La continuidad de los servicios jurídicos en la Administración ante una huelga de fiscales y abogados del Estado: la experiencia de Quebec

Palabras clave
Huelga
Ministerio Fiscal
abogados del Estado
derechos fundamentales y servicios esenciales del Estado.
Resumen
En los últimos tiempos se ha debatido ampliamente sobre el derecho de huelga de los jueces, sin que haya podido llegarse aún a una posición pacífica. Prácticamente inédito es, sin embargo, el interés de la doctrina por el ejercicio de este derecho fundamental por parte de fiscales y abogados del Estado, que también carecen en este ámbito de una regulación legal específica y comparten con jueces y magistrados muchos de los rasgos que justifican un tratamiento diferenciado. Con una visión de Derecho comparado y a partir de una presentación general de la situación de los colectivos equivalentes en Quebec, este trabajo contiene una crónica de la huelga que sacudió la Administración de Justicia de aquella provincia canadiense durante el año 2011. Su seguimiento tuvo importantes efectos jurídicos, con la adopción de varias leyes especiales y recursos de inconstitucionalidad, y ecos sobre otros colectivos con relación de sujeción especial donde la titularidad del derecho de huelga también es controvertida y resultan afectados igualmente otros derechos fundamentales.
Keywords
Crown Prosecutors; public lawyers; fundamental rights and essential services
Abstract
Judges’ right to go on strike has been deeply discussed in recent times, yet a common position has not been reached till now. The same issue regarding state prosecutors and lawyers is, however, mostly ignored by Spanish scholars, although such public employees share some traces in common with judges and would also deserve a specific approach. From a comparative law point of view, this paper presents the legal strike that shook Quebec’s Ministry of Justice in 2011 and led to a large scale shutdown in its overloaded criminal and administrative court system. The strike had important juridical effects, with the adoption of several special laws and constitutional appeals, and echoes on other groups also specially subordinated to Public Administration, whose right of strike is as well controversial while other fundamental rights turn out to be equally affected.