos, conexiones y/o redes que tenga) y de que los que gobiernan se vayan a su casa si los resultados de las elecciones les son desfavorables.
Los objetivos del Informe son identificar las actividades y sacrificios necesarios para participar en política; el impacto que esto tiene en las diferentes fases del ciclo electoral, en la competencia intrapartidista y en la dinámica democrática y generar una serie de recomendaciones de reformas electorales y de política pública que permitan atender esos problemas. La metodología utilizada fue mixta, con análisis de datos cuantitativos y análisis cualitativo con revisión documental de informes de las Misiones de Observación Electoral, de los organismos electorales, de académicos y de opinión y la realización de 18 entrevistas semiestructuradas y dos grupos de enfoque a miembros de partidos y académicos/as expertos/as en financiación, partidos y campañas.
El argumento principal es que, a pesar de las reformas democráticas de las últimas décadas y de los acuerdos entre la clase política de la necesidad de democratizar el país, persisten barreras significativas para la participación política igualitaria y equitativa. El estudio evidencia que el costo de hacer política es muy alto y que estos costos debilitan a la democracia. La investigación muestra cómo la política opera como un sistema de exclusiones múltiples donde el dinero es apenas la primera barrera, ya que la participación política debe enfrentar al menos cuatro tipos de costos: económico-financieros, político-institucionales, reputacionales y de integridad física. Las redes de influencia -familiares, sociales y/o de negocios- funcionan además como un filtro que privilegia a unos pocos frente a la mayoría.
En un contexto de fuerte antipolítica, la participación pública conlleva un estigma social significativo. Este costo reputacional afecta especialmente a quienes buscan renovar las estructuras políticas tradicionales, creando una paradoja donde el deseo de cambio se enfrenta a la desconfianza social. Esta manera de hacer política supone también acceso limitado y desigual a los recursos económicos, el uso indebido de recursos públicos y la opacidad en el ingreso y gasto de dichos recursos. Todo ello implica cobertura inequitativa de medios de comunicación; acceso desigual a publicidad y espacios en medios y constantes acciones de desinformación en redes sociales. Los altos costos de las campañas también generan más oportunidades para la política informal. Como señaló una periodista entrevistada por el mismo informe: "El Estado está siendo rebasado por el crimen organizado".
Esto crea el caldo de cultivo para que la parapolítica se infiltre en las instituciones, en las campañas y permee en toda la sociedad: cuando los recursos legítimos escasean, las fuentes alternativas de financiamiento se vuelven tentadoras. En ese escenario, las múltiples violencias agregan otra capa de costos. Entre 2018 y 2024 se registraron más de 2.000 incidentes violentos contra actores políticos. Sólo en 2023-2024, 96 personas vinculadas a la política fueron asesinadas, de las cuales 42 eran aspirantes a precandidaturas o candidaturas (DataCívica). El mensaje es claro: participar en política no solo requiere capital económico o formar parte de redes de conexión sino también implica poner en riesgo la propia vida.
Esta realidad genera una democracia distorsionada donde las decisiones que afectan a millones quedan en manos de una minoría privilegiada que puede costear la entrada al círculo político. Los jóvenes sin conexiones familiares, las mujeres que enfrentan violencia política, la ciudadanía con aspiraciones de servicio público, todos quedan sistemáticamente excluidos por no poder pagar el precio de la participación. Esta dinámica supone la interseccionalidad de la exclusión. Los costos de participación política no afectan a todos por igual. Mujeres, jóvenes, personas indígenas y candidatos independientes enfrentan barreras adicionales. Un dato revelador muestra que el 80 % de las mujeres políticas financian sus campañas con recursos propios, evidenciando la falta de apoyo institucional y familiar.
La pregunta incómoda es inevitable: ¿se puede seguir llamando democracia a un sistema que, en la práctica, reserva la participación a menos del 1 % de la población? Las consecuencias para la democracia son devastadoras. ¿Cómo hablar de elecciones libres cuando el miedo y el dinero ilícito definen las candidaturas? ¿De qué sirve la paridad de género cuando las mujeres enfrentan no solo violencia política sino también el acoso del crimen organizado? ¿Qué legitimidad pueden tener nuestras instituciones cuando el poder real opera en las sombras?
El Informe propone diversas reformas para democratizar la participación política, que van desde la simplificación de requisitos para el registro de partidos, la implementación de financiamiento directo a candidaturas; la creación de programas de protección para grupos más desprotegidos y subrepresentados; el fortalecimiento de mecanismos contra la violencia política y una mayor racionalidad en el uso de los recursos. También se requieren acciones concretas en materia de fortalecimiento de mecanismos contra la violencia política física y digital; una mayor transparencia de los procesos, los vínculos, las redes y los actores políticos y mayores esfuerzos para desarrollar una mayor fiscalización en línea y en tiempo real.
La democracia mexicana se encuentra en una encrucijada. Sin una reforma profunda que democratice el acceso a la participación política, el sistema continuará reproduciendo desigualdades y exclusiones que contradicen los principios fundamentales de una sociedad verdaderamente democrática. El desafío no es solo institucional, sino también social y cultural: construir una democracia donde la participación sea un derecho real y no un privilegio heredado por unos pocos. Del mismo modo que otros países de América Latina, México necesita urgentemente replantear los costos de su democracia. Se necesitan mecanismos que garanticen que la participación política sea un derecho real y no un privilegio heredado. De lo contrario, la democracia seguirá siendo [sólo] para las élites.