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Seguridad y calidad productiva: de la intervención policial a la gestión de riesgos
Autor
JUAN ANTONIO CARRILLO DONAIRE
Resumen
La correlación de responsabilidades entre el Estado y la sociedad en la prevención y corrección de los riesgos que genera nuestra tecnificada forma de vida provoca una inercia jurídica que hace descansar aspectos esenciales de la determinación, valoración y tratamiento del riesgo en el sector privado. Como resultado de ello, las funciones públicas de establecimiento de la regla de Derecho para determinar que una instalación o producto satisface el nivel de riesgo tolerado, la acreditación de que ello es así y que lo es de forma continuada en el tiempo, y la adopción de medidas en caso de riesgo inminente, son complementadas o incluso protagonizadas directamente por sujetos privados que, en razón de su dominio directo del conocimiento científico-técnico, han desplazado a los poderes públicos de sus funciones policiales tradicionales, relegándolos a un papel de supervisión que básicamente se endereza a garantizar la idoneidad y la objetividad de quienes asumen ahora esas tareas. En este nuevo contexto, el reto del Derecho es reordenar el equilibrio entre los intereses generales y los derechos de los ciudadanos en relación con el conocimiento, valoración y gestión del riesgo, potenciando nuevas garantías jurídicas y adaptándolas allí donde se hace necesario. Ello determina que la orientación del Derecho en este terreno sea la de ser un instrumento más formal y procedimental, pero también más finalista. Las normas procedimentales y de resultado enmarcan un modelo de gestión del riesgo que se vuelve cada vez más autárquico, pues la traslación de funciones y de responsabilidades al sector privado conlleva la asunción in proprium de las consecuencias jurídicas derivadas de su actividad a los nuevos protagonistas de la gestión del riesgo.
Palabras claveseguridad y calidad industrial; protección de los consumidores; ejercicio privado de funciones públicas; procedimientos de gestión de riesgos.
AbstractDue to our technified lifestyle, the shared responsibility between the State and society in order to prevention risks generates a inertia to confer at the private sector some basics aspects of the risk assessment and safety assurance. As a result, the tasks of establishing the level of tolerated or not tolerated risk, checking this fact on a permanent basis and adopting measures in case of imminent danger are carried out by specialized deprived and professionals who really dominate scientific and technical knowledge. These agents have displaced publics authorities of their traditional functions in order to protect quality and safety of industrial and consumer products, relegating them to a supervisory role that basically has the target of ensure the appropriateness and objectivity of those deprived who now assume those functions with a leader rol. In this new context, the law’s principal challenge is rearrange the balance between the general interests and citizens’ rights in connection with the risk management, further enhancing legal guarantees and adapting them where necessary. This determines the orientation of law to become more formal by improving procedural rules, and also more finalist. The result is a model of risk management increasingly autarchic, because the shifting of roles and responsibilities to the private sector involves the assumption of the legal consequences by the new players of risk management.
Keywordsquality and safety of industrial and consumer products; public strategies of risk management; procedural rules in risk frameworks.
Imagen Recepción de artículos para el número 3_page-0001
Recepción de artículos para el número 3 de IgualdadES
"Emergencia sanitaria e igualdad"

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