Daniel Martínez Lamas Profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Ha obtenido el Premio Juan Linz 2025 para tesis doctorales en Ciencia Política
19 de noviembre de 2026
Pocas cuestiones han logrado mantener la atención del debate público en España a lo largo de este siglo como la llamada “memoria histórica”, un fenómeno social que, además, ha logrado despertar un notable interés académico, sobre todo en el campo de la historiografía. Sin embargo, la mayoría de trabajos al respecto reproducían un importante sesgo interpretativo, pues concebían la memoria como un tipo de discurso histórico, enfocando el análisis en el contenido y en la veracidad de este discurso -qué se está recordando- y pasando por alto las razones y prácticas políticas que justifican la formación de ese discurso, es decir: por qué y para qué se recuerda de esa manera. Este enfoque predominante contribuyó, de hecho, a desdibujar una dimensión de agencia y de “puesta en acción” de la memoria, dando por supuesta la identidad del sujeto colectivo que, en las últimas décadas, ha reivindicado el legado histórico de la Segunda República y del antifranquismo.
De esta forma, en el origen de esta tesis doctoral se encuentra una pregunta diferente a la planteada por otros estudios precedentes, ya que no me interesaba conocer qué pasado estaban reivindicando los defensores de la “memoria histórica”, sino en nombre de qué identidades colectivas se estaba llevando a cabo esta reivindicación. Así, el propósito de mi investigación era comprender quiénes eran los “memorialistas” y cómo este sujeto se había construido en el tiempo a través de la acción colectiva y la movilización. Con este objetivo, el trabajo aborda la relación entre dos dimensiones complementarias de un mismo proceso político, aunque analíticamente diferenciadas. La primera se refiere a la construcción de la identidad del movimiento como actor unitario, es decir, al proceso de definición de la identidad que lo distingue públicamente de otros movimientos sociales; mientras que la segunda remite a la variedad de experiencias particulares que este proceso acoge en su interior y que, en cada momento, produce diversas identidades en el movimiento.
Lo relevante es que estas identidades en ningún caso son estáticas ni un producto final y acabado, sino que cambian a medida que lo hace la relación de los participantes y cambia la influencia que estas dos clases de identidad tienen la una sobre la otra y tienen, a su vez, sobre la acción colectiva memorialista. Partiendo de esta hipótesis, la tesis doctoral analiza los cambios en estos dos planos, reconstruyendo sus formas de coordinación a lo largo del periodo que transcurre entre el año 2000, cuando irrumpe el primer activismo organizado en torno a las fosas del franquismo y 2022, cuando la aprobación de la Ley de Memoria Democrática cierra, en buena medida, el ciclo memorialista iniciado a comienzos de siglo. Mi interpretación de este ciclo como un proceso político, y no como expresión de un cambio más o menos acelerado en la memoria social de la guerra del 36 o la dictadura, supone prestar atención a los conflictos, disputas y negociaciones que dotan de sentido al pasado y, al hacerlo, construyen la identidad de los actores sociales en el presente. Por este motivo, la propuesta teórica de la tesis conecta tres categorías (memoria, identidad y acción) frecuentemente desvinculadas en el análisis del fenómeno y que, en mi investigación, se inscribe en una tradición constructivista que atraviesa disciplinas como la historia, la sociología o la ciencia política. Esta propuesta reconoce la función comunitaria de la memoria colectiva, al trasladar al ámbito de la imaginación política el papel de los recuerdos en la vida personal: definir quiénes somos. Pero, además, desde una crítica hacia los enfoques utilitaristas de las políticas de la memoria, reconoce que esta identificación retrospectiva no implica necesariamente la persecución de un interés egoísta, sino que es una forma de construir identidad política mediante la empatía con otros sujetos y experiencias históricas. En este sentido, el enfoque teórico de la política contenciosa aporta un criterio decisivo a este planteamiento, como es la necesidad de observar la interacción entre la política institucional y no institucional, teniendo en cuenta que las identidades de los actores se construyen a través de su relación con otros actores situados a ambos lados de dicha frontera. De ahí que la tesis preste mayor atención a las dinámicas relacionales dentro del ecosistema memorialista (lo que abarca asociaciones, partidos políticos, organismos públicos, etc.) a la hora de comprender cómo se construye una identidad compartida en torno a estas reivindicaciones.
Para llevar a cabo este estudio, he seguido una metodología basada en el llamado Frame Analysis o Análisis de Marcos, permitiéndome reconstruir los procesos de “enmarcamiento” de la realidad social de los actores y de los objetivos y motivos de su acción, lo que, en último término, les lleva a definir una serie de identidades colectivas. Así, el análisis de los marcos de acción me ha servido para diagnosticar la identidad de ese “nosotros” que ha puesto rostros y nombres a la recuperación de la memoria. Para acceder a estos marcos en el discurso de los actores he utilizado tres técnicas cualitativas: el análisis de más de un centenar de documentos primarios, las entrevistas a activistas y responsables políticos y la observación directa de eventos de protesta, especialmente durante la tramitación de la Ley de Memoria Democrática.
Haciendo uso de este marco teórico y metodológico, los resultados del análisis empírico describen una secuencia relativamente ordenada de tres dinámicas identitarias evidenciadas a través de tres grandes narraciones políticas sobre la memoria, que se construyen de manera interactiva a lo largo de un periodo que va de la exhumación de la fosa de Priaranza del Bierzo (León) a finales del año 2000, que señala el origen de este movimiento social, hasta la aprobación parlamentaria de la Ley de Memoria Democrática en 2022, que representa un agotamiento de la contienda política iniciada a raíz de aquella exhumación. Así pues, la primera dinámica articula una narración de resistencia al orden político de la Transición y reivindica una identidad abiertamente contradictoria con dicho imaginario, capaz de transgredir, gracias a la acción innovadora de las asociaciones, los contornos de la contienda parlamentaria sobre el pasado. La segunda dinámica toma la forma de un proyecto de identidad que prolonga ese significado innovador hacia la transformación (y no sólo oposición) de la estructura política que había motivado el origen del movimiento. Esta expectativa de cambio produce, a partir de 2010, una serie de experiencias que redefinen los contornos de un movimiento cada vez más amplio y crecientemente identificado no con una lucha contra el olvido, sino contra la impunidad de los crímenes franquistas. Por último, la tercera narración, dentro de una dinámica de institucionalización de estas reivindicaciones, reformula la lucha memorialista como fuente de legitimación del orden de la Transición, de nuevo normalizado a través de su selectiva continuidad con la identidad política que, en origen, este movimiento había producido en su contra.
El estudio concluye que la identidad colectiva memorialista, entendida como el resultado continuo de la secuencia descrita, abarca estas tres narraciones políticas o, más concretamente, se encuentra sujeta al tránsito e interacción entre ellas a lo largo del tiempo. En este sentido, a través del análisis de los marcos de acción colectiva de los diferentes actores, la investigación ofrece una explicación del memorialismo en España como fenómeno político unitario, cuya identidad descansa sobre una variedad de significados sobre el pasado no siempre armoniosos e incluso a veces contradictorios, pero que contribuyen a la formación de un “sistema de acción” y un compromiso compartido con los derechos de las víctimas del franquismo. Esta unidad política, aun con posturas y compromisos diversos, es lo que explica, de hecho, la longevidad de este proceso. Es lo que explica, entre otras cosas, que un movimiento que ha conseguido “aprobar” dos leyes estatales y una decena de leyes autonómicas, que atienden en mayor o menor medida sus demandas, no haya renunciado a seguir luchando por las razones que inspiraron su irrupción hace ya un cuarto de siglo.
Pese a los avances que en este periodo tienen lugar en el ámbito de las políticas de reconocimiento y reparación simbólica de los crímenes franquistas, así como los innegables avances de la Ley de Memoria Democrática en materia de verdad y conocimiento de los mismos, los límites normativos y fácticos en el acceso de las víctimas a la justicia sigue siendo el principal incentivo de muchas organizaciones para continuar la lucha. Pero en ningún caso se trata sólo de un asunto de objetivos pendientes, pues este proceso ha generado incentivos que no dependen solamente de sus impactos institucionales, sino que el mantenimiento de la identidad colectiva edificada por los participantes en la consecución de estos objetivos se ha convertido en una motivación igual de poderosa.
Más allá del caso español, la tesis ofrece varias aportaciones a la comprensión de un universo más amplio de procesos sociales orientados a la construcción de memoria. En primer lugar, demuestra que la memoria pública está ligada a una agencia política concreta, pero también que esa agencia tiene límites: externos, porque los consensos arraigados sobre el pasado -como sucede en España con el imaginario transicional de la “reconciliación”- rara vez se quiebran del todo, lo que obliga a superar una visión binaria del éxito y el fracaso en el este campo; e internos, porque la naturaleza narrativa de la memoria restringe su uso estratégico y la vincula a respuestas empáticas de carácter familiar, humanitario o ideológico que los actores no controlan completamente.
En segundo lugar, la tesis contribuye especialmente a una noción más abarcadora y realista de los movimientos sobre memoria, que no circunscribe exclusivamente a lógicas activistas o extrainstitucionales, sino que contempla la participación de múltiples actores institucionales -como son los partidos, gobiernos o agencias estatales- no sólo como antagonistas de la sociedad civil, sino también como activos contribuyentes de la identidad política del memorialismo.